México

Por: Amnistía Internacional

Mujeres en prisión
Casi el 7% de la población reclusa de las prisiones federales son mujeres (Comisión Nacional de Seguridad , 2016)

La inmensa mayoría de las mujeres recluidas en prisiones federales carece de antecedentes penales y la mayoría cumple prisión por delitos relacionados con drogas.

Existen indicios que apuntan al uso frecuente de la tortura y otros malos tratos contra personas acusadas de crímenes de gran resonancia que encajan en la estrategia de seguridad pública de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Del centenar de mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional, el 33% habían sido acusadas de pertenecer a grupos de delincuencia organizada, el 23% de delitos relacionados con narcóticos, el 22% de secuestro, y el 14% de posesión ilegal de armas de fuego.

La población de las prisiones federales está formada en gran medida por personas de entornos con ingresos bajos. Los datos recopilados sobre el sistema de prisiones federales reflejan que el 60% de las mujeres encarceladas no terminaron sus estudios de educación secundaria. (Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, 2012)

De los casos documentados por Amnistía Internacional para este informe, la mayoría de las mujeres ganaban entre 1.000 y 5.000 pesos al mes (aproximadamente entre 70 y 300 dólares estadounidenses), y algunas ganaban mucho menos.

Tortura de mujeres
Amnistía Internacional entrevistó a 100 mujeres recluidas en prisiones federales en relación con la tortura y otros malos tratos que habían sufrido durante su arresto e interrogatorio a manos de la policía o las fuerzas armadas.

Todas afirmaron que habían sufrido acoso sexual o maltrato psicológico en el momento de ser detenidas o en las horas posteriores.

97 afirmaron que habían sufrido violencia física en el momento de su arresto o en las horas posteriores.

79 afirmaron que las habían golpeado en la cabeza, a 62 en el estómago o el tórax, a 61 en las piernas y a 28 en los oídos (habían evitado intencionadamente el rostro para que no hubiera lesiones evidentes).

33 afirmaron que fueron violadas por agentes de la policía municipal, estatal o federal o por miembros del Ejército o la Marina. En arrestos practicados por la policía municipal y estatal y por las fuerzas armadas, se denunció violación en al menos la mitad de los casos. En 8 de las 10 arrestos realizados por la Marina que se documentan en este informe, las mujeres denunciaron que habían sido violadas.

66 afirmaron que habían denunciado los abusos a las autoridades, pero sólo se habían abierto investigaciones en 22 casos. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos de alguna clase a partir de estas investigaciones.

Tortura y otros malos tratos en México

2.403: El número de denuncias por tortura que recibió la Procuraduría General de la República en 2014.

0: El número de cargos que la Procuraduría General de la República pudo confirmar a Amnistía Internacional en 2014 y 2015.

0: El número de soldados del ejército suspendidos del servicio durante la investigación por violación o “abusos sexuales” de 2010 a 2015.

12.110: El número de quejas de tortura y otros malos tratos presentados a las comisiones nacionales y locales de derechos humanos de México en un solo año, 2013.

15: El número de sentencias condenatorias por tortura dictadas en el ámbito federal desde 1991 (CIDH, 2015)

HISTORIAS
Verónica Razo, cinco años recluida en espera del resultado de su juicio

Verónica Razo, de 37 años y madre de dos hijos, fue secuestrada por unos hombres vestidos de civil el 8 de junio de 2011 cuando caminaba por una calle próxima a su domicilio en el centro de la Ciudad de México.

Los hombres la llevaron a un almacén de la policía federal, donde permaneció recluida 24 horas y fue torturada.

Varios policías la sometieron a golpes, simulacros de asfixia y descargas eléctricas y la violaron repetidamente. Verónica fue amenazada y obligada a firmar una “confesión”. Tras ser interrogada por la policía y el ministerio público se desmayó y tuvo que ser llevada a toda prisa al hospital, donde recibió tratamiento por fuertes palpitaciones cardiacas.

La policía afirmó que había detenido a Verónica al día siguiente y la había acusado de pertenecer a una banda de secuestradores. Sin embargo, la noche de su detención, su madre ya había presentado una denuncia de persona desaparecida ante las autoridades locales.

Dos años después de su detención, psicólogos de la Procuraduría General de la República confirmaron que Verónica presentaba síntomas concordantes con tortura. Lleva cinco años en prisión en espera del resultado de su juicio. Cuando Verónica fue detenida, su hijo tenía 12 años y su hija sólo 6. Su hijo, que ahora tiene 18, no puede ir a la universidad por debido a la carga económica que el encarcelamiento de su madre representa para la familia. La madre de Verónica tuvo que marcharse de su casa y vender su negocio debido a las dificultades que le supuso acompañar a su hija.

Tailyn Wang: sufrió un aborto espontáneo en dependencias de la procuraduría tras sufrir brutales palizas a manos de la policía
Tailyn Wang estaba embarazada de unas siete semanas cuando, en febrero de 2014, unos agentes de la policía federal irrumpieron en su casa y se la llevaron a dependencias policiales sin una orden de aprehensión. Tras largas palizas y abusos sexuales a manos de agentes de la policía federal, Tailyn sufrió un aborto en las oficinas de la Procuraduría General de la Nación en la Ciudad de México.

Dos médicos oficiales la examinaron mientras estaba bajo custodia oficial y, pese a las lesiones que Tailyn sufría, el primer médico no la examinó adecuadamente y no hizo caso de sus afirmaciones de que había sido golpeada brutalmente. Ninguno de los dos médicos informó sobre las denuncias realizadas por Tailyn respecto a su tortura y malos tratos.

No le dieron medicamentos para el dolor y se limitaron a entregarle unos trozos de toalla de papel para que se los colocara dentro de la ropa interior antes de que se la llevaran a toda prisa, esposada, a un avión comercial en el que la trasladaron a una prisión federal. Cuando el avión aterrizó en Tepic, noroeste de México, su asiento estaba empapado en sangre.

Tailyn dijo a los funcionarios de la prisión que había sufrido un aborto, pero ellos se limitaron a gritarle. Sólo entonces, cuando ya estaba en prisión y al menos cuatro días después de ser detenida, le dijeron que se la acusaba de formar parte de una banda de secuestradores y que se habían presentado cargos de delincuencia organizada contra ella. Estuvo sangrando cinco días más en prisión sin que se le prestara asistencia médica adecuada. Tailyn continúa en prisión en espera del resultado de su juicio. A pesar de haber denunciado torturas hace más de dos años, todavía está esperando a ser examinada por un médico forense que documente la tortura y otros malos tratos que sufrió.

Maria Magdalena Saavedra: fue calificada de “físicamente sana” por un médico de la Marina después de ser violada

Magdalena fue secuestrada de su casa por hombres armados de la Marina el 10 de mayo de 2013 en San Luis Potosí. Los infantes de marina irrumpieron en su dormitorio y la golpearon mientras le hacían preguntas a gritos. La acusaron de ser la interventora económica de una importante banda de traficantes de droga.

Le ponían una bolsa alrededor de la cabeza hasta que se asfixiaba o se desmayaba. Luego la subieron a una camioneta y continuaron golpeándola y violándola con objetos. Más tarde la llevaron a un edificio que a Magdalena le pareció que era una estación de policía y allí le aplicaron descargas eléctricas en los genitales y en la boca. Habían encontrado la dirección de la hija de Magdalena entre sus pertenencias y la amenazaron con hacerle daño. La tortura a manos de los marinos duró 20 horas.

A continuación se llevaron a Magdalena a las oficinas de la Procuraduría General de la República y la obligaron a firmar una “confesión” con sus huellas dactilares. De camino a la Procuraduría General de la República, un infante de marina se quedó a su lado y continuó golpeándola. En la Procuraduría General de la República fue presentada a los medios de comunicación como una criminal por la Marina y la policía.

El médico de la Marina, después de practicarle un reconocimiento médico tras la detención, observó que “la detenida está físicamente sana”. En su primera vista ante un juez dos días más tarde, la descripción que éste hizo del estado de Magdalena contrastaba agudamente con lo que había constatado la Marina: “la sospechosa sollozaba, con tensión, depresión y angustia manifiesta”. Cuando Amnistía Internacional entrevistó a Magdalena a principios de 2016, más de tres años después de su detención, todavía eran visibles las cicatrices y mostraba señales inequívocas de trauma. Magdalena continúa en prisión en espera del resultado de su juicio.

Denise Blanco y Korina Utrera, humilladas por ser lesbianas y violadas por miembros de la Marina

El 27 de agosto de 2011, Korina de Jesús Utrera Domínguez, de 25 años, y su novia, Denise Francisca Blanco Lovato, estaban en el domicilio de Korina, en Tabasco, sur de México, cuando un grupo de marinos armados y vestidos con uniforme de camuflaje irrumpieron en la casa y empezaron a darles golpes y a gritarles. Vendaron los ojos a ambas y se las llevaron a una base naval sin una orden de aprehensión. Allí violaron a ambas y las sometieron a descargas eléctricas y simulacros de asfixia. Según el relato de Korina, uno de los hombres intentó meter su pene en la boca de Korina mientras le gritaba: “Órale perra, prueba”. Cuando los marinos la estaban obligando a comer alimentos del suelo, uno gritó: “¡Ya suéltenla! ¡Nos van a denunciar!” Denise también fue violada por marinos que le metieron los dedos enfundados en guantes en la vagina y le aplicaron descargas eléctricas en los genitales. Denise le contó a Amnistía Internacional que los marinos les habían gritado “pinches lesbianas”.

Cuando finalmente comparecieron ambas ante un agente del ministerio público en el estado vecino de Veracruz, más de 30 horas después de su detención, Korina fue presionada para que firmara una “confesión” en la que admitía su participación en el crimen organizado y delitos relacionados con drogas. Denise fue acusada de los mismos delitos. Según contó a Amnistía Internacional, cuando Korina le dijo a un médico de la marina lo que los marinos le habían hecho, le replicó: “Cállate de tu puta madre, no digas pendejadas”. Ambas mujeres denunciaron ante un juez las torturas que habían sufrido, pero un juez de apelación ignoró posteriormente sus denuncias. La Procuraduría General de la República abrió una investigación sobre las presuntas torturas infligidas por la Marina, y, cuatro años después, médicos forenses examinaron a ambas mujeres. Un año después del examen, Denise y Korina seguían sin conocer los resultados. En el momento de redactarse este informe, ambas mujeres continuaban en prisión en espera del resultado de su juicio penal. Ningún marino ha sido formalmente acusado en la causa.