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La Universidad Nacional y la violencia

México / 16 de septiembre de 2018 / Autor: Luis Hernández Navarro / Fuente: La Jornada

Visto desde arriba, desde las pugnas de las élites y la ingeniería de fabricación de conflictos, la salvaje agresión de los porros contra una manifestación pacífica de alumnos del CCH Azcapotzalco frente al edificio de Rectoría en Ciudad Universitaria (CU) fue una clara provocación para generar un problema de grandes proporciones sociales.

Mirada desde abajo, desde el hartazgo juvenil contra la inseguridad y el acoso y el malestar de los profesores de asignatura con la precariedad laboral, la vigorosa y masiva movilización y el paro generalizado en la UNAM con el que los jóvenes universitarios respondieron a la golpiza, constituye una acción legítima, nacida de las problemáticas no resueltas que atraviesan buena parte de la comunidad de esa institución.

La agresión del 3 de septiembre fue perpetrada a plena luz del día, frente a cámaras de televisión, para ser difundida masivamente. Haciendo ostentación de su violencia, los porros atacaron a estudiantes pacíficos, sin el menor cuidado por esconder su identidad. Buena parte de la prensa presente en Rectoría informó con objetividad que la golpiza era obra de los grupos de choque. Las redes sociales viralizaron la embestida.

En todo momento los porros contaron con la complicidad y el apoyo de los servicios universitarios de vigilancia. Se trasladaron a CU desde el estado de México. Fueron convocados por la Dirección General del Deporte Universitario, a cargo de Alejandro Fernández Varela. Teófilo Licona, El Cobra, funcionario de Auxilio UNAM, aparece en muchos videos junto a los golpeadores.

Desde la lógica de las pugnas en las élites, un conflicto de grandes proporciones en la UNAM podría enorpecer la supuesta transición de terciopelo del futuro gobierno. Más aún si se empalma con el inminente estallido de 10 universidades públicas que se encuentran en bancarrota. Todo ello agravado, por el viraje de una buena parte de la nomenclatura de la UNAM hacia el lopezobradorismo, en detrimento de su tradicional alianza con el priísmo.

Pero, independientemente de las causas que pudieron auspiciar la provocación, la respuesta estudiantil tiene vida propia. Cuando los jóvenes estudiantes de los CCH o de las preparatorias exigen la renuncia de Benjamín Barajas o del rector Enrique Graue, no están siendo manipulados por nadie. Conocen los vínculos de Barajas con el porrismo y la indolencia con que el rector ha respondido a los casos de violencia contra estudiantes universitarios.

La agresión de los porros del pasado 3 de septiembre fue la gota que derramó el vaso. No fue un hecho de violencia aislado. Esos mismos grupos de choque agreden cotidianamente a los alumnos en sus escuelas, los roban, extorsionan y molestan.

Pero, además, los jóvenes universitarios (especialmente las mujeres) padecen dentro del territorio puma un clima de inseguridad que, aunque no es exclusivo de la UNAM, resulta inadmisible. La lista de las barbaridades que sufren es inacabable.

El pasado 20 de agosto, la estudiante de CCH Oriente Miranda Mendoza fue secuestrada al salir de la escuela. Los criminales la asesinaron y calcinaron. El 3 de mayo de 2017, Lesvy Osorio fue estrangulada por su novio con el cable de un teléfono dentro de CU. Las autoridades difundieron la versión de que se había suicidado. El 23 de enero, Marco Antonio Sánchez, de 17 años, de la Preparatoria 8, fue arrestado por policías y luego desapareció. Cinco días después fue hallado a 30 kilómetros de distancia, con otra ropa, golpeado y con alteraciones de conducta.

En los años recientes, se han multiplicado las denuncias de acoso sexual y comportamiento indebido contra maestros universitarios. Las alumnas están hartas de la impunidad de los docentes acosadores. Por ello, el punto 4 de la minuta de la masiva asamblea interuniversitaria del pasado 7 de septiembre, se titula Violencia de género y contra la mujer. Entre las demandas que sostiene se encuentra la resolución de los casos de violencia de género, agresiones, feminicidios y desapariciones de los miembros de la comunidad universitaria.

Los funcionarios universitarios han respondido a estas violencias con dejadez e indolencia, como si no pudieran hacer nada para remediarlas. En cambio, los jóvenes las consideran inadmisibles y exigen acciones eficaces para remediarlas (punto 5 del pliego petitorio). Para ellos, las autoridades son omisas e insensibles con la problemática. Más aún ante fenómenos como el porrismo, en el que están directamente involucrados algunos funcionarios de dentro y fuera de la UNAM.

Sin embargo, para la movilización estudiantil en curso, la problemática de su institución va más allá de las agresiones porriles o de la violencia endémica que padecen. Y, aunque algunos actores desean contener la protesta a los estrechos márgenes de la la lucha contra el porrismo, en el ideario de los jóvenes son igual de importantes la democratización de la UNAM y la defensa de la educación pública. A ver cómo los frenan.

Fuente del Artículo:

https://www.jornada.com.mx/2018/09/11/opinion/022a2pol

Fuente de la Imagen:

http://www.elhorizonte.mx/nacional/universitarios-protestan-por-violencia-en-la-unam/2108757

ove/mahv

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Libro: Pedagogía Tolteca. Filosofía de la Educación en el México Antiguo (PDF)

México / 16 de septiembre de 2018 / Autor: Guillermo Marín / Fuente: gmomarin.blogspot.com

Presentación del libro PEDAGOGÍA TOLTECA

El pasado 26 de octubre de 2012 en la Casa de las Artesanías de Oaxaca, el Profesor Nazario Cuevas presentó el libro “PEDAGOGÍA TOLTECA, filosofía de la educación en el México antiguo”.

Este libro ha sido escrito a partir de recuperar de los textos escritos en el Siglo XVI por conquistadores, misioneros, así como por indígenas y autores contemporáneos que han estudiado el tema, como Miguel León Portilla, Alfredo López Austin, Fernando Díaz Infante y Max Shein, entro otros.

La presentación fue abordada desde la perspectiva del trabajo docente que por más de 20 años viene realizando el profesor Nazario Cuevas en el nivel de primarias de Oaxaca y que actualmente trabaja en una comunidad zapoteca.

La reflexión entre la educación ancestral y la actual fue el punto central de la presentación. Una educación para la vida y una educación para el trabajo, una humanista y la otra utilitarista, una que se sustenta en la práctica de saberes y la otra en la memorización de conceptos.

Link para la descarga:

https://drive.google.com/file/d/1SElXLIy2eKtISrxeV6PrJHEVuLu3k5rq/view

o bien hacer doble clik en el siguiente enlace:

PEDAGOGIA TOLTECA

Fuente de la Reseña:

https://gmomarin.blogspot.com/2012/11/presentacion-del-libro-pedadgogia.html

ove/mahv

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‘I Work 3 Jobs And Donate Blood Plasma to Pay the Bills.’ This Is What It’s Like to Be a Teacher in America

United States / September 16, 2018 / Author: Katie Reilly / Source: Time

Hope Brown can make $60 donating plasma from her blood cells twice in one week, and a little more if she sells some of her clothes at a consignment store. It’s usually just enough to cover an electric bill or a car payment. This financial juggling is now a part of her everyday life—something she never expected almost two decades ago when she earned a master’s degree in secondary education and became a high school history teacher. Brown often works from 5 a.m. to 4 p.m. at her school in Versailles, Ky., then goes to a second job manning the metal detectors and wrangling rowdy guests at Lexington’s Rupp Arena to supplement her $55,000 annual salary. With her husband, she also runs a historical tour company for extra money.

“I truly love teaching,” says the 52-year-old. “But we are not paid for the work that we do.”

That has become the rallying cry of many of America’s public-school teachers, who have staged walkouts and marches on six state capitols this year. From Arizona to Oklahoma, in states blue, red and purple, teachers have risen up to demand increases in salaries, benefits and funding for public education. Their outrage has struck a chord, reviving a national debate over the role and value of teachers and the future of public education.

Hope Brown works at Rupp Arena in Lexington, KY on Aug. 31.
Hope Brown works at Rupp Arena in Lexington, KY on Aug. 31.
Maddie McGarvey for TIME/Economic Hardship Reporting Project

For many teachers, this year’s uprising is decades in the making. The country’s roughly 3.2 million full-time public-school teachers (kindergarten through high school) are experiencing some of the worst wage stagnation of any profession, earning less on average, in inflation-­adjusted dollars, than they did in 1990, according to Department of Education (DOE) data.

Meanwhile, the pay gap between teachers and other comparably educated professionals is now the largest on record. In 1994, public-school teachers in the U.S. earned 1.8% less per week than comparable workers, according to the Economic Policy Institute (EPI), a left-leaning think tank. By last year, they made 18.7% less. The situation is particularly grim in states such as Oklahoma, where teachers’ inflation-adjusted salaries actually decreased by about $8,000 in the last decade, to an average of $45,245 in 2016, according to DOE data. In Arizona, teachers’ average inflation-adjusted annual wages are down $5,000.

The decline in education funding is not limited to salaries. Twenty-nine states were still spending less per student in 2015, adjusted for inflation, than they did before the Great Recession, according to the Center on Budget and Policy Priorities, leaving many public schools dilapidated, overcrowded and reliant on outdated textbooks and threadbare supplies.

To many teachers, these trends are a result of a decades-long and bipartisan war on public education, born of frustration with teachers’ unions, a desire to standardize curricula and a professed commitment to fiscal austerity. This has led to a widespread expansion of charter schools, which are publicly funded but privately operated, and actions such as a move in the Wisconsin legislature in 2011 to strip teachers’ pensions and roll back collective bargaining rights. This year, Colorado lawmakers voted to raise teachers’ retirement age and cut benefits.

Stacks of books are organized in Binh Thai's classroom at the University Neighborhood Middle School in New York City.
Stacks of books are organized in Binh Thai’s classroom at the University Neighborhood Middle School in New York City.
George Etheredge for TIME

As states tightened the reins on teacher benefits, many also enacted new benchmarks for student achievement, with corresponding standardized tests, curricula changes and evaluations of teacher performance. The loss of control over their classrooms combined with the direct hit to their pocketbooks was too much for many teachers to bear.

‘I love teaching. But we are not paid for the work that we do.’
– Hope Brown, Kentucky

The wave began in West Virginia, where in February and March some 20,000 teachers walked out across the state. Educators there—who made an average of $45,701 in 2016, according to the DOE­—refused to enter their classrooms until the state met their demands to fully fund insurance benefits and increase salaries. Instead, they marched on the capitol, passed out bag lunches for low-income students who normally rely on free school meals and watched as public support flooded their way. After nine school days, lawmakers caved and approved a 5% wage increase. Weeks later, the specter of a similar strike led Oklahoma lawmakers to pass the state’s first major tax increase in nearly 30 years to fund raises for teachers who still walked out for more funding. Teachers in Kentucky and Arizona—both GOP-leaning states—followed their lead.

But teachers faced opposition at times from state and federal leaders. In April, Secretary of Education Betsy DeVos criticized striking teachers, suggesting they were failing to serve their students and urging them to “keep adult disagreements” out of the classroom.

Humanities teacher Binh Thai in his classroom at University Neighborhood Middle School in New York City on Aug. 16.
Humanities teacher Binh Thai in his classroom at University Neighborhood Middle School in New York City on Aug. 16.
George Etheredge for TIME

And when school was out for the summer, the teachers’ momentum was blunted. In June, the Supreme Court ruled that public­-sector unions can’t mandate fees from nonmembers—a decision that experts estimate could cost influential teachers’ unions money and clout. And in August, the Arizona supreme court blocked a ballot initiative that would have added $690 million annually to state education funding.

Teachers are out to regain the upper hand. Some have already gone on strike in Washington State, and others are threatening to do so in Los Angeles and Virginia. And they promise to turn out in force for November’s midterm elections, where hundreds of teachers are running for office on platforms that promise more support for public schools. They have also sought to remind the public that they are on the front lines of America’s frayed social safety net, dealing with children affected by the opioid crisis, living in poverty and fearful of the next school shooting.

Recent polling suggests teachers have the public on their side. Nearly 60% of people in a Ipsos/USA Today survey released Sept. 12 think teachers are underpaid, while a majority of both Republicans and Democrats believe they have the right to strike.

“We have to organize even harder and even broader,” says Los Angeles teacher Rosa Jimenez. “People are fired up.”

Social studies teacher Rosa Jimenez atthe UCLA Community School in Los Angeles on Aug. 21.
Social studies teacher Rosa Jimenez atthe UCLA Community School in Los Angeles on Aug. 21.
Alex Welsh for TIME

When Elaine Hutchison’s mother started teaching in Oklahoma in 1970, she made about $7,000 a year. In 2018 dollars, that’s roughly $45,000—nearly the same salary Hutchison, Oklahoma’s 2013 Teacher of the Year, now makes after a quarter-century on the job. Hutchison, 48, is a fourth-generation educator whose daughter also plans to become a teacher. She says she never got into teaching for the money, but, “I do want to be paid what I’m worth.”

Since the first U.S. public-school system was established in Massachusetts in 1647, many localities have struggled to pay teachers and searched for people willing to do the job for less. In the mid-1800s, California superintendent of public instruction John Swett lamented that the work of teachers was not “as well-paid as the brain labor of the lawyer, the physician, the clergyman, the editor.”

“They ought not to be expected to break mental bread to the children of others and feed their own with stones,” Swett wrote in 1865, foreshadowing arguments still made by teachers today.

‘We have to organize even harder and even broader.’
– Rosa Jimenez, California

Teaching has long been dominated by women, and experts say the roots of its relatively low pay lie in sexism. “The ‘hidden subsidy of public education’ is the fact that teachers for many years were necessarily working at suppressed wage levels because they really had no options other than teaching,” says Susan Moore Johnson, a professor of education at Harvard and an expert in teacher policy.

In 1960, teaching was more lucrative than other comparable careers for women, according to the EPI, but that was because of limited opportunity, not high pay. As women were admitted to other professions in wider numbers, choosing teaching carried a cost. For example registered nurses—another career historically dominated by women—make far more than teachers today, earning an average annual wage of $73,550 in 2017, according to the Bureau of Labor Statistics. Nursing shortages in some parts of the U.S. have led to signing bonuses, free housing, tuition reimbursement and other perks, while teacher shortages have contributed to some states increasing class sizes, shortening school weeks and enacting emergency certification for people who aren’t trained as educators.

Scenes from the Carroll Leadership in Technology Magnet Middle School in Raleigh, NC.
Scenes from the Carroll Leadership in Technology Magnet Middle School in Raleigh, NC.
Jared Soares for TIME/Economic Hardship Reporting Project

Nationwide, the estimated average public-school teacher’s salary is now $58,950, according to the National Center for Education Statistics—a respectable income in many locales, but actual wages vary widely by state, and often do not track with costs of living. When compared to professions with similar education levels, teacher pay tends to pale. In 2016, for instance, the average teacher’s starting salary was $38,617—20% lower than that of other professions requiring a college degree.

The public response to the teachers’ protests shows signs of a shift in the perception of the profession. Even in conservative states, many voters backed tax increases to support public education, and called on lawmakers to stop cutting school budgets. State funding for public schools fell off a cliff 10 years ago, when recession-­wracked states slashed education budgets and cut taxes. The uprising in West Virginia seemed to mark a turning point in public support for refilling the coffers.

Read more about what it’s like to survive on a teacher’s salary

But like most stories, the fight over teacher pay has many shades of gray. Generous retirement and health-benefits packages negotiated by teachers’ unions in flusher times are a drain on many states. Those who believe most teachers are fairly paid point to those benefits, along with their summer break, to make their case.

Teachers, however, say those apparent perks often disappear upon inspection. Many regularly work over the summer, planning curricula, taking continuing education and professional development courses, and running summer programs at their schools, making it a year-round job. Indeed, teachers—about 40% of whom are not covered by Social Security because of states’ reliance on pension plans—must stay in the same state to collect their pensions. Studies have shown that the majority of new teachers don’t stay in the same district long enough to qualify for pensions. Even for those who do stand to gain, it can be hard to find reassurance in distant retirement benefits when salaries haven’t kept pace with the cost of living.

NaShonda Cooke at the Carroll Leadership in Technology Magnet Middle School, where she teaches in Raleigh, North Carolina.
NaShonda Cooke at the Carroll Leadership in Technology Magnet Middle School, where she teaches in Raleigh, North Carolina.
Jared Soares for TIME/Economic Hardship Reporting Project

“Utility companies do not care that you had a great day with one of your students. They don’t care that you’re coaching the soccer team. They want you to pay for the services that they provide you,” says NaShonda Cooke, a teacher and single mother of two in Raleigh, N.C. “I can’t tell you how many letters I got this summer that said final notice.” Cooke, who makes about $69,000, often skips doctor’s appointments to save the co-pay and worries about paying for her eldest daughter’s college education. “It’s not about wanting a pay raise or extra income,” she says. “It’s just about wanting a livable wage.”

Stagnant wages are one reason teachers believe school districts across the country are facing hiring crises. This year in Oklahoma, a record number of teachers were given emergency teaching certifications, despite no traditional training. In Arizona, school districts began recruiting overseas to fill their shortfall. Last year, U.S. public schools hired 2,800 foreign teachers on special visas, up from 1,500 in 2012, according to federal data.

‘I can’t tell you how many letters I got … that said “final notice.”’
-NaShonda Cooke, North Carolina

The pipeline, meanwhile, is drying up. Between 2008 and 2016, the number of new educators completing preparatory programs fell by 23%, according to the American Association of Colleges for Teacher Education. And once ­teachers make it to the classroom, attrition is high: at least 17% leave the profession within the first five years, a 2015 study found.

Hutchison says her daughter has plans to continue the family teaching tradition, but it’s becoming a harder path for a middle-­class kid. Hutchison’s sibling—an attorney, engineer and physical therapist—all earned graduate degrees, but now she makes half of what they do. “My younger brother who’s an engineer—his bonus is more than my salary,” she says.

NaShonda Cooke, center, at home in the morning with her daughters in Raleigh, NC.
NaShonda Cooke, center, at home in the morning with her daughters in Raleigh, NC.
Jared Soares for TIME/Economic Hardship Reporting Project

As the new school year gets under way, many are picking up where the spring protests left off. In L.A., teachers voted in August to authorize a strike if negotiations continue to stall over issues including teacher pay and class sizes. In Washington, teachers in several districts are already on strike, calling for pay raises to come out of newly allocated education funding. In Virginia, teachers are floating the possibility of a statewide walkout.

Brown, the Kentucky teacher, says the fight needs to happen now or never. If budget cuts and school privatization efforts continue, she warns, teaching will cease to be a viable career for educated, engaged and ambitious people. She talks about what she does not as a job but as a calling. “I’m not necessarily a religious person, but I do believe I was put here to be a teacher,” she says. “I just want to be able to financially do that.”

But to Brown, it’s not only about what she and her fellow teachers are worth, because they’re not in the classroom alone. If the public is on their side, they say, it’s ultimately because of the kids.

—With reporting by Haley Sweetland Edwards/New York

Source:

http://time.com/longform/teaching-in-america/?xid=time_socialflow_twitter&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=time

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Así se regula en el mundo el uso de móviles en el aula

16 de septiembre de 2018 / Autor: EFE / Fuente: 20 Minutos

La mayoría de los países occidentales carecen de leyes específicas que regulen el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos, pero muchos Gobiernos debaten ya sobre cómo evitar la distracción que provocan estos aparatos en las aulas.

El Gobierno español anunció este viernes que estudia la posibilidad de prohibir el uso de los celulares en los colegios, siguiendo los pasos de la ley aprobada para este curso en Francia, con el objetivo de disminuir la adicción digital de los estudiantes.

Así se regula el uso de estos terminales por parte de los alumnos en varios países:

Estados Unidos: La mayoría de las escuelas permiten a sus alumnos acudir con sus teléfonos móviles, aunque les obligan a mantenerlos en silencio o dejarlos fuera de clase. Las normas, sin embargo, se han ido relajando y ya hay muchos profesores que los consideran una herramienta educativa más, al permitir el acceso a la información en internet.

China: En el país con más usuarios de móvil del mundo (unos 1.300 millones), no hay en principio leyes nacionales que prohíban la utilización de celulares en centros educativos, por lo que queda en manos de cada centro tomar la decisión, pero en la práctica casi todas las escuelas e institutos aplican estrictas limitaciones. En los últimos años se ha informado de varios casos de «castigos ejemplarizantes» en escuelas e institutos donde si algún alumno era sorprendido usando el celular en clase su aparato era destruido a martillazos o lanzado al agua delante de otros estudiantes en el patio de recreo.

La India: Carece igualmente de una legislación unificada, aunque la tendencia general es permitir a los estudiantes llevarlos a clase pero no utilizarlos. En 2009 Nueva Delhi prohibió el uso de teléfonos móviles a alumnos y enseñantes al entender que su uso es una «causa seria» de distracción, falta de concentración y pueden ser mal utilizados, y desde entonces otros estados numerosos estados como Haryana (norte) y Karnataka (sur) han emitido normas en la misma dirección.

La mayoría de países del Sudeste de Asia y Oceanía no dispone de una regulación específica y deja la decisión de imponer o no restricciones a discreción de cada centro educativo.

Singapur: La mayoría de escuelas impone restricciones a su uso en clase y en algunos casos los profesores han confiscado durante meses el teléfono móvil a alumnos.

Alemania: Tampoco hay unas normas unificadas pero en algunos estados, como Baden-Württenberg (suroeste del país) la legislación descarta la posibilidad de una prohibición generalizada ya que se considera que se trata de un tema que no es competencia de las escuelas. El único estado federado que prohíbe expresamente el uso de teléfonos móviles es Baviera y autoriza a los profesores a decomisarlos el tiempo que sea necesario.

Italia: Está permitido el uso de teléfonos móviles en escuelas e institutos para fines didácticos, si bien recae en los profesores y en el centro educativo la responsabilidad de determinar si permitir a los alumnos tener el móvil en clase.

Bélgica: Las políticas educativas dependen de cada comunidad lingüística, y la decisión de permitir el uso de teléfonos móviles en las aulas corresponde a los centros escolares. Según detalló a Efe una portavoz del Ministerio francófono de Educación, existen varios proyectos piloto en las escuelas valonas encaminados a evaluar los potenciales usos beneficiosos de los dispositivos conectados en las clases, para lo cual incluso se fomenta que los estudiantes lleven sus propios teléfonos móviles.

Rusia: El uso de los teléfonos móviles en los centros educativos tampoco está regulado por ley y la práctica habitual es que cada colegio decide sobre este asunto. Sin embargo, la ministra de Educación rusa, Olga Vasílyeva, se ha pronunciado públicamente a favor de seguir el ejemplo de Francia y prohibir el uso de celulares en los centros de educación Primaria y Secundaria. Preguntado al respecto, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, puso en duda la efectividad de la prohibición, dado que algunos dispositivos pueden ayudar en la educación.

Portugal: Aunque no existe una prohibición como tal, el Estatuto del Alumno de Portugal aprobado en 2012 recoge como deber de los estudiantes no utilizar el teléfono móvil en el aula a menos que su uso esté relacionado con las actividades formativas y cuente con la autorización del profesor. Los alumnos sí tienen libertad para utilizar el móvil durante el recreo o los períodos de descanso.

México: Cada región tiene su propio reglamento de educación pública, por lo que no hay uniformidad en cuanto a la regulación de los teléfonos móviles en las aulas. En Coahuila, por ejemplo, se prohíbe explícitamente el uso de teléfonos celulares, tabletas electrónicas o cámaras fotográficas, con el fin de evitar que estos dispositivos se conviertan en factores de distracción para las actividades escolares.

Argentina: El uso de los teléfonos celulares se regula según cada jurisdicción, aunque hace dos años la provincia de Buenos Aires derogó la resolución que limitaba desde 2006 el uso de equipos móviles y dispositivos tecnológicos en horario escolar. En declaraciones a Efe, Agustina Blanco, directora de Evaluación y Planeamiento del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, explicó que en gran parte de los centros públicos no se regula su uso en adolescentes durante las horas lectivas, por lo que el debate sobre su integración o prohibición continúa, y abogó por «un consumo responsable» para favorecer la educación.

Cuba: No cuenta con una normativa específica sobre el uso de teléfonos celulares en los establecimientos educativos, por lo que es una cuestión que queda en manos de la dirección y profesores de cada centro, que en algunos casos autorizan su empleo para fines docentes e incluso para hacer las veces de calculadora. En el país caribeño de momento no está disponible la tecnología 3G de internet para dispositivos móviles, por lo que los estudiantes no pueden conectarse a la red desde las aulas a través de sus teléfonos o tabletas.

Puerto Rico: En el sistema público de enseñanza está prohibido el uso en las escuelas del celular, tanto por parte del maestro como del alumno durante las clases, así como «reuniones profesionales y adiestramientos» ya que «interrumpe el proceso pedagógico». Fuera del aula, está permitido su uso.

Fuente de la Noticia:

https://www.20minutos.es/noticia/3433814/0/moviles-uso-regula-mundo-colegio-aula/

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Carta desde el aula a Esteban Moctezuma

México / 16 de septiembre de 2018 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

C. Lic. Esteban Moctezuma Barragán.

A través de los medios informativos, hemos sabido que usted ocupará el cargo de titular de la Secretaría de Educación Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República para el período 2018-2024. Por tal motivo, le expreso algunas inquietudes, preguntas y sugerencias, con respeto y desde el aula, sobre la situación educativa mexicana en el momento actual, en mi condición de profesor de tiempo completo y ciudadano de a pie.

Los retos que enfrentará su gestión al frente de la Educación en México, son grandes y de enorme complejidad. Por ello, considero que en esta importante responsabilidad se requerirá no solamente de imaginación, voluntad y experiencia, sino también de talento político y oficio en el ejercicio del servicio público, y de un liderazgo ejemplar, desde el más alto nivel hasta los mandos medios y operativos de la SEP. Además, se requerirá de tolerancia, actitud de escucha y diálogo permanente, atento, conciliador con todos los actores que, directa e indirectamente, están involucrados en los asuntos de la Educación.

Pienso que, para construir una agenda educativa, a efecto de identificar las más sentidas necesidades educativas nacionales, es pertinente en primer lugar, conversar con el personal de base, es decir, con las maestras, los maestros, directivos, personal de apoyo, asesores y asesoras técnicos, padres de familia y estudiantes de todos los niveles y modalidades educativos, para saber, desde abajo, cuál es el estado en que se encuentra la Educación, hoy, en nuestro país, no desde arriba; y, posteriormente, definir, desde ahí, el tipo y la profundidad del cambio educativo que requiere nuestra nación en las condiciones actuales.

Para ello, adicionalmente, será conveniente que usted y su equipo, se den a la tarea de evaluar cuáles son las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que demandan dichos cambios en la actualidad y con prospectiva hacia el año 2024. En esta parte incluyo, por supuesto, el entorno del desarrollo científico, tecnológico y humanístico que vive México, como para darle un marco de referencia al cambio.

También es importante ubicar todas estas ideas de transformación, de “cambio verdadero” como lo ha dicho AMLO, en su justa dimensión, y reconocer que dichos cambios se podrán llevar a cabo en el mediano y largo plazos, y a varios niveles: Por ejemplo, desde la reorganización del sistema educativo; la creación de nuevas instituciones nacionales; la formulación y puesta en operación de nuevos programas educativos, hasta la adaptación o continuación de algunos programas o proyectos que actualmente existen, y que requieren de su fortalecimiento, previo análisis, discusión y estudio de factibilidad, mismos que podrían contribuir al desarrollo educativo, cívico y cultural de los mexicanos.

Reorganizar el Sistema Educativo Nacional (SEN), no es una labor fácil debido a su excesivo burocratismo y centralismo. Como usted seguramente sabe, hoy las atribuciones y facultades que establece la Ley General de Educación, para lograr cambios progresistas en los planes y programas de estudio de la Educación Obligatoria (Básica y Media Superior), están limitadas a las decisiones que asume el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Poco es el margen que da la ley a los gobiernos y a los congresos estatales, y menos aún a los ayuntamientos, a nivel municipal, sobre cuestiones curriculares.

Lo mismo sucede con las facultades para llevar a cabo nuevos programas nacionales de formación inicial y continua para docentes, asesores técnicos y directivos. Por lo que urge modificar el marco legal hoy existente, previa discusión que se deberá llevar a cabo en los ámbitos del poder ejecutivo y los órganos del legislativo, a efecto de lograr una verdadera descentralización educativa. Una discusión amplia y democrática en la que participen, en igualdad de condiciones, el magisterio en general, no sólo con sus representaciones gremiales; los medios de comunicación; las universidades públicas y privadas; las instituciones formadoras de profesionales de la educación; las organizaciones de la sociedad civil; así como representantes empresariales; estudiantes, padres y madres de familia, entre otros. Ello con la finalidad de crear mecanismos legales y distribuir la toma de decisiones pedagógicas y administrativas en los niveles federal, estatal y municipal, para alcanzar así una democratización de las determinaciones y las acciones relacionadas con la Educación Obligatoria (Básica y Media Superior) y otros niveles educativos relevantes para el país, como es la educación superior y el posgrado.

A reserva de su mejor opinión, considero que conviene a nuestro Sistema Educativo Nacional contar con mediaciones federales, estatales y municipales (los llamados tres órdenes de gobierno), puesto que una distribución de poderes de tal naturaleza abriría las puertas a una mayor participación de la sociedad en los asuntos educativos cruciales en cada región y localidad (¿Qué opina usted acerca del rezago educativo existente, que incluye no solo el analfabetismo, sino también la no conclusión de la Educación Primaria y la Secundaria en amplios sectores de la población?). Abrir los canales de análisis y decisión acerca de los contenidos y los métodos de la educación obligatoria en México, supone una más amplia participación de los ciudadanos en estos quehaceres, y ello se traduciría en beneficios para las prácticas democráticas y la extensión significativa, oportuna y pertinente de los aprendizajes escolares.

Pienso, Lic. Moctezuma, que una transformación de fondo de la educación pública en nuestro país, demanda de un cambio en la base misma de su organización, y eso debe pasar por el impulso de una modificación del modelo “centralista”, hoy ya decadente, que ha prevalecido en México desde 1921; en su lugar, deberá de operar un modelo planificado y consensuado, a partir de un criterio de descentralización efectiva de los órganos responsables en la toma de decisiones educativas, es decir, tanto en lo pedagógico como en lo administrativo (ello incluye la participación crítica y autocrítica del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como organismo autónomo); y que esto último acompañe a ese tipo de decisiones, y no al revés, como ha sucedido hasta ahora. En ese sentido espero, Lic. Moctezuma, que la descentralización no quede reducida sólo en un simple traslado de oficinas federales de una ciudad a otra.

A reserva de realizar una revisión más exhaustiva, opino que es necesario y pertinente modificar, también, los términos en que se encuentra vigente la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), desde 2013. Sobre todo cambiar los conceptos y métodos en que se impuso dicha ley y que generó una condición adversa, es decir, que pone en desventaja a los docentes, asesores y directivos de la educación obligatoria en servicio. Si bien es cierto, que los procesos de evaluación (ingreso, promoción, reconocimiento y desempeño) son oportunos y necesarios, éstos no deben considerarse como medios para la terminación o conclusión de las relaciones de trabajo de los profesionales de la educación (de ahí que se debe eliminar el término “permanencia” en la redacción de la misma ley). Y menos aún debe seguir así porque, primero, y en especial en la escuela pública, como obligación del patrón o sea del Estado mexicano, es necesario emprender robustos y efectivos programas de capacitación, actualización y acompañamiento hacia las figuras educativas mencionadas, y luego, no antes, llevar a cabo las evaluaciones departamentales correspondientes, con un sentido formativo no “punitivo”.

Como lo he comentado en otros textos en este mismo medio, considero justo que, a la par de esta modificación a la LGSPD, he planteado que se discuta la pertinencia de evaluar no sólo al profesional de la educación en servicio, en lo individual, sino evaluar de manera integral y completa el desempeño de los colectivos escolares (como lo han sugerido, en varios espacios, algunos académicos reconocidos como el Doctor Ángel Díaz Barriga, del IISUE-UNAM), de tal manera que con ello se tengan evaluaciones (no sólo mediciones parciales), acerca de lo que realmente el centro educativo requiere, en un sentido educativo y pedagógico, para que sus estudiantes aprendan lo que de verdad requieren aprender, en el aquí y el ahora, y para su vida futura.

Sería un acierto que el nuevo gobierno creara un Instituto Nacional para la Profesionalización de Docentes, Asesores y Directivos de la Educación Obligatoria. Aun cuando sabemos que existen Escuelas Normales y otras instituciones importantes de educación superior (como la Universidad Pedagógica Nacional), encargadas de la formación inicial de docentes y profesionales de Educación Básica, es evidente que no existen instituciones dedicadas a la formación profesional y especializada de asesores y directivos de Educación Básica ni de docentes, asesores y directivos de Educación Media Superior. Por ello, la propuesta de crear una institución de este tipo, daría respuesta a esa inminente demanda social a favor de la profesionalización de todas las figuras educativas.

Hasta el momento, los docentes, asesores técnicos y directivos de la educación obligatoria, en su mayoría, no cuentan con una institución que les proporcione programas de formación profesional, sino que se tienen que preparar “sobre la marcha”, con sus propios recursos materiales y financieros. Además, la creación de una institución de esa naturaleza, sentaría las bases de un cambio de paradigma y en el orden de las prioridades educativas. Para este razonamiento, parto de la siguiente premisa: los docentes, antes de ser los únicos responsables de la realidad educativa nacional, son corresponsables junto con los directivos, los padres de familia, los estudiantes mismos y las autoridades que toman decisiones a nivel de sistema educativo y subsistemas, en su conjunto; es decir, en los niveles de decisiones federal y estatal, para efecto de las evaluaciones de los aprendizajes escolares y para la formación integral en general de niños, niñas y jóvenes. Lo que quiero expresar con esto, es que el docente no es la única figura educativa responsable del escandaloso fracaso escolar que vive México.

Espero que usted, como líder del sector educativo en el país, a partir de diciembre próximo, y como responsable de las políticas públicas educativas, así como de la gestión educativa de los funcionarios federales, académicos, especialistas y expertos, autoridades de todos los niveles de gobierno, tomadores de decisiones, etc., cumpla plenamente con sus tareas y haga también las veces de animador del cambio educativo en otros ámbitos, esto es, que logre convocar a políticos, empresarios, legisladores y líderes de opinión, así como a las organizaciones no gubernamentales, que tengan interés en desarrollar iniciativas progresistas en esta materia.

Por último, le solicito que no deje de hacer acercamientos y contacto con las escuelas, con la gente en las aulas, los laboratorios, las canchas deportivas, jardines, talleres y patios de usos múltiples para que, juntos, podamos conversar y discutir, de manera abierta e informada, sobre los avances que se vayan dando del cambio educativo en México.

Agradezco de antemano su atención y le envío un cordial saludo.

Santiago de Querétaro, Qro., 1 de agosto de 2018.

*Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro.

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/08/01/carta-desde-el-aula-a-esteban-moctezuma

ove/mahv

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México: Escuelas indígenas carecen de profesores que hablen lenguas de sus alumnos

México / 16 de septiembre de 2018 / Autor: Alejandro Suárez / Fuente: El Sol de México

El estudio concluyó que esto es un gran obstáculo para la educación de los alumnos de este sector de la población

Una de cada 10 escuelas de atención indígena carece de al menos un profesor que domine la lengua de sus alumnos, lo cual pone un gran obstáculo para la educación de los alumnos de este sector de la población, concluye el estudio “Panorama educativo de la población indígena y afrodescendiente 2017 (PEPIA)” elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la oficina de la UNICEF en México.

De acuerdo al documento, presentado en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los niños y niñas de habla indígena son uno de los sectores más rezagados educativamente en nuestro país, lo cual se puede explicar por diversos factores. Uno de ellos, es la falta de docentes capaces de dar clases en lenguas maternas.

Por ejemplo, 9.5 por ciento de los planteles preescolares indígenas carecen de algún maestro que domine la lengua materna de la localidad, mientras que en primaria la cifra es de 8.3 por ciento. La situación se agrava más en estados como Chiapas (donde se sabe que hay una importante población indígena) donde los porcentajes son de 21.7 por ciento en preescolar y de 13.8 por ciento en primarias.

Los datos que presenta el PEPIA tienen valor de mostrar también la urgencia de que el Sistema Educativo Nacional aborde con criterios de equidad y atención a la diversidad la educación de la población mexicana, y que mejore sustancialmente la calidad de la atención educativa destinada a la población en general, pero de manera muy especial a la población indígena”, dijo Sylvia Schmelkes del Valle, consejera del INEE.

Fuente de la Noticia:

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/escuelas-indigenas-carecen-de-profesores-que-hablen-lenguas-de-sus-alumnos-1904095.html

ove/mahv

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