África/Kenia/30 Abril 2020/elpais.com
La comunidad religiosa shona se estableció en Kenia hace más de medio siglo, pero no está reconocida por el Estado, por lo que no pueden acceder a sanidad, educación o emprender un negocio
Como aquel a quien diagnostican una enfermedad que siempre tuvo, pero desconocía, millones de personas en el mundo descubren un día que el país que sienten como suyo, allí donde nacieron, no los reconoce como ciudadanos. No importan sus vivencias o sus recuerdos, a ojos de la administración no son del país, no tienen identidad. Son apátridas. Jonathan Mwawa lo descubrió bien pronto, en el colegio. “Los otros niños e incluso los profesores nos llamaban ndoredi (marginado en kikuyu)”, recuerda este joven treintañero de la etnia shona, una de las no reconocidas en Kenia.
Mwawa es uno de los 4.000 shonas, aproximadamente, que viven en el país africano desde hace cinco décadas. Esta comunidad religiosa originaria de Zimbabue llegó aquí en los años sesenta, como misión de la Gospel of God Church, fundada en 1932. Por aquel entonces, Zimbabue se llamaba Rodesia del Sur y ambos países eran aún colonias británicas. Pero poco se identifican con esos primeros migrantes Jonathan o su madre Sarah, también nacida en el país. En el municipio de Kiambu, a casi una hora en coche por una carretera polvorienta y estrecha al norte de Nairobi, donde apenas hay espacio para los matatus (minibuses locales) y los coches que se cruzan, vive esta mujer de 50 años, con su marido y sus tres hijos pequeños. En su casa, rodeada de frondosos cultivos de café, té y maíz, construida de ladrillo y de una sola planta, comparten patio con los vecinos. “No podíamos permitirnos una vivienda así cuando yo era niño”, comenta el joven, que ya está emancipado y tiene su propia familia. “Antes las cosas estaban peor”, añade.
Como la mayoría de las mujeres shona, Sarah Mwawa se dedica a la cestería, mientras los hombres trabajan como carpinteros. Una norma dictada por el fundador de la iglesia marca que todas ellas vistan con largas faldas de colores claros. También envuelven su cabeza con un fular blanco. Con las cestas, Sarah consigue algunos ingresos pero lamenta no poder poner en marcha ninguna iniciativa. La falta de documentación es una barrera insalvable, no solo para impulsar un negocio, sino para acceder a la sanidad o a la educación.
Un problema con diferentes causas
Según Bénédicte Voos, funcionaria superior de Protección para los Apátridas en la oficina regional de Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, comunidades como la shona “no son reconocidas como nacionales por ningún Estado bajo su ley”. Varios son los factores que pueden dejar a una persona huérfana de nacionalidad. Por ejemplo, el conflicto entre las leyes de dos Estados. También puede darse una discriminación de género en la ley, como sucede en Somalia, y que solo los hombres puedan transmitir la nacionalidad, una norma que desprotege a los niños con padre desconocido o que se niega a reconocerlos. En el caso del pueblo shona, sin embargo, el problema tiene sus raíces en los procesos de independencia, que sacudieron la estructura social y administrativa de las antiguas colonias.
En África esta situación afecta sobre todo a personas “que nacieron en un país, han pasado allí toda su vida y sienten que pertenecen a él”, apunta Voos, en oposición a otros lugares del mundo, donde suele afectar más a migrantes o refugiados. Jonathan subraya con firmeza: “Esta no es nuestra tierra ancestral, pero nacimos aquí y aquí crecieron nuestros abuelos”. Su comunidad habla suajili e incluso kikuyu, la lengua local propia de la zona donde se instalaron los primeros shonas que migraron al país.
Cuando Kenia logró su independencia en 1963, se abrió una ventana de dos años para que los habitantes de todos los orígenes pudieran registrarse como ciudadanos: asiáticos, europeos o trabajadores migrantes de otras colonias africanas. Muy pocos lo hicieron. “En la práctica hubo algunas lagunas: no se llevó a cabo una campaña informativa exhaustiva e incluso aquellos que se enteraron no acababan de comprender qué suponía no registrarse”, apunta Walpurga Englbrecht, representante adjunta de Acnur en Kenia.
Los pocos que sí obtuvieron ese primer documento de identidad lo perdieron en 1978, cuando llegó al poder Daniel Arap Moi. El segundo presidente del país modificó la Ley de Registro de Personas, estableciendo la ascendencia keniana como condición indispensable para renovar el carné de identidad. La norma se aplicó de manera tácita, sin informar a la población del nuevo requerimiento. Así lo explica un estudio realizado por esta agencia de la ONU en 2018. Pero ningún shona podía demostrar tener padres o abuelos kenianos. El resultado de los fallos en el engranaje administrativo ha dejado en este país un número aproximado de 18.500 apátridas, entre los cuales, unos 3.500 son shona.
Sin documentos no hay derechos
A Sarah Mwawa, su segundo parto, cuando tenía 20 años, la pilló en la cárcel dónde la policía la trató «muy mal» mientras la trasladaban de urgencia a un hospital. Así recuerda la madre de Jonathan una de las varias detenciones que sufrió cuando era joven. ¿El motivo? No contar con ningún documento que demostrara que era keniana. Para muchos miembros del pueblo shona, el momento en el que son conscientes del problema de ser apátridas llega cuando les piden documentos para poder ser atendidos en la sanidad pública o cursar la educación secundaria.
A Michael Tshuma, otro joven de la comunidad, de 22 años, casi le costó dejar el colegio. Hasta hace dos años, en 2018, el sistema educativo keniano requería un certificado de nacimiento para presentarse a los exámenes finales de primaria y poder pasar a la secundaria (ahora, lo requiere ya de entrada para comenzar la primaria). Si el registro de nacimientos ya es de por sí bajo en la sociedad keniana —según los últimos datos oficiales de 2014, solo un 67% de los menores de cinco años están registrados— para los shonas resulta imposible, porque se necesita un carné de identidad de uno de los progenitores o de la misma persona, si ya es mayor de edad, para tramitarlo. “Pasé mucho tiempo en casa mientras buscábamos a alguien que nos ayudara. Mi madre llegó a pagar 15.000 chelines (unos 130 euros) en sobornos a funcionarios del registro”, revela el joven. Al final, un profesor se comprometió a conseguirles el documento a cambio de 3.500 chelines. “En tres días apareció con el certificado y así es como pude examinarme”.
No todos los miembros de esta comunidad son apátridas, sino inmigrantes. Durante los años siguientes a la independencia, otros shona regresaron al país. Como tantos otros kenianos, vivieron ajenos a la Administración durante muchos años. Es el caso de Nebili Dube, la madre de Tshuma. Ella tiene 60 años y llegó al país en los 90. Ahora, explica, “ya no tiene nada que ganar en Zimbabue, se siente más cómoda en Kenia”.
Sin embargo, a ojos de la ley de inmigración del país, que requiere un mínimo de siete años de residencia legal para conseguir la nacionalidad, su situación es complicada. “Si no ha regularizado su estado antes, entonces será muy difícil. Si se quedó ilegalmente, no cumple las condiciones y lo que hay que hacer es investigar las leyes del país de donde viene”, apunta Englbrecht. En este sentido, las autoridades kenianas se han mostrado cautelosas. Aunque el año pasado facilitaron certificados de nacimiento a 600 niños shonas, algo imprescindible para lograr su naturalización además de ser una obligación legal del gobierno, han hecho mucho hincapié hasta ahora en distinguir a los llegados antes de 1963 y después.
Para la comunidad, la decisión es urgente. Y los datos les dan la razón. Según un estudio socioeconómico que aún no ha sido publicado “está muy claro que la apatridia exacerba la pobreza”, afirma Wanja Munaita, funcionaria de Acnur. Jonathan Mwawa lo experimenta en su día a día: “No somos el tipo de gente que hace un presupuesto y compra comida para toda la semana. Vivimos día a día. Te despiertas y no sabes lo que comerás por la noche, pero tienes que salir”.
El informe, que compara datos de la comunidad con los de los ciudadanos kenianos que viven en las mismas zonas, muestra que “los shonas son al menos tres veces más pobres que el resto de kenianos en esa zona”, avanza la experta. También queda patente que, mientras los niveles de escolarización primaria son parecidos, el número de niños shonas que cursan secundaria es radicalmente más bajo. De momento, el Gobierno keniano se ha comprometido a resolver la situación durante este 2020. Quizás la hija de un año de Mwawa sí que pueda crecer sin la lacra de la apatridia. “No estoy preocupado porque yo crecí en la misma situación, así que para mí es normal, ¿sabes? Pero no lo es”.
Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/04/23/planeta_futuro/1587651376_444838.html
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