A pesar de su diversidad, la ciudad de Nueva York cuenta con uno de los sistemas de educación público más segregados en la nación, es por eso que la canciller de Educación, Carmen Fariña, anunció cambios en la política de admisión, que podría beneficiar a estudiantes de familias pobres o desamparadas a tener acceso a mejores escuelas.
«A ver si podemos en todas las escuelas de esta ciudad tener mejor representación de grupos que algunas veces en las escuelas no se ve», explicó Fariña.
El cambio de política más grande afectará aproximadamente una quinta parte de las 1,800 escuelas de la ciudad. Ya no se les permitirá dar prioridad a los estudiantes que durante el proceso de admisión han tomado un recorrido o que se han reunido con un representante de la escuela a la que quieren ingresar. La instancia gubernamental dice que esto favorece a los estudiantes más privilegiados, cuyas familias hablan inglés y tienen el tiempo para navegar por el proceso de admisión.
«La regla más importante para los padres que están escuchando esto hoy es que si estás aplicando para middle school o high school el año que viene, puedes aplicar en el ordenador. No tienes que llenar muchísimos papeles, no tienes que ir a las escuelas para llenar los papeles, lo puedes hacer en el ordenador, en la biblioteca de su barrio, o en la escuela donde va su hijo», detalló la Canciller educativa.
Esta crisis toca a cerca de la mitad de escuelas públicas en la ciudad donde se registra que el 90% de sus estudiantes son de origen hispano o afroamericano.
Algunos paterfamilia comentaron al respecto: «Se siente como humillado, se siente triste porque se siente que lo aislan, pero todos somos iguales.»
El plan busca agregar 50,000 estudiantes más en los próximos cinco años para asistir a escuelas que el Departamento de Educación clasifica como diversas. Pero para ser considerado diverso, una escuela sólo necesita tener un 10% de estudiantes que no son negros o hispanos.
México/08 junio 2017/Fuente: Insurgencia Magisterial
El Coyul, se ubica en el Municipio de Cochoapa El Grande, municipio que ocupa el segundo lugar en rezago social, marginación y pobreza extrema a nivel nacional y estatal; 75,81% de la población es analfabeta y tiene el menor índice de desarrollo humano.
Las niñas y niños Ñuu Savi tienen como únicas opciones educativas un preescolar y una escuela primaria. Ambos centros educativos se encuentran sobrepoblados, no cuentan con los maestros/as suficientes y la infraestructura es deficiente.
Apesar de que las autoridades comunitarias, madres y padres de familia interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM) las autoridades de Guerrero no han acatado la Recomentación en la que la Comisión ratifica que el derecho a la educación de la niñez indígena no está siendo garantizada.
INFORMACIÓN SOBRE EL CASO
El Centro de Educación Preescolar Indígena “30 de abril” con clave 12DCC0103S, fue fundado el 19 de septiembre en 1982 y la Escuela Primaria “Ignacio Manuel Altamirano” con clave 12PB0462J, fue fundada el 17 de junio en 1964.
Desde su fundación el preescolar había sido atendido por un solo docente, quien tenía a su cargo la dirección, la administración, la intendencia y además un número de más de ochenta niñas y niños a quienes les impartía clases. Era evidente que un solo docente no podía atender los tres grupos por lo que a partir del 2012 llegó otro docente, pero paralelamente la matrícula aumentó.
PREESCOLAR
En el ciclo escolar 2012-2013 el preescolar contaba con un total de 90 alumnas/os; en el período 2013-2014 con 115 y en el ciclo 2014-2015 con 138. En el ciclo 2015-2016 la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) expidió una circular en la que advertía que si no se contaba con suficientes docentes, no era necesario que se atendiera al primer grado. Luego de ello, los dos únicos docentes que están a cargo del preescolar, decidieron dar clases únicamente al grupo de segundo grado y al tercer grado, dejando a las niñas y niños de primero (50 alumnas/os) sin el goce pleno al derecho de la educación.
En este ciclo escolar 2016-2017 en el preescolar se atiende a un total de 93 alumnas/os pero sigue desatendido al primer grado con un total aproximado de 30 alumnas/ os.
PRIMARIA
En el caso de la Escuela Primaria Federal Bilingüe “Ignacio Manuel Altamirano”, actualmente está conformada por doce grupos pero sólo cuenta con siete docentes, una de ellas tiene la función de directora encargada y además tiene a su cargo a un grupo, lo que impide que las niñas y niños tengan acceso a clases de calidad y que los docentes puedan impartir clases satisfactorias.
En el ciclo escolar 2015-2016 el primer grado se conformó por 53 alumnas/os, en segundo grado por 53, en tercer grado por 52, en cuarto grado por 75, en quinto grado 55 y en sexto grado por 36 alumnas/os, es decir, un total de 324 estudiantes.
La sobrepoblación en los salones de clase hace que los alumnos/as presenten un retraso en los conocimientos básicos, lo que les impide un desarrollo integral pleno.
Es por esta razón, que desde hace más de once años la comunidad de El Coyul se organizó para realizar solicitudes de personal docente ante las instancias correspondientes, desafortunadamente hasta la fecha no han tenido una respuesta a la petición de proporcionar la plantilla completa de docentes que se requiere.
Si bien, el propio Supervisor de la Zona Escolar No. 032 corroboró que existe un rezago educativo por la carencia del personal docente; la petición de la Autoridad Municipal, la Asociación del Comité de Padres de Familia del Preescolar “30 de abril” y de las y los representantes de la Asociación del Comité de Padres de Familia de la Escuela Primaria Federal Bilingüe “Ignacio Manuel Altamirano” no es atendida y por lo tanto, el goce pleno del derecho a la educación de las niñas y niños de la comunidad de El Coyul, no está garantizado.
QUEJA CODDEHUM
Ante la falta de garantía al derecho a la educación, el 16 de noviembre de 2016, la autoridad municipal,las madres y padres de familia interpusieron una queja formal ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM), por actos violatorios a los derechos humanos, cometidos de manera directa por el Secretario de Educación Guerrero, el Director de Educación Guerrero y el Delegado Regional de Servicios Educativos de la Montaña Alta.
El 29 de marzo de 2017, la CODDEHUM notificó a las autoridades estatales la Recomendación 022/2017. En dicha Recomendación la CODDEHUM insta al Secretario de Educación Guerrero, José Luis González de la Vega para que “a la brevedad se tomen las medidas pertinentes con la finalidad de proveer de forma permanente los docentes que sean necesarios para el Centro de Educación Preescolar 30 de abril y la escuela Primaria Federal Bilingüe Ignacio Manuel Altamirano, a fin de “restituir a los niños y niñas, el goce de su derecho a la educación; gire instrucciones a quien corresponda para que inicie y determine el procedimiento administrativo que establece la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado y los municipios, en contra del Delegado Regional de Servicios Educativos Montaña Alta, con sede en la Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, por vulnerar los derechos de petición, de educación e igualdad de los quejosos; debiendo informar a la CODDEHUM del inicio hasta la resolución que se emita en el procedimiento citado; así como garantizar a ambos Centros Educativos la infraestructura educativa que asegure a las niñas y niños una educación digna y de calidad en términos de los previsto en el artículo tercero constitucional”.
Hasta el momento las autoridades estatales, particularmente la Secretaría de Educación Guerrero no ha realizado las acciones necesarias para cumplir con las Recomendaciones de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, para restituir el derecho a la educación de las y los niños de El Coyul, y así puedan desarrollarse plenamente. De igual forma, esto contribuye a la prevalencia del analfabetismo, la marginación, la discriminación, y la pobreza extrema que existe en la Región de la Montaña.
Dicha omisión evidencia la falta de compromiso para garantizar a la niñez el derecho básico a la educación y se suma a la violación de otros derechos fundamentales como son: la salud, el agua potable, la alimentación, vivienda digna, entre otros.
Pese a que las autoridades hacen oídos sordos, existe el compromiso de la comunidad, las madres y los padres y de la niñez misma para erradicar esta situación que constituye múltiples violaciones a los derechos humanos de la niñez indígena.
Morelia, Michoacán / 07 de junio de 2017 / Fuente: http://agenciatzacapu.com
Este martes se cumplen dos semanas de que la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instaló un plantón en calzada Ventura Puente, frente a la Secretaría de Finanzas para exigir el pago de bonos y adeudos.
Fue el 23 de mayo cuando el magisterio disidente instaló casas de campaña afuera de las oficinas de la dependencia estatal.
El plantón permanece pese a que la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) informó que ya ejecutó los pagos pendientes por los conceptos de Día del Maestro y Apoyo a la Despensa de los docentes del sistema estado; así como el pago de gastos de operación a los centros de Desarrollo Infantil (Cendi), a los albergues Octavio Paz y Elías Oliveros, y a los Centros de Capacitación y Desarrollo de la Juventud (Cecadej) de Charo y Tacámbaro.
Al respecto la SEE dijo que estos pagos fueron por un monto superior a los 80 millones de pesos.
07 de junio de 2017 / Fuente: http://www.jornada.unam.mx
Por: Laura Poy Solano
Los niños indígenas de México son tratados como extranjeros en su país, afirmó Christian Skoog, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), quien destacó que tienen un maestro que no los entiende y al que no entienden, y libros que no pueden leer. ¿Cómo podrían tener los logros de aprendizaje esperados?
Al participar en una mesa de análisis del informe La educación obligatoria en México 2017, elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), destacó que en nuestro país no existe una enseñanza intercultural y bilingüe, pues las escuelas indígenas enfrentan múltiples rezagos en materia de infraestructura, equipamiento, recursos y acceso a programas sociales.
No hay material (didáctico) para todas las escuelas indígenas y sólo en la mitad de éstas el docente habla alguna lengua indígena, pero no siempre es la misma en la que se comunican los niños con los que trabaja. Recordó que en el país hay 118 mil niños y adolescentes monolingües.
Vulnerabilidad social
En el acto, al que asistieron Eduardo Backhoff, presidente del INEE, y Sylvia Schmelkes, ex presidenta del organismo e integrante de su junta de gobierno, Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, destacó que ocho de cada 10 niños de cero a 17 años enfrentan alguna vulnerabilidad social. Se estima que 53 por ciento de ese sector de la población vive en pobreza, lo cual dificulta su acceso a una educación de calidad.
Tras la presentación de los principales resultados del informe, que encabezó Schmelkes, Bucio afirmó que niños y adolescentes aún enfrentan diversos desafíos para garantizar su derecho a la enseñanza, entre ellos la desigualdad de oportunidades, en particular para quienes son pobres, indígenas o tienen alguna discapacidad.
La condición de género, agregó, aún es relevante en cuanto a temas como la educación, pues enfatizó que las niñas indígenas siguen en el último lugar en el índice de desarrollo humano en las 32 entidades, sin excepción.
Estados Unidos / 07 de junio de 2017 / Fuente: https://www.timeshighereducation.com
The most prestigious universities in the US have reaffirmed their commitment to tackling climate change, in spite of Donald Trump’s decision to pull the country out of the Paris Agreement.
In a joint statement, the heads of 12 leading US research universities – known as the “Ivy Plus” group – note the “scientific consensus is clear” that climate is changing largely because of “human activity”, and “universities have a critical role to play” in combating the issue.
The institutions – including Harvard University, Stanford University and Massachusetts Institute of Technology – pledge to continue to reduce their own greenhouse gas emissions, to «advance evidence-based understanding of the causes and effects of climate change on the environment, the economy and public health», and to search for solutions.
“In 2015, we were proud to be among 318 institutions of higher education in signing the American Campuses Act on Climate Pledge, affirming our commitment to accelerate the global transition to low-carbon energy while enhancing sustainable and resilient practices on our campuses,” the statement reads.
“Today, we reaffirm that commitment, which is consistent with the Paris Agreement and recognises the concerted action that is needed at every level to slow, and ultimately prevent, the rise in the global average temperature and to facilitate the transition to a clean energy economy.”
The statement comes days after Donald Trump announced he was pulling the US out of the 2015 Paris Agreement, which aims to keep the global average temperature “well below” two degrees above pre-industrial levels, and “foster climate resilience and low greenhouse gas emissions development, in a manner that does not threaten food production”.
“The scientific consensus is clear that the climate is changing largely due to human activity, that the consequences of climate change are accelerating, and that the imperative of a low carbon future is increasingly urgent,” the statement continues.
“As institutions of higher education, we remain committed to a broad-based global agreement on climate change and will do our part to ensure the United States can meet its contribution.”
The other members of the Ivy Plus group are: Brown University; Columbia University; Cornell University; Dartmouth College; Duke University; Georgetown University; Johns Hopkins University; the University of Pennsylvania; and Yale University.
El alto porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan, sumado al desempleo juvenil que supera los 6 millones, mantiene a una fuerza laboral a la que le hacen falta habilidades para incorporarse al empleo que hoy existe. De ahí que, impulsar la certificación en tres dimensiones: conocimiento, habilidades y actitud, permiten ir ocupando esas vacantes que se han vuelto difíciles de cubrir.
Alberto Almaguer, director general del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) explicó en entrevista que “lo que estamos haciendo es capacitar a los jóvenes para trabajos que hoy existen, para empleos que tienen hoy alta rotación y alta demanda, y por lo que se firman convenios de vinculación con la iniciativa privada”.
En ese sentido, junto con la firma McKinsey & Company, atraen a los jóvenes que dejaron truncos sus estudios, o que simplemente concluyeron pero que no se han podido sumar a la fuerza laboral, para, a través de capacitación, darles los elementos y las habilidades para que puedan ingresar a un empleo.
Son alrededor de 20 empresas las que ponen sobre la mesa las vacantes que se han vuelto difíciles de cubrir para que, a través del CONCER, los jóvenes obtengan sus certificaciones que les permita desarrollarse en un empleo e iniciar una carrera laboral.
De acuerdo con Almaguer, la definición de los puestos de trabajo los determina el propio mercado, pero fundamentalmente trabajan en dos sectores: comercio y servicios financieros.
Para ello, la firma Mckinsey, con el programa Generation México, se ha enfocado en capacitar trabajadores para tiendas de autoservicio, vendedores de tiendas departamentales y asesores financieros para empresas de la Ciudad de Mexico, quienes perciben un sueldo mensual promedio entre dos y seis veces mayor al que tenían previo a su participación a este programa de capacitación.
Asimismo, McKinsey informó que las empresas que contratan a las personas que fueron capacitadas para fortalecer sus competencias “han experimentado un crecimiento en productividad de hasta 30% y su rotación disminuye casi una tercera parte”.
En ese sentido, la firma destacó en el convenio que se pretende “pulir su perfil” para desarrollar las habilidades que el mercado está demandando para enrolarlos en una actividad productiva
“Darles habilidades y capacidades para conseguir empleo, hay un grupo de la población que consideramos que requiere conseguir empleo inmediatamente, por ello la capacitación es 8 a 10 semanas. Lo que damos es un curso para empleos que se están demandando por el mercado”.
El presupuesto federal de U$D 20 millones se envía cada año a grupos afines a Washington para provocar un “cambio de régimen” en el país
El Presidente Donald Trump se propone dejar de financiar a la disidencia cubana, eliminando del proyecto de presupuesto federal los U$D 20 millones que esta recibía cada año. Lo mismo ocurre con la oposición venezolana, la cual pierde U$D 6,5 millones de financiamiento anual. La medida está “escondida” dentro de los recortes generales dedicados a la “ayuda al desarrollo” de América Latina, los cuales afectan desde el Cono Sur hasta México, país al que se le reducirá a la mitad.
La gran diferencia con el resto de Latinoamérica es que, en los casos de Cuba y Venezuela, esta supuesta “ayuda para el desarrollo” va directamente a manos de la oposición para financiar actividades “en favor de la democracia”. Dicho sin diplomacia, todos esos millones son enviados a grupos afines a Washington para provocar un “cambio de régimen” en los dos países. La eliminación de los fondos marcaría un cambio radical de política respecto a los últimos 60 años.
El profesor cubano-americano Arturo Lopez-Levy, conferencista en Mills College de California y candidato a doctor en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Denver, hace notar que la visión del presidente Trump se distancia del consenso intervencionista de post-guerra y por ende también de los gastos en la llamada «promoción de la democracia», para dedicarse a temas de seguridad más inmediato.
Sin embargo, advierte que se trata solo de una propuesta que aún tiene que ser aprobada por el Congreso, donde el tema Cuba será moneda de cambio de la Administración para negociar con los congresistas cubano-americanos. Agrega que quedan los fondos temáticos regionales de la USAID, desde donde seguramente se destinará algo a la “promoción de la democracia” en Cuba y Venezuela, y en esa agencia ya están posicionados representantes del anticastrismo más radical.
De todas formas, de seguir su curso la propuesta del Presidente Trump, la oposición cubana vería dramáticamente reducidos sus ingresos. Los anticastristas de los EEUU tendrían que luchar por un trozo del pastel de la USAID, la cual tiene un presupuesto mucho más limitado y debe utilizarlo para promover las estrategias estadounidenses en lugares de mucho interés geopolítico como Afganistán, Siria o Libia. Así que los disidentes recibirían muchísimo menos dinero pero todavía suficiente para seguir siendo acusados por el gobierno cubanos de ser “mercenarios al servicio de Washington”.
U$D 20 millones anuales puede parecer mucho dinero pero lo cierto es que a Cuba solo ingresaban unos U$D 4 millones, el resto desaparecía en los bolsillos de los grupos del exilio. Según Pepe Hernández, líder de la anticastrista Fundación Nacional Cubanoamericana, “el 83% del dinero designado para el apoyo a activistas democráticos en Cuba, han sido gastados en Miami o en países extranjeros”. Lo confirmó la Oficina de la Contraloría General (GAO) del Congreso de los EEUU, cuyos investigadores detectaron que una parte de ese dinero se utilizó en comprar en La Florida abrigos de cuero, bombones de las marcas más caras y hasta sierras eléctricas.
A pesar de la pérdida de U$D 16 millones, los 4 restantes siempre crearon gran expectativas entre los líderes de la oposición cubana. El exjefe diplomático de EEUU en la isla, Jonathan Farrar, decía en un cable secreto –revelado por Wikileaks- que la disidencia no trabaja para atraer a la gente, “su mayor esfuerzo se dirige a obtener suficientes recursos para mantener en vida de un día al otro a los principales organizadores y a sus principales seguidores” (1).
El intento del Presidente Trump de dejar a la disidencia cubana sin fondos es la mayor amenaza que esta ha recibido nunca de EEUU. Sin embargo, parece continuidad de la política de Obama, el cual apostó más por los emprendedores que por la oposición tradicional. Tras décadas de un apoyo económico millonario y de un respaldo político absoluto, el resultado es que la disidencia continúa aislada, sin la más mínima influencia social y totalmente paralizada, si descontamos la marcha dominical, de 4 o 5 cuadras, que hacen algunas decenas de Damas de Blanco.
Todavía es demasiado pronto para saber si ese presupuesto se aprobará pero seguramente el anticastrismo interno y externo debe estar preocupado, todas las organizaciones y muchos de los individuos que las integran viven y hacen política, en Cuba y en los EEUU, con esos U$D 20 millones. El gobierno cubano lo llama la “industria de la contrarrevolución” porque para muchos es una forma de vida.
Terminar con este apoyo financiero a la disidencia fue una de las exigencias del Presidente Raúl Castro a Barack Obama en el 2015, cuando reclamó que deben cesar todos “los programas de subversión y desestabilización contra Cuba”. Seguramente no imaginó que sería nada menos que Donald Trump el que propondría al Congreso conceder esa reivindicación de Cuba.
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