América del Norte

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México: ¿Paulo Freire en las bibliotecas escolares?

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¿Paulo Freire en las bibliotecas escolares?

Pluma Invitada

¿Paulo Freire en las bibliotecas escolares del país? Todo indica que sí. De acuerdo a El Universal, “La Secretaría de Educación Pública (SEP) desembolsó 87 millones 578 mil 400 pesos para la adquisición de 4 millones 320 mil libros de la colección Paulo Freire, que serán entregados a las bibliotecas de escuelas de educación básica” (Cabadas, María, 25 de agosto, 2024).

Sin embargo, la decisión de la SEP tiene varios ángulos críticos. Primero, un asunto de forma, los recursos públicos destinados a la edición, distribución y compra de libros para la actualización docente y las bibliotecas de las escuelas básicas del país tendrían que ser de escrutinio público sin considerar este acto como un ataque de los conservadores a las acciones del gobierno en turno. El comentario viene a colación por la descalificación del director de la Conaliteg a la colega Irma Villalpando al hacer observaciones y críticas tanto a la compra de la colección Paulo Freire como a la hechura de los libros de texto de inglés de secundaria a cargo de la SEP.

Segundo punto, sobre el contenido de los libros de texto gratuitos (LTG). Hay una preocupación genuina de actores educativos, no solo en cómo se gasta, sino en qué se gasta y si efectivamente los contenidos de los libros contribuyen a mejorar la enseñanza y aprendizaje. En ese sentido, leer a Freire no le cae mal a la actualización del magisterio y a los estudiantes de casi cualquier nivel educativo. Pero, no todo es Paulo Freire por la sencilla razón que no todos los niveles de complejidad de la vida y de la realidad, y problemas del día a día los alcanzó a ver el pedagogo brasileño.

Los defensores de la compra de libro de la colección de Paulo Freire (la nota de El Universal indica que se adquirieron 18 ejemplares), bien podrían refutar y sostener que esta acción es una apuesta para fortalecer la actualización y formación del docente frente a grupo. El argumento sería que precisamente esto que no alcanzó a ver el pedagogo brasileño, sí lo podría ver el docente e integrarlo en procesos curriculares específicos como el codiseño en las fases de contextualización, lectura de la realidad y elaboración del programa analítico (interesados, ver el Acuerdo, 14/08/22).

Pero, el argumento anterior y la acción de la SEP solo confirma el sesgo que ya han advertido varios académicos. La adquisición de la colección de libros de Paulo Freire se viene a sumar al enfoque de los LTG, particularmente los que se pueden registrar en Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro de las fases 2,3,4,5 y 6, los cuales corresponden a todo el nivel primaria y secundaria.

Un dato extra y contrastante, la SEP, a través de la Dirección General de Materiales Educativos, lanza la Convocatoria para la selección de materiales educativos biblioteca SEP centenaria para la actualización del magisterio 2023, para seleccionar hasta 10 títulos dirigidos a maestras y maestros que contribuyan a mejorar su práctica pedagógica en el marco de la NEM. ¿Cuáles fueron los temas de la convocatoria referida para poder imaginar las próximas colecciones? Una probadita: pedagogía crítica, metodologías socioculturales, Nueva Gestión Escolar, Epistemología Crítica. El lector puede imaginar los títulos que se adquirirán para la actualización del magisterio en este año 2024.

Fuente de la Información: https://www.educacionfutura.org/paulo-freire-en-las-bibliotecas-escolares/

 

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La universidad e Estados Unidos se vuelve menos diversa: cae la presencia de latinos y afroamericanos

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Las matriculaciones de latinos en el MIT caen del 16% al 11% en un año por la decisión del Supremo de suprimir la discriminación positiva por raza. La de los afroamericanos bajan del 15% al 5%.

Un año después de que el Tribunal Supremo se pronunciara contra la discriminación positiva por raza en las Universidades de Estados Unidos, el resultado es el esperado: menos latinos y negros pueden acceder a ellas. El prestigioso MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) acaba de presentar los datos de este año y solo un 11% de los nuevos matriculados son latinos, frente al 16% del año pasado. Más drásticamente, incluso, ha descendido el número de matrículas de afroamericanos, hasta el 5% para la generación de 2028, cuando el año pasado un 15% de los nuevos estudiantes se definía con esa raza.

“No tengo ninguna duda de que dejamos fuera a muchos solicitantes bien calificados de entornos que históricamente tienen baja representación que en el pasado habríamos admitido y que habrían sobresalido”, ha manifestado Stu Schmill, responsable de admisiones del MIT, en su blog.

 

En los últimos años, latinos, afroamericanos, americanos nativos y de las islas del Pacífico componían un 25% de los estudiantes del MIT. Este año solo suman un 16%.

 

El MIT ha sido el primero en publicar sus datos, pero no es un caso aislado. Según se van conociendo las matriculaciones de otros campus, el resultado es similar. En la Universidad Amherst el porcentaje de estudiantes afroamericanos se ha desplomado, pasando del 11% del año pasado a un 3% este año. En cuanto a los latinos, las matriculaciones han caído del 12% anterior a un 8%. Por el contrario, hay muchos más estudiantes blancos, hasta un 51% de las nuevas matrículas, cuando hace un año eran un 39%.

 

También el centro Tufts ha perdido diversidad entre sus alumnos. El responsable de admisiones, JT Duck, admitió que “el porcentaje de estudiantes de color ha caído de aproximadamente el 50% el año pasado al 44% este año. Si bien sigue siendo superior a nuestra cifra del 38% en 2019, representa una caída decepcionante”, según se recoge en la web de la universidad.

 

El Tribunal Supremo, con seis votos a favor y tres en contra, dictaminó en junio de 2023 que las universidades no pueden utilizar la raza para decidir quién entra, pues viola la constitución por no dar a todos los estudiantes un tratamiento igual. Era la resolución de un caso defendido por asociación de Estudiantes por Admisiones Justas contra la Universidad de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, instituciones en las que la raza de los estudiantes se tenía en cuenta para mejorar la diversidad de su alumnado.

Los defensores de la discriminación positiva la justifican porque entienden que no es justo medir con la misma vara a estudiantes que, por su situación socioeconómica, no tienen las mismas oportunidades y llegan menos preparados a la universidad. Según datos oficiales, en las escuelas públicas donde el 75% o más de los estudiantes son negros o hispanos, casi dos tercios no ofrecen cálculo, más de la mitad no imparte clases de informática y casi la mitad no dispone de clase de física. Todas ellas son asignaturas básicas en una Universidad como el MIT.

 

Antes de la decisión del Supremo “pudimos utilizar la raza como un factor entre muchos para identificar a los estudiantes bien preparados que surgieron del entorno educativo desigual en K-12. Pudimos ver que estos estudiantes cumplían con nuestros altos estándares académicos de excelencia, se adaptaban bien a nuestra educación y prosperarían en el MIT”, ha manifestado Schmill. Este año, sin embargo, “no podemos utilizar la raza de la misma manera, y ese cambio se refleja en el resultado de la Promoción de 2028″, admite.

 

El interés de las universidades de élite por admitir estudiantes latinos y afroamericanos, sin embargo, no convence a todos. Evan Mandery, profesor de la Universidad de Justicia Criminal John Jay y autor del libro Veneno Ivy: Cómo las universidades de élite nos dividen, denuncia la hipocresía de estos centros por no eliminar otras prácticas que favorecen a los estudiantes privilegiados blancos. Un ejemplo es la política de admisión que prioriza a los estudiantes hijos de antiguos alumnos o de donantes de la institución. “Estas escuelas no lo eliminan porque lo que realmente les interesa es perpetuar el estatus de centros prestigiosos y elitistas”, afirma en declaraciones a EL PAÍS.

 

Mandery pensó que cuando al eliminarse la discriminación positiva por raza, estas universidades suprimirían esa práctica de admisión por “legado”, muy impopular en el país, “porque parecería más inmoral que antes”, pero no ha sido así. En su opinión, para hacer más justo el acceso a los estudios superiores, en lugar de la raza, debería utilizarse un criterio socioeconómico “dando ventaja a los estudiantes que crecieron en desventaja”. Además, podrían aumentar el tamaño de las clases, y tener en cuenta otros factores de admisión, por ejemplo, aceptando a los mejores estudiantes de secundaria, lo cual aportaría diversidad.

 

Según Mandery fue un error que las universidades defendieran su caso ante el Tribunal Supremo diciendo que el factor de la raza les permitía tener un ambiente diverso que beneficiaba a los estudiantes. “Deberían haber defendido la discriminación positiva como un programa para compensar la historia de esclavitud y racismo del pasado, que sí sería constitucional”, sostiene.

 

Otro de los criterios utilizados para seleccionar a sus futuros alumnos es el examen del SAT, que algunas universidades, como es el caso de Duke, ha recuperado. Sin embargo, la diferencia de oportunidades de los estudiantes para prepararlo pone en entredicho su eficiencia como un método de corte justo. Familias pudientes, generalmente blancas con altos ingresos, gastan miles de dólares para contratar preparadores que entrenan a sus hijos para la prueba. “Es poco probable que el SAT sirva como mecanismo para aumentar la diversidad. Se sabe desde hace mucho tiempo que el desempeño en el SAT está relacionado con la riqueza. A los estudiantes ricos les va mejor”, explica Mandery.

 

encuentro virtual.

 

Los latinos son el grupo demográfico que más ha crecido en Estados Unidos, convirtiéndose, con 64 millones de personas, en la minoría más numerosa, por delante de los afroamericanos. Datos recogidos por Pew Research antes de que el Tribunal Supremo cambiara la política de admisiones mostraron que también es el grupo que más ha avanzado en estudios superiores. En 2021 casi dos millones y medio de latinos tenían títulos de postgrado, un incremento notable desde los 710.000 del año 2000. No obstante, esa cifra sólo equivale al 8% del total de títulos de postgrado del país, cuando los latinos ya son más del 19% de la población.

https://elpais.com/us/2024-08-31/la-universidad-pierde-diversidad-cae-la-presencia-de-latinos-y-afroamericanos-por-la-eliminacion-de-las-cuotas.html

 

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México: Aprendizaje a lo largo de la vida

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Aprendizaje a lo largo de la vida

Según el Instituto para el Aprendizaje a lo largo de la Vida de la UNESCO, este aprendizaje nunca ha tenido más importancia para los individuos, las ciudades, los estados nacionales o la comunidad mundial, así como para los responsables de la formulación de políticas educativas y es fundamental en la agenda para el desarrollo de las Naciones Unidas y constituye un importante objetivo de la labor de la UNESCO, tal como se expresa en la Agenda de Educación 2030.

Lo anterior tiene su fundamento en la integración de aprendizajes en la vida cotidiana, tomando en cuenta actividades, escenarios y experiencias de aprendizaje para todas y todos en la infancia, la adolescencia, la juventud, en la edad adulta y lo que hoy es considerada la edad del adulto mayor. Incluye todos los contextos en los cuales transitamos: la familia, la escuela, la comunidad de origen y el lugar en donde estemos, a través de la educación formal, no formal e informal, es decir, en cualquier escenario y en donde aparezcan diferentes demandas y necesidades de aprender.

Dentro del tema migratorio se encuentran las personas ante múltiples desafíos que no necesariamente se atienden en la educación formal y que generalmente se resuelven por ensayo y por error, a través de las interacciones y experiencias de quienes se encuentran en situación de tránsito, ya sea de manera permanente o transitoria.

Estoy leyendo el libro Por una pedagogía de la Pregunta. Una crítica a una educación basada en respuestas a preguntas inexistentes de Paulo Freire y de Antonio Faundez (2023). En él, ambos sostienen que formular buenas preguntas  requieren de  un aprendizaje artesanal, de ensayo y error, de trabajo compartido entre estudiantes y maestros, ya que la educación tradicional  pone al docente  en el lugar del que presenta un repertorio de respuestas  y hace a un lado las preguntas molestas  y que no tienen relación con ninguno de los dos,   donde  las respuestas  que no están ligadas a la curiosidad genuina,  difícilmente llegan a destino  porque la curiosidad es el punto de partida tanto para aprender como para enseñar.

Es un libro conversado acerca del conocimiento -y el proceso de creación y recreación -fruto de una sistematización  y /o problematización de las experiencias educativas, éticas y políticas vividas por Freire y Faundez, quienes con sus palabras nos aproximan a sus experiencias situadas que son al mismo tiempo, singulares y comunes, y sobre todo, suscitan otros vínculos  con los diálogos que los lectores  puedan enhebrar en un diálogo presente, actualizándolo y materializándolo  en sus prácticas, que muchas veces ( como a mí me pasa) están atravesadas por inquietudes e incertezas.

Toda la lectura sugiere muchas reflexiones. En este espacio comentaré lo que asocio con la vida migrante relacionado con “lo que enseña la diferencia cultural”. Freire realiza  la pregunta fundamental,  de cómo comprendemos  y cómo podemos, funcionar mejor y de forma menos traumática en esa cotidianidad prestada que vive un exiliado, que si bien refleja su propia experiencia, bien puede asociarse a lo que viven los migrantes: “Una de las primeras lecciones que   me enseñó el exilio, cuando daba mis primeros pasos  en el contexto que me había acogido , en el sentido de vivir y no solo sobrevivir en la cotidianidad diferente, fue que las culturas , las expresiones culturales no son ni mejores ni peores, son diferentes ante sí… esto lo aprendí en Chile, cuando comencé a conocer concretamente  las formas diferentes de  hasta de llamar al otro. En cada cultura existe una forma especial que no puede ser transgredida, existe un cierto código, ¿no? (Freire y Faundez, 2023, p. 44).

Lo anterior nos puede pasar a cualquiera aun cuando estemos de paso, de ahí la necesidad de observar y comprender hasta el más mínimo detalle de la cotidianeidad de los otros, si no lo comprendemos así, corremos el riesgo en la comparación que hacemos de las expresiones culturales, de aplicar juicios negativos y rígidos hacia la cultura que nos es extraña. Respetar la cultura diferente, respetando también la nuestra, no significa negar nuestra preferencia, inclusive revela un grado de madurez que a veces alcanzamos y a veces no, al exponernos críticamente a las diferencias culturales.

Este pequeño párrafo me permitió reflexionar que reconocer, compartir y convivir con la cotidianidad del otro es una experiencia de aprendizaje permanente en nuestra vida, lo que se magnifica cuando dejamos nuestro contexto de origen y pasamos a otro, donde nuestras experiencias se vuelven más dramáticas porque los desafíos de multiplican y la tensión se instala. Pienso que siendo o no migrantes, es un aprendizaje de vida descubrir a los otros, descubrir otra realidad, a otros cuerpos, otros lenguajes, otros gestos, otras relaciones, un nuevo descubrir, este nuevo relacionarse con el mundo en un largo aprendizaje.

Empieza ya un nuevo ciclo escolar en nuestro país, deseo que quienes estemos involucrados en educación descubramos en los otros en nuestra vida cotidiana, nuevas relaciones que nos permitan seguir aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida.

Referencias
Freire, P. y Faundez, A. (2023) Por una pedagogía de la pregunta. Siglo XXI editores
UNESCO
https://www.uil.unesco.org/es/unesco-instituto/mandato/aprendizaje-largo-de-vida

 

Fuente de la Información: https://www.educacionfutura.org/aprendizaje-a-lo-largo-de-la-vida/

 

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Siete años después del desplazamiento masivo forzado de los rohingya de Myanmar, continúan los ataques mortales contra niños en el estado de Rakhine

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Siete años después del desplazamiento masivo forzado de los rohingya de Myanmar, continúan los ataques mortales contra niños en el estado de Rakhine

NUEVA YORK/KATMANDU/BANGKOK, 25 de agosto de 2024 – Siete años después de que cientos de miles de rohingya huyeran de la violencia y la persecución en Myanmar, el conflicto continúa intensificándose en el estado de Rakhine, en la costa occidental de Myanmar, con un aumento de víctimas y desplazamientos en el municipio de Maungdaw e informes de un número cada vez mayor de personas que buscan refugio y protección en Bangladesh.

UNICEF ha recibido informes alarmantes de que los civiles, en particular los niños y las familias, están siendo atacados o atrapados en el fuego cruzado, lo que provoca muertes y lesiones graves. El acceso humanitario en Rakhine se ha vuelto extremadamente difícil. Los servicios críticos, incluido el acceso al agua potable y la atención médica, están en peligro, agravados por los cortes de electricidad, telecomunicaciones e Internet desde enero. Esto está afectando tanto a las actividades civiles como a las operaciones humanitarias.

“Siete años después de que una ola de violencia mortal obligara a miles de familias a abandonar sus hogares en busca de seguridad, los nuevos informes de violencia son dolorosos recordatorios de las amenazas constantes que enfrentan los niños en Myanmar”, dijo la Directora Ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell. “En Rakhine y en todo el país, los niños y las familias siguen pagando el precio del conflicto, con sus vidas, sus medios de subsistencia y su futuro. Las partes en el conflicto deben cumplir con sus obligaciones de proteger a los niños”.

El 5 de agosto de 2024, los bombardeos de artillería y los ataques con drones mataron a unas 180 personas, entre ellas un número considerable de mujeres y niños, cerca de la orilla del río Naf, que marca la frontera entre el sudeste de Bangladesh y el noroeste de Myanmar, cuando intentaban escapar de las hostilidades. Ese mismo día, se calcula que unas 20.000 personas fueron desplazadas de tres barrios del centro de Maungdaw.

En incidentes separados ocurridos el 6 y el 19 de agosto, barcos que transportaban docenas de personas, incluidos mujeres y niños, se hundieron en el río Naf; entre las víctimas había niños, el último de una serie de naufragios en los que estaban involucrados niños.

Se estima que desde el 13 de noviembre de 2023, el conflicto en escalada ha desplazado a unas 327.000 personas en el estado de Rakhine y el municipio de Paletwa, en Chin. Esto eleva el total de desplazamientos internos estimados actualmente en el estado de Rakhine a más de medio millón de personas.

En Myanmar, la crisis humanitaria que se agravó en febrero de 2021 sigue deteriorándose rápidamente, y los niños son los más afectados por la violencia incesante, que incluye graves violaciones de derechos humanos, desplazamientos masivos y el casi colapso de los sistemas de prestación de servicios de salud y educación. Se estima que la escalada de ataques y enfrentamientos ha desplazado a 3,3 millones de personas, de las cuales casi el 40% son niños. En 2024, una cifra récord de 18,6 millones de personas (casi un tercio de la población del país), incluidos 6 millones de niños, necesitarán asistencia humanitaria.

La población rohingya que huyó de los ataques y la violencia en 2017 se sumó a los refugiados que ya se encontraban en Bangladesh tras oleadas de desplazamientos anteriores. En conjunto, suman casi un millón de desplazados. Siete años después, alrededor de medio millón de niños refugiados rohingya están creciendo en el campamento de refugiados más grande del mundo, y muchos de ellos nacieron allí como refugiados. La comunidad de refugiados depende completamente de la asistencia humanitaria y vive en refugios temporales en campamentos muy congestionados. En colaboración con el Gobierno provisional de Bangladesh y sus asociados, UNICEF proporciona agua y saneamiento, establece centros de tratamiento de la diarrea, permite el acceso a servicios de salud y nutrición para niños y mujeres embarazadas, así como a una educación de calidad; y apoya a los niños afectados por la violencia, el abuso y el abandono con servicios de protección y respuesta.

“El apoyo constante de Bangladesh a la población de refugiados, especialmente a los niños, es a la vez encomiable y fundamental”, afirmó Russell. “Durante los últimos 12 meses, nos ha preocupado cada vez más la situación de seguridad en los campamentos y los informes sobre violaciones de los derechos de los niños. Estamos dispuestos a apoyar al nuevo Gobierno provisional de Bangladesh para garantizar que estos niños estén protegidos y tengan acceso a servicios esenciales”.

En Myanmar, el UNICEF hace un llamamiento a todas las partes en el conflicto para que cumplan sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos a fin de proteger a los civiles, en particular a los niños, y garantizar su seguridad y bienestar. El UNICEF también pide que todos los agentes humanitarios puedan acceder sin trabas y en condiciones de seguridad a la ayuda humanitaria.

Fuente de la Información: https://www.unicef.org/press-releases/seven-years-after-forced-mass-displacement-rohingya-myanmar-deadly-attacks-children

 

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Universidades de EE. UU. ajustan normas ante protestas anti-Israel

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El contexto sigue siendo crucial. En la Universidad de Columbia, la presidenta Minouche Shafik presentó su renuncia el miércoles tras enfrentar duras críticas por su manejo de las manifestaciones en el campus de Nueva York, lugar donde se originaron los campamentos propalestinos que se extendieron la primavera pasada.

A medida que los estudiantes retornan a las universidades en todo Estados Unidos, las autoridades académicas se preparan para un posible resurgimiento de protestas en contra de Israel debido a la guerra en la Franja de Gaza. Algunas instituciones han comenzado a implementar nuevas reglas con el objetivo de limitar las manifestaciones que dominaron los campus durante la pasada primavera.

Aunque las vacaciones de verano sirvieron como un periodo de pausa para las protestas estudiantiles contra la guerra entre Israel y Hamás, también permitieron tanto a los manifestantes como a los administradores universitarios reorganizarse y planificar estrategias para el semestre de otoño.

 

El contexto sigue siendo crucial. En la Universidad de Columbia, la presidenta Minouche Shafik presentó su renuncia el miércoles tras enfrentar duras críticas por su manejo de las manifestaciones en el campus de Nueva York, lugar donde se originaron los campamentos propalestinos que se extendieron la primavera pasada.

 

Entre las nuevas medidas adoptadas por varias universidades se incluyen la prohibición de campamentos, la restricción en la duración de las protestas, la autorización para manifestarse solo en áreas designadas y la limitación del acceso al campus exclusivamente a personas con identificación universitaria. Sin embargo, estas medidas han sido criticadas por algunos que consideran que limitan la libertad de expresión.

 

https://israelnoticias.com/antisemitismo/universidades-de-ee-uu-ajustan-normas-ante-protestas-anti-israel/

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México: Emergencia humanitaria en Chiapas

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Por: La paz

Los pobladores de la parroquia de Chicomuselo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas fueron librados a su suerte frente a la presencia de cárteles de la droga que se disputan el territorio. La explotación de una mina de barita reavivó el conflicto entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación que se disputan la región. Los habitantes son usados como escudos humanos y, en algunas comunidades, les quitan los teléfonos y no les permiten salir. Tras haber sido un ejemplo emblemático en la lucha por la Tierra y la Naturaleza, los comunarios de Chicomuselo no reciben respuestas del presidente ni de su sucesora.

Desde 2023, pobladores de varias comunidades del Municipio de Chicomuselo han tenido que salir de sus comunidades, abandonando sus casas, tierras, animales, cosechas y pertenencias, con todo el dolor e inmensa tristeza que eso implica. La causa es siempre la misma: la lucha por el territorio entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. En la cotidianeidad, los comunarios sufren la presencia de hombres armados y encapuchados, sus amenazas y la violencia armada.

Una de esas comunidades (omitimos su nombre por seguridad) es un ejemplo muy claro. Antes de noviembre de 2023, tenía una población total de 587 habitantes. Sin embargo, por la violencia en la región, varias familias empezaron a abandonar la comunidad. El enfrentamiento entre cárteles por el control de la mina de barita de Chicomuselo aumentó el éxodo forzado y, para marzo de 2024, solo quedaban ocho familias. Esto significa que más de 500 personas hoy viven en condición de desplazamiento forzado interno.

Un acontecimiento muy violento en la comunidad, que hizo que la mayoría de los habitantes salieran, fue el enfrentamiento del 4 de enero de 2024 entre ambos cárteles. El acontecimiento comenzó desde muy temprano, y duró todo el día y toda la noche. Como resultado hubo más de 20 personas asesinadas de ambos grupos. También hubo víctimas civiles de otras comunidades y municipios que habían sido usadas como escudos humanos por los cárteles.

La mina de barita

En 2009, la extracción minera en Chicomuselo se había detenido debido al impacto ambiental. Pero el 18 de marzo de 2023, llegó un grupo armado de uno de los cárteles a saquear el material de barita y amenazaron de muerte a los pobladores que pretendieron oponerse a la explotación del mineral. Desde esa fecha hasta hoy, la mina ha sido explotada ilegalmente dado que la suspensión judicial aún persiste.

La extracción minera es realizada por hombres, en su mayoría de origen guatemalteco (no se descarta que sean kaibiles, los soldados de élite del Ejército de Guatemala), armados y capacitados en el uso de la violencia. Ellos se han apoderado de los bienes y viven en las comunidades, en lugar de ser los ejidatarios dueños de esas tierras. El material extraído de la mina es trasladado fuera de la comunidad, en trailers tipo contenedor, que atraviesan con total impunidad la cabecera municipal de Chicomuselo. La hipótesis es que la barita es vendida en el puerto de Coatzacoalcos, ubicado en Veracruz.

Un dato importante y no menor es que a solamente 26 kilómetros de la mina de barita, se localiza el cuartel de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) del Batallón 101. Sin embargo, las fuerzas de seguridad no han impedido la explotación de la mina de barita ni han defendido a la población. Menos aún han intervenido en la confrontación entre los cárteles. Ante este panorama, las sospechas de connivencia son más que justificadas.

Un problema recurrente

Otras comunidades del municipio de Chicomuselo que están abandonadas son Jolentón (200 habitantes), Galicia (500), 20 de noviembre (500), San Antonio del Ocotal (500), La Lucha (300), Las Flores (500), Plan de Ayala (200), Nueva Morelia (600), San Francisco Las Palmas (300), Barrio la Pinta (150), Barrio El Limonal (150), Ejido El Rosarios (100), Ejido Las Brisas (100) y Ejido Nuevo Portal (200).

En cuanto a la cabecera del municipio, sobre una población de unos 7.000 habitantes, estimamos que han salido unos 4.000. La huida de los pobladores se dio por la llegada de hombres armados de ambos cárteles y por sus constantes enfrentamientos, que dejan muertos de ambos grupos y de la población civil, incluidas mujeres, menores de edad y personas de la tercera edad. En las comunidades arriba mencionadas, no se impidió la salida de la población.

Sin embargo, existen otras comunidades del mismo municipio de Chicomuselo que también sufren los enfrentamientos, pero no se les permite salir de la comunidad ya que son usados como “escudos humanos”. Tal es el caso de Vado Ancho (300 habitantes), Unión Buenavista (1650) Miguel Alemán (650) y Monte Sinaí (550). Para evitar que pidan ayuda y se comuniquen con el exterior, los integrantes de los cárteles les quitan sus celulares, cortan la luz por días y no permiten que lleguen alimentos ni medicinas. Los campesinos no pueden sembrar ni cosechar, y mucho menos comerciar sus productos.

Un Estado que no da respuestas

Por todos los medios, se ha dado a conocer esta vulneración de derechos a las distintas instancias federales: la Presidencia de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Se ha informado el origen, desarrollo y escalada que ha dejado la extracción minera en Chicomuselo y que ahora se presenta como un problema humanitario que cada día se agrava aún más.

Si las autoridades mexicanas, si el presidente mexicano Andrés Manuel Lópes Obrador (AMLO, quien está por dejar el poder) y si su sucesora, Claudia Sheinbaum, realmente quieren atender las causas del conflicto, negarlo, minimizarlo o mandar paliativos no sirven. Si quieren atacar las raíces del conflicto deben combatir con tadas las herramientas disponibles el trasiego, el mercado negro y la explotación minera.

Contrario a lo anterior, el Presidente mexicano y quien será la primera mujer presidenta del país niegan por todos los medios que el conflicto narrado está sucediendo. De este modo, lejos de solucionar el problema, AMLO y Sheinbaum condenan a los desplazados y a las personas secuestradas en sus propias comunidades a resignarse. O, peor aún, a unirse a la guerra de cárteles para garantizar su vida mientras esperan la muerte.

Fuente de la información e imagen:  https://www.iwgia.org/es

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Ayotzinapa: conspirar contra el ejército

Tlachinollan Deja un comentario

Por: Tlachinollan

Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa nunca imaginaron que llegarían al final del sexenio sin saber el paradero de sus hijos. Desde el encuentro que tuvieron en Iguala, cuando Andrés Manuel López Obrador era candidato presidencial, aguardaron con mucha paciencia el momento en que les develaría lo que sucedió el 26 y 27 de septiembre. El reciente informe que envió a las mamás y papás, y que no llegó a todos, pudo marcar la diferencia con el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin embargo, todo quedó en descalificaciones y conjeturas.

Las mamás y papás hojearon las 29 páginas para dar con los avances y novedades de las nuevas investigaciones. Les desconcertó que desde la primera hoja el presidente iniciara con el descrédito a los “supuestos defensores de derechos humanos y organismos internacionales como la OEA y agencias del gobierno de Estados Unidos.” Reclamó que se sostuviera sin pruebas que los culpables de esta infame tragedia fueran los soldados de la Sedena. Catalogó como un afán de venganza de personas o instancias del extranjero, para debilitar al ejército. Lo inaudito fue que la hipótesis central del presidente no giró en torno al paradero de los 43 sino en la conspiración internacional que se urdió contra el ejército.

Los resultados alcanzados con la llegada del nuevo fiscal se redujeron a 42 entrevistas de 15 detenidos; 45 recursos jurídicos contra resoluciones de jueces federales; 280 excavaciones en búsquedas y una ley de amnistía. La enumeración de acciones no presenta resultados plausibles. Nadie duda que son arduos los trabajos de excavación, pero los restos que se han encontrado no corresponden a los estudiantes. Los recursos interpuestos, en realidad, son los reveses judiciales que ha tenido el fiscal especial sobre el caso Ayotzinapa.

El informe contiene imprecisiones y en algunos casos falta a la verdad. En los primeros días de la desaparición de los 43 jóvenes, como organismos de derechos humanos acompañamos a las madres y padres en las búsquedas de sus hijos en Iguala. Nuestro mayor interés fue salvaguardar la vida de los estudiantes desaparecidos y nunca confabularnos con un gobierno extranjero. Realizamos denuncias penales por desaparición de personas, interpusimos juicios de amparo, presentamos una queja en la CNDH y solicitamos medidas cautelares ante la CIDH. El resultado fue la firma de un acuerdo de asistencia técnica.

En el 2014 no se tenían elementos sólidos de las implicaciones del ejército en la desaparición de los 43, por eso no se hizo algún señalamiento de su participación. Sin embargo, las madres y padres, desde el primer día que iniciaron las búsquedas en Iguala tenían datos de que el ejército patrulló las calles y detuvo a estudiantes. Las investigaciones del GIEI también lo confirmaron: los militares dieron seguimiento a los estudiantes desde su salida de la normal hasta su desaparición en Iguala; patrullaron las calles en las horas críticas de la agresión e hicieron contacto con los jóvenes; intervinieron llamadas de perpetradores claves y pudieron escuchar qué pasaba con los estudiantes y a dónde los llevaban; altos mandos militares de Iguala estaban coludidos con guerreros unidos. Además, un testigo afirmó que 25 estudiantes ingresaron al 27 batallón de infantería, donde fueron torturados y entregados a guerreros unidos. Con relación al militar infiltrado como estudiante de la normal, Julio César López Patolzin, existe un oficio urgente de la 35 zona militar que confirma las actividades de búsqueda de información que realiza utilizando la fachada de alumno. No se trata de un soldado que tenía el deseo genuino de superarse y convertirse en maestro rural, como lo justificó el presidente en el informe.

Estos elementos son claves para que la fiscalía impulse una investigación exhaustiva, pronta e imparcial contra miembros del ejército. No se puede pedir pruebas a las madres, ni a sus abogados sobre su involucramiento, porque es invertir la carga de la investigación a las víctimas. Corresponde al estado profundizar en estas líneas de investigación y determinar la responsabilidad de los militares.

Desde las más altas esferas del poder se trató de silenciar lo que sucedió y se encubrió a los responsables. Durante más de 8 años el ejército ocultó información de que 17 jóvenes pudieron ser trasladados de la comisaría de barandillas de Iguala a Loma de Coyotes. De acuerdo con las investigaciones, la noche del 26 de septiembre el ejército escuchó cómo hablaban los cabecillas de guerreros unidos y los policías de Iguala sobre la suerte de los estudiantes.

Conforme avanzó la investigación, el entonces subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, concluyó en su segundo informe que la desaparición de los 43 estudiantes constituyó un crimen de estado, en el que participaron integrantes del grupo delictivo guerreros unidos y agentes de diversas instituciones del estado mexicano. Los militares son una pieza clave dentro del tablero de los perpetradores; presenciaron la desaparición de los 43 normalistas, sin embargo, no lo evitaron y peor aún, lo negaron en sus declaraciones. También actuaron con opacidad al negar toda la información que resguardaron en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI).    Afirmar que no hay pruebas de su involucramiento y encarar a las víctimas y sus representantes para que las presenten es colocarse al lado de los responsables.

El informe del presidente no tiene avances sustanciales del caso. Se limita a defender y encubrir al ejército. Los mayores logros se obtuvieron cuando estuvo al frente de las investigaciones Alejandro Encinas y el fiscal especial Omar Gómez que contó con la coadyuvancia del GIEI. En ese tiempo se identificó a dos estudiantes y se obtuvo la declaración de varios testigos que permitieron trazar nuevas líneas de investigación. También se logró consignar a 20 militares. Con el nuevo fiscal la investigación se cayó. Desde entonces el presidente tomó en sus manos la investigación. Lejos quedó su compromiso de campaña, que Ayotzinapa sería el ejemplo de cómo se hace justicia en un gobierno democrático.

Publicado originalmente en el periodico La Jornada

Fuente de la información:  https://www.tlachinollan.org

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