América del Norte/México/02-04-2021/Autor(a) y Fuente: www.jornada.com.mx
Ciudad de México. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que ya ha regularizado el pago y la situación laboral de 488 profesores y ayudantes que presentaron problemas en sus percepciones. En particular, la Dirección General de Personal ha revisado la situación de los casos pendientes de la Facultad de Ciencias y emitido los cheques correspondientes.
En cuanto a las otras facultades y escuelas, donde también se presentó alguna irregularidad, indicó que se han completado todos los movimientos correspondientes al semestre en curso (2021-2), “surgidos de los inevitables cambios de último momento en la programación de las actividades académicas”.
Sobre la los casos en la Facultad de Ciencias, expuso que la entrega de los cheques inició la semana pasada y continuará durante ésta y la siguiente semana. Y añadió que se ha cuidado que éstos incorporen tanto el sueldo como las prestaciones.
En relación a los otros planteles, señaló que los ajustes pertinentes serán aplicados en las quincenas siete u ocho, es decir, las dos próximas quincenas.
En este sentido, la UNAM destacó que ha realizado todos los movimientos administrativos indispensables para regularizar lo antes posible la situación de rezago en el pago salarial a algunos profesores de asignatura y ayudantes, “que desafortunadamente se presentaron en ciertas entidades académicas”, y lo que derivó a que en una veintena de planteles, estudiantes y docentes convocaran a paro de actividades.
También, reiteró su compromiso de cubrir íntegramente los salarios de sus profesores y exhortó a toda la comunidad a retomar las actividades académicas al término del periodo vacacional de la Semana Santa, es decir, el próximo 5 de abril.
Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/30/sociedad/regulariza-unam-pago-a-488-docentes-y-ayudantes/
Largas y extenuantes jornadas de trabajo sin días de descanso, malos tratos y discriminación por parte de los empleadores, bajos salarios, falta de seguridad social. Incluso en numerosos casos se desempeñan sin percibir sueldo; en todo caso, les ofrecen hospedaje y alimentos a cambio de su trabajo. Es parte de la situación que viven millones de personas dedicadas a las labores domésticas.
María de Jesús López Amador, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM, asegura que a partir del confinamiento empleadas y empleados están en riesgo económico y desprotegidos en general. Incluso, estudios de caso afirman que ésta es la actividad más sobreexplotada y menos remunerada.
“El 45 por ciento de las trabajadoras del hogar ganan entre uno y dos salarios mínimos, y el cinco por ciento de ellas gana más de tres; es decir, por día algunas reciben cerca de 150 pesos. Aunque se han hecho reformas a las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social se sigue dejando afuera la posibilidad de que se jubilen, de definir un salario al día por prestaciones adquiridas por los años trabajados, e incluso siguen sin saber cómo afiliarse a un sistema de seguridad social”, puntualiza.
Este es uno de los sectores con un alto porcentaje de mujeres acosadas laboralmente y abusadas sexualmente; muchas de ellas provienen de grupos étnicos y lo que ganan lo envían a su comunidad, transformando esto en remesas locales y nacionales. Además, su nivel de estudio es bajo y un buen porcentaje son jefas de hogar o madres solteras, quienes buscan salvaguardar y proteger a sus familias.
Con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, la especialista considera que aún falta normatividad en la materia porque la ley debe protegerlas a la par de otros sectores normados, sobre todo para que ellas tengan un salario mínimo justo y que, además, puedan profesionalizarse porque realizan diversas rutinas, pero el pago es totalmente desproporcionado.
“Hay quienes ven en este tema nuevas formas de esclavitud que se dan a nivel del hogar, porque son sobreexplotadas, obtienen poco pago y son abusadas”, manifiesta.
Lo que enfrentan
Cuando comenzó la pandemia Ana Luisa trabajaba en tres casas, en una “la descansaron” debido a que uno de los empleadores fue despedido; en la segunda le ofrecieron laborar una vez cada quince días, pero al paso del tiempo dejaron de llamarla; la otra propuesta consistió en que se quedara de manera permanente y poder salir una vez al mes, para evitar contagios de la COVID-19.
Ante la necesidad, la joven de 30 años tuvo que aceptar esta última. Dejó a su esposo, quien es carpintero, a cargo del hogar y al cuidado de sus dos hijos, aún en edad escolar.
Al inicio le “iba bien”, pero luego le incrementaron el número de tareas domésticas y de cuidados, posteriormente le aumentaron a 15 las horas laborales por día, sin salario extra. Así lo hizo durante cinco meses, pero tuvo que renunciar porque era agotador y su familia también la necesitaba.
Ana Luisa –quien no recibió aguinaldo del lugar donde se desempeñó– es una de las 2.5 millones de personas en México dedicadas al trabajo doméstico (según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2019); de las cuales 90 por ciento son mujeres.
Un día dedicado a ellas
Expresiones como “sirvientas”, “criadas” o “chachas” son usadas frecuentemente para referirse a las trabajadoras del hogar, pero esta manera de llamarlas tiene una carga de discriminación.
Por ello, con el propósito de colocar en la agenda política esta situación, la precariedad e invisibilidad sufridas, en 1998 se realizó, en Bogotá, Colombia, el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar donde se conformó la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar; se instituyó entonces el 30 de marzo como el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.
De acuerdo con información del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), esta es una fecha conmemorativa y de reivindicación de los derechos laborales de este sector. Incluye tareas caseras, cuidado de infantes y de tipo personal; se puede diferenciar entre remunerado y no remunerado.
El trabajo doméstico hace contribuciones importantes al funcionamiento de los hogares y de los mercados laborales, además es una fuente de empleo remunerado para las mujeres quienes representan una de las principales fuerzas de trabajo asalariadas en México y el mundo.
Impulso a las mujeres
De acuerdo con María de Jesús López Amador, los días internacionales permiten visibilizar algún fenómeno social que da cuenta de lo que sucede en determinado sector. En el caso del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar invita a los países a mirar hacia el interior y detectar los vacíos de política pública para fortalecer lo necesario a fin impulsar a las empleadas domésticas.
La Organización Internacional del Trabajo, afirma, ha jugado un papel importante para mostrar que la actividad del hogar está desprotegida y además ha logrado algunos acuerdos entre gobiernos. En México trasladar la legislación en una cobertura más amplia a este sector de mujeres ha sido fundamental.
Comenta que desde hace dos años se viene construyendo un ejercicio importante para que las empleadas domésticas accedan a la seguridad social, en el cual sus empleadores las afilien y se comprometan a pagar una parte proporcional, la otra es responsabilidad de las trabajadoras, para acceder a los servicios de salud y a pensionarse. Esto no está universalizado y aunque es bajo el porcentaje de mujeres que están incorporadas, es un primer avance para apoyar a este sector.
“En la ENTS tenemos la especialización ‘Modelos de intervención con mujeres’, que tiene como fin generar propuestas para impulsar a este sector, particularmente su salud mental. Las estudiantes tratan de entender las nuevas formas de organización familiar de las mujeres y comprender otros mecanismos de seguridad social para capacitarlas y evitar en lo posible que sean abusadas en lo laboral; es decir, sus derechos humanos”, expresa López Amador.
El movimiento No Vivimos del Aplauso calificó de “amañada y añeja” la intención de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de “pagar” con constancias el trabajo de aristas e ilustradores para rediseñar los libros de texto gratuito, pues aseguró que “es una falta de respeto pedir trabajo y querer pagar con ‘así te das a conocer’”.
Arte: Adriana Ilustrada
El pronunciamiento de No Vivimos del Aplauso se dio a conocer luego de que la SEP publicara una convocatoria dirigida a todos los ilustradores, diseñadores gráficos, infógrafos y otros artistas visuales a participar en el acompañamiento gráfico de los libros de texto gratuito de Español, Ciencias Naturales, Geografía e Historia de tercero a sexto grado de primaria.
Arte: Uribe Carv
Frente a la convocatoria, ilustradores de distintas partes del país iniciaron una campaña en redes sociales para manifestar su indignación y exigir el pago por su trabajo profesional. De igual forma, a través del hashtag #Anticonvocatoria los artistas y usuarios en las redes compartieron sus propuestas para rediseñar los libros de texto.
“Las personas convocadas merecen un pago claro y digno por el trabajo que realicen. Y la niñez merece lo mejor que podemos darle”, dijeron el movimiento No Vivimos del Aplauso y el Observatorio Cultural para la Niñez Mexicana.
Arte: Postaza Mostaza
La nula remuneración económica a los trabajos seleccionados, dijo el movimiento, “nos parece totalmente inadmisible y reprobable […]. Más aún sabiendo que nos encontramos en medio de una pandemia y de una crisis sanitaria, económica y social”.
Los integrantes del movimiento recordaron que el sector cultural en México es “uno de los más golpeados” por la crisis derivada de la pandemia, pero también “porque ha carecido de apoyo institucional a lo largo de este año”.
Arte: Chirgous
Por ello, llamaron a la SEP a revisar su convocatoria y corregir lo necesario para que el proyecto de mejora de los libros de texto permita también mejorar las condiciones de la cadena de valor que lo hará posible.
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/amanada-y-aneja-intencion-de-la-sep-de-pagar-con-constancias-a-ilustradores-no-vivimos-del-aplauso/
Automáticamente desde el mismo día en que Biden tomó posesión como presidente de Estados Unidos, el ánimo en la comunidad indocumentada cambió. Del miedo y el terror durante el gobierno de Trump, pasó a sentir de nuevo la ilusión que tuvo en el gobierno de Obama, que le prometió la reforma migratoria. Hay cosas que no cambian porque así está cimentado el sistema a beneficio de unos pocos, en el caso de los indocumentados para quienes los emplean y pagan salarios de miseria, sacarlos de las sombras sería verlos como trabajadores con derechos lo cual los obligaría a pagar un salario justo. De ahí que muchos de los mismos latinos que un día fueron indocumentados y lograron su residencia en el país, no estén de acuerdo en esta reforma migratoria que ofrece Biden. Sí, la peor cuña es la del mismo palo.
En Estados Unidos, el que puede se aprovecha de los indocumentados, pero más de los indocumentados latinoamericanos que son los que hacen el trabajo más pesado. Jardinerías, empresas de construcción, empresas de mantenimiento, el trabajo agrario, todo el que sabe que el latino deja el pellejo en el trabajo, que lo hace bien y en poco tiempo, pero que no reniega del salario, porque baja la cara debido a su condición de indocumentado. Y ese que abusa no precisamente es gringo, puede ser asiático, africano, europeo, latinoamericano. Cualquier negocio o empresa es sostenida por los hombros de los indocumentados latinoamericanos. Por donde se le busque, las bases las sostienen ellos.
Esto no es nuevo, lo relativamente nuevo son las migraciones en masa de familias centroamericanas. Primero eran los hombres del hogar, luego las mujeres y desde hace cinco años son familias completas. En la frontera sur de Estados Unidos se veía a mexicanos y centroamericanos, desde hace unos años es Latinoamérica y el Caribe, es India, es África, es Asia; personas de diferentes continentes buscan llegar al país por la vía del desierto o cruzando el río Bravo. Antes uno que otro cubano, hoy haitianos amontonados en la línea fronteriza.
La situación en Centroamérica y México es de vida o muerte, debido a la corrupción de sus gobiernos, por eso son familias completas las que salen de sus lugares de origen, dejándolo todo. Es espantoso solo de imaginarlo y terrible el vacío que dejan en sus países y lo que tienen que vivir en la travesía. Para enfrentarse posteriormente a un sistema que los denigra por no tener un papel que los acredite como seres humanos con derechos laborales.
La propuesta de Biden es muy similar a la Obama, Biden fue vicepresidente en el gobierno de Obama. En el tiempo de Obama empezaron las migraciones de niños que viajaban solos, en este gobierno de Biden los números se han multiplicado, son miles de niños viajando solos. La crueldad del sistema se vivió en el gobierno de Trump, que los trató como criminales desde que cruzaron la frontera, haciendo de las separaciones familiares una herramienta para mantener contentos a sus seguidores.
Biden cuenta con la primera mujer vicepresidenta del país, quien también ha abogado por los derechos de los migrantes indocumentados, uniéndose a la propuesta de la reforma migratoria. Pero, ¿de qué trata la propuesta? De lo que se ha sabido es que primero van los Soñadores, los que están protegidos por el programa de Acción Diferida (DACA) dado por Obama y todos los que tienen TPS ( Estatus de Protección Temporal), ellos obtendrían la residencia permanente inmediatamente y la ciudadanía en 3 años. Los trabajadores agrícolas que puedan comprobar que llevan en este trabajo al menos cinco años, también pueden arreglar sus papeles por la misma vía. El resto de indocumentados que cumplan con los requisitos, (toda la revisión de antecedentes penales, por ejemplo) tendrán un permiso temporal de cinco años y en ese plazo solicitar la residencia permanente y tres años después la ciudadanía.
La gran mayoría de indocumentados ni está en DACA, ni tiene TPS ni son trabajadores agrícolas. Esa gran mayoría se queda para el final. Es gente que lleva 20 años cargando cemento en los lomos, cortando grama de sol a sol, limpiando nieve, casas, centros comerciales, hospitales, oficinas. Cuidando adultos mayores. Sirviendo en restaurantes. Son tan trabajadores esenciales como los que están en el primer grupo.
De algo a nada, se escuchan los comentarios de indocumentados que aunque no entren en los primeros tres grupos tienen la ilusión de que en el gobierno de Biden los dignifiquen, porque es gente que paga impuestos, que ha hecho su vida en el país, que ve a al país como propio, como su hogar. Sorprendará a muchos saber que los migrantes indocumentados pagan impuestos, porque la visión que se tiene dentro del país y también fuera es que son personas que llegan a servirse del sistema, como lo dijo Trump en sus discursos una y otra vez, pero no es así. Con el ITIN Number, (Número de Identificación Personal del Contribuyente) los migrantes sin número se seguro social pueden pagar sus impuestos, aunque sus empleadores no les paguen con cheque sino en efectivo. Entonces, si esta comunidad paga impuestos, ¿por qué se le niega el derecho a la regularización de su estatus en el país?
Esta propuesta elimina el tiempo de espera de 3 a 10 años, que castiga a los inmigrantes por haber vivido de forma irregular en el país. Ninguna persona que reúna los requisitos puede ser deportada mientras dure el proceso.
Realmente es una propuesta esperanzadora, pero falta que sea aprobada en el Congreso donde los republicanos se oponen. Y donde la gran mayoría demócrata se opuso a que el gobierno les diera una ayuda económica a los indocumentados en este tiempo de pandemia.
Lo que también ha cambiado desde el momento de la toma de posesión de Biden, fue el ambiente fascista y racista del ciudadano común. En el gobierno de Trump, desde el primer día, la persona menos imaginada sacó su racismo a flote, despotricando por doquier su odio. Fueron de terror esos 4 años. Esa misma gente que ahora en el gobierno de Biden ha metido la cola entre las patas.
La comunidad indocumentada espera que ahora sí, este gobierno cumpla ya que Obama les falló. Otros, incrédulos, prefieren no emocionarse porque ya saben cómo funciona el sistema y dicen que hasta no ver no creer. Lo cierto es que la lucha está en el Congreso y ahí se espera el apoyo definitivo de la vicepresidenta Kamala Harris al momento de tomar una decisión por la reforma migratoria.
Pero mientras son peras o son manzanas, la frontera sigue siendo frontera, con o sin muro en tiempo de republicanos y demócratas. Y el indocumentado también…
Fuente e imagen: https://www.pressenza.com/es/2021/03/la-reforma-migratoria-ilusion-perenne-de-los-indocumentados/
Las tres crisis que enfrentamos (sanitaria, educativa y económica) están íntimamente ligadas. Ésta puede ser una conclusión al leer los resultados de la Encuesta para la Medición del Impacto Covid 19 en la Educación, (Ecovid-Ed 2020), que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el pasado martes 23.
La encuesta tuvo como propósitos conocer bajo qué condiciones los estudiantes concluyeron el ciclo escolar pasado (2019-2020), con qué medios cuentan en éste (2020-2021) y qué apoyos tuvieron al trasladar la escuela a la casa a partir del confinamiento por la pandemia. Tristemente, un poco más de 738 mil estudiantes no concluyeron el ciclo escolar pasado y de éstos, 435 mil (59%) declararon un motivo relacionado con Covid. Según Inegi, 29 por ciento de éstos perdió contacto con sus maestros o no pudo hacer la tareas. ¿Quién asumirá la responsabilidad de esto? ¿Debe el Estado asumir la acreditación de todos los excluidos del Sistema Educativo Nacional?
En tiempos en donde los gobiernos con entusiasmo declaran la obligatoriedad para cursar la escuela o la universidad, ahora sabemos —gracias al Inegi—, que 5.2 millones de personas de 3 a 29 años no se inscribieron al actual ciclo escolar por razones atribuidas al Covid y a la falta de recursos (2.3 y 2.9 millones, respectivamente). Si a esto le agregamos los 3.6 millones que no se registraron por “tener que trabajar”, pues en México tenemos un nivel de exclusión escolar del tamaño de Austria (8.8 millones).
¿Cómo utilizará el pueblo “bueno y sabio” esta información para exigirle al gobierno mexicano que cumpla con el “principio” de “no dejar a nadie atrás” ni a “nadie afuera”, como estableció su Programa Sectorial de Educación 2020-2024? ¿Ya está en marcha algún plan para enfrentar de manera efectiva el desequilibrio causado por la exclusión?
Eso esperamos. La Secretaría de Educación Pública podría revisar los datos que con rigor técnico recabó el Inegi en 5,472 viviendas y que son representativos para la población de 3 a 29 años (54.3 millones). Pero más allá del número o de las proporciones está el razonamiento humano. Del total de los 2.3 millones que no se inscribieron al ciclo escolar por Covid, 615 mil personas (26%) reconocieron que las clases eran “poco funcionales” para el aprendizaje. ¿O sea que uno puede elegir salirse del sistema educativo al no verle utilidad bajo ciertas condiciones? Si ya había evidencia —gracias a la investigación educativa— de que la vida escolar podía aburrir por ser poco pertinente para los sujetos, imagínense estar todo el tiempo en casa y sentados frente a una pantalla. La mala pedagogía también genera exclusión y para esto no sirve ni el dinero repartido en becas ni el otorgado a las empresas de medios.
Ante la nueva crisis educativa, centrémonos en las necesidades reales de las personas. Una vez dotando a todos de las condiciones y recursos necesarios, reconozcamos que el aprendizaje –no el certificado ni el puntaje– está en el centro de la preocupación social. De ahí que las madres hayan apoyado en gran medida el trabajo escolar de sus hijos en casa y también haya “mucha disponibilidad” en más de la mitad de la población por asistir a clases presenciales cuando el gobierno lo determine. Vaya reto social.
Investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro (FCPyS).
Pareciera que regresar a clases presenciales es tan fácil como abrir los portones de las escuelas. Se mencionan plazos para reactivar las labores educativas presenciales sin que, de por medio, se den a conocer planes específicos para un reto tan grande como el que se viene. Sin afán de desestimarla, se alude a la vacunación del personal educativo como la llave para el regreso a la “normalidad” de las escuelas, eclipsando a muchas otras aristas de la reanudación presencial de las actividades escolares. ¿No habrá que planear algo más que la implementación, sin duda importante, de medidas sanitarias? Da la impresión de que bastaría que el alumno llegue a su butaca y reanude, como si nada, las actividades escolares presenciales que dejó pausadas desde el año pasado.
Recientemente, el Banco Mundial publicó el documento “Actuemos ya para proteger el capital humano de nuestros niños: los costos y las respuestas ante el impacto de la pandemia de COVID-19 en el sector educativo de América Latina y el Caribe”. No es que sea tan necesario voltear a ver el informe de un organismo internacional para advertir los inminentes estragos educativos que dejará a su paso la pandemia. No debería ser lo señalado en el texto motivo para adoptar acciones de entornos ajenos al mexicano, ni mucho menos para exigir el regreso a clases sin la mínima mesura. Sin embargo, el conjunto de experiencias y recomendaciones referidas en el texto llevan a preguntarse si en nuestro país se ha preparado suficientemente el regreso a clases, cuando sea que éste se vaya a dar.
El debate sobre el regreso a clases se ha centrado, sobre todo, en temas como la vacunación del personal educativo o la infraestructura escolar; nadie podría regatear su importancia, pero acaparan la atención en detrimento de otros asuntos igualmente relevantes. Desde luego que no es deseable que las decisiones para el retorno escolar sean enteramente centralizadas, pero hay medidas importantes que sin duda corresponden a la autoridad federal y, hasta el momento, no hay mayores detalles sobre ellas. Otras decisiones, concernientes a los gobiernos locales o incluso a las autoridades educativas y escolares, parece que no han sido suficientemente discutidas.
Poco o nada se ha dicho, por ejemplo, de la necesaria simplificación del currículo, que ya en otros países, como Chile, se enfoca fundamentalmente en ciertas áreas prioritarias: si se ha de salvar algo, que sea lo más importante. No hay claridad sobre mecanismos de apoyo adicionales para aquellos alumnos con mayores afectaciones de aprendizaje durante la pandemia: en Reino Unido se optó por reincorporar voluntariamente a docentes retirados para actuar en programas de remediación. Tampoco se ha explicado suficientemente cómo va a funcionar el modelo híbrido ni sobre qué referente se aplicará la evaluación diagnóstica que, en la reapertura, deberán realizar los docentes. Si bien debe considerarse la autonomía de gestión de cada centro escolar, ¿asuntos como los mencionados quedarán sujetos sólo a las posibilidades de cada escuela? ¿Seguiremos apelando al compromiso y esfuerzo particulares de docentes y escuelas para sortear el reto que se viene?
Es pues necesario enriquecer el debate sobre el regreso a clases: no sólo poner el acento en el cuándo, sino también en el cómo y en el para qué. No sólo escuchar a los políticos, académicos y líderes de opinión, sino también a los maestros, padres de familia y alumnos. Debemos evitar una discusión que se esfuerce por señalar los riesgos del trabajo educativo a distancia, pero soslaye simultáneamente las condiciones actuales de las escuelas. No debemos regresar a las aulas como si nada, creyendo que un cubrebocas es suficiente para reanudar y recuperar lo que hace un año se detuvo. Sería una desgracia que, cuando se llegue el momento, fingiéramos volver a una escuela, como esa que está en la mente de la Secretaría de Educación Pública, en la que nueve de cada 10 alumnos aprendieron en casa.
*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.
De acuerdo con los datos obtenidos en la Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED), realizada por el Instituto Nacional del Estadística y Geografía (INEGI) en el periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre, se identificó que existe una importante disponibilidad por parte de los estudiantes en México, para regresar a clases presenciales en el presente ciclo escolar si el gobierno, así lo permite.
De acuerdo con el INEGI, la encuesta tuvo una cobertura nacional e incluyó la opinión de 11,080 personas de una muestra de 54,3 millones de personas de entre 3 y 29 años de edad. De acuerdo con los datos recabados vía telefónica, el 70.3% de los estudiantes de entre 3 y 5 años muestran disponibilidad por regresar a clases presenciales. En el caso de los estudiantes de 6 a 12 años corresponde a un 78.7% en el nivel de disponibilidad. Los estudiantes de entre 13 a 18 años representó el segmento mayor de disponibilidad con un total de 79.5%, y finalmente en el caso de los estudiantes situados en el rango de entre 19 a 29 años correspondió a un 72%.
Así mismo, la encuesta arrojó que en el periodo escolar 2020-2021 se inscribieron un total de 32.9 millones de estudiantes. Sin embargo, 5.2 millones de niños y jóvenes quedaron fuera de las aulas virtuales en el presente ciclo escolar. Las causas identificadas se asocian a que los estudiantes consideran que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje, o bien, por escasez de recursos económicos y problemas ocasionados por la COVID-19.
Por otra parte, la economía de las familias en el país tiene un impacto en la disponibilidad de recursos tecnológicos para acceder a clases virtuales. En este sentido, la encuesta demuestra que el 65.7% de los estudiantes utilizó un teléfono inteligente para tomar clases a distancia, el 18.2 % lo hizo a través de una computadora portátil, el 7.2% mediante una computadora de escritorio, el 5.3 con una televisión digital y el 3.6% con una tablet.
Los datos arrojados por la encuesta ECOVID-ED, reflejan que la conjugación de las carencias de acceso a recursos tecnológicos por dificultades en la economía familiar, el desenganche con la educación virtual y el nulo aprendizaje en la percepción de los estudiantes durante este periodo de contingencia sanitaria, ha impactado la opinión de los estudiantes del sistema educativo nacional para el regreso a clases presenciales.
Es importante recordar que actualmente, tres estados se encuentran en semáforo verde, 21 en amarillo, 8 en naranja y ninguno en rojo. Ante este panorama, podría visualizarse un pronto regreso a clases, sin embargo, las autoridades educativas han reiterado que el regreso a clases presenciales se realizará, cuando los estados del país se encuentren en semáforo verde.
Fuente e imagen: http://www.educacionfutura.org/alumnos-dispuestos-a-regresar-a-clases-presenciales-pero-condiciones-no-son-favorables/
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