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Más de dos millones de alumnos inician clases virtuales en costa de Ecuador

Más de dos millones de alumnos ecuatorianos inician este viernes un nuevo año lectivo del régimen de la zona costera del país, que en una primera fase se someterá a un sistema virtual, debido a que se mantiene en auge la pandemia de la covid-19.

El Ministerio de Educación, en su portal web, precisó que las clases del régimen costero y de la Amazonía empezará bajo el Plan Aprendemos Juntos en Casa, para los 2,4 millones de alumnos matriculados en instituciones públicas, privadas, fiscomisionales y municipales.

La cartera indicó que el retorno a clases será virtual a través de dos plataformas informáticas en línea, modalidad que ha perdurado desde marzo de 2020, cuando se suspendieron tras desatarse la pandemia en el país.

Según los últimos datos oficiales, en Ecuador hay un total de 395.327 casos de contagio acumulados desde el inicio de la pandemia, mientras que los decesos ascienden a 19.018 entre confirmados y probables por la enfermedad.

El Plan Aprendamos Juntos en Casa tiene como objetivo que los estudiantes sigan sus estudios desde sus hogares, con acciones didácticas para un trabajo coordinado con los maestros y con el concurso de especialistas en apoyo psicoemocional y pedagógico.

Además, el proceso se refuerza con programas educativos a través de los medios de comunicación (radio y televisión), que emiten frecuentemente módulos de enseñanza sobre las distintas materias.

Desde hace algunos meses, las autoridades han autorizado a algunas unidades educativas privadas la programación de planes piloto de retorno a clases, que se encuentran suspendidos por el incremento de casos de covid-19 en el país desde enero.

Esos planes piloto se retomarán cuando las autoridades que llevan adelante el manejo de la crisis sanitaria por la pandemia den por finalizadas las restricciones a la movilidad y otras medidas para evitar la expansión del contagio por la enfermedad.

El Plan de Continuidad Educativa, que ha establecido el Ministerio, también incluye una segunda fase denominada «Juntos aprendemos y nos cuidamos», que se aplicará cuando la pandemia así lo permita.

Esa fase, según la cartera, supone la combinación de clases presenciales y virtuales, mediante el uso progresivo de las instalaciones educativas y de acuerdo a la realidad epidemiológica del país.

«El objetivo primordial es sostener el proceso educativo» y reforzar las medidas de bioseguridad para evitar el contagio con la covid-19, remarcó el Ministerio de Educación.

En esa fase se deberá mantener como obligatorio el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico de al menos dos metros, el lavado frecuente de manos, la permanencia en casa si el alumno presenta síntomas, la desinfección de las superficies y evitar tocar el rostro con las manos.

El inicio de clases en el régimen costa coincide con la aplicación en 16 de las 24 provincias del país de un estado de excepción, que se extenderá hasta el próximo 20 de mayo, aplicado ante el auge del contagio y para aliviar la presión en los hospitales dedicados a tratar los casos de covid.

Asimismo, coincide con el plan de vacunación nacional que pretende inmunizar con vacunas contra la covid-19 a los docentes de todos los sistemas educativos (escuelas, colegios y universidades).

Según el Ministerio, hasta el momento se han vacunado a 152.448 docentes con la primera dosis, mientras que 436 han recibido la segunda.

Fuente: https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-educaci%C3%B3n_m%C3%A1s-de-dos-millones-de-alumnos-inician-clases-virtuales-en-costa-de-ecuador/46599660

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Ecuador: Aulas del terror

Aulas del terror

Más de 4.000 niñas y niños fueron víctimas de abuso sexual en las escuelas de Ecuador en los últimos seis años. Más de 2.000 profesores son acusados en la actualidad de haber cometido abusos en las aulas. Las víctimas, además, sufren revictimización y maltrato psicológico. Sólo el tres por ciento de estos abusos llega a judicializarse y menos aún tienen sentencia. Los abusadores intentan comprar la conciencia de los padres y la Justicia se convierte en un laberinto de burocracia que demora las investigaciones mientras los acusados, huyen. Por John Machado y Andrea Salazar para GK y CONNECTAS

Un día como hoy hace seis años, Julia alistó el desayuno para su hija Dame. La peinó, revisó que su uniforme esté limpio y la vio partir a su escuela. Hoy la niña toma pastillas para la ansiedad y la depresión, aquel día fue víctima de abuso sexual en su aula de clases.

Dame es una de las 4.066 víctimas que han sufrido abusos sexuales en las escuelas del Ecuador entre 2014 y 2019, según los datos del Ministerio de Educación.

Un total de 1.983 docentes son acusados por abusos sexuales dentro de las escuelas, según información oficial. Una base de datos elaborada por una investigación de GK Connectas en la que participaron periodistas de El Mercurio revela que al menos el 97 por ciento de casos de abusos sexuales que involucran a profesores siguen impunes.

Dramas como el que vivió Dame se ven agravados por un mal manejo de las denuncias desde las autoridades escolares. La comisión para tratar sobre abusos sexuales en la Asamblea Nacional, denominada Comisión Aampetra, tomó una muestra de 42 denuncias de abuso sexual infantil en escuelas del país y determinó que, en todos los casos las autoridades de las instituciones educativas incumplieron su obligación de denunciar.

Un día como hoy hace seis años, Julia alistó el desayuno para su hija Dame. La peinó, revisó que su uniforme esté limpio y la vio partir a su escuela. Hoy la niña toma pastillas para la ansiedad y la depresión, aquel día fue víctima de abuso sexual en su aula de clases.

Dame es una de las 4.066 víctimas que han sufrido abusos sexuales en las escuelas del Ecuador entre 2014 y 2019, según los datos del Ministerio de Educación.

Un total de 1.983 docentes son acusados por abusos sexuales dentro de las escuelas, según información oficial. Una base de datos elaborada por una investigación de GK Connectas en la que participaron periodistas de El Mercurio revela que al menos el 97 por ciento de casos de abusos sexuales que involucran a profesores siguen impunes.

Dramas como el que vivió Dame se ven agravados por un mal manejo de las denuncias desde las autoridades escolares. La comisión para tratar sobre abusos sexuales en la Asamblea Nacional, denominada Comisión Aampetra, tomó una muestra de 42 denuncias de abuso sexual infantil en escuelas del país y determinó que, en todos los casos las autoridades de las instituciones educativas incumplieron su obligación de denunciar.

La Contraloría General del Estado detectó –sobre una muestra de 1.182 casos- que menos de la mitad terminaron en la destitución de los presuntos abusadores, los demás prescribieron, se archivaron, terminaron en una suspensión temporal de labores, la reubicación de los docentes o una simple amonestación verbal. Sólo 16 terminaron en una sentencia judicial.

En otro informe emitido en enero del 2020 se indica que, al sur de Quito, las autoridades de educación archivaron sin justificación el 24 por ciento de las denuncias por abuso sexual de docentes entre 2015 y 2018.

El distrito de Educación de esa zona justificó las omisiones por “acumulación de trabajo, vacaciones de los abogados y cambios de funcionarios”.

“¿Qué hicimos mal?”, pregunta Fabián Salguero, padre de un niño de siete años de edad, víctima de abuso sexual. Una mañana su hijo llegó a casa con sangre en su ropa interior, sus padres acudieron de inmediato a la Fiscalía, pero los funcionarios tardaron diez horas en atenderlos mientras el niño “se retorcía de dolor”, recuerda Fabián.

Las demoras en el sistema judicial pasan factura. La Fiscalía informó, hasta el cierre de esta investigación, sobre 39 sentencias condenatorias en firme, esto es un 1,13 por ciento de las denuncias recogidas por el Ministerio de Educación. Esos pocos procesos, además, pueden demorar hasta nueve años en resolverse, según datos de Human Rights Watch.

Entre las razones para que esto pase está la falta de presupuesto. En Ecuador solo hay 29 cámaras de Gessel, nueve de ellas averiadas y no hay presupuesto para repararlas, por otra parte solo 74 de los 840 fiscales del país está capacitado para tratar temas de abuso sexual de menores, además, para atender la demanda de denuncias se requieren 136 psicólogos, pero se cuenta con menos de la mitad.

Ante las trabas del sistema judicial las familias de las víctimas deben pagar sus propios abogados con costos que van entre 800 y 2.000 dólares en promedio, dinero con el que no siempre cuentan. Esa condición económica puede ser usada por los abusadores para comprar conciencias.

Henry Calle, excoordinador (jefe) zonal del Ministerio de Educación, comenta que conoció acuerdos de reparación económica extra judiciales entre los abusadores y los familiares de las víctimas para que se retiren las demandas.

Juana Fernández, experta de la Fiscalía, señala que la institución combate estos problemas a través de la capacitación de sus funcionarios.

Hace un mes, la Fiscalía anunció la instalación de dos nuevas cámaras de Gessel en el país, y la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, insistió al Ministerio de Finanzas sobre la necesidad de contratar más personal. Se requieren al menos 540 investigadores adicionales de forma urgente.

El Ministerio de Educación también presenta falencias. En 2011 se emitió la orden de contar con un plan de erradicación de la violencia sexual en los centros educativos, pero este nunca se implementó según un informe de la Contraloría General del Estado.

Esa no es la única omisión ya que, según la Contraloría, un número indeterminado de procesos desaparecieron de los archivos del Ministerio de Educación.

Otra deficiencia es la falta de Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), encargados de recibir y encausar las denuncias. El Ministerio de Educación calcula que se requieren 7.446 de estas unidades, pero hay apenas 3.460.

Lourdes Cuesta, legisladora y parte de la Comisión Aampetra, apunta al Ejecutivo como cómplice de posibles reincidencias en casos de abuso sexual. De 448 casos revisados por la Contraloría, el 13 por ciento de los docentes denunciados por abuso sexual regresaron a las aulas.

La Corte IDH dio al país un año de plazo, a partir de agosto del 2020, para que se tomen medidas adicionales para la detección de casos de violencia sexual, su prevención y atención a

las víctimas. Mientras corre el tiempo las familias de las 4.066 víctimas de abuso sexual en las escuelas, un 2,4 % de ellas embarazadas por violación, siguen esperando por justicia.

Esta investigación fue realizada para GK y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.

Fuente de la Información: https://elmercurio.com.ec/2021/05/03/aulas-del-terror/

 

 

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Campaña “Creemos en las niñas” para promover la educación

Plan International lanza la campaña “Creemos en las niñas”, un movimiento regional y local que busca presentar información, visibilizar historias de vida y sobre todo motivar a la sociedad a que se una a esta causa.

Una de las consecuencias más graves de la pandemia COVID-19 es el limitado acceso a educación, la mayor interrupción en la historia y un retroceso de entre una y dos décadas en materia de género; muchas niñas y mujeres están sin acceso a educación, trabajo y servicios esenciales.

Según datos del INEC 2019, menos de la mitad de los hogares en Ecuador tiene acceso a internet, y en zonas rurales la cifra disminuye a dos de cada 10.

“La educación de calidad es un derecho fundamental y una de las herramientas más potentes para cerrar las brechas de acceso al conocimiento y a recursos, así como para derribar barreras que a lo largo de la historia han dificultado que las mujeres jóvenes alcancen la autonomía socioeconómica”, asegura Rossana Viteri, directora de Plan International Ecuador.

En el país la pandemia ha afectado a 4.4 millones de estudiantes, especialmente a niñas y adolescentes de los sectores más empobrecidos. Tener que dejar de estudiar ha afectado de manera profunda, la vida de las niñas y de las mujeres jóvenes. Además, que estar aisladas incrementa de manera significativa el riesgo a ser violentadas y disminuye sus posibilidades de buscar auxilio.

Plan International ha desarrollado varios proyectos que incluyen becas educativas para que las niñas y mujeres jóvenes se mantengan en el sistema educativo.

“Con la campaña ‘Creemos en las niñas’ queremos visibilizar las situaciones que están enfrentando las niñas y mujeres jóvenes en esta crisis. Sin embargo, también queremos dar un mensaje de esperanza para ellas, invitando a entidades públicas y privadas y sociedad civil a ‘Creer en las Niñas’ y a unirse a esta campaña para impulsarlas a tener un futuro mejor a través de la educación”, expresa Rossana Viteri.

La iniciativa fue lanzada este 26 de abril, en 11 países de América Latina y el Caribe (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana). Como parte de la campaña, se activará una plataforma que permitirá ayudar a las niñas y mujeres jóvenes que enfrentan esta situación y convertirlas en agentes de cambio.

De esta manera se destaca la importancia de invertir en educación de calidad para las niñas y mujeres jóvenes en Ecuador, sobre todo durante la crisis de la COVID-19.

Fuente: https://cronica.com.ec/2021/04/29/campana-creemos-en-las-ninas-para-promover-la-educacion/

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Ecuador: Violencia contra la mujer: ¿un asunto privado o de la sociedad?

Violencia contra la mujer: ¿un asunto privado o de la sociedad?

Por Lautaro Ojeda Segovia.

Cada 72 horas ocurre un femicidio en Ecuador. Es el dato más sintomático de la violencia sistemática contra la mujer que gran parte de la sociedad se niega a ver. Todavía está arraigada una cultura machista que dictamina el rol de las mujeres y su comportamiento en la sociedad.
A mediados de marzo, la Asociación de Mujeres por la Equidad de Género presentó en la Asamblea Nacional un dato preocupante: entre enero y febrero ocurrieron 20 femicidios en Ecuador, lo que provocó que 11 niños quedaran en la orfandad. El colectivo dijo que urgen reformas en el sistema judicial porque muchas veces los jueces encargados de condenar estos delitos se convierten en agresores, pues culpan a las mujeres de su desgracia. Pero no solo son los jueces, es toda la sociedad que no quiere ver la violencia contra la mujer. Y esto quizá pase con el último femicidio reportado en marzo.
Gisel Beltrán asistió, junto a dos amigas, a una fiesta en un sector camaronero de Balao, provincia del Guayas. Tras una discusión, un hombre le disparó en el rostro. El sujeto trasladó el cuerpo en una carretilla para tirarlo a uno de los canales de agua de una camaronera. El cadáver fue hallado al siguiente día, según reportó la prensa local y los colectivos feministas que recogieron versiones de los testigos.
No faltarán las personas que, en lugar de cuestionar el delito, primero culpabilicen a la joven por asistir a la fiesta. Se escandalizarán por las “altas horas de la noche”, indagarán en cómo estaba vestida. La criticarán por estar bebiendo con hombre.
Dirán que ella tuvo la culpa por provocar celos a sus amigos. Según la Asamblea General de las Naciones Unidas, “la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más sistemáticas y extendidas. Está arraigada en estructuras sociales construidas en base al género más que en acciones individuales o acciones al azar”. La OMS incluso llegó a considerar a este tipo de violencia como “un problema de salud de proporciones epidémicas”. Algunas cifras: en Ecuador, seis de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. Una de cada cuatro mujeres sufre violencia sexual. Sin embargo, la violencia psicológica es la forma más recurrente (57 por ciento).
Los perpetradores son, sobre todo, esposos, novios o convivientes. El 76 por ciento de mujeres violentadas señala como responsables de las agresiones a su pareja o expareja. 
En buena medida, la sociedad todavía mira esto como un asunto privado. Un femicidio para algunos es un problema de pareja. Cuando se empieza a visibilizar que existe un patrón de comportamiento en los hombres que violentan a sus parejas, muchas reconocen que existe un problema que trasciende el ámbito privado y doméstico.
Está muy arraigado todavía el papel que debe desempeñar el género femenino, como la castidad, pureza, pudor; conceptos que suelen relacionarse con la extendida cultura machista que justifica la permanente vigilancia alrededor de la reputación de las mujeres al interior de la familia. Vigilancia que posteriormente se reproduce en esposos, convivientes, en nombre del honor familiar.
Cómo se profundiza la violencia 
Hay factores que están detrás de esta violencia y que la potencian: el uso del alcohol y sustancias psicoactivas, estrés económico, falta de comunicación en pareja, pérdida de valores familiares, infidelidad y cambio de rol por parte de la mujer. Pero la génesis está en los patrones socioculturales, relaciones inequitativas de poder entre hombre y mujer, mantenimiento de la cultura patriarcal, mentalidad machista que, en forma subconsciente o consciente, piensa que la mujer es propiedad del hombre.
Además, no faltan quienes destacan la existencia de una “erotización de la dominación” que hace que las propias mujeres generen una dependencia, en la que la violencia es parte del sistema de interrelación emocional con su pareja. Pensamiento sostenido en el “ideal” de amor romántico. Esta distorsión es compartida con el modelo de masculinidad agresiva, propio del patriarcado, según describen las investigadoras Alda Facio y Lorena Fries. Cabe enfatizar que no se trata de una violencia episódica sino estructural que pretende que las acciones de las mujeres estén bajo el control masculino, incluso la forma de vestir, generando, de esta forma, una dependencia psicológica a través del miedo y del aislamiento.
La violencia contra la mujer se ve agravada por la impunidad proveniente de la autoridad que normaliza el trato diferenciado entre hombres y mujeres. Las sanciones, en buena medida, dependerán de qué tanto la mujer corresponda al modelo de sumisión. La presión social que los medios de comunicación, la publicidad y el entretenimiento influyen sobre la apariencia femenina denotan la idea de que las mujeres tratan de verse seductoras, y esto suele ser un factor que está presente en la impunidad. Quizá así sea tratado el femicidio de Gisel Beltrán.
Según la Fundación Aldea, en Ecuador hay un femicidio cada 72 horas. Se contabilizan más de 870 casos desde que se tipificó este delito en el país en 2014. Más del 30 por ciento de las víctimas había reportado antecedentes de violencia y algunas tenían boleta de auxilio, lo que sugiere que fueron crímenes que se pudieron evitar.
Este fue el caso de Rosa, una joven de 26 años del barrio Santa Bárbara, al sur de Quito. El último fin de semana de marzo su exconviviente entró a su casa y la ahorcó con una soga, según reportó la Policía. En 2018 ella lo había denunciado por violencia familiar. Tenía boleta de auxilio. Deja dos niñas en la orfandad.
La asimétrica distribución del poder que persiste en la sociedad, el rol subordinado, la discriminación y la exclusión constituyen la causa y el fundamento de la violencia contra las mujeres en el marco de formas estructurales y de relaciones de poder inequitativas.
Fuente de la Información: https://www.vistazo.com/seccion/actualidad-nacional/violencia-contra-la-mujer-un-asunto-privado-o-de-la-sociedad

 

 

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Informan sobre situación «muy crítica» en 11 de las 24 provincias de Ecuador por covid-19 EFE

Informan sobre situación «muy crítica» en 11 de las 24 provincias de Ecuador por covid-19

Once de las 24 provincias de Ecuador presentan una situación «muy crítica» a causa de la pandemia de la covid-19, informó este domingo el director general del Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911), Juan Zapata.
«La situación epidemiológica del país, y especialmente de once provincias, es muy crítica», dijo Zapata al comentar que esta noche la plenaria del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) analizará un informe de expertos sectoriales sobre la situación.
La plenaria decidirá si se solicita al jefe de Estado, Lenín Moreno, la declaratoria de un estado de excepción.
NO GENERAR PÁNICO
Zapata aseguró que cualquier decisión que adopte el COE Nacional se anunciará con la debida anticipación y pidió a la ciudadanía que no se deje llevar por especulaciones que circulan en redes sociales.
«No es el momento de generar pánico colectivo en la comunidad, es el momento de actuar con orden, prudencia y responsabilidad», dijo al indicar que cualquier medida que se tome «siempre va a estar basada en el equilibrio sanitario y económico».
Y solicitó a la ciudadanía no salir de sus vivienda si no lo requieren pues es «el mejor apoyo y ayuda a todos los médicos ecuatorianos que se encuentran cansados».
«Hay un grito desesperado de oxigenar hospitales», anotó.
Ecuador cifró el domingo en 360.546 los casos de covid desde que se inició la pandemia, así como 17.703 defunciones en total: 12.720 confirmadas por el virus y 4.983 «probables» por la enfermedad.
Sobre la situación en las provincias, el informe oficial detalla que Pichincha es la más afectada con 125.728 casos acumulados, seguida por la del Guayas con 47.250 contagios.
Luego aparecen las provincias de Manabí con 27.571 contagios, Azuay con 20.141, El Oro con 17.037, Loja con 14.065, Tungurahua con 11.611, Imbabura con 10.650, Los Ríos con 10.469, Santo Domingo de los Tsáchilas con 9.921, Cotopaxi con 9.701 y Esmeraldas con 7.472 casos, entre las más afectadas.
Respecto a los municipios, el informe diario del Ministerio de Salud precisa que Quito es la ciudad más golpeada con 116.153 casos, seguida de Guayaquil que arrastra 31.375 contagios.
¿ENDURECER MEDIDAS?
«Delicada situación del sistema sanitario en la ciudad, por más duras que sean las medidas debemos tomarlas para bajar la ocupación hospitalaria, al menos por unos 15 días, afortunadamente todas las autoridades están conscientes, esperamos la comprensión de la ciudadanía», escribió el alcalde de Quito, Jorge Yunda, en Twitter.
El alcalde no ofreció más detalles sobre su declaración respecto a la ciudad, donde al momento hay prohibición de circulación de vehículos desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana, así como control del aforo en locales y centros comerciales, entre otras medidas para evitar al avance de la covid-19.
También el secretario general de la Presidencia, Jorge Wated, se mostró partidario de endurecer las medidas.
A un internauta en Twitter que señalaba que «necesitamos confinamiento urgente», Wated le respondió: «Estoy de acuerdo, medidas más duras son necesarias».
Y aunque se desconocen aún las posibles nuevas medidas, el presidente del Directorio de la Cámara de Comercio de Quito, Carlos Loaiza, escribió en Twitter que la ciudad «no puede volver a un confinamiento» y pidió corresponsabilidad a «todos».
Compartió una propuesta de la Cámara en la que, entre otros aspectos, piden un mayor esfuerzo y articulación con el sector privado y gobiernos locales para acelerar la inmunización.
Con más de 17 millones de habitantes, Ecuador avanza lentamente con el proceso de vacunación, que ha beneficiado hasta el momento a 545.132 personas, de que 167.933 han recibido ya la segunda dosis.
Hasta el momento, Ecuador ha recibido alrededor de medio millón de vacunas de la firma estadounidense Pfizer, un millón de la china Sinovac y 84.000 de la británica AstraZeneca, esta última a través de la iniciativa internacional Covax.
Fuente de la Información: https://www.vistazo.com/seccion/actualidad-nacional/informan-sobre-situacion-muy-critica-en-11-de-las-24-provincias-de
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Ecuador: ¿Por qué el 53% de graduados de medicina en Ecuador no aprobó el examen que los habilita como profesionales?

¿Por qué el 53% de graduados de medicina en Ecuador no aprobó el examen que los habilita como profesionales?

El 53 por ciento de los médicos recién graduados no aprobó el examen que los habilita como profesionales. Un diagnóstico preliminar revela dos posibles dolencias: que la evaluación fue demasiado exigente o que hay deficiencias en la calidad de enseñanza en las 21 universidades donde se prepararon. La receta, falta por escribirse…

En Ecuador para que un graduado de Medicina empiece a ejercer su profesión debe diagnosticar correctamente, como mínimo, a 81 de 120 pacientes. Puede equivocarse en los 39 restantes, porque luego irá ganando experiencia y podrá especializarse. En teoría, esta es la lógica de lo que se conoce como el “Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional” (EHEP), que rinden los médicos cuando terminan su formación académica, y es requisito previo antes de pasar al año de salud rural y ejercer libremente.

Se trata de una prueba con 120 preguntas. Por ejemplo: “Paciente de ocho años, pesa 24 kilogramos, con estatus convulsivo, señale el fármaco y dosis correcta de anticonvulsionante que debe ser suministrado inmediatamente”. Esta podría ser una de las preguntas más cortas y fáciles, porque otras refieren una docena de síntomas que los noveles médicos deben dilucidar con base en sus conocimientos adquiridos en 10 semestres de universidad y un año de internado.

Este examen se toma desde 2014 y está a cargo del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces, antes Ceaces). Tras la última convocatoria, de octubre pasado, el síntoma más común para el 53 por ciento de los casi 4.000 graduados fue reprobar el examen. Un diagnóstico preliminar revela dos posibles dolencias: que la evaluación fue demasiado exigente o que hay deficiencias en la calidad de enseñanza en las facultades de Medicina de las 21 universidades donde se prepararon. La receta, falta por escribirse.

Uno podría pensar que acertar a 81 de cada 120 pacientes no es un estándar alto, pero en la prueba anterior, tomada en julio de 2020, el Caces fijó el puntaje mínimo en 64 respuestas correctas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la vara es alta para unos y baja para otros?

El polémico punto de corte
Erick Guerrero tiene 26 años y estudió Medicina en la Universidad de Guayaquil. Hizo su año de internado rotativo en el Hospital de Infectología, justo en el período de pandemia. En octubre se presentó al examen. Después de tres horas frente al computador, el sistema le notificó que acertó en 80 preguntas, superando ampliamente el mínimo de 64 que se fijó para la prueba anterior.

Sin embargo, el cuatro de diciembre, días antes de abrirse la postulación para la medicatura rural, le llegó un correo electrónico: le indicaba que el puntaje mínimo era 81 y debía intentar el siguiente semestre.

Erick y un centenar de graduados, que se sintieron afectados por el cambio en el puntaje mínimo, interpusieron acciones de protección contra el Caces; algunos con el respaldo de la Defensoría del Pueblo. “Todos los que estamos en esta situación, con puntajes altos, contábamos con tener una plaza en la rural y un ingreso económico desde enero, pero nos quedamos sin nada. Más bien, nos ha tocado gastar en abogados. Estamos desempleados, no podemos trabajar porque ser médico no es como otras carreras”, lamenta el joven. ¿Cuándo cambiaron las reglas?

Antes de la pandemia, el examen pasó a ser virtual y el Caces empleó otra metodología de calificación. Se trata de modelos matemáticos complejos, validados y aplicados internacionalmente, que fijan el punto de corte en función del rendimiento de cada grupo, explicó el presidente del Caces, Juan Manuel García.

Esto quiere decir que, cada grupo de graduados rinde la prueba y, posteriormente, un comité de profesores de las universidades y expertos del Caces, fija el puntaje mínimo. La diferencia sería que, mientras el grupo de julio fue el primero en rendir la prueba de forma virtual y en el peor momento de la pandemia, el grupo de octubre ya estaba mejor preparado y, por tanto, su rendimiento fue más alto.

Esto no convence a los perjudicados ni a algunos jueces que les dieron la razón. Aunque Erick, junto a un grupo de 50 graduados de Guayaquil, ya tienen un fallo a su favor, deben esperar la ratificación. No obstante, perdieron su cupo en la rural al menos hasta septiembre.

En otra de las resoluciones, de una estudiante de Cuenca, se señaló que el puntaje para la calificación fue aprobado con fecha posterior al examen, “con lo que se demuestra que no hubo reglas claras, trasparentes y publicitarias (…) lo que constituye una plena violación a la seguridad jurídica”.

El Caces no da su brazo a torcer. García dice que los jueces no pueden habilitar a los médicos con artilugios legales, porque se debe respetar un proceso académico que tiene las reglas claras. Por eso, siguen apelando los fallos. Algunos jueces rechazaron las acciones de protección.

También los graduados de Odontología y Enfermería rinden este examen, pero en esas carreras no hubo mayores reclamos porque no varió significativamente el puntaje mínimo.

Los graduados que se sintieron afectados, por el cambio en la forma de evaluación, hicieron plantones porque se quedaron sin cupo para el año de salud rural.

Aciertos y errores
Varios decanos consultados coinciden en la validez del método aplicado, pero algunos discrepan en la dificultad de la prueba. Ramiro Estrella, decano de Ciencias Médicas de la Universidad Central, dice que hay algunas preguntas de especialidad para la cual los estudiantes recién graduados no están preparados.

También señala que no todas las mallas curriculares son iguales y que es necesario estandarizar eso para que todos reciban una formación similar. “Hay que cambiar y mejorar algunas cosas. Este examen no debe ser un freno en la carrera de nuestros médicos”.

Algunos demandantes también dicen que el método aplicado por el Caces puede ser aceptable, pero hubo errores. “Primero, la prueba se tomó en tres días y evidenciamos que las preguntas se filtraron y beneficiaron a quienes aplicaron el segundo y tercer día. Seguramente eso incrementó el rendimiento general del grupo, pero perjudicó a quienes dimos la prueba el primer día”, dice Alison Clavon, graduada de la Universidad de las Américas.

Junto a otros colegas, expuso estos cuestionamientos en una comparecencia en la Comisión de Salud en la Asamblea Nacional. En esa instancia denunció también que habría un interés impulsado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para elevar el punto de corte, con el objetivo de restringir el acceso a plazas en la medicatura rural. Es decir, el Estado estaría recortando el presupuesto para este sector.

La delegada del Caces a esta comparecencia, la consejera Adriana Romero, presidenta de la Comisión Permanente de Habilitación para el Ejercicio Profesional, enfatizó que no hay injerencia alguna de otra institución; aseguró que el método de evaluación es técnico y público para que cualquier persona la revise.

Vistazo pidió información al MSP para contrastar la afirmación, pero no hubo respuesta. Sin embargo, según un documento oficial, para este año se abrieron 1.829 plazas disponibles para la rural y fueron habilitados 1.820 médicos.

Los asambleístas William Garzón y Ángel Sinmaleza, presidente y vicepresidente de la Comisión legislativa, mostraron su preocupación ya que habría poblados lejanos que se quedarían sin médicos rurales y se comprometieron a investigar.

La prueba de fuego
Para los estudiantes que denuncian estos aspectos, ya no es muy importante si la justicia les da o no la razón. Dicen que no tendrían problema en repetir el examen. Lo que importa, dicen, es que sus casos sirvan para que no se vuelvan a cometer errores, como la filtración de preguntas, y que el Caces fije reglas claras. La institución evaluadora niega tal filtración.

Sin embargo, aún si se logra superar estos impasses, hay un problema de fondo. Por un lado, tenemos carreras de Medicina que logran que la mayoría de sus estudiantes aprueben este examen, pero hay otras con resultados preocupantes, cuando se supone que todas están acreditadas. Síntoma que deja en entredicho la calidad de la enseñanza.

Nunca se ha presentado el ranking de los resultados por universidades. La consejera Adriana Romero argumenta dos motivos: la realidad de cada carrera es diferente y esto podría servir para estigmatizar a ciertos centros de estudios que tienen los rendimientos más bajos.

Por ejemplo, hay carreras en las que el porcentaje de aprobación es de más del 80 y hasta 90 por ciento y otras en las que apenas pasaron el 30 por ciento. No obstante, revelar estas abismales diferencias daría cuenta de las brechas que aún existen pese a que llevamos años de acreditación universitaria.

El próximo examen que se tomará en abril o mayo será la prueba de fuego: sabremos si el puntaje mínimo se mantiene en alrededor de 81 o cambia drásticamente, desatando nuevos reclamos.

En la Universidad de Cuenca, por ejemplo, se hace un seguimiento a sus médicos graduados y se dictan tutorías para quienes deben repetir el examen, explica su decano José Roldán. La carrera cuenta con su plan de fortalecimiento y, explica que no han bajado la calidad, pese a la reducción del presupuesto de los últimos años que afectó a todas las universidades públicas. Sin embargo, afirma que sorprendió que se fije tan alto la nota mínima entre un semestre y otro.

Por otro lado, Pedro Barberán, decano de la UEES, dice que ellos hacen un esfuerzo por una formación internacional que dote de mayores conocimientos y abra puertas a sus graduados. “Nosotros hemos invertido en laboratorios, clínicas de realidad aumentada, realidad virtual. También nos afectó el que haya subido el puntaje, pero nos mantenemos con estándares altos como otras universidades”, acota.

Para Leonardo Bravo, director ejecutivo de la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias Médicas, es necesario que todas las carreras tengan una malla curricular común.

Explica que el uso de un libro u otro para la enseñanza puede acarrear diferencias porque se recomienda, por ejemplo, para una enfermedad, distintos tratamientos y, eso, en una prueba con respuestas de opción múltiple genera diferencias. Dice que hace falta más sinergia entre la asociación, las carreras de Medicina y el Caces para mejorar la evaluación y no enfrentarnos nuevamente a episodios preocupantes en que más de la mitad de los graduados repruebe la última prueba de su formación.

Fuente de la Información: https://www.vistazo.com/seccion/podcast/por-que-el-53-de-graduados-de-medicina-en-ecuador-no-aprobo-el-examen-que-los

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Piden declarar estado de excepción en capital de Ecuador por ola de contagios de covid-19

Piden declarar estado de excepción en capital de Ecuador por ola de contagios de covid-19

El alcalde Jorge Yunda exhortó al gobierno a declarar a la medida por 15 días ante la ola de contagios de covid-19; «ayudará a descongestionar el sistema sanitario», dijo.

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, informó que exhortó al gobierno a declarar a la capital de Ecuador en estado de excepción por 15 días ante la ola de contagios de covid-19, que ha llevado al colapso al sistema hospitalario. El funcionario indicó en rueda de prensa que hizo la petición a través del Comité Nacional de Operaciones de Emergencia (COE), que maneja la crisis sanitaria en el país por la pandemia, durante una reunión en la que se analizó la situación de la ciudad. «Las cifras en la ciudad capital a estas alturas de la pandemia son alarmantes», dijo.

Actualmente, Quito se mantiene como epicentro del coronavirus en Ecuador, con 109 mil 896 contagios y más de 2 mil 300 fallecidos por covid-19 desde el inicio de la pandemia en el país, el 29 de febrero de 2020, según los últimos datos del Ministerio de Salud.

Yunda precisó que se exhortó decretar estado de excepción por 15 días después del próximo domingo, cuando Ecuador celebrará las elecciones de la segunda vuelta presidencial.

Apuntó que la medida permitirá que Quito, la urbe más poblada del país sudamericano, «baje su ritmo y pueda descongestionarse el sistema sanitario, peligrosamente desbordado en este momento».

El alcalde quiteño precisó que al gobierno le corresponderá dictaminar el estado de excepción en equilibrio con medidas que no afecten a la reactivación económica de la ciudad.

«Necesitamos darle un oxígeno al sistema hospitalario que está ocupado al 100 por ciento; hay decenas de personas, que superan las 100, en espera de una cama en las Unidades de Cuidados Intensivos», dijo el alcalde al apelar a la corresponsabilidad ciudadana. El llamado lo hizo debido a que se siguen desactivando fiestas clandestinas con una masiva concurrencia de personas, y persiste la indisciplina de los ciudadanos en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Frente a ello, anunció que se reforzará la campaña sanitaria y el control del uso de la mascarilla en espacios públicos, así como de las reuniones sociales clandestinas.

«Este es el momento del distanciamiento y de hacer conciencia mientras avanza la vacunación (contra la enfermedad en el país)», sostuvo. En Quito, ubicada en la provincia de Pichincha, termina este viernes la vigencia de un estado de excepción focalizado decretado por el gobierno el pasado 1 de abril para evitar el aumento de contagios de covid-19. La medida, que también se aplicó en otras siete provincias con altos índices de contagio, incluye un toque de queda nocturno y varias restricciones, que quedarán sin efecto en las próximas horas.

 

Fuente de la Información: https://www.milenio.com/internacional/latinoamerica/ecuador-piden-declarar-excepcion-quito-covid-19

 

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