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Ecuador: ¿Unasur, un edificio destinado al olvido?

América del Sur/Ecuador/21-08-2020/Autor(a) y Fuente: lahora.com.ec

Grupos indígenas, que aspiraban a tener un gran edificio para instalar una universidad sobre su realidad, han expresado su disconformidad por el reciente anuncio del Gobierno de ubicar el Museo Nacional en la sede de la agónica Unasur, en el extremo norte de Quito.

Lo paradójico es que sectores vinculados a la cultura y patrimonio tampoco están de acuerdo con la nueva perspectiva del Gobierno, ya que el Museo Nacional (MuNa) ya tiene una sede central y adecuada recientemente tras una fuerte inversión.

«El MuNa no está en emergencia y fue inaugurado hace dos años por el presidente (Lenín Moreno), luego de haber invertido un millón y medio de dólares», aseguró Guillermo Bustos, miembro de la Coalición por la Defensa del Patrimonio, para quien es «un absurdo» la idea de trasladar el patrimonio a Unasur.

El grupo conformado por profesores, estudiantes, bibliotecarios e investigadores propone que la reserva patrimonial se ubique junto al museo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el centro-norte de Quito, donde actualmente atiende al público el MuNa.

Colecciones bibliográficas y fondos documentales han propuesto que las piezas del patrimonio cultural del país sean ubicadas en un gran recinto que tiene la Fiscalía en el centro-norte de la ciudad y no al norte de Quito, porque «son registros de consulta diaria» y el edificio de la Unasur está en un lugar alejado con «carencias de transporte público».

‘Venganza’

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) sospecha que ese giro obedece a una especie de venganza del Gobierno de Lenín Moreno por las duras protestas del colectivo en octubre de 2019, con las que logró frenar unas impopulares medidas económicas.

El destino del imponente edificio de la Unasur, desocupado desde mayo de 2019, genera controversias desde que Ecuador, Colombia, Argentina, Paraguay, Brasil, Chile y Perú abandonaran el foro integrado tras la llegada de Gobiernos en esos países de gobernantes de derechas u opuestos al intento integrador de izquierdas que supuso en su momento su creación.

En julio de 2018, el presidente, Lenín Moreno, anunció que el edificio sería destinado para un centro de estudios superiores indígenas, pero el pasado 9 reorientó su decisión para, según dijo, «darle un lugar propio al Museo Nacional, en un edificio que pagamos los ecuatorianos y que ahora vuelve a nuestras manos».

La dirigente de la Conaie, Luisa Lozano, coincidió con su correligionario en que «Moreno nunca ha tenido ni tendrá voluntad política para cumplir la palabra que anuncia» y que su promesa de dejar la sede de Unasur para la universidad indígena se precipitó con la ruptura entre la organización social y el Gobierno por las protestas. EFE

Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102325596/unasur-un-edificio-destinado-al-olvido

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Entrevista a Guillermo Churuchumbi, alcalde de Cayambe«El Municipio actualmente se encarga de salud y educación, aunque estas sean competencias del gobierno central»

Entrevistas/20 Agosto 2o20/rebelion.org

En referencia al escaso, casi nulo, apoyo del gobierno central, dice: «Nosotros compramos pruebas PCR, pruebas rápidas, etc. Al estar en el territorio, las Alcaldías sentimos los problemas, sentimos la angustia de nuestra gente, entonces a medida de nuestras posibilidades hemos respondido y dado alternativas».

¿Qué ha ocurrido con el abastecimiento de alimentos en el cantón Cayambe durante la pandemia?

En Cayambe, desde hace cuatro años venimos fortaleciendo la construcción de redes de producción agroecológica. Tenemos más de 13 asociaciones de productoras agroecológicas, una asociación de tanques fríos de leche, y de productores de cebolla, quienes no han parado durante la pandemia. Hace más de dos años aprobamos una ordenanza de apoyo a la soberanía alimentaria desde el gobierno Municipal como política pública, para garantizar la comercialización de productos agroecológicos. Antes, las productoras agroecológicas eran perseguidas por la Policía Municipal en los espacios públicos, por denuncia de las señoras del mercado que monopolizaban las ventas.

Este trabajo previo, nos ha permitido enfrentar la pandemia de forma organizada, con experiencia productiva y de comercialización para organizar las ferias. En ese contexto, me atrevo a decir que la experiencia que teníamos anteriormente, la activamos con mucha fuerza. Hasta el momento hemos tenido más de 300 ferias productivas agroecológicas en las 8 parroquias (6 rurales y 2 urbanas) que ha sido una respuesta muy importante; en los primeros dos meses de pandemia, fue un éxito total. En medio de la pandemia, esto nos ha permitido evitar que la gente baje a la ciudad de Cayambe. Así, las ferias intercomunitarias y comunitarias permitieron evitar el contagio, las aglomeraciones y, lo más importante, fortalecimos y dinamizamos la economía local.

Hablando del tema del empleo rural ¿Cuáles han sido los efectos locales de los despidos masivos?

En Cayambe tenemos plantaciones florícolas (más de 2500 hectáreas) y lastimosamente, en el primer y segundo mes de pandemia, hubo serias dificultades para la exportación. Por lo tanto, algunos empresarios florícolas, aunque no todos, aprovecharon la coyuntura y despidieron a cerca de 5000 jefes de familia quienes habían trabajado 10, 15 y 25 años. Usaron el pretexto de la pandemia para no cumplir con las obligaciones laborales ni con las compensaciones. Despidieron a miles de personas, violentando sus derechos laborables, los derechos de las mujeres; no respetaron a mujeres embarazadas y no respetaron años de trabajo.

¿Qué medidas ha tomado el GAD Municipal para ayudar a las personas despedidas?

Desde el gobierno municipal, recogimos con las juntas parroquiales y los presidentes de las comunidades la información relevante, y se hizo un pedido a la Defensoría del Pueblo para que se investigue y se protejan los derechos laborales. Esto es un trabajo duro y realmente es responsabilidad del Ministerio de Agricultura, del MIPRO (Ministerio de Producción), de la Prefectura, etc.

Entonces, no solo estamos viviendo la crisis sanitaria sino también la crisis económica. La gente que vive del día a día se ha acabado sus ahorros, por lo cual nosotros estamos apoyando a las personas que están sin empleo desde la reactivación productiva, la agroecología, la producción y entrega de plántulas. Estamos desarrollando la promoción y organización de la agricultura urbana a través de los barrios federados y no federados, y dando asistencia técnica para las huertas orgánicas a nivel urbano. Entonces tenemos, por un lado, el proyecto de soberanía alimentaria y por otro, un proyecto de desarrollo económico.

En este grave contexto de los despidos y crisis económica, se plantea la alternativa de la producción agroecológica y huertos urbanos. ¿Cómo está el tema del acceso a la tierra?

Algunas familias lastimosamente no tienen tierra, sobre todo las familias pobres que viven en la ciudad. Por lo cual estamos haciendo un proceso de levantamiento de información barrio por barrio para que juntos, busquemos alguna alternativa: capacitación y emprendimientos, cómo buscar y canalizar micro créditos, etc. Igualmente, apoyar con el tema de las plántulas y de los abonos, aunque no tengan tierra, para que siembren en el patio de los hogares, o algún espacio disponible. Así mismo, tenemos un proyecto para las mujeres que han sido maltratadas que se llama «Casa Dolores», quienes cuentan con un pequeño de terreno donde trabajan, siembran, se recrean y cuando está la cosecha, entre ellas mismo se reparten como un espacio de intercambio y solidaridad.

Actualmente, algunas instituciones están manejando el discurso de que se avecina una crisis alimentaria. Como GAD cantonal ¿cuál es la proyección a largo plazo en cuanto a la producción y abastecimiento de alimentos?

En el norte de Cayambe, en Ayora y Olmedo, se dedican mucho a la producción de la leche. Tenemos aproximadamente 420 000 litros de leche diarios de las familias campesinas e indígenas, quienes entregan la leche al ordeño a través de un convenio con el Ministerio de Educación. Lastimosamente, el Ministerio no está realizando clases presenciales y por lo tanto el Estado no está comprando, ni pagando la alimentación escolar. Ahí vamos a tener una dificultad, probablemente incluso podríamos llegar a tener una crisis lechera y por ende, va a afectar la economía de las familias. De todas maneras, muchas familias ya están preparando sus huertos, recuperando las semillas, etc. Entonces de pronto, puede llegar la crisis lechera, pero tendrían otras alternativas de sostenibilidad y de consumo para la alimentación propia.

También estamos levantando esta información, para poder intervenir y llegar a aquellas personas que no tienen ninguna posibilidad. En los últimos meses de pandemia, hemos estado entregando kits alimentarios a las familias que no tienen empleo, o que han sido despedidas, que viven del día a día, etc. Sin embargo, no es suficiente, por lo cual también promocionamos «Cayambe Solidario». Esto significa que no solamente el gobierno central o el Municipio entregan kits alimentarios, sino buscamos generar lazos familiares de solidaridad y espacios para compartir.
Entonces, por ejemplo, cuando tenemos que entregar a una persona mayor el kit alimentario, inmediatamente nosotros empezamos a preguntar: ¿quiénes son sus hijos? ¿tiene o no tiene hijos? A veces los hijos tienen carros de lujo y enormes casas, pero se han olvidado de sus adultos mayores y nosotros abogamos para que también se hagan responsables. La familia tiene que ser corresponsable de sus familiares mayores y la comunidad para superar estos tiempos de crisis y pandemia. Inclusive empieza a funcionar el tema de los pisos ecológicos: se intercambian productos entre las tierras bajas con las tierras altas.

Finalmente, ¿cómo se diferencia la gestión de un GAD como institución de función descentralizada, a comparación de otras instituciones del Estado central durante la pandemia?

Primero decir que los alcaldes, incluido el alcalde de Cayambe, caminan en el territorio. Sentimos la necesidad de nuestra gente y damos respuesta a estas necesidades en la medida de nuestras posibilidades económicas. Siempre que existen problemas, las personas recurren a la Alcaldía; y por eso, recién se acabaron nuestros fondos municipales. Sin embargo, el Municipio actualmente está cargando con todo: con salud y educación, aunque estas sean competencias del gobierno central. El tema del internet es una competencia fundamental del Ministerio de Telecomunicaciones, sin embargo, nosotros tenemos que cargar con el muerto, tanto humana, técnica y financieramente. Encima de eso, el gobierno nos debe fondos de tres a cuatro meses; no tenemos ingresos propios. Sin embargo, nosotros hacemos los esfuerzos institucionales, organizativos y asociativos, con la finalidad de hacer una gran Minga por la soberanía alimentaria, por la solidaridad y por la agroecología.

En el caso de la Alcaldía de Cayambe, a pesar de la crisis económica, de manera participativa y transparente, hemos administrado cada centavo y nos han alcanzado los recursos. Estamos ampliando la red de internet para el sistema educativo de nuestros niños, inclusive desde la Escuela Municipal estamos haciendo educación domiciliaria y ahora el Ministerio de Educación nos ha seguido. Equipamos el Hospital Raúl Maldonado con insumos médicos, cuando esa es una responsabilidad del Ministerio de Salud. Nosotros compramos pruebas PCR, pruebas rápidas, etc. Al estar en el territorio, las Alcaldías sentimos los problemas, sentimos la angustia de nuestra gente, entonces a medida de nuestras posibilidades hemos respondido y dado alternativas.

En Cayambe tenemos una Alcaldía participativa, intercultural, de puertas abiertas y democracia horizontal. Si bien es cierto en la ciudad existen contagios y también tenemos muertes por coronavirus, sin embargo, en relación a los cantones similares como Rumiñahui y Mejía tenemos tres veces menos. Eso se debe no solamente a la participación y coordinación interinstitucional, sino también a la participación comunitaria y la corresponsabilidad de su gente, los controles comunitarios. Nosotros fortalecemos a una sociedad organizada y también a una sociedad que puede trabajar de forma horizontal. En la democracia en tiempos de pandemia, hay que construir desde abajo, desde la horizontalidad, desde la participación, desde la toma de decisiones conjuntas.

Por ejemplo, para decidir sobre la semaforización, nosotros hicimos un proceso de amplia consulta con los sectores productivos, juntas parroquiales, presidentes de las comunidades, presidentes barriales. Decidimos con todos; la sociedad organizada decidió quedar en el semáforo rojo y luego así mismo, todos decidimos salir al semáforo amarrillo. No hacemos decretos desde la verticalidad, sino construimos desde la horizontalidad. Esa es una nueva forma de construir una democracia, de construir una nueva sociedad y de comprender el Estado en conjunto con la sociedad, para responder los problemas desde el territorio.

Fuente: https://rebelion.org/el-municipio-actualmente-esta-cargando-con-salud-y-educacion-aunque-estas-sean-competencias-del-gobierno-central/
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Ecuador: la izquierda frustrada

Ecuador: la izquierda frustrada

Juan J. Paz y Miño Cepeda

En un artículo anterior (https://bit.ly/319nsQZ) traté sobre la trayectoria histórica de la izquierda partidista en Ecuador. Sobresalen: PSE, PCE, PSRE, PCMLE, MPD (hoy Unidad Popular) y otras agrupaciones menores, que asumen ser marxistas. Desde luego, a partir del derrumbe del socialismo real, la izquierda no se reduce a los partidos marxistas, ni exclusivamente a esta teoría, pues América Latina, durante el ciclo de los gobiernos progresistas, demostró que era posible el fortalecimiento de nuevas izquierdas.

Destacan, ante todo, los movimientos sociales, pues tanto el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que integra a varias centrales (CEDOCUT, CTE, CEOSL, UGTE, FETMYP, UNE, FENOGOPRE), así como el indígena, con su organización central, la CONAIE (https://conaie.org) y su brazo político Pachakutik (https://bit.ly/3frEX4a), se autodefinen como sectores de izquierda. También lo hacen distintas organizaciones de trabajadores públicos, del movimiento estudiantil, grupos feministas, ecologistas y otros minoritarios.

Pero hay una izquierda social, que es más amplia que las izquierdas partidistas y que las izquierdas “movimientistas”, reducidas, frecuentemente, a simples clubes o membretes políticos. Esa izquierda social históricamente se formó con el avance del siglo XX.

Su más remoto origen está en el sector radical del liberalismo, que respaldó a Eloy Alfaro y sus políticas (1895-1912). También se identificó con las causas del naciente movimiento obrero y ha cultivado la memoria crítica contra la matanza de trabajadores el 15 de noviembre de 1922. La Revolución Mexicana (1910-1940) y sobre todo la Revolución Rusa (1917) afirmaron la conciencia social favorable a los trabajadores, campesinos, indígenas e incluso la creciente tendencia al cuestionamiento al capitalismo y al sueño por un “socialismo” todavía difuso. Capas medias, intelectuales, profesionales y una amplia gama de sectores populares se identificaron con el proceso de la Revolución Juliana (1925-1931). La militancia activa o el respaldo a los partidos Socialista y Comunista llenó las expectativas de muchos, en una época en la que tales agrupaciones hicieron verdadera acción social, cultural y política. Y, como ha sido bien reconocido y estudiado por diversos investigadores, desde los años treinta la literatura y el arte de contenido social no solo sirvieron como denuncia de las condiciones de vida y de trabajo en el país, sino que dieron expresión a aquellos sectores identificados con la izquierda. Los ensayos políticos, así como los primeros estudios sociológicos, antropológicos, indigenistas, laboristas y hasta económicos, iniciados por prestantes figuras de la intelectualidad nacional, tanto como la labor de profesionales y académicos en las universidades públicas, igualmente han servido para alimentar la conciencia social, el cuestionamiento a la dominación oligárquica, la sensibilidad humanista, que han enriquecido el espacio de la izquierda social ecuatoriana.

Sin embargo, la gran “politización” izquierdista de la sociedad ecuatoriana ocurre a partir de la década de 1960. Se combinan múltiples factores: la Revolución Cubana (1959), las luchas guerrilleras en distintos países, así como la guerra fría y el clima de represión indiscriminada que desató el “anti-comunismo”, los éxitos y avances de los países socialistas, los movimientos por la paz y contra la guerra de Vietnam, el mayo francés (1968) y su influencia mundial, la difusión del marxismo, el activismo universitario, la cultura “anti-sistema” a través de la nueva música, el arte y sobre todo el “boom” de la literatura latinoamericana, las reacciones contra el imperialismo, el recambio con nuevas generaciones de “radicales” y “rupturistas”, etc. En la década de los setenta ya existía un amplio espectro de izquierdas sociales, identificadas con tres principios decisivos: una conciencia anticapitalista; una conciencia social y humanista, variada, favorable, ante todo, a los sectores populares, que rechazaba a la “burguesía” como clase, y que se extendía desde el cristianismo de la doctrina social católica y la teología de la liberación, hasta los marxistas independientes de cualquier partido tradicional; y una conciencia democrática, que podía aceptar los valores de la “democracia burguesa” (por allí cabe entender a la centro-izquierda) tanto como al socialismo, como único régimen posible de salida al capitalismo.

Hay marxistas que no han sido capaces de entender estas dinámicas de la sociedad, de modo que se han apresurado a juzgar como “derechista” toda posición que no es marxista, ni acepta exclusivamente sus tesis anticapitalistas o su dogmatizado “socialismo”, lo cual hoy es evidentemente cuestionable, porque nadie puede definir, con absoluta firmeza, lo que será ese sistema, una vez que se produjo la implosión del socialismo totalmente estatista. Bien puede hablarse del socialismo nórdico europeo, o del canadiense; pero también del “socialismo de mercado” de China; o tomar como ejemplo las importantes reformas económicas en Cuba, que debieron impulsarse en medio del “período especial” (1990-1996) y el bloqueo norteamericano (hoy agudizado con la política Trump), que son experiencias inéditas, que ningún otro país latinoamericano ha experimentado, exceptuando hoy a Venezuela, que sin tener una economía “socialista”, también sufre un bloqueo comparable con el cubano.

Desde 1979, el amplio espectro de la izquierda social no ha encontrado representación en los partidos de la izquierda ya conocidos; también ha observado con frustración los magros resultados electorales obtenidos en todo momento por ellos y por los movimientos sociales que se aliaron para conformar frentes supuestamente representativos de toda la tendencia; y, sin duda, cuestiona a visibles líderes de esas agrupaciones, que han perpetuado, hasta el presente, sus comportamientos acomodaticios, personalistas y típicamente enmarcados en las prácticas de la “partidocracia”. Pero también es necesario comprender que las izquierdas sociales igualmente anhelaban gobiernos más cercanos a sus definiciones y tendencias, cuando apoyaron a candidatos como Jaime Roldós (1979-1981) o Rodrigo Borja (1988-1992) y hasta creyeron en Lucio Gutiérrez (2003-2005). Tuvieron participación activa en el derrocamiento de tres gobiernos: A. Bucaram (1997), J. Mahuad (2000) y L. Gutiérrez (2005). Ha existido mayor claridad y definición con el respaldo que han dado a las huelgas nacionales del FUT a inicios de la década de los ochenta; al movimiento indígena y su indudable presencia nacional a partir del levantamiento de 1990; a las luchas populares en distintos momentos de la historia contemporánea; el repudio y cuestionamiento a los gobiernos de la derecha política; el rechazo al TLC o a los acuerdos con el FMI, así como al modelo neoliberal o empresarial-oligárquico. La izquierda social respaldó la movilización popular de octubre 2019 de diversas formas y también sufrió la represión.

Sin duda, amplios sectores de las izquierdas sociales se identificaron con el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y lo respaldaron, porque vieron en él una alternativa de nueva izquierda, que pasó a formar parte del progresismo latinoamericano. En poco tiempo, los dirigentes del partidismo y del movimientismo ya señalado, rompieron con este gobierno por una serie de causas, pasaron a combatirlo y han negado al “correísmo” alguna ubicación en la izquierda, pues consideran que solo se trató de un ciclo más de la “dominación burguesa” en Ecuador. Además, acusan a Correa de haber “criminalizado” la protesta social y haber “destruido” a la izquierda. Obviamente estos sectores fueron políticamente confrontados por Rafael Correa, quien los calificó como “izquierda infantil”.

Considerándose como la “auténtica” y hasta “única” izquierda en el país, en 2013, los sectores mencionados decidieron enfrentar al “correísmo” y articularon la “Unidad Plurinacional de las izquierdas”, integrada por Pachakutik, CONAIE, ECUARUNARI, Montecristi Vive, MPD, PCMLE, Partido Participación, Socialismo Revolucionario, RED, Movimiento Participación Democracia Radical, Poder Popular, Movimiento Convocatoria por la Unidad Provincial, FUT y Frente Popular (UNE, FEUE, FESE, UGTE, CUBE, CONFEMEC, FEUNASSC, JRE, CUCOMITAE, UNAPE, UCAE, UAPE, JATARISHUN, UNAP), que propuso como candidato presidencial a Alberto Acosta (en binomio con Marcia Caicedo). Pero todo ese sector de la “izquierdosidad”, para utilizar un concepto que emplea la investigadora argentina Irma Antognazzi (me ha escrito que en su país se observa igual comportamiento político) apenas alcanzó el 3.26% de la votación, lo que significa que no votaron por ellos sino una fracción de sus partidarios, militantes o “bases”; mientras, paradójicamente, el binomio Rafael Correa/Jorge Glas, alcanzó su mayor votación histórica, pues obtuvo el 57.17% de los votos (y 100 de 137 asambleístas), derrotando a todos los 7 contendores de derecha y de izquierda, en la primera vuelta.

La experiencia histórica no fue asimilada: los partidos y movimientos más importantes de la izquierdosidad, al no comprender el espacio ni las dinámicas históricas de la izquierda social, volvieron a reproducir el mismo comportamiento en 2017, cuando se conformó el “Acuerdo Nacional por el Cambio” (MUP, ID, Pachakutik, CONAIE, PSE, RS, PCMLE, Montecristi Vive, FUT, FP, RA, UNE  y una serie de movimientos menores), que patrocinó al binomio Paco Moncayo/Monserratte Bustamante, quienes, además, eran personalidades ajenas a sus filas y militancias propias. Alianza País (AP), por su parte, propuso al binomio Lenín Moreno /Jorge Glas. Por segunda ocasión, el partidismo y movimientismo de la “auténtica” izquierda, apenas logró el 6.71% (al menos duplicando lo obtenido en 2013) de los votos. Moreno tuvo que pasar a la segunda vuelta, en la que logró un apretado 51.16% de la votación frente al exbanquero Guillermo Lasso, patrocinado por CREO, con apoyo de las derechas políticas, económicas y mediáticas, quien obtuvo el 48.84% de la votación. No se puede soslayar un hecho histórico inédito: dirigentes y militantes de la izquierdosidad convocaron y hasta realizaron una campaña activa para que se votara por el millonario banquero, al que preferían, antes que dar el respaldo a un candidato del “correísmo”.

La izquierda social nunca se esperó el giro gubernamental de Moreno ni la restitución del modelo empresarial-oligárquico en la economía. Sin embargo, dirigentes, líderes e intelectuales del partidismo y del movimientismo de la izquierdosidad se unieron a la “descorreización”, apoyaron el referendo y consulta de 7 preguntas que el gobierno realizó (febrero 2018) para legitimar su reforma institucional del país, respaldaron activamente las labores del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana nombrado para ello, y sostuvieron, de uno u otro modo, al “morenismo”, aunque hoy aparecen confrontando sus políticas.

Desde luego el “correísmo” ha sido seriamente afectado por los casos de corrupción descubiertos y por las debilidades que el proceso de la Revolución Ciudadana dejó como herencias, las cuales han sido mejor advertidas con el paso del tiempo. Aún no está claro cómo y con quiénes podrá articular una candidatura que permita captar el apoyo de las izquierdas sociales. Pero, ¿logrará el “correísmo” una fuerza cercana a la que tuvo en el pasado? Del otro lado, parece que tampoco se quiere asumir las experiencias históricas, pues nuevamente las dirigencias de las “auténticas” izquierdas se preparan para las elecciones de 2021, sobre la base de unificar fuerzas contra el “correísmo”. Se adelanta Pachakutik, con un precandidato presidencial ampliamente reconocido por ser un actor decisivo del anticorreísmo indígena (https://bit.ly/2PgFqvx). Parece que en su elección primó esa postura, a tal punto que resultan muy sintomáticas las reacciones inmediatas que tuvieron, entre otros, tres articulistas movidos por el mismo espíritu político: uno de ellos sostiene que Leonidas Iza “marcó la cancha electoral para poner distancia con el populismo autoritario y corrupto de los correístas” (https://bit.ly/2D5z93m); otro apunta todo lo contrario, porque al decidirse por Yaku Pérez “muere ahogado el sueño correista de apropiarse del movimiento indígena para usarlo como catapulta de regreso al poder” (https://bit.ly/39T42nt); y un tercero opta por una fantasmagórica apreciación: “Tanto Vargas [Jaime] como Leonidas Iza, su cerebro a distancia, pertenecen a esa fracción de la dirigencia indígena que, si dependiera de ellos, casi preferirían contar con un brazo armado que con uno político. Y los aspirantes a ser eso (el movimiento de Cotopaxi, los Mariáteguis y otros talibanes) ya tomaron su decisión: quieren a Iza”. (https://bit.ly/2DuNW7k -2/8/2020:22h).

Lo que asombra es que días más tarde, el Consejo Ampliado de la CONAIE decide “dejar sin efecto” las resoluciones de Pachakutik; exhortar a que las candidaturas se realicen “en coordinación y participación, con voz y voto, de la estructura organizativa del movimiento indígena”; y “respaldar a los compañeros Jaime Vargas y Leonidas Iza Salazar como precandidatos a la Presidencia de la República del Ecuador” (https://bit.ly/31xXxm5). Una situación comparable con la que ocurrió en 2016, es decir hace 4 años, a la cual me referí en dos textos que parecen tener plena actualidad: una nota en FaceBook, difundida el 7 de agosto de 2016, que titulé: “Movimiento indígena: ¿cuál es su representatividad política?” (https://bit.ly/3in5K3E); y un artículo que publiqué en diario El Telégrafo el 8 de agosto de 2016, con el título: “Movimientos sociales y política electoral” (https://bit.ly/30AAt7a).

En todo caso, ¿será posible que esta sea la tercera oportunidad para demostrar que ahora sí las agrupaciones y movimientos del anticorreísmo, han pasado a convertirse en la alternativa política que el amplio espectro de las izquierdas sociales anhela? Por lo pronto, tienen a su favor el hecho casi seguro de que Rafael Correa no podría ser candidato y que el “correísmo” no tendría un partido que le represente, si finalmente se imponen las arbitrariedades de los organismos electorales; pero también cuentan a su favor con el lawfare, la judicialización selectiva y la persecución a los “correístas”, en medio de un ambiente nacional en el que hegemonizan las fuerzas de la derecha económica, política y mediática.

Por sobre esos conflictos y posiciones irreductibles entre dos bandos, que polarizan sus propias posiciones ideológicas y marginan las posibilidades de la tan proclamada “unidad”, la amplia gama de la izquierda social mantiene la esperanza de que alguna fuerza política logre representar verdaderamente sus ideales e intereses y que finalmente se instaure un gobierno que dé continuidad a los procesos que ese sector ha respaldado desde inicios del siglo XX, entre avances y retrocesos, a pesar de las frustraciones cíclicas. De lo contrario, las derechas políticas, económicas y mediáticas asegurarán la continuidad del modelo empresarial-oligárquico, que el “morenismo” supo afianzar en apenas tres años.

Autor: Juan J. Paz y Miño Cepeda

Fuente de la Información: http://www.historiaypresente.com/ecuador-la-izquierda-frustrada/

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Ecuador: Maestros jubilados murieron sin cobrar incentivo que adeuda el gobierno de Lenín Moreno

Maestros jubilados murieron sin cobrar incentivo que adeuda el gobierno de Lenín Moreno

Unos 140 maestros jubilados han muerto durante la pandemia del COVID-19, según un cálculo preliminar de Cecilia Paredes. Ella asumió la presidencia de la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados, luego del fallecimiento de Alfonso Yánez, el 18 de julio pasado, a causa del virus.

Paredes no tiene todavía una cifra exacta, pero está realizando consultas a los gremios afines en todas las provincias para levantarla. “Se calcula que en cada provincia hubo entre 10 y 15 contagiados”, dice la dirigente, quien agrega que aquellos que fallecieron no tuvieron acceso oportuno a las camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ni a los medicamentos para tratarse.

Y lo que más le apena es que la mayoría de ellos no había logrado cobrar los incentivos jubilares que el régimen se comprometió a cubrir el año pasado, luego de la huelga de hambre que hicieron afuera de la Asamblea Nacional.

Antes de la pandemia, unos 1000 maestros jubilados solamente de Guayas habían fallecido sin cobrarlo, calcula la dirigente Aracelly Moreno.

Según sus cifras, el régimen adeuda más de $530 millones a cerca de 14 800 maestros jubilados en todo el país. Unos 4000 son maestros que se jubilaron entre el 2008 y el 2010 y que están amparados bajo la Ley Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. El resto son aquellos que se acogieron a la jubilación voluntaria entre el 2015 y el 2017.

Ahora, señala Paredes, los deudos de los jubilados deben recibir este dinero.

La dirigente señala que los jubilados vivos y los familiares de aquellos que fallecieron atraviesan una situación económica difícil. Unos por la falta de pago de dichos incentivos, y los otros por los montos mínimos que recibirán por concepto de montepíos, considerando que muchos tenían pensiones de no más de $400 y esa prestación representa el 60 % del total. (I)

Fuente de la Información: https://www.eluniverso.com/noticias/2020/08/07/nota/7934457/maestros-jubilados-fallecidos-pandemia-deuda-gobierno

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Unidos por la Educación busca ser el primer fideicomiso para reformar el sistema educativo del Ecuador

América del Sur/Ecuador/eluniverso.com

En Ecuador existen alrededor de 900 escuelas rurales que no están funcionando y podrían ser reactivadas para que unos 70 000 estudiantes puedan volver a las aulas, el costo promedio para ello es de $50 000 por plantel, pero en estos momentos el Gobierno no cuenta con los recursos económicos para poder realizar la reapertura. Este indicador sobre educación es solo uno de los muchos que preocupan a la iniciativa Unidos por la Educación, que surgió hace más de un año y tiene como objetivo reformar el sistema general de educación del país.

Unidos por la Educación, una alianza de quince empresas privadas que aportan económicamente y con donaciones para el desarrollo en el campo educativo, logró pactar un histórico convenio con el Ministerio de Educación para que la calidad de la educación que reciben los 4,4 millones de estudiantes en el país pueda mejorar.

“Ecuador enfrenta graves deficiencias en calidad en la educación, es un reto que ha persistido durante varios Gobiernos y desde el sector privado nos hemos dado cuenta de que es importante empezar a colaborar”, dice Juan Pablo Guerrero, director ejecutivo de la iniciativa.

“Un 50 % de estudiantes en educación general básica tienen logros insuficientes y en la prueba Ser Bachiller un 20% no aprobaba y un 40% lo hacía con un logro elemental”, apunta Guerrero, y dice que estas métricas revelan que el modelo de educación en el país se basa en la memorización de contenidos y no en el desarrollo de habilidades de competencias y valores.

Guerrero comenta que Unidos por la Educación busca fortalecer el sistema educativo del país para que los ecuatorianos tengan cada vez más acceso a desarrollar habilidades, competencias y valores, y que esperan lograrlo de la mano de la alianza suscrita con la cartera de Estado, oenegés, universidades privadas y fundaciones como Nobis y Crisfe.

El proyecto apunta a ser el primer fideicomiso para invertir en escalar modelos que funcionan en escuelas y que vienen siendo implementados por fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Hasta ahora han logrado recaudar $600 000 y en este mes planean firmar más alianzas con empresas del sector privado para fijar metas anuales.

El convenio “permitirá al sector privado poder incursionar en escuelas o colegios urbanos fiscales y hacer cambios de forma que pueden ser de infraestructura, tecnología y conectividad, pero también cambios de fondo como el modelo de formación docente, el modelo pedagógico que sigue la escuela y las relaciones con la comunidad”, dice Guerrero.

Para poder realizar estos cambios, Unidos por la Educación ha hecho alianzas con la Fundación Vueltas y el Grupo Faro, dos organizaciones que desde hace tiempo y por su cuenta y con fondos propios han conseguido intervenir 23 escuelas rurales para reformar sus modelos educativos.

Desde el 2018, Fundación Vueltas trabaja en reformar la escuela rural fiscal Ernesto Velásquez Kuffó, ubicada en la localidad de Ayampe, en la provincia de Manabí.

Entre los cambios que han realizado está la implementación de un programa intensivo de formación docente y la revalorización psicológica y emocional del docente, todo en el concepto de “la escuela comunitaria”, un principio en el que junto con la comunidad se toman decisiones democráticas para el bien común. Este modelo la organización lo está implementando en otras siete escuelas más.

“La escuela tiene 75 niños y niñas, este plantel al igual que otros sufría abandono por la gente que decide irse a la ciudad porque cree que hay mejor calidad educativa y eso nos motivó a implementar el proyecto para que la escuela rural de Ayampe fuera un lugar de calidad”, dice Sergio Carneros, coordinador del proyecto de innovación y mejora de la fundación.

Nancy Zambrano, directora de la escuela, comenta que como es un proyecto de innovación, los padres de familia están encantados con el proyecto. “Saben que es un cambio de la metodología antigua, la tradicional, en la que los niños solo trabajaban con cuadernos y libros”, apunta y dice que la metodología de la escuela se basa en trabajos cooperativos para el niño que se integre y sea participativo.

La Fundación Vueltas trabaja en el concepto de «la escuela comunitaria», un principio en el que toda la comunidad se involucra en las mejoras de la institución para el bien común. CORTESÍA

Por su parte, el Grupo Faro utiliza el método dialógico en quince escuelas. En este método el trabajo se realiza igual junto con la comunidad, se crean grupos interactivos y tertulias y trabajan en la formación de la familia, que se involucra al igual que la comunidad. También la metodología apunta a la prevención y resolución de conflictos y formación pedagógica.

“Como en educación no hay fórmulas únicas tener dos modelos de referencia facilita el poder escoger el mejor y también ayudar a este tipo de organizaciones que son exitosas a ingresar en otras escuelas del país para implementar sus programas”, apunta Guerrero, aunque no descarta abrir convocatorias para que se sumen otros modelos para poder replicar.

Entre las metas del proyecto de Unidos por la Educación está intervenir unas 20 escuelas del país en el plazo de un año para replicar los modelos de Vueltas y Faro y después extenderlo a largo plazo en las 16 000 instituciones que existen en todo el país.

Según un mapeo facilitado por el Ministerio de Educación, los lugares con sistemas de educación más vulnerables y que deben ser intervenidos están en la zona 3, que abarca la Sierra centro; la zona 4, Manabí y Santo Domingo; y en la zona 5 , la provincia de Bolívar. Sin embargo, con la llegada de la pandemia de COVID-19 el panorama para la iniciativa se ha visto ensombrecido y ha puesto en evidencia datos que han alarmado al colectivo y han hecho que redefina su campo de acción incluyendo a las escuelas privadas populares.

“Las escuelas privadas populares que tienen un costo bajo también se verán afectadas por el desempleo que ha causado la pandemia: en la Costa 100 000 estudiantes han abandonado su escuela y se han pasado a una fiscal, y en la Sierra se espera que entre 70 000 y 80 000 alumnos caigan en la misma situación”, sostiene Guerrero.

La iniciativa también buscará ahora entregar becas a través de la empresa privada, para que estas escuelas no cierren y puedan seguir con sus actividades académicas, y ayudar a reducir la brecha digital, que ha sido un obstáculo y desventaja para la educación remota que se instauró tras la llegada de la emergencia sanitaria.

“En Ecuador, la mayoría de hogares e instituciones están desconectadas de internet fijo, la mayoría de los ecuatorianos no tiene un smartphone con un plan de datos, la mitad de los ecuatorianos no tienen una computadora personal”, dice Guerrero y agrega que es algo que debe cambiar aunque tome años lograrlo. (I)

Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/2020/08/04/nota/7930713/iniciativa-unidos-educacion-ecuador

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Ecuador: Nacho, el robot diseñado en Ecuador para enseñar a los niños a leer y escribir, que está inspirado en un libro escolar

Nacho, el robot diseñado en Ecuador para enseñar a los niños a leer y escribir, que está inspirado en un libro escolar

«Nos gustaría llegar a lugares donde difícilmente llega la tecnología, a lugares donde hay niños que pueden explotar las capacidades de este juguete», dijo uno de sus creadores.

Dos ecuatorianos decidieron unir la enseñanza tradicional de los primeros pasos de los niños en la lectura y escritura con la tecnología, con el propósito de convertir esta práctica en algo lúdico y más atractivo.

Para ello crearon a Nacho, un robot que, con la ayuda de inteligencia artificial, puede enseñar a los niños, de entre 5 y 8 años, a leer y a escribir, facilitando este proceso a los padres y docentes.

El robot fue creado para el proyecto de titulación de Andrés Moreno como ingeniero en mecatrónica, en la Universidad UTE (antes Universidad Tecnológica Equinoccial) de Quito, trabajo en el que Pablo Velarde Rueda, docente de mecatrónica en esa casa de estudios, fue el director.

El nombre del robot hace honor a un antiguo libro o cartilla inicial de lectura conocido como Nacho Lee o simplemente Nacho, que se usó hace algunos años en Ecuador y en otros países de Latinoamérica.

«La idea es hacer una evolución del libro de texto, de manera que los niños puedan interactuar ahora con un dispositivo tecnológico, que les permita desarrollar capacidades, tanto de lectura como de escritura», dice Velarde, en entrevista con RT. Y añade que el objetivo del dispositivo es: «ser ese nexo entre la educación tradicional que, sin dudas, ha funcionado y darle ese enfoque de la tecnología».

¿Cómo funciona?

«Es un juguete que le permite al niño escribir textos y mostrarlo al robot, y este va a leer lo que el niño ha escrito y determina si está bien o no», detalla Velarde.

También tiene la función de dictado. En este caso, Nacho le dicta determinadas frases al pequeño, él las escribe en un papel, tablet o computadora y, una vez más, las muestra al robot para que le diga si está bien hecho o no. Al respecto, su creador indica que el dispositivo tiene «oraciones predeterminadas» que se reproducen en una «secuencia automatizada».

Tiene la opción para ser manipulado remotamente a través de una aplicación desde un teléfono inteligente. Desde ahí se le pueden indicar las funciones a realizar e incluso precargar más oraciones.

Velarde explica que el robot es un armazón de acrílico (plástico), que lo hace resistente a caídas y al uso que le puedan dar los pequeños, a quienes no hace ningún daño. Mide 10 centímetros de altura solamente y le incorporaron cabello negro alborotado en su cabeza, con la intención de hacerlo parecer a un loco profesor de ciencia.

En su interior tiene un microcontrolador, que es un circuito integrado, compuesto por una unidad central de proceso (CPU), memorias y líneas de entrada y salida (periféricos); este «está programado en lenguaje python, que es el que da las facilidades para que pueda hacer el reconocimiento de los caracteres», explica el docente.

Tiene una cámara que simula los ojos, por donde ve lo que le presentan los niños en el papel o en el dispositivo electrónico y que, mediante redes neuronales artificiales, decodifica.

También se emplea una voz artificial de computadora para que el robot pueda transmitir a los pequeños lo que ha leído y, además, para hacer los dictados y dar las órdenes.

Sobre el prototipo que hicieron, Velarde señala que aún «hay varias cosas que se pueden mejorar», entre ellas, «darle un poco más de movilidad, para que sea un poco más atractivo, más llamativo» para los niños.

Ir a donde no llega la tecnología

Velarde señala que tienen previsto presentar a Nacho ante el Ministerio de Educación de Ecuador como una opción para que se incorpore a las escuelas públicas; pero, el trámite se ha dilatado por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del nuevo coronavirus.

«Nos gustaría llegar a lugares donde difícilmente llega la tecnología, a lugares donde hay niños que pueden explotar las capacidades de este juguete«, enfatizó el docente.

Además, a futuro también se plantea como una opción para que los niños lo tengan en casa «y que sea un compañero de deberes».

«Muchas veces es un poco tedioso para los padres hacer el dictado con el niño para que desarrolle las habilidades de lectura y escritura, entonces la idea es que se convierta en un juego esta actividad», finaliza Velarde.

Edgar Romero G.

Fuente de la Información: https://actualidad.rt.com/actualidad/361368-ecuador-inventan-robot-nacho-leer-escribir

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