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Reforma del SNI

por: Roberto Rodríguez

El pasado 27 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que emite el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, instrumento firmado por el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Enrique Cabrero Mendoza. El nuevo marco regulatorio del SNI regirá la operación del sistema a partir de la convocatoria del año en curso e incluye varias modificaciones importantes.

Creado en 1984, el SNI ha desarrollado una incesante pauta de crecimiento. Inició con apenas 1,396 investigadores, en 1990 había 5,704, en el 2000 se contaba con 7,466, en 2010 con 16,598, y la cifra actual se aproxima a 25 mil integrantes en total. En este lapso (1984-2017) las reglas del sistema se han modificado repetidamente. Además de estar prevista la revisión sistemática del reglamento cada dos años, en varias ocasiones la directiva de CONACYT ha emitido versiones renovadas del instrumento.

¿Qué cambia con el reglamento 2017? Algunos cambios están relacionados con la estructura normativa del sistema. Por ejemplo, la norma vigente hasta el año pasado incluía disposiciones específicas sobre la integración y funcionamiento de las comisiones dictaminadoras y revisoras (artículos 14 a 19 y artículos 23 a 25 respectivamente), que el nuevo reglamento deriva hacia “los lineamientos que al efecto emita el Consejo de Aprobación”.

Otro grupo de cambios está relacionado con la especificación de los productos de investigación sujetos a la evaluación de las comisiones. El reglamento previo se limitaba a una enumeración simple de productos: artículos, libros, capítulos, patentes, desarrollos tecnológicos, innovaciones y transferencias tecnológicas. La nueva norma califica cada uno de ellos: artículos sujetos a un arbitraje riguroso, libros dictaminados y publicados por editoriales de reconocido prestigio en el ámbito de la investigación, desarrollos tecnológicos con base científica o innovaciones con impacto demostrado.

Se modifica el perfil para la categoría de “Candidato a Investigador Nacional”. Originalmente esta categoría estaba limitada a menores de 40 años de edad. A partir del reglamento de 2008 el límite de edad se reemplazó por la condición de “no haber transcurrido más de quince años después de haber concluido la licenciatura, al cierre de la convocatoria respectiva, quedando a juicio de las comisiones dictaminadoras los casos de excepción.” Este requisito tuvo vigencia hasta 2016.

El nuevo reglamento la suprime, de manera que la categoría de candidato queda abierta a todos los aspirantes que satisfacen las condiciones de adscripción institucional contempladas en la norma. Con esta modificación, puede anticiparse, crecerá el número de académicos en la categoría de candidato. En contraste, la opción que antes permitía conceder una prórroga de hasta dos años al término de la candidatura, queda ahora limitada a un año máximo.

Hay otros cambios menores. Pero el más importante, por sus efectos en la retribución que reciben los miembros del Sistema, radica en el tabulador para cada categoría y nivel. Hasta 2016 se contemplaban los siguientes montos relativos: Candidato, tres salarios mínimos, nivel uno, seis sala-rios; nivel dos, ocho salarios; y nivel tres y eméritos, catorce.

Queda ahora así: Candidato 6,800 pesos, nivel uno 13,600 pesos; nivel dos 18,200; nivel tres y eméritos 31,900 pesos. Hecha la transformación entre salarios mínimos y montos nominales, resulta que el incremento entre 2016 y 2017 promedia cuatro por ciento (el nivel de la inflación) pero queda por debajo del 9.5 por ciento de aumento al salario mínimo vigente autorizado para 2017.

Además, según el nuevo reglamento, “a partir del 1ro. de enero de cada año, los estímulos económicos observarán un incremento anual de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, pero nunca superior al del 3 por ciento, el cual se dará a conocer a través del portal del Conacyt” (Artículo 57 del Reglamento 2017).

¿Los nuevos criterios van a afectar a quienes ya forman parte del sistema? Depende de cómo se vaya a interpretar la disposición contenida en el segundo transitorio de la norma, que señala: “Las presentes disposiciones tendrán efectos retroactivos siempre y cuando sea en beneficio de los investigadores.”

Fuente: http://www.educacionfutura.org/reforma-del-sni/

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La educación en el centenario de la Constitución: Primera parte

Roberto Rodríguez

Sobre el derecho a la educación, la constitución de 1857 se limitaba a la siguiente norma, de espíritu liberal:“La enseñanza es libre. La Ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio, y con qué requisitos se deben expedir” (Constitución de 1857, artículo Tercero).

El proyecto enviado por Venustiano Carranza al Congreso Constituyente, que sesionó en 1916 y 1917, formulaba la garantía del derecho a la educación conforme a la siguiente fórmula: “Habrá plena libertad de enseñanza; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, y gratuita la enseñanza primaria superior y elemental, que se imparta en los mismos establecimientos” (Artículo Tercero de la Iniciativa de Ley Constitucional, citado por Félix F. Palavicini en Historia de la Constitución de 1917, tomo I, pág. 175). La iniciativa del Ejecutivo Federal mantenía el postulado de libertad de enseñanza, pero añadía la obligación de laicidad para la educación pública y la gratuidad en la enseñanza básica.

El debate del artículo tercero tuvo lugar los días 13, 14 y 16 de diciembre de 1916. En primer lugar, se leyó el dictamen de la Comisión de Constitución, presidida por el general Francisco J. Mújica. En este se incluían dos propuestas: la primera, no aprobar el texto propuesto en la iniciativa. La segunda, reemplazarlo por el siguiente: “Habrá libertad de enseñanza; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares.

Ninguna corporación religiosa, ministro de algún culto o persona perteneciente a alguna asociación semejante, podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria, ni impartir enseñanza personalmente en ningún colegio. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia del gobierno. La enseñanza primaria será obligatoria para todos los mexicanos y en los establecimientos oficiales será impartida gratuitamente.” El dictamen fue suscrito por los siguientes miembros de la Comisión: Francisco J. Múgica, Alberto Román, Enrique Recio y Enrique Colunga (Diario de Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, pág. 442).

Además, se dio lectura al voto particular del diputado sonorense Luis G. Monzón, también miembro de la Comisión de Constitución: “Ciudadanos diputados: Los miembros de la comisión de puntos constitucionales hemos formulado de común acuerdo el artículo 3o. de la Constitución reformada, como aparece en el dictamen relativo, y no hemos disentido sino en el empleo de una palabra, que precisamente es la capital en el asunto de referencia, porque es la que debe caracterizar la educación popular en el siglo XX. Esa palabra es el vocablo laica, empleado mañosamente en el siglo XIX, que yo propongo se substituya por el término racional, para expresar el espíritu de enseñanza en el presente siglo.” (ídem pág. 442-443).

Como señala Armando Soto Flores, el debate sobre el artículo tercero polarizó al Congreso en primer lugar porque la Comisión contradecía fundamentalmente la iniciativa presidencial. La discusión en el pleno subió progresivamente de tono haciendo notar las discrepancias entre las fracciones leales a la causa carrancista y las que serían afines al proyecto de Álvaro Obregón. También se reflejó la discrepancia entre las posturas propiamente liberales y las del positivismo anticlerical.

El presidente Carranza, al saber que en esta discusión no había acuerdo para apoyar el proyecto original, acudió y estuvo presente, aunque sin tomar la palabra, en las sesiones plenarias. El debate crucial se daría entre las posturas defendidas por Múgica (en favor de la generalización de la educación laica) y por Félix Palavicini, quien defendía el texto de la iniciativa. Al abrir su intervención en el debate, Múgica argumentaba la postura de la Comisión “a truques de que se me considere enemigo del clericalismo, pues si así se me considera, si así se me juzga, si con ese calificativo pasa a la historia mi palabra, no importa, señores, porque efectivamente soy enemigo del clero, porque lo considero el más funesto y el más perverso enemigo de la patria”. Palavicini, por su parte, hacía notar la evidente contradicción en garantizar la libertad de enseñanza para inmediatamente después coartar la opción de la educación religiosa.

Tras decenas de intervenciones, unas a favor del proyecto de Carranza, otras en pro de la postura de la Comisión, se aprobó finalmente el texto que sería incluido en la Constitución. Dice así:

“La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria.” Este texto, al ser votado en el Congreso, obtuvo el siguiente resultado en el pleno: aprobado por 99 votos a favor y 58 votos en contra. Desde luego una derrota para Carranza quien, al final de su periodo presidencial, envió al Congreso un proyecto para reformular el texto constitucional en materia educativa (11 de septiembre de 1919), iniciativa que tampoco prosperó.

Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/la-educacion-en-el-centenario-de-la-constitucion-primera-parte/

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Laureate Education en la era Trump: ¿nubes en el horizonte?

Roberto Rodríguez

Los últimos dos años han resultado muy movidos en el corporativo de universidades privadas Laureate Education. La firma, como se sabe, es el principal proveedor transnacional de servicios de educación superior privada. En la actualidad concentra más de ochenta universidades en una treintena de países, con más de doscientos campus en total, y una matrícula superior al millón de estudiantes. Según la empresa, en la última década el promedio de crecimiento anual de matrícula ha superado el diez por ciento, y el correlativo incremento de las ganancias ha sido superior a doce por ciento anual. En el último ejercicio contable se reportaron ingresos de aproximadamente mil millones de dólares, y un activo total de más de 7.7 miles de millones de dólares. Esta última cifra significa que Laureate Education Inc. ha superado a cualquier otra institución o consorcio dedicado al negocio de la educación superior con fines lucrativos.

Laureate controla en México dos bloques de universidades privadas: la Universidad del Valle de México, adquirida en el año 2000, una de las primeras incursiones del corporativo en el mercado internacional, que cuenta con más de cien mil estudiantes en programas de bachillerato, licenciatura y posgrado, y la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) comprada en 2008. La matrícula de UNITEC, en programas de bachillerato, licenciatura y posgrado, supera la cifra de cincuenta mil estudiantes, lo que aunado al alumnado de la UVM hacen del grupo la oferta de educación superior privada de mayor tamaño en el país.
Antes de la operación UNITEC, Laureate había comprado en 2007, por intermedio de la UVM, la Universidad del Desarrollo Profesional (UNIDEP), con sede en Hermosillo e instalaciones en varias ciudades del Norte. Pero a principios de 2013, por razones no declaradas, la firma decidió vender esa universidad al grupo mexicano Nacer Global, comandado por Jorge Nacer Gobera, propietario a su vez de, entre otras empresas, las universidades ICEL, Univer, Lucerna, Lamar, de Ecatepec, así como del Colegio Morelos. Según el informe rendido en 2015 por Laureate a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos (SAC por sus siglas en inglés), disponible en la página web de la Comisión, la venta fue equivalente a 40.6 millones de dólares, lo que reportó, aclara el informe, una ganancia de más de cuatro millones de dólares sobre el precio de compra, impuestos descontados.

En 2007, a la vista de resultados inferiores a los esperados en la cotización de sus acciones en el mercado de valores (índice NASDAQ), Laureate optó por salir del mercado público mediante una compra masiva de acciones, que fue apoyada por un consorcio en que participaron grupos financieros especializados en administración de fondos de inversión y capital de riesgo: Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR); Citi Private Equity; S.A.C. Capital Management, LLC; SPG Partners; Bregal Investments; Caisse de depot et placement du Quebec; Sterling Capital; Makena Capital; Torreal S.A.; y Brenthurst Funds. El consorcio fue integrado y presidido por el fundador y principal ejecutivo de Laureate, Douglas Becker. La operación ascendió a 3.8 miles de millones de dólares.

Una vez saneadas sus finanzas básicas, Laureate se planteó, en 2015, la alternativa de retornar al mercado accionario, para lo cual registró ante la SAC una oferta pública de colocación inicial de acciones (IPO, por sus siglas en inglés) de cien millones de dólares. La autorización está en proceso, pero se espera un resultado favorable a corto plazo. También en 2015 Laureate solicitó y obtuvo, previa evaluación a cargo de la agencia B-Lab, la certificación como “Public Benefit Corporation”. Este registro, aunque no tiene implicaciones legales ni fiscales directas, valida la postura del corporativo de fungir como una empresa orientada por un propósito social: contribuir al desarrollo de la educación superior en el mundo.

Tras casi una década de relativa opacidad, la publicación de los estados financieros de Laureate (ante la SEC y el B-Lab) tuvo consecuencias quizás subestimadas. En primer lugar en Chile, en donde aún se debate con intensidad la regulación a la oferta de educación superior con fines de lucro. La información difundida fue aprovechada por los críticos a la presencia de Laureate en ese país, en donde controlan las universidades Andrés Bello (UNAB), la de mayor tamaño en Chile por el número de estudiantes matriculados, Universidad de las Américas (UDLA) y Universidad Viña del Mar (UVM), así como el Instituto Profesional AIEP y la Escuela Moderna de Música (EMM). La polémica ha sido avivada por el propio Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) al anunciar que se consideraría la permanencia de la UNAB en el órgano al confirmarse que esta institución corresponde a la figura de universidad con fines de lucro. (La Tercera, 26 de agosto 2016).

También causó alguna polémica la venta en 2016 de las instituciones europeas Glion Institute of Higher Education y Les Roches International School of Hotel Management. El grupo financiero Eurazeo compró a Laureate estas escuelas en aproximadamente 380 millones de francos suizos. El debate en torno al tema apunta a la confirmación de Laureate como una empresa lucrativa que, por estrictas razones de negocio, puede optar entre comprar o vender instituciones educativas.

Pero la polémica de mayor relieve y visibilidad se habría desarrollar en el marco de la contienda presidencial entre Donald Trump y Hillary Clinton. La próxima semana nos internaremos en el tema y sus posibles implicaciones.

 

Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/laureate-education-en-la-era-trump-nubes-en-el-horizonte/

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Producción académica en Irán: El secreto persa

Roberto Rodríguez

Las dos principales compañías productoras de bases de datos e indicadores sobre la producción académica indexada, es decir, Thomson Reuters (índice Journal Citation Reports JCR) y Elsevier (índice Scopus), coinciden en identificar a la República Islámica de Irán como el país con la mayor tasa de crecimiento en materia de publicación de artículos en las revistas reconocidas por dichos índices.

Según la base de datos Scopus, en el 2000 la producción académica indexada de Irán fue de 1,743 artículos, mientras que en 2014 alcanzó la cifra de 39,943, lo que representa un promedio de crecimiento de 25.5 por ciento anual en el periodo. Con ello, Irán transitó de la posición 48 a la décimo sexta a escala mundial, en apenas década y media.

Cabe agregar que la nación islámica pasó, en el mismo periodo, de siete revistas locales indexadas a 137. Con tales datos, Irán se perfila como una de las naciones más dinámicas en la generación de productos científicos de alcance internacional, condición que comparte con países como China, India, Corea del Sur y Brasil, a su vez potencias emergentes en el rubro.

Entre otros impactos de la reciente consolidación de capacidades científicas y tecnológicas en la antigua Persia, cabe referir al incremento paralelo del número de patentes de invención solicitadas por personas residentes en ese país. De acuerdo con la base de datos del Banco Mundial “Indicadores del Desarrollo Mundial”, en Irán se pasó de 410 solicitudes en 2000 a 13,683 en 2014. Esta última cifra está al nivel de las solicitudes de patentes de residentes de Francia e India, y supera notablemente a la de países como Italia, Brasil, Canadá, Australia y los países nórdicos. Para acabar pronto, el número de solicitudes de patentes por parte de residentes en Irán es mucho mayor al total de América Latina y el Caribe en el mismo renglón, que según la misma fuente de datos sumó apenas 7,372 solicitudes en 2014.

Comparemos los datos de Irán con los de México. En el 2000 los académicos de nuestro país publicaron, según la base SCOPUS, un total de 6,133 artículos en revistas indexadas, casi el cuádruple de la producción iraní. Pero en 2014 la producción mexicana fue de 18,705 artículos, menos de la mitad de los alcanzados por aquel país. La posición de México a nivel global pasó del lugar 28 al 29, o sea que no mejoró ni lo contrario.

¿Cómo se explica el desarrollo científico y tecnológico de un país que atravesó una década de guerra -el conflicto Irak Irán de los ochenta, que costó a ese país más de un millón de víctimas- y un largo periodo de sanciones de comercio e intercambio internacional a cargo de Estados Unidos y varios países de Europa Occidental? ¿Qué factores explican el despegue científico de una nación que abrazó la tradición islámica como fórmula de gobierno y ordenamiento cultural y social?

Hay varios elementos explicativos. Primero el notable desarrollo del sistema de educación superior de ese país en los últimos años. Irán pasó de una matrícula total de nivel terciario de menos de un millón de estudiantes en el 2000 a 4.7 millones en 2014, cifras que incluyen a los inscritos en las modalidades de profesional técnico, licenciatura y posgrado. En términos de cobertura los indicadores correspondientes son 19.3 por ciento en el 2000 y 65.9 por ciento en 2014. En comparación, México tenía en 2000 poco más de dos millones de estudiantes de nivel superior, y en 2014 aproximadamente 3.5 millones, casi cuatro si se cuentan los inscritos en educación superior a distancia. El cambio en la tasa de cobertura mexicana ha sido, en el periodo de referencia, de 21 a 35 por ciento, lo que quiere decir que en Irán se consiguió duplicar el desempeño de México en este aspecto.

Además, según datos de UNESCO, en Irán el número de estudiantes en programas de doctorado supera la cifra de 70 mil, lo que equivale a la matrícula del nivel en países como Francia, Japón, Corea o Brasil. En México la matrícula total de doctorado, contando en ella la de instituciones públicas y privadas, supera ligeramente la cota de treinta mil. Como es sabido, el volumen de estudiantes en programas doctorales tiene un efecto directo en la cantidad de publicaciones científicas, ya que ellos, los estudiantes de ese nivel, suelen participar en los colectivos de investigación de las instituciones que los ofrecen.

La producción científica y el desarrollo tecnológico de Irán se concentra en áreas de ingeniería y medicina clínica, aunque también ha cobrado presencia relevante en informática, biociencia, industria espacial y nanotecnología. Tal y como señala el Informe de la UNESCO sobre la ciencia hacia 2030, parte de la explicación se explica como reacción a un entorno económico adverso: “A medida que la presión de las sanciones económicas aumentaba, el gobierno ha tratado de estimular la innovación endógena.” El despliegue de esa política se basó, principalmente, en la fortaleza de la economía por los recursos energéticos disponibles. Con la disminución de los precios internacionales del petróleo y el gas, los recursos para investigación han comenzado a disminuir, lo que puede tener implicaciones severas a corto plazo. Igual que por estos rumbos.

También se identifica como problema la “sobre-educación” de la fuerza de trabajo. Según un estudio de Nader Habib (Iran’s Overeducation Crisis: Causes and Ramifications), hacia 2011 sólo el 46 por ciento de los graduados universitarios participaba directamente en el sector laboral formal. Y como las mujeres han superado notablemente la proporción masculina de la matrícula, el desempleo universitario las afecta con mayor incidencia.

Como sea, vale la pena seguir la pista del caso de Irán -80 millones de habitantes en 2016- para reflexionar sobre nuestras alternativas de desarrollo.

Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/produccion-academica-en-iran-el-secreto-persa/

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Sociedad del conocimiento: ¿Ideología o fase del desarrollo?

Por: Roberto Rodríguez

La expresión sociedad del conocimiento ha conseguido instalarse en el lenguaje ordinario aun cuando adolece de una definición precisa o cuando menos una percepción común de sus rasgos generales y condiciones de operación particulares. ¿Qué es la sociedad del conocimiento, cómo y dónde funciona?, ¿es una fase de desarrollo económico que se puede alcanzar, o bien un nuevo orden social asequible a través de acuerdos entre los grupos sociales, las organizaciones productivas y el Estado?, ¿la sociedad del conocimiento reemplaza o se añade a la sociedad de clases basada en la propiedad?, ¿coincide con los límites de los países, o se sitúa en espacios suprarregionales, o bien en ámbitos meramente locales?, en fin, ¿la sociedad del conocimiento es una realidad o una utopía?

Un gran relato

Ian Miles, de la Fundación Europea para el Mejoramiento de las Condiciones de Vida y de Trabajo (EUROFOUND), refiriéndose a las ambigüedades del concepto, explica, en primer lugar, que la propia existencia fáctica de la sociedad del conocimiento está en cuestión: algunos comentaristas argumentan que todas las formas de sociedad han estado basadas en el conocimiento y que, en la actualidad, sólo en algunas áreas específicas son perceptibles cambios de cantidad y calidad significativos. Otros, en contraste, defienden la idea de que la época actual se caracteriza, precisamente, por la emergencia de cambios cuantitativos y cualitativos a partir de la generación y aplicación de conocimientos científicos (Miles, 2003).

Un segundo rasgo de ambigüedad procede de la utilización del concepto con fines descriptivos y valorativos. Es descriptivo el uso de sociedad del conocimiento en, por ejemplo, los estudios que patrocina la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para medir y comparar las capacidades educativas, científicas y tecnológicas de los países, la profundidad de los derechos de protección intelectual, o bien la existencia de  sistemas de innovación, es decir, redes entre la empresa, el Estado y la academia para la transferencia de conocimientos en tecnologías y productos (véase OCDE, 2016). En cambio, es un término valorativo cuando se dirime en el debate político, ya sea para persuadir a los ciudadanos para que asuman determinados compromisos y responsabilidades, o bien para confrontar a los gobiernos por la insuficiencia de recursos destinados a los sectores de educación, investigación científica o promoción cultural (Bohme & Sterh, 1986).

¿Por qué, a pesar de sus ambigüedades, la noción de sociedad del conocimiento ha ganado tal predominancia, al grado de identificar con ella lo que la realidad del siglo XXI debiera alcanzar? Principalmente porque es un término optimista, a diferencia del tipo de expresiones con que la filosofía y la sociología intentaron caracterizar el cambio finisecular. Compárese sociedad del conocimiento con, por ejemplo, sociedad postindustrial (Bell), postmodernidad (Lyotard), modernidad radicalizada (Giddens), sociedad del riesgo (Beck), modernidad contingente (Luhmann) o modernidad líquida (Bauman), por sólo citar algunos ejemplos representativos.

El carácter optimista de la expresión suele acentuarse en el debate sobre la sociedad del conocimiento. Todo el peso cultural del término conocimiento y sus nexos significativos con las nociones de verdad, sabiduría, educación, ciencia, etc. recarga el valor semántico de la expresión. Si hay un consenso implícito sobre el valor del conocimiento, entonces es difícil cuestionar la condición deseable de la sociedad del conocimiento. De entrada, es un juego cargado.

¿Cómo oponerse, por ejemplo, a que el Estado y los particulares otorguen prioridad a las inversiones en educación o en investigación científica y desarrollo tecnológico?, ¿cómo esperar actitudes o movimientos de resistencia a propósitos como la calidad educativa o la universalización de la escolaridad?, ¿quién se atreve a cuestionar que el conocimiento, la educación y los productos de tales actividades son bienes públicos de carácter nacional y aun de carácter global?

El discurso de la sociedad del conocimiento opera, en este sentido, como el gran relato, en la terminología de Lyotard, del siglo XXI. Paradójicamente, justo en el momento en que se había previsto el fin de las metanarrativas. Pero, además, se articula con otros cuerpos conceptuales con gran carga ideológica, política y práctica en el presente: las nuevas teorías del crecimiento económico, en sus distintas variantes; las perspectivas políticas de la universalización democrática y, desde luego, con el discurso de la globalización.

En efecto, hoy existe alto grado de consenso sobre la importancia del conocimiento científico como un elemento que genera valor al entrar en contacto con procesos productivos y servicios. No se trata del consabido diferencial de productividad por uso intensivo de tecnología.

Es una noción más amplia: las economías que incorporan fuerza de trabajo calificada, tecnología de vanguardia, e innovaciones en los procesos de producción, gestión y mercadeo, adquieren ventajas comparativas, mejoran su competitividad, crecen más rápidamente y obtienen mayores ganancias. Si bien esta cadena de factores se vuelve trivial, por conocida, al referirla a la competencia empresarial, su pertinencia resulta menos obvia en el nivel macroeconómico, donde los factores de acumulación y crecimiento del producto, así como los procesos de distribución, suele ser más complejos y diferenciados.

En este último aspecto, un grupo importante de economistas, así como las principales agencias multilaterales y la banca internacional de fomento han establecido correlaciones positivas entre el desarrollo científico y tecnológico, la formación de capital humano, las capacidades de innovación, el grado de competitividad internacional, y el nivel y ritmo de crecimiento macroeconómico. Aún está en debate el orden de los factores, principalmente si la inversión en educación e investigación científica, como tal, genera desarrollo y crecimiento, o si viceversa el nivel de desarrollo conseguido genera oportunidades en esos rubros.

También se discute hasta qué punto el nivel de escolarización afecta positivamente los índices de productividad, de qué manera la inversión en ciencia y tecnología se concreta en competitividad, y cuáles son, en todo caso, los límites del modelo. No obstante, al lado del debate académico, en la mayor parte de los países avanzados y en las regiones con economías más sólidas ocurre una definida percepción sobre la necesidad y ventajas de avanzar hacia un estadio de desarrollo descrito en términos de sociedad del conocimiento (véase Strulik et al., 2012).

Entre las pautas que apuntan en dirección de la sociedad del conocimiento, se identifican entre otras las siguientes:

• La consolidación de la sociedad de la información expresada en términos de la tendencia hacia la integración de redes informáticas, en sustitución del modelo de acceso aislado al poder de cómputo.
• Convergencia digital. Alude a la expansión sobre procesos, productos y medios de tecnologías de base digital e informática.
• Una creciente importancia de las innovaciones como fuente de competitividad y como instrumento para acrecentar la eficiencia y eficacia de organizaciones de todos tipos. La innovación se define, en términos generales, como aplicación de conocimientos para renovar la forma de hacer cosas.
• El desarrollo de economías centradas en servicios. Se subraya el papel del sector servicios en la provisión de bienes intangibles para clientes específicos, particularmente procesamiento de información e interacción humana.
• Aprendizaje social. El concepto involucra inversiones sustantivas para mejorar la calidad de la educación y la capacitación, así como para determinar el orden de destrezas y conocimientos económica y socialmente relevantes. A nivel político, la idea de aprendizaje continuo y permanente se ubica como una prioridad clave, con particular énfasis en moldear sujetos adaptables con capacidad para adquirir nuevas competencias y aprendizajes.
• Los propios retos de la globalización, que estimulan las tendencias apuntadas, las cuales, a su vez, actúan como soporte e incentivo de corrientes globales.

La otra cara de la moneda

Pese al entusiasmo que recubre el discurso sobre la sociedad del conocimiento, conviene reconocer que las transformaciones involucradas no escapan a tensiones y resistencias, aún en el mundo desarrollado.
Entre las fuentes de conflicto identificadas se mencionan, entre otras: las tendencias a la polarización desencadenadas por una injusta distribución de las oportunidades educativas; las pautas de exclusión laboral que provienen de cambios tecnológicos y organizativos, así como el desplazamiento de sectores productivos y laborales con capacidades de reconversión limitadas; la diferenciación entre economías con mayores o menores posibilidades de promoción de innovaciones; la confrontación entre la lógica de la producción de conocimiento en los centros académicos versus su apropiación y uso en las empresas; la presión sobre las universidades en torno a sus ofertas curriculares y agendas de investigación; las tendencias a la privatización de las instituciones de enseñanza superior y de los centros de investigación científica.

En fin, la dualización del espacio social entre quienes tienen capacidades de generación de conocimiento y los excluidos de este proceso.

La innovación continua y redituable exige tres condiciones: el desarrollo del conocimiento, el fértil intercambio de ideas entre personas informadas y, finalmente, un buen gobierno, sobre todo en lo que se refiere a la protección legal de la innovación. En cada uno de estos frentes existe una brecha cada vez más ancha entre países ricos y pobres, brecha que incluso es más desalentadora que las actuales desigualdades de ingresos. En tal sentido, los vectores de desigualdad de la sociedad del conocimiento, es decir, la brecha entre los capaces y los incapaces, los que saben y los que ignoran, los que tienen acceso y los prescindibles, los consumidores sofisticados y los apenas sobrevivientes, da lugar a oposiciones binarias que recuerdan la conocida confrontación de Umberto Eco: apocalípticos o integrados.

En tales condiciones, la dinámica del proceso, digamos la globalización de la sociedad del conocimiento, abre escenario a tensiones inéditas en la historia, las cuales no pueden dejar de enunciarse en sentido paradójico.
En primer lugar, nunca había existido la concentración de riqueza material del presente, conviviendo con el agudo grado de pobreza en que sobrevive la mayoría. La aparente accesibilidad a toda clase de información es contradicha por la tendencia a la concentración, eventualmente la monopolización, de los medios de comunicación de masas.

Contrasta también la presencia de estímulos para generar y diseminar conocimientos con el celo de los derechos de propiedad intelectual y el combate frontal y violento a las prácticas de piratería en todas sus acepciones.
En plena era del desarrollo de las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones, nunca se había mantenido a tantas personas en la incomunicación: la mayoría escucha, mira o se entera, al margen del privilegio de emitir información o tener prácticas de interlocución no triviales.66f2a9f66e48d837f8d9568e3aa7d8b3_l

En el ámbito escolar se viven tensiones semejantes. Se ha convenido, por ejemplo, que el currículum básico se resume en dos competencias fundamentales: la cuantificación y la interpretación de textos. Sólo eso, o lo demás es pretexto para eso. Además, la evaluación de competencias y conocimientos tiende, como tal, a convertirse en el currículum.

Es un franco proceso de inversión: de evaluar lo que se enseña a enseñar lo que se evalúa. La formación media y superior tiende a enfatizar la formación de capacidades acordes a la sociedad del conocimiento, aún en aquellos contextos en que no existe ni el sector productivo, ni el mercado laboral, para colocar a los individuos formados en las mismas. El sincero asombro de los planificadores educativos por la insistencia de los estudiantes o sus familias por acceder a formaciones —saturadas— que, sin embargo, continúan ofreciendo opciones de trabajo en el sector laboral local ilustra este último extremo.

En el ámbito de la investigación científica, particularmente en los países subdesarrollados, incluso las ciencias sociales y las humanidades, se viven paradojas semejantes. ¿Cómo si no calificar el que, por un lado, se adjudique un enorme valor a la producción científica local y, por otro, se estimule, con toda clase de incentivos, la difusión de dicha producción principalmente fuera del entorno nacional y de preferencia en otro idioma?

No en uno ni en dos centros de investigación científica de nuestros países se estimula tal práctica, sino en la mayoría de nuestros ámbitos académicos. ¿Si la producción científica primaria tiene valor, por qué entonces se exporta gratuitamente, es más a costa del proveedor? Sencillamente porque da puntos en la competencia global de los prestigios. Pero, ¿eso genera productividad, competitividad, crecimiento o desarrollo?

Referencias
Bauman, Zygmunt (2003). Modernidad líquida. Fondo de Cultura Económica.
Beck, Ulrich (2002). La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Ediciones Paidós Ibérica
Bell, Daniel (1991). El advenimiento de la sociedad postindustrial. Alianza Editorial.
Bohme, Gernot & Stehr, Nico (1986). Knowledge Society, D. Reidel Publish Company.
Giddens Anthony (1994). Las consecuencias de la modernidad. Alianza Editorial.
Luhmann, Niklas (2006). “La modernidad contingente”, en Las consecuencias perversas de la modernidad. Anthropos.
Lyotard, Jean François (1980). La condición posmoderna, Cátedra.
Miles, Ian (2003). Knowledge Society Foresight, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
OCDE (2016). Measuring Science, Technology and Innovation.
Strulik, Holger; Prettner, Klaus & Prkawetz, Alexia (2012). “The Past and Future of Knowledge-based Growth”. CEGE Discussion Papers, núm. 140.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/sociedad-del-conocimiento-ideologia-o-fase-del-desarrollo/

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Reformas que van y vienen: Los años recientes

Por Roberto Rodriguez

Entre los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, cuando el PAN tuvo en sus manos el gobierno federal, se desarrolló una clara línea de continuidad en materia de programas educativos. Se trata de dos etapas de un mismo proyecto educativo. No obstante, el periodo de Calderón estaría marcado por el protagonismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE, en la gestión de los procesos que marcaron el rumbo de la política educativa sexenal. No es exagerada la caracterización de la etapa como de cogobierno SEP-SNTE en el ámbito de la educación básica del país.

Durante los gobiernos del PAN el SNTE amplió su área de influencia de la educación a otras estructuras políticas y sociales. Dirigentes sindicales fueron postulados a representantes en el Congreso federal y los congresos de los estados por prácticamente todos los partidos políticos. Estuvo la organización magisterial detrás de la postulación de varios gobernadores y operó en favor de tales candidaturas. Culminaría este proceso de expansión política con el respaldo activo a la candidatura del presidente Calderón.

En diciembre de 2006, al darse a conocer los nombramientos del gabinete para el nuevo sexenio, se conocieron los nombres de Josefina Vázquez Mota al frente de la SEP y de quien fungiría como subsecretario de Educación Básica: Fernando González Sánchez, yerno de Elba Esther Gordillo. Con este acto la presidencia confirmaba la alianza política entre el gobierno federal y el gremio magisterial.
A comienzos de 2007 se instaló la comisión SEP-SNTE para elaborar la propuesta educativa del Plan Nacional de Desarrollo y perfilar los trazos del Programa Nacional de Educación del sexenio. Apenas anunciado el dispositivo, es decir la denominada “Comisión Facilitadora de apoyo a los trabajos del IV Congreso Nacional del SNTE” (13 de febrero 2007), se hicieron oír múltiples voces críticas sobre la nueva alianza entre la autoridad educativa y el gremio. Ello no fue obstáculo, sin embargo, para que continuara la transición hacia la fórmula de cogobierno.

Poco después, el 21 y 22 de mayo de 2007, se celebraron las sesiones plenarias del IV Congreso Nacional de Educación organizado por el SNTE. Como parte de las conclusiones del Congreso, la organización sindical propuso la necesidad de integrar “un modelo educativo para el siglo XXI” a través de la consulta con especialistas, autoridades educativas y representantes sindicales. La estrategia se habría de plasmar, al cabo, en la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB). También fue conclusión del congreso impulsar la evaluación integral y la formación profesional del magisterio, desde luego con el concurso de la organización magisterial.

No menos importante, el IV congreso aprobó la formulación de una Norma Oficial Mexicana (NOM) relativa a la calidad educativa. El Programa Sectorial de Educación 2007-2012, publicado en noviembre de 2007, incluyó dicha recomendación entre las acciones a desarrollar en el ámbito de la educación básica. Más tarde, en mayo de 2008, el SNTE hizo público el documento “Propuesta de anteproyecto de Norma Oficial Mexicana del Servicio de Calidad en la Educación Básica Obligatoria”, en la cual hay un propuesta de definición operativa sobre la calidad educativa, los indicadores y estándares la describen, así como las instancias que, según la propuesta del SNTE, se encargarían de supervisar, comprobar y certificar su cumplimiento en los centros escolares.

Lo de la NOM de calidad educativa no prosperó más allá del proyecto. En lo que sí se avanzó fue en la RIEB. Como hace notar Guadalupe Ruíz Cuellar, “el proceso llevó varios años debido a que se realizó en diferentes momentos en cada nivel educativo: en 2004 se inició en preescolar, en 2006 en secundaria y entre 2009 y 2011 en primaria. En este último nivel educativo la reforma curricular se fue implementando de forma gradual, combinando fases de prueba del nuevo currículum con fases de generalización a la totalidad de las escuelas primarias del país”. (“La Reforma Integral de la Educación Básica en México en la educación primaria: desafíos para la formación docente”, Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, vol. 15, núm. 1).

En mayo de 2008 se suscribió la “Alianza por la Calidad de la Educación” (entre el gobierno federal y el SNTE), que concretaba las principales propuestas educativas del cogobierno, entre ellas el compromiso de la evaluación universal del magisterio así como el otorgamiento de nuevas plazas de profesores y directivos del sistema educativo por la vía de los concursos de oposición.

En complemento de la RIEB, al final del sexenio se dio a conocer el contenido de la Reforma curricular de normales 2011-2012, con tres propuestas básicas: enfoque centrado en el aprendizaje; flexibilidad curricular, y modelo basado en competencias. En 2011 se implementó una experiencia piloto y en 2012 la generalización de la propuesta. El ciclo reformista del PAN terminaría con varios pendientes, quizás el principal el modelo propuesto para la evaluación docente y la formación del magisterio.
Terminaría también con la ruptura de facto de la alianza desarrollada en esos años. A la vista de las elecciones de 2012, el gremio abandonaba el barco blanquiazul.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/reformas-que-van-y-vienen-los-anos-recientes/

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Reformas que van y vienen: La primera década del siglo

Por. Roberto Rodriguez

Llegó el nuevo milenio y con él un cambio de rumbo en el escenario político nacional. El 2 de julio de 2000 fue electo Vicente Fox Quezada, representante de la fórmula PAN-PVEM, y la misma agrupación alcanzó en el Congreso mayoría relativa: 42.5 por ciento en la de diputados y 38.2 por ciento en el senado. La victoria de la oposición se presentía desde los comicios de 1997, cuando por primera vez el PRI perdió su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el resultado no dejó de ser sorpresivo luego de siete décadas del predominio casi total del Revolucionario Institucional en las esferas del poder público.

Durante su campaña Vicente Fox estableció un decálogo de compromisos en caso de ser electo. En materia educativa enunciaba dos: mantener el carácter laico de la educación pública, y que “la educación sea prioritaria y se garantice el aumento sustantivo de los recursos a la educación y la investigación, el combate efectivo al rezago educativo, así como el incremento en el promedio de escolaridad y de la calidad educativa de los mexicanos” (compromisos primero y sexto de la campaña, 30 de mayo del 2000). De las propuestas concretas para el campo educativo destacaban dos: implantar un amplio sistema de becas para subsidiar a estudiantes de escasos recursos en los niveles de educación media superior y superior, y aprovechar las tecnologías digitales de información y comunicación para mejorar la oferta escolar en términos de cantidad y calidad.

Una vez electo, Fox tomó la opción de encargar a grupos especializados la elaboración de propuestas técnicas que sirvieran de base para la integración de los programas sectoriales que se integrarían al Plan Nacional de Desarrollo (PND). También tomó la decisión de encargar los trazos generales del PND a especialistas de distintas áreas y disciplinas, varios de ellos reclutados por los head-hunters que apoyaron la integración de los grupos de trabajo del presidente electo.

En ese marco se designó al entonces director general del ITESM, Rafael Rangel Sostmann, para que coordinara el equipo de colaboradores encargado del diseño de propuestas de políticas educativas para el sexenio. En el denominado “equipo de transición del presidente electo para el área educativa” participaron una docena de especialistas, varios de ellos académicos de reconocida trayectoria en investigación educativa, y el resto más bien expertos en planeación y gestión de instituciones educativas públicas o privadas. El resultado de su trabajo se plasmó en el documento titulado “Bases para el Programa Sectorial de Educación 2001-2006”, que sería tomado como importante referencia, aunque no exclusiva, en la integración del programa educativo del sexenio.

Tal y como aclara Felipe Martínez Rizo, para la confección del programa sectorial, elaborado en el primer semestre de 2001, se tomó en cuenta, además de las aportaciones de las “Bases”, los diagnósticos y propuestas elaboradas por las distintas áreas de trabajo de la SEP, así como las recomendaciones elaboradas por el SNTE para los niveles de educación básica y el sistema de normales públicas (véase Felipe Martínez Rizo, “Las políticas educativas mexicanas antes y después de 2001”, Revista Iberoamericana de Educación, núm. 27, 2001).

¿Cuáles fueron las principales novedades de la política educativa del sexenio? La primera, el subprograma “Educación para la vida y el trabajo”, que venía a sustituir al modelo de educación de adultos desarrollado hasta entonces. Surgió con metas muy ambiciosas (reducir significativamente el analfabetismo y el rezago escolar) y con un enfoque que enfatizaba el potencial educativo de las tecnologías digitales. Para educación básica se proponía la Reforma de la Educación Secundaria (RES), así como la articulación curricular de los tres niveles: preescolar, primaria y secundaria. Se proponía también la elaboración de un diagnóstico completo de la problemática de la educación media superior para derivar del mismo una propuesta de reforma integral.

No podía faltar la propuesta del sistema de becas, que tomó la forma de un Programa Nacional de Becas y Financiamiento para Educación Superior (Pronabes), así como el fortalecimiento de los programas los compensatorios para educación básica, y la creación del programa Oportunidades, en 2002, en reemplazo del anterior Progresa, que habría de incluir un componente educativo para apoyar las oportunidades educativas de la población más vulnerable.

Uno de los programas en que la administración Fox depositó mayor confianza como seña de propósitos de renovación fue el denominado Enciclomedia, a través del cual se buscaba aprovechar tecnología y materiales digitales (computadoras y pizarrones electrónicos) que apoyaran el trabajo del maestro y motivaran el aprendizaje de niños y jóvenes. Tras varios años de preparación Enciclomedia inició en 2004, y de entonces hasta el fin del sexenio tuvo un importante respaldo presupuestal.fox
A las propuestas indicadas cabe añadir las correspondientes a la gobernanza del sistema. Al respecto se decidió la integración de tres órganos colegiados: el consejo nacional de autoridades educativas, el consejo nacional de especialistas, y la reestructura del consejo nacional de participación social. El primero fue autorizado hasta el final del sexenio, el segundo se integró hacia 2004 apenas logró trascender el sexenio de Fox, mientras que el Conapase, a pesar de las intenciones de reforma, conservó su estructura hasta el final de la administración.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/reformas-que-van-y-vienen-la-primera-decada-del-siglo/

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