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Programación del Portal Otras Voces en Educación del Domingo 27 de enero de 2019: hora tras hora (24×24)

27 de enero de 2019 / Autor: Editores OVE

Recomendamos la lectura del portal Otras Voces en Educación en su edición del día domingo 27 de enero de 2019. Esta selección y programación la realizan investigador@s del GT CLACSO «Reformas y Contrarreformas Educativas», la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, organización miembro de la CLADE y el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD) registrado en el IESALC UNESCO.

 

00:00:00 – España: Complubot, el conservatorio de la robótica educativa

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01:00:00 – Conoce las 100 mejores herramientas de aprendizaje utilizadas en el año 2018

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02:00:00 – Bolivia es uno de los tres países de América del Sur con los niveles más altos de asistencia escolar

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03:00:00 – La educación, la cultura y la palabra (Artículo de Manuel Pérez Rocha)

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04:00:00 – El informe de la UNESCO pone de relieve la necesidad de eliminar los obstáculos con los que se enfrentan los migrantes y las personas desplazadas para acceder a la educación (+PDF)

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05:00:00 – Francesco Tonucci: “Sólo los buenos maestros podrán salvar la escuela”

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06:00:00 – Libro: Las formas de la educación (PDF)

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07:00:00 – 5 libros de Paulo Freire que no te puedes perder (Artículo de Miguel Ángel Ruíz Domínguez)

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08:00:00 – Libro: La enseñanza contra el capitalismo global y el nuevo imperialismo. Una pedagogía crítica (PDF)

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09:00:00 – 11 películas que reflejan la importancia de la labor docente (Artículo de Camila Londoño)

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10:00:00 – Libro: Pedagogía y política de la esperanza. Teoría, cultura y enseñanza. Una antología crítica (PDF)

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11:00:00 – La Ruptura Paradigmática de “lo Educativo” (Artículo de Juan Carlos Miranda Arroyo)

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12:00:00 – España falta a clase el I Día Internacional de la Educación: solo lo celebra en redes

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/299398

13:00:00 – UNESCO: Un tercio de los niños sufren acoso escolar

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/299414

14:00:00 – Pedagogos del mundo asistirán a congreso internacional en Cuba

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/299395

15:00:00 – Enseñanza multinivel (Artículo de José Blas García)

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/299190

16:00:00 – Transforman un autobús en una escuela móvil para los niños que se han quedado sin colegio en Irak (Video)

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/299285

17:00:00 – Conversatorio «Cine y Educación» (Video)

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/299282

18:00:00 – El Salvador con inversión histórica en educación

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/299200

19:00:00 – Los retos de la neuropedagogía en la modernización de las facultades de Educación (Artículode Andrea Paola Romero Ramos)

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/299181

20:00:00 – Puerto Rico: Vetado el proyecto de educación especial

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/299187

21:00:00 – Leontxo García: “El ajedrez tiene bastante para aportar a la educación” (Video)

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/299203

22:00:00 – República Dominicana: La educación con inclusión: el otro gran desafío del sistema educativo

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/299178

23:00:00 – Mareas educativas: movilizaciones globales en defensa de la educación pública. Encuentro con Agustín Moreno y Diego Andrés Salinas Flores

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/299194

 

En nuestro portal Otras Voces en Educación (OVE) encontrará noticias, artículos, libros, videos, entrevistas y más sobre el acontecer educativo mundial cada hora.

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México: Exige la CNTE se discuta la reforma educativa

Redacción: El Sol de México

El magisterio disidente quiere tiempo para consultar a sus bases sobre los cambios en la educación pública

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) demandó a la Cámara de Diputados abrir mesas de diálogo para discutir la reforma educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Los compromisos asumidos por los legisladores: compartir el calendario de las audiencias públicas y del parlamento abierto; una reunión con la Comisión de Educación de la CNTE, para socializar los comparativos de las diferentes iniciativas y conocer las propuestas de la CNTE”, dice el pronunciamiento de la Coordinadora tras reunirse con los diputados.

El magisterio disidente quiere tener tiempo suficiente para consultar a sus bases sobre la reforma educativa, la cual están previendo que sea discutida entre febrero y marzo en comisiones para subirla al pleno a finales de este último mes.

“El próximo jueves 24 de enero de 2019, las comisiones unidas se reunirán para definir una ruta de parlamento abierto y audiencias públicas, donde podrán participar todos los interesados. La iniciativa debe ser entregada a la Comisión de Puntos Constitucionales para que junto con la Comisión de Educación puedan dictaminarla, se prevé que la dictaminación de la iniciativa puede ser a mediados de marzo de 2019”, añade la organización magisterial.

 Otro de los puntos que solicitaron los maestros disidentes es que se le exhorte al gobierno de Michoacán a que dé los pagos pendientes a personal docente, además de que se restituyan a los profesores que fueron despedidos por motivos de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.

“Hacer un exhorto al gobierno de Michoacán para que pague los adeudos con los más de 30 mil trabajadores de la educación de régimen estatal, cubra los pagos a el ISSSTE, Pensiones Civiles del Estado, a las aseguradoras y a los prestadores de servicios al gobierno estatal. Hacer un exhorto al Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para la reinstalación inmediata de los compañeros y compañeras cesados”, añade.

Fuente: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/exige-la-cnte-se-discuta-la-reforma-educativa-2964984.html

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Niñas y adolescentes mexicanas con discapacidad fueron sometidas a esterilización sin consentimiento

América del Norte/Mexico/huffingtonpost.com.mx/

Este reportaje fue realizado por Elizabeth Ortiz, Gabriel Orihuela y Juan José del Toro para Zona Docs en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

Todos los días, tres menores de edad son esterilizadas en México. Entre ellas, niñas y adolescentes con discapacidad a quienes se somete a operación sin consentimiento y con la excusa de evitar embarazos ante abusos sexuales. Se trata de una práctica que viola sus derechos. Estados, hospitales y médicos admiten las ligaduras.

Una investigación revela que hospitales públicos han practicado esterilizaciones a mujeres menores de edad con discapacidades sin su consentimiento, una práctica que viola sus derechos.

La esterilización a niñas y adolescentes con discapacidad no debería ocurrir sin su consentimiento, pero en México se hace. El Gobierno federal lo oculta, aunque hospitales y médicos admiten que es un proceso habitual para bloquear la posibilidad de embarazo ante abusos sexuales.

En lugar de brindar una atención basada en sus derechos, cumplir con el compromiso internacional que el gobierno mexicano adquirió hace 10 años, protegerlas del agresor y escuchar sus necesidades, se somete a las jóvenes con discapacidad abusadas a una nueva agresión: una operación para evitar que cuando sean violadas queden embarazadas.

Así, la operación que dicen se hace para prevenir, termina sometiéndolas a más abusos.

Los casos son contundentes.

Irma es una mujer con síndrome de Down que durante su adolescencia fue violada por un vecino en Huixtán, Chiapas. A los 16 años quedó embarazada. Con pocos recursos y mucha desesperación, fue a un hospital regional para abortar.

Los médicos se negaron y sugirieron esterilizar, así, si le volvía a pasar lo mismo, ya no quedaría embarazada. Perdió al bebé, pero la historia no quedó ahí: aunque había una orden de aprehensión y alejamiento, el violador siguió abusando de ella y la situación se repitió: Irma volvió al hospital embarazada cuatro años después.

Hay más.

Ana es una menor con trastorno mental bajo la tutela del Estado: dejó de vivir con sus padres a los ocho años porque la maltrataban y la explotaban laboralmente. Cinco años más tarde, las autoridades la trasladaron al Hogar de Transición para la Niñez Villas Miravalle en Guadalajara.

A sus 15 años, los directivos del hogar solicitaron a las autoridades de Salud que la sometieran a una operación para atarle las trompas, por “un alto riesgo de un embarazo no deseado”.

El Consejo de Familia impidió el procedimiento de manera rotunda: era violatorio de sus derechos humanos. Pero el caso muestra que profesionales responsables de niñas y adolescentes ven en estas operaciones un mecanismo anticonceptivo seguro.

El Gobierno oculta las cifras: de las respuestas a 82 solicitudes de información enviadas a través de la ley de transparencia a dependencias federales, estatales y hospitales no es posible determinar cuántas de las 12,937 menores de edad esterilizadas entre 2006 y 2016 tenían discapacidad. Tampoco si hubo consentimiento firmado.

La cifra de menores de edad –es decir, menores de 18 años– esterilizadas en México implica que, en promedio, en esa década al menos tres niñas y adolescentes fueron intervenidas con una salpingoclasia todos los días.

Aunque seis de cada 10 casos ocurrieron en adolescentes de 17 años, la Secretaría de Salud reporta esterilizaciones en niñas tan pequeñas como de 10 años.

A las solicitudes de transparencia, la Secretaría de Salud federal respondió que no tiene obligación de llevar registro, pero estados como Baja California, Jalisco, Puebla y Tabasco reconocieron que el “retraso mental” es un escenario para realizar esas operaciones; solo como ejemplo: en el Hospital Gustavo A. Rovirosa Pérez de Tabasco indicaron que, de 2010 a 2015, fueron esterilizadas tres menores por esta razón. Una serie de entrevistas con médicos, instituciones y activistas, y la revisión de recomendaciones de organismos defensores de derechos humanos, revelan que es un procedimiento usual.

Violan compromiso internacional

El Estado mexicano se comprometió en 2008 a adaptar sus normas a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a través de la cual los gobiernos firmantes se obligan a tomar medidas para reconocer el derecho de las personas con discapacidad a fundar una familia, decidir el número de hijos que quieren tener y a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones que el resto.

“(Los Estados deben asegurar que) se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro”, se lee en la convención.

Las convenciones internacionales que firma el país tienen el mismo rango que la Constitución y, por ende, son más relevantes que las normas oficiales mexicanas –que es el marco legal al que se atienen los médicos que practican estas operaciones–, explicó Julián Copo, coordinador de la Comisión de Salud de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

Además, en el Artículo 1 de la Constitución mexicana, reformado en junio de 2011, se eleva a rango constitucional el reconocimiento de que todas las personas gozarán de los derechos humanos previstos en la carta magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Diez años después de la firma, México aún no modificó las normas que permiten hacer estas cirugías en caso de “retraso mental”. En lugar de brindar una atención basada en sus derechos, protegerlas del agresor y escuchar sus necesidades, se somete a las jóvenes con discapacidad abusadas a una nueva agresión: una operación para evitar que cuando sea violada quede embarazada.

Por ese agujero legal, se cuelan las intervenciones. Los médicos las justifican porque hay una norma local que los habilita y porque es una manera de proteger a niñas y jóvenes con discapacidad de embarazos no deseados.

“Son violadas o son engañadas; entonces, para evitar eso, mejor las operamos”, dijo Jesús Jorge Beltrán, médico y académico investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

No se sabe cuántas son en el país porque el Estado federal considera que no tiene la obligación de registrarlas. La petición al respecto que se hizo a la Secretaría de Salud fue omitida por casi todas las dependencias a las que cuestionó la Unidad de Transparencia. La única que respondió fue el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, que señaló que “no tiene la obligación de contar con la información de mérito”.

De hecho, ni siquiera parece haber claridad en el número de niñas y jóvenes que son esterilizadas, tengan o no una discapacidad.

En una primera revisión a las bases de datos públicas que la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud mantiene en internet, la dependencia informó que en 2016 se habían registrado 23,147 cirugías de oclusión tubaria bilateral (OTB, otra forma de llamar a la operación con la que se ligan las trompas uterinas) en niñas y jóvenes de entre 10 y 19 años. Una cifra sorprendente: era el equivalente a 40 por ciento de todos los casos reportados de 2006 a 2015.

Pero a principios de 2018 modificaron sus registros: los nuevos números, ya considerados oficiales, solamente reportan 5,952 casos. La explicación para borrar 17,195 casos de un plumazo fue que se trataba de datos preliminares y que, una vez comprobados, notaron que la cifra real era mucho menor.

La dependencia federal afirmó no haber detectado OTB en niñas de 12 y13 años. Pero como respuesta a pedidos de información, entidades como Tamaulipas, Veracruz, Jalisco y Oaxaca reconocieron intervenciones a niñas de esas edades durante 2016. En total, doce entidades reconocieron intervenciones quirúrgicas en adolescentes de entre 12 y 15 años.

“El Estado mexicano no ha tomado acciones para detener las esterilizaciones”, dijo Lisbet Brizuela, directora en México de Disability Rights International, una institución que defiende el derecho de las personas con discapacidad.

¿Por qué en México se normaliza que se bloquee la posibilidad de decidir sobre su cuerpo a mujeres con discapacidad? Según Brizuela, la práctica es común por el desconocimiento de los derechos que tienen las mujeres con discapacidad: “Se considera que son seres completamente asexuados, que no tienen conocimiento de su cuerpo, que no van a poder ejercer ningún tipo de control sobre ellas mismas o, incluso, la toma de decisiones”.

‘Defender’ de la violencia: la excusa

Las normas indican que se deben dar opciones para la salud sexual y reproductiva antes de someter a cualquier mujer a una operación de ligadura de trompas, además de una explicación acabada de lo que implica la OTB, y deben contar con su consentimiento para realizarla.

En los casos de menores con discapacidad, esto no parece suceder; según la directora de la Coordinación de Medicina de la Adolescente del Instituto Nacional de Perinatología (Inper), Josefina Lira Plascencia, se hacen por pedido de los padres.

“Si la madre dice ‘quiero que la liguen porque realmente no tengo medios para después estarla trayendo a consulta y que le revisen el dispositivo, bla, bla, bla’, pues las metemos a quirófano y las ligamos”, dijo Plascencia. ¿Por qué? Porque “por su propia discapacidad, está sujeta a violencia sexual”.

La posibilidad de un embarazo producto de violaciones, se presenta como una justificación extendida para realizar esterilizaciones en caso de jóvenes y adolescentes con discapacidad.

¿Por qué no se respeta el compromiso internacional? Habiendo una norma local que los habilita, los médicos sienten que es una cuestión que los excede: “No somos abogados”, dijo Beltrán, el investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM.

La falta de adecuación del marco legal local a los compromisos que adquirió el país es el agujero por el que se cuela la violación de los derechos de las menores: “Así se está violando su derecho a la salud, a la reproducción, a decidir si quiere o no procrear en el futuro”, indicó Adriana Hegewisch Lomelin, coordinadora de la Comisión de Derecho Familiar de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

Al intervenir con un método de “protección” ante abusos sexuales reiterados, lo que empieza a suceder es que el abuso pasa inadvertido: “Con frecuencia, el que abusa es alguien conocido: un cuidador, un terapeuta, un familiar; entonces, esa persona va a saber que ya está esterilizada”, consideró Andrea Flores Ruiz, maestra en Ciencias de la Familia y quien imparte clases a personas que tienen hijos con discapacidad.

Pero a pesar de las prácticas referidas, el director general adjunto de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, Rufino Luna Gordillo, rechazó que tener una discapacidad sea una condición para estas operaciones.

“Esa no está contemplada como una condición. Aquí, si los padres son los que deciden o quieren hacerle una salpingoclasia, tienen que recibir primero una asesoría porque ellos no pueden decidir tan fácil, por decirlo así, sobre el bienestar de esta niña”, dijo.

En lugar de seguir los protocolos de protección de víctimas, alejarlas de los abusadores y garantizarles los derechos que les son reconocidos, en México a las menores con discapacidad se las vulnera aún más. La medida para protegerlas, la expone a un cambio drástico sin hacerlas parte y las arroja a más abusos sexuales. 

Fuente: https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/12/10/ninas-y-adolescentes-mexicanas-con-discapacidad-fueron-sometidas-a-esterilizacion-sin-consentimiento_a_23614607/?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles

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La reforma educativa de IV transformación nacional 5. El desafío de los números ¿Y ahora, quién podrá ayudarnos?

Por: Roberto González Villarreal, Lucía Rivera Ferreiro, Marcelino Guerra Mendoza.  

La Iniciativa de reforma a los artículos 3, 31 y 73, enviada por AMLO el 12 de diciembre de 2018 a la Cámara de Diputados, debe seguir un trámite legislativo establecido en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes del congreso de la unión y en los reglamentos particulares de cada una de las cámaras.

Sin embargo, en este caso hay que insistir en un punto: la iniciativa es de reforma constitucional, por lo que se regula en el:

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Entonces, para ser aprobada, la iniciativa de AMLO debe conseguir una mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes en el momento de la votación en cada una de las cámaras, y hacer lo mismo con la mayoría absoluta de las legislaturas de los estados.

En términos numéricos, esto implica que si no falta ningún diputado o ninguna senadora, debe conseguir al menos 333 votos en la Cámara de Diputados y 85 en la Cámara de Senadores; o podrían ser menos, dependiendo del número de diputados o senadores presentes en el momento de las votaciones, siempre y cuando se cumpla el quórum.

Además, tendría que conseguir el voto, en las mismas condiciones y circunstancias, de al menos 17 de los congresos estatales.

La situación sería distinta, obviamente, si la iniciativa no fuera de reforma constitucional, donde la mayoría requerida se llama mayoría absoluta, es decir, la que resulta del 50% más uno de los representantes populares en las votaciones.

Por tanto, la viabilidad parlamentaria de una iniciativa depende de una cuestión numérica, es decir, formalmente cuantitativa, aunque todxs sabemos que esa es una cifra que resume una operación política. Es el tiempo de las cuentas, los acuerdos, los compromisos y los cabildeos en el proceso legislativo. En terminología convencional, es algo así como una caja negra -por ser oculta, turbia, anegada, la mayoría de las veces inescrutable- en la que se procesan los votos, las negociaciones y el destino efectivo de la iniciativa.

A veces se pueden rastrear las huellas de los compromisos, la mayoría no; esperemos que en esta ocasión sean claros, transparentes y se realicen de cara a la población. Habrá que exigirlo, porque lo cierto es que MORENA y la Coalición “Juntos haremos historia”, no cuentan con los votos necesarios para aprobar la iniciativa de reforma constitucional.

Vamos por partes.

 La Cámara de Diputados está integrada por 500 representantes populares, elegidos por mayoría relativa y por representación proporcional en listas regionales. Para aprobar una iniciativa de reforma constitucional se requiere el voto asegurado de al menos 333, o las dos terceras partes de los presentes en el momento de la votación. Esto es importante recalcarlo, porque en el arsenal de tácticas parlamentarias aparecen las huidas en masa, para quebrar el quórum e impedir las votaciones; o las faltas, las salidas al momento de la votación, los retrasos, todo lo que pueda alterar la composición de los presentes y la votación requerida.

Sin embargo, esto tiene un supuesto, que la iniciativa haya sido discutida y aprobada, con modificaciones o no, en la Comisión de Puntos Constitucionales, con apoyo de la Comisión de Educación y que sea sometida a la Junta de Coordinación Política para ser incluida en el orden del día.

Así que la primera dificultad radica en la composición de las comisiones responsables del análisis y el dictamen de la iniciativa. Si pasa ahí, sigue el trayecto parlamentario referido, si no, tiene que presentarse en otro período de sesiones.

Vamos a ver la composición de las comisiones para analizar las posibilidades y limitaciones que podría tener la iniciativa.

La Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados está integrada por 33 diputados. La preside Miroslava Carrillo Martínez, de MORENA; tiene 11 secretarios, de los demás partidos políticos y 21 integrantes más.

Como se puede observar, en esta comisión MORENA tiene una mayoría de 17 miembros, el PT 2 y el PES otros 2, por lo que cuenta con mayoría absoluta para aprobar el dictamen, según el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados (RCD); y tendrá 90 días para hacerlo, a menos que solicite una prórroga; en caso contrario, la Iniciativa se considerará desechada (artículo 89, numeral 2 del RCD).

La Comisión de Educación también tiene también 33 integrantes. La presidenta es Adela Piña Bernal, de MORENA, diputada de la Ciudad de México; 12 secretarías y 20 integrantes adicionales.  En esta Comisión, MORENA tiene 17 miembros, el PT 2, el PES 2, por lo que tiene mayoría absoluta; de entrada no tendría ningún problema en aprobar un dictamen positivo, aún sin cambios a la iniciativa.

El problema viene después. En el pleno, la votación requerida no es simple (mas votos a favor que en contra); ni absoluta (50% mas uno); sino calificada, es decir, al menos dos terceras partes de los presentes, es decir, si asisten todos los diputados, 333, como dijimos antes. Y aquí está el problema de fondo para todas las iniciativas constitucionales que presente el Poder Ejecutivo o los integrantes de MORENA o  la Coalición “Juntos haremos historia”.

La cuestión es simple: ni MORENA, ni la coalición, tienen los votos necesarios para la mayoría calificada.

Para eso es necesario revisar la composición de la Cámara de Diputados. Con datos hasta el 13 de diciembre de 2018, era la siguiente: 1

Para legislar con mayoría simple o incluso absoluta, MORENA no tiene dificultad alguna, con su sola fracción parlamentaria puede lograrlo, dado que tiene 256 diputados. Esto no fue casual. Fue una operación política. Se logró con acuerdos partidarios y compromisos con el PVEM.

El 4 de septiembre de 2018 se anunció que 5 diputados de ese partido se pasaban a la Fracción Parlamentaria de MORENA, para alcanzar la mayoría absoluta. El intercambio, según fue reseñado por diversos periódicos, fue la aprobación de la licencia de Manuel Velasco como senador, para culminar su período en la gubernatura de Chiapas  (Diputados del PVEM se pasan a MORENA para concretar mayoría absoluta).

La estrategia de conseguir la mayoría absoluta de MORENA no solo fue para constituir un bloque orgánico en las votaciones, lo que es importante, sino también obtener la presidencia de la Junta de Coordinación Política, que una fracción puede reclamar cuando su mayoría es absoluta. En este caso, días mas tarde el coordinador de los diputados de MORENA, Mario Delgado, se convirtió en el presidente de la Junta.

El problema es que los números no dan para las reformas constitucionales. Aún si la fracción votara en bloque, lo que es muy difícil, pero se puede suponer, sólo son 256 diputados. Requiere 333. Le faltan 77: muchos. ¿De dónde puede sacar esos votos? Una primera vía es rearmar la Coalición “Juntos haremos historia” en la Cámara.

Sin embargo, aún suponiendo otra vez el voto en bloque, muy difícil, por los desacuerdos regionales y federales con el PES y el PT , solo se consiguen 30 y 28 votos respectivamente. Se llega entonces a 314 votos posibles: faltan 19 nuevos. ¿De dónde sacarlos? ¿Del PRI? Muy difícil. ¿Del PAN? Casi imposible. ¿De dónde entonces? Le quedan tres fracciones parlamentarias para sondear, más 2 diputados sin partido.

El PRD tiene 20 diputados; Movimiento Ciudadano (MC), 28; y el PVEM, 11. 59 en total. Más los dos sin partido, da un total de 61 diputaciones para tantear. Un buen número. Bastan y sobran. Pero…tendrán que negociar. ¿Qué y cómo? Es una pregunta que se abre en muchas direcciones.

Ya vimos qué y cómo hizo MORENA para alcanzar la mayoría absoluta. Es un cambio ya transitado: el PVEM se presta para muchas cosas. Son 11 diputados. Sólo faltarían 8. La pregunta es:  ¿a cambio de qué? No sabemos qué pida el PVEM, lo que si podemos presumir es que nada honorable. Una larga historia de compromisos con todos, el PRI, PAN y PRD, así lo acredita.

EL MC y el PRD eran aliados antiguos de AMLO. Ha pasado mucho tiempo de eso. Demasiados enfrentamientos y múltiples roces. Pero es posible. Formalmente no debería haber ningún impedimento para los diputados del PRD, fueron los primeros en presentar una iniciativa de reforma constitucional para eliminar la mal llamada evaluación punitiva (Las iniciativas para cancelar la reforma educativa).

El MC tiene más diputados, son 28. ¿Por ahí? Podría ser, pero como en el PVEM y el PRD, ¿a cambio de qué? No podremos saberlo ahora, esperemos que sea claro, porque de su decencia no cabe esperar mucho.

En resumen: la Iniciativa de AMLO tiene dificultades para alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Necesita, en primer lugar, lograr una gran homogeneidad y presencia en las votaciones de su propia bancada; en segundo, conseguir las votaciones de sus aliados electorales, PT y PES; pero aun así, sigue necesitando 19 votos que podrían salir del PVEM, PRD, MC y dos diputados sin partido, pero tendrá que negociar. El asunto es el qué y el cómo.[1]

La cuestión se complica aún más en el Senado de la república.

En comisiones no hay mucha dificultad. La Comisión de Puntos Constitucionales está presidida por Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, de MORENA. Hay dos secretarías, una para el PAN, otra para el PRI. Se completa con 11 integrantes más.   De los 14 que integran la comisión, 7 son de MORENA y una del PT, hay mayoría absoluta.

En Educación tampoco hay mucho problema. La preside otro miembro de MORENA, Rubén Tocha Moya, con la misma composición en las secretarías y en los integrantes. MORENA y PT tienen mayoría absoluta.

El problema viene con las votaciones en el pleno.

En este caso, el problema es mayor que con los diputados. AMLO necesita 85 votos para la reforma constitucional. MORENA solo tiene 59, no alcanza la mayoría absoluta, menos aún la calificada, suponiendo que hubiese una votación homogénea. Necesita 26 votos más. Tendrá que acudir primero a sus aliados electorales; pero el PT tiene 6 senadores y el PES sólo 5. Llegaría entonces a 70, le faltan 15. Todo suponiendo que las fracciones votan en bloque afirmativamente.

¿De dónde sacar los votos restantes? Hay 1 senador sin grupo parlamentario, 5 del PRD, 6 del PVEM y 7 del MC. No le queda de otra: necesita negociar con sus adversarios políticos. El margen es menor que en la Cámara de Diputados, pero su blanco sigue siendo el mismo: PVEM, PRD y MC. Muy difícil, pero no imposible. Incluso antes de buscarlos en el PRI y el PAN, algo mucho más difícil.

Aún suponiendo que la iniciativa pasara en el Congreso Federal, todavía tiene que alcanzar la mayoría absoluta de las legislaturas de los estados. Tiene mayorías absolutas en 19 estados: Baja California, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; pero tiene dificultades en la composición de sus bancadas en varios de ellos, que se han dividido y enfrentado, como en Veracruz, por lo que primero tendrá que negociar entre las diferentes fuerzas que componen su fracción parlamentaria, luego con sus aliados electorales, y con los otros partidos, justo como en el congreso federal. No es imposible, pero difícil de conseguir.

En resumidas cuentas, ¿cuál es el desafío de los números para la iniciativa de reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución de AMLO?

  1. Ni MORENA, ni sus aliados de la coalición “Juntos haremos historia”, alcanzan la mayoría calificada.
  2. Para aprobar la iniciativa, tendrán que negociar.
  3. El asunto es con quién, qué y cómo.
  4. Los partidos pequeños, como el PRD, el MC y el PVEM, así como los representantes sin grupo parlamentario, tienen un caudal suficiente para alcanzar de sobre la mayoría calificada. El problema es el referido en el punto tres.
  5. El problema numérico es el mismo en las legislaturas de los estados.
  6. La homogeneidad del voto en las fracciones de MORENA, PT y PES es indispensable para las negociaciones con los demás partidos

Como se observa, el reto de los números obliga al Poder Ejecutivo y a la Coalición “Juntos haremos historia”, en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales, a negociar con los partidos de la oposición. Qué y cómo es materia de un amplio proceso político, parlamentario y extraparlamentario, en el que los poderes fácticos, sus representantes, el magisterio y la población, tendrán una parte fundamental, quizá decisiva.

Pero esa es otra historia…

Contacto: labandadelxs3@gmail.com

[1]  En otro artículo exploraremos las posibilidades de negociación estrictamente argumental y expositiva que podrían hacerse; a lo otro, a los acuerdos en lo oscurito, a los intercambios y demás, ni nos atrevemos ni es lo nuestro. Esperaremos la etnografía parlamentaria y los recortes informativos para saberlo.

Fotografía: canaldelcongreso

*Fuente: http://insurgenciamagisterial.com/la-reforma-educativa-de-la-iv-transformacion-nacional-5-el-desafio-de-los-numeros-y-ahora-quien-podra-ayudarnos/

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Tiempos legislativos y políticos de la reforma educativa

Por: Lev M. Velázquez Barriga
Los tiempos legislativos para la cancelación de la reforma educativa técnicamente iniciaron en diciembre pasado, pero será en abril cuando podría estar listo el decreto, dijo el secretario de educación; le sigue su aprobación en las legislaturas locales y la creación de nuevas leyes secundarias. También corren los tiempos políticos, Mexicanos Primero no tardó en defender a su creación y la OCDE fue invitada por la SEP para darle continuidad a su obra intelectual, lo mismo los debates de las ideas educativas están abiertos en las esferas de la academia. Y los tiempos del magisterio que clamó por la abrogación de la reforma neoliberal ¿cuándo? ¿No tienen nada que decir las y los maestros de las resistencias pedagógicas? ¿La iniciativa de ley del nuevo gobierno satisface las demandas del magisterio?

Veamos algunos de los elementos que contiene la propuesta de decreto. Desplaza (no elimina) la concepción de “calidad” por la de “bienestar” como objetivo del derecho a la educación; recordemos que la calidad ha sido el eje articulador del sistema educativo, se asoció a la organización gerencial de las escuelas, a las mediciones estandarizadas para alcanzar el máximo de aprendizajes y la idoneidad de los docentes, así como a la precarización laboral de los maestros. El bienestar se encuentra en el centro del discurso del nuevo gobierno, sin embargo no hay una definición clara de lo que significa para el caso de la educación y no puede quedar en la ambigüedad, porque se cruza con nuevos principios incluidos, como lo es la “excelencia”, que vienen de la concepción neoliberal y se van a traducir en prácticas concretas en los procesos de formación, evaluación y en la vida de las escuelas.

Se concibe a la formación de los maestros y el reconocimiento de sus aportes a la educación como un “derecho”, para tal efecto se elimina la fracción III; es decir, la esencia laboral del Artículo 3° que despojó a los docentes de su estabilidad en el empleo y emocional, dando vida a las evaluaciones para el ingreso, la permanencia, la promoción y el reconocimiento en el texto constitucional para tener un candado ante una eventual modificación de las leyes secundarias. A partir de esta misma concepción se propone la abrogación de la Ley General del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y de la Ley General del Servicio Profesional Docente, cuyas instituciones INEE y SPD, serían sustituidas por el “Centro” para la revaloración del magisterio y la mejora continua de la educación, y por el servicio profesional del magisterio.

Es verdad, que el Centro no tendrá la misma autonomía que el INEE, que por cierto nunca ejerció; contará con un Consejo Consultivo para orientar al Consejo Directivo en tareas fundamentales como definir el plan educativo y cuya lógica se inscribe en el mismo esquema de la llamada gobernanza que ha abierto las puertas para que los grupos de la derecha y los empresarios se inmiscuyan en las decisiones centrales del gobierno, suplantando a la sociedad.

Preocupa que entre la funciones del Centro esté “la determinación de estándares e indicadores de resultados; que acredite a las instituciones autorizadas para certificar el desempeño de las instituciones, las autoridades y los distintos actores de la educación”. La certificación ha sido un mecanismo de competitividad desigual de las escuelas, que además promueve la organización gerencial de los centros escolares y condiciona el ejercicio de apoyos económicos al cumplimiento de estándares de calidad empresarial; esto rompería con el principio de la educación “equitativa” que también se introduce en la propuesta de reforma, incluso como la aportación de la cuarta transformación a la educación, según se explica en la exposición de motivos.

Preocupa que se hable de acreditar instituciones que certificarían a los actores de la educación, entre los cuales están obviamente los maestros; uno, porque la iniciativa de ley no deja clara la obligación del Estado a través de sus instituciones educativas públicas para garantizar el derecho a la formación y esto abre la posibilidad a que los particulares acreditados por el Centro tengan un mercado cautivo financiado con dinero público o pagado directamente por los docentes; dos, porque la certificación ha sido un dispositivo para limitar y controlar las prácticas pedagógicas de los maestros a través de la formación instrumental y las evaluaciones estandarizadas; tres, porque un nuevo servicio magisterial de carrera basado en la certificación representa la continuidad de un sistema meritocrático de competitividad individual, diferenciación salarial, individualización del contrato colectivo y atomización de la organización sindical.

Ahora, hay elementos de la reforma neoliberal que no tienen candados en el marco constitucional actual y que se pueden cancelar si el nuevo gobierno tiene voluntad, por mencionar algunos: está la reforma a las normales que quitó la licenciatura en educación especial, el nuevo modelo educativo que entre otras cosas eliminó los talleres tecnológicos y las escuelas al CIEN que generan deuda pública.

Sin la reanimación de las voces que clamaron por la abrogación de la reforma educativa, la iniciativa del presidente se definirá concertando con la derecha parlamentaria y con la OCDE los cambios necesarios para que todo siga igual.

*Fuente: Rebelión 

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La lucha por educación, un horizonte más allá

Por: Violeta García.

Mientras las autoridades universitarias argumentan que hay un problema de finanzas, detrás se esconden los intentos de privatizar la educación en México.

Que nadie pretenda llamarse a engaño. No estudiamos con el propósito de acumular conocimientos estáticos y sin contenido humano. Nuestra causa como estudiantes es la del conocimiento militante; refuta y transforma, revoluciona la realidad social, política, cultural, científica. No se engañen las clases dominantes: ¡Somos una Revolución! Esta es nuestra bandera.

Comité de Lucha de la Facultad de Filosofía y Letras, 
Ciudad Universitaria, 26 de agosto de 1968.

Hace aproximadamente un año, supimos de la deuda en la que se encontraban diversas universidades públicas. Así mismo, gracias al trabajo periodístico de diversos medios, nos enteramos de la llamada “estafa maestra” [1] con la que al menos ocho universidades públicas —y una decena de instituciones estatales— desviaron alrededor de 8 mil millones de pesos por medio de empresas fantasmas.

Los rectores de estas universidades y los altos funcionarios del gobierno, no pudieron responder claramente qué estaba ocurriendo con las universidades, ni tampoco con las instituciones relacionadas con la estafa maestra. Las auditorias que se realizaron en los meses consecutivos, al destape del uso de empresas fantasmas para desviar recursos, evidenciaron que la corrupción del anterior gobierno federal de Enrique Peña Nieto había echado raíz en todas las instituciones del Estado.

Las universidades que no se encontraban en crisis por el desvío de recursos lo hacían por otras circunstancias. Se destapó que al menos treinta y cuatro universidades públicas se encontraban en crisis económica, de las cuales diez se mantienen formalmente en quiebra. A esto, los rectores y los altos funcionarios de las universidades —así como algunos analistas— mencionaron que la crisis se debía a un mal manejo de las finanzas, sumado al sistema de pensiones y la contratación elevada de personal. Sin embargo, ninguno de estos señaló con claridad ni el desvío de recursos ni el insuficiente presupuesto estatal a la educación.

Asimismo, en agosto del año en curso, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) sacó un comunicado con motivo de la crisis económica de las universidades y la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. La COPARMEX mencionó que se hace necesaria “la posibilidad de establecer cuotas parciales de recuperación en las universidades públicas”. [2] Estas medidas las justifica supuestamente al constatar que hoy en día es mayor el porcentaje de estudiantes de altos ingresos que estudian en dichas universidades, es decir, que la educación se ha elitizado profundamente. Con este análisis, la Confederación Patronal sólo pone sobre la mesa sus intereses respecto a la privatización de la educación y los servicios públicos.

La privatización, un largo proceso

En 1999 se alzaron las banderas rojinegras por toda la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta huelga cuestionó todo lo dicho por las autoridades universitarias, que, sin temor a equivocarse, habían condenado a la universidad a una inminente quiebra. Las razones: una crisis relacionada con los recursos universitarios, que no eran suficientes para mantener la casa de estudios. 
En aquel año las autoridades no dudaron de que quienes tendrían que pagar la universidad serían los estudiantes, aún cuando éstos, sus padres, sus abuelos y el conjunto de los trabajadores habían mantenido y sostenido las universidades por todo el siglo pasado, mismo discurso que mantiene hoy la COPARMEX. [3] Sin embargo, los estudiantes de aquel entonces pronto echaron abajo esta apreciación engañosa de las autoridades universitarias y evidenciaron que el Estado había recortado los recursos de la universidad con el fin último de legitimar una consecutiva privatización. Después de nueve meses de huelga, los jóvenes lograron que las cuotas no se impusieran.

Hoy —casi veinte años después— nos encontramos con la misma disyuntiva respecto a las universidades públicas, el uso de los recursos y su financiamiento. Pues actualmente, la respuesta de las autoridades ante la crisis en la que ellas mismas metieron a las universidades no es muy diferente a la que se ha dado con anterioridad: como ya mencionamos más arriba, éstas sugieren que el problema responde al mal manejo de las finanzas, al sistema de pensiones, a la contratación mal planeada y dan respuestas que pretenden retroceder en las conquistas que aún persisten de la universidad púbica, tal como lo dice la COPARMEX respecto a lograr cuotas de recuperación, siendo esto, un avance más en la elitización de la educación superior.

Las políticas de elitización, que abren camino a la privatización de la educación, así como de los sectores públicos como salud, vivienda, trasporte, etc. no es recientes, sino que es todo un proceso que lleva casi cinco décadas. [4] Esta fase ha sido llevada adelante por todos los partidos del régimen y ahora, aunque Andrés Manuel López Obrador anunció en su toma de protesta la creación de 100 universidades más, es evidente que no se resuelve el problema de los recursos para sostener esas universidades y tampoco menciona cual será el mecanismo de rescate de las más de 30 casas de estudio en crisis. Asimismo, no da aliento alguno el nombramiento del próximo secretario de educación pública, Esteban Moctezuma, [5] quien tiene un pasado priísta, con cercanía al millonario Salinas Pliego.

La situación crítica en la que se encuentran la gran mayoría de las universidades públicas del país no se debe sólo a un mal manejo de las finanzas, que, no obstante, el movimiento estudiantil, así como el activismo de las diversas facultades y centros de estudio de todas las universidades ha evidenciado. Tampoco se debe al sistema de pensiones y jubilaciones, por demás claramente insuficientes para la amplia mayoría de los docentes y trabajadores universitarios que entregaron su vida en esas instituciones. La situación estructural de las casas de estudio se debe ante todo a la política económica imperante bajo el régimen social, que buscó reducir el llamado presupuesto social (para educación, vivienda, salud, etc.) con una política claramente regresiva que atenta contra los intereses de las grandes mayorías y a la par busca avanzar la privatización de los sectores públicos.

El movimiento estudiantil y el activismo no niegan que exista un mal manejo de las finanzas al interior, desde hace años se ha denunciado como se ha usado el financiamiento de las universidades para los negocios personales de rectores o caciques universitarios que nada tienen que ver con las casas de estudio. Tal es el caso de las empresas parauniversitarias en la Universidad de Guadalajara que son levantadas a partir del presupuesto de la universidad, otro importante caso sería el de la UNAM donde son prestadas las instalaciones a equipos privados de primera división, así como los millonarios salarios de directivos y altos funcionarios de los gobiernos universitarios.

Ciertamente el presupuesto podría usarse de manera eficiente: en la ampliación de las matrículas, la generación de más espacios para el esparcimiento cultural de los universitarios, docentes y trabajadores de la educación, la destinación de recursos a la investigación, el mejoramiento de las condiciones laborales del personal universitario, etc. Pero hay que ser honestos y señalar que eso no es suficiente, sino que la pelea por la educación pública, gratuita e irrestricta va de la mano de la lucha por un nuevo sistema que logre acabe con la distinción de clases y permita el acceso universal a la educación, la cultura, el esparcimiento y la recreación.

Así la pelea por la educación pública, gratuita e irrestricta, y por una universidad al servicio de los trabajadores, los campesinos y el pueblo, pasa por lograr el aumento del presupuesto educativo sobre la base del no pago de la deuda externa y los impuestos progresivos a las grandes fortunas. Una perspectiva que representa un quiebre respecto a lo que planteamos antes y que implicó una orientación reaccionaria frente a la educación; la evidente negativa del nuevo gobierno a impulsar una perspectiva en ese sentido muestra sus limitaciones para poner en cuestión el orden existente y afectar los intereses empresariales.

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NOTAS AL PIE
[1Sobre la “estafa maestra”: Miriam Castillo, Nayeli Roldán y Manuel Ureste, “La estafa maestra. Graduados en desaparecer dinero público”, en Animal Político, 4 de septiembre del 2017, https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/ [Consultado el 10 de diciembre del 2018].
[2Según la COPARMEX, un dato relevante para pensar la educación pública en la actualidad es que: “hoy en día una parte significativa de la matrícula de las universidades públicas está conformada por estudiantes provenientes de las familias de los deciles de ingresos más elevados” (COPARMEX, “Educación Superior: Los retos de cobertura, pertinencia y sustentabilidad”, 20 de agosto del 2018, https://coparmex.org.mx/downloads/senalcoparmex/121/SC_121_Educacion_Superior.pdf[Consultado el 11 de diciembre del 2018]).
[3Sobre COPARMEX y educación: Xochitl Lagarda Burton, “Manifiesto México: Educación de calidad e innovación”, 17 de abril del 2018, https://coparmex.org.mx/manifiesto-mexico-educacion-de-calidad-e-innovacion/ [Consultado: el 17 de enero del 2019].
[4El avance en las políticas de elitización comenzó en las universidades a partir de 1982 cuando el gobierno federal redujo de manera escandalosa el presupuesto destinado a la educación de un histórico 25% a un 12%. Sobre presupuesto educativo: Hugo Aboites “La medida de una nación. Los primeros años de la evaluación en México”, México, CLACSO, 2012.
[5Esteban Moctezuma Barragan, expriísta que fungió como secretario de gobernación en el sexenio de Ernesto Zedillo, así mismo fue presidente de Fundación Azteca, organización de Ricardo salinas pliego. Sobre la Reforma Educativa y la designación de Esteban Moctezuma: Arturo Méndez y Marcela Ríos, “El neoliberalismo en la escuela”, en Ideas de Izquierda México, No. 1, Octubre 2018, pp. 61-64.
Fuente del artículo:  http://laizquierdadiario.com/La-lucha-por-educacion-un-horizonte-mas-alla
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Coca-Cola, Pepsi y Nestlé son las que más contaminan los océanos con plástico (Vídeo)

América del Norte/ México/ Fuente: vanguardia.com.mx.

Más de 10,000 voluntarios llevaron a cabo ente el 9 y el 15 de septiembre 239 acciones de limpieza de plásticos en costas y otros entornos naturales de 42 países entre ellos México.

Las multinacionales Cola-Cola, Pepsi y Nestlé son las firmas que más contribuyen a la contaminación de los océanos con plásticos de un sólo uso, según un estudio de la iniciativa «Break Free from Plastic«, que ha limpiado las costas de 42 países en todo el mundo.

«El informe demuestra de forma irrefutable el papel de las grandes corporaciones en perpetuar la contaminación mundial de plástico«, señaló el coordinador global del movimiento «Break free from Plastic«, Von Hernandez, en el lanzamiento del estudio hoy en Manila.

Más de 10,000 voluntarios llevaron a cabo ente el 9 y el 15 de septiembre 239 acciones de limpieza de plásticos en costas y otros entornosnaturales de 42 países como Filipinas, Tailandia, Vietnam, la India, Indonesia, Australia, Chile, Ecuador, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, Marruecos o España.

En total recogieron más 187,000 piezas de plástico, de las que más del 65 % correspondían a envoltorios de productos de grandes corporaciones mundiales, con Coca-Cola, Pepsi y Nestlé a la cabeza.

Las multinacionales Cola-Cola, Pepsi y Nestlé son las firmas que más contribuyen a la contaminación de los océanos con plásticos de un sólo uso, según un estudio de la iniciativa «Break Free from Plastic». Foto: Greenpeace

Les siguen en el ranking de empresas más contaminantes: Danone, Mondelez, Procter & Gamble, Unilever, Perfetti van Melle, Mars Incorporated y Colgate-Palmolive, todas multinacionales relacionadas con la alimentación, la higiene y los productos del hogar.

«Estas compañías tienen que elegir, pueden ser parte del problema o de la solución. Si se empeñan en seguir utilizando para sus productos envolturas innecesarias de plástico, seguirán alentando su fabricación y por tanto la contaminación«, apuntó Hernandez en declaraciones a Efe.

Alrededor de las 100,000 piezas o porciones de plástico recolectadas eran de materiales que son imposible o muy difíciles de reciclar, como el poliestireno, el PVC (cloruro de polivinilo), PET (tereftalato de polietileno) -usado sobre todo en botellas– o el filme de plástico de un sólo uso.

En la actualidad, la producción de plástico ha alcanzado los 320 millones de toneladas métricas al año y en la próxima década está previsto que crezca en un 40 %, lo que aumentará exponencialmente la liberación de gases invernadero, ya que el 90 % de los plásticos se producen a partir de energías fósiles y contaminantes.

«Debemos exigir a las corporaciones detrás de estas marcas de consumo masivo que dejen ese mal hábito de sobreempaquetar sus productos y revertir la demanda de más plástico«, indicó Hernández, que lidera este movimiento global tras ejercer como director de Greenpeace en el sudeste asiático entre 2014 y 2018.

El informe reseña que estas grandes corporaciones deben asumir su responsabilidad en la contaminación del entorno a varios niveles, ya que la producción de plásticos expone a sustancias nocivas a las comunidades que viven cerca de las fábricas, pero también contaminan los alimentos y productos contenidos en los envoltorios de plástico.

«La población está acumulando en sangre ftalatos y otros químicos que alteran el sistema endocrino, además de pagar con sus impuestos el elevado coste de la gestión de los desechos de plástico«, advierten desde «Break Free from Plastic”.

El 80 % de las 8,300 millones de toneladas métricas de plástico producidas desde 1950 todavía perdura en el medio ambiente, fundamentalmente en los océanos, según estudios recientes citados en el informe presentado hoy.

Desde entonces, solo el 9 % de esa cantidad de plástico ha sido reciclada adecuadamente y el 12 % incinerada.

La iniciativa «Break Free from Plastic» nació en 2016 con el propósito de abogar por un futuro libre de plásticos, ya que durante el largo proceso de su desintegración liberan gases invernadero, sobretodo metano, que contribuyen al cambio climático.

Este movimiento cuenta ya con el respaldo de unas 6,000 personas y más de 1,300 organizaciones y grupos defensores del medio ambiente como GreenpeaceGAIA o Zero Waste.

Fuente de la noticia: https://vanguardia.com.mx/articulo/coca-cola-pepsi-y-nestle-son-las-que-mas-contaminan-los-oceanos-con-plastico

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