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Informe CINDA: Chile tiene la tasa de escolarización en educación superior más alta de América Latina

América del Sur/Chile/02 Abril 2017/Fuente: El mostrador/Autor: CARLA MARÍN R.

El libro Educación Superior en Iberoamérica: Informe 2016, cuyos editores son José Joaquín Bruner y Daniel Andrés Miranda, se enmarca en el proyecto creado en 2016 por CINDA en asociación con Universia, destinado a generar y publicar información sobre la educación superior en la región y que cuenta con dos publicaciones anteriores ( 2007 y 2011), siendo considerados como única fuente sistemática de Educación Superior en la región.

Chile tiene la tasa de escolarización en la educación superior más alta de América Latina, equivalente a Australia, y superior a Estonia y Gran Bretaña. Así lo deja de manifiesto el informe 2016  Educación Superior en Iberoamérica editado recientemente por CINDA, Centro Interuniversitario de Desarrollo, cuya directora ejecutiva es María José Lemaitre.

Otro dato es que, en materia de educación superior, Chile figura como el país con la mayor cobertura del quintil más pobre, y un nivel de desigualdad reducido. Al respecto, Lemaitre explica que “la participación del quintil más rico es 2.3 veces la del quintil más pobre, lo que contrasta con cifras de 9,3 para Brasil, o 13,0 para Uruguay”.

En cuanto a la inclusión de personas con discapacidad, el informe de CINDA señala que Chile tiene una legislación adecuada, la cual establece que el Estado debe concurrir con ayudas y recursos humanos, materiales o pedagógicos. “En la práctica, si bien hay algunas becas y recursos para proyectos, la inclusión sigue siendo una responsabilidad de las instituciones, con escaso impacto más allá de algunas acciones esencialmente en el campo de la infraestructura”, acota la presidenta de CINDA.

Consultada sobre lo que postula el informe en relación al aseguramiento de la calidad, tema sustancial de la reforma a la educación que se discute en el país, María José Lemaitre señaló que “Chile tiene una larga experiencia en el tema, que se ejerce a través del CNED (licenciamiento), la CNA (acreditación institucional, de algunos programas y evaluación de agencias) y agencias privadas (acreditación de carreras). Y el Ministerio de Educación participa con la recolección, análisis y difusión de información estadística. Luego de un período negro, de corrupción e ineficacia, la CNA ha logrado reconstruir sus procesos y dar garantía de seriedad en sus decisiones. Sin embargo, no ha sido capaz de hacerse cargo de los principales desafíos que comparte con otras agencias de América Latina: cómo hacerse cargo de la diversidad de instituciones, programas, modalidades, estudiantes, para dar cuenta de una calidad que tiene distintas características; cómo avanzar en la responsabilización creciente de las IES por la calidad (autonomía responsable vs obediencia a la agencia); cómo profesionalizar el trabajo de la agencia, integrándose a la experiencia internacional, y a los criterios de buena práctica que rigen el AC en el mundo, y cómo regular las agencias privadas, asegurando la consistencia y el cumplimiento de principios y orientaciones de fondo, y no solo o principalmente formales», indicó.

Otras materias

En ciencia y tecnología, otro de los aspectos analizados en el informe, se muestra que en Chile, como en otros países de América Latina, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico son mayoritariamente tarea de las universidades. “El 65% de los investigadores está en las universidades, y aunque son pocos en número (casi 6.000, comparado con 37.000 en Argentina, y 106.000 en Brasil), tienen el tercer lugar en productividad científica medida en publicaciones en SCI por cada cien mil habitantes. El nivel de inversión en I+D, sin embargo, es muy bajo: El gasto total en IES por alumno incluyendo I+D es 7.960 dólares al año; excluyendo I+D, el gasto es de 7.600. Esto contrasta con países como Portugal, donde las cifras equivalentes son 9.200 vs 4.900”, puntualizó Lemaitre.

Como conclusión, María José Lemaitre dijo que “resulta interesante verificar que, respecto de Chile, en muchos casos, el informe muestra una situación bastante más equilibrada que la que se suele difundir en el discurso nacional sobre educación superior: el sistema tiene tasas de cobertura elevadas, con un bajo nivel de desigualdad, al menos en cuanto a la cobertura”.

El libro Educación Superior en Iberoamérica: Informe 2016, cuyos editores son José Joaquín Bruner y Daniel Andrés Miranda, se enmarca en el proyecto creado en 2016 por CINDA en asociación con Universia, destinado a generar y publicar información sobre la educación superior en la región y que cuenta con dos publicaciones anteriores ( 2007 y 2011), siendo considerados como única fuente sistemática de Educación Superior en la región.

En el actual participaron 21 países, constituyendo una base esencial para el diseño y evaluación de políticas, tanto a nivel nacional como institucional.

Los países participantes fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Guatemala, México; Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Paraguay,  Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. Para fines de comparación internacional, se incluyen datos de cinco países de altos ingresos: Australia, Canadá, Estonia, Gran Bretaña y Corea.

Fuente de la noticia: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/31/informe-de-cinda-dice-que-chile-tiene-la-tasa-de-escolarizacion-en-educacion-superior-mas-alta-de-america-latina/

Fuente de la imagen: http://www.elmostrador.cl/media/2016/09/clases-universidad-agencia-uno_816x544.jpg

 

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Chile: Rector de la PUC reiteró que reforma a la Educación Superior está errada en su enfoque

América del Sur/Chile/02 de Abril 2017/Fuente:la tercerera /Autor:Angélica Baeza

Ignacio Sánchez aseguró que la Red de universidades públicas (G9), ha sufrido «maltrato», dentro de la discusión e implementación de la reforma.

El rector de la PUC, Ignacio Sánchez, inauguró el Año Académico 2017 de la casa de estudios, oportunidad en la que aseguró que la reforma a la Educación Superior ha maltratado a la Red de universidades públicas (G9).

En su discurso, el rector Ignacio Sánchez, se refirió a distintas temáticas que han marcado el acontecer de la universidad y del país. Uno de estos tópicos fue la Reforma de la Ley de Educación Superior llevada a cabo por el Gobierno. Según el rector, varios de los elementos del proyecto de ley actual son motivo de preocupación.

“Recientemente, hemos tenido la oportunidad de plantearle nuestras inquietudes a la Presidenta de la República. El principal motivo de preocupación es la mala calidad del proyecto en sí, que no recogió el sentir y las propuestas planteadas por los diferentes actores que participaron en el debate. En realidad, el Gobierno ha demostrado inoperancia y falta de conocimiento al momento de conducir esta reforma, lo que ha sido manifestado por diferentes sectores”, declaró.

“Creemos que el actual proyecto está errado en su enfoque, ya que estanca y deteriora el sistema y no presenta una visión de futuro para el desarrollo de la Educación Superior en nuestro país. Lo que se propone, nivela hacia abajo el sistema actual y es un claro retroceso para Chile”, enfatizó.

Según la autoridad, las áreas a mejorar de manera significativa son la reflexión sobre conceptos amplios como la real educación para el futuro, la función pública de las universidades, el trato justo y equivalente a las instituciones de función pública y la autonomía de las instituciones. También mencionó la regulación del sistema; el estímulo a las universidades regionales; la relevancia de la educación técnico-profesional; y el financiamiento estudiantil y de las instituciones de educación superior, entre otros.

Declaró que una de las mayores falencias del proyecto es que no se define en forma clara el sistema de educación superior sistémico, amplio y diverso que quiere para el país. Ni se precisa el concepto de función pública de una universidad. Expresó que la gratuidad debe efectuarse sin producir el actual desfinanciamiento severo de las instituciones de mayor calidad.

 Además, Sánchez mencionó la tensión y fractura que se ha producido al interior del Consejo de Rectores: “Nos sentimos maltratados como Red de universidades públicas o G9, agrupación de universidades que se distinguen por su calidad, con presencia regional a lo largo del país, y que ha trabajado lealmente desde hace más de 60 años al interior del Consejo de Rectores”. Y destacó el fuerte compromiso público de la UC y de las instituciones del G9.

 Sobre la demanda civil que a principios de enero de este año, por primera vez en la historia institucional, interpuso la UC contra el Estado de Chile por incumplimiento de la ley vigente, expresó: “Nuestra intención al interponer esta acción, -luego de haber agotado todas las instancias de diálogo con las autoridades-, fue hacer presente el incumplimiento de la ley en que incurrió el Estado de Chile respecto de una normativa plenamente vigente, que fue creada como una ley de financiamiento permanente, orientada a fortalecer y reconocer a aquellas instituciones con alto desempeño y preferencia entre los estudiantes”.

El rector abordó otros temas relevantes tales como la importancia de la pronta creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, enfatizando que se debe promover no solo la investigación en ciencia, sino que también en artes y humanidades.

Fuente de la noticia: http://www.latercera.com/noticia/rector-la-puc-reitero-reforma-la-educacion-superior-esta-errada-enfoque/
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Chile y Haití suscriben convenio que revalida la educación básica y media

01 Abril 2017/Fuente y Autor: latercera

Pese a que los haitianos son una de las colonias de inmigrantes que más han crecido en Chile, las instituciones escolares del país no eran reconocidas porque no están integrados al Convenio Andrés Bello.

En el marco de su primera gira internacional del año la Presidenta Michelle Bachelet visitó a Haití donde se reunió con el mandatario Jovenel Moïse.

Ambos encabezaron la ceremonia donde los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países firmaron un acuerdo complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre Chile y Haití para la equiparación o equivalencia y reconocimiento de los niveles de enseñanza básica o primaria y media o secundaria.

Este acuerdo irá en directo beneficio de los ciudadanos de ambos países que han migrado en busca de un mejor porvenir y para quienes el reconocimiento de sus estudios constituye un paso decisivo en su integración dentro de la sociedad del país que los acoge.

Pese a que los haitianos son una de las colonias de inmigrantes que más han crecido en Chile, los ciudadanos no eran reconocidos dentro del convenio que revalida la formación académica en el extranjero.

Esto último porque en el país no se reconocían las instituciones escolares de Haití debido a que no está integrado al Convenio Andrés Bello.

Fuente de la noticia: http://www.latercera.com/noticia/chile-haiti-suscriben-convenio-revalida-la-educacion-basica-media/
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Consulta sobre propuesta de bases curriculares para últimos años de secundaria en Chile se amplía hasta el 9 de abril

América del Sur/Chile/1 Abril 2017/UNESCO 

Se extiende el plazo para responder la consulta digital sobre bases curriculares para 3º y 4º medio que lanzó el Ministerio de Educación en alianza con la Unesco, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación Chile. El nuevo plazo es el 9 de abril de 2017.

Hasta el momento, 3400 estudiantes, 1530 docentes y 300 estudiantes de Pedagogía han respondido la consulta. A la vez son 230 establecimientos los que han enviado la información con los resultados de la jornada de reflexión que se realizó en colegios con enseñanza media el pasado 15 de marzo.

Las recomendaciones y comentarios que se recojan en este inédito proceso, retroalimentarán la propuesta del Ministerio de Educación de Chile, la que será enviada al Consejo Nacional de Educación para su evaluación. El nuevo currículum comenzará a regir desde 2019 para 3º medio y en 2020 para 4º medio.

La propuesta, es su puntos centrales, sugiere un plan común de formación general para las diferenciaciones Humanista-Científico (HC), Técnico-Profesional (TP) y Artístico. Hay que tener en consideración que en la actualidad, los estudiantes de educación técnico-profesional no cuentan con asignaturas como Educación Física, Artes, Consejo de Curso, ni Filosofía.

Aparte, propone fortalece el plan diferenciado para la modalidad humanista científica e incluir, para toda la matrícula de 3º y 4º medio, la asignatura de Educación Ciudadana.

La consulta permanecerá abierta hasta el domingo 9 de abril de 2017 a las 11.59 hrs en basesdelfuturo.cl

Fuente: http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/consulta_sobre_propuesta_de_bases_curriculares_para_ultimos/

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La Reforma a la Educación Superior está muerta (¿vive la reforma?)

Por: José M. Salazar y Peodair Leihy

En esta primera columna escrita por dos académicos de la Universidad de Valparaíso se analiza por qué ha fracasado en su trámite legislativo la Reforma a la Educación Superior, una de las piedras angulares del programa de este gobierno. En momentos en que se espera que el Ministerio de Educación envíe cambios sustantivos al proyecto de ley, las lecciones del actual entrampamiento resultan iluminadoras.

Desde el inicio de su mandato, el gobierno de la Presidenta Bachelet ha apostado por una reforma significativa de la regulación de la educación superior. Luego de años de anuncios, negociaciones y borradores de todo tipo, el país se encuentra casi en punto muerto, aunque no exactamente en la misma situación que heredó su gobierno.

Visto con los ojos del Ministerio de Educación, se ha logrado instalar la política de gratuidad para el pregrado, beneficiando a cientos de miles de estudiantes y familias. Desde la perspectiva de quienes observan críticamente esta política, resulta muy complicado que deba ser negociada en el parlamento anualmente. Tal divergencia se alimenta de la ambigüedad que asumen varias instituciones que se han beneficiado de la gratuidad: adhieren formalmente a los ideales que la inspiran mientras critican en público su contenido.

La posibilidad de avanzar hacia una reforma estructural parece improbable. Hay buenas razones para pensar así. No existe un consenso mínimo –por motivos ideológicos y de diagnóstico– para acordar el conjunto de reglas que gobierne el funcionamiento de la educación superior durante los próximos años. Apostar por un diálogo productivo choca con la realidad de un sector atravesado por la desconfianza, como sugieren los conflictos y rupturas que emergen dentro de foros importantes, como el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCh) y Vertebral, la organización que reúne a institutos profesionales y centros de formación técnica acreditados.

Si lo anterior no fuera poco, tampoco existen capacidades técnicas instaladas en las instancias gubernativas para forjar una iniciativa legal maciza. Hasta ahora, se aprecia la ausencia de una clara relación de causalidad entre lo que se persigue y las posibilidades que ofrecen las regulaciones propuestas.

Es evidente que el proyecto de reforma yace casi desahuciado en el parlamento. Todavía se apuesta por una estrategia mágica que pueda darle viabilidad, pero casi sin convicción. Los representantes de la soberanía popular, los medios de comunicación y los canales de interacción digital reverberan y amplifican la rica gama de agendas, consignas e intereses –casi siempre inconsistentes– que se ocultan tras los actores que lideran la formación terciaria. Al despuntar el último año de esta administración, tampoco parece existir un liderazgo capaz de articular una conversación político-técnica para convenir unos postulados básicos que enmarquen una agenda de reformas viable.

Es muy probable que los futuros analistas de las políticas sectoriales estudien este proceso fallido con el mayor interés. ¿Cómo fue posible que una sentida y transversal aspiración de cambio terminara de esta forma? Un obvio punto de partida se encuentra en la arquitectura que ha querido darse a la reforma. La introducción de un nuevo régimen de financiamiento, destinado a ampliar responsablemente el subsidio público a las instituciones y los estudiantes, necesitaba un ajuste profundo del marco regulatorio en operación.

La posibilidad de avanzar hacia una reforma estructural parece improbable. No existe un consenso mínimo para acordar el conjunto de reglas que gobierne el funcionamiento de la educación superior durante los próximos años.

Se apostó por avanzar en diferentes líneas de acción, integrándolas en un cambio legal sistemático. Por una parte, se buscó traspasar y fortalecer las potestades de fiscalización sobre las instituciones de educación superior mediante la creación de una superintendencia para monitorear y controlar el uso de los aportes fiscales y proteger de abusos a los estudiantes.

Al mismo tiempo, la revisión del sistema de acreditación se orientó a resolver los problemas de transparencia y legitimidad que ha enfrentado la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Su reemplazo por otra agencia mejor diseñada, quería dejar atrás los defectos y vicios observados en su funcionamiento, además de enfatizar la importancia que tienen los resultados obtenidos por las universidades dentro del proceso de evaluación y objetivizar las decisiones de la nueva agencia para que fueran comparables entre sí.

Como otros en el pasado, es muy probable que estos cambios nunca ocurran, a pesar del consenso –y entusiasmo– que generaron en algún momento. Si, por azar, alguna transformación emerge de este proceso (aún existen expectativas en el plano de la fiscalización y la calidad), es muy probable que se trate de ajustes menores, descontextualizados de una agenda coherente y cuya utilidad sólo podrá ser apreciada en el largo plazo.

Además de fallida, esa estrategia revela una limitada comprensión de lo que una reforma sectorial puede ser, según demuestra la propia experiencia chilena. Quizás el camino más tradicional para concebirla sea, precisamente, un cambio en la legalidad, en las normas generales que condicionan indirectamente la operación de un sector como la educación superior. Tales modificaciones aspiran a tener efectos de largo plazo a medida que apuntan a reconfigurar cómo los sectores se organizan y, especialmente, sus límites. La mayor parte de su eficacia, sin embargo, se juega en el proceso de implementación y depende de la convicción y las agendas de las agencias e instancias gubernamentales a las que se confía su puesta en marcha.

El régimen de Pinochet, por ejemplo, creó un sistema de licenciamiento para las nuevas instituciones privadas que fue sustancialmente alterado por el Consejo Superior de Educación (CSE) a medida que lo aplicaba, ya en democracia, sin mediar cambios estatutarios. La integración del CSE no fue azarosa. En su conformación participaron personas clave que también estuvieron tras la Comisión de Estudio de la Educación Superior (formada en 1990) y que luego pasaron a dirigir la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) (creada en 1999). Sus ideas fueron decisivas –y consistentes– para fijar la orientación que tuvo la implementación de los instrumentos de política a su cargo y que definen mucho del entorno regulatorio que hoy existe en el sector.

Otras reformas se orientan a alterar los flujos de recursos que el Estado pone a disposición de los principales actores sectoriales. El desarrollo del sistema de becas fiscales y la magnitud y flujo de los recursos asignados a los sistemas de crédito solidario y Crédito con Aval del Estado (CAE) han sido claves para la configuración de la educación superior. Tales transformaciones se hicieron sin mediar grandes cambios legislativos: las glosas de la Ley de Presupuesto y la regulación reglamentaria han sido suficientes para mantener estas iniciativas operando sostenidamente –y de manera incremental– por largo tiempo.

El trabajo de las comisiones que  los gobiernos constituyen para explorar el desarrollo de nuevas agendas de política ha tendido a ser poco fructífero y quizás por eso, entre otros motivos, sus recomendaciones permanecen sin implementar.

Las reformas también pueden ser agendas, como lo ha sido el desarrollo del proyecto MECESUP (1998-2016), ejecutado en tres etapas por el Ministerio de Educación, con el apoyo técnico e ideológico del Banco Mundial. Esas agendas definen propósitos, asignan recursos y articulan equipos a cargo de su ejecución. Además de identificar objetivos y metas, las agendas de reforma sirven para experimentar soluciones que luego dan origen a nuevos modelos e instrumentos de política.

El Fondo de Desarrollo Institucional (FDI), por ejemplo, partió como un fondo para el mejoramiento de la infraestructura de las universidades tradicionales, para luego orientarse al mejoramiento de las credenciales de los académicos y terminar focalizándose en diferentes necesidades generadas a partir de la expansión y complejización de ese grupo de instituciones. Al mismo tiempo, permitió ir configurando una nueva herramienta –los convenios de desempeño– para que el Estado transfiera recursos para el desarrollo de capacidades en el sector, que luego ha sido exportado por el Banco Mundial como una práctica exitosa de política pública.

Es llamativo que con tan diversas experiencias reformistas durante las últimas dos décadas, el diseño del gobierno no fuera más rico ni se desplegara en diferentes planos. Algún tipo de cortocircuito en los círculos políticos de la coalición gobernante hizo que todo ese aprendizaje fuera rápidamente olvidado. El costo fue la ausencia de una estrategia reformista más granular y multinivel.

Es posible que los instrumentos de política en operación tampoco hayan contribuido mucho al desarrollo de una agenda de cambios que apunta a reconfigurar las bases estructurales del sistema, aunque hay que tener presente que los objetivos perseguidos no se reflejaron en el conjunto de cambios propuestos, como han revelado varios críticos. Por todo eso, es interesante observar el rol que han jugado expertos y analistas en el debate público para dar contenido a las reformas propuestas. ¿Cuál ha sido su contribución al diseño y desarrollo de estas iniciativas?

Desde las movilizaciones estudiantiles de 2011, ha sido raro que pase una semana sin que los medios de prensa incluyan notas, comentarios y análisis sobre la reforma en curso y sus posibilidades. Si a eso se suman artículos académicos y publicaciones de distintos grupos de interés, uno puede delinear un amplio y variopinto conjunto de actores tratando de influir activa y persistentemente la acción del gobierno y los partidos políticos. Una parte de ellos son personas que cuentan con formación de posgrado en el ámbito de los estudios en educación superior.

Con pocas excepciones, estos analistas y comentaristas han definido su radio de acción de manera similar: felicitan, rechazan, critican o proponen ajustes a las reformas propuestas. Al enmarcar de esa manera su quehacer, conforman el antiguo principio del legalismo chileno, según el cual el contenido de toda reforma es siempre responsabilidad del Ejecutivo pues las reformas son principalmente un problema de cambio de legislación. Su objetivo, entonces, es influenciar el debate parlamentario, en pos de la aprobación, rechazo o ajuste del régimen propuesto.

Esa lógica facilita la mantención del status quo y contribuye a empobrecer el debate sobre el futuro de las políticas educativas. A pesar de su entrenamiento y experiencia, nuestros expertos locales tienden a escarbar los defectos (o virtudes) inherentes que posee cada diseño propuesto. Esa propensión mueve el debate público y parlamentario hacia una toma de posiciones opuestas, en pos de la aprobación o rechazo de los proyectos de ley que se trate. Al proceder de esa manera, olvidan frecuentemente expandir el catálogo de opciones disponibles ante cada disyuntiva de política pública que se plantea.

Precisamente esa parte de su tarea tiende a quedar en un segundo plano. Muy pocas veces los debates académicos o de políticas sugieren vías de acción, sobre la base del estudio riguroso de las experiencias comparadas o sobre un análisis informado sobre el estado de situación que presenta el caso chileno.

Más bien, tienden a caer en debates de principios –como hemos sido testigos a propósito del carácter público de la educación superior– que no contribuyen a enriquecer la caja de herramientas que alimenta el desarrollo de nuevos instrumentos de política. El trabajo de las comisiones que, de manera esporádica, los gobiernos constituyen para explorar el desarrollo de nuevas agendas de política, ha tendido a ser poco fructífero y quizás por eso, entre otros motivos, sus recomendaciones permanecen sin implementar.

La evidencia es consistente. Los informes del Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior (2008), la Comisión de Trabajo de Análisis del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (2012), y la Comisión Asesora Presidencial para la Institucionalidad en Ciencia, Tecnología e Innovación (2013) han sido bastante conservadores.

Ninguno de ellos ha avanzado propuestas que introduzcan nuevas estrategias e instrumentos de política que faciliten la actualización y eficacia del marco en operación. Es probable que incida en ese resultado que tales instancias hayan privilegiado la representación de intereses sectoriales consolidados. Falta en estos y otros documentos de política, una orientación más propositiva que, atenta a nuevos desarrollos en otras latitudes, sea capaz de enriquecer nuestro diálogo sobre la forma en que el Estado contribuye y guía el desarrollo del sector. Lo mismo se repite en el abundante comentario que existe en materia de educación superior.

En una segunda parte de esta columna, buscaremos contribuir a gestar un estado de cosas que permita que la política sectorial avance en una dirección que aumente su incidencia y efectividad en la consolidación de una educación superior masiva y de excelencia.

Fuente: http://ciperchile.cl/2017/03/23/la-reforma-a-la-educacion-superior-esta-muerta-vive-la-reforma/

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Libro: La movilización social. Experiencias de participación territorial

La movilización social
Experiencias de participación territorial

Cesar Leal Soto. Pablo Canelo Bridshaw. [Compiladores]

Miguel Lawner Steiman. Felip Gascón i Martín. Patricia Muñoz Salazar. Tania de Armas Pedraza. Suana Medeiros Silva. Claudio Utiratan Gonçalves. Boris González López. Pablo Saravia Ramos. Tomás Koch Ewerts. Pablo Canelo Bridshaw. Gustavo De la Barra Riquelme. Claudia Aranda Andrades. Katherine Fernández Olivares. Birgit Hoinle. [Autores de Capítulo]

Secretaría Ejecutiva. Secretaría Ejecutiva.
ISBN 978-956-7074-17-4
ICAL. CLACSO.
Santiago de Chile.
Diciembre de 2016

Resulta más difícil manipular procesos de planificación y del uso del suelo si existe una participación ciudadana sólida, sea a nivel de la planificación territorial o hasta de un voto democrático directo decidiendo sobre un cierto proyecto. Sin embargo, la participación ciudadana constituye un reto importante en una sociedad. Esta tiene que debatir a profundidad para determinar sus reglas y limitaciones. Es una larga marcha hasta que lleguemos a sistemas realizables y equilibrados de planificación participativa. La presente obra nos puede servir como orientación en este importante camino.

del Prólogo de Rainer Rothfuss

Fuente: http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=1217&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1157
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Entrevista a Carol Arcos Herrera. Maternidades y feminismo

Entrevista a Carol Arcos Herrera
Maternidades y feminismo

 

El desconcierto

 

Conversamos con Carol Arcos Herrera, doctora en Estudios Latinoamericanos y académica del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos (CECLA) de la Universidad de Chile, quien actualmente se encuentra en la última etapa de un proyecto FONDECYT titulado “Maternidad y nación en Chile: reversos liberales en la cultura impresa del siglo XIX”. A partir de este proyecto, la académica ha logrado concebir lo que será su próxima publicación, «Maternidades republicanas. Deseo, política y poder en el Chile de siglo XIX».

 

La maternidad es sin duda uno de los temas más conflictivos para el pensamiento y el activismo feminista, pues en él se entrelazan posturas que, en cierta medida, podrían resultar disímiles. La maternidad entendida por siglos como la obligación primaria de toda mujer ha sido puesta en cuestión por un importante número de feministas, quienes han defendido y pregonado por una maternidad sujeta a la elección consciente y libre de ser madres y no a una respuesta única, es decir, a la imposición generada por el orden patriarcal.

Carol Arcos ha realizado clases tanto de pre como de postgrado y los cursos de los que se ha hecho cargo han tenido que ver, en su mayoría, con autorías femeninas latinoamericanas y feminismos latinoamericanos. Desde su consideración, las sesiones con sus estudiantes de la Universidad de Chile han sido de total y absoluta relevancia para el desarrollo de sus proyectos e investigaciones, así como también su participación en el pasado como editora de la sección “Feminismos y sexualidades” del diario español Rebelion.org.


En tu proyecto FONDECYT “Maternidad y nación en Chile: reversos liberales en la cultura impresa del siglo XIX”, hay una perspectiva que resulta evidente, me estoy refiriendo al feminismo y es en cuanto a esto que me interesa saber cómo surge en ti el interés por abordar la concepción de “maternidad” desde el pensamiento y la teoría crítica feminista

– En primer lugar, me gustaría situar brevemente mi lugar de hablada y el enfoque general del proyecto para que se entienda la significancia que tienen los feminismos en él. Se trata de un proyecto que busca historiar el problema de la maternidad o maternidades, desde el punto de vista de la cultura, en el Chile republicano, más específicamente en un siglo XIX largo (1810-1910). Sin embargo, no es un proyecto que nazca del ámbito de la historiografía. Siempre me ha interesado mucho la historiografía y el trabajo de historiadoras e historiadores, pero no creo ser una ni me interesa. Este es más bien el trabajo de una «historizadora», como acostumbro a llamar a este lugar particularmente heterogéneo desde el que escribo. Un cronotopo entre la literatura, la historia y la filosofía que mediante variadas constelaciones de textos busca trazar un relato acerca de un problema central para las mujeres y el feminismo.

¿Y cómo figura el problema de la maternidad en esta posición tuya?

– En el marco del circuito que establece la reciente cultura impresa y la preeminencia del proyecto moderno del liberalismo en Chile, durante el siglo XIX, abordo la maternidad como una experiencia particular de género y sexualidad que se institucionaliza a lo largo del siglo y cristaliza el reverso de las escrituras fundacionales. Preguntarse por la maternidad en el siglo XIX, no solo en Chile sino también en el resto de América Latina, es interrogar el discurso neurálgico que redefinió la relación entre las mujeres y la soberanía del Estado-nación y, asimismo, renovó su lugar subalterno actualizando genealogías y modelos de feminidad coloniales, pero inaugurando formaciones modernas que proyectarán el camino para las políticas del siguiente siglo.

Uno de los grandes nudos gravitacionales de los discursos que ponen en circulación los feminismos regionales en América Latina dice relación con la maternidad, trama simbólica y material que funciona paradojalmente en una “política del cuerpo” (Federici, Calibán y la bruja) que, por una parte, orquesta un «disciplinamiento» y domesticación del trabajo y vida femenina y, por otra, permite un territorio de resistencia que disloca dicho ideal de dominio del cuerpo forjado por el liberalismo en alianza con la ciencia y la técnica como soporte de las sensibilidades modernas (Musachi, Mujeres en movimiento). Bien sabemos que las mujeres entran en los discursos nacionalistas decimonónicos, no todas claro está, sino principalmente aquellas pertenecientes a la elite criolla, como madres cívicas, como cuidadoras garantes de la nuda vida (en el sentido que propone Giorgio Agambem) de la patria-patriarcal.

La función materna se desarrolla en el contexto de emergencia y paulatina preeminencia de una ideología de la domesticidad y del sistema de valores burgueses, alentada por el liberalismo de cuño ilustrado, que relegará a las mujeres al ámbito de lo privado, terreno de lo afectivo, del cuidado y mantenimiento de la vida. Sin embargo, es también en los márgenes y disputas con esa ideología cuando las feministas construyen un sentido para pulsiones y conflictos que las mujeres en América Latina hasta ese entonces no habían simbolizado conscientemente. Desde las primeras manifestaciones feministas, justamente visibles en el siglo XIX mediante el reclamo de emancipación mental de las mujeres por parte de varias escritoras, hasta la emergencia de la primera ola, cuando a partir de 1890 el feminismo se articula desde miradas anarquistas y socialistas para decantar más tarde, alrededor de 1920-30, en un discurso de derechos que levantará la propuesta sufragista; la maternidad es un nudo político (en el sentido que entiende la palabra nudo Julieta Kirkwood) que instalará a las mujeres como objetos y sujetos de controversia.

En este sentido, la maternidad operaba en el marco simbólico que relegaba a las mujeres a sus funciones domésticas y reproductivas, pero a la vez ese mismo discurso se volvía condición de posibilidad del feminismo decimonónico. Entonces, cómo dejar de tratar la cuestión de la maternidad si, por un lado, es tan central en la erección de un discurso moderno hegemónico sobre las mujeres, la mujer doméstica, y, por otro, está tan presente en la reflexión y las prácticas que las mujeres feministas pondrán en juego en las dinámicas del marco liberal o en rebeldía frente a él. Se trata de una compleja y poderosa cesura simbólica susceptible de «historizar» mediante toda una red de economía política, cultural, material y vital, que deviene en variadas representaciones que circulan y se consumen en también variados ámbitos, de ellos a mí me interesa el de la cultura impresa en particular.

¿Entonces esta es la articulación que desarrollas entre maternidad y feminismo?

– La relación entre maternidades y feminismos no solo tiene que ver, para mí, con esta importante historia de las mujeres y el feminismo, sino que también con mi propio territorio político-teórico feminista al abordar este problema de lo que prefiero llamar trabajo materno. Cuando hablo de trabajo materno estoy pensando en el debate que se ha venido dando desde la teoría feminista marxista (principalmente, considero en este ámbito los trabajos de Silvia Federici) y la economía feminista a partir de los noventa (autoras tales como Amaia Pérez Orozco, Esther Velásquez, Valeria Esquivel, entre otras).

Estas perspectivas heterodoxas respecto de los análisis económicos tradicionales, centrados grosso modo en las lógicas del mercado y la reproducción del capital, han contribuido a actualizar el debate acerca del nudo producción/reproducción ya presente en el feminismo de los setenta del siglo XX, pues recogen las premisas acerca del trabajo doméstico y conceptos analíticos específicos de aquel feminismo, como por ejemplo la división sexual del trabajo, para además agregan otros nuevos como organización social del cuidado y trabajo del cuidado.

Algunos de los asuntos centrales de estos enfoques, entonces, se refieren al modo en que las sociedades resuelven la reproducción cotidiana de la vida con el fin de resaltar el trabajo afectivo-reproductivo, concomitante con ello también la necesidad de incorporar la variable de género a la reflexión económica para analizar la diferente posición que ocupan hombres y mujeres como agentes económicos y sujetos de políticas económicas; complejizando, asimismo, las relaciones al interior de los hogares y su nexo con la ganancia y la acumulación de capital.

Sé que también el psicoanálisis es una herramienta teórica importante para tu proyecto, ¿cómo abordas esta perspectiva?

– Sí, justamente, para mi perspectiva crítica son sumamente importantes los trabajos desde el terreno de entrecruce entre psicoanálisis y feminismo, principalmente los de Julia Kristeva, Silvia Tubert, Elisabeth Roudinesco, como también mi lectura feminista de Freud, Klein y Lacan. El psicoanálisis me interesa desde el punto de vista de una teoría de la cultura y técnica de lectura en su conexión con la crítica feminista, que me ha permitido indagar en el complejo parental o la pregunta edípica. Exploración tan necesaria para pensar en la maternidad y paternidad alrededor de la familia «heteronormativa» del siglo XIX, como receptáculo en donde se inscribe el deseo sexual en la doble ley de la alianza (matrimonio) y la filiación (los hijos), que tiene en su base el principio de prohibición del incesto. La valoración paulatina del matrimonio por amor nos habla de una revolución de la afectividad, que en Chile y América Latina es posible de observar sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo, la que se tradujo en la elaboración de una moral civilizada en cuyo marco era posible la expansión también civilizada de la sexualidad femenina y masculina.

En el título de tu trabajo mencionas un concepto que me parece sumamente relevante, estoy hablando de los reversos liberales. Me gustaría, en primera instancia, que nos hablaras de esa noción en el contexto del liberalismo del siglo XIX en Chile, a la vez que nos contaras, luego, cómo se relaciona esto con la maternidad.

– La hipótesis general que propongo en mi trabajo es que la instalación moderna del concepto de maternidad y su cristalización a fines del siglo XIX en Chile, se deviene a lo largo del mismo a través de una lógica «biopolítica». Dicha lógica en nombre de la vida: su afirmación, conservación y proliferación; estatiza y nacionaliza lo materno como una forma, por una parte, de regulación y racionalización de la procreación “en favor de la patria” y por otra de «ontologización» de lo femenino como cuerpo individual y cuerpo político.

En este sentido, hablo de reversos liberales para definir las biopolíticas de un discurso nacionalista que constituirá, paulatinamente y en el proceso de conformación del Estado republicano, una ciudadanía fronteriza o incompleta, la otra cara de la República, que verá en la maternidad una función productiva para la patria.

¿Podrías profundizar un poco en esa idea de una biopolítica en relación con la maternidad?

– Esta trama histórica que denomino biopolítica de lo materno, y que está por supuesto relacionada con la idea de trabajo materno a la que me refería antes, pues considero que en el centro del problema de la vida y el nacimiento está la tópica simbólica y material que «semantiza» el cuerpo de las mujeres. Las madres del Estado tienen la labor, el trabajo, de parir y cuidar el nacimiento de la nación, por su parte, el Estado tiene la atribución de proteger y administrar la vida de las mujeres mediante mecanismos globales que reubican sus cuerpos en procesos biológicos de conjunto, son las mujeres quienes favorecen la fecundidad y equilibrio de la población.

Cuando hablo de biopolítica de lo materno me estoy refiriendo a que el fenómeno del nacimiento, no solo concebido como el hecho de parir, sino también de pertenencia a una comunidad de sentido nacional, está íntimamente imbricado con la maternidad como experiencia moderna de las mujeres y su proceso de nacionalización y estatización a lo largo del siglo XIX y sobre todo en sus últimas décadas.

¿Pero lo femenino y lo maternal se construyen históricamente como un lazo indisociable?

– Lo femenino y lo maternal mantienen relaciones lógicas complejas y no son del todo indisociables; sin embargo, es, por una parte, el lazo de obligatoriedad patriarcal y la idea de subjetividad femenina biologizante que sostiene y, por otra, la naturalización que conlleva y no permite comprender la maternidad como un trabajo en la compleja red de relaciones sociales y económicas, lo que estoy discutiendo a partir de la noción de biopolítica de lo materno y su expresión más material en el trabajo materno. Pero también en este umbral biopolítico que es la maternidad como trabajo reproductivo es en donde yo veo, por ejemplo, que las escritoras chilenas, y por qué no también latinoamericanas, ensayarán las primeras mutaciones de lo decible e imaginable respecto de las mujeres y su sexualidad.

Más adelante me gustaría volver sobre el rol de las escritoras en el siglo XIX, pero ahora quisiera que siguieras ahondando en la idea de los reversos liberales.

–Un lugar central en esta dinámica histórica lo ocupa el proceso de hegemonía ideológica y estatal del liberalismo, racionalidad que institucionaliza y homogeniza la maternidad como la experiencia de género y sexualidad de las mujeres por antonomasia, otorgándoles una función productiva en el nuevo orden social y político republicano. El trabajo materno, desde este despliegue, preservaría, nutriría y educaría para la vida social en la nueva nación que se busca conformar. De ese modo, la posibilidad biológica de reproducción y de dar a luz de las mujeres se convierte en un precepto social que naturaliza las prácticas de género e implica ciertos discursos que dan garantía a ese ordenamiento, dentro de ellos aquel que cobrará mayor relevancia en la cultura impresa de la época tiene que ver con el eterno maternal, vale decir, el significado «biologizante» del cuerpo femenino a través del que se afirma que el amor o instinto maternal es universal y deseable para/por todas las mujeres.

Abunda la literatura prescriptiva para las mujeres en la época, sobre todo a partir de la década del 40 cuando la asunción del discurso liberal-ilustrado en el ámbito de la cultura es más clara y comienzan a circular ideas que se comprometen con la educación femenina, la “ilustración del bello sexo” como se acostumbraba a decir en la época, inaugurando el deseo republicano de la maternidad cívica. En este ámbito, las figuras prevalentes para la ideología nacional son la madre letrada o el ángel del hogar, las que valoran social y cívicamente a las mujeres por sus funciones reproductivas y el trabajo doméstico que ejercen en su rol de madres de ciudadanos. Estos «ideologemas» representativos dan cuenta de una racionalidad que promueve un nuevo orden político liberal, que en Chile no logra hegemonía estatal hasta la década del 60, y el anhelo de sancionar a través de la familia los valores burgueses que le sirven de base.

Gran parte de tu investigación se centra en figuras importantísimas del quehacer literario femenino de la época, algunos nombres como Mercedes Marín del Solar, Rosario Orrego, Celeste Lassabe, Martina Barros, Delfina Hidalgo y Carmen Arriagada, entre otras, parecen constituir otro eje central en tu trazado. En relación con ello, ¿cómo visualizas la conformación de la figura de la mujer letrada y escritora por esos años? ¿y cuál es la razón de tu especial atención en la prensa escrita?

– Este trabajo vuelve sobre algunos de los problemas que abordé en mi tesis doctoral “Autorías femeninas fundacionales: escritoras chilenas y brasileñas del siglo XIX (1840-1890)” (Universidad de Chile, 2014). En él me interesaba estudiar la problemática emergencia de la figura de la autora en los circuitos de cultura letrada en Chile y Brasil. En términos generales, este ciclo lo denominé autorías femeninas fundacionales, en un sentido genealógico, y daba cuenta de la inscripción paradojal de las escritoras respecto de los poderes enunciativos e interpretativos hegemónicos, los que las llevan a utilizar ciertas estrategias retóricas y discursivas para posicionarse como sujetos de discurso y por qué no también políticamente desde el domus –como espacio privilegiado de gestión femenina en la nueva lógica liberal que se institucionaliza a lo largo del siglo– hacia una participación en la sociedad civil como madres del Estado. Escritoras chilenas como: Mercedes Marín, Rosario Orrego, Quiteria Varas, Lucrecia Undurraga, Hortensia Bustamante, Victoria Cueto, Delfina Hidalgo, Martina Barros y Celeste Lassabe; y brasileñas como: Juana Manso, Narcisa Amalia, Presciliana Duarte de Almeida, Maria Benedita Câmara Bormann, Júlia Lopes de Almeida, Anália Franco, Josefina Álvares Azevedo e Inês Sabino, desde mi perspectiva, «presentificaban» la autoría como una forma particular de subjetividad moderna en las mujeres, la que se caracteriza por un modo de figuración que se establece desde un “entre lugar” respecto de la cultura escrita e impresa en el siglo XIX. Espacio contradictorio que ahora preferiría llamar, a partir de Silvia Rivera Cusicanqui, taypi (comunión problematizada) al pensar en el malestar de las escritoras brasileñas y chilenas hacia el cambio de siglo, por ejemplo, en lo que respecta a la maternidad, entendida esta como trabajo reproductivo en un nuevo ciclo del capitalismo mundial y neocolonial que pondrá en función en la región el proceso de modernización finisecular.

Bien, ¿y en qué ha cambiado tu posición al respecto hoy en día?

– Ese era el eje central de mi argumento en ese entonces, no obstante, su sentido menos evidente, y que es aquel que quiero seguir hoy en este nuevo proyecto con respecto a Chile, tenía que ver con la idea de rastrear los inicios del feminismo a través de la noción de autoría y sus efectos de sentido cuando comienza a madurar la demanda de emancipación por parte de las escritoras, fundamentalmente a fines de siglo. Las mujeres feministas en diferentes momentos han alterado la grafía de lo simbolizable, al provocar mutaciones efectivas de diverso carácter tanto en las políticas nacionales y regionales como en las relaciones materiales, sexuales y raciales. Campos de disputa por el poder/saber/desear/hacer que las mujeres escritoras del XIX perturbaron con su malestar e insolencia ante los interdictos patriarcales.

Respecto de la prensa, que era algo que estaba en tu pregunta de hace un rato, esta fase fundacional de la escritura de mujeres para un público y en lo público se caracteriza por su constante actividad literaria en la economía impresa de la época, sobre todo en periódicos y revistas que son los soportes más usuales y legitimados. Las escritoras no solo daban a la prensa sus escritos, sino que también aparecen como gestoras culturales, ellas tenían medios propios, por ejemplo, Rosario Orrego, Lucrecia Undurraga, Celeste Lassabe.

Finalmente me gustaría que comentaras el desarrollo del movimiento feminista hacia fines del siglo XIX en América Latina y especialmente en Chile. Además, no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte por la actualidad. Haciendo mención principalmente a las discusiones recientes respecto a cuestiones tan trascendentales para las mujeres y el feminismo como es el aborto, ¿cuál es tu visión respecto a los movimientos feministas y a la maternidad en América Latina en pleno 2017?

– El ejercicio de la palabra por parte de un grupo significativo de escritoras chilenas y latinoamericanas, del que veníamos hablando, se presenta como un hito fundamental en la historia de las mujeres y del feminismo en América Latina. Yo parto por ahí con la historia del feminismo moderno, es decir, cuando estas escritoras comienzan a demandar educación para las mujeres, bajo el rotulo inaugural de la emancipación, nombres como Martina Barros y Lucrecia Undurraga en Chile, Juana Manso y Juana Manuela Gorriti en Argentina, Clorinda Matto y Carolina Freire en Perú, Presciliana Duarte de Almeida e Inés Sabino en Brasil, Adela Zamudio en Bolivia, entre muchas, muchas más. Estas autoras ajustan cuentas con el deseo de familia y maternidad hegemónico, ensayando nuevas arenas de simbolización.

¿Qué lugar social ocupaban estas mujeres escritoras?

– Si pensamos en la instancia de la letra y su circulación en el siglo XIX, son principalmente las mujeres de la élite criolla quienes son apeladas por este tipo de discurso público y también quienes se sienten más seducidas por la importante posición social que deben y pueden ocupar ahora. El deseo de la madre regulado por la ley del pater familias y el Estado impondrá a las mujeres ciertas costumbres arregladas como muestra de una maternidad civilizada, tales como ser castas antes del matrimonio, ser virtuosas y por ello rechazar el lujo, aprender a administrar la economía doméstica, ser solícitas y sumisas con sus maridos y además, en el ámbito más público, ejercer la caridad con los más vulnerables. No obstante, no todas las mujeres de la élite asumirán este mandato sin prerrogativas, muchas de ellas mediante la escritura de novelas, ensayos, poesía y la publicación de medios impresos inscribirán no solo un discurso emancipador, sobre todo a partir de la década del 70 en adelante, sino también disputarán su entrada en la cultura escrita como autoras.

¿Y cuándo el feminismo como movimiento?

– El feminismo como proyecto mancomunado de liberación deviene a fines del siglo XIX y comienzos del XX, como sabemos, desde la experiencia de proletarización de las mujeres trabajadoras. Las ideas anarquistas tendrán una amplia circulación, articulándose en torno a ellas los primeros colectivos feministas, cuya figura faro será la anarquista catalana Belén de Sárraga (1874-1951), quien viaja por toda América Latina propugnando el feminismo y el anticlericalismo. La experiencia ampliada de la familia patriarcal o «patricéntrica», figurada a lo largo del XIX a partir de las construcciones de género y sexualidad patricias, es interrogada desde este primer feminismo, codificando las variaciones del cronotropo del padre. Ahora bien, la idea de la familia romántica no era del todo una vivencia cotidiana para las mujeres del “bajo pueblo”, quienes muchas veces debían levantar una familia monoparental y vivir la experiencia del “huacherío” de sus hijos como marca de la infamia. No obstante, la carencia del concepto familiar hegemónico posibilitó que estas mujeres ensayaran vías de liberación y desarrollo social, cultural y económico mediante el trabajo productivo y la participación en agrupaciones sindicales, mutualistas y específicamente feministas, a la vez que cuestionaban la división sexual del trabajo afectivo y del cuidado al interior del matrimonio y el sacramentado hogar mariano de la oligarquía.

Este primer feminismo, desde mi perspectiva, da una vuelta importante a la noción que venía trabajando de biopolítica de lo materno en los márgenes de una comunidad falócrata. La nacionalización e institucionalización de la maternidad es puesta en cuestión para ensayar formas diferentes de femineidad y articulaciones alternativas de la familia moderna, a través de una nueva noción política que se sumaba a la agenda anarquista y socialista, la del feminismo. El ideario de este feminismo inicial abogaba por el reconocimiento de la capacidad intelectual y laboral de la mujer, y el derecho a participar de la vida cívica y política de los países de la región, todo lo cual se asumiría en la necesaria organización de las mujeres en contra de la desigualdad “entre los sexos” y a favor de la lucha de clases. Un caso ejemplar, en este sentido, es la obrera tipógrafa Carmela Jeria, quien publica el primer periódico anarco-feminista en Valparaíso, La Alborada (1905-1907).

Ya en el siglo XX, ¿cómo ves la situación de ciudadanía fronteriza de las mujeres?

– Para que la situación de ciudadanía fronteriza de las mujeres cambiara en algo debieron pasar varias décadas más. Alrededor de los años de 1920 y 30, el sufragismo será el núcleo aglutinador hacia donde se dirigirá la primera ola del feminismo latinoamericano, bajo el territorio del feminismo liberal agenciado desde las clases medias y altas. Esta segunda fase de los feminismos latinoamericanos a comienzos del siglo XX perderá la radicalidad que caracterizaba a los feminismos anarquistas y socialistas, para configurar lo que se ha llamado en Brasil, por ejemplo, “feminismo bien comportado”, es decir, un feminismo de damas respetables que negocian dentro de los límites del liberalismo. El discurso «maternalista» se volverá hegemónico luego de la Segunda Guerra Mundial en la lucha por alcanzar la ciudadanía, sobre todo en aquellos países en que el voto todavía estaba negado a las mujeres. Así, por ejemplo, en México el igualitarismo cede su lugar a la reivindicación de una ciudadanía específica de las mujeres, vale decir, una proyección en la sociedad de sus cualidades o capacidades maternas, ellas eran quienes podían lograr el efecto moralizador tan caro a la política. Hermila Galindo, una de las figuras más relevantes para la discusión sobre el sufragismo en México, publicó el semanario La Mujer Moderna (1915-1919), órgano de politización feminista, y colaboró en la organización de los Congresos Feministas de Yucatán, los que reunieron a profesoras de primaria en torno a la búsqueda de reformas en la legislación civil en el período posrevolucionario. Si bien el discurso de Galindo abogaba por el igualitarismo, también sustentaba el derecho al sufragio en la idea de la responsabilidad social de las mujeres como madres. Son muchas las mujeres o organizaciones de este feminismo liberal que ajustarán cuentas con el deseo de maternidad republicana: en Perú, María Jesús Alvarado; en Brasil, Bertha Lutz; en Uruguay, María Abella o Paulina Luisi; en Argentina, Julieta Lanteri o Alicia Moreau; en Chile, Elena Caffarena o Amanda Labarca, entre muchas más.

¿Cuáles serían estas dos fases?

– Como bien sabemos, el feminismo se reactiva a nivel continental a fines de la década de los setenta. Luego de un largo período que Julieta Kirkwood llamó “silencio feminista”, se articula una segunda ola feminista o neofeminismo, como prefiere llamarlo por ejemplo Nelly Richard; en cuyo territorio destacan los feminismos de la resistencia política en las dictaduras militares o cívico-militares del Cono Sur. El feminismo en este nuevo escenario adquiere la fuerza de un movimiento político regional, se celebran los primeros encuentros feministas de América Latina y El Caribe, también el decenio de las mujeres de Naciones Unidas será un nudo de discusión importante para la diversidad de feminismos; no obstante, una de las características que singulariza a este nuevo momento tiene que ver con la articulación de conocimiento teórico feminista y la inauguración de conceptos como patriarcado y género que vienen a desentrañar el anquilosado espectro del eterno maternal. En Chile, un colectivo clave fue el Círculo de Estudios de la Mujer del que la propia Kirkwood fue una de sus fundadoras. Quiero destacar y solo muy brevemente, que la función mortuoria de la «gubernamentalidad» moderna vuelta hipérbole en el terrorismo de Estado, es pensada por las feministas en este nuevo ciclo de lucha a través de una retórica política de los cuerpos que se pregunta por las vidas que importan o que merecen morir en los sistemas simbólicos y materiales de dominación. Creo fundamental que las feministas latinoamericanas abran esta pregunta en el pleno proceso de financiarización descarnada de la vida que el neoliberalismo comenzará a poner en juego, lo que no hace más que demostrar que lo personal es político.

En los noventa no solo asistimos a la institucionalización del feminismo en la academia o a su «oenegización» de nuevo cuño como demanda tan fuerte la feminista boliviana María Galindo a las que ella llama “tecnócratas de género”. El debate en torno a la autonomía feminista es un nudo que encontramos en el feminismo ochentero, pero que de los noventa en adelante –sobre todo a partir de la experiencia del colectivo feminista boliviano Mujeres Creando o el feminismo comunitario indígena de Julieta Paredes, como también el de Las Cómplices, orquestado por chilenas y mexicanas– se ha posicionado como el espacio necesario para poder idear y practicar el feminismo como fuerza «despatriarcalizadora», anticapitalista, antirracista y anticolonial, como también una agencia crítica contra la heterosexualidad obligatoria, todo lo cual nos habla de una nueva fase.

En la diversidad de estos feminismos, veo el deseo de un pachakuti feminista, retomando palabras de la gran socióloga y activista aymara Silvia Rivera Cusicanqui, como el horizonte de expectativas hacia donde debe dirigirse la lucha antipatriarcal y anticolonial. El tejido simbólico en torno a la biopolítica de lo materno se trama, sobre todo en Bolivia, desde las diferencias de género, clase, raza y espacio geopolítico, inaugurando un pensamiento feminista creativo y provocador que pone en jaque la posibilidad de Estados neoliberales o “posneoliberales” con perspectiva de género.

Y brevemente, ¿qué pasa en Chile?

– No puedo dejar de advertir que el peso que en Chile tiene la biopolítica de lo materno explica, entre otras razones claro está, la permanente saturación de los discursos pro-vida en la lucha que hoy damos por el derecho legítimo al aborto o contra los códigos misóginos que perpetúan el femicidio. Biopolítica cruzada por las dinámicas del capital transnacional, que requiere de nuevos ciclos de acumulación originaria o quema de brujas, como señala la feminista italiana Silvia Federici, en la región.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=224309&titular=maternidades-y-feminismo-

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