Por: Abel Barrera Hernández

Desde la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968, al 26 y 27 de septiembre de 2014 con la desaparición de 43 estudiantes normalistas y 3 de sus compañeros asesinados, la tónica gubernamental es la misma: No hay verdad ni justicia. La alternancia política mantiene intocado el hilo indeleble de la impunidad. Los gobiernos conservadores y progresistas no han marcado su distancia ni han demostrado que son diferentes: protegen a los autores intelectuales y materiales de las graves violaciones a los derechos humanos que arrastran una enorme cauda de personas desaparecidas, ejecutadas, torturadas, desplazadas, encarceladas en instalaciones militares y arrojadas al mar.

Los múltiples agravios que han dejado una honda huella en nuestro país nos remiten a períodos siniestros gobernados por presidentes de la república que se asumieron como los jefes supremos de la represión. Manuel Ávila Camacho firmó un decreto en el que suspendió las garantías individuales en el marco de la conflagración mundial. Desde entonces se desencadenaron violentas represiones por parte del régimen priista contra sindicatos de salud, contra los movimientos mineros en 1951, la represión encarnizada contra el Movimiento Revolucionario Magisterial y el combativo movimiento ferrocarrilero.

En Guerrero, Raúl Caballero Aburto reprimió al movimiento estudiantil y social de 1960, dejando un saldo de 19 asesinados, 37 heridos y la detención de más de 400 manifestantes. El 18 de mayo de 1967 se consuma la matanza en Atoyac y el 20 de agosto la matanza de los copreros en Acapulco. La escalada represiva se expandió en todo el país. El 2 de octubre de 1968 se da el “genocidio” en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

En opinión de Félix Hernández Gamundi, ex líder estudiantil, el movimiento de 1968 inició el proceso de ruptura con el viejo régimen encabezado por los neo priistas y tiene un halo que ha durado décadas. La orientación del pliego petitorio fue capaz de detonar un proceso de pensamiento político nuevo en el país. Desde el fin de la segunda guerra mundial, de 1945 y 1968 el gobierno mexicano se había hecho cada vez más autoritario y represor contra el movimiento campesino, obrero, estudiantil, contra los médicos, ingenieros, trabajadores petroleros, telegrafistas.

A pesar de que el 68 se considera un movimiento estudiantil, sus demandas son sociales y políticas que atañen a todo el país como la libertad de todos los presos políticos; la reforma del código penal federal para eliminar instrumentos persecutorios contra la disidencia política; la renuncia de los jefes policiacos y la desaparición de los granaderos, que eran el cuerpo represor por antonomasia en la Ciudad de México.

En la masacre de Tlatelolco el ejército interviene exactamente en el momento en que van arribando al mitin del 2 de octubre los contingentes de los ferrocarrileros, petroleros, sindicato mexicano de electricistas, metalúrgicos, transportistas, entre otros. La represión estaba orquestada por el Estado, solo faltaba la bengala para aplastar la movilización popular independiente.

Félix vivió el crimen de Estado. Ese día junto con sus compañeros era parte de la comisión de la organización del mitin. Como estudiante de ingeniería poco a poco se fue sumergiendo en las actividades de protesta porque era la única manera de luchar contra la barbarie del gobierno autoritario. Todo se mezclaba, el estrés, las emociones, la alegría, los miedos. Las olimpiadas estaban muy cerca y había entusiasmo en la comunidad estudiantil, pero no hubo tiempo siquiera para ver la televisión porque México quedó en luto. Félix tenía 21 años, la mayoría de edad en ese tiempo, solo para que lo detuvieran. Estuvo tres años preso en Lecumberri.

El movimiento obrero estaba muy controlado por las organizaciones priistas. Por eso cuando se sumaban a las protestas estudiantiles eran fuertemente reprimidos. El movimiento magisterial que lideraba Othón Salazar fue muy respetado. En esos años la efervescencia política de la juventud era vibrante en el mundo desde Europa a Norteamérica, de Asia a Sudamérica y en México donde se condensaban las heridas más profundas por la gran ola represiva.

A 57 años de la masacre del 68 los cambios sociales los ha dado el pueblo, porque desde las estructuras del Estado aún impera la impunidad, que es la madre de todos los males que padecemos como sociedad agraviada. En palabras de Félix Hernández, si los crímenes de Tlatelolco se hubieran procesado adecuadamente en el poder judicial, si hubieran castigado a los responsables, jamás habría ocurrido la agresión contra los estudiantes de Ayotzinapa.

La desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa no solo devela el terror de los cuerpos represivos de los gobiernos, sino el sello funesto de la contrainsurgencia que viene desde la década de los 60 y que con el paso de los años los gobiernos corruptos establecieron vínculos con el crimen organizado. El pasado 26 de septiembre se cumplieron 11 años de impunidad, nada se sabe de los normalistas, a pesar de la participación de muchos agentes del estado. Durante seis años las investigaciones caminaron entre engaños, torturas de los detenidos, mala integración de las denuncias, mucha corrupción, asesinatos de personajes claves que participaron en las desapariciones, fiscales especiales que han dado la espalda a las madres y padres. Todo quedó trunco cuando las investigaciones toparon con el ejército. El presidente Andrés Manuel López Obrador desplazó a la fiscalía y tomó el caso en sus manos. Elaboró su propio informe tirando por la borda los 6 informes del GIEI y todas las líneas de investigación que proponían. No puso en duda la palabra del ejército, por el contrario, los defendió y sostuvo que ya habían entregado toda la información que solicitaba el GIEI, las madres y los padres.

Las familias llevan cinco años exigiendo a las autoridades federales que el ejército tiene que entregar los 800 folios para saber el paradero de sus hijos, pero no han encontrado eco a su planteamiento. En las últimas reuniones la presidenta Claudia Sheinbaum se ha comprometido a seguir con las investigaciones, con la propuesta de conformar un grupo de expertos centrados en la línea de la telefonía. Aún así no hay avances.

Las madres y padres plantean cinco líneas de investigación: la entrega de los 800 folios que tiene el ejército; el paradero de los 17 estudiantes que estuvieron en barandilla municipal de Iguala, profundizar en los vínculos que arroja la telefonía celular, concretizar las extradiciones de Tomás Zerón de Lucio y José Ulises Bernabé, así como deslindar responsabilidades de las autoridades de Guerrero que participaron directa o indirectamente en la desaparición de los estudiantes.

La desaparición forzada de los normalistas destapó la cloaca; toda la red de la macrocriminalidad que se teje dentro de las esferas del poder político, las desapariciones en todo el país, el hallazgo de fosas clandestinas, la presencia de grupos delictivos dentro de las fuerzas de seguridad del estado, los pactos del silencio entre el ejército con la delincuencia organizada. La intromisión del ejército en la escuela normal de Ayotzinapa y la violencia imparable en medio de una militarización que es la causante del resquebrajamiento de nuestro sistema de seguridad y justicia que se achican y opacan para no llamar a cuenta a los perpetradores. Las demandas de verdad y justicia es el grito que retumba en todo el país. Las heridas del 68 siguen abiertas, lo mismo la matanza de 1971, los crímenes de la guerra sucia, la masacre de Acteal en Chiapas, la masacre de campesinos en Aguas Blancas y de indígenas de El Charco en Guerrero. La lista de agravios es interminable.

Con Andrés Manuel López Obrador hubo muchas expectativas. La esperanza se vislumbraba en el horizonte, pero la justicia ni los derechos humanos nunca brillaron en su gobierno. En el pasado proceso electoral Claudia Sheinbaum tuvo un voto masivo, como si la gente pidiera a gritos cambios reales y de fondo, pero tampoco hay señales. Las violaciones a los derechos humanos persisten.

En una creciente ola de inseguridad generada por los grupos delincuenciales, coludidos con cuerpos policiacos, algunos elementos del ejército y la marina, nuestro país requiere un aparato de justicia robusto que responda a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de a pie. Las demandas de verdad y justicia de las familias que buscan a sus seres queridos deben ser respondidas por las autoridades. No es suficiente que haya jueces, magistrados y ministros electos con el voto popular. Con urgencia tiene que darse una reforma en las fiscalías, con los agentes de los ministerios público, reformas al sistema penitenciario, a las defensorías de oficio. La procuración y administración de justicia son los grandes pendientes de la 4T.

Sin los cambios de fondo en el sistema de justicia las graves violaciones de derechos humanos difícilmente podrán atenderse. Las autoridades federales tienen que comprometerse con las familias que buscan verdad y justicia. Los crímenes de Estado como el 68, Acteal, los copreros, Aguas Blancas, El Charco, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la matanza de Nochixtlán, entre tantos otros casos deleznables, las autoridades no deben darle la vuelta las páginas de la impunidad. No pueden seguir siendo parte de los perpetradores.

Fuente de la información e imagen:  https://www.tlachinollan.org