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Sudáfrica: Conferencia mundial busca liberar a millones de niños del trabajo infantil

Conferencia mundial busca liberar a millones de niños del trabajo infantil

Joyce Chimbi

Fuentes: IPS [Imagen: Un niño sostiene un dibujo que representa la violencia doméstica, en el Centro para el Empoderamiento de la Juventud y la Educación Cívica de Lilongüe, la capital de Malawi, que se asoció con la OIT para apoyar el plan de acción nacional de combate al trabajo infantil. Foto: Marcel Crozet / OIT]

NAIROBI – Los niños que lavan la ropa en los ríos, los que mendigan en las calles, los que venden en forma ambulante, los que caminan kilómetros en busca de agua y leña, los que compiten con manos más viejas y experimentadas en la recolección de café o té, o los que trabajan como niños soldados, son imágenes familiares en el Sur en desarrollo.

Los expertos en derechos de la infancia de reiteran que la tolerancia y la normalización de los niños trabajadores, muchos de los cuales laboran en condiciones y circunstancias peligrosas, y la apatía por el fenómeno han estancado el progreso hacia la eliminación del trabajo infantil.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que son más de 160 millones  los niños y niñas que trabajan en el mundo.

Con ese telón de fondo, es que se celebra la 5 Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil, que se celebrará en la ciudad de Durban, en Sudáfrica, del 15 al 20 de mayo.

Allí se estudiará cómo alcanzar una meta específica sobre el problema del 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el referido al Trabajo Decente y Crecimiento Económico.

En ese objetivo, la meta 8.7 plantea la adopción de medidas inmediatas para “asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”.

En Durban también se revisarán los avances del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil que se centra precisamente en su eliminación para 2025.

La Conferencia será inaugurada por el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, quien compartirá escenario con el presidente de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, en inglés) y presidente de Malawi, Lazarus McCarthy Chakwera y el director general de la OIT, Guy Ryder. También participará en forma virtual el presidente de Argentina, Alberto Fernández.

“Hay múltiples factores que impulsan el trabajo infantil en África, y muchos de ellos están interconectados», dice Minoru Ogasawara, asesor técnico jefe de la «Acción acelerada para la eliminación del trabajo infantil en las cadenas de suministro en África» (ACCEL, en inglés), establecida dentro de la OIT.

Habla de la alta prevalencia de niños que trabajan en la agricultura, estrechamente vinculada a la pobreza y a las estrategias de supervivencia de las familias.

El rápido crecimiento de la población africana, dice Ogasawara, ha ejercido una importante presión sobre los presupuestos públicos para mantener o aumentar el nivel de los servicios necesarios para luchar contra el trabajo infantil, como la educación y la protección social.

En el caso de África se subraya que el continente está muy lejos del compromiso colectivo de acabar con todas las formas de trabajo infantil para 2025. Otra alerta es que el número de niños que trabajan en la región de África subsahariana es superior al del resto del mundo.

“De ahí el llamamiento a aumentar sustancialmente la financiación a través de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), los presupuestos nacionales y las contribuciones del sector privado dirigidas al trabajo infantil y sus causas fundamentales», observa Ogasawara.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) afirma que aproximadamente 12 % de los niños de entre 5 y 14 años trabajan, lo que supone un coste para su infancia, su educación y su futuro.

De los 160 millones de niños que trabajan en todo el mundo, más de la mitad se encuentran en el África subsahariana, y 53 millones no están escolarizados, lo que supone  28 % de entre 5 y 11 años y otro 35 % de entre 12 y 14 años, según las estimaciones mundiales más recientes sobre el trabajo infantil realizadas por OIT y Unicef.

Con este sombrío escenario, los premios Nobel de la Paz Kailash Satyarthi (de India) y Leymah Gbowee (de Liberia), así como el ex primer ministro de Suecia Stefan Löfven, intervendrán en la Conferencia, que se espera que ponga en perspectiva cómo y por qué los niños siguen sufriendo algunas de las peores y más graves formas de explotación laboral.

Entre esas formas destacan el trabajo en régimen de servidumbre, la servidumbre doméstica, los niños soldados, el tráfico de drogas y la explotación sexual comercial.

“Estoy trabajando en colaboración con otros premios Nobel y líderes mundiales. Exigimos la creación de un mecanismo internacional de protección social. Durante la pandemia de covid-19, hemos calculado que con 53 000 millones de dólares anuales se podría garantizar la protección social de todos los niños en todos los países de bajos ingresos, así como de las mujeres embarazadas”, subrayó Satyarthi, Nobel de la Paz de 2014.

Satyarthi ha estado a la vanguardia de la movilización de apoyo mundial para la erradicación del trabajo infantil, así como el derecho a la educación de los niños y a que tengan una vida libre de explotación y violencia.

“El aumento de la protección social, el acceso a una educación gratuita de calidad, la atención sanitaria, las oportunidades de trabajo decente para los adultos y los servicios básicos crean un entorno propicio que reduce la vulnerabilidad de los hogares al trabajo infantil», subraya Ogasawara por su parte.

Señala la necesidad urgente de introducir y o ampliar rápidamente la seguridad social y otras medidas de protección social adecuadas para la economía informal, como las transferencias de efectivo, la alimentación escolar, los subsidios para los costes directos de la educación y la cobertura de la atención sanitaria.

Hay que destacar, aduce el especialista africano, la necesidad de una transición de la escuela al trabajo y de «centrarse en los niños de hogares pobres, aumentar el acceso a la educación y reducir la necesidad de combinar la escuela con el trabajo entre los niños por debajo de la edad mínima para trabajar».

En ausencia de estas redes de seguridad de protección social, la OIT destaca que existe el peligro de que nueve millones de niños más engrosen las filas laborales antes de fin de año, lo que evidencia que la lucha contra el fenómeno tiene obstáculos recurrentes.

En este contexto, la Conferencia de Durban representa una oportunidad para evaluar los progresos realizados en la consecución de la meta 8.7 de los ODS, debatir sobre las buenas prácticas aplicadas por diferentes actores en todo el mundo e identificar las lagunas y las medidas urgentes necesarias para acelerar la eliminación tanto del trabajo infantil como del trabajo forzoso.

El momento es crucial, subraya la OIT, ya que solo quedan tres años para lograr el objetivo de la eliminación de todo el trabajo infantil para 2025 y solo ocho años para la eliminación del trabajo forzoso para 2030.

La Conferencia Mundial también contará con la participación activa de jóvenes supervivientes del trabajo infantil en India y países africanos. Compartirán sus relatos en primera persona y sus experiencias vividas en sintonía con el tema central del debate.

La reunión tendrá lugar en el contexto de la pandemia de covid, en medio de los temores y la preocupación de que la erradicación del trabajo infantil pierda importancia en la agenda internacional a medida que el mundo hace frente al impacto de la pandemia.

Esto podría revertir los numerosos logros alcanzados en la lucha contra el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de niños y niñas.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

T: MF / ED: EG

Fuente: https://ipsnoticias.net/2022/05/conferencia-mundial-busca-liberar-a-millones-de-ninos-del-trabajo-infantil/

Fuente de la Información: https://rebelion.org/conferencia-mundial-busca-liberar-a-millones-de-ninos-del-trabajo-infantil/

 

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Escuela Primaria y discriminación

Autora: María Alejandra Vazquez

Retumban aún en mi memoria los dichos de un docente que dictaba Sociología de la Educación: “en todas partes del mundo el trabajo docente está mal pago por ser considerado trabajo femenino”.

Si a esto le sumo las consideraciones de los organismos internacionales que expresan que, ante el mismo trabajo, una mujer recibe una paga de entre un 25 % y un 40 % inferior a la de un hombre (1), termino caminando por las paredes. Ni qué decir cuando me enfrento a las estadísticas que mencionan que más del 70 % de los pobres son mujeres y niños (UNICEF)

La discriminación de género es una realidad en cualquier parte del planeta, pues es parte necesaria de la concepción social del patriarcado. Sin inferioridad femenina no hay patriarcado. Si dudan, nominalicen los personajes destacados de cualquier lugar del mundo en dos columnas, una de hombres y otra de mujeres. ¿Cuál lista es más larga?

Aún así, partiendo de estos preconceptos, siempre propendemos a considerar que hay instituciones que sostienen preceptos tendientes a superar estas situaciones, por ejemplo el Sistema Educativo o el Sistema Judicial.

Pondré la lupa en el Sistema Educativo, ya que he vivido dentro de él casi toda mi vida. He mencionado que el trabajo docente es mal pago, y nuestro país no está fuera de esa regularidad. Pero esto se agrava cuando develo que no es homogéneo en su interior. Ante la misma carga horaria, un docente de Secundaria gana más que uno de Primaria. Mirándolo desde una perspectiva de género, diría que un Profesor gana más que una Maestra. O sea, el nivel en el que hay nutrida presencia masculina percibe mejores salarios que el nivel integrado mayoritariamente por mujeres. En otros tiempos, esto se justificaba argumentando que las Maestras recibían su título al acreditarse en el nivel Secundario. Pero se obviaba que muchos de los profesores del nivel Secundario también tenían sólo formación secundaria.

Luego se fue extendiendo la formación de Maestros hasta igualar en tiempo a la de un Profesor. ¿Pero se igualaron los salarios? Esto es materia pendiente: a pesar de que los docentes del Estado están bajo el fuero de lo Contencioso Administrativo, nunca se debe olvidar el principio laboral que expresa que, ante igual trabajo, igual paga.

Pero esto no termina allí. Hay más. Las mismas leyes de Educación Nacional y Provincial de Buenos Aires explicitan que el Nivel de Educación Secundaria es obligatorio, y que todas las Escuelas Primarias deben tener un régimen de Jornada Completa para sus alumnos. Las distintas gestiones han realizado diversas inversiones en el Nivel Secundario, cercando o ignorando el crecimiento de las Escuelas Primarias para avanzar en el cumplimiento de lo que indican las leyes.

¿A quiénes perjudica que las escuelas Primarias no funcionen como Jornadas Completas? En general a las Mujeres. Si uno se detiene en la puerta de cualquier Escuela Primaria, la mayoría de las que aguardan a sus hijos salir de las instituciones, son mujeres. Y si esas mujeres deben trabajar, la gran mayoría no tiene quién se ocupe de cuidar a sus niños. Las nuevas conformaciones familiares, recibiendo aún los mandatos patriarcales, muestran a mujeres con muchos niños y una gran falta de figuras paternas. Aparte de ello, la sociedad actual requiere que, para sostener con alguna comodidad la economía hogareña, ambos integrantes de una pareja deben salir a trabajar, y no existe mejor lugar para dejar a los niños que una escuela, aún en aquellas donde hay mucho por mejorar. ¿Es realmente un costo que las Escuela Primarias sean de Jornada Completa, o es una inversión que genera un círculo virtuoso?

Aún así, los esquemas salariales de los docentes de Escuelas Primarias de Jornada Completa no reciben los estatutos correspondientes a su labor, ya que para las Maestras, tanto como para los Directivos, las extensiones de las Jornadas son consideradas provisionales, es decir, tienen 20 módulos semanales Titulares y 20 Provisionales. Esto no sucede en otros niveles.

El Nivel Inicial merecerá otro análisis similar.

Pero luego de considerar esto, puedo pensar: ¿todos somos iguales ante la Ley? ¿Cómo puede ser que el sistema educativo, generador de paradigmas sociales, aún sostenga la discriminación de género en su interior? ¿Las distintas gestiones que se han sucedido, han nombrado en el Nivel Primario los cargos que fueron previstos en el 2005? (2) ¿Todas las mujeres dirigentes gestionan como mujeres, o consideran que deben hacerlo con criterios masculinos? Sí creció la población, ¿por qué no se han creado nuevas Escuelas Primarias?

Mientras más develo situaciones, más preguntas se me presentan.

1- Organización Internacional del Trabajo

2- Resolución 1183/05 Prov. Buenos Aires

María Alejandra Vazquez (1961) es Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UNQUI) e Inspectora de Educación Primaria de la Provincia de Buenos Aires.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Fuente: https://rebelion.org/escuela-primaria-y-discriminacion/

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España: 12 organizaciones del País Valenciano firman una declaración de apoyo a los defensores latinoamericanos

Por: Enric Llopis

El 22 de marzo de cada año se celebra, a propuesta de Naciones Unidas, el Día Mundial del Agua; son 2.200 millones de personas las que viven sin acceso al agua potable en el planeta.

En la conmemoración de 2022, la ONU puso el acento en la relevancia de las aguas subterráneas. Por ejemplo, en Europa y América del Norte, los nitratos y pesticidas representan una “gran amenaza” para la calidad de estas aguas; según Naciones Unidas, “el 20% de las masas de agua subterránea de la UE incumple la legislación comunitaria en materia de calidad del agua debido a la contaminación agrícola”.

El organismo internacional subraya que la región de Asia y el Pacífico tiene la menor disponibilidad de agua per cápita del planeta, “y se prevé que el uso de las aguas subterráneas en la región aumente en un 30%” hasta 2050. El objetivo del Día Mundial es hacer difusión de la “crisis mundial” en torno a este recurso básico. “Casi la totalidad del agua dulce en forma líquida del mundo es agua subterránea”, destaca Naciones Unidas.

Más de una decena de organizaciones del País Valenciano suscribieron, el pasado 22 de marzo, con motivo de la jornada global, una declaración de respaldo a las poblaciones indígenas, campesinos/as y afros en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Colombia que se enfrentan al impacto generado por el monocultivo de la caña de azúcar en sus territorios.

El origen, añade el pronunciamiento, es el modelo de producción intensiva, que se sustenta en el acaparamiento de tierras, destinado a productos como azúcar y agrocombustibles que se consumen en los países del Norte.

Uno de los ejemplos mencionados son los grandes ingenios azucareros: “Están vulnerando –principalmente- el derecho humano al agua ya que generan situaciones de estrés hídrico, escasez, alteración del curso de las fluentes fluviales naturales y la contaminación de acuíferos”.

Asimismo, respecto a la contaminación de las aguas, están aumentando los casos de enfermedad renal crónica o cutáneas, entre otras. A ello se suma la vulneración de los derechos laborales y la criminalización de las personas defensoras.

Alianza por la Solidaridad; Ecologistas en Acción; CEDSALA; MOSSolidaria; Erre Ese +; Por Ti Mujer; Centro educación ambiental Julia; Joventut pel Clima-València; ACICOM; Biogradables; Terreta Neta y La Casa de Patraix suscribieron el comunicado.

El modelo afecta particularmente a las mujeres. En el caso de los impactos sobre las fuentes de agua, porque se hacen cargo de la recolección en pozos para las actividades domésticas y de higiene, de modo que se ven forzadas a desplazamientos más largos; y son las encargadas principales del cuidado de los familiares que enferman por la contaminación de las aguas.

El pasado 3 de marzo fue aprobada, a propuesta de Unidas Podemos, la Resolución y Proposición No de Ley (PNL) para que las Cortes y el ejecutivo valencianos insten al Gobierno de España a que pida el cumplimiento de los derechos de las personas defensoras, en Guatemala y Colombia, por los “ataques y amenazas” que afrontan; el texto hace referencia especial a las mujeres defensoras, que son objeto de una “violencia específica”.

Además se solicita a los Estados de Colombia y Guatemala que hagan cumplir la consulta libre, previa e informada -a las comunidades indígenas- en los proyectos de empresas  por los que estas comunidades se vean afectadas (Convenio 169 de la OIT); y también que se respete el resultado de estas consultas.

En los casos que esto no suceda, las Cortes Valencianas solicitan a la Administración autonómica un “análisis de las posibilidades” para “propiciar” que estas empresas no contraten ni perciban subvenciones públicas en el País Valenciano.

El comunicado de las 12 organizaciones se apoya en el informe El amargo negocio de la caña de azúcar: ¿Desarrollo para quién?, de 2020, en el que han participado Alianza por la Solidaridad (España y Colombia); el colectivo ecologista Madreselva (Guatemala); ASPRODE y PROVIDA (El Salvador); APADEIM (Nicaragua) y ASOM (Colombia).

Sobre el negocio de la agroindustria, concluye la investigación: Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Colombia “concentran la producción de caña en torno a 36 ingenios azucareros, que suman algo más de 6.300 kilómetros cuadrados de explotación en departamentos con alta vulnerabilidad socioambiental”.

Respecto al desequilibrio ambiental en un contexto de emergencia climática-, el informe señala los efectos del monocultivo de caña en zonas como la Costa Sur de Guatemala o el Valle del Cauca, en Colombia: “Tuvieron hasta tiempos recientes una gran biodiversidad y ahora sufren una deforestación masiva, desvío de cauces, desaparición de humedales o destrozo de manglares”.

Otro punto destacado es el consumo de recursos hídricos; El amargo negocio de la caña de azúcar compara la media diaria requerida por una hectárea de caña (36 metros cúbicos), con las necesidades de una familia de cinco miembros (0,6 metros cúbicos de agua diarios). Pero la agroindustria cañera no sólo se apropia del agua, sino que además “hace un uso intensivo de pesticidas, madurativos y fertilizantes, en algunos casos prohibidos por los Convenios Ambientales de Rotterdam o Estocolmo, que contaminan los que dependen las comunidades”.

“¿Trabajo o esclavismo?”, se pregunta el informe. Una de las respuestas posibles se halla en el caso de El Salvador, donde las personas entrevistadas para el reporte apuntan remuneraciones –en los campos de caña- de 6 dólares por jornada laboral (8 euros diarios en Guatemala); y con periodos de trabajo discontinuos durante el año. Y ello, pese a que la caña es el segundo producto en generación de divisas en El Salvador.

Otro apartado de la investigación está dedicado a la violencia, la criminalización y las “comunidades en riesgo” por la lucha contra el monocultivo azucarero. ¿En qué contexto? Colombia y Guatemala destacan entre los países con más defensores del territorio y líderes comunitarios asesinados; un centenar entre enero y mayo de 2020 en Colombia, según Indepaz. El último Jorge Enrique Oramas, campesino y luchador contra la minería de 70 años, asesinado en Cali el 16 de mayo de 2020.

Fuente de la información e imagen: https://rebelion.org/

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Marina Echebarría Sáenz : Shanghai y la crisis del sistema de externalización

El confinamiento de la macrourbe china paraliza su puerto, el mayor del mundo. Gigantes como Apple, Xiaomi y Tesla se han visto obligados a paros parciales

Todos los días nos acercamos a nuestros comercios y al consumir, sin darnos cuenta, consumamos auténticas proezas. Raramente pensamos en la tecnología y en la planificación que implica que nuestras estanterías estén llenas de uvas de Chile, carne irlandesa, trigo ruso, lino africano o teléfonos made in China. Raramente nos detenemos a pensar que nuestro móvil utiliza metales procedentes de Zaire, Ruanda, Bolivia, Rusia…, que todos estos componentes han sido enviados en trenes y barcos a China, donde han sido ensamblados en macrofactorías y posteriormente embarcados a su vez y distribuidos por todo el planeta. Hemos normalizado vivir en ciudades que importan más del 94% de sus insumos desde más de 100 kilómetros de distancia y en las que la más mínima falla, unas estanterías vacías durante unos pocos días, se convierte en una ofensa a nuestro modo de vida, un síntoma de desorden y caos social. Exigimos (coléricamente) el abastecimiento continuo.

Desde hace poco más de un cuarto de siglo nos sostiene una compleja cadena de extracción, producción, logística y distribución. Una cadena que en realidad es una red, en la que se extraen materias primas de países africanos o latinoamericanos, se transforman en productos en las fábricas del mundo (China, India, Bangladesh, Corea…) y se distribuyen mayormente en el occidente europeo y norteamericano. Todo este entramado se sostiene por una hiperproducción en lugares claves como China, por mano de obra barata en países como Bangladesh, Vietnam, China, y por un tráfico marítimo que incrementa sus volúmenes exponencialmente cada año. El “milagro” económico se basa en el aprovechamiento de los costes más baratos en cualquier espacio del mundo y en una circulación continua de los recursos. Es por eso que en Europa hemos asistido al cierre progresivo de nuestras fábricas y a su traslado a países más económicos para las grandes corporaciones: la externalización. Somos rentistas financieros, países de servicios o productores sobrecualificados, pero ya no somos la Europa industrial del siglo XX. Ya tuve ocasión de reflexionar con ustedes sobre la llamada crisis de suministros, en realidad, los síntomas de que toda esta red comienza a llegar a sus límites y no puede prometer un crecimiento perpetuo. Es en este contexto en el que asistimos a los cuellos de botella o al fallo de los eslabones débiles del sistema, como el provocado por el cierre de Shanghai.

Lo habrán oído, el Gobierno chino ha cerrado la mayor parte de Shanghai por la expansión de la covid en la macrourbe. Hablamos de más de 26 millones de personas confinadas en lo que es uno de los núcleos centrales de la producción y logística de la cadena de suministros mundial. El cierre, lógicamente, ha afectado al puerto de Shanghai-Yangshan, el mayor del mundo: más de 24 kilómetros de instalaciones y muelles que dan entrada y salida a más de 52 millones de contenedores TEU cada año. Shanghai procesaba en febrero el 20% del tráfico mundial de contenedores cada día.

El 19 de abril, cerca de 506 barcos portacontenedores gigantes, decenas de petroleros y un gran número de graneleros y barcos mineraleros esperaban su oportunidad de cargar o descargar en las aguas cercanas al puerto. Un mero síntoma de lo que estaba ocurriendo. Tras decretar el cierre parcial de la ciudad a finales de marzo y el cierre total el 15 de abril, los trabajadores de las principales macrofactorías y los trabajadores portuarios fueron confinados en sus centros de producción. Es decir, para varios millones de trabajadores la burbuja de confinamiento no es su hogar, sino su empresa, en la cual quedan anclados para que continúe la cadena de producción y exportación, muchas veces en condiciones de salubridad y vida cercanas a la esclavitud. Tesla corp. anunció que procedía a poner duchas y a garantizar tres comidas al día a sus trabajadores, lo que nos da un indicio de que no todas las factorías o instalaciones están cumpliendo con este “estándar” de humanidad. Aun así, el transporte terrestre no circula normalmente, por lo que las factorías de producción de gigantes como Apple, Xiaomi, Tesla y otros se han visto abocadas a paros parciales. Los barcos asumen incrementos de demoras de un 75%, días de retraso, lo que a su vez supone un aumento de los fletes, los seguros marítimos, los pagos por estadía en los muelles, las operaciones de estiba y el propio sostenimiento de las tripulaciones. Miles de contenedores refrigerados con productos perecederos o con químicos peligrosos se acumulan, constituyendo una amenaza creciente. Pese a todos los esfuerzos, el número de contenedores en espera es un 195% mayor que en el mes de febrero y la desviación a otros puertos no es solución, porque las fábricas están ahí, deseando verter en las bodegas sus excedentes. Ninguna flota de transporte terrestre puede compensar ese desplazamiento de volúmenes y ningún puerto cercano puede procesar la avalancha de demanda procedente de Shanghai.

Ninguna flota terrestre puede compensar ese desplazamiento de volúmenes y ningún puerto cercano puede procesar la demanda procedente de Shanghai

Algún día nos llegarán los relatos de qué ha supuesto para los trabajadores de Shanghai este confinamiento. Qué precio humano ha tenido que sigamos recibiendo nuestros teléfonos y televisores. Pero, de momento, en los núcleos financieros de Occidente se hacen cuentas sobre lo que nos va a costar el cierre de Shanghai. Las agencias internacionales más prestigiosas ya nos explican que sólo la gran ciudad china podría aportar de un 1 a un 2% de inflación anual a la economía global. Lo que es más difícil saber es si alguien está haciendo cuentas sobre si el sistema de externalización es sostenible. Sobre si es razonable continuar concentrando la producción lejos de su destino, alargando las líneas de transporte, incrementando el volumen de los puertos hasta el infinito y dependiendo de unas líneas de suministro que, al final, son frágiles y pueden verse afectadas por circunstancias imprevisibles: un barco atascado en el canal de Suez, una epidemia en una ciudad, una guerra o una catástrofe natural, quizás. Nuestro ingenio para resolver de manera eficiente el problema de poner una manzana en su supermercado quizás debería comenzar a considerar con más humildad nuestros límites y pensar que la naturaleza está ahí para recordárnoslos. Mientras tanto, asistimos al espectáculo de un atasco en el mar de China.

Marina Echebarría Sáenz es catedrática de Derecho Mercantil.

Fuente: https://rebelion.org/shanghai-y-la-crisis-del-sistema-de-externalizacion/

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Mundo: No queremos un planeta dividido, queremos un mundo sin muros

No queremos un planeta dividido, queremos un mundo sin muros

Vijay Prashad

o queremos un mundo dividido. Queremos un mundo realista: un mundo de la humanidad que se ocupe adecuadamente de la catástrofe climática. Un mundo que quiera acabar con el hambre y el analfabetismo.

Mientras Estados Unidos iniciaba su guerra ilegal contra Irak en 2003, el presidente de Cuba, Fidel Castro, hablaba en Buenos Aires, Argentina. “Nuestro país no lanza bombas contra otros pueblos, ni manda miles de aviones a bombardear ciudades (…) Las decenas de miles de científicos y médicos con que cuenta nuestro país han sido educados en la idea de salvar vidas», dijo en esa oportunidad. Cuba tenía un ejército, sí, pero no un ejército de guerra; Castro lo llamaba «un ejército de delantales blancos». Más recientemente, la Brigada Henry Reeve de médicas y médicos cubanos ha trabajado desinteresadamente en todo el mundo para ayudar a detener el avance de la pandemia de COVID-19.

Castro nos recuerda que hay dos formas de vivir en este mundo. Podemos vivir en un mundo lleno de armas y sumido en la intimidación, un mundo que se prepara continuamente para el combate. O podemos vivir en un mundo en que todas las personas puedan desempeñarse en la educación y la medicina, la ciencia y el trabajo social, las artes y la cultura. Podemos depositar nuestra confianza en personas que nos ayuden a crear un mundo mejor que el actual, este miserable mundo de guerras y lucro, en el que la maldad amenaza con aplastarnos.

En la superficie de nuestra piel late el temor de que descienda un nuevo telón de acero, de que se presione para encajonar a China y Rusia, para dividir el mundo en campos. Pero eso es imposible, porque —como se señaló en el boletín de la semana pasada— vivimos en un nudo de contradicciones y no en un mundo de certezas claras. Incluso los aliados más cercanos de Estados Unidos, como Australia, Alemania, Japón e India, no pueden romper sus vínculos económicos y políticos con Rusia y China. Hacerlo los sumiría en una recesión, trayendo el tipo de caos económico que la guerra y las sanciones ya han traído a Honduras, Pakistán, Perú y Sri Lanka. En esos países —ya maltratados por el Fondo Monetario Internacional por la codicia de las élites y por las embajadas extranjeras— el aumento de los precios del combustible ha transformado una crisis económica en una crisis política.

Las guerras terminan con la destrucción de las instituciones políticas de un país y de su capacidad social o terminan con ceses al fuego y negociaciones. La guerra de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) contra Libia en 2011 terminó con el país tambaleándose con el olor a pólvora en el aire y un orden social fracturado. El destino de Libia no debería repetirse en ningún lugar, y ciertamente no en Ucrania. Sin embargo, es un destino ordenado para los pueblos de Afganistán, Somalia y Yemen, que han sido asfixiados por guerras incitadas por Occidente, guerras armadas por Occidente y que han sido rentables para Occidente.

Cuando la Rusia contemporánea emergió de la caída de la URSS, Boris Yeltsin dirigió un golpe de Estado contra el parlamento ruso, con los tanques desplegados. Los actuales gobernantes de Rusia actúan a la luz de estos violentos comienzos y de las experiencias de otras naciones azotadas por la guerra. No se permitirán sufrir el destino de Libia, Yemen o Afganistán. Las negociaciones entre Rusia y Ucrania se están llevando a cabo en Homyel Voblasts (o región de Gomel) de Bielorrusia, pero la confianza debe reforzarse antes de que un alto el fuego pueda convertirse en una posibilidad real. Cualquier alto el fuego no solo debería aplicarse a la guerra dentro de Ucrania —lo que es imperativo— sino que también debería incluir el cese de la campaña de presión más amplia impuesta por Estados Unidos en toda Eurasia.

¿Qué es esa campaña de presión y por qué molestarse en hablar de ella ahora? ¿No deberíamos decir solamente “Rusia fuera de Ucrania”? Ese eslogan, aunque correcto, no aborda los problemas más profundos que provocaron esta guerra en primer lugar.

Cuando la URSS se derrumbó, los países occidentales esgrimieron sus recursos y su poder a través de Boris Yeltsin (1991-1999) y luego de Vladimir Putin (desde 1999). Primero, Occidente empobreció al pueblo ruso destruyendo el tejido social del país y permitiendo que las élites rusas devoraran la riqueza social. Después, atrajeron a los nuevos multimillonarios rusos para que invirtieran en la globalización impulsada por Occidente (incluidos los equipos de fútbol ingleses). Occidente apoyó la sangrienta guerra de Yeltsin en Chechenia (1994-1996) y luego la de Putin (1999-2000). El ex primer ministro británico Tony Blair (1997-2007) firmó permisos para que Rusia comprara armas británicas hasta que le dolió el brazo y recibió a Putin en Londres en el año 2000, diciendo: «Quiero que Rusia y Occidente trabajen juntos para promover la estabilidad y la paz». En 2001, el ex presidente estadounidense George W. Bush dijo que al mirar a los ojos de Putin veía su alma, y lo calificó de «directo y digno de confianza». Ese mismo año, Thomas Friedman, del New York Times, animó a sus lectores a «seguir apoyando a Putin». Fue Occidente quien ayudó a la clase multimillonaria rusa a capturar el Estado y a cabalgar a horcajadas sobre la sociedad rusa.

Una vez que el gobierno ruso decidió que la integración con Europa y EE.UU. no era posible, Occidente comenzó a presentar a Putin como diabólico. Esta película se repite una y otra vez: Saddam Hussein de Irak fue un gran héroe de EE.UU. y luego su villano, lo mismo con el ex líder militar Manuel Antonio Noriega de Panamá. Ahora lo que está en juego es imperdonable, los peligros son mayores.

Bajo la superficie del momento actual subyace una dinámica que ya adelantamos en nuestro décimo boletín de este año. Estados Unidos dañó unilateralmente la arquitectura internacional de control de armas, retirándose del Tratado de Misiles Antibalísticos (2001) y del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) (2018), y destruyendo así la política de disuasión. En diciembre de 2018, Estados Unidos presionó a sus aliados para impedir, por un estrecho margen, que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara una resolución para defender el INF. Putin comenzó a hablar de la necesidad de garantías de seguridad, no de Ucrania o incluso de la OTAN, que es un caballo de Troya hinchado de las ambiciones de Washington: Rusia necesitaba garantías de seguridad directamente de Estados Unidos.

¿Por qué? Porque en 2018, el gobierno de Estados Unidos anunció un cambio en la política exterior que señalaba que intensificarían su competencia con China y Rusia. Los ejercicios navales liderados por la OTAN cerca de ambos países también dieron a Rusia motivos de preocupación por su seguridad. La belicosidad de Estados Unidos está plasmada en su Estrategia de Defensa Nacional de 2022, en la que se afirma que Estados Unidos está «preparado para prevalecer en un conflicto cuando sea necesario, dando prioridad al desafío [de China] en el Indo-Pacífico, y luego al desafío ruso en Europa». La frase clave es que Estados Unidos está preparado para prevalecer en el conflicto. Toda la actitud de dominación y de derrota es una actitud de macho contra la humanidad. La campaña de presión impuesta por Estados Unidos en torno a Eurasia debe terminar.

No queremos un mundo dividido. Queremos un mundo realista: un mundo de la humanidad que se ocupe adecuadamente de la catástrofe climática. Un mundo que quiera acabar con el hambre y el analfabetismo. Un mundo que quiera sacarnos de la desesperación y darnos esperanza. Un mundo con más ejércitos de delantales blancos en lugar de ejércitos con armas.

En el Instituto Tricontinental de Investigación Social, amplificamos las vidas y las voces de personas que construyen un mundo de esperanza contra el miedo, un mundo de amor contra el odio. Una de esas personas es Nela Martínez Espinosa (1912-2004), el eje del tercer estudio de nuestra serie Mujeres de Lucha, Mujeres en Lucha. Nela, como la llamamos, fue una figura destacada en el Partido Comunista de Ecuador y una constructora de organizaciones que infundieron confianza a las masas, entre las que encontramos frentes antifascistas y alianzas de mujeres, federaciones indígenas y plataformas de defensa de la Revolución Cubana. En 1944, durante la revolución conocida como “la Gloriosa”, Nela dirigió brevemente el gobierno. A lo largo de su vida, trabajó incansablemente para construir las bases de un mundo mejor.

En 2000, como presidenta del Frente Continental de Mujeres por la Paz y contra la Intervención, Nela luchó contra la creación de una base militar estadounidense en la ciudad de Manta. “La colonización regresa», dijo Nela. “¿Cómo saldremos de esta colonización? ¿Cómo justificarnos ante nuestra cobardía?”.

Esta última pregunta se cierne sobre nosotros. No queremos vivir en un mundo dividido. Debemos actuar para evitar que descienda el telón de acero. Debemos luchar contra nuestro miedo. Debemos luchar por un mundo sin muros.

Fuente: https://thetricontinental.org/es/newsletterissue/ucrania-3/

Fuente de la Información: https://rebelion.org/no-queremos-un-planeta-dividido-queremos-un-mundo-sin-muros/

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Debate en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: Conocimiento indígena y recursos genéticos, apropiados indebidamente por grandes corporaciones y Estados

Por Genaro Bautista

Necesario nombrar Custodios Indígenas de Recursos Genéticos. Conocimientos tangibles e intangibles indígenas representan un soporte vital social. Pandemia y falta de conectividad obstáculos para avanzar en negociaciones.

Después de dos décadas de negociaciones, este año se espera acelerar los acuerdos del Instrumento Jurídico Internacional sobre Conocimientos Tradicionales, Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Durante la 42 sesión del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, celebrada del 28 de febrero al 4 de marzo de 2022, la representación indígena, manifestó su confianza para que, después de dos décadas de negociación, ahora sobre Recursos Genéticos, se tenga un instrumento final vinculante y piden revivir el espíritu de compromiso que embargó la CIG 36, para que cualquier compromiso sea respetuoso con los derechos de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales.

Los representantes de pueblos indígenas recordaron que el motivo de estas negociaciones se centra en la apropiación indebida del conocimiento tradicional indígena por parte del capital global y a expensas de los pueblos indígenas.

Por ello, afirman, “cualquier instrumento que surja de estas negociaciones debe tener como objetivo la protección de los derechos indígenas, y no limitarlos en función de los intereses de Corporaciones y Estados que han violado persistentemente los derechos de las sociedades originarias”.

Fue una Jornada intensa, donde la habilidad del Caucus Indígena, permitió pequeños pero significativos avances del Instrumento, con el respaldo de países de Abya Yala, África, Asia, Suiza y otros países de la Unión Europea.

Aunque las negociaciones fueron complejas, se tiene la simpatía de nombrar a los Custodios Indígenas de los Recursos Genéticos, buscando que exista el observatorio permanente para identificar los riesgos y saqueos de que sean objeto.

Durante la inauguración, Cacique Phillips, representante indígena de Canadá, en nombre del Caucus indígena fue muy claro al afirmar que no aceptarán nada por debajo de lo ya establecido, tanto en el Convenio 169 de la OIT, como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).

Así, señalaron que el texto presentado por el Presidente del CIG Ian Goss, debe incluir protecciones más fuertes de los derechos de los pueblos indígenas.

“Nos referimos, indicaron, en las reparaciones para el robo y la apropiación indebida de Recursos Genéticos (RR.GG) y Conocimientos Tradicionales (CC.TT) tanto pasados como actuales”.

De igual forma respaldaron la incorporación en el Instrumento Jurídico Internacional, del requisito obligatorio de divulgación del origen, con bases de datos como medida complementaria. Y sostuvieron que la publicación o inclusión de conocimientos tradicionales asociados a RR.GG. en las bases de datos “no coloca dichos conocimientos en el dominio público”.

La divulgación obligatoria contó con el apoyo de la mayoría de los Estados, con la excepción de Estados Unidos y Japón.

Los pueblos indígenas han dejado claro que los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos son instrumentos técnicos, tangibles e intangibles cuya existencia y uso representan un soporte vital social, económico y cultural para los portadores. Con este fin, las medidas de protección y participación en los beneficios en caso de divulgación obligatoria y necesaria en aras del interés público sólo deben autorizarse en el marco de una nueva instancia internacional y vinculante que respeten los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Estas disposiciones, señalaron, son fundamentales para evitar las apropiaciones indebidas y las violaciones de los derechos.

El Caucus Indígena afirma que sus pueblos se ven gravemente afectados por las múltiples crisis complejas, como las derivadas del cambio climático a las que ahora se suma el COVID-19, mientras que la bancada indígena recuerda que el Desarrollo Sostenible se define como «desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias «.

Como tal, y en el marco de los compromisos de los Estados para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030, la satisfacción de los derechos culturales, económicos, religiosos y políticos de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales es una obligación como todas las demás cuestiones de derechos humanos.

Durante este período de sesiones, nos hemos acercado a un acuerdo sobre cuestiones fundamentales para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, en particular la inclusión en el texto de requisitos obligatorios de divulgación del origen.

Un aspecto fundamental y que exige atención es que parte de la dificultad para incidir en las negociaciones en la OMPI se dio con las restricciones de COVID y la posibilidad de participar en línea por la escasez de tecnologías en sus pueblos y comunidades.

Por ejemplo, para este CIG 42 algunos representantes indígenas se vieron obligados a viajar más de 1,000 kilómetros para obtener una conexión estable a Internet.

En diferentes momentos, las delegaciones, informaron que las numerosas consecuencias negativas que han sufrido los Pueblos Indígenas por la pandemia están documentadas en el Informe del Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de julio de 2020 [1].  Y en ese punto expusieron que debido a la pandemia y la falta de infraestructura de banda ancha en sus comunidades, entre otros obstáculos, se enfrentan a limitaciones graves al momento de participar en estas negociaciones.

Y remarcaron que, si bien estas negociaciones se interrumpieron por el COVID 19, la apropiación indebida y la explotación de los CC.TT., las ECT y los RR.GG. han continuado y se ha ignorado el requisito de consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas.

Reafirmaron la responsabilidad de los Pueblos Indígenas, tal como “nos lo ha concedido el Creador”, de proteger la herencia cultural, tierras tradicionales y recursos. Esto incluye proteger la biodiversidad del mundo y la protección de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados de los Pueblos Indígenas.

Esto mismo fue subrayado en la Clausura del CIG 42 el pasado 4 de marzo y que será parte de los avances en las negociaciones del CIG 43 prevista para finales de mayo de 2022.

Nota:

[1] Disponible en A/75/185 – E – A/75/185 -Desktop (undocs.org).

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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Palestina: Israel busca acabar con la autonomía de las universidades palestinas

Israel busca acabar con la autonomía de las universidades palestinas

srael está tratando de restringir el derecho de los palestinos a la educación y socavar la libertad académica y la autonomía de las universidades palestinas, dice un informe.

Funcionarios de la Universidad de Birzeit (BZU), ubicada en la Cisjordania ocupada, dijeron que la universidad rechazó el intento más reciente del régimen de Tel Aviv de limitar el derecho fundamental de los palestinos a la educación, informó el domingo la agencia oficial de noticias Wafa.

Según una orden militar israelí titulada “Procedimiento para la entrada y residencia de extranjeros en la región de Judea y Samaria”, que entrará en vigor en mayo, se otorgarán inmensos poderes al ejército israelí para aislar las universidades palestinas del mundo exterior y determinar el curso futuro de la educación superior palestina.

“La nueva directiva otorga al ejército israelí el derecho absoluto de seleccionar qué profesores, investigadores académicos y estudiantes internacionales pueden estar presentes en las universidades palestinas, así como imponer sus propios criterios arbitrarios sobre qué campos de estudio están permitidos y qué cualificaciones son aceptables”, dijo el BZU en un comunicado publicado por Wafa.

La universidad pública dijo que la nueva directiva requiere que cada solicitante “se someta a un interrogatorio en una misión diplomática israelí en el país de origen, mientras impone fuertes tasas monetarias a los seleccionados para ingresar. Además, la directiva establece un límite bajo en el número de profesores y estudiantes extranjeros (100 y 150 por año, respectivamente) y limita la duración del empleo a cinco años no consecutivos, negando así la contratación sostenible y la promoción de profesores”.

“En consecuencia, algunos profesores y estudiantes actuales que no tienen permisos de residencia pueden verse obligados a irse y los programas académicos se enfrentan a la incapacidad de reclutar nuevos empleados y realizar investigaciones e intercambios académicos en colaboración con otras universidades. En pocas palabras, la directiva pone a las universidades palestinas bajo asedio y las despoja del control básico sobre sus decisiones académicas”.

La declaración denunció la orden como un “ataque” lanzado por el régimen contra el derecho de los palestinos a la educación y la libertad académica.

“Los estudiantes, profesores y empleados de la Universidad de Birzeit han sufrido durante décadas bajo una incesante campaña militar israelí que incluye cierres forzosos, incursiones en los campus, intimidación y encarcelamientos. Tales acciones son inseparables del sistema racista, de apartheid y persecución, que niega al pueblo palestino sus derechos más fundamentales, incluida la libertad de expresión y la búsqueda del avance y el desarrollo científicos”.

El BZU instó a todas las organizaciones académicas y de derechos humanos a rechazar tales procedimientos, exigiendo que los gobiernos de todo el mundo responsabilicen a “Israel” por la clara violación del derecho internacional, incluida la Cuarta Convención de Ginebra (1949), el derecho a la educación consagrado en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y el Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).

La universidad describió la situación actual como peligrosa para el futuro de la educación superior palestina y, al mismo tiempo, pidió la unidad para lograr “justicia, libertad e igualdad”.

“Apoya nuestros esfuerzos para defender el derecho del pueblo palestino a la educación, libre de coacción, intervención y persecución política. Trabaja con nosotros para romper el cerco que estas normas imponen a Birzeit y otras universidades palestinas. Acepta nuestra invitación a enseñar y aprender en Palestina. Ayúdanos a ejercer nuestro derecho básico a la educación y a preservar la autonomía institucional que hemos construido durante décadas a pesar de todos los obstáculos”, dijo la universidad en su comunicado.

Fundada en 1975, la BZU ofrece programas de pregrado y posgrado en tecnología de la información, ingeniería, ciencias, política social, artes, derecho, enfermería, farmacia, ciencias de la salud, economía y administración a través de sus nueve facultades. Se encuentra en Birzeit, cerca de Ramalá.

Source: WAFA

Fuente: https://spanish.almanar.com.lb/597500

Fuente de la Información: https://rebelion.org/israel-busca-acabar-con-la-autonomia-de-las-universidades-palestinas/

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