América del Norte

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Los dilemas de la evaluación del primer periodo

Abelardo Carro Nava

Por: Abelardo Carro Nava

Sabemos que los maestros son los que mejor conocen el avance de sus alumnos. También sabemos que, en el proceso de enseñanza y de aprendizaje (E-A), influyen varios aspectos para que éste se logre, por ejemplo: el contexto, la familia, sus recursos económicos, los diferentes niveles cognitivos de los chicos, la planeación que el profesor realiza, la serie de recursos y materiales didácticos que éste emplea; en fin, como decía, todo un cúmulo de situaciones que son parte del referido proceso.

Una cosa más que, desde luego conocemos, es que la pandemia ocasionada por el Covid-19, propició que las actividades escolares que se desarrollaban de manera presencial en las escuelas tuvieran que suspenderse y, con ello, se dio paso a otra serie de actividades, también “escolares”, a través de algo que se denominó “educación a distancia”, hecho que implicó que los mentores: a) elaboraran cuadernillos o guías para que se los entregaran a sus estudiantes en sus escuelas o en sus casas, con la finalidad de que éstos los trabajaran; b) enviaran mensajes vía Whatsapp o correo electrónico, con las actividades que los niños tendrían que realizar con el mismo propósito que el inciso anterior; d) que siguieran y, posiblemente, consideran en su planeación, los programas televisivos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) echó andar desde el mes de marzo y cuya continuidad se dio en agosto de este año; e) aprendieran o perfeccionaran su conocimiento para que impartieran sus clases de manera virtual, situación que los obligó a contar con un equipo (computadora o celular) e internet o “datos” suficientes para que se lograra este objetivo; entre otros.

Ahora bien, ¿qué sucedió con los alumnos y con su aprendizaje a partir de la contingencia sanitaria que decretó el gobierno mexicano? En primer lugar, como parece obvio, ya no se presentaron a las escuelas porque, lógicamente, este espacio sería el lugar donde el virus se propagaría desmesuradamente. Se quedaron en casa, lo cual, desde mi perspectiva, abre una amplia gama de variables en cuanto a lo que significa, o significaría, asegurar que hasta la fecha ha habido una continuidad en su proceso formativo puesto que, como sabemos: 1) no todos los estudiantes cuentan con una computadora, internet, celular o televisión en casa; 2) pero también, el que los padres de familia hayan estado, o no, al pendiente de las actividades que los profesores les encomendaron a sus hijos, o bien, de los horarios en los que se trasmitían los programas televisivos; 3) el que estos padres hayan estado atentos, o no, del envío de esas tareas y/o actividades por correo electrónico, whatsapp o en las escuelas en las que entregaron los cuadernillos y guías; etcétera. Esto, sin contemplar, que muchos de estos chicos pudieron, o no, considerar prioritarias las actividades escolares dado que, como se sabe, la pandemia no sólo impactó en el sistema educativo nacional (SEN), sino también en el ámbito económico y, consecuentemente, en los millones de hogares mexicanos; situación que pudo haber provocado, que un número considerable de éstos, haya trabajado en algún sector informal de la economía para ayudar con los gastos de la casa.

Lo anterior me permite deducir, que el aprendizaje que los estudiantes pudieron, o no, haber adquirido durante esta etapa de confinamiento y durante este primer periodo escolar, se ha visto influenciado por varias cuestiones, como las expuestas. Entonces, en sentido estricto, durante este lapso de tiempo: ¿los alumnos han aprendido? Si nos remitimos a la definición más simple que nos brinda la Real Academia Española (RAE) obtendríamos que el aprendizaje, “es la acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa”. Consecuentemente, la pregunta que formulé líneas atrás tendría como respuesta un rotundo sí porque, como lo señalaba, de las actividades que pudieran estar haciendo en casa o fuera de ella, con seguridad, “algo” aprendieron.

Ahora bien, si replanteamos la pregunta y cuestionamos si los chicos adquirieron los conocimientos que, mediante la acción educativa, se brindaron a través de una educación a distancia, mi respuesta no sería tan contundente. Esto, en razón de los aspectos que he referido y que influyen en el proceso de E-A porque, de manera concreta, no se estarían cumpliendo del todo los aprendizajes esperados que, conforme al modelo educativo o plan de estudios vigente, se tienen contemplados.

En este sentido habría que recordar que, el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, en reiteradas ocasiones ha señalado que los niños están logrando los aprendizajes esperados durante la pandemia; pero, a todo esto, ¿qué se entiende por aprendizaje esperado? Según el documento Aprendizajes Clave para la Educación Integral (2017), éste “es un descriptor de logro que define lo que se espera de cada estudiante. Le da concreción al trabajo docente al hacer comprobable lo que los estudiantes pueden [hacer], y constituye un referente para la planificación y evaluación en el aula. Los aprendizajes esperados gradúan progresivamente los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los estudiantes deben alcanzar para acceder a conocimientos cada vez más complejos” (p. 655).

He aquí el meollo del asunto porque, como bien sabemos, si durante las clases presenciales los aspectos que permiten valorar el logro (aprendizaje esperado) de los alumnos se llegan a complicar (por muchas de las razones ya expresadas), durante esta pandemia, la situación se ha complicado. De ahí que el criterio que pueda tomar el profesor para asignar un valor en el primer periodo del ciclo escolar 2020-2021, tenga como base, los avances que haya tenido el estudiante que está a su cargo desde el inicio de dicho ciclo.

¿Cuáles serían los criterios a considerar para valorar el logro alcanzado en esos avances? Desde mi punto de vista, las evidencias de las actividades o tareas realizadas de acuerdo al contenido trabajado o encomendado y que fueron enviadas por los estudiantes y/o padres de familia por medios electrónicos, de manera virtual o mediante cuadernillos o guías. ¿Y la asistencia a las clases virtuales, las participaciones en éstas y los exámenes aplicados? De eso hablaré un poco más adelante porque, en sentido estricto, si recordamos que una evaluación formativa tiene como rasgo primordial valorar el proceso que siguió la obtención de una evidencia/producto, el docente como tal, tendría la posibilidad de valorar estos avances con relación a lo siguiente: a) alumnos que entregaron los trabajos conforme a los criterios establecidos por el profesor basados en el aprendizaje esperado; b) alumnos que entregaron los trabajos, pero su realización y culminación, medianamente cumplieron con el criterio establecido; c) alumnos que entregaron los trabajos, pero sin que éstos cubrieran los criterios establecidos por el docente con base en los aprendizajes esperados; e) alumnos que no entregaron los trabajos pero que sí recibieron las actividades o tareas pero no los enviaron; f) alumnos que no los entregaron porque no se sabe nada de ellos aunque fueron inscritos al inicio del ciclo escolar por sus padres.

Vista estos parámetros o indicadores, podría pensarse que la asistencia a clases virtuales, la participación en éstas, los exámenes aplicados, las carpetas de experiencias o evidencias elaboradas para este periodo, el periodo de reforzamiento propuesto por la SEP, entre otras cuestiones, podrían ser un complemento que podría colaborar en esa valoración. Esto lo considero de esta forma porque, insisto, los maestros son los que mejor conocen a sus alumnos o, porque su misma experiencia y conocimiento, les permite fijar los criterios para realizar una evaluación que se apegue a un cierto grado de objetividad, aunque, como se sabe, toda evaluación es subjetiva por naturaleza.

Menuda tarea tendrá sobre sus hombros el docente en las próximas semanas, porque si bien es cierto que se espera que la SEP emita, en los siguientes días, un Acuerdo que modifique o sustituya al 12/06/2020 (por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020), también es cierto que, independientemente de este documento, éstos tendrán en sus manos la decisión de reportar una evaluación sobre lo que, bajo su criterio, es la más pertinente para sus alumnos dado el seguimiento que han tenido de éstos y de los logros alcanzados que pudieran, o no, verse reflejados en sus avances escolares.

Al respecto, no sé si la asignación de un número a un estudiante de educación primaria (por ejemplo) reflejará el logro alcanzado por éste. Lo que sí tengo claro es que la SEP, y el propio Secretario, cometieron un grave error, como lo han venido haciendo desde hace ya un buen tiempo, al considerar que lo que se vive en el aula sucede de la misma manera en la casa. Consecuentemente, el problema de fondo radica en evaluar pensando que estamos en la escuela cuando en realidad nos encontramos en casa o a la distancia o, dicho de otra forma, el problema está en evaluar conforme a los aprendizajes esperados cuando las condiciones no son las más idóneas para ello.

Finalmente deseo señalar, que mención aparte tiene la evaluación del primer periodo para la educación preescolar porque, quienes hemos tenido la oportunidad de estar cerca del trabajo que realizan las educadoras, sabemos que un elemento fundamental para efectuar una valoración del avance del pequeño es la observación y el registro de lo que éste desarrolla en el aula y en el jardín de niños. Creo que muchos conocemos que, cuando la educadora encomienda una actividad en casa, suelen suceder algunas cosas: a) que los padres de familia supervisen el trabajo y estén atentos u orienten el desarrollo de la actividad que hace el niño; b) que no estén atentos ni supervisen el trabajo de los chicos, aunque puede ser que reciba orientación por parte de un adulto o hermano; c) que dichos padres terminen haciendo el trabajo que les fue dejado a los pequeños; d) o que simplemente no lo hagan ni lo entregan. ¿De qué manera se evaluarán los aprendizajes esperados en este nivel?

Espero aportar algunas ideas en mi próxima entrega, pero vaya dilemas ¿no cree?

Con negritas:

  • Busqué en diversos medios los Lineamientos del sistema de seguimiento o apoyo con el objetivo de procurar la permanencia y continuidad académica de los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria que, de conformidad con el Acuerdo 05/06/2020, la SEP tendría que emitir y no los encontré. Sería bueno que se dieran a conocer porque, a partir de ello, los profesores podrían contar con un protocolo o herramienta que les permita tomar una decisión en cuanto a los alumnos de los que se sabe que fueron inscritos pero que no entregaron sus evidencias de aprendizaje en este primer periodo.
  • En caso de que se emita un nuevo Acuerdo o que modifique el 12/06/2020, sería bueno que la SEP diera la información suficiente y necesaria sobre los criterios para evaluar la asignatura Vida Saludable y las modificaciones que habrá de sufrir las boletas de calificaciones; digo, en necesario que, con antelación, se haga llegar esta información porque, como conocemos, al cuarto para las doce llega dicha información y el docente trabaja sin descanso.

Referencias:

SEP. (2017). Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y Programas de Estudio para la Educación Básica. Ciudad de México.

DOF. (12/06/2020). Por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir con los planes y programas de estudio de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), Normal y demás para la formación de maestros de educación básica aplicables a toda la República Mexicana, al igual que aquellos planes y programas de estudio del tipo medio superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, en beneficio de los educandos. Recuperado de: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594561&fecha=05/06/2020

Fuente: https://profelandia.com/los-dilemas-de-la-evaluacion-del-primer-periodo/?fbclid=IwAR14ddzC6T0aeAYpnM7emMPkUpQ2TFA9MIh1XL29zdxrE8CZc1wkQsyefZM

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Walking to school was common in the 1980s but now we drive our kids in record numbers

Noticias

Walking to school was common in the 1980s but now we drive our kids in record numbers

Alison Bunbur

In the 1970s and ’80s most of us walked or rode a bike to primary school without thinking too much about it.

Cars were expensive and few families had more than one, so if your school was close and the rain or heat wasn’t terrible, walking or cycling was the most obvious way to get there.

My family has been very lucky to live close to a local school situated near good public transport, and walking to school has always been part of our routine.

When my two boys were too young to walk or cycle on their own, it was easy to walk with them as part of my journey to work.

A school child and a parent walk on a footpath with a shadow in front of them

Leaving the house for school in those days felt like escaping through a magical sliding door — from the rush and stress of the school morning routine to a slower, calmer world.

Once outside the door, irritation about lost lunchboxes and last-minute permission slips would dissipate. Our paces matched. I got to hear a bit more about what was going on in their young lives and minds.

Then there is the quiet pleasure of the walk itself: the unscheduled but happy meeting of a favourite friend or animal along the way, the seasonal scoffing of mulberries overhanging a laneway en route, the complicit exchanges of harried parents, a sudden waft of jasmine announcing spring.

Walking to school helps us to feel as though we’re living in a real neighbourhood and community that only footfall on pathways can create.

The benefits of living as much as possible outside of the urgent, car-driven world seem obvious.

An anonymous primary school child walking to school in Brisbane.
What can we do to get more kids walking to school?(ABC News: Chris Gillette)

Today we drive our kids to school in record numbers. The national rate of «active travel to school», as the experts call it, has declined over the past 40 years from 75 to 25 per cent of trips.

Much of this can be explained by growing car ownership, changing family dynamics and increasing distances between some homes and schools.

But there have also been changes in how far kids are allowed or are willing to go. Nearly 60 per cent of Australian parents report that the distance from home to school is three kilometres or less.

It’s a trend that’s reflected in many other OECD countries and worries policymakers in the fields of both health and transport.

Health professionals estimate that more than 70 per cent of children and 91 per cent of young people do not meet minimum physical activity recommendations.

But it’s also a transport issue.

In recent years I have worked with other transport policymakers and planners on how future transport systems can keep up with growing populations. The research clearly shows small changes in people’s travel behaviour to make fewer car trips can make a big difference in how the transport system copes.

A school crossing sign.

The report surveyed 3,400 people from across NSW.(ABC News: Robert Koenig-Luck) 

Parents are role models

Whether we like it or not, parents are role models and habits are formative.

«Active travel to school» is one of 10 priority areas proposed by the Australian Health Policy Collaboration and more than 70 leading chronic disease experts to fix the growing obesity and chronic health crisis.

And you don’t have to be a transport professional to see that school trips in cars are also bad for traffic congestion and road safety. Queues of cars around schools and local roundabouts make crossings dangerous for walkers and cyclists.

While these trips may seem short and innocuous, the sheer volume of them also clogs up the wider network, diminishing air quality and the way our cities function.

Experts estimate that the additional congestion costs generated by school trips in cars is in the hundreds of millions of dollars.

So what can we do to get more kids walking or riding a bike to school?

Good pedestrian infrastructure, pleasant walking and cycling environments and safe crossings are critical, of course.

The good news is that transport planners are increasingly seeing streets as places for walking or riding bikes, and pedestrians and cyclists as more than just safety risks to be mitigated.

But parents’ perceptions are also a key obstacle to more kids cycling and walking to school, particularly when the decision is to let them do this independently.

Could you be breaking the law?

It’s not helpful that in some places letting a child go to school on their own could be classed as breaking the law.

In 2017 the ABC reported on a notice published in a school newsletter bearing the Queensland Police Service insignia telling parents that children under the age of 12 cannot walk or ride to school alone.

For the past 10 years, Queensland’s criminal codes have made it an offence to leave a child under 12 unsupervised for an «unreasonable» time (although legally speaking the report argued that this was unlikely to mean a blanket ban on kids under 12 making their way to school alone).

But parents’ thoughts and perceptions on official guidance and social norms are important.

A 2016 study in Victoria found parents were more likely to restrict their child’s independent mobility if they were worried about being judged by others.

However, the biggest barrier to more parents letting their children walk or ride to school alone is parental concern about speeding cars and other traffic dangers.

This is followed by fears around «stranger danger» and abduction (although statistically speaking, kids are much safer on the street than online).

A boy with a maroon school backpack walks down a suburban footpath past houses and trees

Leaving the house for the walk to school feels like escaping through a magical sliding door from the stress of the morning routine to a slower, calmer world.(Supplied)

It’s understandable — the urge to keep kids safe is hardwired in parents. But when we choose to drive to school, we only add to the real traffic dangers and risks even as we continue to frame it as a problem created by others.

Or as a legendary outdoor poster by Dutch satnav maker TomTom proclaimed in 2010: «You are not stuck in traffic. You are traffic.»

The impact of COVID-19

The pandemic is also influencing people’s travel choices. On the one hand, local walking and cycling trips are on the rise as more people work from home. Around Australia, demand for new bikes is famously outstripping supply.

But it’s also possible that continued anxiety around exposure to others (particularly on public transport) may persuade us that we’re better off staying inside our bubbles on wheels.

These days, my kids are older and get to school by themselves.

My youngest son still walks to school via the same route I take to the train station and prefers neither of his parents accompany him. It’s a change that seemed to happen almost overnight. One morning the boys simply walked out the door on their own, leaving a house that felt suddenly very quiet.

I do miss walking and talking with them sometimes; that everyday invitation to spend more time in the present.

But it would be hard not to celebrate their independence, confidence and ability to successfully navigate the outside world for themselves.

I also hope that walking to school with the kids will mean remembering less about the fretful assembly of school lunches and missing library bags and more about chance encounters with puddles, plants and people.

And sometimes, on a lucky day, the feeling of a small hand slipped quietly, without too much thought, into mine.

Alison Bunbury is a mother of two who encourages her boys to walk to school. She also works in transport policy but this opinion is her own.

Fuente de la Información: https://www.abc.net.au/news/2020-10-20/walk-to-school-children-transport-traffic-health-safety/12660300

 

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México: Sembradores de agua, zapotecas vencen la sequía, reviven sus campos y enfrentan la pandemia

Noticias

Sembradores de agua, zapotecas vencen la sequía, reviven sus campos y enfrentan la pandemia

Con resistencia y organización, desde el 2005 el pueblo ben’ zaa (zapoteca del valle) de San Antonino Castillo Velasco, asentado en el sureño estado de Oaxaca, se convirtió en “sembrador de agua y de vida”, a través de la captación de agua por medio de pozos de filtración, retenes y ollas, técnica con la que los indígenas vencieron una fuerte sequía que alteró  el campo y la cosecha, además de provocar el incremento de la migración.

 

La escasa agua en la zona de los Valles Centrales de Oaxaca es consecuencia de diversas acciones: la primera es que en el año de 1985 por iniciativa gubernamental se desecaron las Ciénegas de esta región para contar con más tierra disponible para campos de cultivo, pero esto provocó que la humedad del suelo se perdiera rápidamente y ocasionó que veinte años después el nivel de los pozos descendiera notablemente .

Ese mismo año, el gobierno federal encabezado por Vicente Fox Quesada decidió hacer efectivo un Decreto de Veda de agua subterránea para los Valles Centrales de Oaxaca, que data del año 1967, y que impidió hasta el año pasado el libre aprovechamiento de los pozos agrícolas de la región, es decir: si no cuentan con un título de concesión que expide la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tampoco pueden acceder a la toma de energía eléctrica, por lo que la agricultura agonizaba.

Emiliano Sánchez, agricultor nativo de San Antonino Castillo Velasco desde hace más de 30 años, recuerda que en ese tiempo, en el 2005, de su parcela no cosechó nada, ni siquiera una de las muchas cebollas que en cada temporada obtenía. En en ese año todo fue sequía y preocupación, porque además la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les aplicó una multa de hasta 24 mil pesos porque los culpó de la escasez.

La multa de la Conagua no fue casualidad. En el año de 1967 este pueblo, al igual que otros del valle de Ocotlán-Zimatlán, como San Sebastián, San Pedro Mártir, San Pedro Apóstol, San Felipe Apóstol y Santiago Apóstol, que suman 16 comunidades, se vieron afectados por una veda decretada por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que prohibió el uso del agua para la agricultura. La respuesta de la comunidad fue  organizarse, y así nació la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua (Copuda), que es un ejemplo  de organización mundial por el  innovador sistema comunitario de uso y gestión del agua altamente efectivo.

Ya organizados, el papel de la Copuda fue realizar asambleas pueblo por pueblo, escuchar las dolencias y preocupaciones, pero sin tardar mucho tiempo, pues el campo necesitaba producir y había que encontrar una técnica. Sabedores de que el tema de la veda era lo más complicado, decidieron preguntar a especialistas y en el camino se encontraron con la organización civil Flor y Canto, quién les orientó sobre la captación del agua.

Los indígenas reconocen el respaldo de las autoridades, muchas de ellas comunitarias y ejidales, pues afirman que creyeron en el proyecto de revivir el campo que garantiza la vida en esta región oaxaqueña. “Fue tan duro y triste no tener agua de lluvia y encima no poder usar la de nuestros ríos porque había veda”, dice Emiliano, quién ahora con la técnica de goteo obtenida a partir de la captación de agua de lluvia ve resurgir la vida en su parcela.

“Muchos campesinos cuando vieron la sequía se lamentaron y dijeron `si Dios quiere que así vivamos, qué le vamos hacer’, pero yo digo que dios nos da el agua y esa agua nosotros decidimos acumularla”, dice Emiliano, y explica que antes que pensar en cosechar cualquier producto, era necesario captar lluvia. Para detenerla habría que acumularla y luego, con la ayuda de tuberías de PVC, llevar el agua a los pozos que se cavan cerca de los campos de cultivo para que el agua que sobrepase los niveles nutra los mantos acuíferos.

Justino Martínez, es otro de los sembradores de agua, y cuenta que antes el agua de lluvia corría por los caminos del arroyo y se iba al río Atoyac -esta porción natural de tierra que tanto defendió el artista plástico Francisco Toledo y que hoy vive una severa contaminación-. En este mismo afluente todo el agua de lluvia que no era captada, se perdía y se contaminaba, pero ahora con la técnica de captación que aprendieron, nada se tira, y al contrario: la más mínima de las gotas tiene un destino, una parcela de hortalizas o flores.

“El agua que cosechamos, ésa que almacenamos, se guarda en recipientes o pozos como les  llamamos, le ponemos retenes para que no se expanda y así a través de tuberías PVC la transportamos y llega a los pozos de absorción que se cavan cerca de los campos. Posteriormente, con una bomba, cubre las parcelas, todo eso lo aprendimos nosotros y se ha logrado porque el éxito es la organización”.

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Agua libre para todos

Mientras que en los primeros años tenían que cavar hasta 40 metros, ahora el agua la encuentran a 10 y 20 metros de profundidad. Todo tiene sentido, ahora cultivan y siembran agua, y lo mejor, hacen milpa para sobrevivir.

Cuando se camina por estos senderos verdes el panorama es alentador y se constata que las campesinas y campesinos ya no cosechan preocupados como antes. Sus cultivos son su fuerza de vida, nacieron del campo y morirán aquí, como lo hicieron sus padres y abuelos.

En esta porción de tierra del sur de México, donde la vida parece no definirse por un horario ni espacio, sino simplemente por las ganas de cultivar, sin depender de ningún subsidio público lograron revertir la sequía que los estaba dejando sin vida. Así surgieron “los sembradores de agua”.

En San Antonino Castillo Velasco, cuna del jarabe  del Valle y donde conviven cerca de  5 mil habitantes,  la vida se torna diferente porque ahora el agua es libre para todos. Las campesinas y campesinos de este lugar no pueden creer que lograron vencer a un gobierno y devolverle la autonomía a la comunidad para el cuidado de sus aguas. Con agua y cosecha, los zapotecas pueden celebrar sus bailes, ritos y tradiciones a tan sólo 34 kilómetros de la capital de Oaxaca.

Justino Martínez aprendió junto con Emiliano a sembrar  y cosechar agua. Él y otros acudieron a capacitarse en la creación de pozos de absorción en el  Museo del Agua ubicado en Tehuacán, Puebla, y ahí aprendieron a construirlas. Primero instalaron siete pozos como una prueba piloto, y actualmente son 300 pozos norias sembradas en las parcelas.

“Fueron meses intensos de ir y venir a Puebla, fue mucho esfuerzo  pero ahora que vemos  el progreso, cuando vemos la vida de nuestros cultivos, las legumbres y flores, reafirmamos que valió la pena. La clave fue la organización”, dice, orgulloso, Justino.

La segunda acción que realizaron fue de tipo legal. En 2011 demandaron a la Comisión Nacional del Agua ante el Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativo, por imponer altos cobros sin realizar previamente una consulta, como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Dos años después, en 2013, el Tribunal resolvió en favor de la Copuda y ordenó realizar la consulta indígena en 16 comunidades, nueve agencias y siete municipios.

Esperanza Alonso Contreras cultiva chiles y flores, la vida le ha devuelto a ella una oportunidad para seguir haciendo  lo que su padre le heredó: labrar y cosechar la tierra para vivir del campo. Ella explica que la lucha de la Copuda y de los pueblos del valle no ha sido nada fácil para los campesinos de esta zona llamada también microrregión “Xnizaa”, que en zapoteco significa “Nuestra agua”, porque apenas el año pasado lograron firman un acuerdo para revertir el decreto de veda de 1967, después de una consulta indígena que duró cuatro años, y con ello levantar la veda y permitir el uso de agua para la agricultura en las comunidades indígenas.

Esperanza no pierde la esperanza. A pesar de contar con una resolución que les permite usar las aguas para regar sus cosechas, este reconocimiento aún no se da en la práctica, y es el motivo de la lucha actual de los pueblos que integran la Copuda.

Con el respaldo de sus autoridades, las comunidades continúan organizando su vida. Por ejemplo, semanalmente pasan los camiones recolectores de basura, y un día se llevan toda la basura inorgánica y el segundo la orgánica, ésta última se deposita en los terrenos y sirve como abono.

Además, están inculcado a los jóvenes de las comunidades la siembra. Se les enseña a cultivar, a cosechar y a captar el agua para después distribuirla. Lo que desean es que ya no sean “los viejos” lo que sigan haciendo los cultivos, sino que la juventud se involucre.

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El agua en Oaxaca vive en agonía

Los abuelos dicen que “la tierra está muy triste y por eso ya no llora”; otros afirman que es un castigo. Pero lo que han hecho estas 16 comunidades es revalorizar el agua y dar vida, porque al captar, guardar y dotar de agua a sus cosechas, hacen posible un ciclo de conservación que es único en el mundo y que hoy es ejemplo para revivir los mantos acuíferos.

Al crearse, la Copuda tuvo la visión de unificar esfuerzos y voces. Explican que a quince años de su nacimiento es ahora la máxima autoridad, es la fuerza que los 16 pueblos crearon para la defensa de su tierra y territorio, privilegiando el agua por sobre todas las cosas.

Los campesinos relatan que “nada se impone a la fuerza”, al menos en estas comunidades que contrarrestan la realidad del valle de Oaxaca, donde el agua sigue agonizando y según expertos en menos de 25 años se vivirá una sequía severa debido a que los mantos acuíferos están secándose.

El acuífero de Valles Centrales está integrado por cuatro microcuencas ubicadas en Coyotepec, Tlacolula, Oaxaca y Ocotlán. En el acuífero se han identificado 143 núcleos agrarios y se registra un consumo anual de 121.8 millones de metros cúbicos de agua.

Según datos de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), 98 por ciento del agua potable con la que se abastece la capital oaxaqueña se obtiene de la explotación de 23 pozos profundos, de 48 en existencia.

Actualmente, SAPAO suministra agua a la ciudad y parcialmente a 10 municipios conurbados, por lo que abastece aproximadamente a 800 mil habitantes y “produce” 16 millones de litros anuales de agua potable.

Ya lo anticiparon a principios de año los integrantes del Foro Oaxaqueño del Agua (FOA), quienes advirtieron que desde hace tres años las lluvias han disminuido en el valle de Oaxaca, lo que indica que se afectará el abastecimiento del líquido en la zona metropolitana de la entidad.

Juan José Consejo Dueñas, presidente del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO), reafirmó que la escasez ya es una realidad, pues estima que el suministro de agua está entre los 200 y 500 litros por segundo, cuando idealmente debería estar en mil 500 litros.

Esto coincide con la información de la Conagua que señala que desde el año pasado las precipitaciones pluviales estuvieron entre un 15 y 20 por ciento por debajo de lo que normalmente llueve en la entidad. “Se siguen registrando bajas precipitaciones en gran parte del estado y esto trae como consecuencia que la temporada de estiaje sea más severa, principalmente en la segunda quincena de los meses de marzo y abril”, explicó Julio Salazar, jefe de departamento de meteorología de la Conagua en Oaxaca.

El Covid-19 no para la captación de agua

Cosechar agua en medio de una crisis sanitaria, como la de la actual pandemia de COVID-19, significa un doble esfuerzo, porque por un lado está el llamado de “quédate en casa”, y por el otro el tema de los recursos para realizar las maniobras, que para este año solo se destinó el 60 por ciento de lo recibido años atrás, debido a que las autoridades lo han asignado al sector salud.

“Resistir y fortalecer lo que se ha puesto en practica” es el siguiente paso, dice Carmen Santiago Alonso, de la organización Flor y Canto, que ha brindado el acompañamiento a las y los campesinos de la Copuda. Ahora lo que hay que hacer, explica, es “compartir alimentos” y “no dejar morir de hambre al hermano”, por lo que es más importante seguir captando el agua y continuar con las cosechas.

Mientras camina en medio de los cultivos que son regados por el agua captada, la defensora retoma el tema de la soberanía alimentaria. Su mayor anhelo, dice, “es involucrar a los jóvenes a este trabajo que le ha devuelto la vida a sus parcelas, porque está comprobado que vivir de lo que la tierra produce es la mejor forma de sobrevivencia”.

Cuando Carmen habla de armonizar el corazón se refiere a que “se antepongan los valores comunitarios, que son altamente humanos, para renacer el campo”. Las comunidades, dice, “lo saben, lo han hecho y algunas tribales también, pero se necesita que ese pensamiento llegue a más personas, que sea global”.

Los sembradores del Agua, dice la fundadora de Flor y Canto, “como pueblos indígenas van a seguir resistiendo, y su sabiduría permanecerá para las futuras generaciones”.

Ecoportal.net

Fuente: Desinformémonos

Fuente de la Información: https://www.ecoportal.net/paises/sembradores-de-agua/

 

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‘My Faith in This World Is Gone.’ For Protesters Injured by Police, There’s No Real Recovery

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‘My Faith in This World Is Gone.’ For Protesters Injured by Police, There’s No Real Recovery

Shantania Love was walking away from law enforcement officers at a protest in Oak Park, Calif., on May 29 when they started firing projectiles to disperse the crowd. Love believes it was a rubber bullet that permanently blinded her.

Ellen Urbani shook her head in disbelief as she scanned the cobwebbed shelves of her suburban garage, looking for items that might protect her at a Black Lives Matter protest. “This is absurd,” she thought. “I can’t believe I let people talk me into thinking I need this stuff.”

She dusted off her son’s snowboard helmet and hooked it onto a backpack that held her daughter’s swim goggles, her asthma respirator and a change of clothes in case the long-sleeved yellow V-neck she was wearing burned off from chemical gas. She scribbled her husband’s name and phone number on her thigh in permanent marker, in the event she became incapacitated. With her auburn hair braided into pigtails, the 51-year-old author then left the safety of her 43-acre farm outside Portland, Ore., on July 24 to link arms with hundreds of other mothers demanding justice for George Floyd.

By midnight, Urbani says, federal agents had enveloped the protesters in a cloud of gas, and flash grenades exploded. Projectiles as big as softballs began to fly. As the women around her choked and vomited from the fumes and as bodies began crashing into each other, Urbani reminded herself that she’s “just a mom,” a law-abiding former Peace Corps volunteer and a threat to no one. “Then I felt my bone break,” says Urbani. “It felt like being hit by a 90-m.p.h. baseball.”

Ellen Urbani was hit in the foot by what she believes was a rubber bullet at a protest in Portland, Ore., on July 24.

Ellen Urbani was hit in the foot by what she believes was a rubber bullet at a protest in Portland, Ore., on July 24.
While taking part in the largest sustained social justice mobilization in modern U.S. history, dozens of people have been beaten with batons, hit by cars, doused in pepper spray and critically wounded by rubber bullets, beanbag rounds and other police weapons. More than 93% of Black Lives Matter protests across the U.S. have been peaceful, according to an analysis of more than 7,750 demonstrations from May 26 to Aug. 22 by the nonprofit Armed Conflict Location & Event Data Project. Even so, at least 115 protesters were shot in the head, face and neck with various projectiles, including bullets and tear gas canisters, from May 26 to July 27, according to a report by Physicians for Human Rights. The nonprofit health-advocacy group compiled its data from news and medical reports, social media posts and lawsuits.
Compared with other Black Lives Matter protesters injured by law enforcement, Urbani knows she is one of the luckier ones. She was hit in the foot by what she believes was a rubber bullet, which shattered her big toe. It’s slowly healing as she undergoes physical therapy, but her mental anguish is here to stay. “I never thought I’d be shot in my own city by my own countrymen,” says Urbani, who comes from a military family and who had always respected law enforcement.

«I never thought I’d be shot in my own city, by my own countrymen.»

In the competition to define what has happened in America’s streets since Floyd’s death on May 25, critics of the protests point to the handful of cities where stores were burned or looted. Advocates for protesters reply that, regrettable as those incidents may be, property can be restored. But the bodies of demonstrators have been irreparably damaged—often in incidents documented by cell-phone cameras, posted to social media and replayed on local and national news. Millions of people saw footage of a young woman being knocked to the ground in New York City and of an elderly man bleeding from his ear after being shoved to the pavement in Buffalo, N.Y. They watched as a New York Police Department (NYPD) vehicle sped up and drove into a crowd of protesters.

In each case, the outrage is compounded by the setting: a protest over police brutality. And months later, after the attention has shifted elsewhere, the injured are left to navigate a new set of challenges: mounting medical bills, job losses, unquenchable anger and time-consuming lawsuits that end up costing taxpayers more than they cost the targeted police department. Only occasionally do they see the officers who have changed their lives charged with crimes or fired from their jobs.

Federal agents use crowd-control munitions to disperse Black Lives Matter demonstrators during a protest in Portland, Ore., on July 24.

Federal agents use crowd-control munitions to disperse Black Lives Matter demonstrators during a protest in Portland, Ore., on July 24.
Marcio Jose Sanchez—AP

“It’s not the police departments that feel the weight and burden of it,” says Jennvine Wong, a staff attorney with the Legal Aid Society.

In New York City alone, taxpayers spent $220 million to settle more than 5,800 lawsuits filed against the NYPD during the 2019 fiscal year, according to the latest data released by the city comptroller. In 2018, Chicago taxpayers spent more than $113 million—the highest amount since at least 2011—to settle police-misconduct lawsuits and pay for outside lawyers, according to an analysis by the Chicago Reader. Breonna Taylor’s family settled with the city of Louisville, Ky., for $12 million after police shot her to death in her own apartment, but protests have continued over the decision not to prosecute officers for her killing.

“My faith in this world is gone,” says Dounya Zayer, the young woman who was pushed by a police officer during a Black Lives Matter march in New York City on May 29. The 21-year-old had a seizure after her head smacked against the curb and has yet to recover from the concussion and back injury that she suffered. “I’m angry and scared and depressed,” she says. “I know I’m not the only one.”

On July 11, Donavan La Bella was holding a stereo above his head at a Portland, Ore. protest, blasting a song by the artist Dax called “Black Lives Matter,” when a line of U.S. Marshals across the street began launching smoke canisters. Cell-phone footage shows La Bella, 26, calmly kicking aside a canister that landed at his feet, then picking it up and tossing it away before lifting the stereo above his head again. Seconds later, as La Bella stands in place, not moving toward the officers, he’s shot between the eyes with an “impact munition” and drops to the ground.

La Bella’s skull was fractured, and the bones around his left eye socket were broken. He has trouble concentrating and controlling his emotions and suffers from extreme sensitivity to light and sound and impaired vision, says his mother, Desiree La Bella. “Try to imagine having a migraine for a minimum of 12 hours a day for five, six weeks straight,” his mother says. “You can’t get away from that kind of pain.” La Bella spent most of the past two months in the hospital, having returned there on Aug. 17 for the third time to treat a sinus and brain infection as well as a cerebrospinal fluid leak, conditions related to his injuries.

Donavan La Bella was shot with impact munition at a protest in Portland, Ore., on July 11, fracturing his skull and breaking the bones around his left eye socket.

Donavan La Bella was shot with impact munition at a protest in Portland, Ore., on July 11, fracturing his skull and breaking the bones around his left eye socket.
Courtesy the La Bella Family

“The trauma we are facing now is long-lasting,” says Zayer, who still has seizures, suffers migraines and struggles to keep food down. The former competitive gymnast is in physical therapy up to five times a week when she’s not sitting in a waiting room to see multiple specialists. “Physically and mentally, I feel like a whole different person,” she says. “I don’t think I’m ever going to be the same.”

Zayer was one of dozens of protesters who testified in June about being shoved, kicked and violently wrangled by police, during a three-day public hearing held online by the New York attorney general. Some displayed cuts and bruises as they told investigators they were kicked in the jaw, thrown against brick walls and pushed off bikes. NYPD Commissioner Dermot Shea testified that hundreds of police officers were injured during the first few nights of protests as some demonstrators looted and threw bottles, bricks, trash cans and rocks at them. Others set fire to police vehicles and attacked precincts. “This was some of the worst rioting that occurred in our city in recent memory,” he said, adding that it’s difficult for officers to avoid interacting with peaceful protesters while dealing with violent ones. Since protests erupted in the city on May 28, an NYPD spokesperson said, more than 470 officers have been wounded, including 20 who have not yet recovered enough to return to work. Zayer and other witnesses challenged that narrative.

“I didn’t often see cases where protesters were fighting back,” said Whitney Hu, a Brooklyn activist who aided Zayer and more than a dozen others who were pepper sprayed or beaten with batons. “I saw protesters hiding or trying to help others who’ve been wounded.”

Shantania Love, a 30-year-old Sacramento mother of two, was walking away from law enforcement officers at a protest in Oak Park, Calif., around midnight on May 29 when they started firing projectiles to disperse the crowd. Love believes a rubber bullet hit her in the eye, permanently blinding her in that eye, as she turned around to look for her brother. “My eye was blown to pieces,” says Love, who underwent two surgeries in an attempt to save her vision. “It was probably the worst pain I’ve ever felt, and I pushed out two kids.”

Love now struggles with mundane tasks like pouring a cup of juice or walking up and down the stairs because of her skewed depth perception. For days, her youngest daughter, who is 5, cried when she saw Love’s wounded eye. Love hasn’t been able to return to work as a medical assistant and consequently lost her health benefits in August. “I have to pay for everything myself,” she says through tears.

Love with her two daughters outside Sacramento on Oct. 4.

Love with her two daughters outside Sacramento on Oct. 4.
Andres Gonzalez for TIME

“Her life has been so radically altered, it’s just devastating,” says Love’s lawyer, Lisa Bloom, who filed a lawsuit against the city and county of Sacramento, the state of California and numerous officers for damages. “It may have been a split second for them to pull the trigger. It’s a lifetime of pain for her and many others.” A Sacramento Police Department spokesperson said the department has not yet confirmed it was responsible for Love’s injury, since multiple outside agencies responded to the protests. The incident is still under review.

Many of the weapons used by police in recent protests, like rubber bullets and beanbag rounds, are deemed “less-lethal” by law enforcement, even though they can maim and kill. From January 1990 to June 2017, at least 53 people died after such weapons were used for crowd control in incidents around the world, according to a 2017 study published in the medical journal BMJ Open. Three hundred others suffered permanent disability, often from being struck in the head and neck. “Bullets by another name are still bullets,” says Dr. Rohini Haar, the study’s lead author. As an emergency doctor in Oakland, Calif., Haar says she witnessed the damage of the projectiles firsthand in 2014, when rubber bullets were used on Black Lives Matter protesters amid unrest over a St. Louis grand jury’s decision not to charge the officer involved in Michael Brown’s shooting death. When police answered protests with violence in 2020, she was not surprised.

«The level of violence that police officers have used throughout history, against people exercising their constitutional right to protest, is really quite staggering.»

Neither were historians. Recent accounts of police aggression mirror those seen multiple times in American history, according to historian and author Heather Ann Thompson, who studies 1960s and ’70s policing and protest movements. Her book, Blood in the Water, about the Attica, N.Y., prison uprising, won the 2017 Pulitzer Prize in History. “There’s a long, long history of this,” says Thompson, citing the 1968 protest at the Democratic National Convention and a massacre that same year in Orangeburg, S.C., in which law enforcement killed three students and wounded more than two dozen others during a civil rights protest. “The level of violence that police officers have used throughout history, against people exercising their constitutional right to protest, is really quite staggering,” she says.

What’s new, Thompson says, is that police are militarized, often with surplus U.S. Army equipment designed for use in wars of occupation. And in 2020, police actions, and those of white, far-right groups claiming to want to protect businesses and towns from protesters, have been emboldened by a sitting U.S. President, she says. “None of these other presidents would have verbally celebrated white-vigilante, racist violence the way that Donald Trump has,” Thompson says.

Trump has generalized Black Lives Matter protesters as “violent anarchists” and threatened to quell demonstrations with federal forces. “These are not ‘peaceful protesters,’” he tweeted in part on Sept. 8. “They are THUGS.”

During the decade that Martin Gugino has spent protesting, the 75-year-old retiree has been arrested at demonstrations four times and faced charges ranging from misdemeanor trespassing to demonstrating without a permit. He had never been convicted in court or injured at a protest until June 4, when a police officer in Buffalo, N.Y., pushed Gugino onto the pavement. In some of the most graphic footage to emerge from the protest movement, Gugino is seen staggering backward, then falling on his back to the sidewalk, his head slamming to the ground. Blood leaks from his ear, and more than a dozen officers in riot gear stream past the apparently unconscious man without helping him.

The last thing Gugino remembers seeing is a line of helmeted officers coming toward him with batons. “When I was in the hospital,” Gugino says, “I thought, ‘What’s all the fuss about?’ And then I saw the video and I said, ‘Oh yeah, I get it.’” He suffered a fractured skull and concussion and was hospitalized for about a month—the last three weeks of which were spent in physical therapy, relearning how to walk. When he was first hospitalized, Gugino says he could not hear anything because his ears were full of blood. Gugino, who’s hoping for a full recovery, says the experience was a small sample of what Black people endure on a daily basis. “It’s unacceptable,” he says of police violence. “They need to be corrected. The cops have just got the wrong idea. And bad ideas have bad consequences.”

Martin Gugino was shoved by police officers in Buffalo, N.Y., on June 4.

Martin Gugino was shoved by police officers in Buffalo, N.Y., on June 4.
Mike Desmond—WBFO NPR/AFP/Getty Images

Some officers are facing those consequences. On June 6, prosecutors charged two officers involved in Gugino’s incident with felony assault. Four other law enforcement officers in Indiana and Philadelphia are facing assault charges for clashes caught on camera. One is accused of pepper spraying protesters in the face while they were kneeling. Another allegedly clubbed a college student on the head with a metal police baton, resulting in a gash that required about 20 staples and sutures, according to prosecutors.

The New York City police officer who pushed Zayer, Vincent D’Andraia, was charged with misdemeanor assault and faces up to one year in jail if convicted. D’Andraia was initially suspended from the force for 30 days without pay. He’s now on modified assignment while he awaits a court hearing, an NYPD spokesperson said. His lawyer declined to comment. “They put a Band-Aid on a bullet wound,” says Zayer, who wanted D’Andraia to be fired.

For people whose cases don’t end in charges against police—often because their injuries are not caught on camera—the only way to seek accountability is through civil lawsuits. On Aug. 24, Urbani and three other injured demonstrators filed a class-action lawsuit, claiming the federal agents Trump deployed to Portland used “unconstitutional and unnecessary force” against protesters. Attorney General William Barr defended the agents’ actions in testimony before the House Judiciary Committee on July 28, saying “violent rioters and anarchists have hijacked legitimate protests.”

Love now struggles with mundane tasks like pouring a cup of juice or walking up and down the stairs because of her skewed depth perception.

Even when departments settle lawsuits, they’re rarely required to admit fault, meaning the injured may walk away with some funds to help pay medical expenses but no acknowledgment of wrongdoing. Love knows that, and that no amount of money will replace her eye. But she would rather fight for a piece of justice than do nothing.

“I have children,” she says. “I don’t want them to grow up in a world where this type of behavior is tolerated.”

Fuente de la Información: https://time.com/5894356/protesters-injured-police/

 

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Pyka Bets The Path To The Future Of Passenger Planes Runs Through Banana Plantations In Latin America

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Pyka Bets The Path To The Future Of Passenger Planes Runs Through Banana Plantations In Latin America

Pyka’s Pelican crop-spraying drone can carry more than its weight in chemicals and is designed to take off and land in 150 feet, half the length of a football field.

 COURTESY OF PYKA

Oakland-based Pyka shares a goal common to many high-tech California aviation startups: to build an autonomous electric passenger aircraft. However, its first steps to get there have taken the company far away from the pack, first to New Zealand and now to banana plantations in Costa Rica and Ecuador, where it’s preparing to field a robotic crop-spraying airplane called Pelican that CEO Michael Norcia says will prove out technology he believes will lead the way to an era of green, low-cost passenger planes.

The fat-bellied, 500-pound plane can carry more than its weight in liquid pesticides or fertilizer, and is engineered to take off and land in a ridiculously short space: 150 feet, half the length of a football field. Someday that short takeoff and landing capability may enable passenger service to be shoehorned into cities and suburbs in a different way than many other electric aviation startups are envisioning. For now, the 28-year-old Norcia is betting that agriculture is a more practical – and lucrative — avenue to pursue. Pyka says the Pelican will have 50% of the operating costs of manned crop-spraying planes and will remove pilots from harm’s way in a business where skimming fields at 140 miles per hour too often leads to accidents and death. And banana plantations, which are the most frequent users of aerial spraying in the world, may be the perfect environment for it to take wing.

Dozens of companies are trying to build futuristic-looking, autonomous electric “air taxis” that can take off and land vertically on city roofs, carrying one to a half-dozen passengers. Norcia, whose first job after graduating from UC Davis with a physics degree was at one of them, billionaire Larry Page’s Kitty Hawk, believes they’re a decade too soon – the limitations of current batteries and other technologies leave eVTOLs with too little range given how energy intensive it is to propel an aircraft straight up and down, he says.

Pyka’s strategy is to take the well-understood efficiencies of fixed-winged airplanes and marry it to advances in high-power electric motors to produce an airplane that can operate on radically shorter runways. “They like to fly,” Norcia says of fixed-wing airplanes. “By starting with something that looks like an airplane you start off on the right foot.”

Dozens of companies are trying to build futuristic-looking, autonomous electric “air taxis” that can take off and land vertically on city roofs, carrying one to a half-dozen passengers. Norcia, whose first job after graduating from UC Davis with a physics degree was at one of them, billionaire Larry Page’s Kitty Hawk, believes they’re a decade too soon – the limitations of current batteries and other technologies leave eVTOLs with too little range given how energy intensive it is to propel an aircraft straight up and down, he says.

Pyka’s strategy is to take the well-understood efficiencies of fixed-winged airplanes and marry it to advances in high-power electric motors to produce an airplane that can operate on radically shorter runways. “They like to fly,” Norcia says of fixed-wing airplanes. “By starting with something that looks like an airplane you start off on the right foot.”

Crop-spraying planes hug the ground in rural airspace that no one else is using, meaning Pyka doesn’t have to solve the thorny problems that drone package delivery services and autonomous urban air taxi hopefuls do of how to ensure their aircraft don’t crash into each other, or the airplanes and helicopters that already fill suburban and urban skies.

Another reason Norcia says they “fell in love” with crop spraying: profit potential.

“The unit economics are fantastic, stronger than any other use case we looked at,” says Norcia, including passenger service or cargo delivery, which a number of other startups are focused on as a more practical near-term target.

Pyka, which has raised $11 million from backers including Prime Mover Labs and Y Combinator, declined to discuss the numbers behind its analysis, but Norcia says of all crops, bananas offer the company the most fertile environment.

Just one variety, the Cavendish, accounts for 99% of the world’s banana exports; grown in Latin America on vast plantations that are susceptible to getting wiped out by funguses, the 15-foot-tall plants are sprayed aerially on a weekly basis. That will keep Pelican busy on the same fields, which is key for it be competitive now.

Before it can start spraying, Pelican’s operators have to survey the field, pinpointing boundaries and obstacles like telephone wires or irrigation towers that the plane will have to avoid. Down the road Norcia says Pelican, which is equipped with downward-facing Lidar and forward-facing lasers, will be able to map fields in 15 minutes, but for now it takes three hours, which means it’s not time or cost-competitive with manned aircraft unless the field needs frequent spraying.

That’s a lesson Pyka learned through experience in New Zealand, where it’s already sprayed crops with a smaller, earlier-generation version of its plane called Egret that the company says is the largest UAV yet to be used commercially. Pyka set up shop there due to a more experimentation-friendly regulatory environment that first attracted Norcia’s former employer Kitty Hawk, which has been flight-testing a two-seat autonomous aircraft in New Zealand since 2017, now in partnership with Boeing.

Norcia Pyka Egret

Michael Norcia with Egret, Pyka’s first crop-spraying drone.

 COURTESY OF PYKA

But worried that safety certification from New Zealand aviation authorities for such new technology wouldn’t be recognized in other countries, Pyka decided to shift to the U.S. for certification. The U.S. Federal Aviation Administration granted Pyka a special airworthiness certificate for Pelican two weeks ago that allows the company to start demoing it on farms in the U.S. and to train crews here on how to operate the airplane, which the company plans to lease to aerial spraying outfits. Norcia expects to receive full-fledged certification from the FAA by the end of the year to spray fields within line of sight of a safety monitor, which should allow the company to get under way at the banana plantations, given reciprocal recognition by those countries’ aviation authorities.

In the U.S., the largest aerial spraying market in the world with roughly $800 million in annual sales, by the estimate of the National Agricultural Aviation Association, drones have caught on for monitoring the health of crops, but not for applying pesticides, due to crop-spraying drones’ high cost and limited capacities. Pyka sees opportunity with crops like leafy greens and vegetables that need to look good on supermarket shelves – those often are sprayed five to 15 times a year, says Norcia.

Norcia concedes that Pelican will only be 40% as productive as the average manned crop-spraying plane, which carries roughly six times as much chemical as the 625-pound payload electric drone, and traverses fields at much faster speeds (140 mph vs. 80 mph for Pelican) but he says the electric drone will make up for it on the cost side. “It’s an order of magnitude less expensive per hour to run,” he says. Plus he says the robot will be able to apply its payload more accurately and efficiently than a human pilot, flying safely at night, when winds are often gentler, and minimizing drift, which would limit the chemical exposure of people who live by farms.

Andrew D. Moore, CEO of the National Agricultural Aviation Association, says his members will embrace any technology that makes them more efficient, but he says the jury is still out on how precise crop-spraying drones are given the air flow impact of their multiple rotors. The agricultural aviation industry has worked with the EPA for decades to reduce drift and optimize how single-propeller airplanes dispense chemicals, he says, intensively studying their aerodynamics and how to align spraying booms and nozzles. “When claims are made about the precision of UAVs, the research is not there,” Moore says.

Norcia says the design flexibility allowed by lightweight electric motors has enabled Pyka to place its three propellers – one high up on Pelican’s T tail and one on each wing — where they have no measurable impact on the drone’s spray pattern, which he says they’ve studied with top researchers in the field.

Damon Reabe, a third-generation crop sprayer who runs two businesses in Wisconsin that operate eight single-prop Air Tractor AT-502s and a helicopter, says Pyka isn’t taking account real-world problems that may torpedo its efficiency claims.

Pyka says Pelican is capable of spraying 135 acres an hour, landing every 15 minutes to refill its tank and with a battery swap after 45 minutes. Reabe says that means he’d need at least three of the drones to cover the same amount of ground in an hour as he can with a single Air Tractor. Given that each Pelican requires a crew of two (a remote pilot and a ground station operator) and a truck to haul the drone, chemicals and water to the field, Reabe says it sounds like “a logistical nightmare.”

Three trucks means recruiting three workers who hold commercial drivers’ licenses, who Reabe says are tough to recruit for seasonal work, as well as training more people on how to mix and handle the chemicals. And they all have to show up on time in order to get out to the farm for a full day’s work.

Once there, Reabe says it may be harder than Pyka realizes to find space for all that equipment on a busy farm, as well as for Pelican to take off and land, something he says he knows well from his helicopter operation, which also operates from a truck on site.

“I don’t want to disparage their efforts, but there are other problems that need to be solved,” says Reabe, “and once you do that you don’t know that it’s less expensive than putting the pilot in the aircraft.”

Norcia says Pyka’s efficiency case will be bolstered once it’s certified to fly beyond the pilot’s visual line of sight, and down the road a single pilot should be able to oversee multiple Pelicans.

The company says they have a three-year backlog covering the first 80 Pelican deliveries to agriculture aircraft operators.

Other startups are exploring the potential of short-takeoff-and-landing (STOL) airplanes: Electra.aero, founded by UAV pioneer John Langford of Aurora Flight Sciences, is developing a hybrid STOL passenger plane, while Marc Ausman, the chief strategist for Airbus’ shuttered Vahana eVTOL project, is heading a venture called Airflow that aims to build an electric STOL cargo plane.

Fuente de la Información: https://www.forbes.com/sites/jeremybogaisky/2020/10/12/pyka-bets-the-path-to-the-future-of-passenger-planes-runs-through-banana-plantations-in-latin-america/#fbde6d849042

 

 

 

 

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Coinciden Trump y Biden en pronta reapertura de escuelas en EUA

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Trump le pidió explicar supuestas irregularidades en relación a negocios de su hijo Hunter Biden.

Joe Biden y Donald Trump se enfrentaron este jueves en el último debate antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre y coincidieron en la pronta reapertura de escuelas en Estados Unidos cerradas por los contagios de COVID-19.

En el debate ocurrido en la universidad de Belmong en Nashville, ubicada en Tenneseee, el demócrata señaló que creará estándares nacionales para abrir escuelas y comercios. “Voy a encargarme de esto, de asegurarme que tengamos un plan. El no tiene uno”, explicó.

En tanto Trump argumentó que deben abrirse ya que “la tasa de transmisión entre los jóvenes es muy leve. Yo quiero abrir las escuelas, no se puede cerrar el país”.

Trump cuestionó a su rival y le pidió explicar supuestas irregularidades de cuando era vicepresidente entre 2009 y 2017 en relación a negocios de su hijo Hunter Biden.

“Nunca he recibido ni un centavo del extranjero en toda mi vida”, respondió a los señalamientos de los negocios de su hijo en Ucrania y China que el magnate catalogó como “un caso de corrupción importante”.

Biden por otra parte, criticó la política de Cero Tolerancia en 2018 en la que se separó a niños migrantes de sus padres.

“Esos chicos están solos, sin lugar a donde ir. Eso es criminal”, dijo Biden sobre los 545 menores de los que aún no se localiza a sus padres.

Fuente: https://www.adn40.mx/internacional/nota/notas/2020-10-22-21-50/coinciden-trump-y-biden-en-pronta-reapertura-de-escuelas-en-eua

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México: Padres de familia comienzan acciones para pedir la reapertura de escuelas

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A través de la plataforma change.org lanzaron una petición para que las escuelas abran con modalidad mixta y los padres puedan elegir la mejor opción.

Desde que comenzó la reactivación económica del país, han reabierto bares, cines, teatros, casas de apuestas y centros comerciales, sin embargo las escuelas permanecen cerradas desde abril, cuando los menores tuvieron que adaptarse al modelo educativo virtual de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Debido a esto, padres de familia comenzaron a tomar acciones para solicitar la reapertura de instituciones educativas con el objetivo de que los menores puedan continuar sus estudios de manera óptima tomando en cuenta las medidas sanitarias establecidas en el país.

A través de la plataforma change.org, los padres de familia lanzaron una petición para exigir la reapertura de escuelas con la opción de la modalidad mixta que contempla clases presenciales y en línea para que los alumnos “tengan la opción de regresar a sus escuelas, trabajar en equipo y tener interacción social con niños de diferentes edades”.

“Afrontemos el reto que nos presenta la situación actual, tomemos precauciones y medidas de acuerdo a las necesidades de cada familia. Tengamos la libertad de elegir qué es lo adecuado para nosotros”, menciona la petición.

Adicionalmente menciona que “el mundo está lleno de peligros”, por lo que se debe enseñar a los niños y jóvenes a superarlos y no a esconderse. “El tiempo perdido es un despropósito, pero el tiempo perdido en la infancia es una tragedia”, finaliza la petición.

Fuente: https://www.adn40.mx/mexico/nota/notas/2020-10-23-11-04/padres-de-familia-comienzan-acciones-para-pedir-la-reapertura-de-escuelas

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