Fuertes y aún con esperanza, siguen buscando los restos de sus seres queridos. Se reunieron con paramilitares desmovilizados, perdonaron y juntas se apoyan para no desfallecer y finalmente encontrar con cada hallazgo algo de paz.
Fuente: https://www.semana.com/podcast/mejor-colombia/articulo/en-busca-de-sus-familiares-desaparecidos-un-grupo-de-mujeres-campesinas-se-convirtio-en-ejemplo-de-reconciliacion/202102/
La universidad pública más importante de Colombia declaró como “asunto prioritario de gestión universitaria” las acciones frente a la emergencia climática, reconociendo el cambio climático como una emergencia y apoyando e incentivando medidas urgentes y drásticas para mitigar su impacto y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Así lo determinó el Consejo Superior Universitario (CSU), dando vía libre a 11 acciones que desde la universidad pretenden impulsar cambios frente al cambio climático. Entre dichas acciones destaca la meta de una reducción en la emisión de gases efecto invernadero, siendo carbono cero a 2030. Esto implica transformaciones de políticas y programas claves en el día a día.
La declaratoria toca áreas como la gestión de recursos hídricos y de residuos. En el primero la Unal pretende realizar acciones para motivar una mayor cultura de conservación del agua, el uso eficiente de ese recurso y su reutilización y reciclaje para fines potables o no potables. En cuanto a los residuos, el CSU espera desarrollar una economía circular (reutilización, reventa, reciclaje, compostaje in situ de alimentos y productos orgánicos y posteriormente transformación de residuos en energía).
En ese marco también resaltan las estrategias “cero plástico de un solo uso” y “producción y consumo sostenible”. Siendo la universidad más grande del país, la Unal plantea como un gran reto la movilidad sostenible. “La UNAL planificará las acciones de sostenibilidad en torno a la movilidad en sus campus, con el fin de reducir los gases efecto invernadero e involucrando la infraestructura de movilidad existente (construcción de carriles, estaciones, casilleros, duchas y centros de reparación para bicicletas, implementación de transporte público dentro del campus”, señala la institución en un comunicado.
El transporte, de hecho, ha sido una de las áreas donde la ONU ha pedido mayor acción frente al cambio climático. A mediados de octubre, en la antesala de la Cumbre Climática COP26, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a todos los países a descarbonizar el transporte. “Los gobiernos deben incentivar las opciones de transporte limpio, incluso a través de estándares e impuestos, e imponer una regulación más estricta de las infraestructuras y las ventas”, dijo Guterres.
Las acciones que complementan la ruta planteada por el CSU en la Universidad Nacional son la “Operación y gestión”; “Giro ambiental y cambio cultural” e “Indicadores de sostenibilidad”. “Todo esto es posible si damos un giro ambiental y cultural con estas temáticas ambientales. Necesitamos ese cambio y parte de una declaratoria de este Consejo Superior”, resalta la declaración.
Fuente de la información e imagen: https://www.elespectador.com
Quedan dos semanas para que comience el cierre del año escolar en los colegios del país, cuya fecha varía según la región. Y como van las cosas, todo parece indicar que 2,4 millones de niños, niñas y adolescentes (el 24,5 por ciento del total nacional) terminarán el curso desde sus casas por segundo año consecutivo.
Los datos pertenecen al último informe sobre regreso a clases presenciales presentado por el Ministerio de Educación, en el que se evidencian importantes avances, pero también hace énfasis en la lentitud en que se ha llevado el proceso en algunas regiones del país.
De acuerdo con el informe, el 95,5 por ciento de las instituciones educativas ofrecen clases presenciales. Pese a ello, tan solo el 75,5 por ciento de la matrícula escolar asiste al colegio, lo que equivale a 7’523.466 niños, niñas y adolescentes. En otras palabras, todavía hay 2’414.948 menores que desde marzo de 2020, cuando se dio el cierre de los colegios, no han asistido a un salón de clases.
José David Romero, experto en educación, asegura que “lo que nos muestran estas cifras es que efectivamente se han logrado avances importantes. Durante los primeros seis meses del año los estudiantes en presencialidad no alcanzaban el 40 por ciento. Esto fue muy criticado. Pero ahora estamos hablando de un avance de 35 puntos porcentuales desde que se ordenó el regreso a la presencialidad, lo que es claramente positivo”.
“Sin embargo –agrega Romero–, la meta siempre fue terminar el año al 100 por ciento. Los colegios y las secretarías de Educación recibieron recursos desde 2020 para hacer las adecuaciones, y no se entiende por qué hay regiones donde los índices de presencialidad siguen siendo muy bajos”.
Al respecto, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, le dijo a EL TIEMPO: “Fueron entregados más recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome). En total llevamos 1,2 billones de pesos invertidos. Y todo este trabajo lo debemos hacer en todo el país por el retorno de los niños a las aulas. Nada reemplaza este proceso presencial, es vital”.
Y es que precisamente la falta de ejecución de estos recursos por parte de ciertas alcaldías y gobernaciones, así como la inexplicable decisión de retardar en algunas de ellas, es lo que causó, entre otras cosas, que en un mes solo haya aumentado el número de estudiantes en clases en sitio un 3 por ciento.
Estas regiones fueron identificadas por Mineducación. Se trata de las siguientes 16 de las 93 secretarías de Educación del país: Arauca, Cesar, Magdalena, Sucre, Santa Marta, Cartagena, Cúcuta, Floridablanca, Piedecuesta, Fusagasugá, Buenaventura, Soacha, Malambo, Magangué, Ciénaga, Lorica, Cesar, Sahagún, Soledad y Barrancabermeja.
En estas secretarías la presencialidad es menor al 40 por ciento en colegios y al 50 por ciento en cuanto al número de estudiantes.
Francisco Cajiao, analista en temas educativos, asegura que “llama la atención que muchas de estas regiones es donde más se necesita la presencialidad. Son zonas rurales o con altos índices de pobreza, lo que se traduce también en poco acceso a internet. Y si de por sí varios estudios ya demostraron que la conectividad no reemplaza a la presencialidad, sin ella la calidad de la educación que estos menores reciben es mucho más que precaria”.
Y lo que más preocupa de todo es que el Ministerio lleva meses insistiendo a las mismas secretarías que aceleren el paso, sin que haya mayores avances. De hecho, en el reciente informe la entidad vuelve a darles un ‘jalón de orejas’ a las alcaldías y gobernaciones.
El Ministerio recalcó que estas entidades no solo tienen la obligación de garantizar la disponibilidad del servicio educativo. Además deben trabajar hasta lograr el regreso efectivo de los estudiantes a las aulas.
Así las cosas, a nivel regional se encontró que el Caribe, la Orinoquía y los Santanderes son las zonas en las que más colegios permanecen cerrados y, al mismo tiempo, menos estudiantes asisten a clases en sitio.
Pero el informe muestra datos llamativos, como que en la Orinoquía el 96,8 por ciento de los colegios están abiertos. No obstante, solo el 61,9 por ciento de los estudiantes van a los colegios.
Esto evidencia que todavía persiste la desconfianza de los padres de familia respecto a llevar a sus hijos al colegio, concuerdan los expertos consultados por EL TIEMPO.
Así lo explica Cajiao: “Preocupa, porque el sector educativo lleva más de un año preparándose para el regreso y tiene protocolos mucho más estrictos que otros que ya están totalmente abiertos como el comercio. Es necesario que los padres y las instituciones comprendan el grave daño que le hacen a un menor que no puede ir a la escuela. Su desarrollo y posibilidades de construir un mejor proyecto de vida están en riesgo”.
Esto concuerda con lo encontrado por el Observatorio de Gestión Educativa de la Fundación Empresarios por la Educación. De acuerdo con Diego Sánchez, coordinador de Análisis de Datos de la organización, en diálogo con las secretarías de Educación del país se identificaron los principales retos para el retorno: “Uno de los mayores obstáculos ha sido la generación de confianza. Tenemos que el reto más grande ha sido el consenso con docentes y directivos docentes, así como de padres de familia y cuidadores”.
Precisamente para generar esa confianza, la ministra de Educación señaló que es necesario avanzar con el proceso de inmunización de la población estudiantil: “En cuanto a la vacunación en el sector, estamos en este momento en el proceso de inmunización de personas de 12 a 29 años, quienes también componen gran parte de la población escolar y universitaria. Al momento estamos en el 22 por ciento de personas de estas edades con dos dosis y el 48 por ciento con una dosis”, señaló.
Y agregó: “Hacemos un llamado a acudir a los puntos de vacunación que están instalados en colegios, universidades, alcaldías y en diferentes partes de las ciudades, a que lleven a los niños, niñas y adolescentes a recibir este biológico, ya que esto nos ayudará también a garantizar que el retorno a las aulas sea seguro”.
Regreso a clases, solo el comienzo
El retorno a la presencialidad es apenas el primer paso para contrarrestar los impactos de la pandemia en la educación. Todavía falta un punto fundamental: los rezagos en el aprendizaje.
De hecho, esto ya se empezó a ver en los resultados de las pruebas Saber 11 de 2020, donde aumentaron las brechas entre personas con conectividad y sin ella, entre estratos sociales y entre zonas urbanas y rurales.
El sector todavía está a la espera de lo que suceda con las pruebas Saber 11 que se aplicaron este año y cuyos resultados se conocerán en las próximas semanas.
Al respecto, la ministra Angulo explicó: “Ya iniciamos varias estrategias para nivelar a los estudiantes luego del encierro. Tenemos, por ejemplo, las pruebas Saber de los grados 3.°, 5.°, 7.° y 9.°, así como el programa ‘Evaluar para avanzar’ y todo el acompañamiento necesario para atender los posibles rezagos en el aprendizaje que se dieron en la pandemia”.
Con esto se busca determinar la afectación en el nivel académico de los estudiantes. Pero eso es apenas el principio. Tras ello, la meta del Ministerio es que en los colegios se hagan los refuerzos necesarios.
“Claramente es un importante esfuerzo, pero de nuevo la responsabilidad final de lo que ocurra con esa información no es del Ministerio, sino de las secretarías de Educación y las instituciones. Urge hacer los refuerzos si no queremos una ‘catástrofe generacional’, como ya lo advirtió la Unesco”, dijo Romero.
Fuente de la información e imagen: https://www.eltiempo.com/
Unicef denunció un «máximo histórico» y llamó a considerar a esta «grave crisis humanitaria»
El llamado Tapón del Darién, zona selvática de 266 kilómetros donde conviven animales salvajes, ríos caudalosos y grupos criminales, se convirtió en corredor para los migrantes irregulares que intentan llegar a tierra estadounidense.
Cerca de 19 mil niños atravesaron en lo que va del 2021 la peligrosa selva del Darién, ubicada entre Colombia y Panamá, para llegar a Estados Unidos, una cifra que marcó un «máximo histórico» de menores migrantes según advirtió el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). La mitad del total son menores de cinco años, y este pico histórico es cerca de tres veces más que la cifra registrada durante los cinco años anteriores juntos.
La «afluencia tan creciente» de niños migrantes por el Darién «debería ser tratada urgentemente como una grave crisis humanitaria por toda la región, más allá de Panamá», denunció Laurent Duvillier, jefe regional de comunicación de Unicef para América latina y el Caribe, e instó a los gobiernos a garantizar la protección de los niños durante su viaje y a coordinar una respuesta humanitaria.
Unicef también advirtió sobre un aumento de los niños que cruzan solos el Darién. En 2020 ocho niños no habían sido acompañados, en 2021 fueron 153. «La mayoría no viajan solos, viajan acompañados de sus papás, pero en el trayecto de la jungla pasan muchas cosas, a veces los padres se quedan atrás, la mamá se queda herida o se ven separados al momento de cruzar un río», aseguró Duvillier.
El llamado Tapón del Darién, zona selvática de 266 kilómetros donde la espesa vegetación impide a veces ver el sol, hay animales salvajes (incluso serpientes venenosas), ríos caudalosos y grupos criminales, se convirtió en corredor para los migrantes irregulares que intentan llegar a Estados Unidos.
«Cada niño que cruza el Darién a pie es un sobreviviente», afirmó la directora de Unicef para América Latina y el Caribe, Jean Gough, al detallar que «en lo profundo de la selva, el robo, la violación y la trata de personas son tan peligrosos como los animales salvajes, los insectos y la absoluta falta de agua potable».
Según los datos de Unicef, en este 2021 al menos cinco niños fueron hallados muertos en la selva. Y entre enero y septiembre pasados el ente de la ONU registró 29 denuncias de abuso sexual de niñas adolescentes durante el viaje.
Unicef señaló que se prevé que el número de niños y familias migrantes que cruzan la selva siga aumentando en las próximas semanas y meses, ante lo cual «está ampliando su respuesta humanitaria para abordar las necesidades urgentes» de esa población.
«Unicef insta a los gobiernos a garantizar la protección de los niños en movimiento a lo largo de su viaje y a coordinar la implementación de una respuesta humanitaria más sólida en todos los países involucrados», dijo el organismo de Naciones Unidas. Se debe, además, «promover la integración de las familias migrantes en las comunidades de acogida y se deben abordar las causas fundamentales que las llevan a migrar».
Entre enero y septiembre pasados, 91.300 migrantes en tránsito llegaron a Panamá tras atravesar la jungla, una cifra que triplica el récord de 2016, según datos del Servicio Nacional de Migración (SNM) panameño citados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en un informe difundido el viernes pasado.
La mayoría eran haitianos (56.600), muchos de ellos acompañados por menores, seguidos de cubanos (12.800), venezolanos (1.500), además de nacionales de países de Asia y África, entre ellos Bangladesh, Senegal, Ghana, Uzbekistán, India y Nepal, dijo la OIM. En los primeros nueve meses de 2021 los menores representaron el 20 por ciento de esa población en movilidad, cuando hace cuatro años era apenas el dos por ciento.
Hacia países del norte del continente americano como Estados Unidos, Canadá o México están viajando familias enteras de haitianos con hijos nacidos en Chile o Brasil, países en lo que se habían radicado años atrás, e incluso con bebés nacidos durante la travesía.
Fuente original: Desde Abajo
Cancelan a última hora la eutanasia de Martha Sepúlveda, la primera colombiana que iba a recibir el procedimiento sin ser enferma terminal
La mujer, de 51 años, que ya tenía todo listo para partir de este mundo, ha estado desconectada de las redes e ignora todo el debate y la polémica que su caso ha generado en el país.
La eutanasia de la colombiana Martha Sepúlveda, que estaba programada para este domingo, ha sido cancelada a última hora por el Instituto Colombiano del Dolor (Incodol), el centro clínico donde iba a realizarse el procedimiento.
Según un comunicado del Incodol, el Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad «concluyó de manera unánime cancelar el procedimiento», al determinar que «no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité» que evaluó su caso.
Se suponía que Sepúlveda tendría la posibilidad de una muerte asistida después de que, en julio pasado, la Corte Constitucional de Colombia ampliara el acceso a la eutanasia a pacientes con enfermedades no terminales.
La condición que estableció la institución es que pueden acceder a este derecho las personas que padezcan «un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable». A Martha Sepúlveda, su esclerosis lateral amiotrófica le ha afectado tanto que apenas puede caminar.
La mujer, de 51 años, que ya tenía todo listo para partir de este mundo, ha estado desconectada de las redes e ignora todo el debate y la polémica que su caso ha generado en el país.
«En realidad es como si el mundo estuviera explotando afuera y ella no tiene ni idea de lo que está pasando. Si el celular de Martha estuviera disponible, ella no tendría vida, pero hemos sido muy cuidadosos de que ella está en su mundo, resguardada ya y que nadie interfiera con su paz y su tranquilidad«, fue lo que le dijo a El Tiempo, Camila Jaramillo Salazar, su abogada, antes de conocer que el proceso fue cancelado.
La abogada también indicó que iba a consultar la decisión y comunicaría cualquier reacción.
Fuente de la Información: https://actualidad.rt.com/actualidad/406648-cancelan-ultima-hora-eutanasia-martha-sepulveda
Según una investigación periodística, al menos 29 niños han muerto en esa región este año por causas asociadas a la falta de alimentos.
Un total de 16.000 niños y niñas están en riesgo de desnutrición o ya la padecen en La Guajira, región nororiental de Colombia, según los datos que maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Yaneris Cotes, directora del ICBF en La Guaijira, detalló a Noticias Caracol que tras una evaluación a unos de 84.000 niños, de entre 0 y 5 años, el instituto pudo determinar qué población ya padece la desnutrición o está en riesgo de sufrirla.
Según ese mismo medio local, la situación también ha provocado la muerte de 29 menores de edad, en lo que va de año, por causas asociadas a la desnutrición en ese departamento, donde viven las poblaciones indígenas wayúu, así como los kogi, ika, kankuamo y los wiwa.
Pilar Redondo, nutricionista de la Fundación Aporta tu granito en La Guajira, ubicada en el municipio Uribia, comentó que este año han recibido a 131 niños con desnutrición, muchos de ellos graves y con signos marcados «tipo marasmo, que es cuando la piel está pegada a los huesos«.
También fue consultada Liliana Fernández, una madre wayúu que lleva a su hija a este centro de asistencia nutricional porque no puede producir suficiente dinero para proveer la alimentación de la pequeña. Además, en la región escasean el agua potable y la gasolina.
Ante la situación, el movimiento Guajira Resiste, una organización que se ha dedicado a denunciar las vulnerabilidades que sufre esta población colombiana, se ha declarado en «huelga de hambre» y mantiene una protesta pacífica que el jueves se instaló en la plaza Bolívar de Bogotá, el «epicentro político de toma de decisiones del país», para que el Estado colombiano tome acciones definitivas contra «el hambre y olvido».
La gravedad de la situación en La Guajira fue señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2016, cuando solicitó al Estado colombiano la adopción de «medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los niñas, niños y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayúu, en el departamento de La Guajira», ya que para ese momento se registraban 4.770 niños muertos en un plazo de ocho años.
En 2017, la Corte Constitucional de Colombia constató que en el departamento de La Guajira se presentaba una «vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la salud de los niños y niñas del pueblo wayúu».
Una sentencia derivada de la Corte sostenía que la responsabilidad sobre estos hechos recaía en organismos e instituciones del Estado, como la presidencia de la República y los ministerios de salud, vivienda, agricultura, así como el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Superintendencia Nacional de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento de La Guajira y los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao.
Por esto, la Corte ordenó a la presidencia, para entonces a cargo de Juan Manuel Santos, que en 48 horas debía «iniciar o continuar», según fuera el caso, un plan de acción para atender la crisis. De no cumplir con la medida, los responsables cometerían desacato al amparo de tutela.
En agosto de este año, la Sala Plena de la Corte Constitucional le pidió al Gobierno de Iván Duque que explicara las medidas preventivas que se han adoptado en materia sanitaria para evitar las muertes de niños de La Guajira, por causas asociadas a la desnutrición, además de otras condiciones de vida, como pobreza y marginalidad.
La Corte también le pidió al Gobierno que explicara por qué afirmaba que se habían reducido las muertes de menores, si aún persisten los fallecimientos a pesar del tiempo que ha transcurrido desde la sentencia T-302 de 2017.
De acuerdo al informe «Desnutrición en la primera infancia: Causas estructurales y vulneraciones prevenibles y evitables», presentado a mediados de septiembre por la Defensoría del Pueblo, entre 2017 y 2020, el Instituto Nacional de Salud (INS) registró a 54.693 niñas y niños menores de cinco años, con desnutrición aguda en Colombia, una situación que deja «graves consecuencias físicas, psicológicas y cognitivas irreversibles, que afectan su desarrollo integral».
En 2020, señala el estudio, hubo 9.902 niños con desnutrición aguda, de los cuales 2.177 (19,8 %) son menores de seis meses; 2.312 (21,1 %) tienen de 6 a 12 meses, y 6.484 (59,1 %) son niños mayores de un año. Los departamentos que presentan el mayor número de casos registrados de desnutrición en niños y niñas son Bogotá (1.756), la Guajira (1.121), Antioquia (724), Cundinamarca (625) y Cesar (493).
«La desnutrición infantil es uno de los mayores problemas para la primera infancia en Colombia, e incide negativamente en las posibilidades de construir un país con bases sociales, económicas y culturales sólidas. En esa medida, la solución pasa por la articulación de los actores responsables y la comprensión de las causas y consecuencias de esta enfermedad», cita el informe de la Defensoría.
El estudio añade que la pobreza y las desigualdades sociales también «afectan la sobrevivencia de los hogares donde se concentra la primera infancia» y truncan la accesibilidad a los servicio básicos, lo que hace que el desarrollo integral de la vida y el efectivo ejercicio de los derechos humanos fundamentales se vean truncados.
Los grupos más afectados por inseguridad alimentaria son los que habitan en «zonas rurales y dispersas», entre ellos están las mujeres cabeza de familia, los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, que también se ven afectados por el desempleo, la falta de oportunidades y bajos niveles de acceso a la escolaridad.
«La desnutrición crónica sigue afectando a niñas y niños en los diferentes departamentos y municipios del país, tal como lo señalan los resultados del Índice de Desnutrición Crónica realizado por la Fundación Éxito», señala la Defensoría, que detalla que el problema nutricional afecta a 626 municipios de los 1.076 que hay en el país.
Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/406399-ninos-riesgo-desnutricion-guajira-colombia-persiste
Por: infobae.com
La educación en Colombia, entre otros pilares del país, fue uno de los factores más golpeados a causa de la llegada de la pandemia de coronavirus, a territorio nacional, durante el primer semestre del año 2020. Los estudiantes con menores recursos económicos, o residentes en zonas vulnerables, se vieron más afectados en comparación con los niños, niñas y jóvenes de las principales ciudades que, a diferencia de la primera población, en gran parte, tienen acceso a internet o a aparatos electrónicos que favorecieron su aprendizaje en estas épocas en las que la virtualidad es clave. Según un estudio hecho por la Universidad de los Andes y la Fundación Barco, la covid-19 habría aumentado, en más del 100%, la desigualdad de aprendizaje.
Teniendo como base de su investigación los resultados de las Pruebas Saber 11 del 2020,ambas entidades estudiaron factores como el acceso a internet en los hogares, la tendencia de un computador, el género y la zona de 570.000 estudiantes, y compararon las conclusiones con la situación de los alumnos en años anteriores.
Para empezar, el estudio arrojó la cifra de 19% en el tema acceso a internet. Según evidenciaron la Universidad y la Fundación, el número de estudiantes que no tienen acceso a internet o a un computador, en su hogar, aumentó en ese porcentaje. “Nuevamente lo que más preocupa, y que se observó en este análisis, es una diferencia mucho más pronunciada de los estudiantes de los colegios oficiales, en donde la reducción fue cuatro veces más grande, frente a quienes están en instituciones privadas. Así mismo aumentó 17 puntos la brecha entre niños de zonas rurales con respecto a los de zonas urbanas”, afirmó Sandra García, profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes e investigadora en temas de educación.
Esta misma docente, en momentos previos, y en entrevistas anteriores, ya había hablado de las dificultades que hoy se viven en colegios, escuelas, institutos y universidades. Hasta el pasado 20 de septiembre, según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia registró, hasta el 20 de septiembre de este año, faltaban 2′898.352 estudiantes por regresar a los colegios públicos. Respecto a cifras del sector privado, se supo que han regresado a las aulas de clase 1′417.977, que corresponde al 72% de los matriculados.
”Hay tres secretarías de educación que no han abierto y que van a completar ya un año y medio sin asistencia a las aulas (…) Por lo general, los colegios privados están regresando con una periodicidad mucho más alta que los colegios públicos. Esto preocupa porque el tiempo efectivo de enseñanza y todos los procesos de aprendizaje se está llevando de forma desigual”, manifestó la experta.
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En 2020, según los resultados entregados por el Dane de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, incrementó en un 13% la inasistencia de estudiantes a sus instituciones académicas. Mientras que en el año 2019 el 2,7% de los menores entre los 6 y los 16 años dejaron de asistir al colegio, en 2020, esta cifra fue del 16,4%.
Sandra García, frente a esto, enfatizó, en testimonios recogidos por el periódico El Tiempo, que existen “dos maneras de evitar el aumento en la inasistencia escolar: garantizar comunicación entre docentes y estudiantes vía acceso a conectividad, o abrir los colegios de manera decidida. Para millones de niños en Colombia no se hicieron ninguna de las dos”. Según el Gobierno Nacional, hasta septiembre de este año, se ha abierto el 83,3% de las sedes educativas del país para garantizar la asistencia de los niños, niñas y adolescentes, es decir, en otras cifras, las puertas de 36.539 instituciones educativas están abiertas, y 7.302 colegios, o escuelas, continúan cerrados.
“Cuando uno va a mirar el tipo de educación que están teniendo, hasta agosto de 2021, solo el 47% de hogares manifestaron que sus hijos estaban asistiendo a educación presencial o alternancia. Por otro lado, de ese 50% restante, que no está asistiendo, solo el 12% señaló que ha tenido, recientemente, encuentros con un profesor o un tutor de manera virtual. La otra estrategia que usan para aprender es a través de guías por profesores y haciendo uso de WhatsApp”, expuso García que, a su vez, manifestó que este tipo de situaciones retrasan los proceso de aprendizaje y afecta, especialmente, a las personas de menores recursos en el país. Lo que argumenta García es que el retraso que menciona sería equivalente a dos años escolares.
”La reapertura es el primer paso, pero después debemos recuperar el bienestar emocional de los estudiantes y concentrarnos en reforzar los aprendizajes básicos”, dijo García luego de recalcar que es importante que, cuando haya oportunidad, será necesario hacer hincapié en temas de lectoescritura y operaciones básicas en matemáticas.
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