Argentina

Entrevista a la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño

“Nos preocupa el traslado de Milagro Sala a la prisión de Alto Comedero y las formas en las que sucedió”, advirtió la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño. En coincidencia con la evaluación del presidente del organismo, Francisco Eguiguren, la comisionada consideró la decisión del juez Pablo Pullen Llermanos como “un retroceso” en torno de la medida cautelar que la CIDH dictó tras su visita a la dirigente social jujeña durante su encierro, en julio pasado y depositó la responsabilidad del incumplimiento con esa orden en el gobierno nacional: “Un Estado nación debe tener la fortaleza suficiente en sus estructuras para no quedar en situación de incumplimiento frente a compromisos internacionales que ha adquirido.” Las autoridades argentinas están citadas, la semana próxima, a una reunión de trabajo que la CIDH preparó en el marco de sus sesiones ordinarias en Uruguay.

–¿Cómo evalúa el regreso de Sala al penal de Alto Comedero por orden judicial?

–La Comisión ha tomado nota del asunto, y tal como se pronunció el presidente del organismo, Francisco Eguiguren, consideramos lo sucedido como un retroceso que nos mantiene muy preocupados. Nos preocupa el traslado de Milagro Sala a la prisión y nos preocupan las formas en las que, de acuerdo a la información que tenemos, se produjo ese traslado porque Argentina tiene una historia de búsqueda de maneras de transformar lo que para sus ciudadanos representó el desconocimiento de derechos humanos históricamente; además ha sido respetuoso de las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

–¿Considera que es una violación a los derechos humanos?

–Bueno, la Comisión Interamericana ha dictado una medida cautelar sobre el encierro de Milagro Sala en una cárcel y la necesidad de brindarle opciones que el Estado, primero no atendió, luego atendió a medias y finalmente con el traslado desconoce. Para nosotros, eso es efectivamente una motivo de preocupación. Porque nuestro mandato va en la línea de dar una protección a los ciudadanos. Lo que llama la atención es que, según las informaciones que tenemos, a Sala la sacaron de la vivienda donde cumplía prisión domiciliaria en pijamas, se la llevaron sin notificación… ¿Por qué el Estado asume esa actitud? Si según considera la Justicia había un riesgo o una situación de peligro para la detenida, ¿por qué no notificaron a sus representantes legales? El encierro, justamente, y los efectos que estaba generando en el estado físico y emocional de la detenida es el punto en el que la Comisión se basó para pedirle al Estado que pusiera en marcha medidas alternativas. El encierro colocaba la integridad emocional de la persona detenida en condiciones de dar lugar a la vulneración de sus derechos.

–En ese sentido, ¿cuán grave es el regreso al penal?

–Consideramos que el encierro generaba en Sala una presión emocional tal que la colocaba en una situación de vulnerabilidad que debía ser atendida. Sumemos el hostigamiento con el que ha sido trasladada de nuevo al penal, donde ordenan aislarla lo más posible, según la información que tenemos. La situación de vulnerabilidad recrudece y puede afectar la vida de esa persona.

–Pasaron tres meses de la medida cautelar que la CIDH dictó sobre Sala y con este retroceso está incumplida. ¿Qué expectativas le quedan al organismo?

–La medida de la Comisión reconoce la necesidad de brindarle a la persona detenida garantías en protección de integridad física y emocional. Nuestro rol, en este y en todos los casos, es el de coadyuvar a los Estados a cumplir con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En éste, le facilitamos al Estado el análisis de la situación para que evaluaran esa realidad y la mejoraran. No le ordenamos que eliminara la detención, pero sí que busque un mecanismo que mejore las condiciones de internación. La primera respuesta del Estado provincial fue colocarla en una vivienda con restricciones y condiciones que no estaban a tono con los estándares internacionales de derechos ni nacionales incluso de la prisión domiciliaria. Y ahora este traslado nos llena de preocupación. Esperamos que el Estado resuelva incluso antes de la reunión de trabajo que tenemos pautada para dentro de una semana, en el marco de las sesiones de la Comisión en Uruguay, en la que dialogaremos no solo de Sala sino también del caso (de la desaparición forzada de Santiago) Maldonado.

–El ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, dijo que el Gobierno podría acudir a la CIDH de encontrar irregularidades en el traslado. ¿Puede hacerlo a pesar del incumplimiento?

–Hay efectivamente una línea de trabajo abierta dentro de la Comisión en relación a la situación de Sala. Y si bien los Estados federales tienen cierta complejidad para cumplir con medidas de organismos internacionales, un Estado nación debe tener la fortaleza suficiente en sus estructuras para no quedar en situación de incumplimiento frente a compromisos internacionales que ha adquirido. Argentina está obligada por un mandato de un órgano internacional. Nuestras decisiones son vinculantes.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/69322-es-un-retroceso