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Cuando los niños franceses y alemanes empezaron a jugar pacíficamente

IGNACIO CEMBRERO

Los luxemburgueses, incrédulos, se concentraban ante el patio de la primera Escuela Europea a la hora del recreo. Querían comprobar con sus propios ojos que niños franceses y alemanes eran capaces de jugar sin pelearse, pacíficamente. Hacía tan solo ocho años que había acabado la II Guerra Mundial y acababa de abrir en Luxemburgo la primera escuela que acogía a los hijos de los funcionarios de la primera institución europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero(CECA). Más tarde, en 1967, se fusionaría con las otras dos instituciones para convertirse en la Comunidad Europea.

Llegué tarde a Luxemburgo para ver a los transeúntes apiñados ante el patio, pero sí recuerdo que mis profesores nos lo contaban en clase para imbuirnos del espíritu europeo. Era un niño que venía de una España en la que esporádicamente aún se cantaba el ‘Cara el Sol’, elhimno de la Falange, en los colegios católicos de Madrid. Quedé deslumbrado ante una escuela multilingüe y multicultural, en cuyas clases mezclaban a alumnos de seis nacionalidades y en él que no enseñaban la historia de una nación sino la de una Europa que empezaba a escribir un nuevo capítulo de su historia. Además, en Luxemburgo no se cantaban himnos sino villancicos en vísperas de la Navidad.

Alumnos de la Escuela Europea de Luxemburgo.
Alumnos de la Escuela Europea de Luxemburgo.

Fui el primer español en sentarme en los pupitres del 21 del Boulevard de la Foire. Mi padre, Carmelo Cembrero, democristiano, participó en 1962 en el “Contubernio de Múnich”. Al regresar a España por La Junquera, la policía le denegó la entrada. Tras unos vaivenes por Europa, fue contratado por la CECA en 1963. Cuando se produjo la fusión de las instituciones nos trasladamos a Bruselas y se convirtió en el primer funcionario español de la Comunidad Europea junto Josep Sans Arrufat, miembro de Esquerra Republicana de Catalunya. Fueron dos excepciones achacables a la solidaridad política de sus correligionarios europeos cuando faltaban todavía 19 años para que España se subiese al carro europeo.

De todos esos años sentado en los bancos de dos escuelas europeas, de las conversaciones en familia y con algunos de los padres de mis amigos, especialmente con el sindicalista belga de origen polaco Jan Kulakowski, recuerdo el regocijo por la reconciliación entre europeos y una difusa ilusión colectiva. Tenían, teníamos incluso los más pequeños, la sensación de estar haciendo historia uniendo a naciones antaño enfrentadas. Había incluso quienes se consideraban una avanzadilla que miraba por encima del hombro a todas aquellas democracias europeas que no se habían querido subir al carro de esta segunda Ilustración.

Mis profesores recordaban agradecidos su papel en la lucha contra el III Reich, pero describían a veces a los británicos como “bichos raros”

El Reino Unido había sido el primero en apartarse y por eso el inglés no era la ‘lingua franca’ de aquella nueva Europa. Su ausencia suscitaba sentimientos contradictorios. Mis profesores recordaban agradecidos su papel fundamental en la lucha contra el III Reich, pero describían a veces a los británicos como “bichos raros”, sometidos a los dictados de EE UU que no les dejaba participar en la fiesta de la reconciliación europea. Al final, en 1973, Londres se sumó a la marcha emprendida por Europa, pero puso tantas piedras en el zapato que la ralentizó.

Dejé Bruselas al acabar el bachillerato en la Escuela Europea para estudiar en París, pero regresé en dos ocasiones para ser corresponsal del diario El País y trabajar más tarde en un programa de la Comisión Europea dedicado a los vecinos árabes del Mediterráneo. Sabía que la construcción europea pasaría por altibajos, pero siempre pensé que no tenía vuelta atrás, que al final del largo camino estaban nada menos que los Estados Unidos de Europa.

Ahora sí temo que sea reversible aunque los líderes del Viejo Continente reiterasen el sábado en Roma su compromiso de seguir adelante con el proyecto que nació hace 60 años con la firma delTratado de Roma. La UE se enfrenta a una combinación de problemas de difícil solución. Uno de sus principales socios, el Reino Unido, la abandona; la crisis económica que empezó a golpearla a finales de la década pasada ha propagado el euroescepticismo en parte porque los gobiernos nacionales achacan a Bruselas la culpa de sus políticas de austeridad; el arribo masivo de inmigrantes y refugiados y la amenaza terrorista han incitado a un puñado de Estados miembros, muchos de ellos recién llegados, a levantar fronteras ignorando, a veces, los compromisos suscritos.

Permanecer unidos es como mejor podremos competir en un mundo que, pese a las trabas de Trump, seguirá por la senda de la globalización

Es ahora, sin embargo, cuando más necesitamos cerrar filas. Permanecer unidos es como mejor podremos competir en un mundo que, pese a las trabas que pondrá Donald Trump, seguirá por la senda de la globalización. Es además así la mejor forma de hacer frente a la creciente inseguridad, sin precedentes desde la II Guerra Mundial, en la frontera sur de Europa y también en la del norte donde Rusia vuelve a ser percibida como una amenaza. Por algo el Ejército españoldesplegará en junio, por primera vez, carros de combate Leopard a Letonia.

El proyecto europeo ha zozobrado en la última década. Si echamos la vista atrás, desde aquel año 1953 en que los niños franceses y alemanes empezaron a jugar juntos en el patio de la Escuela Europea, la construcción europea ha sido, sin embargo, todo un éxito. Por algo millones de inmigrantes y refugiados han llegado estos últimos años a la UE y otros muchos millones repartidos por el norte de África, Oriente Próximo y Asia Central anhelan con poder entrar en Europa. Son en su mayoría sirios porque en ese país los niños suníes, alauíes y cristianos ya no pueden jugar juntos en el patio de su colegio.

Fuente: http://blogs.elconfidencial.com/mundo/tribuna-internacional/2017-03-25/ninos-franceses-alemanes-escuelas-educacion-paz_1355196/

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Indígenas: Condenados por la Escuela Mexicana

Rogelio Javier Alonso Ruiz*

Se dice que un sistema educativo debe estar orientado hacia la promoción de la movilidad social y regido por principios de equidad y justicia. De este modo, el asistir a la escuela debería representar una oportunidad de mejoramiento en cuanto a las oportunidades de desarrollo del individuo. Desafortunadamente, el Sistema Educativo Mexicano actúa a la inversa: en vez de propiciar las condiciones para procurar la movilidad social de quienes atiende, reduce drásticamente las posibilidades de superación de sus estudiantes. Es más, según palabras del Dr. Manuel Gil Antón, la escuela mexicana se especializa en encadenar el origen y el destino de los estudiantes: si los padres de un mexicano no tienen estudios, sus probabilidades de asistir a la preparatorio son del 2%, mientras que si los padres cuentan con estudios de posgrado, la probabilidades aumentan al 93%. Datos tan contundentes como el anterior ponen de manifiesto que la educación mexicana promueve la desigualdad.

En nuestro país, uno de los grupos más desfavorecidos son los indígenas. Desafortunadamente, en México se les asocia, de manera casi automática, con pobreza y discriminación. El Censo de Población y Vivienda 2010, reveló algunas injusticias que sufre la población que habla lengua indígena. En materia laboral, de la población económicamente activa, más del 40% se ocupa en el sector primario, es decir, en el de menor remuneración; 69% recibe menos de dos salarios mínimos por su trabajo (incluso 30% no recibe salario); sólo el 1.8% percibe una jubilación. En cuanto a educación, el 8.9% de los indígenas de 15 a 24 años son analfabetas, por sólo 1.3% de los no indígenas. Por último, en relación a salud, el 42.9% de quienes hablan una lengua indígena no tienen derecho a servicios médicos.

Así pues, es evidente que los indígenas son quienes más necesitan de la educación para superar sus precarias condiciones de vida. Si la equidad fuera un principio rector de nuestro sistema, las escuelas indígenas tendrían que ofrecer  un mejor servicio que las escuelas generales. El propio INEE (2014), ha puesto a la luz rasgos de la escuela mexicana que confirman su naturaleza discriminatoria. Por ejemplo, en cada escuela primaria pública indígena hay, en promedio, 3.5 docentes, es decir, a cada uno le corresponde atender dos grados; en cambio, en las primarias públicas generales, el promedio es de 6.7 profesores. No obstante que la cantidad de maestros tiene que ver con la matrícula escolar, lo cierto es que los alumnos indígenas no tienen la posibilidad de contar con un maestro especialmente para el grado que cursan; asimismo, los profesores de estos planteles enfrentan mayores dificultades pedagógicas al tener que atender simultáneamente a dos o más grados. En suma, una injusticia para los alumnos indígenas.

En cuanto al equipamiento de las escuelas, el 15.8% de las primarias indígenas tienen acceso a una computadora para fines educativos, mientras que la media nacional se sitúa en 39.6%; en el acceso a internet, sólo el 8.3% de las escuelas indígenas cuentan con acceso a internet, por 37% de los planteles del país. Las privaciones de las escuelas indígenas llegan a situaciones increíbles: la mitad de las primarias no cuenta con drenajes, uno de cada cuatro preescolares carece de sanitarios y, además, también una cuarta parte tiene un techo en condiciones precarias. Si algún indígena logra la hazaña de llegar a Educación Media Superior, se encontrará con que es casi imposible encontrar a un docente de este nivel que hable su lengua (0.6%). En un sistema educativo que debería estar regido por la equidad, es decir, darle más a los que menos tienen, es inadmisible que los planteles escolares indígenas sean los que encabezan las carencias en infraestructura, afectando así a la calidad del servicio que ofrecen precisamente a quienes más necesitan de éste.

No es casualidad entonces que Oaxaca y Chiapas, las entidades con mayor número de indígenas, sean también las que tienen mayor número de analfabetas en el país. No es fortuito tampoco que el índice de abandono escolar durante el tránsito educativo ideal de las escuelas primarias indígenas (9.9%) sea el doble que el de las escuelas primarias generales. Tampoco es coincidencia que  de cada 100 alumnos, haya cinco más en educación indígena que en educación general en edad no ideal. Está claro: los indígenas asisten a una escuela que representa un obstáculo para su superación.

Por el bien de los indígenas y muchos otros mexicanos desfavorecidos, el sistema educativo debe ser reorientado en busca de la equidad. Las escuelas indígenas deben funcionar promoviendo la reducción de las brechas sociales entre los mexicanos y no perpetuándolas. Para eso, son necesarias muchas acciones para convertir a estas escuelas en verdaderos centros de superación: capacitación docente, mejoras en infraestructura y aumento de la planta docente de cada escuela, por mencionar algunas. No debemos olvidar también la importancia del mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, pues de ellas depende en gran parte el éxito educativo de un alumno.

Fuentes de información:

INEE. Panorama Educativo de México. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. 2014. Educación Básica y Media Superior.México: INEE, 2015.

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Disponible en www.censo2010.org.mx

GIL ANTÓN, Manuel. “La Reforma Educativa y la Educación que México necesita” (Conferencia). Sonora, 2016.

*  Profesor frente a grupo de Educación Primaria, en la Esc. Prim. Distribuidores Nissan No. 61 T.V. y profesor normalista de la Licenciatura en Educación Primaria del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima. Twitter: @proferoger85

Fuente del Artículo:

Indígenas: Condenados por la Escuela Mexicana

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Derribar muros y construir alternativas para seguir estudiando

Por: Juan Carlos Romero Hicks

La migración –temporal o definitiva– es parte ya de la vida mexicana. Somos una nación multicultural con los que llegan, con los se van y con los que transitan. Sin embargo, pareciera que dentro de nuestro país existen muros invisibles que merman las oportunidades y los sueños de migrantes, nacionales, internacionales, o de paso.

Habiendo nacido en Guanajuato, y después de haber tenido el honor de servir en diversos cargos de responsabilidad pública y académica, comprendo que la migración tiene muchas formas, realidades y niveles. Están los que migran en avión y con visa de trabajo; los que viajan con visa de turista y se quedan a vivir en el lugar de destino, y los que emprenden el viaje llevando sólo un corazón nostálgico, la ropa que traen puesta y la esperanza de poder construirse a ellos y a los suyos un mejor camino. Los que hemos acompañado las batallas de la comunidad migrante desde hace ya muchos años conocemos que el primer problema al que se enfrentan los que regresan a México es la falta de identidad. En muchos casos, acompañando a un familiar deportado, llegan niños sin documentos que den constancia sobre su identificación o sobre su nivel de estudios.

En caso inverso, cuando un niño llega a Estados Unidos, comúnmente sólo se verifica su edad y se le admite en el sistema educativo. No importa su situación migratoria, no importa si lleva sus documentos, no importa que no hable inglés, lo único que importa es que el alumno tiene el derecho de aprender y la edad de estudiar. Cuando una niña, niño, o adolescente migrante, llegaba a México se encontraba con otra realidad: se topaba de golpe con la burocracia nacional. No podía ser legalmente admitido en una escuela por no traer su acta de nacimiento, su identificación con fotografía, su constancia de estudios y una larga lista de documentos que suele pedir la burocracia nacional para guardarlos en un archivero que no volverá a ser utilizado hasta que concluya el nivel educativo que cursaba.

Éste no era un problema de la Ley General de Educación, sino del entramado normativo de oficios, circulares y acuerdos secretariales que hace más pesada la carga de la burocracia educativa. Si pensamos en niveles superiores a la educación básica las complicaciones eran mayores. En muchos casos tenían que reiniciar sus estudios de preparatoria, lo mismo con los universitarios. El modelo estaba tan mal diseñado que un graduado de una carrera en una universidad extranjera, sin importar que ésta fuera la mejor del mundo, no podía obtener una revalidación por un camino sencillo. Se debía encontrar alguna universidad en México que ofreciera el mismo programa con un 75% de las mismas materias y con planes de estudio similares. Esto significaba un incentivo absurdo para limitar los estudios en el extranjero, o peor aún, para no regresar a ejercer en México lo que estudiaron en otro país. Una de las razones de más peso para irse a estudiar a otro país, además de la excelencia académica, es estudiar algo distinto, ya sea por la aproximación al tema o por ser un área del conocimiento que no se desarrolla en México.

Así era la situación antes de la iniciativa preferente enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión el primero de febrero de este año, motivada por el riesgo de deportaciones masivas en Estados Unidos. Un temor inspirado en el irrespetuoso y doloroso discurso antimigrante que ha enarbolado el presidente Trump. La figura de la iniciativa preferente es de reciente creación, tiene reglas muy simples, cada Cámara tiene 30 días para su discusión, aprobación, modificación o rechazo. En caso de no cumplir el plazo se da por aprobada y pasa a la siguiente Cámara; es importante recordarlo porque puede parecer que actuamos demasiado rápido.

Debemos celebrar en la iniciativa del presidente fundamentalmente dos aspectos: el primero es la intención de romper con la inercia burocrática frente al acceso y equivalencia de estudios; el segundo, el carácter de iniciativa preferente, logrando que fuera el primer tema de la agenda legislativa en el Congreso de la Unión.

Su contenido original se quedaba muy lejos de su intención. La iniciativa principalmente iba orientada a atender a los dreamers (nombre dado en EE.UU. a los jóvenes indocumentados que son estudiantes universitarios y que “sueñan” con alcanzar la ciudadanía); por lo tanto, sólo abría algunos canales para revalidar la licenciatura. El aporte consistía en facultar a las universidades particulares para esta tarea y quitaba algunos obstáculos para el acceso al nivel básico.

La iniciativa casi no contemplaba a los estudiantes del nivel medio superior, la migración interna, o los problemas y retos educativos que acompañan a los migrantes. Teníamos como desafío hacer las cosas bien y rápido, pero en ese orden, ya que en tan sólo 30 días debíamos escuchar a todas las voces que tuvieran algo que decir, analizar y, de ser necesario, mejorar la iniciativa. Otra tarea apremiante fue construir los consensos necesarios para su aprobación y modificación. En este veloz esfuerzo, fuimos acompañados por docentes, migrantes, funcionarios de distintos órdenes de gobierno, expertos en migración, investigadores, instituciones académicas públicas y privadas y organizaciones sociales. Todos ellos tuvieron aportaciones muy valiosas para cambiar el enfoque de la iniciativa ampliándola para ir más allá de los dreamers.

Desde el Congreso incorporamos la garantía de tránsito y movilidad entre todos los niveles y tipos del sistema educativo. Otorgamos a la SEP la obligación de facilitar la movilidad, el acceso, la reinscripción, la regularización y la acreditación al hacer las normas de control escolar. Después de revisar las mejores prácticas internacionales se mandató crear un marco nacional de cualificaciones. Estos instrumentos agrupan los parámetros que permiten validar las habilidades, conocimientos y competencias obtenidas en un proceso educacional sistemático para facilitar tanto la movilidad como la certificación de competencias que van adquiriendo en el camino. Cabe destacar que esta idea no nace de cero, hace una década, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) propuso la adopción del Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA), en el que se incluyen los objetivos de contar con una escala o marco nacional de cualificaciones, un sistema nacional de nomenclatura que permita identificar el área, nivel y tipo de asignatura, actividad o unidad de aprendizaje, curso o actividad ofrecida.

En materia de educación superior se cambió el diseño original. Decidimos ir más allá y no limitarnos sólo a la licenciatura, sino a toda la gama de grados de este nivel educativo, y a cambiar las reglas para la revalidación y equivalencia determinando que el procedimiento atienda a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad, permitiendo por ejemplo, la verificación electrónica de documentos. Podemos resumir que el Congreso de la Unión recibió una iniciativa orientada a la revalidación de licenciaturas, y construyó y aprobó una reforma legal para facilitar el ejercicio del derecho de educación a los migrantes, internacionales y nacionales, desde preescolar hasta la educación universitaria.

Como siempre que hacemos una reforma, lo más difícil es hacerla funcionar. La ley sola no cambia la realidad, debemos estar al pendiente de la implementación, acompañarla y protegerla. Los artículos transitorios instruyen el camino inmediato a seguir para que la reforma llegue a los estudiantes, en ellos resaltan: 1) El marco nacional de cualificaciones tendrá que estar listo en un año; 2) La SEP tendrá 60 días para acordar el marco jurídico del Acuerdo Secretarial 286; 3) Las instituciones de educación superior constitucionalmente autónomas podrán celebrar convenios con la autoridad educativa federal para que la información relacionada con sus trámites de revalidación y equiparación de estudios sea incorporada al Sistema de Información y Gestión Educativa, y 4) La autoridad educativa en coordinación con otras instituciones puedan implementar planes de emergencia y acciones afirmativas, particularmente a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria, etc. Si bien la implementación es tarea que formalmente corresponde a la Secretaría de Educación, todos los mexicanos debemos acompañar y vigilar el proceso.

El error más común cuando hablamos de educación es confundir el derecho a la educación con el derecho al acceso. Todos los mexicanos tenemos derecho a la educación y esto significa que tenemos derecho a aprender y no sólo a estar sentados en un pupitre. Para lograr esto no basta una ley, ni el esfuerzo de un gobierno, se requieren las manos y el talento de todos los mexicanos. Las tribus de la África Subsahariana lo tienen muy claro: tienen un dicho que dice “a un niño lo educa toda la aldea”. Eduquemos bien a todos los niños y niñas de nuestra aldea.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/derribar-muros-y-construir-alternativas-para-seguir-estudiando/

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Los maestros como culpables del fracaso educativo

Por Profelandia

En la escena en blanco y negro los niños repiten y repiten a coro: -existen tres tipos de puntos.  Punto y seguido, punto y aparte y punto y final.

Uno de ellos, aburrido de memorizar pregunta: -Maestra, ¿y esto para qué sirve?

La Maestra consternada entra en conflicto y dice: –qué les parece si en lugar de repetir, tratamos de entender.

En ese instante, un luz milagrosa y transformadora sobrepasa el tiempo y el espacio y, de un plumazo, el entorno escolar toma color y pasa de la memorización al tan anhelado y novedoso ‘aprender a aprender’.

Así es como la SEP concibe la educación, como una fantasía, y de paso, insiste en culpar a los maestros de la catástrofe educativa.

Y es que en el spot del Nuevo Modelo Educativo, la SEP comunica con nitidez el pensamiento de Aurelio Nuño: que en México los maestros innovadores son una minoría y que por eso, en las escuelas públicas se enseña sólo a memorizar pero no a razonar.[1]

En la lógica del actual Gobierno no hay razones para un mea culpa por hacer de la educación pública un botín político del cual se han servido Presidentes y Gobernadores sexenio tras sexenio.

Y para muestra el propio Aurelio Nuño, que insiste en señalar a los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón como fracasados en educación.

Si bien ambos ex presidentes panistas son indefendibles, Nuño omite tramposamente que fue su partido, el PRI, el culpable de que la educación fuera colonizada por la élite sindical.

Fue su partido, el PRI, el que enquistó el vergonzoso sistema de negociaciones político-sindical del que sacaban provecho tanto Gobierno, como dirigentes sindicales cada que habían procesos electorales.

Al Secretario no le importa seguir tirando lodo a los maestros.   Tiene bajo el brazo el Nuevo Modelo Educativo el cual presentará una y otra vez para rajar políticamente con la educación de aquí a lo que queda del sexenio de Enrique Peña Nieto que es, sin duda, el Presidente con más rechazo social jamás visto en la historia del País.

De ahí que para la SEP la educación sea una narrativa propia de un cuento aderezado con fantasías y milagros educativos.

Así entonces veremos al Secretario Nuño prometiendo un País bilingüe o trilingüe, cuando en las escuelas indígenas no se garantizan los maestros que hablen la misma lengua que los niños.[2]

Así seguirá Nuño, presumiendo planes y programas y materiales educativos nuevos, pero curiosamente su administración no fue capaz de garantizar libros de textos gratuitos para todos los niños mexicanos.[3]

Insistirá en la nueva infraestructura educativa a través del programa Escuelas al CIEN, pero nada dirá de que los niños y maestros mexicanos desarrollan las jornadas escolares en salones sardinas.[4]

Tendrá tiempo para subirse al ring político con Andrés Manuel López Obrador, pero también para pedir que nadie tiene derecho a politizar la educación.[5]

En fin, está claro que al Gobierno Federal en la figura de Aurelio Nuño sólo le mueve exhibir a los maestros como los culpables del fracaso educativo.


[1] http://profelandia.com/en-mexico-los-maestros-innovadores-son-minoria-nuno/

[2] http://profelandia.com/segun-aurelio-nuno-mexico-sera-bilingue-en-veinte-anos/

[3]http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/05/1084631

[4] http://profelandia.com/mexico-a-la-cabeza-en-salones-atiborrados-segun-la-ocde/

[5]http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/02/5/nuno-pide-no-politizar-los-temas-educativos

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El Plan de Betsy DeVos para estafar a los estudiantes acaba inesperadamente de golpear un muro

BY MONTSERRAT JIMENEZ

La Secretaria de Educación Betsy DeVos revertió una regulación de la era Obama que protegía a millones de estadounidenses de resultar atrapados en préstamos estudiantiles con excesivos cargos por intereses, siempre y cuando el prestatario demostrase buena fe al tratar de pagar el préstamo, según informó Occupy Democrats el 17 de marzo.

Sin embargo, los propios cobradores de deudas que pudieran hacer aún más millones subiendo las tarifas, dicen que van a ignorar la orientación de DeVos y que seguirán tratando de manera justa a los estudiantes que prometan pagar los préstamos dentro de un período de tiempo razonable.

“Muchos receptores de préstamos estudiantiles ya tienen suficientes dificultades para poder pagar sus préstamos”, dijo a Bloomberg James Patterson, director general de la agencia de garantías de Texas. “Añadir más tarifas no ayudará a mejorar su situación”.
Las 26 compañías de préstamos que actúan como colectores de deudas para los préstamos federales de educación familiar (FFEL, por sus siglas en inglés) dijeron durante la semana pasada que no cobrarán automáticamente la cuota por defecto, que es aproximadamente el 16 por ciento del saldo total debido, según Bloomberg.

Seguirán dando a los que se están ahogando en la deuda estudiantil la oportunidad que previó Obama, siempre y cuando los deudores prometan hacer sus pagos dentro de dos meses o menos.

Esto significa que ayudarán a cerca de 11 millones de deudores, que en conjunto están enganchados por alrededor de $231 millones, según datos federales.

La promesa de no aumentar el interés está siendo hecha por United Student Aid Funds, la compañía que había demandado a la administración Obama para tratar de derogar esa regulación. Hasta el 2015, United había cobrado las tarifas más altas, ganando alrededor de $15 millones anualmente, desde el 2007.

United Student Aid Funds habían sido dirigidos durante los años de Obama por Bill Hansen, quien había sido Subsecretario Adjunto de Educación bajo George W. Bush.

DeVos se había hecho cargo del hijo de Hansen, Taylor, un ex-cabildero universitario con fines de lucro, que estaba trabajando en la Secretaría de Educación como uno de los asesores de DeVos. Poco después de que ella revertiera la regla de Obama sobre las tarifas excesivas, él dejó su puesto y se regresó a la iniciativa privada.

Hansen y DeVos no comentaron por qué se fue, pero la senadora y abogada de los consumidores Elizabeth Warren (D-Mass) dijo: “No hay dudas de que los lazos familiares de Taylor Hansen planteaban un conflicto de intereses”.

La razón por la que la anterior compañía de Hansen ha invertido el rumbo respecto al cobro de tarifas más altas para los prestatarios en impagos, es que fue vendida y ahora pertenece a Great Lakes Higher Education Corp., los que confirmaron que seguirán manteniendo los principios de la regulación de Obama.

El presidente Obama reconoció que la plaga de los préstamos estudiantiles es una calamidad nacional, y actuó de varias maneras para tratar de ayudar a esas personas que pasan muchos años después que terminan la Universidad o un Instituto Profesional pagando préstamos y tasas de interés muy altas.

DeVos, que está trabajando con Trump para socavar el sistema de educación pública estadounidense, e impulsar las escuelas charter privadas, forma parte de una administración que sólo se preocupa por los intereses de las empresas y las corporaciones.

Es refrescante ver que algunas compañías demuestran compasión, incluso cuando sigan beneficiándose de esas personas que hasta hace un tiempo eran estudiantes. Al menos en este caso, algunos seres humanos se erigen por encima de las políticas orientadas exclusivamente a mayores ganancias, establecida por los contadores de pepitas de oro… como la Betsy y su amiguito Donny.

Fuente: http://diariolatinoamericano.com/plan-betsy-devos-estafar-los-estudiantes-acaba-inesperadamente-golpear-muro/

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Retos del Nuevo Modelo Educativo

Oscar Hugo Faustino Zacarías[1]

El Nuevo Modelo Educativo (NME), presentado en un acto simbólico con los principales actores del sector educativo, dejó muchas dudas y cuestionamientos en torno a dos principales temas: 1) sobre los cambios realizados a la primera propuesta que se sometió a discusión mediante foros y consultas; Y 2) sobre el impacto real que tendrá el NME en la resolución del problema público en materia educativa que se debe resolver: la baja calidad de la educación en México.

Sobre el primer punto, ya se empezaron a publicar las críticas y señalamientos sobre los “cambios” del NME; entre ellos destacan artículos de opinión de académicos como Pedro Flores-Crespo o Manuel Gil Antón; haciendo énfasis en  los cambios de corte incrementalista que presenta el NME y la preponderancia del intento de los actores institucionales por legitimar la propuesta educativa a implementar.

Sobre el segundo punto se ahonda en este artículo. Si se recuerda el contexto de la discusión y promulgación de la reforma educativa entre finales del 2012 y principios de 2013, la principal crítica hacia dicha reforma versaba en la preponderancia de la regulación laboral (ingreso, promoción y permanencia en el servicio docente); la importancia de la recuperación de la rectoría de la educación por parte del Estado; la búsqueda de romper con los vicios político sindicales heredados (como la venta y herencia de plazas); entre otras prioridades que no mostraban la cuestión pedagógica, la cuestión netamente educativa. Dichas prioridades de la reforma, la encasillaron en una trasformación de corte laboral y política, más que de índole educativa. Mientras algunos veían en la reforma una carencia del factor educativo; otros trataban de  inferir que los cambios propuestos eran necesarios para adecuar el contexto sinuoso del Sistema Educativo Mexicano (SEM). Con esa adecuación, se presuponía que se lograría de mejor manera y con mayor eficacia el proceso de implementación de las políticas y programas educativos; con la debida aclaración de que una vez alcanzado el mejor escenario posible, se echarían a andar los cambios a nivel pedagógico, sin complicaciones que implicaran un veto por parte de actores involucrados como los docentes y directivos. Ello explicaría por qué primero se fueron por lo político-jurídico-laboral y después por el modelo educativo.

Tres años después de la reforma educativa, con un contexto poco adecuado, caracterizado por: evaluaciones de ingreso, promoción y permanencia ya realizadas, pero con críticas a los procesos y a los instrumentos de evaluación utilizados; con evaluaciones detenidas en Oaxaca, Guerrero y Chiapas; con una evidente falta de coordinación entre las autoridades educativas encargadas; surge en julio de 2016 el nuevo corazón de la reforma educativa, ahora no sería la evaluación, sino la propuesta de un NME que sería sometido a discusión en foros y espacios de participación. En esa coyuntura, se revisó la propuesta y se concluía que era una conjunción de las ideas y propuestas desarticuladas que ya se trabajaban desde las aulas. Por ello, las críticas se enfocaban en afirmar que el NME no tenía nada de nuevo.

El modelo educativo presentado el 14 de marzo de 2017 tampoco dista mucho de lo que ya se ha mostrado anteriormente. El NME es una forma sistematizada de presentar lo que la reforma educativa implica: profesionalización docente; escuela al centro; equidad e inclusión; planteamiento curricular; y una nueva gobernanza en el sistema educativo.

Lo que llamaría la atención es que uno de los documentos lo llaman: “Ruta para la implementación del modelo educativo”. En la teoría de política pública hay una concepción que entiende a la política pública como un proceso segmentado por etapas. Dichas fases son: definición del problema, agenda, formulación, implementación y evaluación. En ese sentido teórico, “la ruta para la implementación del modelo educativo” sería como una especie de diseño de la implementación; una cuestión un tanto prescriptiva de lo que se tiene que hacer  y cómo se tiene que hacer. No obstante, y por obvias razones, no incluyen las estrategias para superar los problemas reales de implementación; aquellos retos que han detenido no sólo la reforma educativa actual y sus estrategias, sino la mayoría de líneas de acción que han surgido desde la iniciativa gubernamental en materia educativa, y que han derivado en abonar a la inequidad y falta de calidad en la educación. Estos retos de implementación del NME se resumen a tres puntos:

  • ¿Cómo superar la negativa de docentes a implementar toda iniciativa que deriva de la reforma educativa en los estados disidentes?
  • En donde el contexto es medianamente adecuado, ¿Cómo lograr que los docentes se apropien e implementen el NME en las aulas? Eso implica romper con las inercias y costumbres ya establecidas en el SEM.
  • ¿Cómo lograr que los padres de familia cooperen y refuercen, desde el hogar, lo que el docente enseña en las aulas?

La respuesta a estas preguntas bien podría limitarse a: “se debe cumplir con la ley”, “acatar la norma”, “respetar el mandato constitucional”. Sin embargo, está claro que no fue suficiente elevar a rango de ley las disposiciones en materia educativa para lograr el cumplimiento; por lo que habría legalidad, pero no legitimidad. Por ello, las problemáticas persisten, aún más en estados donde la disidencia sindical es fuerte. Por tal motivo la respuesta a los cuestionamientos anteriormente planteados, no se pueden limitar al acatamiento de la norma, pues no se está logrando.

Las características del contexto y la necesidad de acciones inmediatas que resuelvan la problemática educativa, exigen una estrategia que no parta de imposiciones legales (reforma educativa), ni que todo dependa de la negociación política (gobierno-SNTE-CNTE), ya que la posición de los actores institucionales no le permite obtener resultados favorables. Las estrategias se han dejado en manos de un simple voluntarismo más que un liderazgo del cambio.

Lo anterior implica que no hay un contexto adecuado para implementar el NME. En el mejor de los casos, dicho modelo será implementado sólo en los estados y escuelas donde se permita, donde haya condiciones y aceptación por los docentes. Pero es ahí donde surge la preocupación. Se supone que a partir de la reforma, el Estado garantizaría una equidad de la educación, pero si el NME sólo se implementa en las escuelas y estados que si adoptan la iniciativa, las mejoras serán inequitativas; ensanchando la brecha de la inequidad de la educación, ya que “casualmente” aquellos estados donde la disidencia no permite la implementación de las iniciativas gubernamentales como en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, también son los lugares donde el índice de rezago educativo es más alto.

El escenario anteriormente descrito lleva a plantear un cuestionamiento: a la par de la implementación del NME ¿qué decisiones, acciones o estrategias instrumentarán las autoridades educativas para lograr el cometido de alcanzar la calidad de la educación? Dichas acciones o decisiones tendrían que ir dirigidas a la consolidación de la recuperación de la rectoría de la educación por parte del Estado en donde la disidencia aún es parte del cogobierno de la educación. Lo anterior es plenamente justificable en aras de lograr una educación de calidad con equidad.

[1] Maestro en política pública por la UAM Xochimilco y Especialista en Política y Gestión Educativa por FLACSO Mx.

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¿Cuáles son las prioridades de CONACyT?

*Helena Papacostas Quintanilla #PorMásCiencia

Las especialidades, maestrías y doctorados de calidad constituyen el último nivel de la pirámide escolar en México y son una parte primordial del sistema científico, tecnológico y de innovación. Aunque pequeño y frágil, sin él resulta imposible cumplir las funciones asignadas a la llamada sociedad del conocimiento. En este sentido, la inversión pública o privada que se realice para aumentar el crecimiento del subsistema de posgrado y garantizar su calidad y competencia internacional resulta crucial para el conjunto de la investigación científica y tecnológica en todas las áreas del conocimiento y modalidades en la aplicación de este último. Se trata de una inversión al futuro, pero también al presente. Sin la existencia de estudiantes dedicados de tiempo completo a sus estudios, no sólo se pone en riesgo el patrimonio acumulado sino que se echan para atrás las manecillas del reloj.

El doctorado es el máximo estrato educativo que podemos alcanzar en nuestro país, la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología publicó que, durante 2014, en México se graduaron 4541 estudiantes, un 18.43% de los graduados en América Latina. La culminación de esta pirámide educativa comprende una inversión de aproximadamente 25 años de estudios continuos en la que el gobierno federal invirtió $8,718.7 millones de pesos. Sin embargo, contrario a lo que la mayoría de las personas piensan, el monto que se destina a los estudiantes no es a fondo perdido, en realidad el Conacyt reporta que el porcentaje anual de recuperación de la inversión es de 10.74% y si consideramos una vida útil de 30 años del investigador, el gobierno federal recupera la inversión que hizo en esos estudiantes en un lapso de 9.31 años.

En México, se ha transitado de un Padrón de Excelencia con 414 posgrados en 1991 a la formación y consolidación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, que tiene 2087 programas distribuidos en instituciones de educación superior, tecnológicos, centros e institutos, tanto públicas como privadas. Durante el mismo periodo, la formación de capital humano tuvo un crecimiento vertiginoso: de 5570 becas en 1991 a 61572 en 2015.

En la rueda de prensa convocada por el Conacyt el 21 de marzo de este año la Mtra. María Dolores Sánchez, directora Adjunta de Posgrado y Becas, comentó que durante 2016 hubo 63000 becas vigentes y que este año se espera un incremento de sólo 200 becas más. De esta cantidad 24975 serán becas nuevas, 23755 destinadas a estudiantes con dedicación exclusiva. Si dividimos entre los 2069 programas del PNPC registrados en 2017, se asignarían  11.5 becas por programa.  Del total de becas mencionado, 7398 serán asignadas en esta primera convocatoria. Las restantes en la segunda convocatoria, llamada de verano.

En la rueda de prensa mencionada se dijo que  las convocatorias para la asignación de recursos destinados a proyectos de investigación se mantendrán, pero con ajuste de presupuesto. Lo anterior nos lleva a una encrucijada: queda claro que instituciones sin alumnos no pueden llevar a cabo sus funciones, pero ¿de qué sirve tener estudiantes si el presupuesto asignado a investigación decrece? ¿Es viable tener proyectos sin estudiantes que participen?

En su discurso, Conacyt habla de áreas de conocimiento prioritarias para el país, dando fuerza a las áreas clínicas, biológicas e ingenierías, y dejando fuera a las ciencias sociales y las humanidades. ¿Son realmente estas áreas no prioritarias? ¿es legítimo priorizar las áreas científicas? Desde distintas perspectivas, todas son igualmente importantes. La investigación está íntimamente ligada a la academia y al proceso educativo, entonces ¿podemos decir que las investigaciones en el área de educación no son prioritarias para la academia y el desarrollo del país?, ¿quién decide y cómo cuáles áreas son prioritarias? En última instancia, ¿por qué se debe elegir?

Para ser parte del PNPC, los programas deben cubrir una serie de requisitos e indicadores. Cumplir con estas cláusulas exige una gran cantidad de tiempo y esfuerzo de las instituciones. Si ser parte del PNPC ya no les garantizará tener acceso a estudiantes becados y/o proyectos de investigación, uno comienza a cuestionarse, ¿vale la pena cumplir con estos requisitos?, ¿se mantendría la calidad de la educación de posgrado en México?, y finalmente ¿es suficiente el presupuesto que en México se asigna a investigación, o parte del problema es que ni siquiera ha existido un compromiso real por asignar, al menos, el 1% del producto interno bruto a este fin? Desafortunadamente, el panorama actual produce más preguntas que respuestas.

*Estudiantes de Posgrado de los Departamentos de Farmacobiología, Ingeniería Eléctrica, y Química del Cinvestav.

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