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Educación y profesiones en la renegociación del TLC 1. Estados Unidos

Por: Roberto Rodríguez

El 17 de julio fue dado a conocer el documento Resumen de objetivos para la renegociación del TLCAN, elaborado por la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés). La USTR, adscrita a la Oficina Ejecutiva del Presidente, es la agencia gubernamental responsable de orientar las negociaciones comerciales de rango internacional. Esa capacidad a su vez es regulada por la Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act de 2015.

Encabeza la USTR Robert Lighthizer desde el 15 de mayo, en reemplazo de Stephen Vaughn quien fuera designado como interino. Vaughn duró menos de un mes en el cargo y no fue confirmado por el presidente Trump por sus diferencias en el enfoque de inminente negociación. En el documento se indica que la USTR llevó a cabo una extensa consulta que incluyó a congresistas, empresarios, inversionistas y público en general. Aportaron observaciones las agencias especializadas y los asesores presidenciales.

El texto de referencia es breve (17 páginas) y aborda en lo general los que, desde la visión de la agencia, son los objetivos que la representación debe lograr en las rondas de negociación que iniciaron ayer. Dichos objetivos, más de un centenar, se agrupan en veintidós rubros, que incluyen casi todos los aspectos del tratado y tienen en común el propósito de mejorar la competitividad de la economía estadounidense en el marco de la dinámica comercial entre los tres países. Entre las novedades que el gobierno de Estados Unidos busca incorporar al acuerdo destaca el comercio digital en bienes y servicios, los flujos de datos transfronterizos, así como políticas de nueva generación en materia de competencia, trabajo, medio ambiente, transparencia y combate a la corrupción.

Se incluye en el documento la postura estadounidense respecto a las controversias en materia de cuotas antidumping y compensatorias. El texto vigente indica para la solución de las mismas se establecerá, en cada caso, un panel binacional con plena capacidad de arbitraje (capítulo 19 del TLCAN). El gobierno de los Estados Unidos propone eliminar todo el capítulo y reemplazarlo con disposiciones que aseguren la solución de controversias bajo la normativa local en la materia. Tanto México como Canadá han cuestionado esa postura, pero la representación canadiense agregó que su posición es inflexible y que podría ser causa de su salida de la negociación. Por último, destaca la intención del gobierno de Trump de asegurar que los países asociados eviten manipular, de cualquier manera, el tipo de cambio para ajustar la balanza de pagos o lograr una ventaja competitiva.

Ahora bien, ni provisión de servicios educativos, ni la regulación del ejercicio profesional en el marco del acuerdo han sido, hasta el momento, temas directamente abordados en la agenda estadounidense de renegociación. Sin embargo, algunos de los objetivos planteados por la USTR pueden tener incidencia en esos temas.

Conviene aclarar que el enfoque de México sobre inversión extranjera en educación privada ha sido francamente aperturista. En el TLCAN se confirmó el criterio, establecido en la Ley de Inversión Extranjera, de posibilitar dicha inversión con una limitación: que en cada caso la participación foránea no supere el 49% de la inversión total. No obstante, la norma mexicana hace posible una cuota superior si la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras así lo autoriza. Otra limitación, bajo la Ley General de Educación, es que las IES con capital extranjero quedan sujetas, para la validación de los títulos y grados que ofrecen, a los requisitos del Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

Los objetivos de la USTR relacionados con el comercio digital de servicios proponen asegurar que no habrá barreras técnicas ni jurídicas ni para el flujo de datos ni para la provisión de los bienes y servicios asociados -por ejemplo software y soporte técnico- pueden, por tanto, ser un incentivo para incrementar la oferta foránea de educación a distancia digital. Ni el RVOE actual, ni el proyecto de reforma de la SEP, contienen regulaciones exhaustivas en la materia, lo que podría ser un problema ante la eventual proliferación de educación superior a distancia generada y administrada fuera de México.

En materia de trabajo la USTR propone exigir a los países firmantes que adopten normas laborales reconocidas en la Organización Internacional del Trabajo, entre otras la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Es importante advertir que entre los pocos países (únicamente veintitrés) que no han ratificado el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (convenio 98 de la OIT) se encuentran Estados Unidos, México y Canadá, por lo que sería toda una novedad que aceptaran hacerlo por la vía del TLCAN. Si ello ocurre, la libre sindicalización y la negociación colectiva de las condiciones de trabajo tendrían un impacto importante en las instituciones educativas privadas, entre ellas las que cuentan con capital extranjero, en la mayoría de las cuales tales derechos rara vez se aplican.

Hasta el momento el tema migratorio está excluido de la agenda USTR. Una de dos, o bien la representación estadounidense considera que el texto vigente es satisfactorio, o bien se aguarda a las posturas de los países asociados para negociar sobre esa base. Lo primero es más probable pero, en todo caso, en el documento se aclara que las recomendaciones pueden cambiar en el curso de la negociación. Además, bajo el subtítulo de “provisiones generales”, se indica que se deben incluir en el tratado aquellas “excepciones generales que permitan la protección de legítimos objetivos nacionales de los Estados Unidos, incluso la protección de la salud y la seguridad esencial, entre otros”, enfoque que sería aplicable, bajo criterio estadounidense, a la política migratoria.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/educacion-y-profesiones-en-la-renegociacion-del-tlc-1-estados-unidos/

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Nuevo RVOE. Segunda parte: educación no escolarizada

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Aún está en proceso de revisión por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria la propuesta de la SEP para renovar el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de tipo superior. Es de esperarse, sin embargo, que pronto sea promulgado el nuevo acuerdo, quizás con algunas modificaciones menores. Salvo que ocurra algo inesperado, el nuevo RVOE está a la puerta.

Decíamos en nuestra colaboración previa que dos de las principales innovaciones del documento están dadas por la reglamentación de la educación a distancia, en sus modalidades no escolarizada y mixta, así como por un renovado planteamiento del proceso de simplificación administrativa para las instituciones que demuestren determinados niveles de calidad académica. De lo primero nos ocuparemos en esta entrega.

La norma vigente del RVOE (Acuerdo SEP-279, 10/07/2000), distingue tres modalidades docentes en programas de nivel superior: escolarizada, no escolarizada y mixta. La no escolarizada es definida en términos negativos, como aquella que corresponde a planes y programas que “se destinarán a estudiantes que adquieren una formación sin necesidad de asistir al campo institucional” (art. 16). Prácticamente eso es todo, salvo una precisión que aparecen en uno de los anexos que deben acompañar a la solicitud del RVOE, donde se indica: “Describir las actividades de aprendizaje que se realizarán bajo la conducción de un docente, así como aquellas actividades de aprendizaje que el estudiante realizará de manera independiente. Dichas actividades deberán ser acordes con la naturaleza de cada asignatura y con la modalidad educativa en que se imparta.” (Anexo 2).

No es de extrañar, si se considera que hacia la fecha en que fue emitido el RVOE del 2000, negociado con la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), la oferta de programas de educación superior no escolarizada en manos de particulares era prácticamente inexistente. Con excepción del Tecnológico de Monterrey, las IES privadas no habían incursionado en ese terreno. Según un documentado estudio de Martha Diana Bosco Hernández y Héctor S. Barrón Soto (La educación superior a distancia en México: narrativa de una historia silenciosa, UNAM, 2008), hacia 2004 la oferta de educación superior en línea estaba conformada por 312 programas, de los cuales más del noventa por ciento eran especializaciones, diplomados o cursos. Los autores agregan que, de esa oferta, sólo un quince por ciento correspondía a IES privadas.

Al día de hoy las cosas son muy diferentes. Según registro oficial (ciclo 2015-2016), la matrícula de nivel superior en programas no escolarizados supera el medio millón de estudiantes (595,456 en total, de los cuales el 84.7 por ciento en licenciatura). Además, la participación del sector privado es mayoritaria: en licenciatura asciende a 259,077 estudiantes, lo que representa el 51.3 por ciento de la oferta correspondiente, y en posgrado suma 71,628 estudiantes, nada menos que el 78.9 por ciento del posgrado no escolarizado en México (fuente: Anuario Estadístico de la ANUIES).

Así las cosas, se justifica que el nuevo proyecto de RVOE incluya requisitos especiales para la oferta privada en la modalidad no escolarizada, también conocida como educación superior a distancia e incluso “universidad virtual”. La definición de la modalidad en el proyecto dice que “se caracteriza porque el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje se desarrolla a través de una Plataforma tecnológica educativa administrada por el Particular o mediante procesos autónomos de aprendizaje”, y añade que “las actividades de aprendizaje deberán reflejar el uso de la Plataforma tecnológica educativa o identificar los recursos sugeridos para los procesos autónomos de aprendizaje. En esta modalidad, el número de horas propuestas en el Plan de estudio bajo conducción de un académico equivalen como máximo al 40% de las señaladas (para la modalidad escolarizada)” (art. 13).

Para los programas no escolarizados, el proyecto de norma establece tres condiciones: Primero, la descripción del “modelo teórico-pedagógico” en que se precisen las estrategias de aprendizajes, las características de los materiales y recursos didácticos, y los mecanismos de evaluación escolar. Segundo, la descripción de la plataforma tecnológica propuesta, lo que incluye: infraestructura tecnológica, los elementos característicos de los roles de alumnos, docentes y administrativos, el tipo de enlace disponible, las características de hardware y software, soporte técnico y plan de contingencias, y seguridad de la información. Tercero, los permisos, licencias y otros instrumentos jurídicos que amparen el uso y explotación de la Plataforma tecnológica educativa. Son esos.

El proyecto omite dos aspectos importantes: las características y condiciones de los denominados “procesos autónomos de aprendizaje” incluidos en la definición de la modalidad, así como alguna condición objetiva que garantice que el personal involucrado en la operación de la plataforma cuenta, en efecto, con los conocimientos y capacidades para su manejo y control. Por ejemplo, dos de las plataformas más utilizadas (Moodle y Blackboard) cuentan con servicios de capacitación y adiestramiento con certificación, lo que posibilitaría incluir este requisito entre los formulados en el proyecto.

Hay otro aspecto importante. La norma establece la obligación de contar con licencias y permisos para operar la plataforma tecnológica correspondiente, pero no para integrar los contenidos para la enseñanza (bibliografías y otros materiales) que pueden contar con derechos de autor amparados en ley. Probablemente convendría explorar este ángulo en el diseño normativo.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/nuevo-rvoe-segunda-parte-educacion-no-escolarizada/

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El misterio del doble uno

Por: Roberto Rodríguez

Aunque había antecedentes, la intención de colocar los procesos de evaluación al centro de la gestión de la educación superior en México cobró nuevas relevantes a partir del Programa para la Modernización Educativa (1989-1994). En el PME se incluyó, a propuesta de ANUIES, el lineamiento de impulsar la calidad de la educación superior mediante procesos de evaluación interna y externa de las instituciones. Esta idea se concretó inicialmente en la creación de la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA, 1989).

La evaluación externa se plasmó en la creación, también a instancias de la ANUIES, de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES, 1991), que fueron instituidos por la Coordinación Nacional de Planeación de la Educación Superior (CONPES), órgano de enlace entre la representación de las universidades públicas y el gobierno federal. Según su definición inicial, los CIEES se encargarían de la realización de evaluaciones diagnósticas y de la acreditación de programas académicos, funciones de administración y gestión y funciones de difusión y extensión de la cultura, en las instituciones de educación superior que lo solicitaran.

Desde su creación, los “comités de pares”, son cuerpos colegiados integrados por académicos de diversas instituciones del país, que se encargan de evaluar programas, funciones, servicios y proyectos de instituciones que lo solicitan. En 1991 el titular de la SEP instaló los primeros cuatro comités disciplinarios, y en 1993-1994 la CONPES instaló los restantes Posteriormente se pusieron en operación otros dos comités, el de Administración y Gestión Institucional, y el de Difusión y Extensión de la Cultura, que realizan evaluación de funciones. Más recientemente se concedió a los CIEES la atribución de acreditar los programas de formación docente de la Normales.

En la práctica, el trabajo de los comités consiste en la revisión, evaluación, dictamen, emisión de recomendaciones, y seguimiento. Se compara el programa con el modelo educativo de la institución, y con el marco de referencia del comité evaluador, marco que contempla los indicadores y parámetros definidos por éste. El procedimiento incluye un estudio documental del programa, una visita de campo, y la formulación del informe. Los resultados son confidenciales y se entregan al rector de la institución, aunque la manifestación del resultado final es pública. La evaluación se concretaba, hasta fecha reciente, en una calificación general en tres niveles, expresivos del grado de consolidación del programa, así como recomendaciones para su mejora. El trabajo de validación de evidencias y de entrevistas con los actores relevantes de cada programa corre a cargo de especialistas contratados por los CIEES. Hasta la fecha los CIEES han evaluado más de siete mil programas, cuentan con una capacidad de evaluación que se aproxima a quinientos por año y persiste una demanda anual cercana a un millar de solicitudes. Las evaluaciones cuestan a las instituciones aproximadamente setenta mil pesos por programa y otros cuarenta mil si deciden contratar la capacitación para el autoestudio que ofrecen los CIEES.

Un punto de inflexión muy importante en la trayectoria del programa fue la determinación de las autoridades, al inicio de la gestión del presidente Fox Quezada, de hacer valer la calificación de “Nivel 1” lograda en la evaluación como evidencia de la buena calidad de un programa. Además, proveer estímulos para la preparación de las evaluaciones y formas de recompensa una vez alcanzado dicho nivel. Esta política explica, en buena medida, el éxito que ha tenido el sistema como fórmula de evaluación externa de los programas de en instituciones públicas, aunque tal aceptación no se ha reflejado en el sector privado.

Así las cosas, en diciembre de 2015, en el marco de la IV Sesión Ordinaria de la Asamblea General de Asociados de los CIEES, se tomó el siguiente acuerdo que modifica la escala de evaluación vigente hasta entonces. El resolutivo dice esto: “Los integrantes de la Asamblea aprueban por unanimidad de votos la propuesta de reconsideración de la vigencia de los reconocimientos que otorgan los CIEES en las siguientes modalidades: Nivel 1, con vigencia de cinco años; Nivel 1, con vigencia de dos años y, Nivel 2.” La nota informativa del caso indica que “estas modalidades de nivel y vigencia podrán ser otorgadas, por los Comités Interinstitucionales respectivos, a todos los programas que sean dictaminados a partir de abril de 2016. Es importante mencionar que el Nivel 1 de dos años no podrá ser refrendado al término de su vigencia. Los programas que se encuentren en esa condición podrán optar por solicitar una nueva evaluación, antes de concluir esta vigencia, y estar en posibilidades de acceder al Nivel 1 con vigencia de cinco años o pasar al Nivel 2.” Por último, se reitera que “tanto el Nivel 1 de cinco años como el Nivel 1 de dos años, contarán para las estadísticas de matrícula inscrita en programas de buena calidad de la SEP.”

O sea que ahora hay dos niveles uno (el de cinco años y el de dos años). ¿Para qué se hizo este cambio? Según la versión de CIEES, venía ocurriendo que la una proporción importante de los programas se ubicaba en el nivel dos, ya que con solo algunas observaciones sobre “áreas de oportunidad”, no podían alcanzar el nivel uno en la primera revisión. Que, en consecuencia, algunos programas de buena calidad resultaban temporalmente marginados del reconocimiento de sus avances y méritos. Y que el cambio promovía una evaluación más justa y equilibrada que, además, con el límite temporal de dos años estimulaba la inmediata corrección o mejora de los aspectos observados.

Creo que el argumento es válido seguramente se procedió en esa lógica. Pero no hay que quitar de la mira que el “doble uno” hará que la meta programática de la SEP (proporción de matrícula en programas de buena calidad) se alcance con mayor prontitud. ¿O no?

Fuente del Artículo:

http://www.educacionfutura.org/el-misterio-del-doble-uno/

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Educación superior no escolarizada en México

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En los últimos años las opciones de educación superior no escolarizadas han tenido un notable desarrollo cuantitativo en el país. Los últimos datos disponibles, correspondientes al ciclo escolar 2015-2016, el total de inscritos en instituciones públicas y particulares se eleva a un total de 595,456 estudiantes. De ellos, la gran mayoría forman parte del nivel licenciatura (497,646), aunque una cantidad importante (90,813) participan en el posgrado. En cambio, la cifra de estudiantes en programas de técnico superior universitario o profesional asociado es marginal (6,997). Hasta aquí los números corresponden a la suma de programas de oferta pública y privada.

En esta modalidad, la oferta de licenciatura, de acuerdo al tipo de sostenimiento, se subdivide en 245,566 estudiantes en IES públicas y 259,077 en privadas. El segmento privado de licenciaturas no escolarizadas es ligeramente mayoritario, al representar 51.3 por ciento de la oferta total. Tanto en el segmento público como en el privado la proporción de hombres y mujeres es equilibrada, con una ligera ventaja para el sexo femenino. En programas públicos, la proporción de mujeres equivale al 51.1 por ciento y en privados al 53.2 por ciento.

Tal y como ocurre en la educación superior escolarizada, aunque con un perfil todavía más acusado, el colectivo femenino se caracteriza por una mayor persistencia y efectividad en la conclusión de estudios. En el subconjunto de egresados de programas públicos el 62.4 por ciento son mujeres, y en grupo de titulados la proporción se incrementa un punto porcentual. En programas públicos las proporciones correspondientes son 58.6 y 69.2 por ciento.

La matrícula de licenciatura no escolarizada absorbe, en la actualidad, el 12.9 por ciento de la oferta total, aunque también hay diferencias importantes por sector de sostenimiento. En el sistema público, la no escolarizada equivale al 9.1 por ciento de la matrícula total, mientras que, en el sistema privado, dicha población representa el 21.8 por ciento de la oferta. Esto significa, por lo pronto, que la iniciativa privada ha encontrado en la modalidad no escolarizada una veta renovada de crecimiento para romper la tendencia al estancamiento que se venía registrando desde mediados de la década pasada.

¿Cómo se estructura la educación superior no escolarizada por áreas de conocimiento? En el sector público, más de la mitad de la matrícula, el 56 por ciento se concentra el área de Ciencias Sociales, Administración y Derecho. Le sigue, en proporción, el área de Ingeniería, Manufactura y Construcción, con un 18.4 por ciento. Entre las dos áreas se cubren tres cuartas partes de la matrícula. En el sector privado también es predominante la primera de las áreas mencionadas, aunque su proporción en el conjunto es mucho mayor al contener un 63.6 por ciento del total. La segunda área en importancia en la oferta privada es la denominada Educación, que contiene a las carreras de pedagogía y a diversas especialidades orientadas a la práctica docente. En este caso la proporción es de 18.7 por ciento, muy por encima del 6.9 por ciento correspondiente al segmento público.

La distribución por áreas es expresiva de decisiones del lado de la oferta, es decir del tipo de profesiones que tanto el sector público como el privado están promoviendo a través de la educación no escolarizada. Pero, sobre todo, refleja dinámicas del lado de la demanda: cuáles son las áreas y carreras que más interesan a los aspirantes a la formación superior. El hecho de que persista una fuerte opción por las disciplinas de la gestión (administración, contaduría y derecho) es indicativo de la no coincidencia entre la visión gubernamental en favor del campo disciplinario tecnológico y las preferencias de la demanda. Es probable que aquellos estudiantes que no están interesados en ese tipo de formación y encuentran dificultades para acceder a los programas públicos escolarizados, encuentren una alternativa en la formación a distancia.

¿Cuáles son, por ciento, las IES públicas y particulares que concentran la modalidad no escolarizada de licenciatura? En el segmento público sobresalen, diríase que por obvias razones, dos casos: la Universidad Abierta y a Distancia de México (UNADM), que es una IES Federal dedicada exclusivamente a la modalidad, con un total de 86,181 estudiantes. Esta cifra representa el 36 por ciento de la oferta nacional y el 75 por ciento de la correspondiente a Ciudad de México. Le sigue, en importancia, la oferta no escolarizada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con un total de 28,528 inscritos y una representación nacional equivalente a 11.9 por ciento.

Aparte de los dos casos mencionados (UNADM y UNAM), hay un tercero que sobresale por su volumen de matrícula, el de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), con una matrícula reportada de 20,612 estudiantes. La institución, de reciente creación por obra y gracia del exgobernador Duarte, ha sido fuertemente cuestionada, por el gobernador Yunes y por el mismísimo titular de la SEP, entre otras razones por la opacidad de sus cifras. Por ahora dejémoslo así, aunque volveremos, en otra entrega al caso de la UPAV, que tiene muchos ángulos de interés.

La educación no escolarizada de posgrado se distribuye en 5,937 estudiantes en especialidades (58.4 por ciento privado), 76,737 de maestría (58.1 por ciento privado), y 8,139 de doctorado (53.2 por ciento privado). En total, son 90,813 estudiantes con un cociente de absorción del sector privado igual a 57.6 por ciento. Esto quiere decir, simplemente, que la oferta de las IES particulares ha estado más atenta al desarrollo del segmento, lo que vale la pena observar con mayor atención.

Fuente:http://www.educacionfutura.org/educacion-superior-no-escolarizada-en-mexico/

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Escenario de la nueva presidencia del INEE

Escenario de la nueva presidencia del INEE

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El lunes pasado se dio a conocer el cambio en la presidencia del INEE al concluir el periodo de Sylvia Schmelkes del Valle. Resultó electo por la Junta de Gobierno del INEE el consejero Eduardo Backhoff Escudero, quien ocupará el cargo a partir del próximo primero de junio, y hasta por un máximo de tres años. Sin embargo hay una condición singular en el relevo: el periodo para el que fue designado Backhoff en la Junta de Gobierno del INEE vence el año próximo, precisamente el 30 de abril de 2018. Por ello, en sentido estricto, la designación de Backhoff tiene como fecha de vencimiento el periodo anual. La ley indica que los integrantes de Junta pueden ser reelectos para un segundo periodo, en cuyo caso se sigue el mismo procedimiento que para la renovación de los integrantes del colegiado, es decir lo definido en la fracción IX del artículo tercero constitucional, reformado en 2013.

¿Cómo procede la renovación de la Junta? Conforme a la preceptiva constitucional se debe cumplir el siguiente procedimiento: Para cada vacante, el Ejecutivo Federal designa una terna y la somete a la consideración del Senado. El órgano legislativo, previa comparecencia y valoración de méritos de las propuestas, designa al candidato que a su juicio es idóneo. Al validar la elección debe cumplirse el supuesto de una votación calificada del quórum del pleno, o bien de la Comisión Permanente, en el evento en que la deliberación ocurra durante alguno de los periodos de receso del Senado.

Como los recesos de la cámara alta van del 16 de diciembre al 31 de enero, y del primero de mayo al 31 de agosto de cada año, es de esperarse que los primeros reemplazos o confirmaciones en la Junta de Gobierno sean aprobados en la permanente, lo que eleva la probabilidad de un acuerdo entre los partidos. Hay dos supuestos adicionales: si el Senado no concluye el proceso de decisión en un plazo de treinta días, o si rechaza la totalidad de la terna, entonces el Ejecutivo tiene la prerrogativa de seleccionar cuál de los integrantes ocupará la vacante.

La Comisión Permanente se integra por 37 legisladores, de los cuales 19 son diputados y 18 senadores, y para su funcionamiento se organiza en tres comisiones. Una de éstas atiende los temas de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, y a ella correspondería, en su caso, la responsabilidad de elegir o ratificar a los consejeros salientes. En la primera selección de consejeros, la de hace cuatro años, los quince candidatos invitados por el secretario Chuayffet presentaron sus proyectos ante la Comisión de Educación del Senado (17 de abril de 2013). Previo dictamen y votación calificada, los seleccionados por dicha comisión fueron ratificados por el Pleno (25 de abril de 2013), justo a tiempo antes del receso del órgano legislativo.

Pero en 2018 el proceso será diferente y todo apunta a que la decisión correspondiente proceda mediante un acuerdo simple entre los partidos o entre estos y la SEP. Desde luego el escenario es riesgoso para la protección de la autonomía del INEE. Para ejercer una presidencia de tres años, además de ser reelecto como miembro de la Junta de Gobierno mediante el procedimiento descrito, Backhoff tendría que ser ratificado presidente de la Junta por este órgano colegiado, lo que es posible pero es también complicado porque requeriría que la Junta se abstuviera de designar presidente en lo que transcurre el proceso de renovación descrito, o bien que, mediante una interpretación más bien forzada del artículo 37 de la Ley del INEE, que indica que la ausencia temporal del presidente será suplida por el consejero que la Junta determine.

Por lo dicho, tiene la nueva presidencia un horizonte temporal de un año, en que las acciones, medidas y reformas que Backhoff proponga y consiga consensuar en la Junta de Gobierno -no sobra recordar que el INEE se rige bajo el principio de una dirección colegiada-, proyecten una ruta de mayor amplitud, en la que cabría aspirar, de manera realista, al diseño e implementación de soluciones que enfrenten los problemas con los que ha topado la conducción del Instituto.

Entre 2018 y 2020 el resto de los integrantes de la Junta de Gobierno (Margarita Zorrilla en 2018, Teresa Bracho y Gilberto Guevara en 2019, y Sylvia Schmelkes en 2020) deben someterse al procedimiento de reelección o desafiliación de la Junta. Este periodo atraviesa por una aduana de gran incertidumbre: las elecciones federales de 2018, las definiciones de política educativa del gobierno entrante, y la correlación de fuerzas partidarias en el Senado. Anticipar cualquier cosa en tal coyuntura sería especular sin fundamento. No obstante, el INEE está obligado a calcular sus próximas acciones (planes, proyectos y programas) y posicionamientos en la diversidad de opciones políticas del futuro inmediato.

El INEE compete jugar un papel relevante en la definición y redefinición de las políticas educativas, en especial las que involucran procesos de evaluación de actores y procesos, así como de diagnóstico de la realidad educativa del país. Para cumplir con su encomienda, y para evitar la colonización de su estructura directiva por la SEP o el SNTE, el Instituto debe reforzar, en la medida de sus posibilidades y recursos, sus áreas de competencia técnica, sus procesos de gestión interna, y sus facultades de coordinación del Sistema Nacional de Evaluación.

En la coyuntura resulta entonces relativo el dilema de continuidad o cambio. El Instituto está formalmente obligado al desempeño de funciones asignadas por las normas educativas que le dieron lugar, pero también debe arriesgar posiciones públicas para renovar legitimidad. Sobre todo con los maestros, sobre todo.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/escenario-de-la-nueva-presidencia-del-inee/

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Los informes del INEE al Congreso

Roberto Rodríguez

La reforma a la normativa educativa federal del 2012-2013 estableció el carácter de “organismo público autónomo” del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Entre las obligaciones y competencias del INEE autónomo se determinó la de presentar anualmente, en el mes de abril, al Congreso de la Unión, “el informe sobre el estado que guarden componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional derivado de las evaluaciones.” (Artículo 63 de la Ley del INEE).

A partir de entonces, el INEE ha elaborado y publicado tres informes. El correspondiente a 2017 fue presentado el día de ayer a los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Asuntos Educativos de la Cámara de Diputados. Los tres primeros se titulan, respectivamente, “El derecho a una educación de calidad” (2014), “Los docentes en México” (2015), y “La educación obligatoria en México” (2016). El nuevo repite el título del año pasado, aunque presenta variaciones importantes de estructura, datos y contenido.

Al igual que en el informe de 2016, el nuevo documento se inicia con datos y consideraciones sobre el acceso a los niveles de la educación obligatoria -preescolar, primaria, secundaria y media superior-, tomando en cuenta indicadores de cobertura, asistencia escolar, y resultados de aprendizaje según los exámenes nacionales estandarizados. Los datos que se presentan indican que los niveles de cobertura de la educación básica pueden ser considerados adecuados en términos generales: la cobertura en preescolar es prácticamente universal salvo en el primer grado del nivel, el que corresponde al primero de preescolar para niños de tres años. Según el informe 2016 sólo 42% de los niños de tres años están en la escuela. La situación se corrige en los grados segundo y tercero de preescolar y durante los seis años de primaria en que prácticamente la totalidad, el 97.3% por ciento de los niños de 4 a 12 años, está inscrito en el sistema.

A partir de ese punto, es decir al inicio de la secundaria, las tasas de cobertura decrecen sostenidamente. El informe 2017 agrega que si bien las tasas de eficiencia terminal son altas en primaria (98.2%), decrecen fuertemente a medida que se avanza en los siguientes niveles obligatorios: en educación secundaria es de 86.8%, y apenas de 67.3% en EMS. Según el diagnóstico, en la educación media superior la tasa de abandono, ubicada en 14.4%, sigue siendo uno de los mayores problemas para garantizar que todos los jóvenes del país cuenten con estudios completos de educación obligatoria.

En cuanto a indicadores de cobertura, asistencia escolar y tasas de terminación de los ciclos escolares los dos reportes enfatizan el agravamiento de condiciones en poblaciones específicas: indígenas, migrantes, jornaleros, población discapacitada y población en pobreza extrema. Para cada uno de estos subconjuntos, representativos de segmentos demográficos en condiciones de desventaja, las posibilidades de acceso, retención y éxito escolar son significativamente inferiores a las medias nacionales en cada rubro analizado.

En materia de infraestructura escolar ambos informes (2016 y 2017) dan evidencia de la precariedad de la mayor parte de los planteles de educación preescolar, primaria y secundaria en el sistema público, más aún en aquellos que corresponden a las escuelas multigrado, las rurales, y las ubicadas en localidades en condición de pobreza. La cantidad de planteles que disponen con biblioteca escolar, bibliotecas de aula, acceso a cómputo, y condiciones físicas satisfactorias continúan siendo una proporción minoritaria en el conjunto. Lo más grave, según se muestra en dichos informes, es que la ausencia de políticas y acciones que tiendan a revertir la brecha de infraestructura que separa a las escuelas con equipamiento adecuado de aquellas en que no se satisfacen los requisitos mínimos en este renglón.

Más preocupantes aún los datos que reportan el aprovechamiento escolar en primaria, secundaria y educación media superior. En primaria pública, en el área de lenguaje y comunicación, más de la mitad de los estudiantes se ubica en el nivel mínimo de aprendizaje. De ello, en escuelas indígenas el 80% corresponde a este nivel, en escuelas comunitarias el 67.9% y en primaria general pública el 51.6%. En contraste, sólo 13.3% de los estudiantes de primarias primadas está en el nivel mínimo. Peor aún el caso de aprendizaje de matemáticas, en que más del 60% del total de niños en escuelas públicas se ubica en el nivel mínimo, repitiéndose las brechas entre escuelas indígenas, comunitarias y generales. En cambio, en primarias privadas solo una cuarta parte del total de estudiantes evaluados se colocó en este nivel.

En secundaria los indicadores mejoran el área de lenguaje y comunicación, pero se agravan en matemáticas. Según los resultados reportados, prácticamente el 60% de los estudiantes de escuelas públicas (contra el 39.9% en privadas) apenas satisfacen el perfil mínimo de aprendizaje en dicha área de conocimiento y únicamente un 2.5% de los estudiantes de secundarias públicas consiguen el nivel de aprendizaje superior de la prueba PLANEA.

El informe de 2017 incluye una nueva sección, por primera vez incorporada a los informes del INEE, la correspondiente a la evaluación de políticas públicas. En esta se consideran tres aspectos puntuales, sobre los que el INEE ha emitido directrices de política educativa: tutorías para inserción a la docencia, políticas para población indígena en educación básica, y política de atención para el abandono escolar en educación media superior. En los tres casos se informa de las acciones de política pública instrumentadas hasta el momento, de los programas encaminados al logro de sus objetivos, y de algunos resultados alcanzados. Se hace notar que al ser de nueva generación los resultados son iniciales, y por ello los efectos en materia de calidad y otros indicadores educativos son mínimos. Lo más relevante, se llama la atención sobre la necesidad de revisar las acciones instrumentadas a la luz del análisis de fortalezas y debilidades que se deriva de los primeros indicadores sobre los procesos de instrumentación.

Fuente del Artículo:

Los informes del INEE al Congreso

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La Escuela Nacional de Preparatoria y las guerras de la cultura en el México del Siglo XIX

Roberto Rodríguez

En abril de 1910 Justo Sierra, entonces secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes y José Yves Limantour, secretario de Hacienda, intercambian correspondencia sobre un tema de gran trascendencia en la historia educativa del país: la creación de la Universidad Nacional, proyecto del que Sierra es el principal promotor y que aprecia como la culminación de su trabajo al frente de la política educativa del país, primero como subsecretario de Instrucción Pública (1901-1905) y posteriormente como titular del ramo educativo de 1905 a 1911. Interesa a Sierra la opinión de Limantour por dos razones: primera, porque lo aprecia como un interlocutor intelectual a la altura del proyecto, y segunda, de mayor importancia, porque el visto bueno del secretario de Hacienda es indispensable para liberar los recursos solicitados. Así se lo había hecho saber a Sierra el presidente de la República, y así procede.

El intercambio epistolar Sierra-Limantour a propósito de la Universidad Nacional (publicado en el tomo XVII de la Obras Completas de Justo Sierra, UNAM, 1992) presenta varios ángulos de discusión, aunque uno de los más relevantes e intensos es el correspondiente a la integración de la Escuela Nacional Preparatoria al elenco de instituciones académicas que, piensa Sierra, deben formar parte de la nómina constitutiva del nuevo organismo. La Universidad estaría integrada, en su refundación, por las escuelas nacionales de ingeniería, jurisprudencia, medicina, por la sección de arquitectura de la Escuela Nacional de Bellas, por la proyectada Escuela Nacional de Altos Estudios, y por la Nacional Preparatoria.

Limantour argumenta que no conviene al proyecto que la Preparatoria forme parte de la Universidad. Por dos razones. La primera es que “ninguna de las materias que en ella se enseñan, con la extensión y método que deben ser peculiares de dicha Escuela, pueden formar parte de los estudios propiamente universitarios.” La segunda apunta a un problema de gobernabilidad. Con el tiempo —hacer ver Limantour—, la “enseñanza preparatoria tendrá que darse no en uno sino en dos o más planteles, y entonces ¿formarán parte del Consejo Universitario los directores y profesores de las diversas Escuelas Preparatorias?

Replica Sierra, claro y directo: “no aceptaré, naturalmente, la observación que se refiere a la Preparatoria; en la comisión del Consejo de educación y en el Consejo mismo se discutió el asunto hasta la saciedad (…). Nuestra Universidad, mi querido amigo, no está obligada a seguir palmo a palmo las otras: nuestra tarea ha sido ecléctica y en ciertos puntos (…) enteramente original (…). Nuestra Preparatoria debe formar parte de nuestra Universidad porque es un instituto sui géneris; nadie lo sabe mejor que usted. Las disciplinas en que allí se educa el espíritu están coordinadas en una disciplina general que constituye el método científico, que es precisamente indispensable para fijar las ciencias concretas y especiales, que a su vez constituyen lo que nosotros llamamos escuelas profesionales, y porque ese método es indispensable instrumento para la investigación científica a la que está expresamente destinada la Escuela de Altos Estudios. Si pues, forma parte necesaria de nuestras escuelas universitarias; si aunque en ella no se hagan estudios superiores, estos estudios no podrían hacerse sin ellos; si la noción clara del método científico que en ella se adquiere es como el que más un estudio universitario, ¿por qué no iba a formar parte de la Universidad que es la principal interesada en vigilar y regir a lo que constituye su base? (…) porque una de dos o la Universidad gobierna a la Preparatoria directamente o el Ministerio; si lo segundo ya se figura usted la cantidad de enredos, líos y conflictos que se armaría”.

A la segunda objeción de Limantour, su preocupación por que el crecimiento de la preparatoria implique un problema para el gobierno universitario, Sierra simplemente replica: “si hubiese algún día (dentro de veinte años) necesidad de duplicar o triplicar la Preparatoria, no veo por qué perdería ésta la unidad de dirección, al contrario, sería necesario conservársela. Veinte medios habría para obviar estos inconvenientes ajenos, que se resuelvan en su día”.

Dos anotaciones pueden servir para contextualizar las preocupaciones de Limantour sobre la Nacional Preparatoria. Primera, que, desde la reestructura practicada por Gabino Barreda en 1867, ésta comprendía el ciclo completo de los estudios secundarios, no sólo el bachillerato propedéutico. Segunda, consecuencia de lo anterior, que a esas alturas la ENP era la escuela individual más grande del país. Para 1910 la matrícula preparatoriana —más de un millar de alumnos— representaba el doble de la población escolar del conjunto de las escuelas profesionales. Todo llevaba a pensar, como lo habría entendido Limantour, que la mayor presión de crecimiento para la estructura universitaria ocurriría justamente en esa zona. El proyecto de Sierra preveía que el Consejo Universitario incluyera a los directores de las escuelas reunidas en la universidad y a representantes de profesores y estudiantes. Por ello, la solución estaba a la vista: si se multiplicase el número de escuelas preparatorias adscritas a la Universidad, bastaría con mantener la unidad orgánica de esa institución: una sola Escuela Nacional Preparatoria con tantos planteles como fuera necesario.

Finalmente, en la tercera carta en esa correspondencia, fechada 28 de abril de 1910, el secretario de Hacienda se limita a deslindarse: “en el (punto) de la inclusión de la Preparatoria, me rindo, no por convencimiento de que es bueno lo que Uds. proponen, sino porque no veo inconveniente mayor en que se lleve a efecto.”

El debate sobre la conveniencia de la enseñanza preparatoria como parte integral de la Universidad Nacional ha retornado varias veces en la centenaria historia de la institución. Incluso en nuestros tiempos, pero la respuesta, desde la Universidad, ha sido invariablemente la misma: la Escuela Nacional Preparatoria, por razones históricas pero también académicas, es un componente orgánico de la institución universitaria. Más aun, la calidad de la formación profesional se deriva de la capacidad de la institución preparatoriana, hoy en conjunto con la institución hermana, el Colegio de Ciencias y Humanidades, para preparar y orientar a los futuros universitarios.

Del Colegio de San Ildefonso a la Escuela Nacional Preparatoria

La Escuela Nacional Preparatoria abrió sus puertas el 3 de febrero de 1868, en las instalaciones del antiguo Colegio de San Ildefonso. Su primer plan de estudios fue formado por don Gabino Barreda, célebre educador y político mexicano. El año anterior había recibido ese encargo del presidente Benito Juárez, recién instalado en la Ciudad de México y plenamente ocupado en la restauración republicana. Barreda se integró, por invitación del presidente, a la Comisión General de Estudios, establecida en septiembre de 1867, instancia en la que participaron, entre otros ilustres personajes, Antonio Martínez de Castro, recién designado Ministro de Justicia e Instrucción Pública, los hermanos Díaz Covarrubias, el doctor Leopoldo Río de la Loza, Alfonso Herrera y Antonino Tagle. Del trabajo de la Comisión habría de surgir, entre otros resultados, la Ley Orgánica de Instrucción Pública del Distrito Federal, publicada el 2 de diciembre de 1867. Se afirma que Juárez convocó a Barreda para formular el programa preparatoriano por la buena impresión que le causó su discurso en la conmemoración de las Fiestas Patrias (Guanajuato, septiembre de 1867). Las ideas de Barreda, plasmadas en su recordada “Oración cívica”, coincidían con el ideario de Juárez. Concluía Barreda su alocución afirmando la necesidad de que, en el mañana de la República:

“Una plena libertad de conciencia, una absoluta libertad de exposición y de discusión, dando espacio a todas las ideas y campo a todas las inspiraciones, deje esparcir la luz por todas partes y haga innecesaria e imposible toda conmoción que no sea puramente espiritual, toda revolución que no sea meramente intelectual. Que el orden material, conservado a todo trance por los gobernantes y respetado por los gobernados, sea el garante cierto y el modo seguro de caminar siempre por el sendero florido del progreso y de la civilización.” Texto completo

Contaba Barreda con una buena formación en ciencias y humanidades. Había cursado estudios en San Ildefonso, posteriormente en Jurisprudencia, aunque finalmente tomó el camino de la Medicina. Tras la guerra de 1847 emigró a Francia, en donde tuvo la oportunidad de asistir a las lecciones de sociología de Augusto Comte en la Sorbona.

A través del proyecto de Barreda se libraría en la Nacional Preparatoria la batalla decisiva del laicismo educativo proclamado por Juárez y por la generación de liberales republicanos.  En la discusión del proyecto educativo de la República Restaurada, iba quedaba claro que la sola prohibición de la enseñanza religiosa en el sistema público, resultaba insuficiente sin una alternativa educativa laica. Ese fue, precisamente, el principio que inspiró la tarea de Barreda (véase Clementina Díaz y de Ovando, La Escuela Nacional Preparatoria: los afanes y los días 1867-1910, UNAM, 1972, págs. 14-17).

A esas alturas, por cierto, el Colegio de San Ildefonso había dejado de pertenecer a la iglesia católica y funcionaba como una institución civil, con la denominación de Nacional Colegio de San Ildefonso. Fue fundado en 1588 por la Compañía de Jesús, en 1612 recibió el patronazgo de Felipe III, y en 1767, con la primera expulsión de los jesuitas, pasó a manos del clero secular. Al retorno de los jesuitas, en 1816, el Colegio les fue devuelto pero en 1821, en el marco de la consumación de la revolución de independencia, la institución retornó a la administración secular, y con ese carácter permanecería hasta 1852 en que su dirección fue encargada al civil Sebastián Lerdo de Tejada.

Guillermo Zermeño comenta que el fallido retorno de los jesuitas en el ocaso del virreinato cumplía la encomienda del papa Pío VII y el rey Fernando VII “para librar una nueva batalla intelectual, esta vez contra los filósofos ilustrados. Una lucha en contra de lo que en el campo de las ideas y de las creencias se calificaba en ese momento como materialismo, deísmo, irreligión, filosofismo, enciclopedismo. De hecho, algunos jesuitas al regresar advirtieron que si no hubieran sido expulsados anteriormente este movimiento intelectual no hubiera ganado tanto terreno en territorio novohispano.” (Guillermo Zermeño Padilla, “El retorno de los jesuitas en el siglo XIX. Algunas paradojas”, Historia Mexicana, vol. 64, núm. 4, 2015). Texto completo

Durante el imperio de Maximiliano (1863-1867) la institución asumió las características de colegio y liceo literario hasta su extinción por mandato de la Ley orgánica de instrucción pública del Distrito Federal. No obstante su conversión administrativa, el Colegio conservaba una orientación pedagógica de carácter eminentemente escolástico (véase Mónica Hidalgo-Pego, “La Reforma de 1843 y los reglamentos del Nacional Colegio de San Ildefonso”, Revista Iberoamericana de Educación Superior, vol. 4, núm., 2013). Texto completo

Poco después de fundada la Preparatoria, que permanecería bajo la dirección de Barreda hasta 1878, su creador envió una extensa carta a Mariano Riva Palacio, gobernador del Estado de México (octubre 10 de 1870) en la que explica con detalle la orientación educativa del proyecto. Barreda deslinda la pedagogía positivista, de carácter laico, del canon católico en los siguientes términos:

“El motivo por que los jesuitas no lograron, sino de una manera pasajera, el fin que se proponían fue que la educación que bajo sus auspicios se daba nunca fue y nunca pudo ser suficientemente enciclopédica. Esos directores de la juventud estudiosa siempre tuvieron necesidad de dejar fuera de su programa de estudios fundamentales, multitud de conocimientos de la más alta importancia práctica. Unos porque aún no habían desenvuelto lo bastante para que se hiciese sentir su importancia en su época, otros, porque se consideraban erróneamente como propios sólo para el ejercicio de ciertas profesiones, y casi todos porque las verdades que daban a conocer entraban en un conflicto, a veces latente y a veces manifiesto, con las doctrinas y con los dogmas que ellos se proponían conservar.”

A continuación describe la organización de la educación preparatoria de nuevo cuño:

“Como usted podrá notar a primera vista, los estudios preparatorios más importantes se han arreglado de manera que se comience por el de las matemáticas y se concluya por el de la lógica, interponiendo entre ambos el estudio de las ciencias naturales, poniendo en primer lugar la cosmografía y la física, luego la geografía y la química, y por último, la historia natural de los seres dotados de vida, es decir, la botánica y la zoología. En los intermedios de estos estudios (,,,) se han intercalado los estudios de los idiomas, en el orden que exigía la necesidad de que ellos se había de tener para los estudios antes mencionados, o los que más tarde debieran seguir. Así es que se ha comenzado por enseñar el francés, ya porque es este idioma están escritos multitud de libros propios para servir de obras de texto, ya porque de este modo podríamos aprovechar desde luego las nociones más o menos avanzadas de este idioma, que casi todos los alumnos traen actualmente de las escuelas primarias: después se ha continuado con el inglés, por razones análogas a las anteriores; y por último, con el alemán, en los casos que la ley lo exige. Respecto del latín, encontrará usted también una verdadera novedad, la cual consiste en que en vez de ser el estudio por el que deban comenzar los alumnos, éste se hace, por el contrario, en los dos últimos años de su carrera preparatoria (…) El estudio de la gramática española se ha transferido hasta el tercer año, en vez de dejarlo en el primero como parecería tal vez más natural, porque si se desea que este estudio tenga una utilidad real, es preciso salir de estas superficialísimas nociones, que antes de hoy habían constituido los cursos de gramática castellana de todos los colegios, y dar a los alumnos un conocimiento más profundo y razonado de su idioma, presentándoles a la vez ejemplos dignos de imitar (…) En cuanto a las raíces griegas, su estudio se ha colocado en el año en que, por haber menos recargo de materias, se creyó más oportuno.” Texto completo

Positivistas contra Krausistas, liberales puros contra moderados

Apenas retirado Barreda de la dirección de la ENP, una polémica intelectual enfrascó el debate preparatoriano, en particular entre las fracciones de liberales que se daban cita en las aulas de la preparatoria y polemizaban a través de sus cátedras. A raíz de la decisión de Ignacio Mariscal, secretario de Instrucción Pública, de implantar, a partir del 1880, como libro de texto Lógica: La ciencia del conocimiento de G. Tiberghien, traducido por José María del Castillo Velasco, de orientación krausista (sobre el krausismo en México véase Atolín C. Sánchez Cuervo, Krausismo en México, UNAM, 2004), en reemplazo de los textos de lógica de John Stuart Mill y Alexander Bain, de orientación positivista. Los positivistas seguidores de la doctrina Barreda criticaban acremente el enfoque metafísico del nuevo texto de lógica y señalaban que el mismo desvirtuaba el núcleo mismo de la propuesta educativa preparatoriana. Pero algunos intelectuales, recién convertidos al krausismo (véase hy críticos de la dogmática de Comte, defendían el cambio de orientación intelectual que implicaba la renovación filosófica impulsada por Mariscal. Según sistematiza Hale, en la polémica tomaron partido, a favor del canon de Barreda, Justo Sierra, Porfirio Parra, Telésforo García, Francisco Cosmes y Jorge Hammeken. Apoyaban el cambio de enfoque, desde sus trincheras periodísticas, Hilario Gabilondo, Ignacio Manuel Altamirano y José María Vigil (véase Charles A. Hale, La transformación del liberalismo en México a fines del siglo XIX, Fondo de Cultura Económica, 2002). Según Valencia Flores, también intervinieron en la discusión “más de un centenar de intelectuales y académicos: dentro del ámbito interno de la ENP participaron Rafael Ángel de la Peña, Isidro Chavero, Eduardo Garay, José María Bustamante, Manuel Tinoco, Francisco Bulnes, Manuel Fernández Leal y Francisco Covarrubias.” (Abraham O. Valencia Flores, “Debate en torno a la enseñanza de la lógica  en 1880: una experiencia histórica”, Innovación Educativa, vol. 13, núm. 63, 2013). Texto completo. La solución a la polémica radicó en la autorización a la recomendación de Vigil, entonces titular de la cátedra de lógica, de adoptar como libro de texto, a partir de 1882, el Tratado elemental de filosofía, de Paul Janet.

Un segundo frente de debate se abriría al darse a conocer, en 1881, la iniciativa del ministro Ezequiel Montes en el sentido de retornar al sistema de bachilleratos por carreras, en lugar del plan homogéneo defendido por Barreda e instaurado en la Nacional Preparatoria. En defensa del sistema ENP y contra la iniciativa Montes, Justo Sierra jugó un papel importante y al cabo definitivo al convencer a los legisladores de desestimar el proyecto ministerial (Sobre la polémica Sierra-Montes se sugiere la obra de Claude Dumas, Justo Sierra y el México de su tiempo 1848-1912, UNAM, 1992, págs. 190-197).

Según varios historiadores de las ideas, entre ellos Leopoldo Zea en El positivismo en México. Nacimiento, apogeo y decadencia, o el ya citado Charles Hale, la polémica entre espiritualistas krausianos y positivistas ortodoxos anticipaba un debate político de mayor envergadura, el que comenzaba a desarrollarse entre los intelectuales representativos del liberalismo radical, con Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez e Ignacio Manuel Altamirano a la cabeza, y los liberales moderados, que con Justo Sierra al frente iniciaban el camino de respaldo a la presidencia de Porfirio Díaz.

La batalla final del modelo de Barreda sería librada por una nueva generación, la del Ateneo de la Juventud (Antonio Caso, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Pedro Henríquez Ureña, Isidro Fabela; Julio Torri; Diego Rivera, Martín Luis Guzmán, entre otros) que inició sus actividades, en el marco preparatoriano, en los primeros años del siglo XX. Serían los ateneístas quienes impulsaron, de manera definitiva, la restauración de las humanidades en las enseñanzas preparatorianas… y Justo Sierra, atento al cambio de época, su principal protector intelectual.

Hoy, a 150 años de la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, interpretar los primeros desarrollos de la institución como escenario de las “guerras de la cultura” fundamentales en la definición ideológica del México moderno, resulta un elemento clave para ponderar su importancia en la configuración del proyecto educativo y político de la Nación.

Fuente del Artículo:

La Escuela Nacional de Preparatoria y las guerras de la cultura en el México del Siglo XIX

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