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Denuncian amenazas contra líder social en Chocó, Colombia

América del Sur/Colombia/03-02-2020/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

“No quiero ser uno más en la lista de líderes sociales asesinados por la política de muerte del gobierno de Iván Duque”, indicó el líder social amenazado, Luis Olave.

El senador colombiano, Gustavo Petro, denunció este domingo las amenazas de muerte contra miembro del movimiento Colombia Humana, Luis Ernesto Olave.

Petro se preguntó qué estará haciendo el presidente del país, Iván Duque, para defender la integridad física del líder social en el departamento de Chocó.

La reacción del excandidato presidencial, se produjo a pocas horas de que Olave alertara sobre las amenazas que ha recibido por defender el territorio por parte de grupos armados ilegales que operan en el Chocó.

Gustavo Petro

@petrogustavo

Qué esta haciendo señor Duque por defender la vida de nuestro dirigente de la Colombia Humana en el chocó @LUISEROLAVE ? https://twitter.com/LUISEROLAVE/status/1223748627325181958 

Luis Ernesto Olave V@LUISEROLAVE

No quiero ser uno más en la lista de líderes sociales asesinados por la política de muerte del gob @IvanDuque. @petrogustavo estoy amenazado por liderar en Chocó @ColombiaHumana_ y por defender el territorio Afro. @GustavoBolivar @marthaperaltae @PizarroMariaJo @FranciaMarquezM

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“No quiero ser uno más en la lista de líderes sociales asesinados por la política de muerte del gobierno de Iván Duque”, señaló el activista afrocolombiano.

Asimismo, Petro condenó las amenazas contra la hija de otro miembro de Colombia Humana en el Valle del Cauca, Raúl Marín.

El partido Polo Democrático Alternativo, destacó la necesidad de que el gobierno ofrezca “garantías constitucionales y democráticas para que los partidos políticos y las organizaciones sociales sin distingo alguno, puedan ejercer las actividades propias de su naturaleza”.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-amenazas-contra-lider-social-choco-20200202-0020.html

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Colombia: Enfrentamientos armados causan miles de desplazamientos en Nariño

América del Sur/Colombia/02-02-2020/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

Hasta el 30 de enero la zona citadina había recibido más de 1.600 personas a causa de los desplazamientos forzados.

Alrededor de 400 familias se encuentran desplazadas en el casco urbano del municipio colombiano Roberto Payán, en el departamento de Nariño, debido a los constantes enfrentamientos armados en las zonas rurales de dicha localidad.

El alcalde de esa población, Juan Carlos Sinisterra asegura que esta es una situación humanitaria altamente preocupante y que desborda su capacidad de respuesta desde lo local, pues hasta el 30 de enero la zona citadina había recibido más de 1.600 personas a causa de los desplazamientos forzados.

Este viernes la ciudad recibió el último desplazamiento, unas 35 familias provenientes de un sector denominado Negrito sobre la orilla del río Ispi, que se suman a las que permanecen en albergues en los que reciben atención, dando prioridad a niños, mujeres y adultos mayores.

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Según Sinisterra, la atención de los desplazados se lleva cabo mediante una ruta en la que participan el hospital, la coordinación de educación, el coordinador de Riesgo y la comisaria de familia, a fin de adelantar el restablecimiento de derechos y atención humanitaria de emergencia.

No obstante, enfatizó en la necesidad de que “las autoridades e instituciones de alto nivel nos ayuden a atender lo que está ocurriendo”.

A pesar de la actividad de la fuerza pública, continúan ocurriendo masacres en el sector, como la ocurrida el pasado 28 de enero, cuando tres personas murieron, víctimas de una mina antipersona, y las autoridades han declarado que aún no consiguen retomar el control de las zonas en las que se generan los mayores desplazamientos.

Esta zona de Colombia marcada por la presencia de disidentes de las FARC-EP y bandas de narcotraficantes, se disputan el control de los territorios en donde también hay presencia de cultivos de hoja de coca.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/colombia-enfrentamientos-armados-causan-miles-desplazamientos-narino-20200201-0016.html

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La literatura colombiana tras medio siglo de guerrilla

Redacción: El País

Los escritores colombianos siempre han dado cuenta del conflicto armado del país. Pero el acuerdo de paz representa nuevos retos para su narrativa.

“Al caer el sol, las tropas guerrilleras bailan: siempre chico y chica juntos, muy jóvenes, apretados, él con una mano en la cadera de ella, los pies moviéndose con destreza, entrelazándose sin llegar a pisarse. Cada canción les aleja un poquito más de la única vida que han conocido: la guerra. En su mirada, un combate: el de un horizonte sin armas contra un pasado en el que la violencia se llegó a normalizar”.

Si la literatura responde al espíritu del momento en una sociedad, el relato de X: el francotirador rebelde, del periodista José Fajardo, refleja el que vive Colombia: un periodo de transición después de una guerra de medio siglo tras la firma de un acuerdo de paz, el reacomodo, la incertidumbre o, como los personajes de este libro, un combate por dejar el pasado violento atrás. «Colombia ha sido el país de los nadie, del que mata y no quiere que su nombre se sepa, del que muere y nadie se acuerda’, dice Fajardo en el libro en el que se ocupa de un excombatiente al que la guerra le borró la identidad.

La literatura sobre posconflicto o, si se quiere de paz, una palabra aún polémica porque es esquiva en amplias regiones del territorio nacional, no es nueva en Colombia. Más bien, como ha dicho el escritor Sergio Álvarez (La Lectora35 muertos) el conflicto hace parte del ADN de la narrativa del país. No hay escritor que haya escapado a esta realidad. Se encuentra en Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez; en Los Ejércitos, de Evelio Rosero; o en Delirio, de Laura Restrepo, por mencionar unos pocos. Álvarez, por ejemplo, ha contado la historia de los campesinos desplazados, pero también ha navegado en el mundo de delincuentes, narcotraficantes y guerrilleros. Sin embargo, como dijo en el Festival Internacional de Literatura de Berlín en 2017, espera que el proceso de paz fructifique y que “podamos empezar a contar lo que viene después, la construcción de un país distinto y la secuela de todos esos enfrentamientos violentos, pero vistos de una forma más constructiva”.

La literatura sobre paz en Colombia se entiende también como memoria. La novela- dice el escritor Santiago Gamboa (Será larga la noche)- es un espejo. “Nosotros hemos tenido tres grandes catarsis como sociedad en los últimos 15 años, ¿y de donde han provenido? Del arte. La primera, El olvido que seremos, libro de Héctor Abad Faciolince, que refleja la muerte del padre, la orfandad. Es el padre de Héctor Abad, pero lo leemos como un espejo, entonces lloramos con ese libro y nos conmueve profundamente. Es el más leído en Colombia después de García Márquez porque produjo una gran catarsis nacional”, dice Gamboa, cuyo último libro da voz a un excombatiente. “La segunda, la obra de Doris Salcedo: la paz, la reconciliación, la dureza de las armas, las víctimas. Y la tercera, las fotos de Jesús Abad Colorado. Es el arte el que nos permite comprender la realidad y conmovernos con ella. Eso produce mejores ciudadanos”, agrega.

Pero encarar esta nueva etapa de Colombia no es un desafío sencillo para los escritores y cada uno se acerca desde distintos ángulos. Se trata de una narrativa de la fragilidad porque da cuenta de una paz endeble, quebradiza. Pablo Montoya (Tríptico de la infamia, Los derrotados), afirma que tras los acuerdos de paz abunda la narrativa testimonial y que se viene una avalancha de literatura sobre desaparecidos porque “necesitamos nombrarlos y rescatarlos desde la literatura misma”.

Para Montoya, quien lanza este año su novela sobre la escombrera, una gran fosa común en las laderas de Medellín, en un país con tantas víctimas -cerca de 83.000 desparecidos-, la literatura tiene el papel de darles voz a quienes han estado silenciados y de “aguar la fiesta” a aquellos que buscan pasar la página como si Colombia no estuviera fracturado. “Nuestra obligación es más recordar que olvidar, más remover los escombros del ayer que ocultarlos o ignorarlos”, dice el ganador del premio Rómulo Gallegos.

“La pregunta que, por lo tanto, me concierne como escritor es: ¿cómo la literatura podría participar en esta confluencia de múltiples inquietudes desprendidas por los acuerdos de paz firmados en La Habana? Debe sustentarse en un credo que ha movido la escritura literaria más arrojadiza: ha de hundirse en zonas turbias”, agrega en su ensayo Paz y literatura.

El relato oficial sobre lo que ha pasado en Colombia es un terreno en disputa. Y las grandes editoriales han apostado por novedades de no ficción, por el relato de algunos de sus participantes. La más conocida es La Batalla por la Paz (Planeta), escrita por el expresidente Juan Manuel Santos, que aborda la filosofía y detalles sobre cómo llegó al proceso de paz. El título del libro que alude, tal como el de los personajes de X: el francotirador rebelde, a la paz como una batalla por dar, a un combate.

En esa misma línea y desde adentro, también está Revelaciones al final de una guerra, el testimonio del negociador del gobierno, Humberto de la Calle. Y Disparos a la paz (Penguin Random House), de los exministros Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera. Ambos libros revelan episodios desconocidos sobre el proceso de paz, las dificultades durante el plebiscito y lo que viene para los actores del acuerdo.

Pero no son las únicas voces que se están levantando. Los excombatientes también quieren narrar cómo han vivido la guerra y ahora, la paz. Martín Cruz Vega, que estuvo en la guerrilla de las FARC durante 43 años, es un prolífico escritor y desde que se selló el acuerdo de paz ha publicado varios libros: Diario de la guerra y la pazEl último fusilDe las trochas a la pazCrónicas clandestinas y Orbitar en mis versos, este último por salir. “Publiqué el primer libro en 2017 cuando todavía estábamos con las armas en las manos. Pero el proceso de paz fue un estímulo. Mi vida en la selva fue muy larga y siempre escribí. Ese era mi bálsamo e iba recopilando todo esperando para publicar. Es importante la literatura sobre lo que pasó en la guerra para que no vuelva a pasar en ninguna parte del mundo”, dice. “La posibilidad para escribir es ahora en la paz”, concluye Cruz Vega.

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Preocupación por cifras de falta de escolaridad en Colombia

Redacción: Noticias Canal RCN

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La ONG World Vision entregó cifras sobre falta de escolaridad en la población colombiana que prenden las alarmas de las autoridades.

La ONG World Vision entregó, en su más reciente informe, cifras sobre falta de escolaridad en la población colombiana que prenden las alarmas de las autoridades.

Según World Vision 51 de cada 100 colombianos no tienen la secundaria completa, esta tasa incluye a los adolescentes y jóvenes que deciden no volver a las aulas de clase. Todo se agrava por la escasez de profesores capacitados, las malas condiciones de las escuelas y las menores oportunidades de quienes viven en zona rural.

El informe de alianza por la niñez dice que en Colombia menos de la mitad de los niños entre cinco y seis años no asisten a las escuelas, esto por razones como la ubicación tan apartada y la falta de cupos en las instalaciones educativas.

En diálogo con Noticias RCN, la gerente de enfoques técnicos de bienestar y protección de la niñez, de World Vision, Claudia Sánchez, habló sobre esta problemática.

“Es muy importante aquí hablar de dos contextos, uno urbano y uno rural, en el que a veces vemos las cifras promedio que muestran la posibilidad o el acceso a los cupos escolares, pero que las cifras reales, con relación a la brecha que tenemos con los contextos rurales son mucho más amplias”.

“Estamos encontrando que el 22% de niños que debieran estar accediendo a su educación inicial no lo está haciendo, aquí ya hay una brecha muy importante”, indicó Claudia Sánchez.

Respecto a las razones por las que los jóvenes no están accediendo a la educación, Claudia Sánchez señaló que, “no están encontrando en la educación su oportunidad porque el contexto les está exigiendo otras cosas, estamos hablando de condiciones de pobreza, de violencia desde el hogar, entonces cuando encontramos un contexto escolar que no está favoreciendo, con docentes que no necesariamente estén preparados o fortalecidos para acoger a estos jóvenes, pues muy seguramente sucede lo que estamos viendo, que son estos jóvenes que no se mantienen en el sistema y que prefieren acceder a otras oportunidades que están al alcance de su mano”.

Fuente: https://noticias.canalrcn.com/nacional/preocupacion-por-cifras-de-falta-de-escolaridad-en-colombia-351984

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Colombia ahora cuenta con su primera universidad pública indígena

América del sur/Colombia/30 Enero 2020/semana.com

El Ministerio de Educación y el Consejo Regional del Cauca suscribieron un acuerdo para que la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) reciba este año 11.600 millones de pesos para su funcionamiento. ¿Cuál es la historia de esta institución?

A raíz de las múltiples movilizaciones de estudiantes, maestros y ciudadanía en general en los últimos años, la educación ha obtenido una evidente prioridad en la agenda del país. Por ejemplo, en materia presupuestal, los recursos destinados a este sector (44,1 billones) ocupan el primer lugar, por encima ya de defensa (35,7 billones). No obstante, las necesidades en el sector son muchas, y en las recientes marchas, muchos de los manifestantes han reiterado un pedido, el fortalecimiento de la educación superior pública.

Antes de finalizar 2019, el 31 de diciembre, el Gobierno anunció que la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano (Unitrópico), en el Casanare, pasaría de ser privada a pública, con lo que el país inició el 2020 con 20 instituciones públicas pertenecientes al Sistema de Universidades del Estado (SUE).

Ahora, a esa lista del SUE, hay que sumarle una nueva universidad pública, que además se convierte en la primera institución de educación superior indígena del país, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN), la cual funciona en el Cauca.

Este viernes, el Ministerio de Educación y la UAIIN suscribieron en Popayán un Convenio que asegura la financiación de la base presupuestal de la Institución, con lo que se le garantiza aportes de la Nación por un monto de 11.600 millones de pesos. De esta manera la Universidad se convierte oficialmente en parte del Sistema de Universidades del Estado.

Estos recursos serán destinados al financiamiento de los gastos de funcionamiento (pago de profesores, administrativos, adquisición de bienes y servicios y otros gastos generales). Sin embargo, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, precisó que en el primer trimestre del año se firmará un nuevo convenio para asignarle a la universidad recursos para inversión.

Con la firma del Convenio ahora queda habilitado, y de manera permanente, la transferencia de recursos de la Nación para la Universidad que antes funcionaba únicamente con recursos propios. Adicionalmente, se abre la posibilidad para que la Institución acceda a las demás fuentes de financiamiento para la educación superior pública.

La universidad fue concebida por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que tras consolidar el proyecto mediante sus proyecto de participación internos, adquirió su sede administrativa en el 2003; solo con recursos de las autoridades indígenas. Con la movilización indígena del 2013, fue firmado el decreto 1953, el cual reconoció los sistemas de gobierno propio de las comunidades indígenas; entre ellos el Sistema Educativo Indígena Propio (Seip), que dentro de sus componentes abrió el camino para el reconocimiento por parte del Gobierno a una universidad indígena.

A partir de ese momento, inició el camino hacia la acreditación de calidad, un filtro realizado por académicos nacionales e internacionales que verifican el estado de la universidad desde componentes administrativos y pedagógicos. De esa manera, es hasta finales de 2018 cuando la UAIIN adquiere el registro calificado para 10 programas de formación. Aunque durante 2019 funcionó solo con recursos propios, desde ahora la Universidad funcionará con los aportes del Gobierno.

Para este año la UAIIN tiene poco más de 1.000 estudiantes matriculados en los programas académicos que se construyeron conjuntamente con la Cric: Pedagogía Comunitaria, Administración y Gestión Propia, Buen Vivir Comunitario 6 , Lenguas Originarias, Derecho Propio Intercultural, Revitalización de la Madre Tierra, Salud Propia Intercultural, Comunicación Propia Intercultural, Pedagogía de las Artes Ancestrales.

Además de la Ministra de Educación, en el acto de firma del Convenio estuvieron presentes la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez y el representante legal del Cric y de la UAIIN, Hermes Evelio Pete Vivas, quien estuvo acompañado por un grupo de autoridades indígenas.

Fuente e imagen tomadas de: https://www.semana.com/educacion/articulo/colombia-ahora-cuenta-con-su-primera-universidad-publica-indigena/649188

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Chilapa, narcoparamilitarismo y resistencia

Chilapa, narcoparamilitarismo y resistencia

Luis Hernández Navarro

Alta, morena, delgada, doña Escolástica Luna porta un fusil con cargador adaptado. Nahua, de 71 años, vive en la comunidad Rincón de Chautla, Chilapa. Es parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF).

Durante dos años y 10 meses, doña Es­colástica luchó por la liberación de sus hijos Bernardino y David Sánchez Luna, injustamente presos junto a otros seis indígenas, acusados de delitos que no cometieron. Fueron detenidos en ma­yo de 2006, por negarse a entrar al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, pues abría las puertas a la privatización del ejido y provocaba la división del pueblo.

Con los hombres presos, doña Escolástica fue nombrada comisaria del pueblo. Comenzó entonces una labor para que sus hijos fueran liberados, mientras gestionaba mejoras para la comunidad y sus habitantes. Incansable, recorrió caminos y ciudades para abrir puertas de oficinas gubernamentales y en solidaridad con otras luchas campesinas. Más adelante, cuando arreció la represión, aprendió, junto a otras mujeres, a manejar armas y se incorporó a la CRAC-PF.

Doña Escolástica participa en la misma organización de autodefensa comunitaria de la que forman parte los 19 niños varones de Ayahualtempa, de entre seis y 15 años, que aparecieron en un video el pasado 22 de enero, portando uniformes de guardias comunitarios, armados y efectuando ejercicios militares.

¿Qué sucede en Chilapa que obliga a mujeres y niños a tomar las armas para defenderse? Hay una larga historia tras ello, pero la gota que derramó el vaso fue el asesinato, mutilación y calcinamiento de 10 músicos nahuas ligados a la CRAC-PF por el grupo narcoparamilitar Los Ardillos, el pasado 17 de enero. Los criminales mandaron así un mensaje macabro a quienes desafían su control territorial: ellos pueden matar y quemar cuerpos sin temor alguno.

La emboscada de Los Ardillos contra los músicos fue la última agresión de una serie de violentos ataques contra las 16 comunidades organizadas en la CRAC-PF. Su objetivo: conquistar a sangre y fuego el control de la ruta que va de la cabecera municipal de Chilapa a la comunidad Tula, en la parte alta de la Montaña. Como la resistencia y autonomía de Rincón de Chau­tla y los otros poblados les estorban para transportar droga hacia Acapulco, Chilpancingo o la Ciudad de México, les hacen la guerra para expulsarlos de sus territorios. En el último año, 26 miembros de la organización fueron asesinados y dos desaparecidos. Por eso hasta los niños deben ir armados.

Empotrados en un conflicto de tierras, Los Ardillos utilizan a las autoridades agrarias de Zolocotitlán, núcleo agrario al que el anexo Rincón de Chau­tla pertenece. Así, disfrazan su disputa por una ruta segura para su trasiego de drogas de conflicto agrario.

Han tejido una intrincada red de poder en la política estatal, que les permite actuar con absoluta impunidad. Observadores han señalado su cercanía con el ex gobernador Ángel Aguirre, mientras a sus rivales, Los Rojos, se les asocia con Rubén Figueroa. Pese a ser responsables de más de mil 500 asesinatos y 500 desapariciones en la región durante los últimos seis años, imponen su voluntad sin autoridad que lo impida. Su negocio criminal florece de la mano de la eliminación de líderes sociales, en el más puro estilo contrainsurgente.

El 17 de marzo pasado, el gobierno de Guerrero se comprometió a garantizar seguridad e investigar los crímenes en Rincón de Chautla. No lo hizo. Puso un retén del Ejército que no sirvió. Los homicidios no se esclarecieron y los asesinos están libres.

Chilapa es el segundo municipio más violento del país. Durante la gestión de la 4T han sido asesinadas allí más de 100 personas. Esa violencia, y las operaciones de la industria criminal que la provocan, se expande a pesar de la presencia del Ejército. Los grupos armados imponen la ley a punta de metralleta.

Chilapa es un municipio abiertamente racista. El presidente municipal, Jesús Parra García, perteneciente al PRI, relegido en dos ocasiones y señalado como amigo de Los Rojos, concentra los recursos en la cabecera municipal y deja en el abandono a las comunidades indígenas.

Integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), con larga trayectoria de lucha que data, al menos de 1992, la CRAC-PF fue fundada en la comunidad de El Potrerillo, municipio de Malinaltepec el 23 de febrero de 2014, en el marco de una profunda crisis de la CRAC-PC. Asistieron más de 23 autoridades agrarias y civiles, consejeros, policías y comandantes regionales. Establecieron 11 principios, entre ellos, el respeto a la voluntad del pueblo y no a la del gobierno; la asamblea como máxima autoridad de toma de decisiones; aplicación de la justicia a través de la reducación: trabajo comunitario, servicio al pueblo y consejo de los ancianos. De inmediato se convirtieron en un contrapeso de los grupos criminales.

En Chilapa, la magnitud y naturaleza de la violencia narcoparamilitar desborda cualquier discurso oficial de pacificación. Los ejemplos de doña Escolástica Luna y de los niños armados para defenderse son un dramático grito contra la impunidad y la justicia.

Twitter: @lhan55

Fuente de la Información: https://www.jornada.com.mx/2020/01/28/opinion/013a2pol
Autor: Luis Hernández Navarro
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La educación pública necesita del apoyo de los alcaldes y gobernadores

Por: Ángel Pérez. 

  • De acuerdo con Martha Nussbaum sigue siendo un deber del Estado proporcionar a todos sus ciudadanos oportunidades para el desarrollo humano, tales como una educación integral, que ella considera esenciales para alcanzar una vida en libertad, donde se pueda elegir y actuar para conseguir objetivos y metas que permitan una vida digna.

En Colombia el compromiso político y social con la educación pública sigue siendo débil, sin desconocer los notables avances en cobertura escolar, bienestar de los estudiantes y disminución de la deserción, durante los últimos veinte años. Es evidente, no hemos sido capaces de construir un sistema educativo que ayude a cerrar brechas, como las diferencias entre los costos de la canasta educativa que tiene la educación pública y la privada de buena calidad, y más grave, cuando se comparan los resultados de calidad que logran unos y otros en la educación básica y media y el posterior destino de los estudiantes; brechas que se agravan cuando se compara entre regiones o entre la educación rural y urbana.

Para solo mencionar el caso de Bogotá donde la matrícula en el sector privado representa el 40% del total de los estudiantes de la educación básica y media. En el año 2017 de 34.986 estudiantes que terminaron el grado once, en los colegios privados, el 60% ingresó en el año 2018 a la educación superior; esta cifra disminuye para quienes terminaron el bachillerato en los colegios oficiales, para los mismos años, egresaron 46.237 bachilleres y solo el 40% de ellos fue a la educación superior, con énfasis en el Sena. Estos datos demuestran que en la capital la condición de ser bachiller no ayuda a disminuir brechas entre los jóvenes; en el resto del país esta situación es más crítica.

Por fortuna, las grandes ciudades y los departamentos con mayor población estudiantil eligieron alcaldes y gobernadores comprometidos con la educación; además, ciudades como Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Barranquilla, Santa Marta y otras cuentan con secretarios de educación y equipos directivos que conocen el sector, ellos tendrán cuatro años para ayudar a cerrar las brechas que promueve el sistema educativo, de manera especial el bajo acceso de los niños más pobres a la educación inicial, la exigencia de incrementar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo público hasta la educación superior y el reto de cerrar las brechas de calidad.

Contar con alcaldes y gobernadores comprometidos con la educación por todo el país es un hecho nuevo y sin duda puede ser una oportunidad para millones de niños y adolescentes que asisten o están por fuera de la educación básica y media, niveles educativos donde los nuevos gobernantes son responsables de la gestión educativa e inciden de manera directa. De entrada, va a ser interesante observar su comportamiento frente a reformas acordadas por el gobierno nacional con Fecode, como el ajuste al Sistema General de Participaciones, fuente principal de los recursos para financiar la educación pública; hacen falta recursos, pero también se requieren acciones para mejorar las decisiones de gasto y los resultados.

Lo anterior no soslaya la responsabilidad que tienen las entidades territoriales para destinar recursos propios para subsanar debilidades del sistema educativo oficial, por ejemplo, los programas de inclusión para estudiantes con discapacidades, o reconocer que en preescolar y en primaria los niños no reciben clases de inglés y luego cuando llegan a secundaria tienen solo 2 o 3 horas a la semana, en algunas ocasiones con docentes sin la preparación adecuada; resultado: el bilingüismo o el fortalecimiento de un segundo idioma es otra brecha que se genera entre los estudiantes la educación pública y la educación privada de buena calidad.

Alcaldes, gobernadores y secretarios de educación deben ser conscientes de que el país requiere valorizar la educación pública; los colegios públicos no pueden ser referentes de mal clima escolar y de mala calidad, además de sitios con entornos inseguros y hasta ilegales (el microtráfico acecha las instituciones escolares en las grandes ciudades), donde algunos profesores son víctimas de amenazas, extorsiones y hasta de traslados obligatorios por seguridad. Los nuevos gobernantes tienen cuatro años para cambiar esta situación, los colegios oficiales deben ser bonitos, aseados, con accesos pavimentados y con infraestructuras seguras y diseñadas para el proceso educativo, donde no existan excusas para promover y desarrollar un ambiente educativo para la calidad, pero sobre todo deben contar con los maestros suficientes y en el aula; es increíble que por temas normativos y exigencias sin fin, para remplazar en un colegio a un maestro incapacitado, una secretaría se puede demorar hasta 3 meses o más en proveer el remplazo ¿y los niños qué? Bien gracias, sin maestro, rector defiéndase como pueda. Al final le caemos a los colegios y a la educación oficial por no producir los resultados esperados, por favor ¿cuánto daño causa que un niño esté un mes o más sin profesor?

En este sentido, recomiendo que la gestión de las secretarías de educación se diseñe y se enfoque en apoyar a los colegios, en atender sus necesidades y en fortalecer sus prioridades de cambio e innovación, esta decisión debe producir mejores resultados que políticas de intervención hechas desde los despachos gubernamentales, sin ninguna consideración con la cultura institucional de los colegios y sus demandas.

Fuente del artículo: https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/la-educacion-publica-necesita-del-apoyo-de-los-alcaldes-y-gobernadores-por-angel-perez-martinez/281173

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