Por: Tlachinollan
Ataviada con una extravagante prenda de bordados finos y con un porte muy bien cuidado, para mostrarse como una mujer jovial, la presidenta municipal Adela Román Ocampo, con el rostro angustiado, envió un mensaje el pasado jueves 21 de mayo, a las familias acapulqueñas: “estoy profundamente preocupada por la situación que estamos viviendo en nuestro municipio. Lamentablemente (…) el coronavirus se ha extendido en todo Acapulco. La situación es muy grave. El día de ayer el subsecretario el Hugo López Gatell, informó que la pandemia aún va para largo en Acapulco y que no podremos levantar la cuarentana en los próximos días. Es urgente que entendamos el peligro que corremos todas y todos, con esta pandemia (…) En Acapulco, 38 personas han perdido la vida, además hay casi 520 personas contagiadas. Los hospitales se encuentran llegando al 80% de su capacidad, con camas ocupadas por enfermos de coronavirus, y día con día ingresan más personas solicitando atención médica. Dentro de poco, si no logramos detener esta situación, los hospitales de Acapulco, colapsarán y no podrán seguir atendiendo más pacientes (…) Les informo que de los dos centros de incineración que tenemos en el puerto, uno de ellos está llegando a cerrarse y ya no se da abasto con los cadáveres que llegan. Se abrieron por esa razón más fosas en el cementerio, para dar cabida a los cuerpos, que también van llegando en mayor cantidad cada día (…) Guerrero ocupa el tercer lugar en el país, con mayor crecimiento de contagios, y Acapulco, es el centro de esta pandemia en la entidad”.
Este mensaje sintetiza el drama que enfrentamos no solo en el Puerto de Acapulco, sino en el estado de Guerrero. El mismo mapa del COVID – 19 lo ilustra, al mostrar a más del 50%, es decir 47 de los 81 municipios como contagiados, y solo a 11 que se encuentran supuestamente limpios: 5 de la Montaña y 6 de la Costa Chica. Estas cifras oficiales, nos dan una mera aproximación a la realidad devastadora del coronavirus. Mientras no se informe sobre el número de pruebas PCR, que se aplican diariamente en el estado, no podemos tener una radiografía detallada de las personas contagiadas. Solamente en Acapulco y Chilpancingo, existen laboratorios que aplican estás pruebas. Los mismos resultados se obtienen a cuenta gotas, ante las dificultades que existen para llevar y traer las pruebas y los resultados. No sabemos a ciencia cierta cuántas pruebas se han realizado a personas que se encuentran en los once municipios llamados de la esperanza. Lo que podemos afirmar es que son municipios que no cuentan con infraestructura hospitalaria, el poco personal médico y de enfermería que existe tampoco cuenta con equipo necesario para detectar los síntomas del COVID – 19.
Es difícil pensar que las personas de estas comunidades alejadas se mantengan en la inmovilidad. Por el contrario, por información del Concejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, se cuenta con un registro de 2 mil 268 personas que han migrado a los estados de Chihuahua, Baja California, Zacatecas, Sinaloa, Michoacán, Sonora y Guanajuato, principalmente. En un periodo que va del primero de febrero al 20 de mayo del presente año. Han salido mil 108 mujeres y mil 160 hombres. De esta población, la migración infantil representa el 31%. De los niños y niñas de 6 a 12 años, el 23% no esta inscrito en alguna primaria. Los municipios de la Montaña, con mayor expulsión de familias jornaleras son Cochoapa el Grande, con un número de 921 personas que han salido para trabajar a los campos agrícolas; Metlatónoc reporta 229 jornaleras y jornaleros y Tlapa 532. En la región de la Costa Chica, se encuentra Tlacoachistlahuaca con 63 registros, principalmente. Es decir, que estamos ante municipios sumamente pobres cuya población está en constante movimiento ante el estado crítico que enfrentan, a causa de la pobreza extrema.
Recientemente registramos el caso de una madre de familia del pueblo Me’phaa, originaria de Santa María Tonaya, municipio de Tlapa, que fue atendida en un hospital de Fresnillo, Zacatecas, por complicaciones de su embarazo. La operación que le realizaron fue exitosa, sin embargo, cuando estaba en recuperación tuvo un ataque de tos. El personal médico procedió a hacerle la prueba del COVID – 19 y resultó positiva. Hasta el momento desconocemos si sus dos pequeños niños, su esposo y sus suegros, con los que viajó en un autobús de Tlapa al campo Río Florido en Zacatecas, estén también contagiados. Es de gran preocupación esta situación de alta vulnerabilidad, que enfrentan las familias jornaleras, que ante la amenaza del hambre ahora esta el gran riesgo del contagio por el coronavirus.
Por otra parte, en el plano federal las autoridades de salud nos muestran un panorama cargado de cierto optimismo. Para el doctor José Luis Alomía Zegarra, director general de epidemiología, “el incremento en la carga de enfermedad tanto de personas enfermas como hospitalizadas, está dentro de lo proyectado. Esto quiere decir, que, al estar dentro de lo proyectado, está precisamente dentro de lo que se programó y preparó para la atención. Esto se está trabajando directamente con las autoridades, para que haya acceso a la atención médica, y, además, haya camas disponibles”. Refiriéndose al caso de Acapulco comentó que esta localidad se está comportando de acuerdo a lo estimado. Vaticinó que el 30 de mayo es cuando se espera la mayor carga de personas hospitalizadas y sobre todo en la unidad de cuidados intensivos.
Con estos comentarios queremos entender que desde la mirada nacional la situación está controlada, sin embargo, la realidad guerrerense es más compleja de lo que se percibe desde el centro. Lo que sucede en los municipios supuestamente limpios de la Montaña y Costa Chica, es que hay un contagio marcado por esta movilidad humana que no está siendo registrada por las autoridades.
En la Zona Centro, concretamente en el municipio de Eduardo Neri, donde se encuentra la minera Equinox Gold, al siguiente día del anuncio presidencial, sobre el regreso a la nueva normalidad, funcionarios de esta empresa convocaron a los trabajadores subcontratados para que se presentaran a la mina. Este llamado movilizó a 500 trabajadores procedentes de varias comunidades. La empresa diseñó un protocolo de seguridad sanitaria para evitar la propagación del COVID – 19, entre los trabajadores. Sin embargo, la situación se salió de control porque desde el primer momento, en lugar de hacer un llamado progresivo a los trabajadores, se hizo de forma masiva. No previeron los lugares donde iban a instalar los campamentos para que, ahí permanecieran los trabajadores mientras les aplicaban las pruebas de PCR. Hubo comunidades como Carrizalillo, que no permitieron que se quedaran dentro de sus casas, por eso tuvieron que contratar hoteles para asegurar la estancia. En la primera toma de muestra aplicaron 170 pruebas, cuyos resultados fueron sorprendentes porque se reportaron 42 casos de personas contagiadas. Esta situación no solo alertó a la empresa, sino a los trabajadores subcontratados y a los sindicalizados. La preocupación es mayor porque dos superintendentes de la empresa, que han estado dentro de la mina, dieron positivo al COVID – 19. Lo desconcertante es que varias personas eran asintomáticas. Para este viernes se tenía el reporte de 50 personas contagiadas, sin que la empresa haya estado preparada para ponerlos en cuarentena. A todos ellos, los regresó en sus camionetas sin garantizar que se aíslen en los lugares donde permanecerán. Por el momento, las comunidades de Carrizalillo, Xochipala y Mezcala, han tenido que cerrar sus entradas para evitar mayor contagio entre la población que está llegando de otras regiones. Esta situación es grave porque la empresa minera diseñó su protocolo sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades y sobre todo de tomar medidas preventivas para evitar mayores contagios. Ahora resulta que tanto en la mina como en las mismas comunidades el coronavirus ha entrado.
Las autoridades de salud tienen la obligación de atender con urgencia este foco de contagio. Es insuficiente emitir solamente lineamientos generales sobre seguridad sanitaria para estas empresas, se tiene que tomar muy en cuenta a la población, el contexto en que vive sobre todo por los graves daños que ha generado la minería a cielo abierto. En esas comunidades muchas personas padecen de asma y hay una población importante de adultos mayores que no cuentan con la atención médica adecuada. Los protocolos tienen que, en primer lugar, prevenir el contagio al interior de las comunidades y no solo centrarse en la seguridad del negocio minero. La empresa tiene que responsabilizarse de los trabajadores que resultaron positivos, no puede desentenderse de este problema de salud pública donde la actividad minera es sumamente peligrosa para la sustentabilidad ambiental y humana.
Los focos rojos del coronavirus están encendidos a lo largo y ancho del estado, la información que llega filtrada por las autoridades de salud, no está ayudando para que la población dimensione que los riesgos inminentes del contagio se han multiplicado y diversificado. Las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen que coordinarse mejor y estar pulsando la multiplicidad de problemas que se están presentando en las diferentes regiones. Hoy es la prueba máxima que tienen enfrente, de lo contrario, el malestar de la sociedad se desbordará y el colapso será inminente.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-el-colapso/
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