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“Golpes no, cariño sí”: el llamado para que el castigo físico se prohíba cuanto antes

Por: Semana Educación

El castigo físico quedó a un paso de ser prohibido, lo que preocupa a algunos padres por considerar que limita su autonomía. Ángela Rosales, directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, organización que apoya esta ley, explica por qué no se debe criar a ‘correazos y palmadas’.

“Si quieres ciudadanos buenos, cría niños felices”, decía el famoso escritor británico Óscar Wilde. Para que los niños y niñas sean felices, tenemos que librarlos de la violencia y el maltrato.

Un paso adelante en ese camino es la aprobación del proyecto de Ley contra del castigo físico, humillante y denigrante contra niños, niñas y adolescentes, que actualmente se debate en el Senado.

Una ley de ese tipo se vuelve tan necesaria cuando la violencia contra los niños y niñas es una situación normalizada en muchas familias. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, 2018) el 64 % de los niños y niñas menores de 15 años en América Latina experimentan regularmente algún tipo de disciplina violenta y casi 1 de cada 2 niños y niñas experimentan el castigo físico.

En Colombia, las leyes para proteger a los niños y niñas existen, pero son insuficientes. Tanto así que los indicadores de violencia infantil crecen año tras año. La Constitución en su artículo 44 establece la vida, la integridad física y la salud como derechos fundamentales de los niños, señalando que serán protegidos de toda forma de abandono y violencia física o moral. También, el Código de Infancia y Adolescencia habla de la protección de los niños y niñas, aunque no es clara la prohibición del uso de la violencia.

En concordancia, el proyecto de Ley contra el castigo físico contiene lo que se conoce como ACCIONES AFIRMATIVAS, que se utilizan en el mundo entero para lograr la igualdad y disminuir los índices de violencia contra determinados grupos poblacionales, como se hizo, por ejemplo, a través de la Ley 1257 de 2008 en favor de las mujeres.

Más allá de lo que existe en la norma, hay suficiente evidencia científica que muestra el daño que este tipo castigo hace en la vida del niño, no solo a corto, sino a largo plazo. Así, las repercusiones negativas del castigo físico no se limitan a la niñez, sino que la persona las vive aún en la adultez. El castigo físico constituye una violación de los derechos del niño y la niña, atropellando su dignidad humana e integridad física, y en muchos casos, poniendo en peligro su vida. A pesar de constituir una práctica común en muchas familias, que consideran que la educación requiere de violencia, en definitiva, los castigos físicos y humillantes producen daños emocionales, baja autoestima, resentimiento, rabia, miedo, sentimientos de tristeza, soledad y abandono, y les enseña que la violencia es la forma adecuada para resolver conflictos.

Los niños y niñas no comprenden cómo a quienes más aman es a quienes más deben temer y terminan por asociar el amor con el dolor. Por tanto, las evidencias científicas son un llamado al Estado, las familias y la sociedad civil en su corresponsabilidad, para que comprendan la necesidad de tomar medidas preventivas y legales.

Por estas y otras razones, el articulado que defendemos no es para limitar, recriminar o castigar a los padres o madres. Por el contrario, sus derechos, sus deberes y su autonomía son respetados. Lo que se busca es impulsar toda una estrategia pedagógica de transformación cultural, mediante la cual, padres, madres y cuidadores puedan contar con herramientas para la crianza sin violencia. Precisamente, una crianza positiva, a través de la cual, los padres y madres amen a sus hijos e hijas por lo que son y no por lo que hacen, y así se lo expresen. Para ello, se valen de la comunicación, la reflexión y el apoyo emocional como los principales medios educativos. Sin duda, la crianza positiva también establece normas y reglas para la convivencia familiar, mismas que son explicadas clara y sencillamente a niños y niñas, y que se cumplen de manera consistente. En muchos países hay generaciones que han sido criados sin violencia, y constituyen sociedades más pacíficas.

Ya es hora que la violencia contra los niños y niñas deje de ser normalizada en nuestro país y pasemos a formar parte de los 56 países a nivel mundial que ya han adoptado este tipo leyes, en concordancia con las obligaciones internacionales de protección de los niños y niñas. Existen formas positivas de enseñar, corregir o disciplinar a los niños, que son mejores para su desarrollo y que contribuyen a forjar unas relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Este tipo de leyes fortalecen el rol de la familia, y dan un lugar preponderante a las relaciones positivas entre padres e hijos. Claro, este cambio depende de que los adultos estén dispuestos a salir de sus formas aprendidas de relacionamiento con los niños, para empezar a mirarlos desde el respeto y los consideren prioritarios. Estamos ante un escenario en donde muchos que vivieron la violencia y hoy la justifican, deben hacer conciencia para dar una oportunidad a una niñez sin golpes.

Es evidente que la educación genera desarrollo, por tanto, familias más educadas en una crianza positiva serán capaces de desarrollar mejores niños y niñas y, a futuro, una mejor sociedad, respetuosa de los derechos humanos de los niños y niñas. Golpes, no. Cariño sí.

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/golpes-no-carino-si-el-llamado-para-que-el-castigo-fisico-se-prohiba-cuanto-antes/202027/

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Colombia: Por desconfianza en las instituciones las mujeres y la población LGBTIQ no denuncian hechos de violencia

América del Sur/Colombia/11-10-2020/Autora: Ariadne Agamez Lombana/Fuente: www.publimetro.co

Las mujeres y la población LGBTIQ no denuncian la violencia de la que son víctimas por temor a la revictimización y a la dificultad a tener justicia.

La revictimización y la dificultad del acceso a la justicia son las principales razones. Por desconfianza en las instituciones las mujeres y la población LGBTIQ no denuncian hechos de violencia.

Las mujeres y la población LGBTIQ no denuncian la violencia

De acuerdo con la Personería de Medellín durante lo corrido del 2020 se ha registrado un aumento en el número de llamadas para reportar hechos asociados a la violencia intrafamiliar.

Por tal motivo, la Personería creó el Observatorio de Mujeres y Diversidades Sexuales y de Género.

Las acciones de seguimiento, vigilancia y atenciones del Observatorio estarán orientadas bajo cinco líneas estratégicas: violencias y acceso a la justicia; salud, derechos sexuales y derechos reproductivos; trabajo y autonomía económica; educación y equidad y mujeres, sectores sociales LGBTIQ y participación política”, indicó Lina María Giraldo, coordinadora del Observatorio de Mujeres y Diversidades Sexuales y de Género de la Personería de Medellín.

Las cifras son contundentes y con corte al 2 de octubre de 2020, según el informe de la Alcaldía de Medellín, en la ciudad se han reportado 4978 casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres, lo que representa el 74% de los casos.

En total se han reportado 6772 casos de violencia intrafamiliar, siendo las comunas de mayor incidencia: Manrique, con 788 casos, y Robledo, con 612.

«Si se observan de cerca la cifras de incidentes reportados en la Línea 123 Línea Mujer, los datos reflejan un aumento significativo en la búsqueda de ayuda por parte de las mujeres. Lo que se puede establecer en la lectura de los datos es una disminución en las denuncias que llegan a las Comisarías de Familia, lo que refleja las barreras o dificultades para el acceso a la justicia relacionadas en su mayoría con las realidades propias del confinamiento», señaló Giraldo.

La población LGBTQ

Esta población también demuestra sentir desconfianza en las instituciones del Estado. Es por esto que las mujeres y la población LGBTIQ guardan silencio frente a las agresiones de las que han sido víctimas.

Algunas autoridades no tienen una perspectiva sobre las violencias basadas en género, lo que no les permite brindar una atención clara y pertinente a quienes en un momento determinado tomen la decisión de interponer una denuncia”, agregó la funcionaria.

Fuente e Imagen: https://www.publimetro.co/co/noticias/2020/10/09/desconfianza-las-instituciones-las-mujeres-la-poblacion-lgbtiq-no-denuncian-hechos-violencia.html

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La protesta es un derecho que no debe prohibirse ni limitarse

Por: Manuel Humberto Restrepo Domínguez

 

El 14 de noviembre del año de 1152 A.C, ocurrió una protesta civil reconocida como la primera huelga de la historia (ngenespañol.com; otras fuentes datan el año 1166), contra el reinado de Ramsés III. Sesenta artesanos se negaron a realizar su trabajo en el Valle de los reyes y se movilizaron ante el faraón gritando que tenían hambre y sed, que no tenían vestidos, ni pescado, ni legumbres. En 1886 más de 350.000 trabajadores en las calles de Haymarket (Estados Unidos) convocados por la Federación del Trabajo denunciaron las jornadas de trabajo de 14 horas y reclamaron por salarios y bienestar. Allí por primera vez ocurrió un final con disturbios, luego que un “desconocido” arrojara una bomba matando un policía, lo que degeneró en una masacre con resultado de 38 obreros asesinados con las armas del estado, más un centenar lesionados y el ahorcamiento de varios dirigentes sindicales al año siguiente, según el dictamen de un cuestionado proceso judicial.

      En enero de 1905 obreros y campesinos unidos con la clase media rusa protestaron contra el imperio del Zar Nicolás II, hubo tomas de tierras y actos de desobediencia que terminaron con una marcha pacífica que derivo en el “domingo sangriento” provocado con las armas del estado, lo que apresuró la capitulación del Zar (semana.com, 2015). Del final del siglo XX se destacan las huelgas asociadas a líderes, Walesa en Polonia en 1980, le creo fisuras al gobierno comunista de entonces y lo llevó a la firma de un acuerdo para el reconocimiento de derechos consagrados en las convenciones de la OIT y; Lula Da Silva, con los obreros metalúrgicos reclamó por sueldos y garantías, fueron protestas duramente reprimidas con las armas del estado, pero la capacidad organizativa triunfó con la creación del partido de los trabajadores (PT) que en las urnas convirtió a Lula en presidente.

       La protesta es una facultad de la sociedad y la huelga un derecho de los trabajadores, ambos insertos en la declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789, en la que los ricos y poderosos se reservaron la propiedad y los excluidos del poder la rebelión, civil para demandar garantías y armada para acabar la tiranía. La huelga y la protesta social llegaron mezcladas en 1948 a la declaración universal de derechos humanos y cumplen la misión de indicar el grado de respeto y responsabilidad del estado con los derechos humanos, pero a la vez ponen en evidencia la fortaleza de las instituciones democráticas para evitar y prevenir el uso abusivo o violento del poder público contra sus ciudadanos (manifestación pacífica, civiles DDHH, 2014).

       Protesta y huelga son constitutivas de la libertad y están amparadas por estándares internacionales tales como que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la manifestación pacífica o que la protesta no requiere autorización previa por ser expresión de inconformidad, insatisfacción, indignidad o resistencia ante políticas o conductas de los poderes públicos que afectan derechos. Son prácticas de restricción indebidas por parte del estado la prohibición, imposición de obstáculos, exigencia de requisitos innecesarios, penalizar o enmarcar en delitos de terrorismo o desestabilización, como también expedir leyes para dificultarla, tipificarla como delito, interferirla, censurarlas o ejercer amenazas físicas o psicológicas contra sus participantes o presumir de antemano su carácter desfavorable o descalificarlas como actos de desorden público o justificar una respuesta violenta de los cuerpos de seguridad. Prohibirlas es ilegitimo e ilegal, incluso inmoral. Por eso es reiterativo pero necesario repetir mil veces, que los derechos son de los pueblos y la obligación de ofrecerles garantías, respetarlos y hacerlos respetar es del estado sin perder su neutralidad.

       En Colombia la protesta esta consignada en el art. 37 de la constitución, que la reconoce como un medio legitimo para la defensa, construcción y reivindicación de derechos. En ella se integran derechos de reunión, asociación, expresión y movilización y la huelga derechos laborales, a la vida, la dignidad y el bienestar. Protesta y huelga son parte de históricas conquistas sociales y aunque sean afectadas con disturbios ocasionados por “desconocidos” e intervenidas con «brutalidad aprendida”, son una herramienta de dialogo, un punto de llegada luego de haber agotado otras vías de solución.  En ningún disturbio esta permitida la fuerza utilizada en la guerra contra enemigos en combate y si ocurre debe ser juzgada a la luz de los derechos humanos y donde hay conflicto armado con las reglas del DIH, que implican la no prescripción de los delitos cometidos con las armas del estado.

       Para la OIT la huelga y la protesta son medios legítimos fundamentales de los que dispone la ciudadanía para promocionar y defender sus intereses económicos, sociales o culturales.  “La encuesta Global de la CSI 2013, reveló que más del 90% de los ciudadanos defiende los derechos y el 99% de los ciudadanos apoya el derecho a la huelga para defender mejores salarios, condiciones de trabajo y salud y seguridad” (ituc-csi.org) y el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 1966 suscrito y firmado sin reservas por Colombia el 29 de octubre de 1969, obliga al estado y al gobierno a respetar y hacer respetar los derechos allí consignados y lo conmina a establecer mecanismos para su protección y garantía y a no privar al pueblo de sus medios de subsistencia.

      Las ultimas protestas sociales y la del próximo 21 de octubre de 2020, reclaman del estado y del gobierno garantías para proteger y realizar los derechos humanos y en especial el derecho a vivir, a no ser asesinados, a un nivel de vida adecuado con alimento, vivienda, agua, salud, educación, empleo, seguridad, paz y dignidad y una mejora continua de las condiciones de existencia. Pretender reglamentar, condicionar, sujetar o “exterminarla” degenera el orden democrático. Las demandas –cada una en su contexto- son similares a las que enfrentó el Faraón Ramsés III, hace 1800 años y por lo que se conoce, sin ocurrir en democracia, la permitió sin censura ni uso de las armas de su reino para disolverla, ni de amenazas para disuadirla. Las huelgas y protestas son una ganancia común, son garantías de convivencia humana para vivir con derechos, están amparadas en la carta internacional de derechos humanos, la declaración universal de derechos humanos y el pacto internacional de derechos civiles y políticos y pretender prohibirlas o limitarlas, sería irracional, ilegal e ilegitimo.

P.D. Resulta “inconcebible” la incitación al odio e inequívoca afectación de la salud mental en época de pandemia, la aparición de grandes vallas en defensa de “Uribe Libre”, con letreros como: “No permitamos que el comunismo y la izquierda se tomen el estado”. Cada letra incita a otro rio de sangre…

Fuente: Rebelión

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¿Cuántos colegios han reabierto en Bogotá?

América del sur/Colombia/semana.com

Desde la primera semana de septiembre, la Alcaldía anunció el proceso para que los más de 1.700 colegios privados y 400 públicos de la ciudad retornaran a la presencialidad. A la fecha, el regreso de los estudiantes ha sido a cuentagotas.

“La discusión no es si los colegios quieren o no volver a clase, sino si realmente pueden porque tienen las condiciones. Algunos querrán volver y no podrán cumplir los protocolos, y otros sí podrán hacerlo”, dijo en su momento Fernando Vita, coordinador Nacional de la Mesa de Educación Privada, cuando el Ministerio de Educación publicó los protocolos para la reapertura de las instituciones educativas.

Lo dicho por Vita hoy toma más vigencia que nunca, dado que a pesar de que en todo el país los colegios ya pueden iniciar con sus planes de reapertura, la realidad es que solo una inmensa minoría ha podido hacerlo.

Por ejemplo, en Bogotá, la Alcaldía dispuso desde la primera semana de septiembre un sitio web para recibir las propuestas de colegios y jardines que estuvieran planeando retomar la presencialidad. Hoy, un mes después, es claro que son muy pocas las instituciones educativas que han dado ese salto.

En el caso de los colegios y jardines privados, en la capital hay registrados 1.740 en los que estudian cerca de 530 mil jóvenes. De ese total, 121 instituciones manifestaron su intención a la Alcaldía de reabrir. De ellas, 92 culminaron el proceso y tienen el aval para hacerlo, pero solo 71 ya lo hicieron.

En el caso de las 399 instituciones públicas, que acogen a más de 790 alumnos, ninguna ha iniciado formalmente el proceso para reabrir. Cabe recordar que el retorno del sector público enfrenta un desafío adicional: la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) se mantiene en su posición de “no a la presencialidad” por considerar que no existen las garantías para un retorno seguro.

El hecho de que pocas instituciones se la jueguen por la presencialidad tiene dos factores principales: primero, el miedo de los padres (solo un 12 por ciento está dispuesto a enviar a sus hijos a estudiar presencialmente), y, segundo, aplicar los protocolos de bioseguridad no es una tarea barata.

Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación de Asociaciones de Padres de Familia, coincide en que son pocos los colegios en capacidad de cumplir con los protocolos que den completa tranquilidad a las familias. “Colegios campestres o de estratos altos no tendrán problemas, pero ¿cómo hará la inmensa mayoría de colegios?”, se cuestiona.

Martha Castillo, presidenta de la Confederación Nacional de Asociaciones de Rectores y Colegios Privados (Andercop), dice que actualmente la mora en el pago de matrículas de esa asociación, que aglomera a cerca de 1.000 instituciones, se acerca al 75 por ciento y la deserción de estudiantes llega al 20 por ciento, lo que hace imposible hacer las inversiones para reabrir. “La inmensa mayoría de colegios privados del país son de estratos medios, que son los más afectados por la pandemia”, dice.

Los que ya reabrieron

Camilo Camargo, rector del Colegio Los Nogales (mejor del país por el ranking Col-Sapiens), explicó que los primeros días de presencialidad se están centrando en que los niños se familiaricen con los protocolos de bioseguridad. Reconoció que para cumplirlos el colegio tuvo que hacer inversiones adicionales, todo con el fin de que los padres tengan tranquilidad.

En Bogotá, las instituciones pueden funcionar máximo en un 35 por ciento de capacidad, razón por la que la institución se acomodó al modelo de alternancia. Explicó que en el retorno a la presencialidad se tuvo en cuenta que el 80 por ciento de los padres de los cerca de 1.000 alumnos estuvo de acuerdo con el regreso a las aulas.

Por su parte, Juan Pablo Aljure, presidente del colegio Rochester, primero del país en reabrir, explicó que obtuvieron el aval para funcionar presencialmente en plena pandemia gracias a una inversión de 400 millones de pesos en 24 baterías de puntos de lavado, desinfección y secado de manos con sensores inalámbricos, cámaras de reconocimiento facial, verificación de temperatura y señalización en todo el colegio. Además, adecuaron los salones para albergar 16 estudiantes por clase con una distancia de dos metros entre cada uno.

Finalmente, el rector Camargo entregó las cinco acciones fundamentales que cualquier colegio que quiera reabrir debería aplicar.

  • Hacer el diagnóstico de signos y síntomas en toda la comunidad educativa.
  • Lavado de manos cada 2 o 3 horas; cuando no hay posibilidad de agua potable, usar gel antibacterial con las especificaciones adecuadas.
  • Uso de tapabocas.
  • El distanciamiento físico, la distancia social. Entre uno y dos metros de distancia con otras personas.
  • Limpieza y desinfección.

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/cuantos-colegios-han-reabierto-en-bogota/202059/

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Colombia: Solo el 8,4% de los padres de familia en Bogotá quieren que sus hijos vuelvan al colegio

América del Sur/Colombia/04-10-2020/Autor:Juan Manuel Reyes Fajardo/Fuente: www.publimetro.co

Cuatro de cada cinco padres de familia en Bogotá pedirían aplazar el regreso de clases presenciales hasta 2021, según una encuesta.

La Secretaría de Educación indagó a centenares de padres de familia en Bogotá sobre la posibilidad de que sus hijos vuelvan a clases. Ante la pandemia del coronavirus, el estudio virtual ha dominado en los colegios de la ciudad. A pesar de la propuesta de la alcaldesa Claudia López de clases presenciales en alternancia, los padres no están de acuerdo con esta medida.

Según la Secretaría, solo el 8,4% de los padres de familia en Bogotá habrían aceptado retornar a clases presenciales. El 91,6% aseguró que no está dispuesto a enviar a sus hijos a los colegios para que reciban clases presenciales, por lo menos en 2020.

Pensando en el regreso escolar, el 11,8% manifestó que si quisieran regresar a la presencialidad escolar en el año 2020 mientras el 80,2% prefieren esperar hasta el 2021.

Por su parte, los estudiantes de colegio aseguraron que en un 29,3% quieren volver a clases presenciales. Aún así, el 75% consideró que sus familiares estarían dispuestos a permitirles volver, mientras el 18% dijo que no habría esta disposición.

La encuesta fue realizada a 44.852 hogares, de los cuales 43.986 corresponden a familias que tienen niños, niñas y jóvenes estudiando en colegios públicos.

Fuente e Imagen: https://www.publimetro.co/co/noticias/2020/09/30/solo-84-los-padres-familia-bogota-quieren-hijos-vuelvan-al-colegio.html

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Colombia: Minsalud aprueba protocolos de bioseguridad para la reapertura de instituciones educativas

América del Sur/Colombia/02-10-2020/Autor(a) y Fuente: www.elespectador.com

El suministro constante de alcohol glicerinado, la disposición de un horario de lavado de manos cada tres horas y el flujo constante de aire dentro de cada salón de clases son algunas de las recomendaciones para evitar la propagación del virus en estos espacios de estudio.

A través de la Resolución 1721 de 2020, el Ministerio de Salud aprobó las normas de bioseguridad que colegios, jardines, universidad y cualquier institución educativa tendrá que aplicar para la reapertura física luego de varios meses de virtualidad.

Dentro de los primeros lineamientos de adecuación a las instalaciones físicas, el Ministerio de Salud ordena suministrar alcohol glicerinado permanentemente. Las aulas deberán tener un flujo de ventilación adecuado, abriendo puertas y ventadas en la medida de lo posible. De igual forma, todos los espacios deberán estar correctamente señalizados para respetar los dos metros de distancia entre personas.

Por otro lado, las instituciones deberán asegurar el uso obligatorio de tapabocas de manera permanente durante la estadía en las instalaciones y tendrán que programar un horario de lavado de manos mínimo cada tres horas. Según Minsalud, esta rutina se recomienda en horas estratégicas antes después de consumir alimentos, ingresar a los salones, y en el tiempo de recesos.

De igual forma, se recomienda mantener, en lo posible, el mismo grupo de estudiantes en los salones de clase y recreos para evitar la mezcla de personas. El aforo a cada aula lo tendrá que establecer la institución según sus instalaciones físicas.

En espacios como cafeterías y restaurantes se recomienda ubicar las mesas en sentido unidireccional evitando que las personas estén sentadas unas frente a otras. Cada institución tendrá que establecer turnos para tomar estos espacios de alimentación, evitando que se mezclen los grupos en áreas comunes.

El registro de la temperatura y las preguntas de sintomatología deberá realizarse a la entrada de las instalaciones. Está prohibido el ingreso de familiares, cuidadores o personas externas, solo se permitirá en caso de ser requeridos.

Finalmente, entre otras recomendaciones, el Ministerio de Salud ordena establecer una zona especial para posibles casos de sospecha de infección. Estos espacios tendrán que ser desinfectado dos veces al día y se tendrá que separar los utensilios de alimentación y estudio. La limpieza en estas áreas deberá ser extrema.

Fuente e Imagen: https://www.elespectador.com/noticias/educacion/minsalud-aprueba-protocolos-de-bioseguridad-para-la-reapertura-de-instituciones-educativas/

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I Congreso Mundial de Educación 2020. Carlos Munévar: El Magisterio Colombiano Está En Resistencia Contra El Fascismo.

Allí donde el capitalismo siembra muerte, los maestros y maestras siembran vida

Donde el neoliberalismo siembra fragmentación, la educación pública siembra solidaridad

La lucha del pueblo es la lucha de las y los profes.

Educación y sindicalismo son dos conceptos que se encuentran íntimamente relacionados en Colombia, gracias al ejercicio combativo, reivindicativo y coherente de FECODE en defensa de la educación pública, que cabe recordar, es una conquista de maestros y maestras, de otra forma no existiría y la situación para los sectores sociales vulnerables y las comunidades educativas serían aún peor de lo que es hoy en día.

se ha repetido hasta la saciedad que la pandemia de Covid19 desnudó las falencias del paradigma neoliberal y que además está siendo aprovechado por las corporaciones y gobiernos proclives al modelo para profundizar la explotación, el despojo, la acumulación de capital y la destrucción del “Estado de bienestar”,  es de importancia fundamental entender que Latinoamérica como región cultural y geográfica ha sufrido efectos catastróficos en su ya menguada economía pero más trascendental  aún es la crisis social, humanitaria, que sufren sus sociedades que históricamente, salvo pequeños relámpagos fugaces de gobiernos con visos de izquierda y una agenda de gobierno  con contenido social, han estado gobernadas por sectores alineados con la política imperialista de los Estados Unidos y desde hace 40 años aproximadamente siguen al pie de la letra las recetas neoliberales impuesta por el consenso de Washington y los Chicago Boys, lo que debilitó los sistemas públicos de salud, educación, seguridad social y transformó sus economías en escenarios de especulación financiera con poco control estatal hacia las grandes corporaciones, preparando el camino para altas tasas de desempleo y una flexibilización laboral sin precedentes a costa de la pérdida de derechos ya adquiridos a través de la lucha sindical y gremial.

En ese escenario Colombia tiene unas peculiaridades que evidencian profundos retos para el sindicalismo y las luchas sociales. En palabras de Renán Vega, el Estado colombiano desarrolla una política de “contrainsurgencia laboral” macabra, pero además una constante criminalización de la protesta social ( 9 y 10 septiembre), situación agudizada en el marco de un conflicto armado interno, en donde los gobiernos de turno han implantado la idea en amplios sectores de la sociedad acerca de cómo las protestas y huelgas son organizadas por grupos extremistas, terroristas y subversivos infiltrados en las empresas con el ánimo de destruir los bienes privados, subvertir el orden público, acabar con el capital de unos pocos, añadiéndole que  se les endosa a los sindicatos la responsabilidad de la quiebra de las empresas, el enriquecimiento de sus líderes a costa de la miseria y el desempleo de los trabajadores, motivo por el cual casi que se justifica tácitamente la persecución de los sindicalistas, su encarcelamiento, su perfilamiento e incluso el asesinato a sus dirigentes.

Esta cultura “antisindical” y de criminalización de la protesta social,  que históricamente se ha desarrollado casi como política de Estado – basta recordar la masacre de las bananeras en 1928 –  ha sido llevada a niveles aberrantes por el uribismo y sus sectores afines, quienes desde hace ya 20 años monopolizan el poder político  y militar del país, confabulados con amplios sectores del empresariado y la banca nacional como también con transnacionales y corporaciones, de esta manera durante las últimas dos décadas paralelamente al asesinato sistemático de sindicalistas, educadores y líderes sociales,  se ha adelantado una contrarreforma laboral permanente que ha ido destruyendo uno a uno los derechos  que durante 100 años los y las  trabajadoras colombianas fueron obteniendo al calor de las movilizaciones y la lucha.

Las cifras son alucinantes, basta ver el porcentaje de sindicalización para entender el trágico panorama de los trabajadores colombianos, las reformas uribistas han venido golpeando muy duro la afiliación a los sindicatos, que se encuentra entre las mas bajas del continente, así mismo la tasa de sindicalistas exterminados en Colombia es 5 veces mayor a la del resto de países, Esto explica el por qué solo se encuentra sindicalizado el 3,4% del total de los trabajadores, razón suficiente para considerar a Colombia como el país más peligroso del mundo para ejercer el sindicalismo y donde la justicia es menos efectiva, pues menos del 10% de los asesinatos a sindicalistas reportados desde 1986 han sido condenados. Cabe anotar que mas de 3100 sindicalistas han sido asesinados en los últimos 40 años y de ellos más de 1000 pertenecían a FECODE.

 

Teniendo esta perspectiva es menester indicar que la situación descrita y la persecución, estigmatización y señalamientos reiterativos del regimen contra los maestros y maestras colombianas afecta directamente el ejercicio pedagógico y el papel de la escuela pública como escenario de construcción del conocimiento. Si bien la Federación a enarbolado la bandera de la Escuela como territorio de paz, la realidad desborda las intenciones. Desafortunadamente esa cultura antisindical y mezquina hacia los educadores y educadoras colombianas se ha mezclado con una política de desfinanciación de la escuela pública mientras que a la par se impulsa la privatización endógena y exógena, manifestándose en una crisis estructural del sistema educativo que toca todos los aspectos de la vida escolar y de las comunidades.

El estado de guerra permanente al cual se ha sometido al pueblo colombiano ha creado un estado de excepción en donde se ha relativizado la justicia y las leyes, al mismo tiempo que se ha normalizado la barbarie, imponiendo una necropolitica que actúa con total impunidad y corrupción, los fenómenos de desposesión y neocolonialismo corporativo apoyados en el ejercicio de máquinas de guerra estatales y para – estatales han ocasionado el desplazamiento de comunidades , el ataque y la eliminación sistemática de pueblos ancestrales, la privatización de extensos territorios y la entrega de los recursos naturales a multinacionales mineras.  En nombre de la “seguridad” se han invertido billones de dólares en el aparato represivo del Estado, mientras que la educación apenas recibe migajas obtenidas al calor de las movilizaciones del magisterio colombiano.

De esta manera se ha reproducido una sociedad violenta, patriarcal, antidemocrática, excluyente, contra la cual es necesario luchar desde los escenarios educativos, los educadores, intelectuales, pedagogos y demás sujetos vinculados a la escuela no pueden permitirse estar de espaldas a la realidad de sus comunidades, para ello es imperante rescatar al maestro como sujeto político que pone la pedagogía en clave de emancipación y no al servicio de las lógicas mercantiles.

El movimiento sindical magisterial enfrenta a nivel externo al poder suprainstitucional ejercido por la OCDE, el FMI, el Banco Mundial y otros organismos internacionales. A nivel nacional enfrenta lo que algunos han denominado un cogobierno corporativo, en donde poderosos gremios patrocinan las elecciones y luego disfrutan de la inversión económica a costa de una democracia corrompida. A nivel discursivo enfrentan por un lado el estado de opinión que astutamente el uribismo ha ido imponiendo, apoyándose en todo un “ejército” de “líderes de opinión” que ejercen un papel casi “de mercenarios del micrófono” desde los medios de comunicación privados y oficialistas. Por otro lado, nociones culturales muy arraigadas que terminan invisibilizando, discriminando y censurando el ejercicio del maestro/a como pedagogo, sujeto político y transformador de realidades. Al mismo tiempo en el interior de las organizaciones sindicales se enfrentan procesos relacionados con la crisis del ejercicio democrático, burocratización, corrupción, pérdida del horizonte político pedagógico, paralelismo sindical, y acomodamientos de fuerzas que utilizan las organizaciones para intereses particulares, dejando en segundo plano las luchas gremiales y ocasionan la despedagogización de la lucha.

Desde la Red de maestros y maestras La Roja creemos que en este momento histórico la transformación educativa debe estar subscrita a la organización, unidad  y fortalecimiento de los sindicatos de educadores a través del mundo, a la desobediencia férrea y la resistencia activa y creativa, el capitalismo viene mostrando su cara más horrible dentro de la pandemia y como educadores  estamos llamados a defender a la escuela publica como baluarte de la democracia, como un logro fundamental en la lucha histórica por la emancipación de los pueblos oprimidos, en momentos en donde el capitalismo mercantiliza la vida, los recursos naturales y el conocimiento, debemos transformar a la escuela en un espacio de resistencia del conocimiento como bien común de la humanidad, como construcción colectiva que debe dignificar al ser humano, como espacio de desarrollo del pensamiento crítico que transforme realidades, en donde la tecnología esté al servicio de la humanidad y no sea privilegio que discrimine y profundice las inequidades.  En ese escenario es necesario rescatar el papel del sujeto – maestro y su  rol fundamental en la escuela como protagonista de la reflexión pedagógica y didáctica para la construcción de escenarios educativos alternativos, , deconstrucción de los discursos institucionales, develando las intencionalidades de sus  políticas, pero también ejerciendo su papel en las propuestas y apuestas por una sociedad diferente a partir de la valoración de la memoria colectiva y  el análisis de las actuales condiciones en contra de la arremetida de las tendencias   fascistas  y el neoliberalismo como forma brutal de desposesión, destrucción del medio ambiente y deshumanización.

Mesa: Gremialismo, sindicalismo democrático y transformación educativa

Carlos Alberto Munévar

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