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América Latina ante la inteligencia artificial

Por: Juan Manuel García

Cierra el 2023 con muchas novedades en cuanto a la regulación de la implementación de sistemas de inteligencia artificial (IA). En esta columna, repasamos un poco de la trayectoria normativa latinoamericana: desde las estrategias de IA, hasta la revisión de algunos de los proyectos de ley que se discuten actualmente en algunos países de la región.

Alineada con las tendencias internacionales, América Latina ha hecho esfuerzos significativos por desarrollar principios y reglas para la inteligencia artificial (IA). En un primer momento, múltiples gobiernos desarrollaron instrumentos regulatorios a partir de la creación de estrategias, planes, o la adhesión a principios internacionales como los Principios de IA de la OCDE o los Principios de la Ética de la IA de UNESCO. Sin embargo, cambios de gestión gubernamental interrumpieron algunas de estas iniciativas, dada su relativa institucionalidad.

De manera paralela a la elaboración de estos instrumentos, la región también comenzó procesos para legislar sobre la implementación de IA a nivel parlamentario. Tales procesos no involucran prerrogativas emanadas desde el poder ejecutivo. En cambio, al estar en manos del poder legislativo, demandan un debate entre parlamentarios y, con ello, la creación de consensos políticos que estén en sintonía con los entramados normativos nacionales.

A continuación, repasamos la trayectoria normativa latinoamericana: desde las estrategias de IA de algunos países, hasta la revisión de algunos de los proyectos de ley que se discuten actualmente.

Estrategias de IA

Uno de los hitos que marca el inicio del proceso de regulación de la IA se encuentra en las estrategias y planes de IA publicadas entre 2019 y 2021 por gobiernos como los de Argentina, Brasil, México y Uruguay. Estas acciones fueron impulsadas desde los poderes ejecutivos de la región y buscaron dar un marco de referencia para el uso de este tipo de tecnologías.

Aun cuando, en varios casos, dichas políticas contemplaron una etapa de consulta pública, hemos identificado algunas falencias de los Estados en garantizar una discusión plural e inclusiva de forma efectiva al definir prioridades estratégicas en IA. Entre ellas están la falta de inclusión efectiva de grupos históricamente marginalizados y de mecanismos de transparencia que permitan comprender de qué manera se consideraron los comentarios presentados.

Algunas de estas iniciativas no encontraron continuidad para su implementación y, además, fueron criticadas por su falta de rumbo por defectos en la coordinación o ausencias de líneas de acción claras como para llevar el título de “estrategias”. Es que estas políticas, pese a basarse en procesos participativos y antecedentes internacionales como los Principios para la IA de la OCDE, fueron plasmadas en resoluciones administrativas –en buena parte de los casos– con una solidez institucional relativa. Además, carecían de métricas claras que permitieran el monitoreo de su implementación.

Así, estas limitaciones otorgaron mayor relevancia al debate legislativo. A la vez, y contando sus imperfecciones, la discusión y la posterior formulación de estas estrategias sentaron un precedente para los debates parlamentarios.

Discusiones legislativas para la regulación de la IA

Brasil

Desde 2019, han sido presentados muchos proyectos de ley en materia de IA. Los principales fueron los PLs 5.051/201921/2020, y 872/2021. En 2021, la Cámara de Diputados brasileña aprobó el PL 21/2020, que contiene disposiciones sustentadas más en principios que en prerrogativas específicas, y que ha sido motivo de críticas por parte de la sociedad civil. A contar de la llegada de este proyecto en el Senado Federal, fue establecida una comisión de juristas para lograr un proyecto unificado, en conjunto con otros ya en tramitación en esta casa legislativa.

El extenso reporte final presentado por la comisión resultó en el desarrollo de un cuarto proyecto de ley, el PL 2338/23, presentado por el presidente del Senado y actualmente en discusión paralela a los demás proyectos sobre IA. Pese a que fue ideado como una continuidad de las discusiones previas, el PL 2338/23 guarda importantes diferencias con relación al proyecto aprobado por la Cámara.

Influenciado por los debates alrededor del AI Act europeo, el PL 2338/23 presenta un enfoque fundamentado en riesgos, en función de una tipología establecida en el proyecto mismo, además de crear derechos y determinar la creación de una autoridad centralizada de IA que debería ser apuntada por el Poder Ejecutivo y trabajada en conjunto con las demás autoridades sectoriales. Sobre el modelo de riesgos, el PL determina que, a mayor riesgo, mayores las obligaciones que corresponden a quien implemente este tipo de tecnologías. El proyecto es apoyado por la Coalición de Derechos en la Red, que lo considera un paso importante hacia el equilibrio entre el establecimiento de derechos y herramientas de gobernanza.

Chile

La discusión parlamentaria se centra en el Boletín 15869-19: un proyecto de ley que regula los sistemas de IA la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación. El mismo ingresó en la Cámara de Diputados durante abril de 2023 y se encuentra en “primer trámite constitucional”, que es la forma en la que Chile denomina el proceso de discusión de un proyecto de ley donde fue presentado originalmente, sea en la Cámara de Diputados o en el Senado.

Tal como señala el texto en sus “considerandos”, el proyecto adopta un sistema de riesgos basado en la discusión existente en el parlamento de la Unión Europea. El proyecto contempla la creación de una Comisión Nacional de Inteligencia Artificial, y establece obligaciones para desarrolladores, proveedores y usuarios de sistemas de IA. Además de este proyecto, hay dos iniciativas, de orden punitivo, que buscan modificar el Código Penal. Se trata de los boletines 15935-07, para sancionar el mal uso de la inteligencia artificial (ingresado el 15 de mayo de 2023) y el 16021-07, que busca incorporar, como circunstancia agravante de la responsabilidad, el uso de inteligencia artificial en la comisión de un delito (ingresado el 13 de junio de 2023).

Costa Rica

El proyecto costarricense, que tomó cierta notoriedad en distintos medios por comenzar con una introducción realizada por ChatGPT, se encuentra en discusión en la Comisión de Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, órgano unicameral del Poder Legislativo. Este proyecto, en trámite bajo el Expediente 23771, afirma desde su primer artículo su foco en la “protección y promoción de la dignidad, los derechos humanos y el bienestar de la persona humana”.

Si bien el proyecto habla de la existencia de riesgos, su abordaje no establece una tipología como los proyectos mencionados anteriormente. Su Capítulo VII se enfoca particularmente en la “Protección de los Derechos Humanos en la Regulación de la Inteligencia Artificial”, donde se establecen disposiciones sobre no discriminación, privacidad y protección de datos personales, transparencia y explicabilidad, acceso a la justicia, entre otras. El proyecto obliga a desarrolladores y usuarios de sistemas de IA a realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos antes de su implementación. Estas evaluaciones, afirma el proyecto en su artículo 16, “deberán identificar y mitigar los posibles riesgos y efectos negativos en los derechos fundamentales de las personas”.

Rumbos posibles

La existencia de estos proyectos de ley no implica que vayan a ser aprobados tal como fueron formulados, o que presenten una continuidad en el debate parlamentario con regularidad. Sin embargo, presentan instrumentos que pueden modificar la gobernanza de estas tecnologías, como la creación de autoridades específicas o la obligación de generar evaluaciones de impacto.

También cabe resaltar la influencia que tienen en el debate parlamentario iniciativas internacionales como el proyecto de ley de Inteligencia Artificial del parlamento europeo, la IA Act, cuyo enfoque basado en riesgos sirvió de inspiración para la creación de algunos de los proyectos mencionados. La sanción de esta ley, aún en discusión, puede modificar el panorama y sentar un precedente de gran influencia para otros países latinoamericanos.

Por último, es necesario destacar que, más allá de estrategias y proyectos de ley específicos, la gobernanza de la IA incluye un conjunto de normas e instituciones que abarcan, incluso, el acceso a la información y la protección de datos, entre otras, que son cruciales para garantizar transparencia en su implementación y el respeto a los derechos de las personas potencialmente afectadas negativamente por ella. En ese sentido, es llamativo que países que aún no cuentan con marcos de protección de datos adecuados intenten legislar sobre IA.

Frente al avance de las discusiones internacionales sobre la regulación de IA, es fundamental que legisladores y legisladoras de América Latina estén atentas a las recomendaciones emitidas por autoridades y órganos de derechos humanos. Probablemente, 2024 sea un año donde estas discusiones avancen de la mano los avances tecnológicos en la potencialidad de estas tecnologías, sobre las que vemos novedades día a día. Estaremos atentos, monitoreando la evolución de los debates a nivel nacional.

Fuente: https://www.derechosdigitales.org/22881/america-latina-ante-la-inteligencia-artificial-mapeo-de-iniciativas-regulatorias-en-la-region/

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La mayor amenaza para las universidades de EE UU

Un informe detalla la toma de puestos administrativos y de supervisión clave por parte de personas designadas partidistas y la creciente presión sobre los miembros del profesorado para limitar la enseñanza.

La mayor amenaza para las universidades estadounidenses

Un informe detalla la toma de puestos administrativos y de supervisión clave por parte de personas designadas partidistas y la creciente presión sobre los miembros del profesorado para limitar la enseñanza

Estos son tiempos preocupantes para la educación superior estadounidense. Por un lado, algunos estudiantes de un puñado de universidades de élite han hecho duras declaraciones antiisraelíes, algunos cruzando la línea hacia el antisemitismo declarado, y algunos rectores de universidades han sido tímidos y torpes en sus respuestas. Sin embargo, por feos que hayan sido estos acontecimientos, no hay muchas razones para creer que la calidad de la educación en estas instituciones (que, en cualquier caso, representan una pequeña fracción de la matrícula universitaria de Estados Unidos) esté seriamente amenazada.

Por otro lado, el Sistema Universitario Estatal de Florida, que tiene más de 430.000 estudiantes, está bajo un intenso ataque político por parte del gobierno republicano del estado. La Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios publicó recientemente un informe titulado “Interferencia política y libertad académica en el sistema de educación superior pública de Florida”, que detalla la toma de puestos administrativos y de supervisión clave por parte de personas designadas partidistas y la creciente presión sobre los miembros del profesorado para evitar enseñar cualquier cosa que pueda considerarse un despertar. Es casi seguro que este ataque político degradará la calidad de la educación superior para un gran número de estudiantes, algo de lo que hablaré más adelante.

Pero primero, hagamos la pregunta obvia: ¿Cuál de estos dos temas educativos ha estado absorbiendo nuestra atención colectiva y cuál ha pasado mayormente desapercibido?

Tu sabes la respuesta.

Consideremos: la matrícula total de estudiantes universitarios en Estados Unidos es de unos 20 millones; Alrededor de 70.000 de estos estudiantes están en las Ivies, (las universidades de la Ivy League en los Estados Unidos), es decir, las ocho universidades privadas de prestigio y alto rendimiento académico del país, y sólo un poco más de 7.000 en Harvard.

Es cierto que somos una sociedad mucho más elitista y clasista de lo que nos gustaría admitir y que los graduados de instituciones de élite tienen una enorme influencia en la vida pública. (Revelación completa: no fui a Harvard; rechazaron mi solicitud, pero, como resultado, me vi obligado a obtener mi título de licenciatura en, Yale.) Pero incluso dada esta influencia, yo diría que prestamos demasiada atención a las instituciones que educan a tan pocos estadounidenses y que son tan poco representativas del escenario educativo nacional.

Una vista del campus de Harvard en John F. Kennedy Street en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, EEUU REUTERS/Fe NinivaggiUna vista del campus de Harvard en John F. Kennedy Street en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, EEUU REUTERS/Fe Ninivaggi

¿Qué explica esta desproporcionalidad? Hasta cierto punto, se debe a que las personas que dan forma al discurso público suelen ser ellos mismos graduados de instituciones de élite. Hasta cierto punto, es una consecuencia de la cultura de las celebridades: un enfoque en los estilos de vida de los que pronto serán ricos y famosos.

Para ser claros, el resurgimiento del antisemitismo entre algunas facciones de la izquierda política es realmente inquietante. Hay personas con puntos de vista desagradables, tanto antidemocráticos como antisemitas, tanto en la izquierda como en la derecha. Si bien los politólogos a menudo critican la teoría de la herradura de la política, que dice que la extrema izquierda y la extrema derecha pueden parecerse más entre sí de lo que cualquiera de ellas se parece al centro político, siempre he encontrado esa teoría plausible.

Y no voy a poner excusas para los presidentes de universidades que tergiversan este tema. Después de todo, guiar sus instituciones a través de campos minados intelectuales y políticos es, en gran medida, trabajo de estos presidentes.

No obstante, es crucial mantener un sentido de perspectiva. Puede que la extrema izquierda no sea moralmente mejor que la extrema derecha. Pero en Estados Unidos la extrema izquierda casi no tiene poder político, mientras que la extrema derecha controla una cámara del Congreso y varios estados.

Lo que me lleva de regreso a las universidades de Florida.

El informe de la A.A.U.P. (American Association of University Professors) o lo que viene a ser en español la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios, entra en detalles considerables sobre las acciones legales y administrativas tomadas por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, y sus designados hasta el momento. Pero el panorama general es que la educación superior pública se ha convertido en un frente clave en la “guerra contra el despertar” de DeSantis.

El candidato presidencial republicano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. REUTERS/Brian Snyder/Foto de archivoEl candidato presidencial republicano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. REUTERS/Brian Snyder/Foto de archivo

¿Qué cuenta como despierto? La respuesta no está clara, pero esa falta de claridad es, en cierto modo, el punto. Enseñar a los estudiantes cualquier cosa que pueda considerarse políticamente liberal o progresista podría interpretarse como un despertar. Según el informe, a un profesor de Florida “le dijeron que no enseñara que la Guerra Civil fue un conflicto por la esclavitud”, una propuesta con la que, por ejemplo, Ulysses S. Grant, que sabía algo al respecto, no estaría de acuerdo. Esta resbaladiza crea un clima de miedo que inhibe la enseñanza de muchas materias y parece estar expulsando a algunos de los mejores profesores del sistema.

Y cualquiera que imagine que existen límites claros sobre hasta dónde puede llegar la intimidación (oye, tal vez sea un problema para las ciencias sociales y la historia, pero la ciencia dura es segura) está siendo ingenuo. ¿Realmente le resulta difícil imaginar que se presione a los profesores para que dejen de presentar pruebas del cambio climático provocado por el hombre?

Entonces, sí, mantengamos a raya a los presidentes de universidades cuando cometen un error en un tema importante. Y denunciemos los llamados a la violencia vengan de donde vengan. Pero centrémonos también en la mayor amenaza a nuestro sistema de educación superior, que no proviene de estudiantes activistas de izquierda sino de políticos de derecha.

https://www.infobae.com/america/the-new-york-times/2023/12/15/la-mayor-amenaza-para-las-universidades-estadounidenses/

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México: Magisterio, en «postración» de la disidencia ante la estructura oficial: Miguel Guerra

A pesar de que el magisterio crítico y opositor hizo contribuciones importantes, hoy están en riesgo de que siga la postración y no se opongan a decisiones que toman los líderes seccionales.

La disidencia magisterial dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y dentro de los gremios estatales de la educación se mantiene postrados ante las dirigencias que, cada vez con mayor libertad, toman decisiones sin ser cuestionadas.

Por eso, Miguel Guerra Castillo, vocero del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), aseveró que, a pesar de que el magisterio crítico y opositor hizo contribuciones importantes, hoy están en riesgo de que siga la postración y no se opongan a decisiones que toman los líderes seccionales.

Ante esa situación, dijo, hubo destacados dirigentes de la disidencia en el pasado que jugaron un papel importante para que las autoridades en turno no tomarán decisiones radicales como la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) en tiempos del expresidente Enrique Peña Nieto.

En ese momento, en el Estado de Puebla hubo una oposición real a ese proyecto producto del modelo neoliberal y ese sentir magisterial se conjuntó en la disidencia magisterial que, con el paso del tiempo se confrontó internamente y empezaron con una lucha de poder ante los gobiernos estatal y federal.

Los que se opusieron a esas medidas dentro de la ACE, recordó, lucharon organizados en contra de los acuerdos que tomaron entre la presidencia de la república y la ex líder nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales.

Y es que dentro de los factores por los que se opusieron a la ACE estaba el hecho de que exigían hacer públicos los resultados de las evaluaciones, cuyos resultados tenían que ser presentados en escuelas, en los Estados y a nivel nacional.

A decir de las autoridades federales y de la dirigencia del SNTE, el objetivo central de la ACE era generar una amplia movilización de todos los sectores a favor de la educación en el país, con la finalidad de que la sociedad sea la que vigilara los compromisos que reclamaban la transformación del sistema educativo nacional.

Guerra Castillo, afirmó que, la disidencia magisterial se apagó porque sigue pesando la influencia de una corriente sindical arrolladora, reformista y oportunista, y porque no se formó conciencia de lucha a través de los años, “no se ha formado conciencia”.

El vocero del CDMP explicó que hay inercia y no hay fuerzas organizadas, aunque aparecen algunas expresiones nuevas que son formas de organización desde el centro, “no son expresiones de luchas concretas, significativas ni políticas, aunque el magisterio contribuye, pero no hay una gran fuerza organizada”.

Hay riesgo y posibilidades de disminuir la disidencia, dijo, pero también hay un riesgo para el magisterio al hacerlo, por ejemplo, que abona el atraso en los derechos del magisterio, que redunda en la influencia en el terreno de la educación que el sindicato ha tenido a través de los años, desde 1943.

“Es una gran cantidad de años y hubo tiempos en los que contribuyó a exigir, a luchar porque la educación cumpliera con los objetivos que señala la Constitución en el artículo tercero”, pero ahora, no se observan esas luchas.

Fuente:  https://intoleranciadiario.com/articles/educacion/2023/12/15/1019762-magisterio-en-postracion-de-la-disidencia-ante-la-estructura-oficial-miguel-guerra.html

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PISA 2022: los factores asociados a los resultados educativos

Por: Erick Juárez Pineda

Resulta urgente atender todas aquellas condiciones en las que se ejerce el derecho a la educación

Los resultados negativos de México en la prueba PISA no son nuevos. Se explican por la intervención de diversos factores que van más allá del actual contexto: las precarias condiciones en las que se ejerce el derecho a la educación, una urgente y verdadera revalorización del magisterio, la atención prioritaria a las secuelas que trajo las crisis sanitaria y la nula continuidad de las políticas educativas.

Para atender esta situación, se requieren diversas acciones conjuntas y coordinadas que, desafortunadamente, parecen imposibles de atender.

En primer lugar es fundamental darle continuidad a las políticas públicas. Los proyectos educativos no tienen una lógica transexenal y pareciera que están subordinados a las lógicas partidistas y electorales. En los últimos tres gobiernos, las reformas al artículo 3 de la Constitución, las diversas leyes y reglamentos han sido completamente distintos y no existió posibilidad alguna de rescatar y fortalecer aquellos programas o acciones que daban buenos resultados.

Posteriormente, resulta urgente atender todas aquellas condiciones en las que se ejerce el derecho a la educación, pues la gran inequidad en la que alumnos y docentes se desarrollan influye directamente en los procesos de enseñanza aprendizaje. Seguimos viendo alumnos con necesidades básicas de vestido, alimentación y hogar seguro; además de escuelas que no cuentan con infraestructura necesaria para su operación como techos, agua, drenaje o instalaciones eléctricas.

Finalmente, no se debe dejar atrás la promesa de una verdadera revalorización del magisterio. Esto no solo significa revisar los salarios y prestaciones, sino establecer acciones pertinentes de formación y profesionalización docente.

Si bien, la prueba PISA resulta ser una evaluación estandarizada que no toma en cuenta los contextos en los que se aplica, sí es un buen termómetro que nos da indicios para saber cómo estamos, cómo hemos avanzado o retrocedido y cuál es nuestra posición frente al mundo.

Fuente de la información e imagen:  https://profelandia.com

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Un acercamiento a PISA 2022: El caso de México

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

 

La prueba PISA es relativamente valiosa porque evalúa, sobre todo, aspectos cognitivos, pero deja de lado otros aspectos clave de la educación

 

Este 5 de diciembre, 2023, se dieron a conocer los resultados de la aplicación de la prueba estandarizada y muestral del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés), que es un ejercicio que realiza cada tres años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), popularmente conocido como el club de los países ricos.

Los instrumentos de este programa permiten evaluar el uso de los aprendizajes (conocimientos y habilidades cognitivas estratégicas en formato de “competencias”), de los estudiantes de 15 años de diferentes países, mismos que han sido diseñados por la dirección de Educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según los documentos oficiales de esta evaluación internacional, “PISA ayuda a identificar las características de los sistemas educativos de mayor rendimiento, lo que puede permitir a gobiernos y educadores reconocer políticas efectivas que pueden adaptar a sus contextos locales”. (Informe 2015, versión digital).

La prueba PISA se aplica a estudiantes que se encuentran al término de la educación secundaria o en la fase inicial del bachillerato. Se parte de la premisa de que, al evaluar a estos estudiantes, se tendrían elementos para retroalimentar a los sistemas escolares, específicamente, de la educación básica de las naciones miembros de la OCDE y de otros países participantes de la prueba.

PISA indica que “La evaluación no determina únicamente si los estudiantes pueden reproducir lo que han aprendido, sino que también examina cómo pueden extrapolar lo que han aprendido (aprendizaje significativo por transferencia) y aplicar ese conocimiento en circunstancias desconocidas, tanto dentro como fuera de la escuela. Este enfoque refleja el hecho de que las economías modernas recompensan a los individuos no por lo que saben, sino por lo que pueden hacer con lo que saben”. (p. 3 del Informe 2015, versión digital).

Para el caso de México, si esta evaluación PISA fue aplicada en 2022, a estudiantes de 15 años, entonces éstos debieron haber iniciado preescolar a los 4-5 años, en 2011-2012, y la primaria en 2013. Por lo tanto, ellas y ellos transitaron la educación básica durante los dos recientes sexenios. Ese antecedente es importante considerarlo en la interpretación de los datos.

Análisis que aparece en el documento PISA (2022) sobre los datos publicados para el caso de México (intercalo algunas preguntas):

1) “Los resultados promedio de 2022 fueron inferiores en comparación con 2018 en matemáticas y ciencias, y aproximadamente los mismos que en 2018 en lectura.” ¿Significa que en habilidades de comprensión de lectura la variable «confinamiento por pandemia» no influyó de manera crítica o determinante en estos resultados?

2) “En matemáticas, la reciente caída (2018-2022) revirtió la mayoría de los avances observados durante el período 2003-2009, y las puntuaciones promedio se acercaron a las observadas en 2003 o 2006. En lectura y ciencias, solo pequeñas, y en su mayoría no significativas. A largo plazo se observaron fluctuaciones en torno al promedio histórico. Los resultados más recientes de PISA no difieren significativamente de los observados diez años antes, en 2012.”

3) “Durante el período más reciente (2018 a 2022), la brecha entre los estudiantes con puntuaciones más altas (10% con las puntuaciones más altas) y los estudiantes más débiles (10% con las puntuaciones más bajas) se redujo en matemáticas, mientras que no cambió significativamente en lectura y ciencia. En matemáticas, casi todos los estudiantes se debilitaron, pero los de alto rendimiento disminuyeron más que los de bajo rendimiento.” ¿Se consideran las historias de vida escolar (tipo de sostenimiento y organización de la primaria cursada, por ejemplo) de las y los estudiantes que participan en la prueba, independientemente de la condición socioeconómica?

4) “En comparación con 2012, la proporción de estudiantes con calificaciones inferiores a un nivel básico de competencia (Nivel 2) aumentó en 11 puntos porcentuales en matemáticas; aumentó cinco puntos porcentuales en lectura; y no cambió significativamente en la ciencia.” ¿Cuál es la causa estructural de este resultado, específicamente en la resolución de problemas de ciencias naturales y tecnologías?

5) «Resiliencia educativa»: «Alrededor del 12% de los estudiantes desfavorecidos en México lograron obtener puntajes en el cuarto superior del desempeño en matemáticas. Estos estudiantes pueden considerarse académicamente resilientes porque, a pesar de su desventaja socioeconómica, han alcanzado la excelencia educativa en comparación con los estudiantes de su propio país. En promedio en la OCDE, el 10% de los estudiantes desfavorecidos obtuvieron calificaciones en el cuarto superior del rendimiento en matemáticas en sus propios países

6) Importancia de la educación preescolar, según el documento PISA (2022): «En México, el 98% informó que había asistido a educación preescolar durante un año o más (promedio de la OCDE: 94%). En promedio en los países de la OCDE, los estudiantes que habían asistido a educación preescolar durante un año o más obtuvieron puntuaciones más altas en matemáticas a la edad de 15 años que los estudiantes que nunca asistieron o que habían asistido durante menos de un año, incluso después de tener en cuenta los factores del nivel socioeconómico.» Ello no debe hacernos olvidar que en México aún no se ha logrado la meta de atención universal en preescolar, es decir, para niñas y niños entre los 3 y los 6 años.

Una vez mostrado lo anterior, ratifico algunas reflexiones y observaciones críticas que he externado en este mismo espacio y en diferentes tiempos, tanto en 2019 como en 2021 (ver referencias al final de este texto) sobre el valor de la prueba PISA para la toma de decisiones en el ámbito de las políticas públicas educativas:

En prime lugar, hay que decir que esta evaluación hay que tomarla con extrema cautela. Aparte de la variable “confinamiento por pandemia”, las evaluaciones estandarizadas y diseñadas mediante métodos muestrales rigurosos no dejan de ser relativas y limitadas. Como lo dijera alguna vez un profesor de estadística: Las evaluaciones estandarizadas y por muestra nos dan una fotografía o una imagen verdadera, pero superficial. Es como tratar de conocer profundamente una ciudad a través de fotografías captadas desde un puente peatonal.

En comentarios sobre ediciones anteriores de PISA me pronuncié, por ejemplo, en torno al valor relativo de los datos presentados por la OCDE (PISA, 2015 y 2018), en el sentido de que los “rankeos” (ordenamientos por puntuaciones entre países) resultan ser verdaderas simplificaciones de la complejidad educativa que viven las naciones y sus sistemas-centros educativos locales. Por lo tanto, hay que mantener en duda la razón de fondo y las intencionalidades de los llamados “rankeos”.

Sobre las limitaciones y falta de profundidad acerca de lo educativo en la prueba PISA, me he preguntado: ¿Acaso no hay otros procesos de aprendizajes escolares que, hasta el momento, no han sido evaluados por esos proyectos internacionales y nacionales de evaluación tales como los aprendizajes generados a través de la educación artística, la educación física, la formación cívica y ética o la formación en ciencias sociales y humanas?

Más que pensar en las evaluaciones educativas de las y los jóvenes para el mundo del trabajo y para insertarlos a los círculos de la mercancía (con visión instrumental) ¿no sería conveniente evaluar los procesos educativos, formativos y aprendizajes que están implicados a lo largo de la vida?

Por otra parte, la visión “economicista” de la Prueba PISA es quizá uno de sus inconvenientes principales, que han sido, por cierto, señalados por especialistas críticos de diferentes partes del mundo, porque dicha prueba o instrumento no evalúa otro tipo de conocimientos o habilidades cognitivas distintas de aquellas que son identificadas como del tipo “llave” (key skills), en el enfoque de las llamadas “competencias educativas” (que pueden ser evaluadas por su desempeño o logro en términos de resolución de problemas).

Tanto la versión 2018 como la de 2022 de PISA se han dado a conocer en contextos complejos de cambios sociales importantes, a nivel global, que tienden a agudizarse no sólo en los planos de la cultura, la evolución vertiginosa de las tecnologías (sobre todo de la información y la comunicación); el cambio climático y las dificultades económicas en todas la latitudes, sino que, además, los informes se presentan en medio de otros conflictos sociales no registrados en los reportes anteriores como la migración de sectores sociales vulnerables y desplazados por conflictos étnicos, religiosos, políticos o socioeconómicos; por las guerras o conflictos armados regionales, y por los problemas generados por la discriminación y la violencia locales, entre otros.

PISA reconoce al respecto que “En promedio, en los países de la OCDE en 2018, el 13% de los estudiantes tenían estatus de inmigrantes, en comparación con el 10% en 2009. Los estudiantes inmigrantes obtuvieron un promedio menos bueno en lectura, alrededor de un año de escolaridad.”

La prueba PISA es relativamente valiosa porque evalúa, sobre todo, aspectos del desarrollo cognitivo (“competencias lectoras y desempeños mediante resolución de problemas matemáticos y de otras ciencias”), pero deja de lado otros aspectos clave de la educación escolarizada como son el desarrollo físico, las interacciones sociales, el trabajo en equipo y los “climas” de relaciones sociales entre los diferentes actores que conviven en la escuela.

Textos recuperados y recomendados:

PISA 2018: Cinco reflexiones”, SDP Noticias, 4 de diciembre, 2019. https://www.sdpnoticias.com/columnas/pisa-2018-cinco-reflexiones.html

Una crítica metodológica de las evaluaciones PISA”, SDP Noticias, 7 de mayo, 2021.

https://www.sdpnoticias.com/columnas/juan-carlos-miranda-arroyo-una-critica-metodologica-de-las-evaluaciones-pisa.html

Fuente de la información e imagen:  https://profelandia.com

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Estados Unidos: Docentes se declaran en huelga en la Universidad Estatal de San Francisco

El sindicato busca un aumento del 12% en un año. CSU, el sistema universitario más grande del país, ofrece un aumento del 15% en tres años, según funcionarios de la CFA.

Tocando tambores y cantando, cientos de profesores y simpatizantes de la Universidad Estatal de San Francisco en huelga se reunieron el martes frente a la oficina del rector de la universidad para exigir mejores salarios y mejoras en las cargas de trabajo que consideran inmanejables.

«Los miembros del sindicato están en huelga por mejores salarios, equidad salarial, cargas de trabajo manejables, una mayor proporción de consejeros por estudiantes, ampliación de la licencia parental y otros beneficios», afirmó un comunicado de prensa del sindicato California Faculty Association.

Para los maestros de medio tiempo, que aseguran son más del 40% del total, piden que les den $10,000 más.

«Si el promedio que ganamos son $55,000 al año, que en California no se puede vivir con $55,000 al año», indicó Antonio Gallo, Mmestro de medio tiempo.

La huelga fue organizada por miembros de la CFA y fue precedida por una huelga de compañeros profesores de la Universidad Politécnica del Estado de California, Pomona, el lunes.

Los profesores en huelga también criticaron un plan de los administradores de SFSU para recortar hasta 300 puestos de profesores y posiblemente 600 clases el próximo semestre. Sin embargo, la universidad dijo que esto se debe a la disminución de la matrícula.

«Los profesores no titulares de CSU son algunos de los educadores peor pagados del estado; necesitan un aumento de capital para sobrevivir», dijo Brad Erickson, presidente del capítulo SFSU de CFA. «Nuestros miembros han visto cómo gastos como el alquiler, la comida y el cuidado de los niños aumentan en dos dígitos; necesitamos un 12% para alcanzar el equilibrio con la inflación».

Además piden una licencia de maternidad superior a las seis semanas que tienen, y aseguran que en algunas universidades pueden ser hasta 24.

El sindicato ha propuesto recortes en el presupuesto ejecutivo y de gestión, que según ellos supera a todos los demás grupos de empleados, y criticó un aumento del 66% desde 2020 en el salario del rector del CSU, así como aumentos en los salarios de los presidentes de los campus del CSU.

«Van a luchar hasta conseguir un contrato justo», dijo el presidente de la CFA, Charles Toombs, en un mitin celebrado durante la huelga. «Necesitamos aumentos salariales; necesitamos que se le levante el piso a la mayoría de nuestro personal docente».

«SF State respeta los derechos laborales de los empleados», dijo Kent Bravo, portavoz de SFSU. «Todas las negociaciones laborales se llevan a cabo centralmente en la oficina del Canciller del CSU y tenemos la esperanza de que el CSU llegue a un acuerdo con el CFA como lo ha hecho con otros sindicatos».

Se espera que los profesores de CSU Los Ángeles y Sacramento State hagan huelga el miércoles y jueves, respectivamente.

Docentes se declaran en huelga en la Universidad Estatal de San Francisco

 

 

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Huelga en The Washington Post

Más de 700 trabajadores sindicalizados del diario estadounidense The Washington Post realizarán hoy una huelga de 24 horas contra los recortes de personal en la redacción y a favor de mejoras salariales.

Los participantes hicieron una petición ayer de que durante 24 horas a partir del jueves 7 de diciembre «por favor, no interactúen con ningún contenido del The Washington Post», incluida la lectura impresa y en línea del venerado periódico, escuchar podcasts, ver vídeos o completar el crucigrama.

 

Periodistas y miembros del personal organizaron el paro laboral para llamar la atención sobre estos problemas, en particular la negativa de la gerencia a «negociar de buena fe» y ofrecer un contrato justo a los miembros del Washington Post News Guild.

 

«Durante 18 meses, los miembros de nuestro sindicato, el Post Guild, han tratado de negociar un contrato más justo para todos nosotros», escribió el gremio a los lectores.

 

«Pero la gerencia se ha negado a negociar de buena fe y repetida e ilegalmente, cerró negociaciones sobre temas clave”, como la equidad salarial, aumentos que siguen el ritmo de la inflación y de nuestros competidores, políticas de trabajo remoto y apoyo a la salud mental entre otros.

 

En las redes sociales, el sindicato detalló sus demandas y las contrastó con las ofertas de la dirección en las negociaciones más recientes.

 

El Post Guild solicitó aumentos del cuatro por ciento anual durante tres años para ayudar al personal a mantenerse a sí mismos y a sus familias en medio de la inflación y el aumento del costo de vida.

 

Sin embargo, la dirección ofreció solo el 2,25 por ciento en el primer año y el dos por ciento en el segundo y tercer año del contrato.

 

“Nuestra huelga de 24 horas comenzó. Por primera vez en 50 años, @washingtonpost empleados abandonan sus puestos de trabajo porque nuestra empresa se niega a negociar de buena fe y viola la ley”, publicó el sindicato en X.

 

El periódico es propiedad del fundador de Amazon, Jeff Bezos, actualmente la tercera persona más rica del mundo con un patrimonio neto de 167 mil 800 millones de dólares.

 

Según los reportes, el medio de prensa también dijo que no ofrecería garantías de atención a la salud mental y que tiene «poder absoluto para exigir regresar a la oficina a tiempo completo en cualquier momento».

 

El sindicato había pedido la continuación del actual acuerdo de trabajo híbrido para permitir al personal trabajar desde cualquier lugar durante cuatro semanas al año.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/2023/12/07/huelga-en-the-washington-post

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