Cada niño enseñaba a cinco personas para instruirlas en la escritura y la lectura, estos pequeños se hacían acreedores a diploma por buenos mexicanos
Tercera y última parte
Con la creación de la SEP (octubre de 1921), la cruzada de alfabetización pasó a ser programa auxiliar de esta secretaría. Para el licenciado Vasconcelos no eran suficientes los maestros voluntarios adultos y ordenó formar un “ejército infantil” para su plan de educación en febrero de 1922, esta unidad estaba integrada por niños de cuarto, quinto y sexto año de primaria de escuelas públicas y privadas. Cada niño enseñaba a cinco personas para instruirlas en la escritura y la lectura, estos pequeños se hacían acreedores a diploma por buenos mexicanos, preferencia para su ingreso a secundarias, preparatorias y escuelas profesionales dependientes del gobierno.
Además de los maestros honorarios, voluntarios y niños dedicados a esta importante labor, se establecieron escuelas y centros culturales con maestros ya pagados por la secretaría, con horarios diurnos y nocturnos ubicados en zonas pobres de la ciudad especialmente con obreros; este plan de enseñanza se dividía en dos etapas: primera, con la enseñanza de lectura básica, escritura y aritmética; la segunda aplicaba para personas con algunos conocimientos rudimentarios y avanzar el aprendizaje en su casa. Estas escuelas nocturnas también se fundaron en los estados, además los maestros rurales dedicaban una hora extra después de enseñar a los niños, para instruir a adultos iletrados. En 1923 se contabilizaron 99 centros escolares con 4804 alumnos y los nocturnos habían alfabetizado a 8617 adultos.
Para la maestra Eulalia Guzmán, directora del departamento, la campaña educadora dejaba mucho que desear en este aspecto (1923-1924) por varios factores: por la fuerte resistencia de la gente analfabeta para asistir a la escuela, y por el interés monetario de algunos maestros que sólo recibía paga y desatendían sus obligaciones académicas. Las escuelas nocturnas disminuyeron de 65 a 43 por el desinterés de la población aunado a la situación política a causa de la rebelión de De la Huerta contra Obregón.
Vasconcelos quiso compensar la falta de asistencia social y atención a la salud pública en las zonas pobres con el establecimiento de escuelas diurnas en la Ciudad de México, donde además de la enseñanza de la lectura y escritura se fomentara la cultura del bienestar económico y social, promoviendo aspectos para mejorar y mantener la buena salud. Con instrucción extra sobre artes manuales y agricultura para que los asistentes pudieran desempeñarse en estas labores y mejorar su situación. Los estudiantes tomaron de buena manera esta forma de enseñanza y se organizaron para hacer cooperativas escolares, producir y vender su producción, el maestro quedó relegado y sólo podía decidir sobre la enseñanza, el control lo tenían los alumnos.
Caso particular el de la colonia La Bolsa, barrio muy temido por ser refugio de delincuentes, niños y jóvenes agresivos, en un ambiente de suma pobreza y suciedad extrema. La Casa del Obrero de la colonia La Bolsa fue el primer centro de alfabetización que respondió a lo planteado por la Universidad Nacional de México para trabajar en la cruzada, en una semana se inscribieron 400 alumnos a los que se les dotó de útiles necesarios para el aprendizaje, el éxito de esta escuela se debió al entusiasmo del maestro Arturo Oropeza y 10 estudiantes de California, que para celebrar el aniversario de la consumación de la Independencia fundaron este centro dotando de servicio de energía eléctrica a uno de los barrios mas pobres y con muchos adultos sumidos en la ignorancia.
Fuente de la reseña: https://www.eldictamen.mx/2019/07/opinion/jose-vasconcelos-y-la-educacion-3/
América del Norte/ México/ 15.07.2019/ Fuente: www.lavanguardia.com.
Los profesores, los padres de familia y los jóvenes estudiantes encabezan las demandas de los cambios en el sistema a los que se ha comprometido el Gobierno
En particular, el deseo de transformar lo que sucedía en el medio educativo -impulsado por profesores, padres de familia y jóvenes estudiantes- fue elemento clave para la obtención de una importante cantidad de votos que contribuirían al cambio de régimen, logrado por cierto, justo hace un año en las elecciones en que se votó por el anhelado nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La creencia en un cambio educativo tuvo su influencia en la elección presidencial. Desde el punto de vista de las mayorías ahí van avanzando los compromisos planteados por el presidente. Es la percepción en general.
Promesa electoral
Abolición de la anterior reforma educativa
En el ámbito educativo las cosas se están trabajando. La mal llamada reforma educativa que tanto angustió a los profesores -sobre todo a los de educación básica- quedó atrás. Se canceló tal como lo prometió el presidente.
Han pasado varios días de aquellos andares y la nueva reforma educativa -la del presidente Obrador- nació el 9 de mayo de 2019, al ser aprobada la reforma, adición y derogación de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. Nuevas políticas, proyectos, acciones y metas se habrían de realizar a partir de aquel momento.
Protesta de estudiantes mexicanos reclamando las mejoras en educación. (Mario Guzmán / EF
Nuevas medidas
Obligatorio, gratis y laico
La reforma en el artículo 3º. Constitucional, señala entre sus principales objetivos que: toda persona tiene derecho a la educación, y que el Estado–Federación la impartirá y garantizará en todos sus niveles. La educación continuará siendo gratuita y laica, así como universal e inclusiva. Conjuntamente, entre otros de sus propósitos señala que, para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se creará el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.
Niños aprendiendo en una escuela al aire libre en la playa. (David Guzman / EFE)
El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación será coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, al que le corresponderá, poner en marcha una gran cantidad de objetivos generales en favor la educación.
Tal como realizar estudios e investigaciones especializadas, determinar indicadores y establecer criterios para las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora de la educación. Así como emitir lineamientos y lograr concretar de la mejor manera una gran cantidad de objetivos, planteados en el tercero constitucional.
Sin duda, no será una tarea nada fácil. Se requerirá de los mejores especialistas y tomadores de decisiones en toda la extensión de la palabra. Tendrán una gran responsabilidad.
También, un gran compromiso es el que se asignó al Senado de la República, pues en ellos recayó la responsabilidad de llevar el proceso y elección de quienes conforman este importante aparato regulador de la educación en México.
Irregularidades
Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación
Para la creación de este nuevo organismo, la Junta de Coordinación Política del Senado, emitió una convocatoria el 21 de mayo del presente año. Sin embargo, al desarrollarse este primer proceso, se presentaron diversas irregularidades desde la mirada de muchos actores de la educación e incluso de algunos participantes. Ante ese escenario, se tomó en consideración a la sociedad y los reclamos de hacer un proceso más justo y transparente. Por lo que la Junta de Coordinación Política del Senado, acordó concluir este primer proceso el 19 de junio. Y justo en esta misma fecha, emitió una nueva convocatoria para abrir un nuevo proceso.
Las prisas se posesionaron de esta segunda convocatoria, con la intención de lograr en tiempo y forma la integración de una nueva propuesta para nombrar a la Junta Directiva y al Consejo Técnico del Organismo para la Mejora de la Educación.
Esta segunda convocatoria, generó nuevos participantes en la contienda, nuevas reglas, métodos y nuevos acuerdos que ofrecieran más transparencia y claridad a la sociedad mexicana. En fin, en el primer proceso participaron 123 aspirantes. En la segunda convocatoria contendieron 219 especialistas de la educación. Todos, de diversas partes de la República Mexicana.
Protesta de maestros mexicanos para velar por una buena reforma educativa. (Mario Guzmán / EFE)
En el procedimiento, los participantes en su mayoría cumplieron y presentaron sus expedientes, ensayos, ponencias y entrevistas que el gran llamado trajo consigo. Así, después de casi dos semanas de intensidad para todos los involucrados -candidatos y Senadores- el proceso llegó a su desenlace en las primeras horas del 2 de julio, en el recinto del Senado de la República.
El proceso de conformación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación concluyó, quedando integrada la Junta Directiva y el Consejo Técnico, tal como lo señala el artículo 3o. Constitucional. Cabe recordar que, a estos dos órganos, todavía falta por incorporar un tercer órgano, llamado Consejo Ciudadano.
Críticas
No están los mejores
Desafortunadamente, la opinión de varios agentes y desde el sentir de diversos medios, la Junta Directiva en su mayoría no quedó conformada por los mejores perfiles como se esperaba. La inquietud se da, porque participaba una gran cantidad de profesionales y académicos del más alto nivel para poder escoger de entre ellos a los mejores integrantes de dicho órgano. Cosa que al parecer no ocurrió con alguno de los integrantes. Dado que se habla de que alguien no tiene más allá de la licenciatura o incluso un perfil ajeno a lo que planteaba la convocatoria. La cual señalaba expresamente que, quienes integren dichos órganos deberán -deberían- haber sido especialistas en investigación, política educativa, temas pedagógicos o tener experiencia docente en cualquier tipo o modalidad educativa; además de acreditar el grado académico de su especialidad y experiencia, entre otras.
Incluso, el debate parlamentario señalaba a altas horas de esa noche, que se tenía que reconsiderar al menos una de las propuestas. Así, entre el debate y la discusión, se llevó a cabo la votación de la Junta Directiva propuesta, y conformada por cinco integrantes. De la propuesta de cinco integrantes, cuatro fueron aceptados por las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores. El quinto integrante tuvo que ser puesto a votación de nuevo, logrando el porcentaje de aceptación en una segunda ronda. La Junta Directiva quedó conformada esa madrugada, incluso se les tomó protesta en esa misma sesión del 2 de julio.
Estudiantes tomando clases en una tienda de campaña en Oaxaca (México). (José De Jesús Cortés / EFE)
Ahora el reto de dicho órgano, el de la Junta Directiva, será mayor del que se esperaría. Los cinco integrantes no pueden hacer quedar mal a sus electores, es decir, a los Senadores que confiaron en ellos, sea con un perfil o con otro.
Los profesores
Vigilancia de los compromisos de Obrador
El presidente Andrés Manuel tiene empeñada su palabra con la sociedad mexicana y sobre todo con los profesores de México. El proyecto educativo no puede fallar, es la gran apuesta para la transformación nacional. En la Junta Directiva recae la gran responsabilidad de la toma de decisiones de muchos de los procesos que se habrán de llevar a cabo en todo el sistema educativo. A partir de la elección de este órgano, la atención de quienes participan en el sector educativo en todos sus niveles, estará atenta a las directrices que se planteen.
Por otro lado, a decir de muchos, el otro órgano elegido esa misma noche, el Consejo Técnico, quedó conformado de una manera más congruente con lo que solicitaban los requerimientos de la convocatoria. Los siete integrantes fueron aceptados en una sola votación. A decir del clamor popular, este órgano es bien visto en su totalidad.
Los integrantes del Consejo Técnico, tendrán la gran responsabilidad de asesorar a la Junta Directiva, es decir, a los grandes tomadores de decisiones para la mejora continua de la educación nacional. Así, el proceso concluyó en esa madrugada y ahora toca esperar a ver el quehacer de este nuevo organismo de la educación.
Sin mayorías
Pactos difíciles
De los 219 participantes, ¿fueron elegidos los mejores perfiles para conformar la Junta Directiva? O acaso, el contexto de transformación nacional que estamos viviendo obligó a generar acuerdos para poder avanzar y no estancar el proceso. Recuérdese que, en el legislativo, no hay mayorías, que se tiene diversidad de grupos parlamentarios y, por lo tanto, de votaciones. Recuérdese también, que se requería de la aceptación de al menos dos terceras partes de los integrantes del Senado. Hay que aprender de lo sucedido. Se debe aceptar que en la política se generan acuerdos para poder avanzar y no detener los procesos, aunque esos acuerdos a veces incluyen a quienes no se debía, y excluyen a quienes sí se debía. Pero afortunada o desafortunadamente así funciona la política
Por otro lado, ¿qué pasará con todos esos especialistas de la educación que participaron en el proceso? De qué manera se aprovechará todo ese cúmulo de experiencias en el ámbito de la educación.
Sin dudarlo, se debió requerir de mucho valor para atreverse a participar en un proceso que desde un inicio parecía poco sencillo. Pero los especialistas de la educación todavía tienen mucho por hacer.
Fuente de la noticia: https://www.lavanguardia.com/participacion/lectores-corresponsales/20190711/463319559720/mexico-mejoras-modelo-educacion.html
No sé si sea un dicho popular, pero a menudo escucho que es más fácil destruir lo existente que crear un objeto nuevo. Con la Reforma Educativa de 2013 no se demolió al todavía joven Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se le otorgó autonomía constitucional y creció su importancia; se erigió sobre lo existente.
Si bien en su iniciativa del 12 de diciembre, el presidente López Obrador diseñó una contrarreforma educativa, en el Congreso, los partidos de oposición abanderaron una iniciativa que elaboraron colegas investigadores de la educación. Ésta le quitaba los filos destructores (ni una sola coma, había dicho Mario Delgado) y, sin atacar la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, moderaba el afán demoledor, fue la reforma de la reforma.
Uno de los dispositivos de esta moción reparaba la idea del gobierno de sujetar bajo el control de la Secretaría de Educación Pública al organismo que sustituiría al INEE. En su lugar, el Congreso aprobó —y me imagino que López Obrador dio su visto bueno— un aparato con autonomía técnica comandado por una Junta Directiva que elegiría el Senado sin injerencia del Poder Ejecutivo, asesorada por un Consejo Técnico, electo de igual manera.
Al igual que en la reforma de 2013, primero se designa a los jefes y luego se elaboran las leyes que establecen sus responsabilidades y atribuciones. “Esto es México, ¿qué le vamos a hacer?”, me dijo mi amigo El Maestro, a quien hacía tiempo que no saludaba.
Después de tropezones, el 2 de julio, el Senado designó a los 12 capitanes del Organismo para la Mejora Continua de la Educación (OMCE). A pesar del desaseo en el proceso de designación —pacto entre Morena y PRI— no prejuzgo. No pienso que sean chairos, como tampoco que los jefes del INEE fueran fifís.
No obstante, los perfiles de los nuevos jefes son diferentes. En el INEE se privilegió a la academia, los primeros integrantes con carreras distinguidas en la investigación educativa; en la nueva Junta, hay pluralidad. Dos de las integrantes, María del Coral González Rendón y Etelvina Sandoval Flores, son normalistas de origen. Silvia Valle Tepatl es licenciada en educación primaria. Las tres con experiencia frente a grupo y espíritu magisterial. También militantes de Morena y, al menos Sandoval, cercana a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Los dos varones tienen experiencia en el funcionariado. Óscar Daniel del Río Serrano tiene dos doctorados, pero su experiencia es en puestos administrativos, también miembro de Morena. Florentino Castro López es ajeno al sector educativo. Llegó por un compromiso entre Morena y PRI.
Entre los integrantes del Consejo Técnico predomina el perfil académico, y experiencia en el servicio público. Al parecer, allí hay pluralidad en orientaciones políticas.
El OMCE nace en tiempos de incertidumbre. Colegas y periodistas son escépticos acerca de su futuro desempeño. Pienso que no será mejor ni peor que la faena de la SEP en tiempos de Morena.
Fuente del artículo: https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/inee-h-omce/1322987
México / 14 de julio de 2019 / Autor: Nicolás Ayala / Fuente: Mundo Sputnik News
Uno de cada siete niñas, niños y adolescentes en México está por fuera del sistema escolar, lo cual se agrava si son pobres, indígenas, o tienen alguna discapacidad.
Cada año el 25% de los jóvenes mexicanos que cumplen 16, no puede continuar la educación superior porque no hay sistema educativo para ellos.
«En nuestro país la educación es un derecho constitucional desde los tres años, sin embargo, el 60% de niños y niñas no logran tener educación preescolar. Esto agrava su posibilidad de aprovechar la educación básica y secundaria», dijo a Sputnik el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García.
La institución es una coalición de 77 organizaciones de la sociedad civil que desarrollan programas dirigidos a la infancia en situación de vulnerabilidad, y opera en 17 estados mexicanos. A fines de junio el informe ‘La infancia cuenta‘, donde se indica que cerca de cinco millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran fuera del sistema educativo, mientras que unos 28 millones participan de la educación primaria y secundaria.
«La forma en las que el Estado mexicano está afrontando el tema educativo tiene muchísimas fallas. Cinco millones es un número enorme, pero además la calidad y accesibilidad no son las adecuadas», sostuvo.
Gran parte de lo que determina la exclusión del sistema educativo tiene que ver con la discriminación por origen étnico, por pobreza y por condiciones físicas. Las regiones más pobres son las más afectadas por la deserción escolar y donde la calidad educativa es menor.
«El 73% de las escuelas no tienen herramientas para dictar materias de computación, y el 13% de las escuelas no tienen luz ni agua potable», explicó el director de Redim.
La segregación se acentúa en jóvenes con discapacidad o embarazo temprano. En estos casos se duplica la posibilidad de quedar fuera del sistema educativo. Muchas de las escuelas no cuentan con la infraestructura necesaria para integrar a los que tienen discapacidades. Además exigen acompañantes de tiempo completo para ellos, lo cual hace imposible que las familias puedan insertarlos en las instituciones educativas, explicó Pérez García.
Hacia las adolescentes embarazadas existe una discriminación que eleva el número de abandono escolar, nueve de cada 10 están fuera de la escuela. “Muchas veces son expulsadas por lo que llamamos el ‘prejuicio de la manzana podrida’, la creencia de que una adolescente embarazada puede contagiar a otras niñas de sus prácticas sexuales”, indicó el directivo.
El informe indica que «se requieren medidas urgentes para ampliar la cobertura en preescolar y educación media superior». Además propone que se realicen adaptaciones de contenidos y generación de materiales en lengua indígena y que la enseñanza se adapte al contexto cultural de los alumnos.
«Cuando hablamos del derecho a la educación hablamos de una llave: si los jóvenes están en el sistema educativo tienen mayores posibilidades de acceder al derecho a la salud, a una vida sin violencia, al de ser informado. Estar fuera de la escuela los mantiene en una condición de aislamiento y desprotección», concluyó Pérez García.
México / 14 de julio de 2019 / Autor: Hugo Aboites / Fuente: La Jornada
El proceso de integración del organismo que viene a sustituir al INEE recoge toda la falta de definición, la profunda ambigüedad que hasta ahora ha caracterizado a la propuesta educativa vigente y confirma que no estamos en el rumbo de la profunda transformación de la educación que necesita el país y por la que se pronuncian de múltiples maneras las y los maestros, estudiantes y comunidades (incluyendo padres de familia). Es también un anticipo de lo que vendrá en las leyes secundarias.
En primer lugar, el punto de partida. La integración de este nuevo organismo refleja la postura del Ejecutivo frente al proceso de modificación del tercero constitucional. Allí pareció decirse ‘eliminen la evaluación punitiva de la Constitución y de las leyes secundarias, mencionen el artículo 123 constitucional, úsese el término excelencia en lugar de calidad, cámbiense algunos nombres y, ya.’ Todo lo demás, que quede al libre juego de las fuerzas políticas de hecho y de su expresión concreta y más inmediata que es el Poder Legislativo. Esta posición de dejar hacer, dio como resultado lo que ahora tenemos en el tercero constitucional: un programa variopinto, de complacencias, desde listados de las materias que deben impartirse, los temas más virales y hasta pasajeros, y una extensa copia de mucho el procedimiento para integrar el INEE que estableció la reforma de Peña Nieto.
En segundo lugar, el procedimiento incluido por EPN, era una fórmula adecuada para el pacto de uniformidad y mayoría neoliberal. Produjo un bloque compacto de estudiosos de la educación con perfiles muy similares y con orientación OCDE y organismos privados. Pero al aplicarse en un contexto de indefinición y ambigüedad como el actual esa fórmula produjo resultados muy distintos. Cada tendencia, partido y grupo buscó colocar a sus afines y resultó una mayoría de economistas y ex asesores de la SEP, consultores y ex funcionarios de gobiernos estatales y federales ( La Jornada, 03/07/19). Hasta se integró a quien fuera representante de México ante la OCDE durante 17 años, fundador del INEE y del Great Place to Study Internacional (Wikipedia). Pero además, el desaseo. Como cuando el senador Monreal insiste en que se repita la votación por un cuestionado candidato del PRI, a fin de que quede, pues se acordó incluirlo, y la palabra se debe cumplir ( Ibidem). En resumen, una mayoría generada en un espacio de arreglos, trueques y acuerdos con apenas dos o tres que piensan a México desde otra educación. Esta combinación desequilibrada no es una buena combinación para generar una línea clara y un futuro de transformación. Augura tensiones.
En tercer lugar, resulta claro que en ausencia de una definición rectora, en este organismo aparece ahora un crudo mosaico de intereses que reflejan los que a escala nacional enconadamente se disputan la conducción de la educación en México. Están ahí los conocidos actores de la OCDE, del capital humano, funcionarios y asesores del pasado sexenio. Personas que por trayectoria y convicción están más familiarizadas y confortables con las concepciones de mejora de la educación que provienen de TV Azteca y sus escuelas de excelencia, de una SEP proclive a la OCDE y al viejo INEE, y de organismos empresariales como Mexicanos Primero. Salvo dos o tres de sus miembros, el grueso no se sentirá cercano y empático con las concepciones sobre cómo mejorar la educación que sostienen muchos maestros y estudiantes en proyectos alternativos en varios estados del país. En el fondo, ni los maestros, estudiantes, comunidades del país, sus luchas y, sobre todo, sus proyectos, es decir, la gran mayoría de quienes hacen hoy la educación, estarán siquiera proporcionalmente representados en ese organismo. Y por eso, corre el riesgo de convertirse –como el INEE– en un grupo clasista y arrogante que dicta orientaciones desde el Olimpo. No podrá despedir, pero sí descalificar con evaluaciones hechas a su visión.
En cuarto lugar, las leyes secundarias. Si éstas siguen el mismo camino, los mismos referentes y prácticas que hemos visto, tendremos un futuro de fuertes tensiones y conflictos en la educación y, lo peor, se sepultará la esperanza de un cambio educativo de fondo. Otro debe ser el mecanismo para elaborar esas leyes y incluyendo la del nuevo organismo. Procesos abiertos, propuestas de definición clara y de entrada del hacia dónde de la educación y su traducción a textos legales. Para sobrevivir como nación, necesitamos una educación que se ponga del lado de los maestros y estudiantes, de los sin escuela y sin trabajo digno, de sus esfuerzos y aspiraciones y de las concepciones que con sus luchas, sus manifiestos y sus proyectos, han marcado un rumbo preciso para la educación mexicana. Un gobierno con 30 millones de votos –la gran mayoría de ellos procedentes de los que ahora no caben en los acuerdos legislativos– no puede olvidar esto.
México / 14 de julio de 2019 / Autor: Paulette Delgado / Fuente: Observatorio de Innovación Educativa
Estudios realizados por Common Sense Media muestran que los adolescentes (de 13 a 17 años) pueden pasar aproximadamente hasta nueve horas en línea cada día. Pero no todo el tiempo frente a la pantalla es perjudicial si se consideran los recursos de aprendizaje e información que se pueden encontrar en línea. Sin embargo, la exposición excesiva a las redes sociales aumenta el riesgo de desarrollar un Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
Incluso los adolescentes están preocupados. En una investigación realizada por el Pew Research Center, el 60 % de los adolescentes entre 13 y 17 años reconocen que un tiempo de pantalla excesivo es un problema importante, pero admiten, no pueden controlarse.
La investigación detalla que, debido a los cambios neurobiológicos y hormonales en sus cerebros, los adolescentes sienten la necesidad de pertenecer, ser respetados y admirados, especialmente a través de las redes sociales. Esta necesidad de pertenencia, lleva a que el 44 % de ellos revise sus teléfonos inteligentes apenas se despiertan.
Cuando se les preguntó qué sentimientos asocian con la posibilidad de no tener a la mano su teléfono, el 42 % dijo sentirse ansioso. Particularmente, las niñas reportaron sentirse más deprimidas (49%) que los niños (35%). Estos datos preocupan a los docentes ya que la idea de que los estudiantes desarrollen una «nomofobia», el miedo irracional a salir de casa sin el teléfono móvil.
Pero no solo los estudiantes se ven afectados por el uso excesivo de los dispositivos móviles. En un sondeo realizado por la Sociedad Internacional de Tecnología en Educación (ISTE por sus siglas en inglés), el 34 % de los docentes encuestados admitieron que se distraen con los estudiantes que usan teléfonos móviles durante la clase.
Cuando se les preguntó acerca de la capacidad de multitasking de los estudiantes, es decir, la capacidad de realizar múltiples tareas y usar el teléfono mientras prestan atención a la clase, el 80 % estuvo de acuerdo en que los adolescentes podrían tener la capacidad de hacerlo pero el 61 % piensa que esto afecta su aprendizaje.
Sobre el equilibrio entre el uso de móviles en clase, los docentes tienen opiniones divididas. Una cuarta parte de los maestros señaló que dan un descanso a los estudiantes durante una lección para que puedan usar el móvil o están abiertos a la idea de hacerlo. Por otro lado, el 24 % piden a los estudiantes que apaguen sus dispositivos durante la clase y solo el 3 % dijeron que no hay necesidad de controlar el uso de los teléfonos.
En cuanto a políticas institucionales sobre el uso de dispositivos dentro de la escuela, el 56 % de los docentes encuestados indicó que su escuela cuenta con una política sobre el uso de dispositivos móviles.
Por otro lado, todos los encuestados concuerdan en que el uso excesivo de teléfonos móviles es un problema y señalan la necesidad de un esfuerzo comunitario para encontrar una solución a este problema.
Aún así, prohibir totalmente el uso de dispositivos móviles en clase es una medida controversial pues se estaría perdiendo la oportunidad de aprovechar las nuevas herramientas que ofrece la tecnología que sirven de apoyo a las actividades de enseñanza-aprendizaje. Encontrar el equilibrio es la clave para que esta problemática.
Cuéntanos, ¿controlas el uso de móviles en tu clase? Si es así, ¿cómo lo haces? ¿Pides a los estudiantes que los apaguen, das descansos para usarlos o no pones límites?
México / 14 de julio de 2019 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias
Mexicanos Primero (MP), la organización de la “sociedad civil” que cuenta con financiamiento y orientación empresariales, ha iniciado una nueva campaña este mes de julio, a través de redes sociales y medios de comunicación (1), para promover un conjunto de líneas o ejes de políticas públicas educativas como parte de una estrategia de presión dentro de la actual coyuntura en la que se diseñan, por parte del Poder Legislativo, las leyes secundarias o reglamentarias del Artículo 3o. Constitucional, reformado y promulgado el pasado 15 de mayo.
El origen de esta organización (MP) se sincroniza con la recomendación que hiciera en su momento la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y que he citado en varias ocasiones en este espacio: “La Reforma Educativa es demasiado importante para el futuro de México como para dejar solos a los educadores en esta tarea. El Consejo Asesor de la OCDE considera urgente la creación de una “coalición orientadora” que incluya a los líderes políticos y universitarios, a los líderes del sector privado y de la sociedad civil. La coalición debe impulsar estas reformas en la arena pública y hacerse cargo de su defensa para obtener el financiamiento adecuado y equitativo, así como exigir que los actores clave de la educación rindan cuentas de los resultados.” (Acuerdo México-OCDE, 2010, p. 8; palabras en negritas de JCMA)”. Este antecedente nos da una idea del nacimiento y contenido de la línea discursiva de MP (cabe recordar que MP, como organización, fue creada por Claudio X. González Guajardo, casi al mismo tiempo en que se negociaba el acuerdo de referencia).
En ese acuerdo entre el gobierno de México y la OCDE, en 2010, el club de los países ricos recomendaba también lo siguiente: “Reforzar la importancia del papel que juegan los docentes; determinar estándares claros de la práctica docente; garantizar programas de formación inicial docente (ITP, por sus siglas en inglés) de alta calidad; atraer mejores candidatos; profesionalizar la selección, contratación, y evaluación de docentes; y vincular a los docentes y su desarrollo profesional de forma más directa con las necesidades de las escuelas.”.
Este marco de referencia da cuenta de la orientación de las iniciativas publicitadas en la campaña que, durante estos días, ha dado a conocer MP.
I
Afirma MP: “Debemos asegurar la participación efectiva de las niñas, niños y jóvenes en cada vez más decisiones relacionadas con su derecho a aprender.” @Laurami0316 en @Pajaropolitico
Como se puede ver, la organización empresarial MP, como grupo de presión que es, se mantiene en la línea discursiva de dar artificialmente voz y voto a los estudiantes, como forma o medida de presión hacia los trabajadores de la educación pública. La trayectoria de esa organización indica, como lo he demostrado con evidencias, que no le interesa defender los derechos de los trabajadores de la educación (además de que ese no es su rol; esa es tarea de los sindicatos), sino presionar a sus organizaciones sindicales para que se cumpla el “servicio educativo”, a través de un supuesto discurso de defensa “de los “derechos del aprendizaje”. Así mismo, tal como lo he mostrado en varios textos en este espacio, con el discurso del “derecho a aprender” MP ratifica su posición simplista y pragmática acerca de un proceso más complejo y profundo: el “Derecho a la Educación”.
II
Por otra parte, MP señala que: “…aunque el texto constitucional menciona algunos Derechos Profesionales Docentes (DPD) –como la formación inicial o procesos de admisión y promoción públicos, transparentes, equitativos e imparciales–, omitió dos derechos fundamentales que contribuyen al fortalecimiento de las capacidades de maestras y maestros: el acompañamiento docente y el acompañamiento escolar.”
Considero que no es necesario que los aspectos normativos específicos aparezcan en el texto Constitucional; por lo tanto, no se omite derecho alguno. Al respecto, cabe mencionar que el “acompañamiento docente” y el “acompañamiento escolar” estaban contemplados en la abrogada Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) o en los acuerdos secretariales correspondientes (el Sistema de Acompañamiento o Asesoría Técnica a la Escuela, SATE), y que seguramente se retomarán en la nueva legislación en la materia.
MP expresa también lo siguiente: “Es de vital importancia que en la legislación secundaria que se redactará en las siguientes semanas queden reconocidos ambos derechos, a fin de garantizar una trayectoria profesional docente orientada al ejercicio de su derecho a aprender y, en consecuencia, el de sus estudiantes.»… “Además, las leyes secundarias deben establecer la responsabilidad del nuevo Organismo para la Mejora Continua de la Educación (OMCE) para evaluar la nueva estrategia con base en el impacto de aprendizaje tanto en docentes como en NNJ.”
Nuevamente se observa la congruencia entre el discurso de la OCDE y de MP en términos de vigilar, controlar y fijar como criterio de evaluación, tanto de las estrategias como del trabajo docente, el “impacto de aprendizaje”.
En otra parte de sus textos, MP dice: “El sistema de acompañamiento debe tener una estructura mínima base: un supervisor como líder pedagógico, dos asesores técnico pedagógicos que retroalimenten y apoyen a los docentes y un Asesor Técnico que fortalezca el trabajo de los directores.”
Esto demuestra que MP desconoce por completo la estructura de la escuela pública: Un equipo o una estructura “mínima base” como la que propone el organismo empresarial, ignora de entrada la complejidad de la red de escuelas multigrado o de las telesecundarias. Y aún queda lejos la alternativa que sugiere MP de la escuela pública real que se da en los niveles educativos de Preescolar, Primaria y Secundaria de organización completa, puesto que no se cuenta con una cantidad tan grande de asesores técnicos pedagógicos en los sistemas y subsistemas educativos del país. Existe, por lo tanto, una enorme distancia entre el “deber” y el “ser” de la propuesta en cuestión.
III
Esto afirma MP en otro fragmento de su propuesta: “Las autoridades educativas deben establecer perfiles docentes nacionales que se ajusten a las condiciones de cada entidad y las necesidades de aprendizaje de las y los alumnos. Es un derecho profesional docente.”
¿Cuál es el sentido de definir dichos “perfiles docentes nacionales” si no se cuenta con un proyecto educativo nacional y local? Todo parece indicar que esos perfiles sólo servirían para fines de control y vigilancia. Por otra parte: ¿Quién y cómo se hará la lectura de las condiciones y necesidades de aprendizaje?
IV
MP trata de fijar las políticas públicas educativas desde la lógica empresarial: “… deben constituirse instancias especializadas ajenas a las áreas operativas de educación básica y sindical como las responsables exclusivas de conducir los procesos de selección que garanticen la igualdad de condiciones para todos los aspirantes… proponemos que la nueva regulación educativa amplíe y fortalezca los derechos profesionales docentes en materia de permanencia escolar y se obligue a las Autoridades Educativas Locales (AEL) a establecer procesos públicos, transparentes, equitativos e imparciales. Asimismo, para contrarrestar la opacidad actual, es necesario que las AEL emitan lineamientos para regular los Procesos de Cambio de Adscripción (PCA) estatales.”
De todo este discurso empresarial se desprende y confirma la idea planteada al inicio de este comentario: MP es más bien un grupo de presión, un instrumento de los poderes fácticos, que busca imponer contenidos y procedimientos (elevados a rango de leyes, y a partir de “evidencias” presentadas como productos de la investigación educativa), desde los lineamientos de políticas públicas educativas surgidas de la OCDE, y desde la lógica y la racionalidad generadas por el sector privado en materia educativa.
*Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro.
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