América del Sur/Colombia/07-03-2021/Autor(a) y Fuente: redclade.org
Ante la violencia del Estado colombiano que resultó en la agresión a Gareth Steven Sella, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE) y otras organizaciones, movimientos sociales y especialistas de América Latina y el Caribe publican pronunciamiento para expresar su más categórico repudio a la represión de militantes sociales y educativos
“La educación que necesitamos para el mundo que queremos es una educación que nos fortalezca como humanos, pensada desde lo humano para transformar y no simplemente para aprender a memoria un par de fórmulas y conceptos. [Es una educación que posibilite], transformar todo, aprender y crecer en función no del individuo sino de la sociedad, del medio ambiente. (…) Por eso es necesario manifestarse, salir, decir que necesitamos cambiar, necesitamos un mejor país (…)”, afirmó Gareth Steven Sella, estudiante colombiano, durante una de las manifestaciones en que participaba en su país para defender el derecho a la educación, en octubre de 2019. Su testimonio se dio en el marco de la Campaña #LaEducaciónQueNecesitamos para el Mundo que Queremos, desarrollada por la CLADE con el apoyo de UNICEF.
Pasados un año y cinco meses de su testimonio, en la tarde del 24 de febrero de 2021, Gareth fue agredido en uno de sus ojos por parte de un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) cuando participaba en una manifestación en la que se exigía del Estado colombiano la Matrícula Cero (gratuidad) para la educación pública superior y el desmantelamiento del ESMAD, justamente por sus recurrentes actos violentos contra estudiantes y jóvenes manifestantes desde hace varios años.
Tras ese contexto de violencia y criminalización contra estudiantes, que culminó en la agresión a Gareth y centenas de estudiantes en el país, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación y otras organizaciones, movimientos sociales y especialistas de América Latina y el Caribe publican hoy, 3 de marzo, un pronunciamiento en el cual expresan su más categórico repudio a la “represión de los militantes sociales y educativos, que pone en riesgo su salud de manera irreparable, lamentando que se ensañe con jóvenes y adolescentes de manera brutal”.
Lee a continuación el pronunciamiento completo:
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO POR EL RESPETO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD DE GARETH STEVEN SELLA
Las organizaciones abajo firmantes rechazamos la represión desmedida, el uso de armas y de ataques a los ojos por parte del ESMAD, de la policía y de organismos de seguridad del Estado colombiano hacia las personas que salen a manifestarse; específicamente rechazamos lo sucedido con Gareth Steven Sella en la tarde del 24 de febrero de 2021, cuando haciendo parte de una manifestación en la que se exigía del Estado colombiano la Matrícula Cero para la educación pública superior y el desmantelamiento del ESMAD, justamente por sus actos violentos contra estudiantes y jóvenes manifestantes desde tiempo atrás, fue agredido en uno de sus ojos por parte de un miembro del ESMAD.
En un diálogo con Blu Radio, el joven cineasta de 24 años aseguró que a él le habían disparado cuando estaba en la calle 23 con carrera Séptima (en el centro de Bogotá). “Yo me volteo y ahí me disparan, yo siento el golpe supremamente fuerte en mi cara y arrancó a moverme, a correr. Me toqué el ojo y me di cuenta de que no veía. Me asuste bastante”, explicó el joven.
Sella aseguró que el diagnóstico médico que le dieron en la Clínica San Ignacio arroja que la herida se produjo por el impacto de un arma. “Ellos lo tienen muy claro (los médicos). Las heridas hablan, esto no fue una piedra. Dios quisiera que hubiera sido una piedra, de pronto me hubiera cortado un poquito, un par de puntos y todo bien. Pero esta herida es profunda, es una herida por un impacto que removió todo dentro del ojo”, indicó.
Es una situación que de nuevo se repite y que ya había sucedido en ocasiones anteriores contra manifestantes.
Además de estos hechos, Gareth Steven ha recibido amenazas contra su vida por las declaraciones realizadas.
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación expresa su más categórico repudio a la represión de los militantes sociales y educativos, que pone en riesgo su salud de manera irreparable, lamentando que se ensañe con jóvenes y adolescentes de manera brutal.
Desde las organizaciones sociales que adherimos a este pronunciamiento exigimos castigo a los responsables directos y a quienes dan las órdenes de reprimir estas manifestaciones legítimas y pacíficas.
¡Exigimos la protección de la vida y la integridad de nuestros jóvenes en todo el país!
¡Decimos no a la impunidad!
03 de marzo de 2021
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación
Campaña Argentina por el Derecho a la Educación
Campaña por el Derecho a la Educación en México
Campaña Peruana por el Derecho a la Educación
Contrato Social por la Educación en el Ecuador
Colectivo de Educación para todas y todos de Guatemala
Red Global/Glocal por la calidad educativa
Omar Orlando Pulido Chaves
Desirée López de Maturana
Luis Bonilla-Molina
Fuente e Imagen: https://redclade.org/noticias/colombia-exigimos-la-proteccion-de-la-vida-y-la-integridad-de-jovenes-en-todo-el-pais/
Por: Yani Vallejo Duque* Y Alfonso Insuasty Rodríguez**
Juicio histórico contra el Estado colombiano: genocidio político, crímenes contra la paz y la impunidad
En Colombia, de manera particular, se ha aplicado toda una tecnología refinada del exterminio, una sumatoria de prácticas sociales genocidas que han desplegado y desarrollado la aplicación de toda una tecnología del poder y la dominación.
Por genocidio político nos referimos a esa variada aplicación de estrategias para invisibilizar, aislar, estigmatizar, moralizar, anular, criminalizar y eliminar formas de pensar diferentes a las posturas económicas, culturales y políticas de las élites dominantes, prácticas que se suman a la constante eliminación física.
La amenaza, el exilio, la criminalización, el señalamiento, el olvido, falsear la historia, la creación de un enemigo interno, el control editorial de los medios masivos de información encargados de construir relatos e imaginarios de verdad a la medida del poder instituido, el control académico e investigativo en los centros universitarios, la pauperización, la negación de un futuro laboral, la presión a redes familiares y un largo etcétera se suman a éstas tecnologías del poder y la dominación.
La historia política de Colombia ha estado marcada por un constante e innegable ataque a los trabajadores sindicalizados, organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, cooperativas territoriales autónomas, procesos académicos universitarios, docentes, investigadores, comunicadores, organizaciones urbanas, estudiantiles, partidos políticos como la UP, A Luchar, Movimientos Cívicos, defensores y defensoras del medio ambiente, entre otras organizaciones que por sus posturas, su defensa de los derechos, por la búsqueda de mejores condiciones de vida, por oponerse a la imposición de un modelo de desarrollo devorador, sufren la aplicación constante de esa Tecnología del Horror.
Un ejemplo claro lo evidencia un informe de la Escuela Nacional Sindical que da cuenta de ello:
Los patrones de la violencia antisindical y de la causa de la estigmatización. “La creación y consolidación de imaginarios, discursos, prácticas y representaciones, ha contribuido a tejer toda una urdimbre de significaciones negativas sobre el sindicalismo.” En el país existe una especie de “cultura antisindical” que señala y estigmatiza a los y las trabajadoras que hacen parte de un sindicato. En conclusión, se ve al sindicalismo cómo algo negativo y amenazante por parte de un sector de la sociedad colombiana, los que históricamente han tenido el poder. (ENS, 2020)
Esto sumado a la eliminación física consistente y estructural, las cifras así lo muestran, entre enero de 1971 y 2018:
Fuente: ENS, 2020.
Sindicatos como la Federación de educadores FECODE, y la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO, son los que más han padecido estas que podremos llamar: “prácticas genocidas instituidas”.
Hoy luego de la firma de un importante acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Estado Colombiano, estas prácticas genocidas instituidas no se detuvieron, por el contrario, se han refinado y se han incrementado. La ONG Indepaz da cuenta que, solo en el 2021 de enero a la fecha, han sido asesinados 24 líderes sociales y 9 excombatientes (Indepaz, 2021), desde la firma del acuerdo de Paz en el año 2016 hasta el 10 de diciembre de 2020 habían sido asesinados 1.088 líderes lideresas sociales. (Indepaz, 2020)
Es evidente que existe una reingeniería del paramilitarismo post acuerdo, en la búsqueda de la captura de territorios estratégicos para anclarlos a los proyectos del llamado “desarrollo” (Insuasty Rodríguez, 2017).
Además, de manera general como sociedad, hemos estado sometidos a unas estructuras injustas de orden económico, político, cultural y militar, un entramado que a modo de hidra de mil cabezas que combina sectores del empresariado, mafias, paramilitares, clanes políticos y Estado, todos unidos desplegando una dinámica criminal nefasta de control y reordenamiento social y territorial a la medida, así mismo, se nos imponen relaciones internacionales abiertamente injustas que han provocado atentados aleves contra la vida, las comunidades, los territorios en tanto generan condiciones de hambre, falta de empleo, pauperización y de una abierta impunidad.
Pero estas estructuras no se dan de la nada, son provocadas, se constituyen de suyo en un crimen estructural en tanto provocan la muerte lenta y continuo de capas sociales sometidas al hambre al desempleo y a la falta de recursos para proteger la salud y para educarse, así mismo devoran el medio ambiente poniendo en riesgo los derechos incluso, de las generaciones futuras.
Las estructuras represivas hoy, siguen vigentes y se han conservado tras ropajes jurídicos, discursivos, mediáticos, técnicas institucionales del encubrimiento, la captura política de las instituciones de justicia, el fuero militar, el secreto de estado arropados bajo el concepto de “seguridad nacional” y más recientemente la toma y captura de las instituciones destinadas a la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto (Insuasty Rodríguez, Reconfigurar el sentir-pensar de la sociedad. Propósito de las élites. Colombia, 2020).
Vale agregar a este contexto que, las investigaciones de Transparencia y Fiscalía a octubre de 2019 revelaron que la impunidad en el país llegaba a un 94 %, una situación mucho más preocupante de lo que parecía ser. (Gossain, 2019)
En este contexto, en Colombia, gracias al empuje de las organizaciones sociales, sindicales, populares, eclesiales, entre otras, se ha logrado la realización en Colombia de las Sesión número 48° del Tribunal Permanente de los Pueblos, para Juzgar al Estado Colombiano por los crímenes de: Genocidio Político, Crímenes contra la Paz e Impunidad.
Vale recordar que, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es un organismo internacional no gubernamental que se establece en el año 1979, como institución que tiene como misión específica la de transformar en permanente la función que había sido la de los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras de América Latina (1974-1976): garantizar un espacio de visibilidad, de toma de palabra, de juicio a las violaciones masivas de los derechos humanos, individuales y colectivos, y a los derechos de los pueblos, que no encuentran respuestas institucionales a nivel nacional o internacional. El derecho internacional es sin lugar a duda un orden imperfecto, en desarrollo. Aún después de la institución de la Corte Penal Internacional, que ha excluido de su competencia los crímenes económicos, para muchas y quizás la mayoría de las acciones que se producen o coinciden con la violación de los derechos de vida de poblaciones no existe la posibilidad de formular juicios que tengan efectividad. Es el caso específico de todo el ámbito que se refiere a los crímenes de raíces y mecanismos económicos, que a lo largo de los últimos veinte años se han transformado visiblemente en una de las causas principales y más dramáticas de las violaciones de los derechos humanos. (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2008)
Si los Estados no proceden, le corresponde al pueblo organizado hacer lo propio, se trata de un tribunal de opinión que ha permitido visibilizar graves violaciones de los derechos humanos y de los pueblos, aun superando el yugo de estructuras sociales y Estatales marcadas por la negación de la democracia, la justicia, la verdad, ha permitido incluso equilibrar la dura balanza del poder y la aplicación de justicia, sus fallos han sido de especial relevancia para la comprensión de la realidad y para marcar la ruta en el camino de la protección de los derechos de los pueblos, examinando los casos de violaciones grave y sistemática de los derechos humanos cometidos por los Estados y Empresas Transnacionales. (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2015)
En Colombia ya se han realizado dos sesiones anteriores:
Este primer semestre de 2021 se realizará la versión número 48, la tercera en Colombia.
Resulta ser de vital importancia por el momento de rebrote de la violencia como ejercicio de exterminio de toda capacidad organizativa de las comunidades para defender sus derechos, territorios, contra toda postura política incómoda para el orden establecido.
Paralelo se han venido desarrollando eventos de especial relevancia, como la Audiencia Pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH por el Caso del Genocidio del partido político Unión Patriótica realizado en el mes de febrero de 2021 (El Espectador, 2021), así mismo la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP ha venido, a pesar de los constantes ataques de los sectores empresariales y políticos de extrema derecha concentrados en el Partido Centro Democrático, importantes y duras declaraciones como en el caso 003 conocido como “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” nombrado de manera coloquial como Falsos Positivos, reconociendo a la fecha, la cifra de 6.402 civiles asesinados de forma aleve por las fuerzas militares y hechos pasar falsamente como dados de baja en combate, crímenes aleves cometidos entre 2002 y 2008, durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, una falta grave a la moral y la ética humana. (JEP, 2021)
Este año 2021, se espera que para el mes de noviembre se hagan públicos los informes de la Comisión de la Verdad creada en el marco del acuerdo de Paz firmado entre las Farc y el estado colombiano. Se agrega que estamos en pleno año preelectoral, la situación estará bastante movida y compleja.
Se espera así que este Tribunas de los Pueblos aporte de manera significativa en la reconstrucción de una verdad verdadera, que permita reconocer las dinámicas, actores y sistematicidad de esta violencia genocida que ha marcado la historia de Colombia.
Referencias
El Espectador. (10 de febrero de 2021). “Hubo una posibilidad de matar impunemente”: perito sobre exterminio de la UniónPatriótica. Obtenido de El Espectador: https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/8297-hubo-una-posibilidad-de-matar-impunemente-perito-sobre-exterminio-de-la-union-patriotica
ENS. (07 de 10 de 2020). ¿Por qué y para qué la violencia antisindical en Colombia? Obtenido de Escuela Nacional Sindical : https://ail.ens.org.co/informe-especial/por-que-y-para-que-la-violencia-antisindical-en-colombia/
Gossain, J. (2 de octubre de 2019). De cada cien delitos, en Colombia solo se castigan seis. Obtenido de El Tiempo: https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/colombia-de-cada-cien-delitos-solo-se-castigan-seis-419136
Indepaz. (10 de diciembre de 2020). Informe de líderes y personas defensoras de derechos humanos asesinados despues del acuerdo de Paz. Colombia. Obtenido de Indepaz: http://www.indepaz.org.co/pazparaliderar/
Indepaz. (19 de febrero de 2021). Líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz asesinados 2021. Obtenido de Indepaz: http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-2021/
Insuasty Rodríguez, A. (2017). ¿De qué hablamos cuando nos referimos al paramilitarismo? El Ágora USB, 17(2), 338-352. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/agor/v17n2/1657-8031-agor-17-02-00338.pdf
Insuasty Rodríguez, A. (10 de abril de 2020). Reconfigurar el sentir-pensar de la sociedad. Propósito de las élites. Colombia. Obtenido de Kavilando: https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/7622-reconfigurar-el-sentir-pensar-de-la-sociedad-proposito-de-las-elites-colombia
JEP. (18 de febrero de 2021). La JEP hace pública la estrategia de priorización dentro del Caso 03, conocido como el de falsos positivos. Obtenido de JEP: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-hace-p%C3%BAblica-la-estrategia-de-priorizaci%C3%B3n-dentro-del-Caso-03,-conocido-como-el-de-falsos-positivos.aspx
Rojas Merchand, M. (2021). Desigualdad e Ideología neoliberal antidemocrática. Revista Kavilando, 12(1), 175-190. Recuperado a partir de https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/371
Tribunal Permanente de los Pueblos. (julio de 2008). Empresas transnacionales y derechos de los Pueblos. Obtenido de Kavilando: http://permanentpeoplestribunal.org/wp-content/uploads/2006/04/Colombia_VII_TPP-Es.pdf
Tribunal Permanente de los Pueblos. (2015). Tribunal Permanente de los Pueblos. Obtenido de Tribunal Permanente de los Pueblos: http://permanentpeoplestribunal.org/?lang=es
*SI QUIERE PROFUNDIZAR EN ESTE TEMA, ESCUCHAR PROGRAMAS RADIO KAVILANDO:
*Abogado, especialista en derecho penal, defensor público e investigador Grupo Kavilando. Contacto: yaniw6@gmail.com
**Docente Investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, Integrante Red Interuniversitaria por la Paz, actual consejero de Paz Conpaz Medellín sector Universidades, e Integrante grupo Autónomo Kavilando. Contacto: Alfonso.insuasty@gmail.com
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/juicio-historico-contra-el-estado-colombiano-genocidio-politico-crimenes-contra-la-paz-y-la-impunidad/
América del Sur/Colombia/28-02-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net
Otras 11 personas fueron asesinadas en dos masacres acaecidas en ese mismo municipio durante el último fin de semana.
La espiral de violencia en Colombia se cobró una nueva víctima cuando el miércoles último resultó asesinado en Tumaco (en el oeste del país, en la costa pacífica) un líder indígena, en la conclusión de una semana en que más de una decena de personas fueron víctimas de la inseguridad en ese mismo municipio del Estado de Nariño.
El Resguardo Indígena Awá, Piguambi Palangala informó que el miércoles «cerca del mediodía, hombres desconocidos armados acabaron con la vida del compañero integrante del resguardo, quien este año se desempeñaba como fiscal del cabildo Piguambí Palangala Jhon Albeiro Pai Pascal», de acuerdo a esa organización indígena.
El resguardo indígena denuncia, asimismo, que este hecho se suma «a las difíciles situaciones que venimos afrontando, entre muertes, amenazas, señalamientos y atentados a líderes y lideresas» de ese pueblo originario. Este es el caso número 27 de asesinato de líderes indígenas en lo que va de año en el país.
El resguardo indígena reclama, por su parte, el respeto por su territorio, la vida, las comunidades indígenas de dicha comarca y respeto por su autonomía territorial y por tanto, exige al gobierno se «inicie la ruta de protección colectiva de conjunto con las autoridades indígenas.
Solicitan, de igual manera, el establecimiento de un mecanismo de justicia transicional que permita esclarecer los hechos.
En Temuco los últimos días ha visto el incremento de la violencia política, pues en el último fin de semana fueron asesinadas 11 personas, en las masacres número 14 y 15 de lo que va de 2021 en Colombia, en una región donde en 2020 se produjeron tres asesinatos colectivos, y en el último mes han muerto 3 personas más, 2 de ellos indígenas y uno más firmante de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC-EP.
En ese término departamental, se dio el 53 por ciento de las muertes violentas acontecidas durante el año anterior, de acuerdo a datos aportados por Indepaz.
Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/colombia-violencia-actualizacion-temuco-20210226-0014.html
Los maestros afiliados a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) insisten en no retornar a las aulas pese a que varios colegios públicos han regresado a actividades presenciales mediante el modelo de alternancia.
Los profesores reiteraron que estarán listos para volver a las instituciones cuando las condiciones recomendadas por la OMS y expertos en medicina estén garantizadas. En ese sentido, el gremio enumeró una serie de requisitos que exigen para volver a la presencialidad.
En primer lugar, piden adecuar y adaptar las plantas físicas, con inversiones nuevas en infraestructura y dotación; al igual que la planta de personal docente, de apoyo y orientadores escolares, los recursos para el PAE y el transporte escolar.
Por lo tanto, resaltaron la necesidad de “disminuir el parámetro de relación estudiante/maestro con la finalidad de lograr el distanciamiento físico, mejorar los ambientes de enseñanza y disminuir el hacinamiento”.
De igual manera, el gremio solicitó respetar la jornada laboral, adecuarla y organizarla de conformidad con el número de alumnos, tiempos, periodos, grupos, cursos, áreas y días y adecuar un nuevo calendario escolar, contenidos curriculares y horarios, teniendo en cuenta los consecuencias que han derivado de la pandemia.
Asimismo, exigieron articular y vincular el sistema de salud al sistema escolar mediante reuniones con la comunidad médica y científica, y disponer de asistencia médica de manera permanente.
A su vez, solicitan garantizar la conexión gratuita de Internet y ejecutar inversiones para convertirla en un medio de fácil acceso.
Además, recordaron la importancia de proveer a los profesores, alumnos y demás personal de los colegios, los elementos de bioseguridad y conexos como agua potable, baterías sanitarias e instalar lavamanos y suministrar jabón líquido antibacterial.
Fecode también pidió ampliar la planta de funcionarios de servicios generales encargados de fumigación, asepsia y desinfección varias veces al día de los elementos, sitios e instrumentos utilizados durante la actividad escolar.
Finalmente, el gremio indicó que se deben designar equipos de las secretarías de salud del ente territorial, responsables de aplicar el testeo a todas las personas al momento del ingreso a los espacios escolares.
Por su parte, el Distrito ha insistido en que los colegios público que reabren sus puertas son solo aquellos que cumplen con los debidos protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud.
Icbf presentará denuncias por reclutamiento forzado de menores
Este lunes, la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, Lina Arbeláez, presentará tres denuncias colectivas contra el Eln, las desmovilizadas Farc, y los grupos armados organizados residuales, por el reclutamiento sistemático de niños, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado.
Las tres denuncias, dos de las cuales se interpondrán en la Fiscalía y una en la Jurisdicción Especial para la Paz, fueron posibles gracias a un grupo de menores víctimas de reclutamiento forzado, que lograron desvincularse de los grupos armados y que fueron atendidos por un programa especial del Icbf para el restablecimiento de sus derechos.
Para las denuncias, la directora del Icbf estará acompañada de la Consejera Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, Carolina Salgado, y de la consejera para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Nancy Patricia Gutiérrez.
“En este momento me encuentro en la Fiscalía acompañando a Lina Arbeláez, directora del Icbf Colombia, a radicar una denuncia y un informe que evidencian la sistematicidad en el reclutamiento y uso de menores en la guerra por parte del Eln y los GAOr”, escribió Salgado en su cuenta de Twitter.
Según Arbeláez, las denuncias en contra de estos grupos armados buscan lograr el castigo correspondiente para los responsables del reclutamiento como una práctica sistémica en los grupos armados ilegales.
Además, busca un acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del reclutamiento en medio del conflicto armado.
Fuente de la Información: https://www.vanguardia.com/colombia/icbf-presentara-denuncias-por-reclutamiento-forzado-de-menores-CY3427730
América del Sur/Colombia/19-02-2021/Autor(a) y Fuente: www.elespectador.com
Así lo señaló el Ministerio de Educación. Además, recordó que desde septiembre en el 73% del territorio se venían haciendo pilotos del modelo de alternancia.
Según informó el Ministerio de Educación, para la tercera semana de febrero ya son el 59% de las Secretarias de Educación las que han reportado el inicio de actividad académica con alternancia.
Desde el pasado 18 de enero se han iniciado las clases bajo el modelo de alternancia, en colegios públicos y privados en departamentos como Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Valle del Cauca y Vichada.
A estos territorios se suman los procesos de reactivación en municipios como Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buga, Cali, Cartagena, Cartago, Chía, Dosquebradas, Envigado, Facatativa, Floridablanca, Funza, Girón, Itagüí, Maicao, Malambo, Manizales, Medellín, Montería, Palmira, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Quibdó, Riohacha, Rionegro, Sabaneta, Santa Marta, Sincelejo, Soledad, Tumaco, Tunja, Uribia, Valledupar, Yopal.
Desde junio de 2020 se emitieron los Lineamientos por parte de los Ministerios de Educación y Salud para poder volver a los colegios de manera segura y con alternancia. Sin embargo, no fue hasta el 24 de septiembre de 2020 que fue definido el protocolo de bioseguridad para el sector educativo.
De hecho, alrededor de esa fecha fue cuando se empezaron a hacer pilotos de alternancia en el 73% del territorio nacional. Lo anterior con el fin de “definir el plan de alternancia 2021 que organiza el alistamiento y la implementación del regreso gradual, progresivo y seguro de los estudiantes a las aulas”, comenta el ministerio de Educación. “A su vez se constituyeron los comités de alternancia que permiten la coordinación interinstitucional para realizar el proceso de retorno a las aulas, atendiendo el monitoreo de las variables del sector salud y la preparación de las instituciones”.
Precisamente, con el fin de garantizar que las Instituciones Educativas del país cuenten con los elementos necesario en materia de bioseguridad para el retorno, el Ministerio continuará el trabajo en equipo con los mandatarios territoriales para lograr que se agilicen los procesos contractuales que permitan la ejecución en las regiones de los $400 mil millones de pesos que el Gobierno Nacional asignó a través del Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME.
“Invitamos a las Entidades Territoriales a que dinamicen el proceso de verificación y aprobación de protocolos de los colegios públicos y privados y así continuar avanzando en el retorno gradual, progresivo y seguro en alternancia. Asimismo, es necesario reiterar la importancia del proceso de alternancia para que los niños y jóvenes interactúen con sus maestros y con compañeros lo cual cobra gran importancia en el desarrollo integral de los estudiantes para evitar el aumento de las brechas de aprendizaje y mitigar los efectos emocionales producidos por el aislamiento tales como ansiedad, estrés, depresión, dificultad para la resolución de conflictos y dificultades para manejar sus emociones” indicó la ministra María Victoria Angulo.
Además, es necesario recordar que, para avalar la asistencia de los estudiantes a los encuentros educativos presenciales, los padres y madres de familia o cuidadores deben manifestar su consentimiento. En este marco, es importante que los colegios ofrezcan información directa y oportuna a los padres de familia sobre el protocolo y las medidas que se implementan en cada sede educativa. Este proceso y la comunicación directa y oportuna serán fundamentales para la generación de confianza en el retorno y durante todo el año 2021.
Fuente e Imagen: https://www.elespectador.com/noticias/educacion/el-59-de-las-secretarias-de-educacion-avanzan-para-el-retorno-de-alumnos-a-las-aulas/
La aparición de investigaciones rigurosas sobre el campo de la didáctica ha sido otra causa posible de su renacimiento. De trabajos anecdóticos y un tanto improvisados, se ha pasado en los últimos años- a indagaciones que no solo describen, analizan e interpretan el quehacer de los docentes en el aula sino que, además, formulan propuestas para renovar las formas de enseñanza. Tales investigaciones han permitido apreciar la competa urdimbre de relaciones y situaciones en las que está inmerso el acto de enseñar. O si se prefiere, al colocar la lente investigativa sobre el acto educativo, han surgido nuevos interrogantes sobre una realidad que parecía sencilla o sin demasiados cambios en el tiempo. Con los aportes de estas investigaciones lo que parecía una labor saciada de certezas o un oficio ya sabido de antemano se transformó en un verdadero campo minado de preguntas. Precisamente, es en el campo de las investigaciones sobre didáctica en donde se ubica la presente obra. Un texto con múltiples miradas al quehacer de los docentes de la educación básica, media y universitaria. Como se podrá leer, esta obra recoge pesquisas adelantadas durante dos años en las formas de enseñanzas del lenguaje gráfico, la producción escrita del cuento, el proceso de integración escolar de niños y niñas con discapacidad cognitiva, la comprensión lectora de textos narrativos, la enseñanza de los deportes individuales y de conjunto, la producción escrita en la formación de maestros y en el componente metodológico investigativo de estudiantes, y las estrategias didácticas para asignaturas investigativas. Todas las investigaciones se realizaron en instituciones educativas públicas y privadas en la ciudad de Pasto.
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