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Colombia

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Colombia: Asesinan a dos jóvenes estudiantes al interior de su vivienda

Noticias

América del Sur/Colombia/09-02-2020/Autor(a) y Fuente: www.publimetro.co

El crimen ocurrió en la madrugada de este viernes. Asesinan a dos jóvenes estudiantes al interior de su vivienda.

Según los primeros reportes entregados, sobre las 2 de la madrugada, las dos jóvenes estudiantes fueron asesinadas dentro de la casa que habitan.

Primeras hipótesis del caso, argumentan que se trató de un homicidio en medio de una pelea de pareja, pues una de las mujeres estaba discutiendo con su esposo, cuando este sacó un cuchillo y la apuñaló. Seguidamente atacó a la otra mujer porque presenció la situación.

Las mujeres fueron encontradas dentro de una de las habitaciones, con varias heridas en su cuerpo.

Al parecer, el hombre se encontraba en alto estado de embriaguez en el momento en que cometió este aberrante acto. Aunque logró huir del lugar, el sujeto fue capturado por la Policía.

Reportan que las dos mujeres eran estudiantes de la Universidad Industrial de Santander.

Asesinan a dos jóvenes estudiantes al interior de su vivienda.

Fuente e Imagen: https://www.publimetro.co/co/noticias/2020/02/07/asesinan-dos-jovenes-estudiantes-vivienda.html

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Colombia: Profesionales ganan 71 % más que personas con educación básica primaria

Noticias

Redacción: La República

Aunque en Colombia el salario promedio es de $1,16 millones, las personas con menor escolaridad reciben $572.746 y los universitarios alcanzan $1,9 millones

En Colombia los trabajadores con títulos universitarios ganan, en promedio, $1,9 millones, mientras que las personas que estudiaron hasta la básica primaria devengan $572.746, lo que significa que el primer grupo en mención recibe 3,5 veces más remuneración por su trabajo que el segundo.

Así mismo, se calcula que las personas con educación superior ganan 2,2 veces más que las que tienen educación media y los trabajadores con posgrado reciben cuatro veces más salario que las personas con educación media. Además, según cálculos del Dane, el sueldo promedio en Colombia es de $1,16 millones, solo $338.477 por encima del mínimo de 2019.

Esta es una de las conclusiones reveladas en el Informe Nacional de Empleo Inclusivo realizado por la Fundación Corona, la Fundación Andi y el programa de Alianzas para la Reconciliación de la Agencia de los Estados Unidos (Usaid), que fue publicado ayer y en el que se destaca la fuerte correlación existente entre el nivel educativo de las personas y la posibilidad de acceder al mercado laboral; lo que a su vez se refleja en sus ingresos y, por tanto, en su calidad de vida.

El estudio advierte que en el país persisten los retos para acceder a la educación posmedia (técnico profesional, tecnólogo, pregrado y posgrado), a lo que se suma que la tasa de deserción es muy alta. Dado que, en 2016, la tasa por cohorte para el nivel universitario fue de 45,1%, mientras que para el nivel de formación técnica profesional fue de 52,3%, es decir, 7,2 puntos porcentuales más alta que en el caso anterior. Y, en cuanto a la formación tecnológica, la deserción llegó a 53,3%.

También destaca que, más allá del nivel educativo, el nivel de ingresos es influenciado por la calidad de la educación recibida, aspecto en el que las alarmas permanecen prendidas en el país dado que, al revisar los resultados de las pruebas Icfes de 2018- que fueron la muestra analizada- la proporción de estudiantes con puntajes de niveles ‘bajo y medio-bajo’ en lectura crítica fue de 37,2 %. Y la cantidad de estudiantes con resultados negativos en matemáticas, fue de 45,1 %.

Además, al comparar las evaluaciones de ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, se concluye que, tanto en lectura crítica como en matemáticas, los estudiantes de la región de Urabá tienen desempeños inferiores, lo que nuevamente pone sobre la mesa la correlación entre inversión y calidad.

“Siempre habrá una incidencia, a veces mayor o menor entre la educación y los ingresos pero, en realidad, lo que se debe establecer es si se trata de una incidencia enfocada; es decir, si corresponde al mercado de quien se forma en algún programa universitario, sea técnico o universitario. Hay incontables casos de profesionales que nunca se ubican en el mercado laboral de lo que estudiaron sino donde les tocó”, señaló Carlos Roberto Peña, director de Sapiens Research Group.

Lo anterior se refleja en la tasa de desempleo, que, de acuerdo con el Dane, en 2019 fue de 10,5%, el nivel más alto de los últimos ocho años. Cifra que fue superior para las mujeres, con 13%, frente a 6,9% de los hombres; y aún más retadora para los jóvenes, cuya proporción de desocupados fue de 16%.

El nivel educativo y la brecha con la demanda del mercado laboral

Pese a que es más fácil acceder al mercado laboral teniendo educación, también hay profesionales desempleados que nunca pueden ubicarse en ningún cargo relacionado con su profesión, por lo que uno de los desafíos identificados en el estudio es el de las brechas entre las necesidades del sector productivo y la formación en educación posmedia ofrecida por el sistema educativo. “Hay una necesidad de articulación entre la oferta educativa, la oferta de intermediación formal y la demanda laboral para que el país pueda avanzar en este aspecto”, señaló el documento.

Fuente: https://www.larepublica.co/economia/los-profesionales-ganan-71-mas-que-personas-con-personas-con-basica-primaria-2960985

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La primer ministro de ciencia de Colombia enfrenta llamados a renunciar por haber realizado tratamiento del cáncer basado en hongos, sin protocolos científicos

Noticias

El primer ministro de ciencia de Colombia enfrenta llamados a renunciar por el tratamiento del cáncer basado en hongos

Améria del Sur/Colombia/ Por Rodrigo Pérez Ortega /sciencemag.org

En diciembre de 2019, cuando el presidente colombiano Iván Duque Márquez nombró a la bióloga molecular Mabel Gisela Torres Torres para ser la primera jefa del recién creado Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, solo unos pocos investigadores de la nación sabían quién era ella.

Torres era «un completo desconocido», recuerda Gustavo Quintero Hernández, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Del Rosario.

Ahora, Torres ya no es oscura, y se encuentra en el centro de la controversia que ha incluido pedidos de renuncia.

La tormenta comenzó el 10 de enero, 1 día antes de que Torres asumiera el cargo, cuando el periódico El Espectador publicó una historia que plantea preguntas sobre su historial de investigación. La historia informó de una afirmación que hizo Torres, durante una entrevista transmitida en agosto de 2019, de que esencialmente había realizado un ensayo clínico informal y no controlado con pacientes con cáncer. Torres dijo que había dado una infusión hecha de un hongo que estaba estudiando a pacientes con cáncer cervical, de seno y cerebral, y que su salud había mejorado. No buscó revisiones formales de ética, seguridad y eficacia antes de comenzar el trabajo porque habría tomado demasiado tiempo y porque creía que el hongo no representaba una amenaza para la salud humana, le dijo al mismo periódico al día siguiente . También dijo que no ha publicado la gran cantidad de datos que afirmó haber recopilado de tales estudios «como un acto de rebelión», aunque planea presentar una solicitud para patentar sus hallazgos.

Los comentarios de Torres provocaron la condena inmediata de muchos científicos colombianos, y más de seis sociedades científicas y médicas emitieron declaraciones de preocupación. «No podemos aceptar actitudes despectivas en relación con el método científico, la laxitud con los códigos éticos de experimentación científica y el desdén por el proceso de publicación y revisión por pares», dijo la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en un comunicado.

«Solo podemos lamentar que el curso de cómo hacer ciencia en nuestro país haya quedado en manos de la pseudociencia», dijo la Asociación Colombiana de Facultades Médicas (ASCOFAME) en un comunicado.

Algunos investigadores creen que Torres debería renunciar. «Queremos que renuncie», dice Juan Manuel Anaya, inmunólogo de la Universidad de Del Rosario. Su «acto de ofrecer una esperanza a los pacientes con cáncer debe ser criticado», dice, porque era «poco ético y eventualmente peligroso». Era parte de la Misión Internacional de Sabios, un grupo asesor de 47 miembros de la nación. y comunidad científica internacional que ayudó a establecer metas para el nuevo ministerio.

Torres no respondió a las solicitudes de comentarios de Science Insider. Pero el 30 de enero le dijo al periódico El Tiempo que no renunciaría. «Siempre he creído que [ser nombrada ministra] no es un accidente», dijo.

En una declaración anterior, Torres defendió su trabajo, que se centró en la taxonomía, la genética y los compuestos bioactivos de hongos en el género Ganoderma . «En ningún momento he declarado de manera simplista que esta especie es la cura contra el cáncer», escribió en la declaración del 18 de enero. “No he ofrecido una medicina, y mucho menos la comercialicé. He observado rigurosamente los protocolos de ética establecidos para la experimentación científica en general y los que se aplican específicamente en mi campo disciplinario «.

La controversia había desanimado a muchos investigadores que solo hace 1 año celebraban un impulso exitoso para crear el primer ministerio de ciencia de Colombia. “Ha sido muy frustrante. … Esperamos comenzar con el pie derecho «, dice Gabriela Delgado Murcia, inmunóloga de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

«Es muy sorprendente que una persona que tiene dificultades [adhiriéndose] al método científico sea la persona que liderará la ciencia de este país», dice el médico Quintero Hernández, presidente de la junta de ASCOFAME.

Otros están reteniendo el juicio. Laura Guzmán Dávalos, quien era doctora en Torres. El asesor de la Universidad de Guadalajara describió a Torres como un «estudiante brillante» y señala que los estudios en células y ratones han sugerido que los metabolitos en los hongos que Torres estudió tienen potencial como tratamiento contra el cáncer. Y ella dice que aunque no está al tanto de ningún estudio clínico en humanos, «no creo que sea una mala idea» que Torres le haya dado su hongo a los pacientes. Los hongos están destinados a complementar, no reemplazar, los tratamientos tradicionales contra el cáncer, como la quimioterapia, señala. Ella misma toma un suplemento derivado de hongos, dice Dávalos, y muchos profesores de su universidad dan los suplementos a pacientes con cáncer.

El biólogo marino Juan Armando Sánchez Muñoz, de la Universidad de Los Andes, que también era miembro de la Misión Internacional de Sabios, dice que desea que Torres sea más enfático en sus comentarios sobre el método científico y la ética médica. Pero también señala que, en su posición actual, su trabajo no es hacer ciencia sino administrar programas de investigación y financiación. «Tenemos que darle la oportunidad de demostrar que puede hacerlo», dice.

Fuente: https://www.sciencemag.org/news/2020/02/colombia-s-first-ever-science-minister-faces-calls-resign-over-fungi-based-cancer

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Colombia: Al menos 500 mil estudiantes que iniciaron clases no están recibiendo alimentación escolar

Noticias

América del sur/Colombia/06 Febrero 2020/semana.com

De acuerdo con los reportes del Ministerio de Educación, 31 de 96 entes territoriales no han contratado aún el Programa de Alimentación Escolar. Los casos de Cartagena, Sucre y Yopal son críticos dado que ni siquiera se ha reportado el inicio del proceso de contratación del servicio.

En los últimos años, se ha vuelvo común escuchar diferentes escándalos relacionados con el robo de los dineros que debían destinarse para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los colegios públicos. Las pechugas de pollo a $40 mil, huevos a $900 y tamales de $30 mil son solo algunos de los casos de corrupción que se han destapado.

Sin embargo, este jueves la Contraloría emitió una alerta, no por nuevos casos de corrupción, sino porque el 32% de los departamentos y municipios certificados no han contratado el PAE. De acuerdo con los reportes del Ministerio de Educación, 31 de los 96 entes territoriales no han contratado aún el Programa de Alimentación Escolar.

Para agravar la situación, de esos 31 entes territoriales 26 ya comenzaron el calendario escolar sin garantizar la alimentación escolar de sus estudiantes, siendo críticos los casos de Cartagena, Sucre y Yopal, donde ni siquiera se ha reportado el inicio del proceso de contratación del servicio.

Esta situación afecta a cerca de 500.000 estudiantes que no están recibiendo el complemento alimentario, lo que pone en riesgo su permanencia en el sistema educativo, alertó la Contraloría General de la República. Esta situación se presenta a pesar de que el Ministerio de Educación informó que desde octubre de 2019, los entes territoriales cuentan con los recursos de cofinanciación para la contratación del programa.

Cabe recordar que estos departamentos y municipios estarían infringiendo los lineamientos del Ministerio de Educación, los cuales indican que se debe garantizar el PAE los 180 días del año escolar de manera consecutiva.

Corrupción en los comedores escolares de Sucre

Por otra parte, la Contraloría encontró un caso de sobrecostos en un contrato de dotación de los comedores escolares de las instituciones educativas oficiales del municipio de Toluviejo (Sucre). Al concluir una auditoría del cumplimiento a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), detectó hallazgos fiscales por un total de $754 millones de pesos.

El ente de control realizó un análisis de precios de los elementos comprados por el municipio en este contrato, cotizando los mismos, y encontró que existen evidentes sobreprecios en mucho de ellos. Por ejemplo, un tanque plástico de 120 litros que vale en el mercado $25.000, en la propuesta del contratista tiene un valor de $350.000, lo cual significa un sobreprecio de $325.000, que en total llega a $2.925.000, dado que se suministraron 25 tanques.

Pero esto es poco si se tiene en cuenta que también hay un elevado sobreprecio en una nevera de 430 litros marca Haceb. De acuerdo a cotizaciones que realizó el equipo auditor de la Contraloría, en un almacén vale $1.417.059 y en otro $1.637.900, y en la propuesta ganadora tiene un valor de $2.435.000, es decir el precio de más pasa de $1 millón, y se compraron 16 neveras de este tipo.

En la propuesta escogida por el municipio de Toluviejo, un tanque de 1.000 litros tiene un valor de $660.000 y se obtuvieron cotizaciones hasta por $225.475, lo cual indica que se pagaron $434.525 de más. En total, se adquirieron 22 tanques de este tipo, por los cuales se pagó un sobreprecio de $6.517.860.

Esta situación se repite en cubiertos, electrodomésticos, y recipientes. Esto, según la Contraloría evidencia un claro caso de sobrecostos en el que hay un detrimento de los recursos del Estado destinados a la dotación de los comedores escolares.

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/al-menos-500-mil-estudiantes-que-iniciaron-clases-no-estan-recibiendo-alimentacion-escolar/650027

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Colombia: Las ex-combatientes exigen más y mejor educación

Entrevistas

Por: El Espectador. 

De acuerdo con una investigación del departamento de sociología de la Universidad Nacional, existe un sentimiento que las políticas que ejecuta el gobierno para atender su proceso de reincorporación a la sociedad civil se están quedando cortas.

«Las políticas que ejecuta el Gobierno nacional para atender el proceso de reincorporación a la sociedad civil de las mujeres no satisfacen las verdaderas necesidades de ellas ni incluyen una atención diferenciada». Esta es una de las falencias que evidenció Estefany Rodríguez Gutiérrez, magíster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Bogotá, después de realizar nueve entrevistas, cinco a excombatientes de las FARC y cuatro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el periodo 2005-2015.

Además habló con profesionales reintegradores de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR, hoy Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN) y con personal del programa implementado por el Distrito –que en su momento también fue significativo– para conocer su perspectiva y la explicación de cómo funciona la ruta de reintegración.

Para crear e implementar políticas públicas distritales y nacionales en atención a excombatientes –pensada a 6,5 años–, la ACR diseñó y ejecutó la Política Nacional de Reintegración Social y Económica para Personas y Grupos Armados Ilegales (PRSE), una concertación con entidades nacionales e internacionales en el marco del plan nacional 2006-2010.

El programa, dirigido a personas desmovilizadas de la guerrilla y paramilitares que no han cometido delitos de lesa humanidad y quieren regresar a la vida civil, fomenta sus habilidades y competencias ciudadanas para construir su proyecto de vida mediante una ruta de atención particular frente a las necesidades del individuo desmovilizado y la comunidad receptora.

Como política de Estado, la ARN está dirigida a la reinserción económica y social de excombatientes y abarca las dimensiones de atención psicosocial, salud, educación y trabajo, entre otras.

Las dimensiones educativa y laboral buscan que las excombatientes culminen todos los niveles escolares, con el propósito de facilitarles tanto el acceso exitoso a un empleo estable como la independencia económica.

Empleos precarios

Independientemente del bando de militancia, las respuestas reflejaron que las oportunidades que se brindan en educación e inserción laboral no atienden las necesidades reales de las mujeres, y que las actividades a las cuales se vinculan corresponden a roles tradicionalmente asociados con lo femenino, empleos informales y precarios con flexibilidad de horarios.

“Una de las principales falencias que deberá mejorar la ARN es fortalecer la política pública e incluir el enfoque de género, teniendo en cuenta las voces de las personas para construir la política y saber qué es lo que ellas necesitan, qué quieren estudiar y cuáles son sus aspiraciones, y además que la atención no sea generalizada sino particular”, destaca la investigadora.

En la dimensión educativa, el programa cuenta con cursos y convenios con instituciones para terminar el bachillerato, ya que “muchas de ellas no alcanzaron a terminar ni siquiera su bachillerato al momento ingresar a los grupos armados”, comenta la investigadora.

También hay convenios con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en programas técnicos y algunos tecnológicos, es decir que las posibilidades de acceder a una carrera universitaria son escasas; la ARN ofrece las universidades disponibles, pero en ese sentido el acompañamiento es nulo.

“Muchas de ellas quieren continuar o iniciar una carrera profesional, pero como no existen convenios, deben gestionarlo personalmente. Si quieren pagar su universidad deben hacerlo por medio de un crédito del Icetex”, comentó la magíster Rodríguez.

Y aunque al momento de trabajar como cajeras o vendedoras la ARN presta acompañamiento en el momento de la entrevista, pasados los 6,5 años la persona debe desempeñarse por su cuenta.

“Los trabajos a los cuales se vinculan las mujeres suelen ser de servicios domésticos, en restaurantes o cuidando niños y adultos mayores; son trabajos que no tienen en cuenta los roles que ellas vivieron durante su estancia en los grupos armados, algunos de orden militar”, advierte.

En este sentido, las solicitudes de las entrevistadas reflejaron que “el acompañamiento psicológico y en el ámbito productivo no es suficiente, ya que los casos se tratan de forma general cuando algunos manejan situaciones más complejas que otras; su tratamiento no puede ser el mismo y se debe seguir trabajando en mejorar las condiciones para que su reincorporación sea más efectiva”, concluye la investigadora.

Fuente de la entrevista: https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/colombia-las-ex-combatientes-exigen-mas-y-mejor-educacion

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Así es la Uaiin, la primera universidad pública indígena de Colombia

Noticias

América del Sur/ Colombia/ 03.02.2020/ Fuente: www.elpais.com.co.

El pasado 24 de enero el Gobierno Nacional y la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, Uaiin, firmaron un convenio que garantiza recursos para el funcionamiento de la primera universidad pública indígena del país.

La iniciativa que se convierte en un hecho histórico para la educación superior en Colombia se logró luego de cuatro décadas de luchas por parte de las comunidades indígenas del departamento del Cauca.

Pero fue desde la minga del 2017 cuando se dieron los primeros acercamientos entre el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, y el Gobierno que trabajaron desde finales de 2018 y durante todo el 2019 en espacios técnicos para lograr esta decisión.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, con funciones delegatarias presidenciales, anunció ese día que la Nación aportará recursos del orden de los $11.600 millones para gastos de funcionamientos que incluyen pago de dinamizadores orientadores (profesores), administrativos, adquisición de bienes y servicios, y otros gastos generales del alma máter.

Asimismo, afirmó que los recursos se garantizarán de manera permanente para la institución que antes funcionaba con recursos propios, y que ahora también podrá acceder a otras fuentes de financiamiento dispuestas para fortalecer la educación superior.

Además de la Ministra del Interior, participaron en la firma del convenio la ministra de Educación, María Victoria Angulo y el consejero mayor y representante legal del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, y de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, Uaiin, Ermes Evelio Pete Vivas, quien estuvo acompañado por otras autoridades indígenas.

La Uaiin, dijo Gutiérrez, ha sido un compromiso del Gobierno desde el inicio, al ser la primera ley que el presidente Duque sancionó en septiembre de 2018.

“El Ministerio de Educación trae un apoyo económico por $11.600 millones para la universidad indígena. Es la primera vez que se hace un refuerzo de semejante magnitud de inversión en educación superior para los pueblos indígenas”, enfatizó.

Por su parte, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, destacó que “de esta manera se contribuye a la consolidación de una oferta educativa pública e intercultural que estimule el diálogo nacional e integre la pluralidad en un proyecto común de país”.

Lucha, sangre y muerte

El consejero mayor y representante legal del Cric y de la Uaiin, Ermes Pete Vivas, dijo que la noticia de la firma del convenio por parte del Gobierno es un gran acontecimiento, pero advirtió que esta decisión es el resultado de más de cuatro décadas de lucha y muerte de muchos indígenas en la vía Panamericana.

“En cada movilización se llegaban a acuerdos incumplidos y en este gobierno con base en el decreto 1811 y a los pares académicos se logró el reconocimiento legal, en el 2018, de la Uaiin, no obstante sin financiación, por eso se dio el debate. Fueron los mayores y mayoras quienes dieron vida a este proceso. No fue porque el gobierno quisiera, sino porque le tocaba. Era una obligación a raíz de los muertos y asesinatos y a la gran cantidad de gente que entregó su vida en la Panamericana para que hoy se hiciera realidad la Universidad Pública Indígena de carácter especial, la primera en el país”, precisó.

Recordó que en 1978 el Cric creó el programa de educación bilingüe en el departamento del Cauca buscando recuperar la lengua y que no se perdiera la cultura.

Hacia el año 2002 arrancó la Universidad Indígena en el barrio La Aldea, en la ciudad de Popayán. Fueron casi dos décadas sobreviviendo con recursos propios y el apoyo de organizaciones internacionales como la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Uraccan, que se encargó de certificar a los jóvenes graduandos en Colombia, cuando el Ministerio de Educación se negó.

En la actualidad, la universidad cuenta con 1.119 dinamizadores estudiantes en las distintas subsedes del departamento y otros municipios del país, además de cerca de 40 dinamizadores orientadores (profesores).

Asimismo, tiene diez programas de formación debidamente certificados y aprobados por el Ministerio de Educación.

«Se debe formar al muchacho para que sea competente, para que retroalimente a su territorio y ayude a sus comunidades»,
Ermes Evelio Pete Vivas,
consejero mayor.

Pete Vivas sostuvo que la resolución expedida por el MEN en el 2018 que reconoce a la Uaiin como universidad pública indígena de carácter especial es muy positiva en la medida que llegarán muchas personas que antes no creían en los procesos del alma máter por considerarla una entidad ilegal o ‘pirata’.

“A partir de ahora va a tener credibilidad y la gente va querer estudiar aquí porque tiene reconocimiento legal y va a ser certificado. De esta manera se van a abrir muchos espacios porque la idea con esta universidad es fortalecer nuestros principios, nuestra cultura, nuestra política; la defensa de la vida, la naturaleza, la madre tierra y todo lo que el muchacho desconoce, porque cuando uno va a una universidad pública normal, uno pierde su cultura”, enfatizó.

Manifestó que los recursos destinados por el Gobierno son insuficientes tras insistir que la demanda va a ser mucho más grande en todo el país, y por lo tanto necesitarán mayor inversión en talento humano, intercambio de saberes e ideas con otros países de América Latina y la ampliación de las instalaciones para seguir creciendo y fortaleciendo la educación en sus comunidades.

El Consejero Mayor confesó que proyecta una universidad grande en infraestructura, pero también grande en el tema de conocimiento, capaz de cambiar el modelo político, económico y social.

“Pienso que se debe formar al muchacho para que sea competente, para que retroalimente a su territorio y ayude a sus comunidades, pero también para que tenga competencias hacia afuera, sin que pierda su identidad. Muchos piensan que en la ciudad está la solución, pero no es así, está en el campo. Es en las comunidades donde podemos encontrar muchas posibilidades y mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones”, afirmó Pete Vivas.

Cómo se proyecta

Para Luz Elia Montenegro, coordinadora política de la Uaiin, la universidad tiene que seguir cambiando en el marco de los mandatos, de los planes de vida y sistemas propios de las comunidades.

“Los recursos del gobierno son insuficientes, pero nos ayudan a resolver varias situaciones como es el tema de ampliar la planta de dinamizadores porque hay muchas solicitudes de las comunidades que requieren procesos de formación”, expresó.

Explicó que a diferencia de las otras universidades públicas, la Uaiin no oferta procesos de formación sino que estos se abren teniendo en cuenta las necesidades de cada comunidad.

Otro aspecto en el que están avanzando con el Ministerio de Educación es el tema de la adecuación institucional porque, según Montenegro, no los pueden medir igual que miden a las universidades convencionales, ya que la universidad indígena está creada en un marco de carácter especial.

Cabe anotar que los procesos de formación de la universidad son itinerantes, es decir, que los desarrollos pedagógicos de los programas están en los territorios porque es allí donde se encuentra el conocimiento.

Finalmente, Montenegro señaló que aunque es un reconocimiento importante ser la primera universidad pública indígena del país, también representa un gran reto para el Ministerio de Educación en el tema de transformación de sus procesos de evaluación y aseguramiento de la calidad, pero sin desconocer los distintos puntos de vista.

Además porque la Uaiin definitivamente se convertirá en el referente para otras comunidades del país que quieran crear sus propios centros de educación superior.

Primera Universidad Indígena de Colombia

Al acto de la firma del convenio asistieron Luis Fernando Pérez, viceministro de Educación; Edith Noelia, consejera mayor Cric; Eider Meneses, mayor del pueblo Yanacona; María Victoria Angulo, ministra de Educación; Ancízar Majin, gobernador mayor Yanacona y Libio Palechor, coordinador pedagógico de la Uaiin.

Especial para El País

Sus programas

La Uaiin cuenta con diez programas que tienen registro calificado como son:

Licenciatura en Pedagogías Comunitarias; Licenciatura de Pedagogía de Artes y Saberes Ancestrales; Licenciatura en Pedagogía para la Revitalización de Lenguas Originarias y una Tecnología en Pedagogía Lingüística Aplicada.

Asimismo, Profesional en Comunicación Propia Intercultural; Profesional en Derecho Propio Intercultural; Profesional en Buen Vivir Comunitario; Revitalización de la Madre Tierra y Administración y Gestión Propia.

Fuente de la noticia: https://www.elpais.com.co/educacion/asi-es-la-uaiin-la-primera-universidad-publica-indigena-de-colombia.html

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Colombia: Y la clase de historia… ¿para cuándo?

Noticias

América del sur/Colombia/03 Febrero 2020/Semana.com

En 2017, el Congreso aprobó la ley para que esta cátedra regresara a los colegios. Pero su aplicación parece muy lejana. ¿Por qué esa materia es tan importante?

Hace dos años, en el gobierno de Juan Manuel Santos, historiadores, políticos e intelectuales celebraron la Ley 1874, que restableció la enseñanza obligatoria de la historia en los colegios. La norma fijó un plazo de más o menos dos años y medio para reglamentar la manera de volver a impartir esta materia. Pero ha habido retrasos y hoy nadie tiene aún claro cómo llevar a cabo este proceso. Peor aún, muchos temen que la ley quede como un saludo a la bandera y que la clase de historia, como una asignatura independiente, no vuelva a las aulas.

La historia salió del currículum escolar en 1984, cuando el presidente Belisario Betancur acogió la recomendación de la Unesco de no dictar más esta materia en América Latina. Sin embargo, no desapareció del todo, pues quedó integrada en las clases de ciencias sociales, pero perdió mucha fuerza. Los especialistas comenzaron a decir que la medida adoptada por Betancur formó varias generaciones de colombianos ignorantes de su pasado e incapaces de pensar en términos históricos. Incluso dijeron que varios de los problemas que atravesó el país en las décadas de los noventa y dos mil se debían a esta falencia.

En 2016, Viviane Morales, entonces senadora por el Partido Liberal, recogió estas inquietudes y radicó un proyecto de ley que generó bastante polémica. Finalmente, el presidente Juan Manuel Santos promulgó la ley en diciembre de 2017. Su articulado ordenaba al Ministerio de Educación conformar una comisión asesora antes de finalizar el primer semestre de 2018 a fin de que hiciera las recomendaciones para diseñar un currículum aplicable en Colombia.

Un experto cercano al proceso, que prefirió reservar su identidad, explicó que entre diciembre de 2017 y mayo de 2018, historiadores y representantes del Gobierno de Santos se reunieron para construir el decreto que reglamentaría la comisión asesora. Pero, “a pesar de que estaba prácticamente listo, ese texto quedó en la nevera con la llegada del nuevo Gobierno. No era una prioridad”. En ese mismo sentido, Darío Campos, profesor de historia de la Universidad Nacional y miembro de la comisión, dijo que en su momento, la clase de historia no se materializó por falta de voluntad política.

Algo más de un año estuvo en el olvido esa reglamentación. Solo mediante una acción de cumplimiento, presentada ante el Tribunal Administrativo de Boyacá en julio de 2019 por miembros de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se reactivó ese proceso. En respuesta al fallo a favor de la institución educativa, el Ministerio de Educación emitió, en septiembre, el Decreto 1660, que reglamentó la ley y estableció las condiciones para formar la comisión.

Para los historiadores consultados por SEMANA, ha faltado celeridad y diligencia en el proceso para implementar la Ley 1874. A pesar de esto, coinciden en que no es momento para lamentarse, y señalan que desde que el Gobierno conformó oficialmente la comisión, hay mayor voluntad de todas las partes para empezar a trabajar en el tema.

Hoy existen más incertidumbres que certezas sobre el regreso de la historia a las aulas. El presidente Iván Duque había destacado que para la celebración del bicentenario de la independencia era fundamental aplicar esta ley. Sin embargo, esto no ha sucedido. De acuerdo con la norma, la comisión tiene un plazo de dos años para ajustar los lineamientos curriculares. Eso significa que, si las cosas salen bien, la cohorte de niños y jóvenes del segundo semestre de este año vería las primeras clases de historia. Pero la cuestión no es fácil y podría tardar más tiempo.

El Ministerio de Educación estipuló que la comisión debe sesionar cada dos meses, hecho que no deja satisfechos a sus miembros. “Se necesita mayor celeridad del Gobierno para avanzar en restablecer la cátedra”, opinó Eduardo Durán, presidente de la Academia Colombiana de Historia y miembro de la comisión.

Hasta el momento la Comisión Asesora solo se ha reunido dos veces: el 2 de diciembre, cuando se posesionó formalmente, y el viernes 31 de enero, cuando discutió cuál será el papel de este órgano asesor en el que todavía no hay consenso. Unos miembros consideran que ellos deben crear los lineamientos que contendrá la cátedra de historia; otros piensan que lo debería hacer un grupo de expertos y que la comisión cumpla una función asesora. Sí coinciden en que el Gobierno mostró buenas intenciones al conformar la comisión, pero también en que por el momento esta no tiene las herramientas ni los recursos suficientes para cumplir los objetivos planteados.

Una muestra de lo anterior tiene que ver con los costos de los desplazamientos. Fuentes cercanas a la comisión le confirmaron a SEMANA que no cuenta con los recursos necesarios para los viajes de sus integrantes. Algunos de ellos han tenido que gastar de su propio bolsillo para asistir a las sesiones en Bogotá, y a otros les han cancelado los viajes, como ocurrió en la última reunión, en la que no pudieron asistir dos representantes suplentes.

Así las cosas, este tema no tiene una salida fácil. La comisión y el ministerio enfrentan el gran reto de responder preguntas como qué historia contar, cómo contarla, cómo fomentar la identidad nacional a partir de la diversidad étnica y cómo interpretar el conflicto armado en Colombia. Respuestas que pueden generar grandes controversias, oposiciones y disputas políticas.

Cabe recordar que hace un año el representante a la Cámara por el Centro Democrático Edward Rodríguez propuso un proyecto de ley para reglamentar la enseñanza de historia y política, y evitar el “adoctrinamiento de los niños y jóvenes” con ideas y hechos falsos. No prosperó porque no contó con el apoyo de su bancada. Pero este ejemplo pone de presente la profundidad de las controversias que pueden surgir alrededor de cómo contarles a los niños, por ejemplo, sobre los crímenes cometidos por representantes del Estado, la parapolítica, entre otros.

SEMANA consultó a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, sobre el tema y dijo que, efectivamente, trabajan mancomunadamente con la comisión para sacar los lineamientos lo más pronto posible. “Para el Gobierno y nosotros como ministerio el desarrollo de estas competencias resulta de primer orden”, señaló Angulo. Ojalá esas buenas intenciones se mantengan para que el proyecto salga adelante y millones de niños y jóvenes puedan conocer la historia del país.

Fuente e imagen: https://www.semana.com/educacion/articulo/y-la-clase-de-historia–para-cuando/650308
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