Existe una cantidad indeterminada pero muy elevada -entre 5 y 50 billones- de fragmentos de plástico en el mar.
Cada segundo más de 200 kilos de plástico son vertidos en los mares y océanos del mundo, adonde van a parar más de 8 millones de toneladas al año, según el estudio «Plásticos en el pescado y el marisco», presentado hoy por Greenpeace.
Este informe asegura que hoy día existe una cantidad indeterminada pero muy elevada -entre 5 y 50 billones- de fragmentos de plástico en estas aguas y eso “sin incluir los trozos depositados en el fondo marino o en las playas”.
Algunos de estos residuos pueden degradarse y desaparecer en apenas seis meses pero otros tardarán “varios cientos de años”.
Además, los expertos de la organización ecologista calculan que de aquí a 2020 el ritmo de producción de plásticos aumentará “hasta un 900 % respecto a las cifras del año 1980” con cantidades superiores a los 50 millones de toneladas anuales.
La mitad de este incremento, advierten, “se producirá en el curso de la última década”.
La acumulación de plásticos en el mar “derivados cien por cien de la acción humana” ha generado en los últimos años cinco grandes islas de basura, vertederos ambulantes compuestos por microplásticos concentrados, en los oceános Pacífico (2), Atlántico (2) e Índico (1).
El 80 % de los desperdicios que llegan al mar se generan en tierra y, de esta cifra, un 15 % se queda en la superficie y otro 15 % flota bajo el agua mientras que el 70 % se acumula en los fondos, por lo que la basura que se ve a simple vista “es la punta deliceberg”.
España, en quinta posición
El responsable de campaña de Greenpeace, Julio Barea, ha añadido a Efe que España se sitúa en quinta posición entre los países europeos que más plástico demandan para su uso y cita como ejemplo que cada día “se ponen en nuestro mercado hasta 50 millones de recipientes de este material, sólo en envases de bebida“.
De esa cantidad, “apenas 20 millones se reciclan correctamente” porque el resto termina en vertederos, incinerado o “directamente arrojados al entorno”.
Además de ser un proceso más lento que en tierra, la degradación en el medio marino tiene un impacto ambiental suplementario por la liberación de sustancias tóxicas de los envases que “no forman parte del ciclo natural de nutrientes marinos”.
Para llamar la atención sobre este problema, Greenpeace lanzará el próximo sábado 27 de agosto una campaña de dos semanas bajo el título de “Mejor sin plásticos” en la que un grupo de voluntarios organizará actividades de concienciación por toda la geografía española.
Hasta 20 recogidas de residuos abandonados en ríos, playas y embalses en ciudades como Valencia o Mallorca ayudarán a visibilizar hechos como que gran parte de estos residuos desembocan en los océanos a través de las vías fluviales.
“Mejor sin plásticos” también animará a los usuarios de redes sociales a participar aportando sus testimonios y fotografías para detectar la presencia de plásticos en su entorno.
Soluciones de la ONG
Además, Greenpeace exigirá soluciones a las administraciones ante “la incorrecta gestión o abandono” de este material contaminante tanto en el medio marino como para el terrestre.
Reforzar las medidas para eliminar el abandono de envases y garantizar su correcto reciclado mediante la puesta en marcha de sistemas de retorno de envases, así como prohibir el uso de microplásticos -los inferiores a 5 milímetros-, son algunas de las peticiones de la organización al Gobierno.
Otras medidas, en este caso recomendadas a los ciudadanos, pasan por dar prioridad a botellas y envases reutilizables o retornables, sustituir las bolsas plásticas de un solo uso por las de tela, cestas o carros, comprobar que los cosméticos empleados no contengan microplásticos -polietileno, polipropileno y nylon- y evitar artículos con exceso de embalaje.
El pasado 9 de julio de 2016, Sudán del Sur celebraba el quinto aniversario de la proclamación de su independencia. La fecha, que debiera haber sido festiva en el país, se tiñó de sangre tras la muerte de, al menos, 272 personas, 32 de ellas civiles. Los enfrentamientos entre las fuerzas militares afines al presidente, Salva Kiir, y su vicepresidente y rival político, Riek Machar, no son más que el penúltimo episodio de una cruenta guerra civil que data de diciembre de 2013 y que hace tambalear los cimientos del que se considera el país más joven del mundo.
Tras más de 20 años de guerra, en enero de 2011 Sudán del Sur votó un referendo a favor de la independencia de Sudán. La decisión estuvo respaldada por un 98,93% de la población sursudanesa, provocando la secesión. La paz y la tranquilidad, sin embargo, apenas duraron un par de años, ya que desde que estalló la Guerra Civil a finales de 2013, la situación económica, política, humanitaria y sanitaria ha sumido al país en una situación crítica. Y todo, a pesar del supuesto acuerdo de paz que tuvo lugar en agosto del año 2015.
En el conflicto, la población civil ha sido la principal perjudicada. Tanto es así que, según los últimos datos que proporciona la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (UNOCHA por sus siglas en inglés), en Sudán del Sur hay 1.616.026 personas desplazadas internamente (en adelante PDI). A pesar de que es necesario ser prudente al tratar cifras procedentes o relativas a países inmersos en conflictos de tales dimensiones, a nadie escapa lo alarmante del dato, pues la población del país no alcanza los 12 millones de habitantes.
Refugiados y desplazados internos en Sudán del Sur a 1 de enero de 2015. Fuente: ACNUR
Se consideran PDIs a aquellas personas que, aun permaneciendo en su propio país de origen, deciden abandonar su hogar por razones de inseguridad. Siguen así bajo la protección del Gobierno local, aunque paradójicamente sea éste en buena medida el causante del conflicto, como es el caso de Sudán del Sur. Además, las más de 50 tribus que existen en el país propician que los procesos de integración que encuentran los desplazados al abandonar sus ciudades de origen sean muy complejos.
Por su parte, la cifra de personas que deciden establecerse en alguno de los países fronterizos de Sudán del Sur es mucho menor, debido a las dificultades humanitarias, económicas e incluso psicológicas que supone para los emigrantes abandonar un país por el que han luchado durante varios lustros. A pesar de ello, el recrudecimiento de la situación y el incremento de sucesos violentos acaecidos durante los últimos meses está provocando una oleada de refugiados que tratan de abandonar el país.
De acuerdo con la cifras proporcionadas por ACNUR, un 70% de la población civil considerada refugiada son niños. Esto constituye, sin duda, una amenaza potencial para el futuro del país, que necesita de protección internacional y de ayuda humanitaria urgente para subsistir. Además de los niños, hay otro colectivo cuya vulnerabilidad se ha incrementado a lo largo de los últimos meses; se trata de las mujeres, segmento clave en la sociedad sursudanesa para garantizar el próspero desarrollo de un país en donde la figura de la mujer es vilipendiada y despreciada.
Nuevas estrategias que fomentan el conflicto interno: la inseguridad
El problema va más allá de una cuestión de género, presente todavía a día de hoy en tantos países, y no únicamente en aquellos subdesarrollados. Supone también una grave cuestión de seguridad que impide a Sudán del Sur y a su población impulsar, siquiera, un mínimo desarrollo. Anteriormente, la violencia sexual suponía una especie de instrumento dentro del conflicto. Pero el modo de hacer la guerra ha sufrido una importante transformación, pasando las violaciones, el maltrato o la humillación a ser componentes inherentes a éstas. Incluso la búsqueda de la muerte tanto de mujeres como de niñas es una realidad fomentada por el conflicto interno. Y Sudán del Sur es el vivo ejemplo de este tipo de cambios.
La principal consecuencia de estos actos es el rechazo, por parte de los propios familiares o de la comunidad en general, de aquellas mujeres que han sufrido abusos. Se trata de acabar, mediante la ruptura de los vínculos más cercanos, con la estructura social de las minorías étnicas. A medio plazo, el aumento de estos sucesos podría conllevar la desaparición de ciertas tribus con escaso protagonismo, circunstancia que podría calificarse de limpieza étnica. Estaríamos hablando entonces de una estrategia efectiva para conducir un conflicto. Todo esto se suma, por ejemplo, a los matrimonios forzosos que, durante décadas, han supuesto de igual manera abusos y violencia sobre las niñas de entre 15 y 19 años.
Es conocido el resultado de atrocidades como estas. Los niveles de SIDA en el país han aumentado en los últimos años. Una enfermedad provocada de modo intencionado que, una vez más, pretende frenar el desarrollo de ciertas regiones del país o de minorías étnicas. Naciones Unidas estima que 190.000 personas sufren SIDA en Sudán del Sur y que solo en torno a un 10% de los afectados puede recibir tratamiento. La situación, además, se agrava por momentos, pues en la actualidad se estima que unas 50 personas resultan infectadas cada día.
La indefensión procedente de la inseguridad también puede verse acentuada por el sistema legal establecido en el país. La existencia de un derecho consuetudinario supone, por un lado, el menor coste de los procesos judiciales, a los que pueden someterse las mujeres sursudanesas al reclamar, por ejemplo, su derecho a ciertas tierras. Este abaratamiento del proceso, junto con la no necesidad de desplazamiento a tribunales situados en grandes ciudades, supone una mayor accesibilidad a la justicia.
Por su parte, el derecho estatutario, es decir, aquel que proviene del Estado y que incluye la constitución, los cuerpos legislativos y los precedentes jurisdiccionales, es de difícil alcance para las mujeres, especialmente para aquellas que habitan en zonas rurales o aquellas consideradas PDI. Junto con su elevado coste, son comunes las prácticas discriminatorias hacia las mujeres por parte de jueces y demás personal del orden, debido a las diferencias sociales y culturales.
La realidad es que dentro de cada una de las más de 50 tribus que componen Sudán del Sur, cada una de ellas posee un derecho consuetudinario, no escrito, que también da paso a la arbitrariedad y a la indefensión. Además, en muchos de los casos, las mujeres desconocen las posibilidades que les ofrece la Justicia para reclamar, o no saben cómo acceder a estas posibilidades. Tal argumento se ve reforzado por la baja tasa de alfabetización de las mujeres, que asciende a un 16%.
De tal modo, puede decirse que los problemas causados por la inseguridad forman parte de una estrategia desarrollada dentro del conflicto interno por todos los bandos participantes, que apunta a la mujer como principal blanco, por suponer éstas realmente el futuro de Sudán del Sur, al menos mientras el conflicto perdure.
Derechos de tierra, vivienda y propiedad como solución para las mujeres consideradas PDI
Son precisamente las mujeres sursudanesas las consideradas pilar fundamental en la estructura familiar. Debido al conflicto, su responsabilidad para con la familia ha aumentado considerablemente, e incluso en mayor medida para aquellas consideradas personas desplazadas internamente. Los hombres pasan a formar parte de la guerra cobrando salarios bajos, dejando a sus hijos en manos de sus esposas y quedando, a la postre, gran parte de ellas viudas. Es por ello de especial trascendencia garantizar los derechos a la tierra, a una vivienda y el derecho de propiedad al colectivo femenino, que se muestra más indefenso ante el conflicto.
La reconocida posesión de un hogar y de unas tierras por parte de las mujeres está legalmente recogida tanto en cuerpos legales, como en la Ley de Tierras vigente desde 2009, como por la jurisprudencia constitucional del país. Aunque la capacidad de registrar tierras a su nombre es supuestamente cada vez mayor, forma también parte de la normativa sursudanesa la realidad por la cual las mujeres adquieren los derechos de los maridos, pero no los suyos propios. Esto es, existe una dependencia de la mujer hacia el hombre en lo que a la adquisición de derechos se refiere.
En la práctica diaria de esta problemática, las mujeres viudas, solteras o sin familia son privadas del acceso o control sobre unas tierras. Su no dependencia hacia un hombre las convierte en “extranjeras” ante los tribunales, impidiendo la integración de aquellas desplazadas que vuelven a sus poblaciones de origen. Esto es especialmente relevante cuando las mujeres son madres, ya que si pudieran disfrutar de la herencia de esas tierras estarían garantizando un futuro y una forma de supervivencia a sus descendientes.
Por si hasta este punto no fuera suficiente, con el elevado coste que supone el registro oficial de las tierras, la comercialización de éstas dificulta a las mujeres desplazadas la recuperación de sus antiguas parcelas. Su desconocimiento les impide recibir una compensación y son con frecuencia realojadas en zonas inseguras, con difícil acceso a agua o madera, y con apenas posibilidad de escolarización de los hijos.
En el marco de las relaciones internacionales, se reconoce el derecho de propiedad como pieza angular en el crecimiento de los países más subdesarrollados. En el caso particular de Sudán del Sur, la garantía de estos derechos supondría uno de los principales remedios para la correcta integración de las mujeres desplazadas a causa del conflicto interno. No solo se vería reducido el riesgo a la desprotección de este colectivo, sino que además fomentaría su capacidad de proporcionar tanto un presente como un futuro a sus descendientes. El derecho de propiedad funciona, además, como medio de acceso a los recursos financieros, ofreciendo una vivienda o unas tierras como garantía de la devolución de un crédito. Todo el proceso puede resultar no solo en una mejora en las condiciones de vida, sino también en un incremento en la productividad o desarrollo de la economía familiar.
El papel de la corrupción a la hora de garantizar estos derechos
De los 168 países que el llamado Corruption Perception Index tiene en cuenta para establecer un orden según los niveles de corrupción, Sudán del Sur ocupa el lugar 163, con apenas 15 puntos sobre 100 –el 0 corresponde a un país completamente corrupto–. Estos guarismos reflejan a la perfección la situación política del país y la inestabilidad que esto provoca en la población civil.
En cuanto a los abusos sexuales a mujeres y niñas se refiere, confirma Naciones Unidas la trata de éstas como forma de salario que reciben las fuerzas gubernamentales, especialmente la denominada SPLA (Armada Popular de Liberación de Sudán) a cambio de sus labores de combate y protección. Así, sólo entre los meses de abril y septiembre de 2015, en la provincia sursudanesa de Unity, se recogieron 1.300 denuncias por violación, según la propia Organización de las Naciones Unidas. Estos crímenes, considerados por la ONU crímenes contra la Humanidad, quedan impunes al ser el propio Gobierno el que los autoriza, fomentando que se repitan con mayor frecuencia entre todos los bandos combatientes.
En lo que se refiere a términos legales relacionados con la propiedad y las tierras, a pesar del reconocimiento de titularidad de las parcelas, se han dado ocupaciones ilegales por parte de soldados, oficiales del gobierno o de familias adineradas con capacidad de ejercer una influencia tanto en las comunidades como en el Gobierno. Además, las fuertes inundaciones que han tenido lugar en los últimos años de forma periódica han creado una mayor necesidad de tierras aptas, lo que ha traído consigo un incremento en el control del Estado de propiedades ajenas de acuerdo con sus intereses. Este desigual reparto de las tierras afecta en mayor medida, como era de esperar, a aquellas mujeres que vuelven a sus poblaciones de origen.
Sudán del Sur, uno de los países más corruptos del mundo. Fuente: Transparencia Internacional
Cómo fortalecer la imagen de la mujer en Sudán del Sur. Posibles soluciones
Existen varias formas de abordar la situación de Sudán del Sur. Probablemente, todas ellas incluyen un importante cambio político o una reforma sustancial de las principales instituciones, ya que la pobreza extrema del país dificulta sobremanera que los ciudadanos puedan salir adelante por sus propios medios.
Una vez encaminada la democratización de los órganos de Gobierno como palanca fundamental del cambio, se antoja necesaria una profunda reforma en sectores como la Educación o la Sanidad, cruciales ambos para el desarrollo del país. Más adelante, será vital atender a otras lacras patentes como son la corrupción o el papel de la mujer en la Sociedad y en instituciones públicas como el Parlamento, donde tan solo ocupan el 24,3% del total de los escaños.
En este escenario, la participación de organismos internacionales se considera necesaria. Así, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia podría convertirse en observador garante de la independencia e imparcialidad de los tribunales. También puede actuar como asesor para tratar que casos tan graves como la violencia extrema o la violación de derechos fundamentales dependan en todo punto de un derecho consuetudinario arbitrario peligrosamente cambiante.
Del mismo modo, la sociedad internacional debería hacerse cargo del problema y colaborar en consecuencia para la inclusión del colectivo femenino en la toma de decisiones trascendentes, en negociaciones y en conversaciones de Paz. Su participación en cuestiones extraordinarias, sin duda ayudaría a que el papel de la mujer en la vida ordinaria fuera, poco a poco, tomando más valor.
Los movimientos ciudadanos liderados por aquellos sursudaneses que han tenido una mejor educación también tienen una importancia capital. Gracias a su perspectiva más amplia de la sociedad local y global, estos movimientos están llamados a garantizar aquello que en los países más desarrollados se consideran Derechos Fundamentales.
Presencia de ayuda en el país según organizaciones y sectores. Fuente: OCHA
Otra traba importante del conflicto es la escasa repercusión que éste tiene en países desarrollados. Al no verse afectados de modo directo, tanto los estados como las organizaciones supranacionales hacen oídos sordos a una realidad que aún no ha calado, ni tiene visos de hacerlo, en la opinión pública occidental. Como consecuencia, son las Organizaciones No Gubernamentales, sobre todo las internacionales, las que asumen, por su cuenta y riesgo, la responsabilidad de ayudar en la zona.
Como se ha visto, la cruda realidad que atraviesa Sudán del Sur es resultado de diversas cuestiones. Entre ellas destaca el fuerte arraigo cultural de una sociedad anclada en la tradición. Tal involución afecta de modo directo e inmediato a otros aspectos políticos, económicos y sociológicos y tiene como principal víctima a la mujer, utilizada por el hombre como mercancía y relegada de continuo a un segundo plano por instituciones públicas y privadas. En los movimientos ciudadanos y en la educación de las generaciones venideras está la esperanza de un país imberbe que pide Paz como principal premisa para el cambio.
África/Sudáfrica/26 de Agosto de 2016/Autor: Nyiko Shikwambane/Fuente: All Africa
RESUMEN: El 17 de agosto, la justicia social ONG Sección 27 publicó un informe titulado «Demasiados niños que quedan atrás: La inclusión en el sistema de educación inclusivo de Sudáfrica». El informe es el resultado del trabajo de investigación llevado a cabo por Tim Fish Hodgson y Silomo Khumalo en el norte de KwaZulu Natal, en colaboración con la Fundación Philisa Isizwe para las personas que viven con discapacidades.La investigación siguió la vida de 55 cuidadores de niños con discapacidad que se encuentren en centros de educación especial o que no pueden acceder a ningún tipo de escolarización. Sección 27 se reunió con los padres y cuidadores para identificar los problemas en el Distrito Umkhanyakude en KwaZulu Natal.«Nos encontramos cerca de 50 padres que consideramos como nuestros clientes. Cuando nos encontramos con esos padres, nos dimos cuenta de que había varios problemas con el acceso de los niños con discapacidades. Los padres se quejaron de que las tasas eran demasiado caros, las escuelas estaban lejos de casa y que los niños fueron abusados en sus albergues «, dijo Silomo Khumalo, uno de los autores del informe.
On 17 August, social justice NGO Section 27 released a report entitled «Too Many Children Left Behind: Inclusion in the South African Inclusive Education System». The report is a result of research work conducted by Tim Fish Hodgson and Silomo Khumalo in northern KwaZulu Natal in partnership with the Philisa Isizwe Foundation for persons living with disabilities.
The research followed the lives of 55 caregivers for children with disabilities who are either in special schools or are unable to access any kind of schooling. Section 27 met with parents and caregivers to identify the issues in the Umkhanyakude District in KwaZulu Natal.
«We met about 50 parents who we regard as our clients. When we met those parents, we found out that there were various issues with access for children with disabilities. Parents complained that the fees were too expensive, the schools were far from home and that the children were abused in their hostels,» said Silomo Khumalo, one of the authors of the report.
After looking at those who were not in any kind of schooling, they investigated further and considered the inclusive education legislative and policy framework in relation to the Constitution. Section 29 of the Constitution says every child has the right to basic education, which includes children with disabilities.
The Schools Act does not exclude children with disabilities: section 12(4) of the Act says that children with disabilities have the choice between attending a mainstream school or a special needs school. However, this choice is meaningless if mainstream schools lack the necessary resources to accommodate learners with disabilities. Mainstream schools often deny access to children with disabilities or monitor their behaviour like a daycare centre. Either way, no effective learning is done and these children should be considered among those who are «out of school».
The Sisizakele Special School is one of the only schools in the district that has the capacity to educate disabled children. Unfortunately, there is a long waiting list to get access to this school because it does not have the capacity to deal with the number of learners who need access. Those who cannot be accommodated at Sisizakele will have to spend their days at crèche without furthering their education.
«She now goes to a crèche near Manguzi Hospital. She is excited to be there, and was quite lonely at home by herself without other children. I want her to have a skill that she will be able to do well, so that if I pass away, my child will be able to have some way of making a living for herself,» said a parent of a child with physical and intellectual disabilities in Manguzi.
«In order for us to assist these parents we had to understand the issues faced by teachers and house care in special schools schools. We received complaints about most teachers not having the adequate amount of training to teach learners with disabilities. That is why we have cases of full service schools treating children with disabilities like clients of a day care centre,» said Khumalo.
Children are admitted into mainstream schools which lack the capacity to teach them. Similarly, the report suggests that special schools are understaffed and lacking capacitated employees. The abuse in hostels is prevalent in special schools because the house parents are merely volunteers in the space who earn a stipend of R1, 000 per month.
«We have begun looking at the education system before the current democratic state. We found that black learners with disabilities suffer from a kind of ‘double discrimination’. They are excluded out of the education system by virtue of their disabilities. They are excluded because schools in rural areas don’t have the adequate resources or skills to accommodate children living with disabilities,» says Khumalo.
The report recommends that the National Department of Education reimagine the implementation of the inclusive education system. It has been 15 years since the inclusive education policy was passed in 2001, but no apparent implementation to date. «Section 27 wants to sit with the department to discuss how we can better implement the policy in rural communities. There is a big gap between the South African education policy and the reality,» said Khumalo. The report includes recommendations for funding, school support schemes, skills and vacancies to create a more efficient inclusive education system.
África/Liberia/26 de Agosto de 2016/Fuente: Front Page Africa
RESUMEN: El Director Ejecutivo de Educación para Liberia, Inc. Dr. Emmanuel Daykeay hizo una mueca ante el Ministerio de Educación, y se desalienta en cuanto a cómo el Ministerio de Educación en Liberia es de bajo rendimiento, y sus actuaciones están causando explotaciones y marginación de los alumnos de las diferentes escuelas. Las Estadísticas recientes del Consejo de Exámenes de África Occidental (CEAO) 2016 muestra resultados de manifiesto que el Ministerio de Educación dormita sobre el futuro de los niños y jóvenes. A partir del jueves, 26 de agosto, vamos a empezar a desafiar al Ministerio de Educación en nuestro país para llegar a los estudiantes y padres y empezar a educarlos acerca de las estrategias relativas a la educación, el desarrollo de políticas y filosofías. El Ministerio de Educación de Liberia se abstiene repetidamente sin ningún tipo de veneración a los que se ven afectados. Se tiene que cambiar por el bien del país. Escuelas en Liberia tienen una educación deficiente. El gobierno ha vuelto a ser el más alto empleador del país. ¿Cuál ha sido el gobierno, los partidos políticos y las contribuciones de los ciudadanos a la mejora de la escuela dentro del país?
Education for Liberia, Inc. Executive Director, Dr. Emmanuel Daykeay grimaced at the Ministry of Education, and is discouraged as to how the Education Ministry in Liberia is underperforming, and their performances are causing exploitations and marginalization of pupils in different schools. It all has to change!
Also, it is important to state that the bulks halt with the Ministry of Education and it is time to take responsibility for their actions. It is indeed time to stop talking and act to rescue our Education System.
Recent Statistics of the West African Examination Council (WAEC) 2016 Results illustrates that the Ministry of Education is slumbering over our children’s future.
Senior High Division:
Total number of registered candidates: 46,927
Total number of candidates who sit the test: 46,613
Total number of Males: 24,966
Total number of Females: 21,961
Total number candidates that sit and passed: 16,072
Total number of Males: 8,872 or 55.20%
Total number of Females: 7,200 or 44.80%
Total number of candidates that failed: 22,651 or 52.56%
Total number of Males: 11,915 or 52.56%
Total number of Females: 10,756 or 47.44%
Total number of candidates that went division#2: 10
Junior High Division:
Total number of registered candidates: 53,213
Total number of Males: 27,953 or 52.53%
Total number of Females: 25,260 or 47.47%
Total number of candidates that passed: 30,824
Total number of Males: 16,809
Total number of Females: 14,015
A total of ten (28) schools made 100% successful passed.
Beginning Thursday, August 26, 2016, we will start to challenge the Ministry of Education in our country to reach out to students and parents and start educating them about strategies concerning education development, policies, and philosophies.
The Education Ministry of Liberia is repeatedly failing without any veneration to those who are affected. It has to change for the good of the country.
Using the perceptions of the students to your advantage is wrong. Schools in Liberia have a deficient education which leads everyone running after government jobs.
The government has turned to be the highest employer in the country. What has been the government, political parties’ and citizen’s contributions to school’s enhancement within the Country?
África/Mozambique/26 de Agosto de 2016/Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas
RESUMEN: Las niñas en Mozambique se enfrentan a una amplia gama de desafíos, incluyendo la discriminación de género arraigada, las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, la violencia generalizada basada en el género y las altas tasas de embarazo adolescente. De acuerdo con una encuesta de 2015 por el Ministerio de Salud, el 46 por ciento de los adolescentes de 15 a 19 años han estado embarazadas al menos una vez. El matrimonio infantil y el embarazo precoz multiplican los riesgos para la salud de las niñas, lo que aumenta la probabilidad de que van a experimentar complicaciones del embarazo como la fístula obstétrica, o incluso morir por causas relacionadas con el embarazo. El embarazo también puede obligar a las niñas a abandonar la escuela, lo que limita su potencial futuro. En Mozambique, la matrícula escolar primaria de las niñas se sitúa en el 85 por ciento, pero en la escuela secundaria, la matrícula se reduce a 18 por ciento, según el informe de 2015 del Estado de la Población Mundial. El primer programa conjunto de Naciones Unidas sobre las adolescentes, llamado «Acción para las niñas y las mujeres jóvenes de Salud Sexual y Reproductiva y Derechos», aborda estos problemas a nivel individual, comunitario y políticas. Con US $ 14 millones del Gobierno de Suecia, este programa de cuatro años se basará en Acción del UNFPA para la iniciativa de las adolescentes, con lo que en la participación de UNICEF, ONU Mujeres y la UNESCO. Dirigido por el Gobierno de Mozambique, el programa contará con la participación de la sociedad civil, las organizaciones de jóvenes, la comunidad y las redes religiosas y los medios de comunicación.
Before I entered the safe space, I was shy, and it was difficult for me to express myself. I spent my free time after school with vulnerable girlfriends my age who had left school to marry, and some were even pregnant,” 16-year-old Amelia Abadala Salimo told UNFPA. “I felt afraid to become one of them.”
Then last year, she joined UNFPA’s Action for Adolescent Girls initiative. At a safe space, she and other girls learned about life skills, entrepreneurship, leadership and human rights – including the right to live free of violence and child marriage. The girls also learned about sexual and reproductive health, and how their bodies and lives could be affected by early pregnancy.
In the safe space, I felt empowered and understood, and I learned to express myself, and suddenly new doors opened,” Amelia said.
Today, she will be playing a key role in guiding other girls through similar sessions as part of the first joint UN programme to empower girls in Mozambique.
“Now,” she said, “I will be a mentor myself.”
Turning girls into leaders
Girls in Mozambique face a wide range of challenges, including entrenched gender discrimination, harmful practices such as child marriage, widespread gender-based violence and high rates of adolescent pregnancy.
According to a 2015 survey by the health ministry, 46 per cent of girls aged 15 to 19 have been pregnant at least once . Child marriage and early pregnancy multiply the risks to girls’ health, increasing the likelihood that they will experience pregnancy complications such as obstetric fistula, or even die from pregnancy-related causes.
Pregnancy can also force girls to drop out of school, limiting their future potential. In Mozambique, girls’ primary school enrolment stands at 85 per cent, but by secondary school, their enrolment drops to 18 per cent, according to the 2015 State of World Population report.
The first joint UN programme on adolescent girls, called “Action for Girls and Young Women’s Sexual and Reproductive Health and Rights,” addresses these problems at the individual, community and policy levels.
With $14 million from the Government of Sweden, this four-year programme will build on UNFPA’s Action for Adolescent Girls initiative, bringing in the involvement of UNICEF, UN Women and UNESCO. Led by Government of Mozambique, the program will include the participation of civil society, youth organizations, community and religious networks, and the media.
“The programme is a significant milestone towards more collective efforts towards the empowerment of Mozambique’s most vulnerable adolescent girls,” said Bettina Maas, UNFPA’s Representative in the country.
Reaching 1 million girls
The programme aims to reach more than 1 million girls in Zambezia and Nampula provinces, which have some of the country’s highest adolescent pregnancy rates, according to the 2015 government survey.
The launch, on 15 August in Nampula City, was attended by 830 mentors, who were carefully selected and trained to guide girls in sessions on life skills, human rights and other topics. The mentors are young, from 15 and 24, and live in the communities they serve, making them more effective role models and counsellors.
“I want to be a part of the change in my community – and also to break the silence of the harms happening to adolescent girls next door,” said Nilza Armando, a 19-year-old mentor, at the launch event.
Each mentor will reach 60 girls a year through the safe spaces. The campaign will be rapidly expanded, with more mentors trained throughout the year. Girls will also be reached through radio and television.
Working on every level
The programme additionally works with communities to keep girls in school and to return out-of-school girls to the classroom. And it holds dialogues with parents, men and boys, helping whole communities to collectively embrace the importance of girls’ education and rights.
Forums will also be created at the local, provincial and national level, enabling girls to advocate on issues affecting them.
“I want to demonstrate to the most vulnerable adolescent girls in my community that a different path exists,” said Idris Jamal, a 13-year-old member of Mozambique’s Children’s Parliament. She will be a mentor to younger girls and will also spread her message of girls’ empowerment on the radio.
“Adolescent girls can be in school, pursue dreams, engage in sports, dance or play an instrument,” she said, “instead of marrying when still a child or becoming young mothers.”
La crisis del Lago Chad tiene graves efectos sobre los niños y ha desplazado a más de un millón de ellos, afirmó el director regional del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) para África Occidental y Central, Manuel Fontaine.
Al comentar hoy el informe “Niños en movimiento, niños que quedan atrás”, Fontaine subrayó que cerca de 1,5 millones de menores se han visto obligados a abandonar sus hogares por la violencia que ejerce el grupo yihadista Boko Haram en los países de la cuenca de ese lago.
Además, otro millón de niños se encuentra atrapado en zonas de difícil acceso.
Por otro lado, Fontaine destacó que 38 menores han sido utilizados para llevar a cabo ataques suicidas en la cuenca del Chad en lo que va del año, elevando a 86 el número total de chicos forzados a ese tipo de atentados desde 2014.
El funcionario sostuvo que las necesidades humanitarias sobrepasan los niveles de respuesta, especialmente ahora que se puede llegar a áreas del noreste de Nigeria anteriormente inaccesibles.
Añadió que UNICEF sólo ha recibido el 13% de los 308 millones de dólares que solicitó para asistir a las familias afectadas por la violencia de Boko Haran en Nigeria, Níger, Chad y Camerún.
La mayoría de la población desplazada –unas 8 de cada 10 personas– se aloja con las familias y vecinos, lo que implica una presión adicional sobre algunas de las comunidades más pobres del mundo, subraya el documento.
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