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Perú / Bolivia: Histórico reconocimiento del lago Titicaca como sujeto de derechos

Histórico reconocimiento del lago Titicaca como sujeto de derechos

La Región de Puno (Perú) aprobó una ordenanza que declara como sujeto de derechos al Lago Titicaca y estableció la participación indígena en el organismo nacional de gestión de la cuenca. La medida fue impulsada por mujeres aymaras y quechuas ante el avance de la contaminación de las aguas y el perjuicio que esto genera para su cosmovisión y la producción campesina indígena.

El Consejo Regional de Puno (Perú) reconoció al Lago Titicaca como «sujeto de derechos», estableció el derecho a la participación indígena en la gestión de esa cuenca hídrica y el valor espiritual del lago. El Titicaca es el espejo de agua dulce más grande de Sudamérica y el más alto de los grandes lagos del mundo. La resolución que declara sus derechos fue impulsada por la Organización de Mujeres Aymaras y Quechuas Unidas por la Defensa del Agua y del Lago Titicaca de Puno. Su presidenta, Soraya Poma Cotrado, explica: “Como mujeres indígenas y campesinas el lago es nuestra ‘Qhuta mamá’ (madre lago), es vida y por eso hemos luchado”.

El Titicaca se ubica a 3810 metros sobre el nivel del mar, entre Perú y Bolivia, y cuenta con una superficie de 3300 kilómetros cuadrados. Es una enorme reserva de abastecimiento hídrico y cuna de saberes ancestrales de los pueblos indígenas andinos. Forma parte del sistema hídrico más grande de la región, conformado por el Titicaca y los ríos Desaguadero, Poopó y Salares. Poma Cotrado relata que la sanción de la ordenanza no fue fácil. El punto que generó más controversia fue el Artículo 5.

“Ese artículo indicaba que las organizaciones y comunidades campesinas e indígenas íbamos a estar integradas en la participación. Fue una lucha, hemos tenido varias reuniones con las autoridades. Hemos hecho entender cuán importante es el Lago Titicaca, cómo deberíamos valorarlo y protegerlo”, puntualiza. La agrupación tiene bases en las trece provincias de la región Puno. En 2024 comenzaron el proceso de elaboración de la ordenanza y de incidencia política para su aprobación.

El 24 de abril, el órgano legislativo de Puno resolvió declarar “de preferente interés regional el reconocimiento del Lago Titicaca y sus afluentes como sujeto de derecho, con personalidad jurídica propia, garantizando su protección integral para la preservación de su equilibrio ecológico, biodiversidad y valores culturales, sociales y espirituales de los pueblos indígenas circundantes, comunidades locales y organizaciones vinculadas a su gestión y conservación en la región”.

Puno, la región que tiene jurisdicción sobre el Titicaca, reconoció también con la ordenanza que el lago tiene derecho a su existenciay al mantenimiento de su integridad ecológica, a la regeneración natural de sus ciclos hidrológicos y biodiversidad, a estar libre de contaminación y de actividades que alteren su estado natural, a ser restaurado en caso de afectación ambiental y a ser representado por entidades que velen por su protección y conservación.

La ordenanza reconoce al Gobierno Regional de Puno, a los pueblos indígenas circundantes y comunidades locales como guardianes y representantes del lago, asegurando un mecanismo de representación equitativo y con enfoque de género. Establece que las decisiones administrativas que afecten al Lago deberán someterse a consulta previa a los pueblos originarios, según lo establece el Convenio 169 de la OIT. La misma norma admite que “el reconocimiento de estos derechos se basa en el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y en los principios de la justicia ambiental”.

Saldar una deuda histórica con los pueblos indígenas

Julio César Mejía Tapia es director del Instituto de Derecho, Participación Social y Medioambiente en Puno y asesor jurídico de la organización de mujeres indígenas que impulsó la ordenanza. Explicó a Tierra Viva que, tras la sanción, resta que el gobierno de Puno promulgue la ordenanza. Luego, tendrán 120 días para elaborar el reglamento que haga operativos los derechos reconocidos.

Sobre los aspectos técnicos, detalló: “Hemos hecho un diagnóstico y establecido los derechos que le corresponden al lago Titicaca, con la idea de descontaminarlo, conservarlo, protegerlo e involucrar a los pueblos originarios circundantes y a las organizaciones representativas que tengan como finalidad, protegerlo y cuidarlo”. Con esta ordenanza, la Región Puno se compromete a incorporar los valores y conocimientos ancestrales en las políticas y estrategias de conservación.

“En la fase de reglamentación se establecerán cuáles serán las sanciones para quienes contaminen y la participación de los pueblos originarios en el Consejo de Cuenca de la región Puno, dependiente de la Autoridad Nacional del Agua”, precisó.

Informó que en el lado boliviano también se está tramitando una ordenanza similar. Poma Cotrado comentó que, como mujeres indígenas peruanas, se encuentran trabajando con lideresas bolivianas en ese sentido.

Para Mejía Tapia este paso significa pagar “la deuda histórica que tienen los Estados latinoamericanos, como el peruano, con sus pueblos originarios porque está recogiendo o pretende recoger sus saberes ancestrales. Los pueblos originarios tienen una relación espiritual y cultural con la Pachamama y con las fuentes de agua. Esta ordenanza es parte de esto: de intentar saldar esta deuda histórica a través de recoger su sabiduría y su participación en la gestión estatal. Recoge otra forma de pensar, otra forma de hacer la gestión, otra mirada que es la que siempre han tenido los pueblos indígenas, tener una relación no solo económica, sino una relación más cercana con la naturaleza”.

Agua contaminada y salud en peligro

Estudios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) realizados en los últimos años concluyeron que existe una alta contaminación en el río Torococha, al contener sustancias tóxicas que sobrepasan los valores regulados por los estándares de calidad ambiental para el agua. Esto convierte al río, cuyas corrientes se unen con el Coata y desemboca en el lago Titicaca, en un peligro para la salud de las personas que habitan en las riberas.

Otro Informe técnico de la ANA advirtió la presencia de 15 fuentes contaminantes en el río Coata. Cuatro de ellas son aguas residuales de la minería y las demás son puntos de aguas servidas. El documento, además, indica altas concentraciones de metales, como manganeso, plomo, talio y zinc, y la presencia de coliformes fecales, provenientes del vertimiento de aguas residuales en las ciudades de Vilavila y Juliaca.

“En Perú, aunque existen normas contra la contaminación, el Titicaca sigue recibiendo desechos mineros e industriales porque, jurídicamente, no tiene quién lo defienda”, sostuvo Mejía Tapia. Además, precisó: “Hay presencia de minería artesanal no identificada y actividad minera que debe inventariar la contaminación. Está probado que la contaminación existe pero hay un déficit de parte del Estado de identificar las fuentes contaminantes”.En 2024, la Sala Civil de Juliaca ratificó el fallo del Segundo Juzgado Civil de Juliaca (emitido en setiembre de 2023), que responsabiliza al gobierno Regional de Puno, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Puno, la Municipalidad Provincial de San Román, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento del distrito de Juliaca (SEDA-Juliaca) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por las condiciones insalubres e indignas que viven los pobladores de los distritos de Coata, Huata, Capachica y Caracoto, al estar expuestos a la contaminación ambiental del río Torococha, la cuenca Coata y el lago Titicaca.

“La Qhuta mamá es nuestra doncellita y está muy enferma”, dice Poma Cotrado. En la cosmovisión indígena el lago se comunica con los cerros y en sus riberas crece “qhuta t’aurapa” (lana del lago) que les indica cuándo habrá buena cosecha. Cuando sus aguas se oscurecen, indica que habrá lluvia.

Las familias de la zona cultivan papa, cebada, quinoa y trigo. “Por la contaminación, el sabor de lo que cultivamos ya no es el mismo. Hay personas enfermas con metales pesados en su sangre. Esperamos que las autoridades competentes tomen conciencia. La isla de Uros, que está en medio del lago se ve para el turismo, pero desde allí tiran afluentes al lago”, lamenta la presidenta de la agrupación.

Precedentes jurídicos

En Perú, debido al reclamo de las mujeres del Pueblo Kukama, el Juzgado Mixto de Nauta marcó un precedente en 2022 al reconocer la importancia de los cuerpos de agua y la necesidad de mecanismos de protección efectiva, en ese caso para el río Marañón. Este reconocimiento fue un precedente significativo, en tanto adoptó un paradigma ecocéntrico en la gestión de la cuenca, garantizando su preservación a largo plazo y su restauración frente a amenazas ambientales. Además incluye la participación de las comunidades locales.

En 2008, Ecuador reconoció en su Constitución (artículo 71) que la “Pachamama” —la Madre Tierra— tiene derecho a existir, mantenerse y regenerarse. En 2010 Bolivia aprobó la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra, declarando a la naturaleza como “sujeto colectivo de interés público”. Esta ley no protege ríos y bosques por su valor económico, sino por su valor sagrado en las cosmovisiones indígenas.

En 2016, la Corte Constitucional de Colombia reconoció al Río Atrato como sujeto de derechos, en respuesta a la minería ilegal que lo devastaba. Un paso similar dio Ecuador en 2024 con el Río Machángara. En 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-23, afirmó que el medio ambiente es un derecho autónomo, que merece protección por sí mismo, no solo por su utilidad para los humanos.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/historico-declaran-sujeto-de-derechos-al-lago-titicaca-en-peru/

Fuente de la Información: https://rebelion.org/historico-reconocimiento-del-lago-titicaca-como-sujeto-de-derechos/

 

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Israel toma el 50% de Gaza para expandir su «zona de seguridad» mientras elimina del mapa las áreas humanitarias

Israel toma el 50% de Gaza para expandir su «zona de seguridad» mientras elimina del mapa las áreas humanitarias

Desde que Benjamin Netanyahu puso fin al alto el fuego en Gaza el pasado 18 de marzo, Israel ha duplicado la extensión de la “zona de contención militar” junto a todo el perímetro del enclave palestino bajo el pretexto de aumentar la seguridad de las comunidades israelíes fronterizas. Mientras arrincona a la población local en […]

Desde que Benjamin Netanyahu puso fin al alto el fuego en Gaza el pasado 18 de marzo, Israel ha duplicado la extensión de la “zona de contención militar” junto a todo el perímetro del enclave palestino bajo el pretexto de aumentar la seguridad de las comunidades israelíes fronterizas. Mientras arrincona a la población local en un territorio cada vez más pequeño, arrasado y bajo un asedio medieval desde hace 55 días, el Ejército ha eliminado progresivamente de sus mapas las zonas humanitarias.

Según datos de la ONU, estas “zonas prohibidas” que ha declarado y tomado Israel con un nuevo despliegue de tropas a lo largo de todo el perímetro ocupan ya el 50% del total del territorio gazatí que, junto con las órdenes de evacuación emitidas durante el último mes, suman un 69% del total del enclave palestino. “La naturaleza y el alcance de las órdenes de evacuación suscitan serias dudas de que Israel pretende expulsar permanentemente a la población civil de estas zonas para crear una ‘zona tapón’”, ha denunciado la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

El ministro de Defensa de Netanyahu, Israel Katz, no ha escondido sus intenciones y asegura que “a diferencia del pasado”, esta vez “las Fuerzas de Defensa de Israel no evacuarán las zonas que han sido limpiadas y tomadas” una vez acabe la guerra. Según las cifras publicadas por el Ejército de Israel, las tropas controlan el 30% del enclave palestino.

“Israel ha ampliado la zona colchón, ocupando más territorio en Gaza. Esto parece ser una forma de presión sobre Hamás y Gaza por ahora”, dice a elDiario.es Nasser Khdour, investigador de Oriente Medio de ACLED (Armed Conflict Location & Event Data). “Si en el futuro se llega a un acuerdo permanente con Hamás, Israel podría retirarse de partes de la zona colchón recién establecida y de las zonas pobladas, pero es poco probable que se retire totalmente de toda Gaza, su objetivo sería establecer una zona colchón permanente dentro de Gaza, similar a sus políticas en Líbano y Siria”.

“Para empezar, no se trata de una nueva ocupación, ya que, legalmente hablando, Gaza ya se considera un territorio ocupado. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) lo afirmó claramente en su opinión consultiva sobre la ilegalidad de la presencia de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados”, explica a elDiario.es Sonia Boulos, profesora palestino-israelí en la Universidad Antonio de Nebrija experta en derecho internacional.

“Lo que presenciamos aquí es el primer paso en la ejecución del plan de limpieza étnica de los palestinos de Gaza. La limpieza étnica es un crimen de lesa humanidad; el traslado forzoso de civiles también es un crimen de guerra. Lo sorprendente es que el Gobierno de Israel le diga al mundo claramente lo que pretende hacer”, dice Boulos. “Todo el objetivo de confinar a los palestinos de Gaza en un pequeño territorio es obligarlos a irse. Israel y sus aliados pueden llamar a esto migración, desplazamiento voluntario o como quieran; esto no cambiará la verdad, y esa verdad es que la destrucción apocalíptica de Gaza, hasta el punto de que ya no es habitable, pretende obligar a la población civil a abandonarla. Esto tiene un nombre: limpieza étnica”, añade.

“Nuestra misión era volar cosas por los aires”

Desde el inicio de la guerra de castigo en octubre de 2023, Israel ha hecho un esfuerzo por arrasar y destruir todo rastro de vida levantado en la ‘zona tapón’. “Lo que decían en la sala de operaciones en noviembre [de 2023] es que se esperaba que la guerra durase un año y que sería como Judea y Samaria [Cisjordania]. Hablaban del perímetro en el norte, que íbamos a conquistar un área que quedaría limpia de todo y que sería una zona de contención entre Israel y Gaza”, revela en un informe de la ONG israelí Breaking the Silence un comandante de la División del Norte de Gaza desplegado al inicio de la ofensiva.

“Lo que ocurrió en Ikhzaa, que nunca había visto antes, es que recibes una misión para limpiar hasta la línea de 800 metros desde la valla fronteriza, es decir, no debe haber estructuras en Khirbat Ikhzaa”, relata un sargento desplegado meses después en la zona de Jan Yunis. “Las excepciones a esto fueron la escuela de la UNRWA y alguna otra pequeña instalación de agua. Cuando hay que volar algo, estás acostumbrado a tener un kit de explosivos y luego vienen los ingenieros y lo vuelan, pero ya no nos quedaban [explosivos], [así que] lo hacíamos con minas. Grandes minas lapa oxidadas que dios sabe dónde estaban almacenadas. Básicamente, nuestra misión principal era volar cosas por los aires, estoy hablando de hasta cientos de edificios”.

Tras expulsar a toda la población y dejar prácticamente vacía la ciudad de Rafah, en el extremo sur de la Franja, con sus operaciones desde la ruptura del alto el fuego en marzo, Israel se está preparando para incluir toda la urbe, que ocupa un 20% del territorio total de la Franja, en zona de contención, según ha informado el periódico Haaretz, citando a varias fuentes de Defensa. Se trata de un nuevo paso en sus planes y las autoridades aún tienen que decidir si simplemente impiden la entrada a la zona a todos los civiles o si limpiarán y destruirán todos los edificios, borrando del mapa una ciudad entera, informa el periódico israelí.

Después de que la cadena CNN recopilara múltiples testimonios sobre la destrucción de infraestructura civil en la zona de contención, las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron a esta cadena estadounidense que han establecido “una amplia presencia militar en la zona de seguridad adyacente a Israel” y que la consideran un “componente vital” para prevenir otro ataque como el del 7 de octubre de 2023. “Estas acciones son esenciales para impedir a Hamás y otras organizaciones terroristas operar en la zona al tiempo que garantiza la seguridad de las fuerzas israelíes y sus comunidades”.

Desaparecen las zonas humanitarias

Mientras esto ocurre, y los soldados desplazan a los gazatíes a un terreno cada vez más pequeño, en el que también son bombardeados, el Ejército de Israel ha ido eliminando de sus mapas y comunicados toda referencia a las denominadas áreas humanitarias, en las que se podía supuestamente refugiar la población civil, según ha revelado The Guardian.

Israel designó una pequeña franja de tierra en el sur de Gaza como “zona humanitaria” en diciembre de 2023. El pasado mes de mayo esa zona se expandió para incluir las poblaciones de Jan Yunis, Deir al Balah y Al Mawasi. Hasta enero, esa zona estaba delimitada en los mapas que publicaba el Ejército online y que su fuerza aérea lanzaba desde sobre la población civil. Sin embargo, eso ha cambiado desde que Netanyahu rompió el alto el fuego.

“Al Mawasi no está definida actualmente como zona segura y las zonas de evacuación cambian de acuerdo con las operaciones del Ejército”, respondían las Fuerzas Armadas a The Guardian. El periódico británico recuerda que miles de personas siguen huyendo hacia Al Mawasi pensando que es una zona protegida, pero la ONU señala que ha sido blanco de 23 bombardeos desde que terminó el alto el fuego. “Las imágenes de niños ardiendo mientras se refugian en tiendas nos deberían remover por dentro”, decía la semana pasada la directora ejecutiva de UNICEF tras un ataque con misiles a uno de los campos de refugiados en Al Mawasi.

Cuando el área humanitaria estaba bien delimitada y anunciada, tampoco estuvo a salvo de los ataques israelíes. Una investigación de la BBC identificó un total de 97 ataques en este territorio entre mayo de 2024 y enero de 2025, los cuales dejaron 550 muertos.

Khdour explica que desde que Israel rompió el acuerdo de alto el fuego “las operaciones del ejército de Israel se han centrado en aumentar la presión gradual sobre Hamás y la población de Gaza para forzar a Hamás a entregar el control de la Franja, desarmarse y liberar a los rehenes”. “Hamás es mucho más débil que al principio de la guerra. Ha perdido una parte sustancial de su fuerza de combate, el descontento entre la población de Gaza va en aumento y los aliados regionales de Hamás le prestan mucho menos apoyo. Aunque Hamás sigue lanzando algunos ataques contra las IDF durante las operaciones actuales, está evitando en gran medida los enfrentamientos directos”, añade.

“La única razón por la que Israel puede anunciar públicamente sus planes de limpieza étnica de Gaza es porque sigue gozando de impunidad, incluso tras la indicación de una serie de medidas provisionales en el caso presentado por Sudáfrica acusando a Israel de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, así como la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que declaró a Israel en violación de un principio clave del derecho internacional”, sostiene Boulos.

“Los palestinos no necesitan el reconocimiento de un Estado ficticio, sino el reconocimiento de su derecho a la autodeterminación, como lo ha destacado la CIJ. Para ejercer este derecho, primero necesitan existir físicamente y luego como una comunidad política con dignidad y derecho a la seguridad, al florecimiento y al disfrute de sus recursos naturales. Los habitantes de Gaza no luchan por su supervivencia, sino por la supervivencia de los principios morales y jurídicos básicos de que todos los pueblos tienen igual dignidad y de que la dominación y la explotación son una ignominia para la humanidad”, concluye la profesora.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacional/israel-toma-50-gaza-expandir-zona-seguridad-elimina-mapa-areas-humanitarias_1_12247527.html

Fuente de la Información:  https://rebelion.org/israel-toma-el-50-de-gaza-para-expandir-su-zona-de-seguridad-mientras-elimina-del-mapa-las-areas-humanitarias/

 

 

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España: Sobre las movilizaciones del 5 de abril contra el negocio de la vivienda, y por salarios y pensiones dignas

Sobre las movilizaciones del 5 de abril contra el negocio de la vivienda, y por salarios y pensiones dignas

El 5 de abril salimos a la calle a favor de salarios y pensiones mínimas dignas, lo que servirá también para fortalecer el movimiento por la vivienda y generar nuevas condiciones para tejer alianzas.

La lucha contra el negocio de la vivienda tomará las calles en decenas de ciudades del Estado español este 5 de abril. Bajo la iniciativa de los sindicatos de inquilinas y marcada por las Huelgas de Alquiler como estrategia para promover una bajada de precios, el movimiento de vivienda en el Estado va creciendo en capacidad de organización y lucha.

Desde el sindicato LAB, hemos venido apoyando y aprendiendo junto con las compañeras de los sindicatos de inquilinas, problematizando el papel del rentismo y la crisis habitacional así como reflexionando y repensando nuestra práctica socio sindical para poder ofrecerle a la clase trabajadora de Euskal Herria una herramienta de organización y lucha eficaz también en este ámbito.

En este camino, desde LAB hemos participado en conflictos concretos liderados por otros agentes del incipiente movimiento de vivienda de Euskal Herria, hemos realizado análisis y propuestas propias y confluido en movilizaciones más generales como la del pasado 14 de diciembre. Pero sobre todo, hemos tratado de asumir la tarea de crear espacios organizativos y de lucha desde los que articular un sindicalismo de clase y de contrapoder.

Lo decíamos a principios del 2025, LAB cuenta hoy con asambleas de vivienda en su seno, organizadas en el territorio y en las que realiza asesoría colectiva y diseña su intervención sindical. Ya hemos paralizado desahucios, logrado prorrogar contratos de alquiler en condiciones más favorables y celebrado las primeras victorias.

La crisis habitacional se caracteriza por hacer de la vivienda un producto de inversión que tiene un papel cada vez más central en la economía y por el desarrollo de unas políticas públicas destinadas a garantizar la vivienda como mercancía. Esta tendencia global tiene su proceso y expresión concreta en cada territorio. Por lo que la forma de hacerle frente debe partir de esta premisa.

Cuando decimos que en Hego Euskal Herria se repite el guión, que si no hacemos nada esta crisis nos pasa por encima y que el acceso a la vivienda es un elemento central en el empobrecimiento del conjunto de la clase trabajadora vasca -que impacta más directamente sobre los cuerpos y vidas de mujeres*, personas migradas y/o racializadas o jóvenes- también tenemos claro que la realidad es bien distinta a la del conjunto del Estado. Y principalmente, creemos que lo es por dos motivos:

El primero es que si bien es cierto que tanto en la CAV como en la CFN las políticas de vivienda se han venido desarrollando desde una lógica neoliberal en la que se prima el negocio a su función social, no podemos obviar que el parque público de vivienda es el mayor del Estado, que existe una ley que reconoce el derecho subjetivo en la CAV desde el 2015 o que Nafarroa será en el conjunto del Estado la segunda comunidad en declarar prácticamente el territorio entero como Zona Tensionada. Tampoco el sistema de prestaciones sociales es el de Madrid.

No seremos nosotras quienes defendamos como la panacea esta arquitectura política, ni mucho menos. Pero negar que gracias a una correlación de fuerzas diferente a la del Estado, la clase trabajadora vasca viene disputando durante décadas el reparto de la riqueza y a obligado a que se desarrollen políticas sociales- también política de vivienda- más favorable a los sectores populares es no reconocer todas y cada una de las victorias (parciales) de la clase trabajadora y los sectores populares, y sobre todo, es no ajustarse a la realidad que vivimos.

Del mismo modo, afirmamos rotundamente que lo que en el pasado podía servir de bálsamo para grandes sectores sociales, hoy en día ya no sirve ni para eso. El acceso a la vivienda en Hego Euskal Herria se complica y empobrece a cada vez más gente.

Actualmente, son más de 100.000 personas demandantes de vivienda pública en la CAV y 20.000 en Nafarroa. La mayoría ya vive de alquiler pero el esfuerzo económico que debe realizar actualmente es inasumible. Se ha roto la falsa promesa neoliberal en la que el alquiler era una fase transitoria hacia la supuestamente necesaria vivienda en propiedad; el colchón familiar cada vez es más necesario para adquirir una vivienda y el presupuesto de programas como Gaztelagun y Emantzipa se triplica cada año, augurando un política pública de prestaciones que no es sostenible a largo plazo. Transferir dinero público directamente a manos de los arrendadores sin ninguna medida de protección a inquilinas es una política que solo logrará mantener los precios al alza y realizar esfuerzo público en la dirección equivocada. Una dirección errónea en la que se profundiza con deducciones y todo tipo de beneficios fiscales para propietarios.

El proceso de turistificación que viven nuestras ciudades y todo el litoral del País está generando que la crisis de vivienda avance a la vez que se extienden condiciones laborales cada vez más precarias y desreguladas. Esta realidad como la apuesta por la denominada vivienda asequible, que más allá de responder a las características socio-económicas de las personas demandantes de vivienda pública es la oferta a promotores inmobiliarios para promover construcción más rentable, son a día de hoy debates y líneas de actuación donde pensamos que es necesario crear conflicto. Lo mismo, por ejemplo, que la intención de rebajar la proporción de vivienda pública en la Ley del Suelo de la CAV.

A nuestro entender, en nuestro contexto, dar la batalla frente a las políticas públicas vigentes es totalmente necesario. Esa fase aquí no está agotada y hay luchas por hacer y victorias por lograr.

Eso sí. Sabemos que la interpelación política, por mucho que pueda generar avances y medidas concretas, no va a ser suficientes. Cambiar el modelo actual, sobre todo y ante todo, necesita de politización, activación popular, organización y lucha.

Organización y lucha frente a un sistema rentista que abre la puerta a grandes propietarios para que hagan negocio con nuestros hogares, que genera un sentido común que defiende que es legítimo extraer la plusvalía de quien está en una posición más desfavorable para mantener su posición social. Hace falta organización y lucha para politizar, ganar poder de negociación en conflictos concretos y generar nuevas herramientas de presión como las huelgas de alquileres. Debemos construir, sobre todo, para crear poder. Poder con el que situar la vida y los intereses de la clase trabajadora en el centro.

Y esto, no lo podemos hacer solas. Esa es la segunda realidad concreta. Compartimos el análisis de parte del movimiento de vivienda cuando afirma que estamos en el inicio del movimiento. Ese inicio, en nuestra opinión, debe además de constituirse en el entorno del que es parte: junto, entre otros, a un Movimiento Feminista capaz de organizar una Huelga Feminista General, un Movimiento de Pensionistas inquebrantable que tras victorias y alguna derrota lleva recogidas más de 90.000 firmás para una ILP que garantice unas pensiones mínimás dignas o una realidad sindical en la que la confrontación y el contrapoder son hegemónicos en sus planteamientos y en la que el segundo sindicato del País, de manera humilde pero con determinación, decide ser un agente activo y directo en el conflicto de la vivienda.

Es esta realidad la que marca agenda y debate, con la que se pueden -y creemos, se deben- generar alianzas para ganar posiciones, crear estructuras estables y politizar y organizar a más gente. Y el ejemplo más claro es el propio 5 de abril, en el que mientras en el Estado se llenarán las calles bajo la reivindicación de acabar con el negocio de la vivienda (a las que si no ha quedado claro, mostramos nuestro más sincero apoyo) en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria se convocan movilizaciones por unos salarios y unas pensiones mínimás dignas, suficientes y para todas. Ser ajeno a esta realidad, en nuestra opinión es una estrategia igual de legítima que inoperante en términos políticos.

Las movilizaciones de este 5 de abril nacen de una lucha iniciada allá por el 2020 bajo una convocatoria de Huelga General en Hego Euskal Herria, en las que entre otras se reivindicaban salarios, pensiones y vidas dignas. Una convocatoria en clave ofensiva, que si bien la realidad del Covid 19 detuvo, las relaciones y alianzas se transformaron, han generado una posibilidad real para que se logren las reivindicaciones históricas de un Salario Mínimo Interprofesional y un complemento de pensión propios que se adecuen a la realidad social, económica y política de aquí. No podemos permitirnos abandonar esta batalla que es central y golpea de lleno a las estructuras del Capital beneficiando las condiciones de vida del conjunto de la clase trabajadora vasca.

El 5 de abril salimos a la calle a favor de salarios y pensiones mínimas dignas. Sin duda, estas movilizaciones servirán también para que el movimiento por la vivienda siga fortaleciéndose y genere nuevas condiciones para que las luchas sociales y sindicales de Euskal Herria continúen tejiendo alianzas y puntos en común con el fin de ofrecerle a la clase trabajadora vasca y sus sectores populares unas vidas dignas en estos tiempos que corren. Nos vemos en las manis.

Gloria Nieves del Olmo, Ritxar Astegieta Arrieta, Raquel Montero Alvaro, Juan Luis Hernández Zubero y Endika Pérez Gómez, militantes de las asambleas de vivienda del sindicato LAB.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/opinion/5-abril-negocio-vivienda-un-salario-pensiones-dignas

Fuente de la Información: https://rebelion.org/sobre-las-movilizaciones-del-5-de-abril-contra-el-negocio-de-la-vivienda-y-por-salarios-y-pensiones-dignas/

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África: Negro horizonte para los derechos humanos del pueblo saharaui

Negro horizonte para los derechos humanos del pueblo saharaui

 

Los supersticiosos tienen por bueno el refrán “año bisiesto año siniestro”. Para fundamentar ese mal fario echan mano de la historia y en ella pueden encontrarse numerosos desastres que ocurrieron en años con 366 días. A modo de ejemplo se puede citar la obsesión de Napoleón en 1812 por conquistar Rusia, campaña en la que perdió 600.000 hombres. El pasado 2024 fue bisiesto y en él se registraron miles de muertes en los conflictos de Rusia con Ucrania y los ataques de Israel a la Franja de Gaza.

El pueblo saharaui también sufrió numerosos ataques a sus derechos humanos. En el arranque de 2025 el horizonte se vislumbra también sombrío para los saharauis. Ha vuelto Donald Trump a la Casa Blanca y hay que recordar que en su primer mandato respaldó la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. La Administración marroquí aspira a ser el gran aliado estratégico de EEUU en el norte de África.

Este no es un año bisiesto y no hay que apoyar supersticiones, pero es evidente que en su primer mes presenta múltiples acciones de acoso y maltrato hacia el pueblo saharaui y un esfuerzo especial de las autoridades marroquíes para impedir la entrada de observadores extranjeros en el territorio del Sáhara Occidental para recabar testimonios directos de lo que está ocurriendo allí. El Gobierno español sigue mirando para otro lado, a pesar de que España es la potencia administradora del Sáhara Occidental según la ONU y la Audiencia Nacional.

En enero de este año se ha intensificado la persecución de los activistas saharauis mientras organizaciones defensoras de los derechos humanos claman contra el maltrato a la población saharaui residente en la antigua colonia española -un territorio no autónomo pendiente de descolonizar que invadió Marruecos a finales de 1975-  y contra los presos políticos saharauis en cárceles marroquíes.

La siguiente es una relación aproximada de hechos contra los derechos humanos ocurridos en enero de 2025 en el Sáhara Occidental ocupado por el régimen marroquí, según información de ONG y medios de comunicación saharauis y españoles.

ENERO SAHARAUI 2025.-docx Descarga

Fuente: https://contramutis.wordpress.com/2025/02/05/enero-saharaui-negro-horizonte-para-los-derechos-humanos-del-pueblo-saharaui/

Fuente de la información: https://rebelion.org/negro-horizonte-para-los-derechos-humanos-del-pueblo-saharaui/

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México: Psicologización de la educación, educación socioemocional e imperialismo

Psicologización de la educación, educación socioemocional e imperialismo

Lenin Contreras

La psicologización de la educación

En los últimos años, uno de los elementos característicos de las escuelas es la aparición de una verdadera epidemia de escolares diagnosticados, por propios y extraños, con TDAH o TEA, estrés, depresión o ansiedad infantil y adolescente.

La moda de diagnosticar “trastornos” y medicarlos, está asociado a la incapacidad que muestra el estudiante de adecuarse al ambiente escolar, al deficiente desempeño académico o los problemas de aprendizaje en matemáticas, lectura y escritura. Este fenómeno a inspirado la psicopatologización del estudiante como una de las tareas centrales de la educación formal.

De tal suerte, que la mayor parte de los problemas educativos, no obedecen a un modelo escolar hostil, monologal y vertical o bancario, como lo denunciaría Freire en su Pedagogía del Oprimido, sino a la condición psíquica del escolar, a sus discapacidades, incluso o su falta de interés o motivación.

La psicopatologización del escolar ha trasladado el análisis de los fenómenos escolares y educativos de la pedagogía a la psicología, y con ello, ha evadido un problema detectado por Vygotsky hace casi un siglo: las deficientes estructuras de los programas escolares. Este hecho, la sustitución de la pedagogía por la psicología, expresa un fenómeno ya por todos conocido: la psicologización de la educación.

Una aclaración, cuando se dice que la psicopatologización del escolar sustituye la pedagogía por la psicología, no me refiero a la psicología relacionada con los estudios del desarrollo de la mente o al clásico problema pedagógico que relaciona el desarrollo y el aprendizaje analizado por Vygotsky, Luría o Lentiev, entre otros; sino a la psicología conductual, humanista, positiva, etc.

Aunque recientemente en México la psicopatologización del estudiante y la psicologización de la educación está asociado a la reforma educativa de 2019, la cual redujo radicalmente el sistema de educación especial e introdujo a miles de niños y adolescentes con necesidades educativas especiales a centros de educación regular en aras de instaurar la educación inclusiva, este fenómeno no es nuevo, tienen por lo menos dos antecedentes de larga data:

  1. Primero. Está asociada a la aspiración de que la escuela burguesa sea integral, como si esto fuera posible, es decir que no solo atienda las necesidades asociadas a la adquisición de conocimiento o habilidades, sino que también incorpore la educación de la subjetividad del escolar, con lo que la educación tradicional (disciplinamiento o entrenamiento), ya no debería ser solo por medio del currículum oculto como lo llamaría Hyrouxi.
  2. Segundo, también está relacionada con la aparición e influencia en la educación de los trabajos sobre Inteligencias Múltiples e Inteligencia Emocional de HowardGardner en los 80; de Salovey y Mayer (1990) y de Goleman (1997)ii, los cuales se popularizaron en la década de los 90.

La psicologización del acto educativo, o el desplazamiento de la pedagogía a la psicología, desembocó en la búsqueda de herramientas terapéuticas de intervención que pudieran impactar en la motivación y desempeño del estudiante. Aquí es donde aparece la propuesta de educación socioemocional y la teoría de la educación socioemocional que, si bien tiene antecedentes en la década de los 60 del siglo XX, es popularizadas por los trabajos de Bisquerra, Fernández-Berrocal y Extremera, entre otros.

De esta forma, la psicologización de la educación está relacionada con los enfoques de la educación basada en competencias, particularmente al enfoque de competencias educativas en inteligencia emocional.

La educación socioemocional

Cuando la inteligencia socioemocional se incorporó al modelo escolar mexicano, los funcionarios que lo proponían argumentaban a favor por medio de recurrir a los principios de la teoría de Inteligencias múltiples, por ejemplo, que los estudiantes deberían tener la “capacidad de controlar las emociones, la capacidad de motivarse uno mismo, el reconocimiento de las emociones ajenas y el control de las relaciones” interpersonales, etciii.

La aplicación de un modelo escolar con un enfoque de inteligencia emocional, retomaba las propuestas del Foro Económico Mundial, quien en su documento: “Nueva Visión para la Educación: Fomentar el Aprendizaje Social y Emocional a través de la Tecnología”, indica que el aprendizaje socioemocional “formaría a los estudiantes para que triunfen en una economía digital en evolución”.

Además, el BM, abiertamente exponía que la educación emocional está dirigida para mejorar las oportunidades de “los postulantes a empleos”, ya que esta permite trabajadores “proactivos, adaptables y con capacidad de trabajar bajo presión”, de tal suerte que, las escuelas deben proporcionar esta capacidad a los jóvenes que se insertarán al mercado laboral.

El BM, incluso llegó a señalar que los empresarios lamentaban la falta de desarrollo en las escuelas de habilidades sociales y emocionales de los futuros trabajadores. Por su parte, el informe del Foro Económico Mundial sobre el Máster 2018-19 en Inteligencia Emocional, Psicología Positiva, Neurociencia, Ciencias de la Felicidad, el Bienestar y la Salud, concluyó que los trabajadores con formación socioemocional son mejores trabajadores, es decir, más frexibilizables y productivos.

En esencia, la moda sobre la enseñanza de la inteligencia emocional en la escuela, está relacionada con la influencia de los departamentos de “recursos humanos” de las grandes corporaciones que han diseñado el perfil más útil para incrementar la productividad de las empresas: trabajadores productivos y dóciles, pero satisfechos, que soporten las condiciones de un mercado laboral basado en la terciarización, precarizado y superexplotador.

No es casual que la educación socioemocional se considere como parte de la propuesta que retoma la tesis de que la escuela debe ser un espacio de formación de “capital humano”, pero con un ingrediente adicional a las habilidades y capacidades técnicas, los cual implica la formación de una subjetividad adecuada y sumisa a la explotación laboral

Usando las tesis de David Pavón, podríamos decir que la inteligencia emocional es la dimensión formativa y disciplinaria de la mano de obra que requiere el capital inteligente. Podría agregar, tal como lo expone Emiliano Exposto que la inteligencia emocional, responde a “los síntomas que evidencian que hay algo “en los escolares” que se resiste a encajar en los automatismos de éxito, productividad y rendimiento” de la escuela tradicional, diseñada para el adiestramiento de fuerza de trabajo para la acumulación de capital.

Es la mediación perfecta entre escuela — salud mental burguesa – trabajo — explotación, y con ello, se garantiza que la producción y reproducción de la fuerza de trabajo obedezca plenamente a las necesidades de la máxima valorización del capital.

De esta forma, existe un vínculo entre la educación socioemocional y la visión de una “salud mental” burguesa, como la define Exposto: de bienestar individual o una cuestión psicológica, psiquiátrica y médica, de atención y control de la futura mano de obra empleada por las corporaciones transnacionales y sus subsidiarias criollas. Todo lo dicho hasta aquí, que la educación socioemocional es la respuesta convencional a la psicologización de la educación no es nuevo.

Sin embargo, lo que podría ser interesante, es la permanencia de la educación socioemocional como enfoque psicopedagógico para atender las dimensiones formativas del escolar en la reforma educativa de la 4T, que según se autonombra, decolonial e influenciada por el pensamiento crítico.

Si bien la educación socioemocional se incorporó como parte de las características que debería tener el Sistema Nacional de Educación después de la reforma priista de 2013, debido a que la crítica a esa reforma educativa se concentró en su contenido laboral, el análisis crítico sobre la educación socioemocional tuvo poca relevancia en el debate público.

Pero con la reforma educativa de la 4T del 2019, el concepto se recuperó. La educación emocional o socioemocional parece en el inciso h) de la fracción II del artículo 3ro Constitucional; y en la Ley General de Educación en los artículos 16 fracción IX, artículo 18 fracción VI, artículo 30 fracción XI y articulo 59. En los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana aparece, por ejemplo, en el texto de Lo Humano y lo comunitario, como parte del enfoque de la asignatura de tutoría en secundaria.

El imperialismo

Más allá de que la educación socioemocional sea una de las propuestas de los organismos representantes por excelencia del imperialismo como el FMI, el BM o el FEM, parece que lo relevante es la aplicación de propuestas formativas de los trabajadores en países caracterizados por la superexplotación de la fuerza de trabajo, es decir, de países de capitalismo dependiente.

Aquí me gustaría hacer una acotación: es Imperialismo y no solo colonialismo porque supone una forma particular y precisa de enajenación de la fuerza de trabajo, a saber: la extracción del excedente económico mediante la apropiación de plusvalía por el capital bajo la forma de monopolios asociados al capital financiero. De esta forma, la subsunción del trabajo al capital, tanto material como espiritual, está definida concretamente por la forma en que aparece el capitalismo, es decir, como imperialismo.

La consideración del Imperialismo como una fuerza material que regula la extracción de plusvalía y con ello, las formas específicas de explotación de los países dependientes, supone también que es el imperialismo capitalista quien organiza la subsunción de la subjetividad. Con ello, evitamos caer en el error de algunas perspectivas del pensamiento de colonial que separan arbitrariamente la teoría explicativa de la explotación, de la teoría de la dominación mental, como lo hace Tania Carranzaiv. La primera, según algunos autores decoloniales, es propia de la teoría del capitalismo, la segunda del colonialismo y neocolonialismo.

Si el imperialismo y el capitalismo son fuerza material que subyace detrás de las políticas formativas de la subjetividad, las propuestas educativas “criticas” y la pedagogía y psicología critica, deberían no solo visibilizar su papel y función, si no también abiertamente declararse como antiimperialistas y anticapitalistas.

Lo anterior no es poca cosa. Ya que uno de los principales representantes del pensamiento decolonial, Ramón Grosfroguel, reconoce la existencia de perspectivas decoloniales que no rechazan al imperialismo. Quizás este punto explique por qué la Nueva Escuela Mexicana, concilia sin mucho problema la educación socioemocional y la pedagogía decolonial.

Notas:

i Aunque en México la educación integral como concepto aparece en la reforma educativa de 1946, no cobrará fuerza sino cuatro décadas después.

ii En la literatura psicopedagógica en 1966 en la revista Journal of Emotional Education, la cual fue publicada hasta 1973 por el Instituto de Psicología Aplicada de Nueva York.

iii La inteligencia emocional incluye el control de los sentimientos y su adecuación al momento y la situación, su subordinación a un objetivo, la empatía y el arte de gobernar las relaciones para el liderazgo y la eficacia interpersonal”

iv Descolonización epistémica y proyectos políticos en América Latina. Una mirada a los marxismos del Sur Global, en Kohan y López-Castellanos. Marxismo y pensamiento critico en el sur global. AKAL, 2023-

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/psicologizacion-de-la-educacion-educacion-socioemocional-e-imperialismo/

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Monagas: Migraciones, cómo detener la ola infinita

Migraciones, cómo detener la ola infinita

Fuentes: Rebelión

Desde hace ya más de una década uno de los mayores problemas europeos es el arribo de miles de refugiados provenientes fundamentalmente de África, Medio Oriente y Asia, ya no solo expulsados de sus países por la pobreza, sino y fundamentalmente por la violencia.

Ambos factores, nadie puede discutir que no responden a una responsabilidad exclusiva tanto de Europa como de los Estados Unidos. Sus políticas de expolio, que han generado cientos de millones de pobres cuya única oportunidad es probar suerte en las ficticias sociedades de bienestar, y derivado de aquello, para poder seguir manteniendo los beneficios de la explotación de los infinitos recursos naturales de sus súbditos, se impone una salvaje represión a cualquier intento de modificar esta ecuación.

Para mantener la explotación de esas infinitas riquezas naturales, desde petróleo y oro hasta elementos más raros y escasos como el coltán, el litio o el uranio, se ha recurrido a los libretos colonialistas de siempre: exacerbar las diferencias étnicas, tribales y religiosas para generar guerras civiles y, si aquello llegara a fallar, directamente invadir, con la excusa de preservar la vida y los bienes de sus ciudadanos, que viven a miles de kilómetros de esas regiones y de cuyas situaciones ni se enteran.

Si bien el flujo migratorio hacia Europa desde sus antiguas colonias es una problemática que tiene más de 70 años, podríamos aventurar que ha sido la guerra de liberación de Argelia 1954-1962 la chispa de arranque para la llegada de grandes oleadas de magrebíes, no solo a Francia, sino que se propalaron a otros países. Aunque a 15 años de ese afectado artificio que ha sido la Primavera Árabe inventada por Estados Unidos y la Unión Europea (U.E.) y cuyas consecuencias se siguen extendiendo en tiempo y espacio, la oleada de refugiados ha trepado a números que ponen en riesgo sus propias economías.

Para detener este fenómeno, la Unión Europea ha establecido acuerdos, fundamentalmente económicos, con los diferentes países de la cuenca sur del Mediterráneo, a los que hay que agregar a Turquía, o como le guste llamarse ahora.

Con estos multimillonarios paquetes de miles de millones de euros, esas naciones deben evitar, a como dé lugar, la llegada de esos flujos. Ya sea encerrándolos en campos de concentración u obligándolos a retornar por donde llegaron, librados a su suerte.

Un dato que expone el éxito del plan antimigratorio de la UE es el que aporta Italia, que dice que 66.317 personas llegaron a Italia en 2024, menos de la mitad del número de 2023.

En la información nada dice de los 2.200 ahogados a lo largo del año pasado, que se suman a los 25.500 muertos desde el 2014, según números de Naciones Unidas.

Estas cifras solo se refieren al Mediterráneo, por lo que hay que tener en cuenta a los ahogados y desaparecidos, que también suelen ser muy frecuentes, en lo que se conoce como “la Ruta Atlántica”, mucho más peligrosa que la mediterránea, ya que desde Marruecos, República saharaui, Mauritania, Senegal y Gambia, los migrantes buscan alcanzar el archipiélago de Canarias (España) en travesías en alta mar de hasta 1,600 kilómetros, produciéndose decenas de naufragios cada año.

De la aplicación del protocolo de expulsión y desentendimiento es un especialista el presidente tunecino Kaïs Saïed, para lo que se excusa con la estrambótica “teoría del gran reemplazo”, una creación, ¡cuando no!, de un francés, el autodenominado intelectual Renaud Camus, un fascista esperpéntico. (Ver: La teoría del gran reemplazo a la tunecina)

En el marco de estas acciones contra los migrantes, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que los primeros días de enero llegaron a la ciudad de Dirkou (Níger), a 1300 kilómetros al norte de Niamey y a poco más de 400 de la frontera libia, 770 personas, todas nigerinas, en varias camionetas. La más importante de esas deportaciones se había registrado en julio último, cuando 400 nigerinos, los llegados a Dirkou, lo hicieron en pésimas condiciones físicas tras un viaje de varios días a través del desierto con una letal variación de temperatura. Alguno de los recién llegados informó de peleas e incluso de que varios “pasajeros” cayeron de los camiones, habiendo quedado perdidos o muertos en el desierto.

No solo en Libia, sino en el resto de los países sobornados por la UE, se practican periódicas razzias para capturar migrantes y expulsarlos fuera de sus fronteras.

En particular, este grupo proveniente de Libia había sido capturado y mantenido detenido hace más de un mes. Esta ha sido la mayor deportación de personas a Níger hasta la fecha. Mientras que la UE mira claro para otro lado, porque para eso paga.

Ellos partieron de la ciudad de Sabha, provincia de Fezan, a cerca de 700 kilómetros al sur de Trípoli y a casi 500 de la frontera con Níger. En Fezan hasta hace poco se remataban como esclavos los migrantes detenidos, nada dice que no siga sucediendo.

Fezan, al igual que la mayor parte de Libia, en el contexto de la guerra civil que no se resuelve desde 2011, se encuentra bajo el mando del general Khalifa Haftar, patrón del Ejército Nacional Libio, uno de los grandes animadores del conflicto libio. Los otros son las milicias autónomas que se juntan bajo el paraguas de Trípoli, que responde directamente a Naciones Unidas.

Otras rutas hacia la felicidad

Según se ha conocido, el año pasado hubo una nueva de 14 horas en vuelos chárter, más o menos legales, más o menos no, desde el aeropuerto de Benina de la ciudad de Bengasi, la más grande del este libio, al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua (Nicaragua), que solo podrían pagar inmigrantes asiáticos, en su mayoría de origen indio, que pretenden llegar a Estados Unidos. Ya en diciembre de 2023, mientras hacía una escala técnica, fue detenido en el aeropuerto de París-Vatry (Marne) un avión con más de 300 ciudadanos indios a bordo, sospechado de trata de personas.

Con los pies clavados en el desierto, unos 30.000 migrantes nigerios fueron rechazados y enviados inmediatamente al otro lado de la frontera, en proximidades de la ciudad nigerina de Assamaka, donde se encuentra un centro de tránsito de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Los llegados a Assamaka refieren que la policía argelina, tras llevarlos al otro lado de la frontera, solos, sin mapas, ni celulares, ni agua, ni víveres, les señalaron el horizonte diciéndoles que caminando derecho, encontrarían la ciudad. Una práctica utilizada por todas las policías a la hora de expulsar migrantes,

Esta es la mayor cifra registrada en estos últimos años. Se cree que este número está vinculado a los cambios políticos producidos en Níger tras el golpe de Estado en julio de 2023. Dicho cambio ha puesto al país en el ojo de la atención internacional, ya que, junto a Burkina Faso y Mali, ha pasado a conformar la Alianza del Sahel, una organización decididamente enfrentada a los intereses occidentales, protagonista de un importante vuelco hacia Rusia, China e Irán. El año pasado fueron deportados por Argelia unos  27.000 extranjeros.

Desde 2014, tras la expansión y primeros resultados de la Primavera Árabe, y la llegada a la región de las khatibas entonces solo vinculadas a al-Qaeda, comenzaron a fluir hacia Argelia miles de migrantes de diversos países africanos buscando llegar a Europa.

Los expatriados llegados a Assamaka dicen haber sido secuestrados en diversas ciudades argelinas, en sus propias viviendas, lugares de trabajo e incluso al borde de la frontera con Túnez, para reagruparlos en la ciudad de Tamanrasset, sur de Argelia, antes de ser trasladados en camiones a Níger.

Los planes para intentar detener las olas migratorias están condenados al fracaso, de no revertir Estados Unidos y Europa sus políticas de explotación y agresión, lo que ha generado esta ola infinita de desangelados que intentan cambiar sus vidas arriesgándolo todo.

Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/migraciones-como-detener-la-ola-infinita/

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