Colombia

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Colombia: Al menos 500 mil estudiantes que iniciaron clases no están recibiendo alimentación escolar

febrero 6, 2020febrero 4, 2020Noticias

América del sur/Colombia/06 Febrero 2020/semana.com

De acuerdo con los reportes del Ministerio de Educación, 31 de 96 entes territoriales no han contratado aún el Programa de Alimentación Escolar. Los casos de Cartagena, Sucre y Yopal son críticos dado que ni siquiera se ha reportado el inicio del proceso de contratación del servicio.

En los últimos años, se ha vuelvo común escuchar diferentes escándalos relacionados con el robo de los dineros que debían destinarse para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los colegios públicos. Las pechugas de pollo a $40 mil, huevos a $900 y tamales de $30 mil son solo algunos de los casos de corrupción que se han destapado.

Sin embargo, este jueves la Contraloría emitió una alerta, no por nuevos casos de corrupción, sino porque el 32% de los departamentos y municipios certificados no han contratado el PAE. De acuerdo con los reportes del Ministerio de Educación, 31 de los 96 entes territoriales no han contratado aún el Programa de Alimentación Escolar.

Para agravar la situación, de esos 31 entes territoriales 26 ya comenzaron el calendario escolar sin garantizar la alimentación escolar de sus estudiantes, siendo críticos los casos de Cartagena, Sucre y Yopal, donde ni siquiera se ha reportado el inicio del proceso de contratación del servicio.

Esta situación afecta a cerca de 500.000 estudiantes que no están recibiendo el complemento alimentario, lo que pone en riesgo su permanencia en el sistema educativo, alertó la Contraloría General de la República. Esta situación se presenta a pesar de que el Ministerio de Educación informó que desde octubre de 2019, los entes territoriales cuentan con los recursos de cofinanciación para la contratación del programa.

Cabe recordar que estos departamentos y municipios estarían infringiendo los lineamientos del Ministerio de Educación, los cuales indican que se debe garantizar el PAE los 180 días del año escolar de manera consecutiva.

Corrupción en los comedores escolares de Sucre

Por otra parte, la Contraloría encontró un caso de sobrecostos en un contrato de dotación de los comedores escolares de las instituciones educativas oficiales del municipio de Toluviejo (Sucre). Al concluir una auditoría del cumplimiento a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), detectó hallazgos fiscales por un total de $754 millones de pesos.

El ente de control realizó un análisis de precios de los elementos comprados por el municipio en este contrato, cotizando los mismos, y encontró que existen evidentes sobreprecios en mucho de ellos. Por ejemplo, un tanque plástico de 120 litros que vale en el mercado $25.000, en la propuesta del contratista tiene un valor de $350.000, lo cual significa un sobreprecio de $325.000, que en total llega a $2.925.000, dado que se suministraron 25 tanques.

Pero esto es poco si se tiene en cuenta que también hay un elevado sobreprecio en una nevera de 430 litros marca Haceb. De acuerdo a cotizaciones que realizó el equipo auditor de la Contraloría, en un almacén vale $1.417.059 y en otro $1.637.900, y en la propuesta ganadora tiene un valor de $2.435.000, es decir el precio de más pasa de $1 millón, y se compraron 16 neveras de este tipo.

En la propuesta escogida por el municipio de Toluviejo, un tanque de 1.000 litros tiene un valor de $660.000 y se obtuvieron cotizaciones hasta por $225.475, lo cual indica que se pagaron $434.525 de más. En total, se adquirieron 22 tanques de este tipo, por los cuales se pagó un sobreprecio de $6.517.860.

Esta situación se repite en cubiertos, electrodomésticos, y recipientes. Esto, según la Contraloría evidencia un claro caso de sobrecostos en el que hay un detrimento de los recursos del Estado destinados a la dotación de los comedores escolares.

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/al-menos-500-mil-estudiantes-que-iniciaron-clases-no-estan-recibiendo-alimentacion-escolar/650027

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Colombia: Las ex-combatientes exigen más y mejor educación

febrero 3, 2020febrero 3, 2020Entrevistas

Por: El Espectador.

De acuerdo con una investigación del departamento de sociología de la Universidad Nacional, existe un sentimiento que las políticas que ejecuta el gobierno para atender su proceso de reincorporación a la sociedad civil se están quedando cortas.

«Las políticas que ejecuta el Gobierno nacional para atender el proceso de reincorporación a la sociedad civil de las mujeres no satisfacen las verdaderas necesidades de ellas ni incluyen una atención diferenciada». Esta es una de las falencias que evidenció Estefany Rodríguez Gutiérrez, magíster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Bogotá, después de realizar nueve entrevistas, cinco a excombatientes de las FARC y cuatro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el periodo 2005-2015.

Además habló con profesionales reintegradores de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR, hoy Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN) y con personal del programa implementado por el Distrito –que en su momento también fue significativo– para conocer su perspectiva y la explicación de cómo funciona la ruta de reintegración.

Para crear e implementar políticas públicas distritales y nacionales en atención a excombatientes –pensada a 6,5 años–, la ACR diseñó y ejecutó la Política Nacional de Reintegración Social y Económica para Personas y Grupos Armados Ilegales (PRSE), una concertación con entidades nacionales e internacionales en el marco del plan nacional 2006-2010.

El programa, dirigido a personas desmovilizadas de la guerrilla y paramilitares que no han cometido delitos de lesa humanidad y quieren regresar a la vida civil, fomenta sus habilidades y competencias ciudadanas para construir su proyecto de vida mediante una ruta de atención particular frente a las necesidades del individuo desmovilizado y la comunidad receptora.

Como política de Estado, la ARN está dirigida a la reinserción económica y social de excombatientes y abarca las dimensiones de atención psicosocial, salud, educación y trabajo, entre otras.

Las dimensiones educativa y laboral buscan que las excombatientes culminen todos los niveles escolares, con el propósito de facilitarles tanto el acceso exitoso a un empleo estable como la independencia económica.

Empleos precarios

Independientemente del bando de militancia, las respuestas reflejaron que las oportunidades que se brindan en educación e inserción laboral no atienden las necesidades reales de las mujeres, y que las actividades a las cuales se vinculan corresponden a roles tradicionalmente asociados con lo femenino, empleos informales y precarios con flexibilidad de horarios.

“Una de las principales falencias que deberá mejorar la ARN es fortalecer la política pública e incluir el enfoque de género, teniendo en cuenta las voces de las personas para construir la política y saber qué es lo que ellas necesitan, qué quieren estudiar y cuáles son sus aspiraciones, y además que la atención no sea generalizada sino particular”, destaca la investigadora.

En la dimensión educativa, el programa cuenta con cursos y convenios con instituciones para terminar el bachillerato, ya que “muchas de ellas no alcanzaron a terminar ni siquiera su bachillerato al momento ingresar a los grupos armados”, comenta la investigadora.

También hay convenios con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en programas técnicos y algunos tecnológicos, es decir que las posibilidades de acceder a una carrera universitaria son escasas; la ARN ofrece las universidades disponibles, pero en ese sentido el acompañamiento es nulo.

“Muchas de ellas quieren continuar o iniciar una carrera profesional, pero como no existen convenios, deben gestionarlo personalmente. Si quieren pagar su universidad deben hacerlo por medio de un crédito del Icetex”, comentó la magíster Rodríguez.

Y aunque al momento de trabajar como cajeras o vendedoras la ARN presta acompañamiento en el momento de la entrevista, pasados los 6,5 años la persona debe desempeñarse por su cuenta.

“Los trabajos a los cuales se vinculan las mujeres suelen ser de servicios domésticos, en restaurantes o cuidando niños y adultos mayores; son trabajos que no tienen en cuenta los roles que ellas vivieron durante su estancia en los grupos armados, algunos de orden militar”, advierte.

En este sentido, las solicitudes de las entrevistadas reflejaron que “el acompañamiento psicológico y en el ámbito productivo no es suficiente, ya que los casos se tratan de forma general cuando algunos manejan situaciones más complejas que otras; su tratamiento no puede ser el mismo y se debe seguir trabajando en mejorar las condiciones para que su reincorporación sea más efectiva”, concluye la investigadora.

Fuente de la entrevista: https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/colombia-las-ex-combatientes-exigen-mas-y-mejor-educacion

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Así es la Uaiin, la primera universidad pública indígena de Colombia

febrero 3, 2020febrero 3, 2020Noticias

América del Sur/ Colombia/ 03.02.2020/ Fuente: www.elpais.com.co.

El pasado 24 de enero el Gobierno Nacional y la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, Uaiin, firmaron un convenio que garantiza recursos para el funcionamiento de la primera universidad pública indígena del país.

La iniciativa que se convierte en un hecho histórico para la educación superior en Colombia se logró luego de cuatro décadas de luchas por parte de las comunidades indígenas del departamento del Cauca.

Pero fue desde la minga del 2017 cuando se dieron los primeros acercamientos entre el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, y el Gobierno que trabajaron desde finales de 2018 y durante todo el 2019 en espacios técnicos para lograr esta decisión.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, con funciones delegatarias presidenciales, anunció ese día que la Nación aportará recursos del orden de los $11.600 millones para gastos de funcionamientos que incluyen pago de dinamizadores orientadores (profesores), administrativos, adquisición de bienes y servicios, y otros gastos generales del alma máter.

Asimismo, afirmó que los recursos se garantizarán de manera permanente para la institución que antes funcionaba con recursos propios, y que ahora también podrá acceder a otras fuentes de financiamiento dispuestas para fortalecer la educación superior.

Además de la Ministra del Interior, participaron en la firma del convenio la ministra de Educación, María Victoria Angulo y el consejero mayor y representante legal del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, y de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, Uaiin, Ermes Evelio Pete Vivas, quien estuvo acompañado por otras autoridades indígenas.

La Uaiin, dijo Gutiérrez, ha sido un compromiso del Gobierno desde el inicio, al ser la primera ley que el presidente Duque sancionó en septiembre de 2018.

“El Ministerio de Educación trae un apoyo económico por $11.600 millones para la universidad indígena. Es la primera vez que se hace un refuerzo de semejante magnitud de inversión en educación superior para los pueblos indígenas”, enfatizó.

Por su parte, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, destacó que “de esta manera se contribuye a la consolidación de una oferta educativa pública e intercultural que estimule el diálogo nacional e integre la pluralidad en un proyecto común de país”.

Lucha, sangre y muerte

El consejero mayor y representante legal del Cric y de la Uaiin, Ermes Pete Vivas, dijo que la noticia de la firma del convenio por parte del Gobierno es un gran acontecimiento, pero advirtió que esta decisión es el resultado de más de cuatro décadas de lucha y muerte de muchos indígenas en la vía Panamericana.

“En cada movilización se llegaban a acuerdos incumplidos y en este gobierno con base en el decreto 1811 y a los pares académicos se logró el reconocimiento legal, en el 2018, de la Uaiin, no obstante sin financiación, por eso se dio el debate. Fueron los mayores y mayoras quienes dieron vida a este proceso. No fue porque el gobierno quisiera, sino porque le tocaba. Era una obligación a raíz de los muertos y asesinatos y a la gran cantidad de gente que entregó su vida en la Panamericana para que hoy se hiciera realidad la Universidad Pública Indígena de carácter especial, la primera en el país”, precisó.

Recordó que en 1978 el Cric creó el programa de educación bilingüe en el departamento del Cauca buscando recuperar la lengua y que no se perdiera la cultura.

Hacia el año 2002 arrancó la Universidad Indígena en el barrio La Aldea, en la ciudad de Popayán. Fueron casi dos décadas sobreviviendo con recursos propios y el apoyo de organizaciones internacionales como la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Uraccan, que se encargó de certificar a los jóvenes graduandos en Colombia, cuando el Ministerio de Educación se negó.

En la actualidad, la universidad cuenta con 1.119 dinamizadores estudiantes en las distintas subsedes del departamento y otros municipios del país, además de cerca de 40 dinamizadores orientadores (profesores).

Asimismo, tiene diez programas de formación debidamente certificados y aprobados por el Ministerio de Educación.

«Se debe formar al muchacho para que sea competente, para que retroalimente a su territorio y ayude a sus comunidades»,

Ermes Evelio Pete Vivas,

consejero mayor.

Pete Vivas sostuvo que la resolución expedida por el MEN en el 2018 que reconoce a la Uaiin como universidad pública indígena de carácter especial es muy positiva en la medida que llegarán muchas personas que antes no creían en los procesos del alma máter por considerarla una entidad ilegal o ‘pirata’.

“A partir de ahora va a tener credibilidad y la gente va querer estudiar aquí porque tiene reconocimiento legal y va a ser certificado. De esta manera se van a abrir muchos espacios porque la idea con esta universidad es fortalecer nuestros principios, nuestra cultura, nuestra política; la defensa de la vida, la naturaleza, la madre tierra y todo lo que el muchacho desconoce, porque cuando uno va a una universidad pública normal, uno pierde su cultura”, enfatizó.

Manifestó que los recursos destinados por el Gobierno son insuficientes tras insistir que la demanda va a ser mucho más grande en todo el país, y por lo tanto necesitarán mayor inversión en talento humano, intercambio de saberes e ideas con otros países de América Latina y la ampliación de las instalaciones para seguir creciendo y fortaleciendo la educación en sus comunidades.

El Consejero Mayor confesó que proyecta una universidad grande en infraestructura, pero también grande en el tema de conocimiento, capaz de cambiar el modelo político, económico y social.

“Pienso que se debe formar al muchacho para que sea competente, para que retroalimente a su territorio y ayude a sus comunidades, pero también para que tenga competencias hacia afuera, sin que pierda su identidad. Muchos piensan que en la ciudad está la solución, pero no es así, está en el campo. Es en las comunidades donde podemos encontrar muchas posibilidades y mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones”, afirmó Pete Vivas.

Cómo se proyecta

Para Luz Elia Montenegro, coordinadora política de la Uaiin, la universidad tiene que seguir cambiando en el marco de los mandatos, de los planes de vida y sistemas propios de las comunidades.

“Los recursos del gobierno son insuficientes, pero nos ayudan a resolver varias situaciones como es el tema de ampliar la planta de dinamizadores porque hay muchas solicitudes de las comunidades que requieren procesos de formación”, expresó.

Explicó que a diferencia de las otras universidades públicas, la Uaiin no oferta procesos de formación sino que estos se abren teniendo en cuenta las necesidades de cada comunidad.

Otro aspecto en el que están avanzando con el Ministerio de Educación es el tema de la adecuación institucional porque, según Montenegro, no los pueden medir igual que miden a las universidades convencionales, ya que la universidad indígena está creada en un marco de carácter especial.

Cabe anotar que los procesos de formación de la universidad son itinerantes, es decir, que los desarrollos pedagógicos de los programas están en los territorios porque es allí donde se encuentra el conocimiento.

Finalmente, Montenegro señaló que aunque es un reconocimiento importante ser la primera universidad pública indígena del país, también representa un gran reto para el Ministerio de Educación en el tema de transformación de sus procesos de evaluación y aseguramiento de la calidad, pero sin desconocer los distintos puntos de vista.

Además porque la Uaiin definitivamente se convertirá en el referente para otras comunidades del país que quieran crear sus propios centros de educación superior.

Primera Universidad Indígena de Colombia

Al acto de la firma del convenio asistieron Luis Fernando Pérez, viceministro de Educación; Edith Noelia, consejera mayor Cric; Eider Meneses, mayor del pueblo Yanacona; María Victoria Angulo, ministra de Educación; Ancízar Majin, gobernador mayor Yanacona y Libio Palechor, coordinador pedagógico de la Uaiin.

Especial para El País

Sus programas

La Uaiin cuenta con diez programas que tienen registro calificado como son:

Licenciatura en Pedagogías Comunitarias; Licenciatura de Pedagogía de Artes y Saberes Ancestrales; Licenciatura en Pedagogía para la Revitalización de Lenguas Originarias y una Tecnología en Pedagogía Lingüística Aplicada.

Asimismo, Profesional en Comunicación Propia Intercultural; Profesional en Derecho Propio Intercultural; Profesional en Buen Vivir Comunitario; Revitalización de la Madre Tierra y Administración y Gestión Propia.

Fuente de la noticia: https://www.elpais.com.co/educacion/asi-es-la-uaiin-la-primera-universidad-publica-indigena-de-colombia.html

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Colombia: Y la clase de historia… ¿para cuándo?

febrero 3, 2020febrero 3, 2020Noticias

América del sur/Colombia/03 Febrero 2020/Semana.com

En 2017, el Congreso aprobó la ley para que esta cátedra regresara a los colegios. Pero su aplicación parece muy lejana. ¿Por qué esa materia es tan importante?

Hace dos años, en el gobierno de Juan Manuel Santos, historiadores, políticos e intelectuales celebraron la Ley 1874, que restableció la enseñanza obligatoria de la historia en los colegios. La norma fijó un plazo de más o menos dos años y medio para reglamentar la manera de volver a impartir esta materia. Pero ha habido retrasos y hoy nadie tiene aún claro cómo llevar a cabo este proceso. Peor aún, muchos temen que la ley quede como un saludo a la bandera y que la clase de historia, como una asignatura independiente, no vuelva a las aulas.

La historia salió del currículum escolar en 1984, cuando el presidente Belisario Betancur acogió la recomendación de la Unesco de no dictar más esta materia en América Latina. Sin embargo, no desapareció del todo, pues quedó integrada en las clases de ciencias sociales, pero perdió mucha fuerza. Los especialistas comenzaron a decir que la medida adoptada por Betancur formó varias generaciones de colombianos ignorantes de su pasado e incapaces de pensar en términos históricos. Incluso dijeron que varios de los problemas que atravesó el país en las décadas de los noventa y dos mil se debían a esta falencia.

En 2016, Viviane Morales, entonces senadora por el Partido Liberal, recogió estas inquietudes y radicó un proyecto de ley que generó bastante polémica. Finalmente, el presidente Juan Manuel Santos promulgó la ley en diciembre de 2017. Su articulado ordenaba al Ministerio de Educación conformar una comisión asesora antes de finalizar el primer semestre de 2018 a fin de que hiciera las recomendaciones para diseñar un currículum aplicable en Colombia.

Un experto cercano al proceso, que prefirió reservar su identidad, explicó que entre diciembre de 2017 y mayo de 2018, historiadores y representantes del Gobierno de Santos se reunieron para construir el decreto que reglamentaría la comisión asesora. Pero, “a pesar de que estaba prácticamente listo, ese texto quedó en la nevera con la llegada del nuevo Gobierno. No era una prioridad”. En ese mismo sentido, Darío Campos, profesor de historia de la Universidad Nacional y miembro de la comisión, dijo que en su momento, la clase de historia no se materializó por falta de voluntad política.

Algo más de un año estuvo en el olvido esa reglamentación. Solo mediante una acción de cumplimiento, presentada ante el Tribunal Administrativo de Boyacá en julio de 2019 por miembros de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se reactivó ese proceso. En respuesta al fallo a favor de la institución educativa, el Ministerio de Educación emitió, en septiembre, el Decreto 1660, que reglamentó la ley y estableció las condiciones para formar la comisión.

Para los historiadores consultados por SEMANA, ha faltado celeridad y diligencia en el proceso para implementar la Ley 1874. A pesar de esto, coinciden en que no es momento para lamentarse, y señalan que desde que el Gobierno conformó oficialmente la comisión, hay mayor voluntad de todas las partes para empezar a trabajar en el tema.

Hoy existen más incertidumbres que certezas sobre el regreso de la historia a las aulas. El presidente Iván Duque había destacado que para la celebración del bicentenario de la independencia era fundamental aplicar esta ley. Sin embargo, esto no ha sucedido. De acuerdo con la norma, la comisión tiene un plazo de dos años para ajustar los lineamientos curriculares. Eso significa que, si las cosas salen bien, la cohorte de niños y jóvenes del segundo semestre de este año vería las primeras clases de historia. Pero la cuestión no es fácil y podría tardar más tiempo.

El Ministerio de Educación estipuló que la comisión debe sesionar cada dos meses, hecho que no deja satisfechos a sus miembros. “Se necesita mayor celeridad del Gobierno para avanzar en restablecer la cátedra”, opinó Eduardo Durán, presidente de la Academia Colombiana de Historia y miembro de la comisión.

Hasta el momento la Comisión Asesora solo se ha reunido dos veces: el 2 de diciembre, cuando se posesionó formalmente, y el viernes 31 de enero, cuando discutió cuál será el papel de este órgano asesor en el que todavía no hay consenso. Unos miembros consideran que ellos deben crear los lineamientos que contendrá la cátedra de historia; otros piensan que lo debería hacer un grupo de expertos y que la comisión cumpla una función asesora. Sí coinciden en que el Gobierno mostró buenas intenciones al conformar la comisión, pero también en que por el momento esta no tiene las herramientas ni los recursos suficientes para cumplir los objetivos planteados.

Una muestra de lo anterior tiene que ver con los costos de los desplazamientos. Fuentes cercanas a la comisión le confirmaron a SEMANA que no cuenta con los recursos necesarios para los viajes de sus integrantes. Algunos de ellos han tenido que gastar de su propio bolsillo para asistir a las sesiones en Bogotá, y a otros les han cancelado los viajes, como ocurrió en la última reunión, en la que no pudieron asistir dos representantes suplentes.

Así las cosas, este tema no tiene una salida fácil. La comisión y el ministerio enfrentan el gran reto de responder preguntas como qué historia contar, cómo contarla, cómo fomentar la identidad nacional a partir de la diversidad étnica y cómo interpretar el conflicto armado en Colombia. Respuestas que pueden generar grandes controversias, oposiciones y disputas políticas.

Cabe recordar que hace un año el representante a la Cámara por el Centro Democrático Edward Rodríguez propuso un proyecto de ley para reglamentar la enseñanza de historia y política, y evitar el “adoctrinamiento de los niños y jóvenes” con ideas y hechos falsos. No prosperó porque no contó con el apoyo de su bancada. Pero este ejemplo pone de presente la profundidad de las controversias que pueden surgir alrededor de cómo contarles a los niños, por ejemplo, sobre los crímenes cometidos por representantes del Estado, la parapolítica, entre otros.

SEMANA consultó a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, sobre el tema y dijo que, efectivamente, trabajan mancomunadamente con la comisión para sacar los lineamientos lo más pronto posible. “Para el Gobierno y nosotros como ministerio el desarrollo de estas competencias resulta de primer orden”, señaló Angulo. Ojalá esas buenas intenciones se mantengan para que el proyecto salga adelante y millones de niños y jóvenes puedan conocer la historia del país.

Fuente e imagen: https://www.semana.com/educacion/articulo/y-la-clase-de-historia–para-cuando/650308

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Denuncian amenazas contra líder social en Chocó, Colombia

febrero 3, 2020febrero 3, 2020Noticias

América del Sur/Colombia/03-02-2020/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

“No quiero ser uno más en la lista de líderes sociales asesinados por la política de muerte del gobierno de Iván Duque”, indicó el líder social amenazado, Luis Olave.

El senador colombiano, Gustavo Petro, denunció este domingo las amenazas de muerte contra miembro del movimiento Colombia Humana, Luis Ernesto Olave.

Petro se preguntó qué estará haciendo el presidente del país, Iván Duque, para defender la integridad física del líder social en el departamento de Chocó.

La reacción del excandidato presidencial, se produjo a pocas horas de que Olave alertara sobre las amenazas que ha recibido por defender el territorio por parte de grupos armados ilegales que operan en el Chocó.

Gustavo Petro

✔@petrogustavo

Qué esta haciendo señor Duque por defender la vida de nuestro dirigente de la Colombia Humana en el chocó @LUISEROLAVE ? https://twitter.com/LUISEROLAVE/status/1223748627325181958 …

Luis Ernesto Olave V@LUISEROLAVE

No quiero ser uno más en la lista de líderes sociales asesinados por la política de muerte del gob @IvanDuque. @petrogustavo estoy amenazado por liderar en Chocó @ColombiaHumana_ y por defender el territorio Afro. @GustavoBolivar @marthaperaltae @PizarroMariaJo @FranciaMarquezM

1.250

17:24 – 1 feb. 2020

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“No quiero ser uno más en la lista de líderes sociales asesinados por la política de muerte del gobierno de Iván Duque”, señaló el activista afrocolombiano.

Asimismo, Petro condenó las amenazas contra la hija de otro miembro de Colombia Humana en el Valle del Cauca, Raúl Marín.

El partido Polo Democrático Alternativo, destacó la necesidad de que el gobierno ofrezca “garantías constitucionales y democráticas para que los partidos políticos y las organizaciones sociales sin distingo alguno, puedan ejercer las actividades propias de su naturaleza”.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-amenazas-contra-lider-social-choco-20200202-0020.html

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Colombia: Enfrentamientos armados causan miles de desplazamientos en Nariño

febrero 2, 2020febrero 2, 2020Noticias

América del Sur/Colombia/02-02-2020/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

Hasta el 30 de enero la zona citadina había recibido más de 1.600 personas a causa de los desplazamientos forzados.

Alrededor de 400 familias se encuentran desplazadas en el casco urbano del municipio colombiano Roberto Payán, en el departamento de Nariño, debido a los constantes enfrentamientos armados en las zonas rurales de dicha localidad.

El alcalde de esa población, Juan Carlos Sinisterra asegura que esta es una situación humanitaria altamente preocupante y que desborda su capacidad de respuesta desde lo local, pues hasta el 30 de enero la zona citadina había recibido más de 1.600 personas a causa de los desplazamientos forzados.

Este viernes la ciudad recibió el último desplazamiento, unas 35 familias provenientes de un sector denominado Negrito sobre la orilla del río Ispi, que se suman a las que permanecen en albergues en los que reciben atención, dando prioridad a niños, mujeres y adultos mayores.

Según Sinisterra, la atención de los desplazados se lleva cabo mediante una ruta en la que participan el hospital, la coordinación de educación, el coordinador de Riesgo y la comisaria de familia, a fin de adelantar el restablecimiento de derechos y atención humanitaria de emergencia.

No obstante, enfatizó en la necesidad de que “las autoridades e instituciones de alto nivel nos ayuden a atender lo que está ocurriendo”.

A pesar de la actividad de la fuerza pública, continúan ocurriendo masacres en el sector, como la ocurrida el pasado 28 de enero, cuando tres personas murieron, víctimas de una mina antipersona, y las autoridades han declarado que aún no consiguen retomar el control de las zonas en las que se generan los mayores desplazamientos.

Esta zona de Colombia marcada por la presencia de disidentes de las FARC-EP y bandas de narcotraficantes, se disputan el control de los territorios en donde también hay presencia de cultivos de hoja de coca.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/colombia-enfrentamientos-armados-causan-miles-desplazamientos-narino-20200201-0016.html

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La literatura colombiana tras medio siglo de guerrilla

febrero 1, 2020enero 31, 2020Noticias

Redacción: El País

Los escritores colombianos siempre han dado cuenta del conflicto armado del país. Pero el acuerdo de paz representa nuevos retos para su narrativa.

“Al caer el sol, las tropas guerrilleras bailan: siempre chico y chica juntos, muy jóvenes, apretados, él con una mano en la cadera de ella, los pies moviéndose con destreza, entrelazándose sin llegar a pisarse. Cada canción les aleja un poquito más de la única vida que han conocido: la guerra. En su mirada, un combate: el de un horizonte sin armas contra un pasado en el que la violencia se llegó a normalizar”.

Si la literatura responde al espíritu del momento en una sociedad, el relato de X: el francotirador rebelde, del periodista José Fajardo, refleja el que vive Colombia: un periodo de transición después de una guerra de medio siglo tras la firma de un acuerdo de paz, el reacomodo, la incertidumbre o, como los personajes de este libro, un combate por dejar el pasado violento atrás. «Colombia ha sido el país de los nadie, del que mata y no quiere que su nombre se sepa, del que muere y nadie se acuerda’, dice Fajardo en el libro en el que se ocupa de un excombatiente al que la guerra le borró la identidad.

La literatura sobre posconflicto o, si se quiere de paz, una palabra aún polémica porque es esquiva en amplias regiones del territorio nacional, no es nueva en Colombia. Más bien, como ha dicho el escritor Sergio Álvarez (La Lectora, 35 muertos) el conflicto hace parte del ADN de la narrativa del país. No hay escritor que haya escapado a esta realidad. Se encuentra en Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez; en Los Ejércitos, de Evelio Rosero; o en Delirio, de Laura Restrepo, por mencionar unos pocos. Álvarez, por ejemplo, ha contado la historia de los campesinos desplazados, pero también ha navegado en el mundo de delincuentes, narcotraficantes y guerrilleros. Sin embargo, como dijo en el Festival Internacional de Literatura de Berlín en 2017, espera que el proceso de paz fructifique y que “podamos empezar a contar lo que viene después, la construcción de un país distinto y la secuela de todos esos enfrentamientos violentos, pero vistos de una forma más constructiva”.

La literatura sobre paz en Colombia se entiende también como memoria. La novela- dice el escritor Santiago Gamboa (Será larga la noche)- es un espejo. “Nosotros hemos tenido tres grandes catarsis como sociedad en los últimos 15 años, ¿y de donde han provenido? Del arte. La primera, El olvido que seremos, libro de Héctor Abad Faciolince, que refleja la muerte del padre, la orfandad. Es el padre de Héctor Abad, pero lo leemos como un espejo, entonces lloramos con ese libro y nos conmueve profundamente. Es el más leído en Colombia después de García Márquez porque produjo una gran catarsis nacional”, dice Gamboa, cuyo último libro da voz a un excombatiente. “La segunda, la obra de Doris Salcedo: la paz, la reconciliación, la dureza de las armas, las víctimas. Y la tercera, las fotos de Jesús Abad Colorado. Es el arte el que nos permite comprender la realidad y conmovernos con ella. Eso produce mejores ciudadanos”, agrega.

Pero encarar esta nueva etapa de Colombia no es un desafío sencillo para los escritores y cada uno se acerca desde distintos ángulos. Se trata de una narrativa de la fragilidad porque da cuenta de una paz endeble, quebradiza. Pablo Montoya (Tríptico de la infamia, Los derrotados), afirma que tras los acuerdos de paz abunda la narrativa testimonial y que se viene una avalancha de literatura sobre desaparecidos porque “necesitamos nombrarlos y rescatarlos desde la literatura misma”.

Para Montoya, quien lanza este año su novela sobre la escombrera, una gran fosa común en las laderas de Medellín, en un país con tantas víctimas -cerca de 83.000 desparecidos-, la literatura tiene el papel de darles voz a quienes han estado silenciados y de “aguar la fiesta” a aquellos que buscan pasar la página como si Colombia no estuviera fracturado. “Nuestra obligación es más recordar que olvidar, más remover los escombros del ayer que ocultarlos o ignorarlos”, dice el ganador del premio Rómulo Gallegos.

“La pregunta que, por lo tanto, me concierne como escritor es: ¿cómo la literatura podría participar en esta confluencia de múltiples inquietudes desprendidas por los acuerdos de paz firmados en La Habana? Debe sustentarse en un credo que ha movido la escritura literaria más arrojadiza: ha de hundirse en zonas turbias”, agrega en su ensayo Paz y literatura.

El relato oficial sobre lo que ha pasado en Colombia es un terreno en disputa. Y las grandes editoriales han apostado por novedades de no ficción, por el relato de algunos de sus participantes. La más conocida es La Batalla por la Paz (Planeta), escrita por el expresidente Juan Manuel Santos, que aborda la filosofía y detalles sobre cómo llegó al proceso de paz. El título del libro que alude, tal como el de los personajes de X: el francotirador rebelde, a la paz como una batalla por dar, a un combate.

En esa misma línea y desde adentro, también está Revelaciones al final de una guerra, el testimonio del negociador del gobierno, Humberto de la Calle. Y Disparos a la paz (Penguin Random House), de los exministros Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera. Ambos libros revelan episodios desconocidos sobre el proceso de paz, las dificultades durante el plebiscito y lo que viene para los actores del acuerdo.

Pero no son las únicas voces que se están levantando. Los excombatientes también quieren narrar cómo han vivido la guerra y ahora, la paz. Martín Cruz Vega, que estuvo en la guerrilla de las FARC durante 43 años, es un prolífico escritor y desde que se selló el acuerdo de paz ha publicado varios libros: Diario de la guerra y la paz; El último fusil, De las trochas a la paz, Crónicas clandestinas y Orbitar en mis versos, este último por salir. “Publiqué el primer libro en 2017 cuando todavía estábamos con las armas en las manos. Pero el proceso de paz fue un estímulo. Mi vida en la selva fue muy larga y siempre escribí. Ese era mi bálsamo e iba recopilando todo esperando para publicar. Es importante la literatura sobre lo que pasó en la guerra para que no vuelva a pasar en ninguna parte del mundo”, dice. “La posibilidad para escribir es ahora en la paz”, concluye Cruz Vega.

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