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I Congreso Mundial de Educación 2020. Carlos Munévar: El Magisterio Colombiano Está En Resistencia Contra El Fascismo.

Allí donde el capitalismo siembra muerte, los maestros y maestras siembran vida

Donde el neoliberalismo siembra fragmentación, la educación pública siembra solidaridad

La lucha del pueblo es la lucha de las y los profes.

Educación y sindicalismo son dos conceptos que se encuentran íntimamente relacionados en Colombia, gracias al ejercicio combativo, reivindicativo y coherente de FECODE en defensa de la educación pública, que cabe recordar, es una conquista de maestros y maestras, de otra forma no existiría y la situación para los sectores sociales vulnerables y las comunidades educativas serían aún peor de lo que es hoy en día.

se ha repetido hasta la saciedad que la pandemia de Covid19 desnudó las falencias del paradigma neoliberal y que además está siendo aprovechado por las corporaciones y gobiernos proclives al modelo para profundizar la explotación, el despojo, la acumulación de capital y la destrucción del “Estado de bienestar”,  es de importancia fundamental entender que Latinoamérica como región cultural y geográfica ha sufrido efectos catastróficos en su ya menguada economía pero más trascendental  aún es la crisis social, humanitaria, que sufren sus sociedades que históricamente, salvo pequeños relámpagos fugaces de gobiernos con visos de izquierda y una agenda de gobierno  con contenido social, han estado gobernadas por sectores alineados con la política imperialista de los Estados Unidos y desde hace 40 años aproximadamente siguen al pie de la letra las recetas neoliberales impuesta por el consenso de Washington y los Chicago Boys, lo que debilitó los sistemas públicos de salud, educación, seguridad social y transformó sus economías en escenarios de especulación financiera con poco control estatal hacia las grandes corporaciones, preparando el camino para altas tasas de desempleo y una flexibilización laboral sin precedentes a costa de la pérdida de derechos ya adquiridos a través de la lucha sindical y gremial.

En ese escenario Colombia tiene unas peculiaridades que evidencian profundos retos para el sindicalismo y las luchas sociales. En palabras de Renán Vega, el Estado colombiano desarrolla una política de “contrainsurgencia laboral” macabra, pero además una constante criminalización de la protesta social ( 9 y 10 septiembre), situación agudizada en el marco de un conflicto armado interno, en donde los gobiernos de turno han implantado la idea en amplios sectores de la sociedad acerca de cómo las protestas y huelgas son organizadas por grupos extremistas, terroristas y subversivos infiltrados en las empresas con el ánimo de destruir los bienes privados, subvertir el orden público, acabar con el capital de unos pocos, añadiéndole que  se les endosa a los sindicatos la responsabilidad de la quiebra de las empresas, el enriquecimiento de sus líderes a costa de la miseria y el desempleo de los trabajadores, motivo por el cual casi que se justifica tácitamente la persecución de los sindicalistas, su encarcelamiento, su perfilamiento e incluso el asesinato a sus dirigentes.

Esta cultura “antisindical” y de criminalización de la protesta social,  que históricamente se ha desarrollado casi como política de Estado – basta recordar la masacre de las bananeras en 1928 –  ha sido llevada a niveles aberrantes por el uribismo y sus sectores afines, quienes desde hace ya 20 años monopolizan el poder político  y militar del país, confabulados con amplios sectores del empresariado y la banca nacional como también con transnacionales y corporaciones, de esta manera durante las últimas dos décadas paralelamente al asesinato sistemático de sindicalistas, educadores y líderes sociales,  se ha adelantado una contrarreforma laboral permanente que ha ido destruyendo uno a uno los derechos  que durante 100 años los y las  trabajadoras colombianas fueron obteniendo al calor de las movilizaciones y la lucha.

Las cifras son alucinantes, basta ver el porcentaje de sindicalización para entender el trágico panorama de los trabajadores colombianos, las reformas uribistas han venido golpeando muy duro la afiliación a los sindicatos, que se encuentra entre las mas bajas del continente, así mismo la tasa de sindicalistas exterminados en Colombia es 5 veces mayor a la del resto de países, Esto explica el por qué solo se encuentra sindicalizado el 3,4% del total de los trabajadores, razón suficiente para considerar a Colombia como el país más peligroso del mundo para ejercer el sindicalismo y donde la justicia es menos efectiva, pues menos del 10% de los asesinatos a sindicalistas reportados desde 1986 han sido condenados. Cabe anotar que mas de 3100 sindicalistas han sido asesinados en los últimos 40 años y de ellos más de 1000 pertenecían a FECODE.

 

Teniendo esta perspectiva es menester indicar que la situación descrita y la persecución, estigmatización y señalamientos reiterativos del regimen contra los maestros y maestras colombianas afecta directamente el ejercicio pedagógico y el papel de la escuela pública como escenario de construcción del conocimiento. Si bien la Federación a enarbolado la bandera de la Escuela como territorio de paz, la realidad desborda las intenciones. Desafortunadamente esa cultura antisindical y mezquina hacia los educadores y educadoras colombianas se ha mezclado con una política de desfinanciación de la escuela pública mientras que a la par se impulsa la privatización endógena y exógena, manifestándose en una crisis estructural del sistema educativo que toca todos los aspectos de la vida escolar y de las comunidades.

El estado de guerra permanente al cual se ha sometido al pueblo colombiano ha creado un estado de excepción en donde se ha relativizado la justicia y las leyes, al mismo tiempo que se ha normalizado la barbarie, imponiendo una necropolitica que actúa con total impunidad y corrupción, los fenómenos de desposesión y neocolonialismo corporativo apoyados en el ejercicio de máquinas de guerra estatales y para – estatales han ocasionado el desplazamiento de comunidades , el ataque y la eliminación sistemática de pueblos ancestrales, la privatización de extensos territorios y la entrega de los recursos naturales a multinacionales mineras.  En nombre de la “seguridad” se han invertido billones de dólares en el aparato represivo del Estado, mientras que la educación apenas recibe migajas obtenidas al calor de las movilizaciones del magisterio colombiano.

De esta manera se ha reproducido una sociedad violenta, patriarcal, antidemocrática, excluyente, contra la cual es necesario luchar desde los escenarios educativos, los educadores, intelectuales, pedagogos y demás sujetos vinculados a la escuela no pueden permitirse estar de espaldas a la realidad de sus comunidades, para ello es imperante rescatar al maestro como sujeto político que pone la pedagogía en clave de emancipación y no al servicio de las lógicas mercantiles.

El movimiento sindical magisterial enfrenta a nivel externo al poder suprainstitucional ejercido por la OCDE, el FMI, el Banco Mundial y otros organismos internacionales. A nivel nacional enfrenta lo que algunos han denominado un cogobierno corporativo, en donde poderosos gremios patrocinan las elecciones y luego disfrutan de la inversión económica a costa de una democracia corrompida. A nivel discursivo enfrentan por un lado el estado de opinión que astutamente el uribismo ha ido imponiendo, apoyándose en todo un “ejército” de “líderes de opinión” que ejercen un papel casi “de mercenarios del micrófono” desde los medios de comunicación privados y oficialistas. Por otro lado, nociones culturales muy arraigadas que terminan invisibilizando, discriminando y censurando el ejercicio del maestro/a como pedagogo, sujeto político y transformador de realidades. Al mismo tiempo en el interior de las organizaciones sindicales se enfrentan procesos relacionados con la crisis del ejercicio democrático, burocratización, corrupción, pérdida del horizonte político pedagógico, paralelismo sindical, y acomodamientos de fuerzas que utilizan las organizaciones para intereses particulares, dejando en segundo plano las luchas gremiales y ocasionan la despedagogización de la lucha.

Desde la Red de maestros y maestras La Roja creemos que en este momento histórico la transformación educativa debe estar subscrita a la organización, unidad  y fortalecimiento de los sindicatos de educadores a través del mundo, a la desobediencia férrea y la resistencia activa y creativa, el capitalismo viene mostrando su cara más horrible dentro de la pandemia y como educadores  estamos llamados a defender a la escuela publica como baluarte de la democracia, como un logro fundamental en la lucha histórica por la emancipación de los pueblos oprimidos, en momentos en donde el capitalismo mercantiliza la vida, los recursos naturales y el conocimiento, debemos transformar a la escuela en un espacio de resistencia del conocimiento como bien común de la humanidad, como construcción colectiva que debe dignificar al ser humano, como espacio de desarrollo del pensamiento crítico que transforme realidades, en donde la tecnología esté al servicio de la humanidad y no sea privilegio que discrimine y profundice las inequidades.  En ese escenario es necesario rescatar el papel del sujeto – maestro y su  rol fundamental en la escuela como protagonista de la reflexión pedagógica y didáctica para la construcción de escenarios educativos alternativos, , deconstrucción de los discursos institucionales, develando las intencionalidades de sus  políticas, pero también ejerciendo su papel en las propuestas y apuestas por una sociedad diferente a partir de la valoración de la memoria colectiva y  el análisis de las actuales condiciones en contra de la arremetida de las tendencias   fascistas  y el neoliberalismo como forma brutal de desposesión, destrucción del medio ambiente y deshumanización.

Mesa: Gremialismo, sindicalismo democrático y transformación educativa

Carlos Alberto Munévar

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Las protestas en Colombia abandonan la cuarentena

En Colombia, las protestas han salido de la cuarentena. Y ya muestran su nueva normalidad: el lunes pasado, en una jornada nacional avisada con antelación por el Comité Nacional de Paro, conformado, entre otros, por centrales obreras, colectivos de jóvenes, maestros y pensionados, el país volvió a marchar.

La convocatoria, temida por los gobiernos locales y el nacional luego de los violentos hechos del pasado 9 y 10 de septiembre principalmente en Bogotá, aunque también con impacto en otras ciudades, para sorpresa del país transcurrió en casi total calma, si se la compara con lo sucedido a principios del mes tras el asesinato de Javier Ordoñez a manos de policías, conformando un caso más de exceso de la fuerza pública que desembocó en dos días de violencia, muerte y caos que no se veían en la ciudad desde hacía décadas.

El saldo, 13 muertos, 202 civiles heridos –buena parte de ellos por la propia fuerza pública, como está en investigación-, 194 policías heridos y la destrucción de estaciones de policía en diferentes partes de la ciudad, en especial en las zonas más populares, además de comercio, transporte público y hasta las fachadas de casas en zonas residenciales. Y, ante todo, un rechazo generalizado en el país por los abusos de la fuerza pública y su comportamiento vandálico, pero también un repudio a la violencia de grupos de vándalos que se infiltran para arrasar con todo.

Por eso, las marchas de 21S –como se denominaron- parecían generar mayor atención por lo que podría suceder que por las demandas al gobierno nacional que llegaban nuevamente a la calle. Cabe recordar que el pasado mes de noviembre el país vivó una serie de marchas de protesta por el asesinato de líderes sociales, el incumplimiento del Acuerdo de Paz y por reivindicaciones salariales y sociales estancadas o afectadas por la reforma tributaria y pensional propuesta por el gobierno de Iván Duque.

Todo quedó congelado con el fin de año, unas mesas de diálogo instaladas para tratar cada tema y la llegada del Covid-19, lo que le pudo dar tiempo para avanzar al gobierno y concretar resultados que disminuyeran la presión desde ese flanco. Pero, por el contrario, la pandemia trajo un impacto económico que se suma a los reclamos previos, el asesinato de líderes sociales no ha tenido respiro y el número de masacres ha aumentado de manera pavorosa.

El cuadro clínico de la salud económica y social del país luce hoy más riesgoso que el virus. De ahí las nuevas protestas, a las que se suman las exigencias para la reforma de la policía y los métodos de represión utilizados para sofocar la legítima protesta social. La propia Corte Suprema de Justicia, en respuesta a una tutela presentada en abril pasado por ciudadanos y facultades de derecho de prestigiosas universidades del país por los excesos de la fuerza pública durante las marchas de noviembre de 2019, sentenció el martes que los escuadrones antidisturbios deben dejar de usar la escopeta calibre 12, entre otros esquemas, hasta tanto no se revisen protocolos y garantías en su uso.

El gobierno respondió con su determinación de llevar la sentencia a la Corte Constitucional para su revisión. En todo caso, las marchas seguirán su curso amparadas por esta sentencia que los expertos y defensores de derechos humanos colombianos e internacionales consideran crucial para el ejercicio de la protesta social, a la que cada día más se le trata de poner el rótulo de acciones de grupos subversivos o similares para cuestionarla o sofocarla con métodos muy distantes de los derechos constitucionales. El debate, entonces, ya no solo dará en las calles sino en los estrados.

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Colombia, ESPECIAL: Colegios de Bogotá avanzan en proceso de apertura gradual de clases

América del Sur/Colombia/27-09-2020/Autor: César Mariño García/Fuente: spanish.xinhuanet.com

Una maestra que porta una mascarilla y una careta participa en el proceso de toma de temperatura como parte del protocolo de bioseguridad en el Colegio Rochester, en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, el 23 de septiembre de 2020. Desde la entrada a las instalaciones, los colegios certificados por las secretarías de Salud y Educación de Bogotá deben tener implementados estrictos protocolos de bioseguridad para que los estudiantes de la ciudad retornen a clases después de seis meses del aislamiento obligatorio ordenado por el gobierno nacional en atención a la emergencia de la COVID-19. (Xinhua/Jhon Paz).

Desde la entrada a las instalaciones, los colegios certificados por las secretarías de Salud y Educación de Bogotá deben tener implementados estrictos protocolos de bioseguridad para que los estudiantes de la ciudad retornen a clases después de seis meses del aislamiento obligatorio ordenado por el gobierno nacional en atención a la emergencia de la COVID-19.

Los lineamientos trazados por el gobierno de la ciudad para garantizar la apertura gradual de los centros educativos incluyen el uso obligatorio de cubrebocas, el lavado permanente de manos y la desinfección con productos químicos, entre ellos el alcohol, antes de ingresar a las aulas o a las zonas compartidas.

De acuerdo con el Ministerio de Comunicación colombiano, 21 municipios adelantaron los requisitos para que sus colegios privados ingresen a la reapertura gradual que comenzó el 27 de agosto.

De su parte la secretaría de Educación del distrito de Bogotá señaló en un reciente comunicado que durante la emergencia devenida por la pandemia la ciudad ha fortalecido sus estrategias para continuar garantizando el acceso y la permanencia y prevenir la deserción escolar.

«Durante la crisis, la matrícula oficial en Bogotá aumentó en al rededor de 4.409 estudiantes, pasamos de 789.000 estudiantes matriculados en el 20 de marzo y ya tenemos más de 793.566 finalizando el mes de junio. Esta es la cifra más alta en matrículas de colegios oficiales en los últimos años», dijo Carlos Reverón en conferencia de prensa virtual del 23 de septiembre, subsecretario de Acceso y Permanencia de la secretaría de educación de Bogotá.

El funcionario agregó que para conseguir ese aumento en medio de la pandemia las autoridades educativas del distrito se han concentrado en «la búsqueda de población desescolarizada tanto de forma presencial, búsqueda casa a casa o de forma virtual y telefónica».

«Sabemos que la pandemia COVID ha impactado y continuará impactando los sistemas educativos en el mundo afectando las condiciones de permanencia y acceso escolar pero en Bogotá trabajamos para mitigar sus efectos y preservar las trayectorias educativas en el mediano y largo plazo», agregó Reverón.

A estas acciones se suma la estrategia del retorno gradual a las clases que comenzó a finales del mes de agosto y contempla tres etapas: en septiembre la reapertura presencial de los colegios privados, instituciones de educación superior y de educación preescolar; la reapertura en octubre de los colegios oficiales del distrito y en noviembre una consolidación de la estrategia a seguir para la reapertura total de los centros educativos en 2021.

Colegios como el Rochester de Bogotá, ubicado al norte de la ciudad, estuvieron entre los aprobados para la reapertura gradual tras cumplir con los requisitos de las secretarías de Educación y Salud y han visto el beneficio en la salud integral de sus alumnos con el reingreso a las aulas.

«Desde el primer día los niños llegaron un poco retraídos, tímidos, llevaban mucho tiempo en sus casas y esta parte de la socialización es muy importante para la salud integral. A medida que han pasado los días, el cambio fue increíble. Nosotros estamos muy felices de tenerlos acá, ellos están muy felices de estar en el colegio», dijo a Xinhua Taniana Leguizamón, médica y coordinadora del comité de bioseguridad de la institución educativa.

«Es muy importante para ellos estar en un campus como este, compartir con sus amigos, hablar con sus maestros, estar en las zonas de recreo, en las zonas compartidas, para ellos ha sido muy importante y para nosotros también, ellos son nuestra razón de ser», agregó.

Entre los requisitos para la reapertura está la realización de una encuesta pormenorizada que da cuenta del estado de salud de cada uno de los estudiantes, así como de la planta docente y demás trabajadores del centro educativo.

También deben estar al tanto de todos los procesos para la realización de cercos epidemiológicos eficientes que eviten la propagación de posibles casos de contagio del nuevo coronavirus.

«Esta encuesta de salud identifica si el estudiante o el docente ha tenido síntomas de salud un mes antes, si ha estado en contacto con personas con COVID-19, si le han realizado o no pruebas, si tienen alguna comorbilidad porque también es muy importante para nosotros conocer las comorbilidades de los alumnos para poder protegerlos y ser más enfáticos en su protección», informó la docente.

Para las directivas del colegio Rochester, institución educativa con más de 60 años de existencia y varios reconocimientos por permanecer a la vanguardia de los procesos escolares a nivel mundial, ha sido de vital importancia la sinergia y los acuerdos con padres de familia que tienen la potestad de decidir si sus hijos regresan a las aulas o continúan recibiendo las clases de manera virtual.

Aseguran que las medidas ordenadas por las autoridades educativas del país han proporcionado garantías de seguridad que cada vez son más respaldadas por los padres de familia.

«Hemos recibido muchas solicitudes de un cambio de aprendizaje en casa a aprendizaje presencial, pero muchas no las hemos podido aceptar porque nosotros tenemos un aforo máximo en cada salón y debemos respetar y cumplir todas estas medidas», concluyó Leguizamón.

Actualmente en Bogotá existen 2.181 colegios de educación media, 1782 son de carácter privado y 399 oficiales, además 128 instituciones de educación superior. En total se estima que más de 2.300.000 personas hacen parte de la comunidad educativa de la capital colombiana.

 

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BOGOTA, 23 septiembre, 2020 (Xinhua) — Una maestra cumple el proceso de distanciamiento social junto a varios alumnos como parte del protocolo de bioseguridad en el Colegio Rochester, en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, el 23 de septiembre de 2020. Desde la entrada a las instalaciones, los colegios certificados por las secretarías de Salud y Educación de Bogotá deben tener implementados estrictos protocolos de bioseguridad para que los estudiantes de la ciudad retornen a clases después de seis meses del aislamiento obligatorio ordenado por el gobierno nacional en atención a la emergencia de la COVID-19. (Xinhua/Jhon Paz)

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 BOGOTA, 23 septiembre, 2020 (Xinhua) — Un trabajador que porta una mascarilla y una careta desinfecta los pupitres como parte del protocolo de bioseguridad en el Colegio Rochester, en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, el 23 de septiembre de 2020. Desde la entrada a las instalaciones, los colegios certificados por las secretarías de Salud y Educación de Bogotá deben tener implementados estrictos protocolos de bioseguridad para que los estudiantes de la ciudad retornen a clases después de seis meses del aislamiento obligatorio ordenado por el gobierno nacional en atención a la emergencia de la COVID-19. (Xinhua/Jhon Paz)

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BOGOTA, 23 septiembre, 2020 (Xinhua) — Una alumna que porta una mascarilla y una careta se lava las manos como parte del protocolo de bioseguridad en el Colegio Rochester, en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, el 23 de septiembre de 2020. Desde la entrada a las instalaciones, los colegios certificados por las secretarías de Salud y Educación de Bogotá deben tener implementados estrictos protocolos de bioseguridad para que los estudiantes de la ciudad retornen a clases después de seis meses del aislamiento obligatorio ordenado por el gobierno nacional en atención a la emergencia de la COVID-19. (Xinhua/Jhon Paz)

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 BOGOTA, 23 septiembre, 2020 (Xinhua) — Alumnos que portan mascarillas y caretas asisten a una clase en un aula cumpliendo el protocolo de bioseguridad en el Colegio Rochester, en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, el 23 de septiembre de 2020. Desde la entrada a las instalaciones, los colegios certificados por las secretarías de Salud y Educación de Bogotá deben tener implementados estrictos protocolos de bioseguridad para que los estudiantes de la ciudad retornen a clases después de seis meses del aislamiento obligatorio ordenado por el gobierno nacional en atención a la emergencia de la COVID-19. (Xinhua/Jhon Paz)

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BOGOTA, 23 septiembre, 2020 (Xinhua) — Alumnos que portan mascarillas y caretas asisten a una clase en un aula cumpliendo el protocolo de bioseguridad en el Colegio Rochester, en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, el 23 de septiembre de 2020. Desde la entrada a las instalaciones, los colegios certificados por las secretarías de Salud y Educación de Bogotá deben tener implementados estrictos protocolos de bioseguridad para que los estudiantes de la ciudad retornen a clases después de seis meses del aislamiento obligatorio ordenado por el gobierno nacional en atención a la emergencia de la COVID-19. (Xinhua/Jhon Paz)

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BOGOTA, 23 septiembre, 2020 (Xinhua) — Una maestra que porta una mascarilla y una careta da instrucciones a un alumno cumpliendo el protocolo de bioseguridad en el Colegio Rochester, en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, el 23 de septiembre de 2020. Desde la entrada a las instalaciones, los colegios certificados por las secretarías de Salud y Educación de Bogotá deben tener implementados estrictos protocolos de bioseguridad para que los estudiantes de la ciudad retornen a clases después de seis meses del aislamiento obligatorio ordenado por el gobierno nacional en atención a la emergencia de la COVID-19. (Xinhua/Jhon Paz).

Fuente e Imagen: http://spanish.xinhuanet.com/2020-09/24/c_139392623_2.htm

 

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Colombia: ¿Peligra el proyecto de ley que prohíbe el castigo físico a los niños?

América del sur/Colombia/24 septiembre 2020/semana.com

Esta semana será el tercer debate del proyecto de ley que busca prohibir el castigo físico y los tratos humillantes en la crianza. Algunos sectores religiosos se oponen a esto, ya que consideran que les están imponiendo la ideología de género y modelos educativos a los padres.

El castigo físico sigue siendo el método más usado por los colombianos a la hora de corregir y educar a sus hijos, a pesar de que es una práctica muy controvertida. Un estudio realizado por la Universidad de La Sabana y la Alianza por la Niñez Colombiana evidenció que el 52 por ciento de los niños y niñas en el país recibe algún tipo de golpe como castigo.

Causar dolor, por mínimo que sea, es un acto de violencia. Palmadas, pellizcos, empujones, coscorrones, lavar la boca con jabón o forzar a comer picantes son actos que las personas creen que en su contra son violentos, humillantes y degradantes. Pero cuando son en contra de niñas, niños y adolescentes los justifican como forma de corrección”, explica Gloria Carvalho, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana.

Buscando cambiar este panorama, la Alianza por la Niñez, el ICBF y algunos congresistas vienen batallando desde hace casi un año para prohibir mediante un proyecto de ley el castigo físico a los niños, con lo que Colombia se convertiría en el país número 57 en el mundo en acabar con esta práctica. El Código Civil tiene una ventana abierta para que los padres castiguen “moderadamente” a sus hijos.

Este martes se desarrollará el tercero de los cuatro debates que debe cursar el proyecto de ley. No obstante, existe preocupación de que el proyecto no pueda seguir su camino legislativo, ya que en las últimas semanas se han presentado fuertes opositores, principalmente del sector religioso, quienes consideran que con este proyecto de ley se les está quitando autonomía a los padres y se imponen modelos de crianza, así como ideología de género.

El representante a la Cámara Carlos Acosta asegura que el proyecto de ley es innecesario, porque se está tratando de crear un derecho a partir de una ley ordinaria y que ya existen mecanismos y leyes de protección a la niñez.

Adicionalmente, varios grupos religiosos han hecho llegar cartas a los senadores solicitándoles archivar el proyecto porque consideran que no refleja real protección de la niñez. “De ser así, incluiría la prohibición de violencia contra los niños que están por nacer, dado que de nada sirve promulgar una ley que dice abanderar la no violencia contra los niños, pero no promueve la protección del niño en el vientre, es decir, desde su concepción”, aseguran.

Además, sostienen que esa ley podría convertirse en un instrumento para que el Estado entre a determinar la orientación y los lineamientos que los padres deben seguir en el proceso de educación de sus hijos, “lo cual atenta directamente contra los derechos establecidos en nuestra carta constitucional”.

No obstante, los defensores de este proyecto aseguran que hay desinformación alrededor del objetivo del proyecto de ley, asegurando que es completamente falso que se le quiera quitar autoridad y autonomía a las familias, o inculcar la ideología de género.

La secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez, Gloria Carvalho, indicó que el articulado claramente dice que las personas al cuidado de los niños tienen la facultad de vigilar su conducta, corregir y sancionar. “Lo que enfatiza es que no pueden usar ningún tipo de violencia. El límite de la autonomía solo viene dado por el respeto de los derechos humanos”.

Carvalho precisó que lo que se busca es modificar el artículo 262 del Código Civil, que quedaría de la siguiente manera: “Las familias y/o personas encargadas del cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes tendrán la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos, excluyendo cualquier forma de violencia garantizando su desarrollo armónico e integral».

¿Sirve para corregir?

En Colombia el tema también ha sido examinado. Dos estudios en los que participó Jorge Cuartas, investigador de la Universidad de Harvard y experto en el tema de violencia en la niñez, analizaron a más de 7.000 niños colombianos entre 0 y 16 años, e identificaron el efecto negativo del castigo físico en el desarrollo cognitivo.

Uno de los estudios encontró que niños castigados físicamente a la edad de 2 años tienen un desarrollo cognitivo menor para cuando cumplen 4 años, con una diferencia que es equivalente a 4 meses de desarrollo.

Otro estudio de la Universidad de Harvard también concluyó que los padres que viven en zonas más afectadas por el conflicto armado tienen un mayor riesgo de utilizar el castigo físico.

La evidencia sugiere que ambientes violentos incrementan el riesgo de uso del castigo físico, pero a su vez que la exposición al castigo físico aumenta el riesgo de un desarrollo atípico que puede generar la violencia y fomentar más ambientes violentos.

Sobre los castigos que podrían recibir quienes continúen con este tipo de castigo, el proyecto no contempla sanciones adicionales a las ya existentes en contra de los agresores.

No hay sanciones y sí pide en su artículo 4 crear una estrategia nacional que convoque al Estado en el acompañamiento a las familias –que lo soliciten– en pautas de crianza que no involucren la violencia. No se obliga, no se sanciona, solo se orienta. “No toda prohibición implica una sanción penal”, concluyó Carvalho.

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/peligra-el-proyecto-de-ley-que-prohibe-el-castigo-fisico-de-los-ninos/202019/

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Colombia: Indígenas colombianos derrumban estatua de conquistador español

América del Sur/Colombia/20-09-2020/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

El senador indígena Feliciano Valencia dijo que “cae un símbolo de 500 años de humillación y dominación a los pueblos originarios”.

Decenas de indígenas colombianos derribaron este miércoles la estatua del conquistador español Sebastián de Belalcázar instalada en el Morro de Tulcán, en la ciudad de Popayán, departamento del Cauca, en el oeste del país suramericano.

La imagen del conquistador español (1480-1551) fue derribada en medio de una protesta que llevaban a cabo comuneros de los pueblos Misak, Nasa y Pijao.

La escena quedó registrada en un video, en el cual puede observarse la manera en que es enlazada la estatua de quien fuera nombrado adelantado y gobernador propietario vitalicio de Popayán en 1540, y luego tumbada hacia un costado.

En un mensaje colocado en la red social de Twitter el senador indígena Feliciano Valencia publicó el video y escribió al respecto: “cae un símbolo de 500 años de humillación y dominación a los pueblos originarios”.

“Mis respetos para los hermanos y hermanas Misak. Como Estado pluriétnico y multicultural otras simbologías deben florecer y adornar el paisaje libertario”, agregó el legislador.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), por su parte, publicó un tuit en el cual afirma: “Si al Gobierno le indigna la violencia contra las estatuas, a nosotros nos duelen las vidas existentes que nos arrebata la violencia de carne y hueso”.

En otro mensaje, la entidad indígena explicó que las personas que derribaron la estatua lo hicieron porque estaban “cansados de que la muerte en los territorios pase en caballo, en moto, en camionetas, en helicópteros y se lleve vidas, sentires, personas”.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/colombia-indigenas-derribo-estatua-conquistador-espanol-20200917-0001.html

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Se estrenó el documental “el sindicalismo cuenta”. Colombia

“El sindicalismo cuenta” es el nombre del documental que estrenó la Escuela Nacional Sindical esta semana. El lanzamiento se hizo en el marco del evento virtual de entrega de informes del movimiento sindical a la Comisión de la Verdad. El video hace un recuento de las luchas de los sindicatos y de la violencia que han enfrentado.

Quienes estaban conectados al acto virtual pudieron apreciar los 20 minutos que dura el documental el cual narra parte de la historia del sindicalismo en Colombia. Desde ese mismo momento, “el sindicalismo cuenta”, también está disponible en el canal de Youtube de la ENS.

“El sindicalismo colombiano ha vivido lo que ningún movimiento sindical en el mundo. Una violencia histórica, sistemática y selectiva. Al menos 15.245 violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra sindicalistas entre 1971 y 2020, son muestra de ello.” Dice uno de sus apartes el documental “el sindicalismo cuenta”.

De la misma manera, el documental también incluye múltiples testimonios de dirigentes sindicales que narran la violencia que han sufrido sus organizaciones. Queda claro que con las muertes de los sindicalistas se ha perdido la oportunidad de construir una mejor sociedad.

“El movimiento sindical colombiano representa una historia de fuerza y resistencia, es ejemplo para un país que, en medio de los esfuerzos por transitar hacia la paz, sigue sufriendo violencia. Su voz sigue presente en todas las luchas que hoy siguen vivas en el país. A pesar de los intentos por silenciar su voz, acallarla, olvidarla y extinguirla, ¡seguimos hablando, gritando, defendiendo derechos, exigiendo verdad, justicia y reparación!” dice finalmente “el sindicalismo cuenta”.

El sindicalismo cuenta

El documental hace parte del proceso de construcción de informes que el movimiento sindical entregó a la Comisión de la Verdad. Este trabajo fue apoyado por diversas organizaciones como Codhes, la ENS, el Cajar, Viva la Ciudadanía, la ENS y la propia Comisión. Durante más de un año se recogieron los testimonios que finalmente se plasmaron en los informes, y algunos de ellos, en el documental.

Para la realización de “El sindicalismo cuenta” la ENS contó con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz y el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

Fuente: https://ail.ens.org.co/noticias/se-estreno-el-documental-el-sindicalismo-cuenta/

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Colombia: Así es el regreso a clases en uno de los colegios de Chía

América del Sur/Colombia/18-09-2020/Autor(a) y Fuente: www.elespectador.com

Los estudiantes del Colegio Rochester, ubicado en Chía (Cundinamarca), retornaron a clases presenciales desde el 1 de septiembre, con un modelo de alternancia y cumpliendo las medidas implementadas por los Ministerios de Salud y Educación.

Una de las principales preocupaciones sobre la reapertura de colegios después de la cuarentena es el regreso a clase de los niños y las niñas. Después de seis meses de confinamiento, algunas instituciones ya están retornando a las aulas de manera presencial siguiendo los lineamientos propuestos por los Ministerios de Salud y Educación.

El Colegio Rochester, ubicado en Chía (Cundinamarca), es uno de ellos. El plantel educativo abrió sus puertas desde el primero de septiembre para los estudiantes de los grados de preescolar y primaria.

A partir del 22 de septiembre el colegio contará con el 47 % de sus estudiantes en el campus y el 53 % continuará en aprendizaje virtual.
A partir del 22 de septiembre el colegio contará con el 47 % de sus estudiantes en el campus y el 53 % continuará en aprendizaje virtual. / Natalia Pedraza Bravo

Iliana Aljure, vicerrectora de la institución, explicó cómo será la reapertura de la institución. “Será por etapas. Los niños de preescolar y primaria entraron primero y los estudiantes de bachillerato regresarán a partir del 22 de septiembre y sólo asistirán los martes y los jueves», añadió.

Según las directivas, el principal motivo de la apertura es que consideran que los estudiantes son seres integrales que necesitan desarrollarse en diversos ámbitos.

El recreo es dirigido para garantizar que los estudiantes cumplan con las medidas de distanciamiento social.
El recreo es dirigido para garantizar que los estudiantes cumplan con las medidas de distanciamiento social. / Natalia Pedraza Bravo

“Nosotros entendemos que la salud física y el desarrollo cognitivo son importantes, pero también es importante la salud mental. Con la pandemia vemos a diario las cifras de contagio del coronavirus, pero las cifras de las afectaciones y consecuencias en salud mental no son tan evidentes”, explicó Tatiana Leguizamón, médica del colegio.

Para garantizar el cumplimiento del distanciamiento social y las demás medidas de bioseguridad que son necesarias para evitar el contagio del coronavirus, las directivas realizaron diversas adecuaciones en la infraestructura del colegio.

Luego del 22 de septiembre, unos 440 estudiantes regresarán a la institución de manera presencial.
Luego del 22 de septiembre, unos 440 estudiantes regresarán a la institución de manera presencial. / Natalia Pedraza Bravo

Además, tienen nuevas rutinas de aseo para que los niños ingresen a la institución. Cuando se bajan de la ruta sus maletas son desinfectadas con alcohol al 70%. Luego, pasan por las cámaras que miden su temperatura corporal y atraviesan por unas hendiduras en el suelo llenas de amonio cuaternario para desinfectar los zapatos.

Aunque las directivas reconocen que estas adecuaciones significaron una importante inversión económica que no todos los colegios están en capacidad de hacer, Alehia Bogoya, rectora del Colegio Rochester, hace una invitación a las demás instituciones educativas del país.

“Regresen a la presencialidad. Muchas investigaciones muestran la correlación que hay entre el nivel de desarrollo educativo de un país y su nivel de desarrollo económico y social. Si no volvemos pronto a las aulas esas pérdidas van a ser muy grandes”, dijo.

Una profesora dicta clase de manera presencial, mientras que los estudiantes que se encuentran en sus casas se ven en la pantalla del televisor en videollamada.

Una profesora dicta clase de manera presencial, mientras que los estudiantes que se encuentran en sus casas se ven en la pantalla del televisor en videollamada. / Natalia Pedraza Bravo

Fuente e Imagen: https://www.elespectador.com/noticias/educacion/asi-es-el-regreso-a-clases-en-uno-de-los-colegios-de-chia/

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