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Reformas que van y vienen: Los 90 (segunda parte)

Por: Roberto Rodríguez

La marca de identidad de la política educativa desarrollada durante el sexenio de Salinas de Gortari es la descentralización. Al comenzar la década noventa, una vez superado el conflicto magisterial de 1989, se restablece el objetivo de federalizar los servicios educativos mediante una propuesta de entregar a los estados la administración y gestión de los sistemas públicos de educación básica y normal. El diseño del mecanismo para la descentralización transcurre simultáneamente con la recomposición organizativa del SNTE.

La colaboración del sindicato en la operación de esta política tenía una condición básica: evitar la formación de tantos sindicatos educativos como entidades federativas en la República. Además, acompañar la propuesta federalista con beneficios de orden laboral para el magisterio.

El Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación Básica (ANMEB) fue publicado en mayo de 1992. El apartado de “antecedentes”, que argumenta en torno a la necesidad e importancia de la política de federalización, presenta un diagnóstico negativo: “la calidad de la educación básica es deficiente en que, por diversos motivos, no proporciona el conjunto adecuado de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas, actitudes y valores necesarios para el desenvolvimiento de los educandos y para que estén en condiciones de contribuir, efectivamente, a su propio progreso y al desarrollo del país.”

Al considerar la calidad el imperativo de la modernización, el texto ubica el propósito central del ANMEB en su contribución para elevar la calidad de la educación básica ya que “del Acuerdo se derivarán planes y programas de estudio tendientes a una mayor calidad y, a través de mejores escuelas públicas, se establecerán referentes de una mayor jerarquía y competitividad educativa para la escuela privada.”

Mediante el ANMEB la autoridad federal proponía que, a través de convenios suscritos con cada estado, se transfiriera a los gobiernos locales la dirección de las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, así como la formación de maestros. Además, indica el Acuerdo, se impulsará “la reformulación de contenidos y materiales educativos para concentrar el plan de estudios de la educación primaria en conocimientos verdaderamente esenciales”. Por último, el ANMEB anunciaba propósitos de dignificación de la tarea docente, a través de un nuevo mecanismo: el plan de carrera magisterial.

Dado a conocer el mecanismo la lideresa del SNTE declaró: “el Acuerdo o el federalismo no fue algo que el sindicato propusiera; lo negoció. El SNTE no se resistió. Decían que nos oponíamos a los cambios pero nosotros apostamos al cambio, y desde nuestra óptica, nos sentamos a negociar, lo hicimos de buena fe y esperamos lo mismo” (declaración citada por Víctor Alejandro Espinoza Valle, “El SNTE ante la modernización educativa y la alternancia política en Baja California”, Frontera Norte, núm. 17, 1997, pág. 134.

A la publicación y primera implementación del ANMEB seguirían otras medidas de orden normativo: la reforma del artículo tercero constitucional en 1992-1993 y la promulgación de la Ley General de Educación de 1993. En la reforma constitucional sobresale la obligatoriedad de la educación secundaria, así como la obligación del Estado de “promover y atender todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación superior” y la de “apoyar la investigación científica y tecnológica”.

La Ley General de Educación (LGE), aprobada en julio de 1993, en reemplazo de la Ley Federal de Educación de 1973, aunque se articula con los propósitos generales del ANMEB limitaba sensiblemente los alcances reales de la federalización porque preservaba para la autoridad federal atribuciones exclusivas en materia de contenidos curriculares, libros de texto, calendario escolar, criterios generales de gestión escolar, y funciones de planeación y evaluación del sistema. Además en la LGE se incluye las nuevas figuras de participación social de nivel escolar, municipal, estatal y nacional.

La reforma de contenidos educativos de la educación básica fue procesada en paralelo a la política de federalización. En 1991 el Consejo Nacional Técnico de la Educación (CONALTE) estableció una primera propuesta contenida en el documento denominado “Nuevo Modelo Educativo”. Tras su revisión por las autoridades estatales y el SNTE se dio a conocer, en 1993, el documento “Plan y Programas de Estudio 1993 Educación Básica” en el cual se establecía, como principio pedagógico orientador “estimular las habilidades que son necesarias para el aprendizaje permanente (…) Se ha procurado que en todo momento la adquisición de conocimientos esté asociada con el ejercicio de habilidades intelectuales y de la reflexión.”descarga-10

Aunque la reforma educativa de 1993 proponía un giro conceptual pedagógico para la educación básica, lo primero y más destacado del programa era la restitución de asignaturas en lugar del ordenamiento por áreas de conocimiento establecido en 1973. El retorno a la enseñanza por materias era principalmente una demanda del sindicato nacional.

En el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) habrían de cristalizar las líneas de la modernización educativa emprendida en la administración previa, principalmente el modelo de descentralización pactado. No obstante, conviene destacar, por un lado, la acción del conjunto de “programas compensatorios” para brindar servicios educativos a población vulnerable, así como la controvertida reforma de la reforma curricular de la educación básica, mediante un balance diferente de las asignaturas de la educación primaria y secundaria.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/reformas-que-van-y-vienen-los-90-segunda-parte/

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Aprender a aprender o aprender a conocer

Roberto Rodríguez

El texto Modelo Educativo 2016, recientemente publicado por la SEP, describe las características generales del planteamiento pedagógico ideado para reformar el currículum de la educación obligatoria. Las ideas y propuestas ahí contenidas están sujetas a discusión en el marco de los foros que, en estos días, coordina la autoridad educativa federal. Es probable, por lo tanto, que algunos de los contenidos se modifiquen.

Uno de los capítulos del volumen, central en la propuesta, se titula “El planteamiento curricular” (págs. 34 a 50). Se divide en varios rubros: la vigencia del humanismo y sus valores, los desafíos de la sociedad del conocimiento, las oportunidades desde las ciencias de la educación, contenidos educativos, y ambientes de aprendizaje.

Lo primero que llama la atención es la proximidad de los planteamientos del ME-2016 con los publicados en 2011 por la SEP en Plan de estudios 2011. Educaciòn Básica. Contiene el documento vinculado a la Reforma Integral de la Educaciòn Básica (RIEB) el capítulo “Principios pedagógicos que sustentan el plan de estudios” (págs. 26 a 37). Los doce principios que fincan el plan aprobado hace menos de cinco años coinciden, en buena media, con los elaborados para el ME-2016. En particular: centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje; generar ambientes de aprendizaje; trabajar en colaboración para construir el aprendizaje; usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje; evaluar para aprender; favorecer la inclusión para atender a la diversidad; renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela, entre los más evidentes.

El contraste entre ambos documentos (2011 y 2016) permite concluir que, en materia pedagógica, hay más continuidad que cambio. ¿Eso es negativo? No necesariamente. Lo que no está bien es no reconocer las líneas y eslabones de continuidad y aclarar qué es efectivamente lo que se transforma. En materia pedagógica e incluso curricular no parece tanto, en todo caso se advierte la sola agregación de nuevos contenidos, pero no de nuevos enfoques.

No es extraño, por lo demás, que exista continuidad en los planteamientos. Tienen un elemento en común: las propuestas de la OCDE en materia pedagógica, curricular y organizativa para el caso de México derivadas, del Acuerdo de Cooperación México OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas” vigente de 2010 a 2012.

La asesoría de la OCDE fue una de las piezas clave para orientar la versión final de la RIEB y también para introducir la idea de la evaluación docente obligatoria que sería instalada a partir de la reforma educativa de este sexenio.

Uno de los materiales empleados en la asesoría de la OCDE fue La Naturaleza del Aprendizaje. Investigación para inspirar la práctica. Guía del practicante volumen compilado por Hanna Dumont, David Istance y Francisco Benavides, publicado en inglés en 2010 y una versión ejecutiva en español en 2012. El aprovechamiento de ese texto en el capítulo “El planteamiento curricular” del ME-2016 salta a la vista, hasta extremos criticables. El ME-2016 fusila al menos cuatro párrafos largos del material de la OCDE sin entrecomillar ni citar la fuente (véanse las páginas 41-43 del documento de la SEP en comparación con las páginas 4-5 del texto OCDE). Eso no se hace. De un documento oficial de la Secretaría se esperaría mayor rigor, creo.

Otra que llama la atención, aunque no me detendré demasiado en ella, es la incorrecta traducción y peor conceptualización del Learn to Know, recogido en el celebérrimo informe de la Comisión Delors La educaciòn encierra un tesoro, publicado por la UNESCO en 1996. En aquel trabajo, que orientó buena parte de las reformas educativas de los años noventa en todo el mundo, se razonaba en torno a cuatro pilares de la educación: aprender a ser, aprender a convivir, aprender a hacer y aprender a conocer. El ME-2016 considera que el aprendizaje clave correspondiente es “aprender a aprender”. Pero no es lo mismo: conocer es una operación intelectual más compleja que el aprendizaje continuo, aunque lo implique.

Por cierto, del repaso del texto coordinado por Jaques Delors extraigo una cita larga que nos previene del fundamentalismo contrario a la memoria, es decir del imperio “del aprendizaje significativo en lugar del memorístico” (ME-2016, pág. 50). Al respecto, señala la Comisión de la UNESCO:

“El ejercicio de la memoria es un antídoto necesario contra la invasión de las informaciones instantáneas que difunden los medios de comunicación. Sería peligroso imaginar que la memoria ha perdido su utilidad debido a la formidable capacidad de almacenamiento y difusión de datos de que disponemos en la actualidad. Desde luego, hay que ser selectivos en la elección de los datos que aprenderemos de memoria, pero debe cultivarse con esmero la facultad intrínsecamente humana de memorización asociativa, irreductible a un automatismo” (La educación encierra un tesoro, pág. 98).

 

Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/aprender-a-aprender-o-aprender-a-conocer/

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Reformas que van y vienen. Primera parte: los setenta

Roberto Rodríguez

Si la calidad de la educación pública en México dependiera del ánimo reformista del gobierno hoy tendríamos resultados sobresalientes. Y no los tenemos.

Repasando la historia reciente de la educación pública del país y de las reformas que la han orientado, es fácil advertir que prácticamente cada administración federal se ha propuesto impulsar cambios, de mayor o menor calado, para hacer frente a los problemas de la cobertura, el rezago, y por supuesto la calidad de los servicios educativos. Se han ideado y experimentado soluciones de corte normativo, organizacional, administrativo, pedagógico y también político. No es la actual reforma educativa ni la más ambiciosa ni la mejor procesada.

Vale la pena repasar brevemente cuáles han sido los proyectos, las fórmulas de implementación y los resultados de las reformas del sector en las últimas décadas para ponderar hasta qué punto los cambios que ahora se proponen son novedosos y en qué medida pueden ser eficaces.

Comencemos con la reforma educativa de Echeverría (1970-1976). En esta se expresaron soluciones orientadas no tanto a una transformación a fondo del sistema educativo vigente, como a la modificación de las estructuras tradicionales. La política respectiva definió medidas tales como la actualización de los métodos de enseñanza; la inclusión de distintas modalidades encaminadas a la creación de ciclos terminales y salidas laterales, principalmente de orden técnico; la racionalización y descentralización de los recursos institucionales; la orientación del currículo a partir de áreas básicas del conocimiento, y, finalmente, la reorientación valorativa de los contenidos educativos. La reforma implicó, asimismo, un amplio conjunto de cambios normativos, entre los que destaca la Ley Federal de Educación, aprobada en noviembre de 1973. La línea que conecta estos planteamientos con el proyecto político del Estado puede buscarse en la intención del régimen de lograr una amplia base de apoyo ideológico a partir de la atención de ciertas demandas estratégicas; en este caso, la demanda educativa.

Para generar proyectos específicos en el contexto de la reforma educativa, la SEP integró al inicio del sexenio la denominada Comisión Coordinadora de la Reforma Educativa. Este órgano trabajó durante los primeros meses del nuevo gobierno y sus casi cuatrocientos integrantes establecieron recomendaciones y orientaciones para todos los niveles, tipos y modalidades del sistema educativo. El SNTE participaba en la Comisión a través de la representación formal del sindicato y también a través de la Academia Mexicana de Educación. El organismo gremial fue copartícipe y corresponsable de las medidas impulsadas en los niveles de educación básica.

Por otra parte, las recomendaciones emanadas de la Subcomisión de Educación Superior se habrían de entrelazar con los acuerdos generados en el seno de la ANUIES durante el periodo 1970-1973 para orientar los cambios que, en los ámbitos académico y organizativo, se dieron en las universidades en los siguientes años.
En efecto, las instituciones de educación superior reunidas en la ANUIES recogieron los propósitos de la reforma e iniciaron un proceso de búsqueda conjunta de soluciones tendientes a crear un sistema de educación superior renovado y mejor articulado. Al coincidir con la estrategia del Estado a favor de una amplia reforma educativa en todos los niveles del sistema, las instituciones adscritas a la asociación establecieron, a partir de 1970, una serie de acuerdos que marcaron la pauta en la transformación cualitativa de la enseñanza superior del país. Al respecto resulta emblemática la creación de instituciones innovadoras: el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, el Colegio de Bachilleres y la Universidad Autónoma Metropolitana.

La segunda mitad de la década corresponde al sexenio del presidente José López Portillo (1976-1982). A diferencia de su antecesor, el titular del ejecutivo otorgó prioridad al diseño y la instrumentación de políticas públicas basadas en planes y programas formales. Desde el inicio del sexenio se ordenó a todas las áreas de la administración pública federal que establecieran planes sectoriales con acciones, objetivos y metas de mediano y largo plazo. El ejercicio derivó, en primer lugar, en la formulación del Plan Global de Desarrollo 1980-1982, aprobado por decreto presidencial el 15 de abril de 1980, pero también sirvió de sustento para gestar el nuevo marco normativo de planeación del sector público: la Ley General de Planeación, aprobada en enero de 1983.
Durante el sexenio del presidente López Portillo la acción gubernamental se concentró en expandir la oferta de educación primaria en todo el país para garantizar una oferta suficiente en el nivel. La prioridad sobre la educación básica hizo que solo se creara una nueva institución universitaria: la Universidad Pedagógica Nacional, establecida en 1978 como “la respuesta del Gobierno Federal al legítimo anhelo del magisterio nacional para consolidar las vías de su superación, acorde con las necesidades actuales del sistema educativo” (Decreto de Creación de la UPN).

Durante el periodo de Echeverría el término “reforma educativa” impregnaba, en su totalidad, el discurso de la política sectorial. En cuanto López Portillo tomó posesión del cargo se dejó de hablar de ello. El lema era ahora: educación para todos.

Fuente del articulo:http://www.educacionfutura.org/reformas-que-van-y-vienen-primera-parte-los-setenta/

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UNESCO-OREALC: Sobre la evaluación de desempeño

Por: Roberto Rodríguez

El pasado lunes comenzó a circular el documento “Evaluación de desempeño de docentes, directivos y supervisores en educación básica y media superior de México. Análisis y evaluación de su implementación 2015-2016”; elaborado por un grupo de expertos convocados por la Oficina Regional de Educación de la Unesco para América Latina y el Caribe (OREALC).

Hace un año se difundió también un estudio internacional sobre la nueva evaluación docente en México: “Evaluación internacional de los procesos de evaluación de ingreso y promoción al Servicio Profesional Docente en Educación Básica y Educación Media Superior en México, 2014-2015”, elaborado por especialistas del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE-Unesco ), elaborado en el marco del convenio de colaboración entre ese organismo y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE.

Puede decirse que los dos estudios internacionales son complementarios entre sí, ya que el primero se concentra en la evaluación de desempeño y el primero en la evaluación de ingreso y promoción al Servicio Profesional Docente. La metodología seguida en ambos casos es similar, se basa en el análisis de la documentación relevante, en entrevistas con distintos tipos de actores involucrados en el proceso, y en observación de campo con atención a los procesos de implementación respectivos. También en ambos casos se toma en cuenta el diseño de las evaluaciones, los instrumentos y la organización de las evaluaciones.

No obstante, dado que la evaluación de desempeño, a diferencia de las de ingreso y promoción, generó fuertes resistencias, críticas e inconformidades de una parte significativa del magisterio evaluado, el documento de OREALC-Unesco  aborda con mayor amplitud las dimensiones propiamente políticas de la aplicación.

Entre los problemas detectados por los expertos internacionales destaca, en primer lugar, el apresurado ritmo en que, debido a los calendarios previstos en la normativa que rige las nuevas prácticas de evaluación docente, y también por la decisión (del INEE) de optar por una evaluación multidimensional, el diseño de los instrumentos, principalmente a cargo del Ceneval, bajo supervisión del INEE, la planeación y logística de la aplicación, así como la confección de una plataforma tecnológica adecuada, diseñada por el ILCE.
En opinión del organismo, “entre las dificultades más importantes observadas en el primer ciclo de la evaluación de desempeño, estuvo su ajustada agenda. Varios problemas aparecen estrechamente vinculados a éste, como el débil diseño estratégico de procesos relevantes (como la entrega de resultados); la insuficiente planificación de detalles de procesos operativos y técnico críticos y sensibles para los evaluados; falta de tiempo para poder implementar adecuadamente los procesos de revisión, recarga de recursos humanos y equipo a su límite de operación (tanto en Ceneval, como en el INEE y en la SEP), falta de tiempo para poder comunicar efectiva y oportunamente los procesos a los actores involucrados” (p. 38).

La crítica sobre el proceso de implementación lleva a los expertos a concluir que “en este primer ciclo de aplicación se observó que los equipos en los distintos niveles estaban completamente consumidos respondiendo a los obstáculos que iban emergiendo día a día, a un ritmo que se puede calificar de frenético” (p. 39).

La explicación de esta problemática tiene para los expertos un cariz político. La evaluación docente estuvo atrapada entre dos agendas: la recuperación de la rectoría del Estado en materia educativa, y el propósito de evaluar a los maestros para emprender procesos de formación docente que permitieran mejorar su desempeño y perfil profesional. Forzar el proceso de evaluación sin contar con un diseño completo, probado y validado, obedece a la primera agenda y marca límites claros a la segunda.

En otro orden de ideas, el documento hace notar los problemas de coordinación del sistema de evaluación. La “gobernanza distribuida” (es el término que usan), en que SEP, INEE, la Coordinación del Servicio Profesional Docente, las autoridades educativas de los estados, Ceneval e ILCE participaban de manera conjunta en el proceso, implicó un reto mayúsculo de coordinación que no en todos los casos fue resuelto con suficiencia.

Otro aspecto que trata el documento se refiere a la crítica de académicos y a la resistencia organizada de la disidencia magisterial, en particular la CNTE. Sobre este punto los especialistas subrayan un déficit comunicacional, de la SEP y el INEE, para justificar con argumentos suficientes y razonables el “para qué” de la evaluación. En el futuro, consideran, es muy importante “densificar” el discurso de justificación del proceso. Dado que, concluyen, “una evaluación con consecuencias siempre generan resistencias, es importante que un plan de comunicación estratégico permita sostener la evaluación reforzando los aspectos positivos y mostrando evidencia y argumentos claros respecto del alcance de las consecuencias, de manera que quienes teman a los resultados (…) no sean los actores del sistema en general, sino los que incumplen sostenidamente los propósitos de aprendizaje que la sociedad le ha encomendado (p. 56).

Es difícil coincidir con la apreciación de OREALC-Unesco  de que las resistencias a la evaluación son resultado de una política de comunicación limitada o ineficaz, o que las diferencias de los maestros con la autoridad educativa se pueden solventar con una mejor política de medios. No obstante, es llamativo que los especialistas adviertan este ángulo de la problemática, que sin duda está presente en el balance de legitimidad de la reforma en su conjunto.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/unesco-orealc-sobre-la-evaluacion-de-desempeno-destacado/

 

 

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La evaluación que falta

Por. Roberto Rodriguez.

Si la reforma curricular es la respuesta ¿cuál es la pregunta? Dicho de otra manera, ¿cuáles fueron los referentes que se tomaron en cuenta en la decisión de reformar el modelo pedagógico y organizativo de la educación obligatoria del país? La pregunta cobra sentido si se toma en cuenta, para comenzar, que se cumplen apenas cinco años de la llamada Reforma Integral de la Educación Básica, la RIEB, que en su momento se presentaba como una solución integral a problemática de la educación básica del país.

La RIEB, se recordará, se propuso en primer lugar la integración pedagógica de los tres niveles de la educación básica: preescolar, primaria y secundaria. Ello con el antecedente de las reformas emprendidas en los niveles de preescolar (Reforma Curricular en la Educación Preescolar de 2004) y educación secundaria (Reforma de la Educación Secundaria de 2006). La RIEB contenía ambas reformas y proponía la de la educación primaria. En complemento, la SEP inició en 2008 la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), con el propósito de renovar el enfoque educativo del bachillerato en México a través del sistema de aprendizaje por competencias, y en previsión a la decisión gubernamental de fijar la obligatoriedad de la enseñanza media superior (2012).

Cabe agregar que los procesos de negociación para la aprobación e implementación de las reformas mencionadas no fueron fáciles ni tersos. Cuando en 2004 se anunció la Reforma Integral de la Educación Secundaria se multiplicaron las críticas por la reducción de los programas de historia, geografía y educación cívica, así como sobre el enfoque de la enseñanza científica planteado en la reforma.

A esas críticas se añadió la controversia planteada por el SNTE sobre el carácter unilateral del proceso de reforma y de la CNTE sobre el sustento ideológico neoliberal que, según esta corriente, inspiraba el cambio curricular propuesto. En 2006 se replanteó la estrategia reformista y se abrió un nuevo proceso, esta vez en colaboración y negociación con el SNTE. Además de brindar atención a las críticas surgidas de la comunidad académica, el gobierno se comprometió a acompañar la reforma de la secundaria con apoyos de infraestructura, capacitación y mejoramiento de las condiciones laborales del magisterio. Sobre conocer las etapas de este proceso vale la pena consultar el documentado artículo “La Reforma de la Educación Secundaria en México. Elementos para el debate”, de Francisco Miranda y Rebeca Reynoso, Revista Mexicana de Investigación Educativa, núm. 31, 2006.

Otro tanto puede decirse del proceso de diseño e implementación de la RIEMS: no fue sencillo ni estuvo exento de críticas y fricciones. En primer lugar, ni los bachilleratos de la UNAM ni los del Politécnico Nacional accedieron a su implantación. En el caso de los bachilleratos dependientes de universidades autónomas se abrió la posibilidad de adoptar los principios de la RIEMS adaptándolos a las características y condiciones de cada institución. Además, a través del Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) auspiciado por la ANUIES se facilitaron procesos de formación para la planta docente y los directivos involucrados en la reforma del bachillerato.pisa

¿Fueron exitosas esas reformas? Depende como se mire, desde luego. A juicio de los expertos de la OCDE la RIEB “es una reforma de amplio alcance que puede tener efectos positivos a largo plazo sobre el aprendizaje de los alumnos en México (…) Se trata de una reforma educativa profunda y estructural, que aprovecha los esfuerzos de un gran número de actores escolares y se basa en el consenso alcanzado por las partes interesadas. A través de la promoción de prácticas que favorecen el aprendizaje del alumnado, la RIEB puede sostener una mejora duradera y reflejar una adecuada visión de la política a largo plazo” (Paulo Santiago, et al., Revisiones de la OCDE sobre la Evaluación de la Educación Superior, OCDE-SEP-INEE, 2012).

Este punto de vista coincide con el de los especialistas del INEE, quienes han sostenido que el problema central de la calidad educativa en México no radica en el modelo curricular sino, principalmente, en las condiciones de marginalidad de las escuelas y de los planteles docentes en las regiones económicas más vulnerables. Según las evaluaciones de estudiantes (PISA, Excale, Enlace y Planea) en México se han observado algunas mejoras en términos de cobertura y calidad de la educación básica, pero persiste una correlación muy clara entre condiciones sociales y posibilidades de logro escolar. Mientras las condiciones de desigualdad persistan es muy difícil que a través de modificaciones del currículum se puedan obtener resultados significativamente superiores.

Así las cosas, la evaluación pendiente a la que se refiere el título de esta colaboración es la de las reformas antecedentes ¿han funcionado o no?, ¿cuáles han sido sus principales limitaciones?, ¿cuál es la evidencia que aconseja emprender un nuevo proceso de reforma antes de dejar madurar el inmediato anterior?

Sin una evaluación a fondo en este sentido, el nuevo “Modelo Educativo 2016” parece más una repuesta a las críticas sobre el carácter político y laboral de la reforma educativa que una apuesta suficiente y objetivamente fundamentada en favor del desarrollo del sistema educativo del país.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-evaluacion-que-falta/

Imagen: http://www.capital.es/wp-content/uploads/2011/08/BBVA.jpg

 

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Reformar la reforma, evaluar la evaluación

Por: Roberto Rodríguez

Desde Quebec, la víspera de la segunda sesión de diálogo entre el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, el presidente Enrique Peña Nieto lanzó la línea política del gobierno federal respecto a la reforma educativa y el conflicto entre la autoridad y la disidencia magisterial. Dijo que, ante todo, “para el gobierno de la República lo que está muy claro y lo que es su deber es justamente aplicar lo que está en la legislación, el mandato que tiene la ley. Lo que no está el gobierno dispuesto a hacer es negociar la ley.”

El mensaje del presidente, emitido durante una conferencia de prensa junto al primer ministro de Quebec, Philippe Couillard, agregó: “Yo creo que la reforma educativa deriva en importantes beneficios para el propio magisterio, al premiar y reconocer los méritos de cada maestro, pone a la escuela en el centro o como un elemento central, precisamente, de la reforma educativa para que haya espacios dignos para que los jóvenes reciban educación; y presta especial atención al contenido educativo que deben recibir las nuevas generaciones.” Tómese en cuenta que dicha conferencia tuvo lugar el lunes 27 de junio a mediodía, y que la reunión Segob-CNTE estaba programada para el mismo día a partir de las seis de la tarde.

Un día antes, el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, anticipó la posición presidencial a través de un comunicado de prensa. El legislador aseguró que en vista de los “grandes beneficios que (la reforma educativa) traerá a mediano y largo plazo, pretender anularla no es una acción viable ni negociable” (El Financiero, 27 de junio 2016).

A la posición dura sobre la reforma educativa se ha agregado el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva (PRD) quién, en entrevista telefónica, sostuvo “Preocupa que la CNTE se mantenga en una posición radical, porque difícilmente se va a avanzar en que el gobierno acepte echar para atrás la reforma educativa. Eso no creo que vaya a suceder, sería una absoluta capitulación” (MILENIO, 28 de junio 2016). Zambrano, presidente del PRD a la llegada de Peña Nieto a la presidencia, representó a ese partido en la firma del “Pacto por México”, instrumento que, se recordará, contenía los trazos iniciales de la reforma.

Algunos analistas han interpretado la postura del Ejecutivo federal como de respaldo político a la gestión del titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, y de acotamiento al trabajo de negociación emprendido por el secretario de Gobernación. Sin negar esa posibilidad, la línea política presidencial parece responder, asimismo, al intento de capitalizar la movilización magisterial por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de su líder principal, Andrés Manuel López Obrador. El discurso de AMLO en la marcha convocada el pasado domingo en apoyo a los maestros disidentes, además de exigir la renuncia del secretario de Gobernación por su presunta responsabilidad en la tragedia de Nochixtlán, fue aprovechado con fines proselitistas que miran hacia la contienda presidencial en 2018.

reunion-cnte-segob2En este clima, la reunión entre Segob y la CNTE no consiguió acuerdos sustantivos. La mesa concluyó con la propuesta de Gobernación de iniciar tres mesas de negociación a reunirse las próximas semanas. Una de ellas enfocada específicamente a la problemática de Nochixtlán, y las otras sobre los temas de despidos y arrestos de los participantes en el movimiento. Pero de la reforma educativa nada o casi nada, salvo el ofrecimiento de Segob de facilitar la interlocución de la representación del magisterio con el Poder Legislativo, en cuyas manos estaría, en todo caso, la opción de derogar o reformar la base normativa de la reforma (Reforma 28 de junio 2016).

La solución propuesta difícilmente apaciguará los ánimos de la disidencia —de la CNTE y otros actores que se han sumado a la protesta— o facilitará el restablecimiento del orden y la paz social. No es a base de discursos, explicaciones legales o promesas que se conseguirá volver las aguas al cauce. Algunos legisladores, de distintos partidos, han propuesto, un diálogo directo con los maestros para considerar posibilidades de atenuación del conflicto a través de algunos cambios en la normativa o en sus formas de aplicación. Ojalá esa vía prospere, porque las alternativas se están cancelando.

Reformar la reforma es posible. Evaluar la evaluación es necesario.

Articulo tomado de: http://www.educacionfutura.org/reformar-la-reforma-evaluar-la-evaluacion/

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Ciencia sin fronteras Los límites de la internacionalización (Parte II)

Por: Roberto Rodríguez. Educación Futura.

En la primera parte de esta colaboración se hizo referencia al origen y objetivos del programa brasileño denominado Ciencia sin Fronteras, iniciado por el gobierno de Dilma Rousseff en 2012.

El proyecto se articuló a la política pública de incidir sobre la competitividad de la economía brasileña mediante la incorporación al aparato productivo de recursos humanos de alta calificación, quienes serían formados en las mejores universidades del mundo. Se tomó la decisión de concentrar recursos en becas para especialidades tecnológicas y disciplinas de ciencias naturales y exactas, dejando para mejor ocasión la posibilidad de apoyar a las ciencias sociales y a las humanidades. Se estableció la meta de generar, en el cuatrienio 2012-2015, más de 100 mil apoyos, principal, aunque no exclusivamente, becas para estudios de posgrado en el exterior.

La prioridad asignada a Ciencia sin Fronteras hizo posible que el programa despegara con brío, aunque ese no fue el único factor asociado a su éxito inicial. Debe tomarse en cuenta, además, que se aprovechó la larga experiencia de las instancias que en Brasil se encargan de la política de ciencia y tecnología, es decir, de la Coordinación de Superación del Personal de Nivel Superior (CAPES) y del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPQ). Ambos organismos fueron fundados en 1951. En la actualidad, CAPES opera bajo la autoridad del ministerio de Educación y CNPQ es un organismo del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación.

Los datos del desempeño del programa hasta el primer trimestre de 2016 indican que se han implementado un total de 92,880 becas, es decir, que la meta programática ha sido cubierta en aproximadamente 90 por ciento de la previsión inicial. No obstante, la crisis económica brasileña de 2015-2016 ha obligado al gobierno a replantear las expectativas de crecimiento de la iniciativa. En el segundo semestre de 2015 el Congreso brasileño, en la autorización del presupuesto para 2016, tomó la decisión de recortar el gasto de 3.5 miles de millones de reales (gasto ejercido en 2015) a 2.1 miles de millones de reales (gasto programado para 2016). Las razones argüidas en torno al recorte fueron la imposibilidad de sostener el escenario financiero del programa en vista de la devaluación del real frente al dólar, la disminución del precio internacional del petróleo, y la expectativa de déficit fiscal.

Congreso-brasileno-Como es de suponerse, la reducción económica causó inquietud en la comunidad científica brasileña y desde luego alarma entre la población beneficiaria. Ante ello, el órgano de gobierno de Ciencia sin Fronteras determinó que se daría prioridad al mantenimiento de las becas en ejercicio dejando en suspenso la asignación de nuevos apoyos. Además, con el beneplácito del Congreso, se autorizó el mantenimiento del programa en el marco del Plan Plurianual 2016-2019. En dicho plan, elaborado por el ministerio de Planeación, Presupuesto y Gestión se proponen un total de 54 programas que articulan la orientación de las políticas públicas del gobierno brasileño para los próximos años, uno de ellos la continuidad de Ciencia sin Fronteras. Este marco es importante porque ubica a la iniciativa en calidad de política de Estado, aunque de ninguna manera asegura la prospección financiera de los recursos porque ello depende de la recuperación económica nacional.

La discusión parlamentaria en torno al presupuesto 2016 así como la toma de decisiones para la determinación del objeto de gasto aprobado para el programa implicó una demora en la distribución de recursos en el primer trimestre de este año. Un efecto de esta situación fue la reacción de varias universidades de Estados Unidos en el sentido de suspender la ministración de la becas a estudiantes, y en algunos casos la posibilidad de suspender los servicios educativos, en tanto el gobierno de Brasil no hiciera entrega de los recursos comprometidos. Aunque este problema logró ser superado en su mayor parte, es un aviso inequívoco de lo que ocurrirá al cerrarse la llave financiera del programa. Para las universidades del mundo anglosajón, en las que participa la gran mayoría de los becarios de Ciencia sin Fronteras, la prioridad no es la formación de los recursos científicos y tecnológicos de Brasil, sino el acceso a las becas del programa. Simple y sencillamente.

Aparte de la estrechez financiera a la que se sujeta el futuro de Ciencia sin Fronteras está el complejo escenario político brasileño. Como se sabe, la continuidad de la presidencia de Rousseff está en el aire, como también la de los principales cuadros políticos de su gobierno. Todo puede cambiar en la coyuntura inmediata y con ello los programas claramente identificados con la gestión presidencial en crisis.

Por último, aunque de no menos importancia, están las críticas que ha generado la gestión del programa. Hay quejas de su excesivo centralismo, de su concentración exclusiva en las áreas de ciencia y tecnología, del uso de rankings internacionales, como el Times y el QS, para determinar la calidad de las universidades extranjeras (que es un criterio para aprobar las solicitudes de becas), así como la falta de mecanismos objetivos de evaluación y seguimiento de resultados. Junto con las anteriores, una crítica central se enfoca a la debilidad de los mecanismos de inclusión de los egresados en el sistema universitario brasileño, en el sector gubernamental y en la empresa privada. ¿Cuál ha sido el efecto del programa en términos de la competitividad de la economía brasileña? Seguramente es pronto para medirlo, pero los críticos de Ciencia sin Fronteras argumentan, quizás con razón, que aún no se ha diseñado un procedimiento para valorar resultados.

Publicado originalmente en: www.educacionfutura.org

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