Hace 133 años el Congreso de la Segunda Internacional Socialista, reunido en París, declaró el 1° de Mayo como Día Internacional de los Trabajadores, en homenaje a los mártires de Chicago. El 1º de mayo de 1886, a iniciativa de la Federación Americana del Trabajo, se convoca a una huelga destinada a lograr el reconocimiento de la jornada de ocho horas a partir de ese día. El 4 de mayo se movilizan 20.000 trabajadores en la plaza Haymarket de Chicago. La policía dispara contra la multitud, matando e hiriendo a numerosos obreros. Una bomba ocasiona la muerte de un policía. Se inicia un proceso penal contra 31 dirigentes sindicales y como resultado el tribunal condena a muerte a cinco, a prisión perpetua a otros dos, y a uno a quince años de trabajos forzados. Nunca se probó en el juicio que fueran culpables. Como suele ocurrir en los procesos políticos promovidos por las clases dominantes –en la línea de lo que hoy se llama lawfare– poco importaba que lo fueran o no. El objetivo del proceso era escarmentar a los trabajadores en lucha. El 11 de noviembre de 1887 se cumple la sentencia y los militantes anarquistas August Spies, Adolph Fischer, George Engel, Albert Parsons y Louis Lingg son ahorcados.

Luego de la primera celebración del 1° de Mayo de 1890 a través de multitudinarios actos en Buenos Aires y Rosario, los trabajadores debieron enfrentar la feroz represión policial. El 1° de Mayo de 1909, el jefe de policía Ramón Falcón ordena atacar el acto anarquista de Plaza Lorea, provocando 14 muertos y 80 heridos. Como consecuencia de estos crímenes, se unen las diversas tendencias (socialistas y anarquistas) y durante más de una semana se paralizan todas las actividades en la ciudad de Buenos Aires. Meses después, Falcón muere por una bomba arrojada por Simón Radowitzky.

La Liga Patriótica, una de las primeras organizaciones de ultraderecha en nuestro país, fue creada por el político de extracción radical Manuel Carlés. Se ocupaba de contratar rompehuelgas, premiar a quienes no se incorporaban a los sindicatos, organizar provocaciones y atentados, participando activamente en la represión y muerte de trabajadores durante la Semana Trágica de 1919.

La continuidad de la lucha de los trabajadores y sus organizaciones políticas y sindicales hizo posible que los objetivos planteados por los mártires de Chicago se cumplieran parcialmente durante el siglo XX.

Uno de los capítulos heroicos de la lucha de la clase trabajadora fue la huelga de los peones rurales de la Patagonia en 1921, que reclamaban salarios dignos, jornada limitada de trabajo, el derecho a la organización sindical, higiene y seguridad en el trabajo. La huelga concluye con la masacre de miles de peones y la mayor parte de sus dirigentes, realizada por el Ejército Argentino a las órdenes del teniente coronel Héctor Varela, enviado por el Presidente Hipólito Yrigoyen.

Durante varias décadas, la ley 11.544 de 1929 (sobre las ocho horas diarias y 48 semanales de trabajo) sólo tuvo aplicación en la actividad industrial, comercial y financiera. Los trabajadores rurales fueron excluidos de ella. La primera ley dictada en beneficio de los mismos es el Estatuto del Peón de Campo, sancionado por decreto 28.169 del 8 de octubre de 1944, impulsado por el entonces coronel Juan Domingo Perón, que les garantiza el derecho al salario y condiciones dignas de trabajo, la jornada limitada, los descansos obligatorios, alojamiento, vivienda y alimentación en condiciones de higiene adecuadas, provisión de ropa de trabajo, asistencia médica, vacaciones pagas e indemnización por despido. El Régimen del Trabajo Agrario de la dictadura significó un claro retroceso a épocas pretéritas.

Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la ley 26.727 de 2011 deroga el regresivo Régimen del Trabajo Agrario con el que la dictadura había reemplazado en 1980 al Estatuto del Peón, y crea una nueva regulación del trabajo rural que –entre otros beneficios– reconoce a los trabajadores una jornada laboral de ocho horas diarias y 44 semanales.

Los proyectos antagónicos

En artículos anteriores nos referimos a la brutal ofensiva de los grupos económicos y la derecha contra las luchas colectivas de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. A ello se agregan las amenazas de sancionar una “reforma laboral” –en el supuesto de ganar las elecciones– que implicaría liquidar el Derecho del Trabajo existente y un retroceso a las condiciones socio-laborales de comienzos del siglo XX.

Con matices y formas de estilo diferentes, se sumó a estas ideas Antonio Aracre, ex directivo de Syngenta, días después de ser designado jefe de asesores del Presidente Alberto Fernández, proponiendo “una modernización laboral para pibes menores de 30 o adultos mayores de 50 con dificultades para insertarse en el mercado de trabajo”, y llamando a “flexibilizar y modernizar los procesos para que seis millones de argentinos con trabajo formal o precarizado puedan incorporarse más fácil al mundo laboral”. En síntesis: para que exista regularidad en la registración, es necesario que los nuevos “favorecidos” accedan a un régimen de trabajo flexibilizado, con menos derechos.

A dos meses y medio de ser designado, Aracre renunció a su cargo con el fin de “desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar los mercados”, cuando fue él mismo quien generó y/o incentivó dicha “intranquilidad” con rumores tales como una posible devaluación, desdoblamiento cambiario y hasta la posibilidad de renuncia de Sergio Massa.

Los hechos demuestran que los representantes del gran capital no incurren en contradicciones, y que así como plantean la necesidad de una reforma laboral regresiva, también son partidarios de una fuerte devaluación y de la eliminación de cualquier tipo de control de cambios.

Los legisladores de Juntos por el Cambio no sólo han presentado proyectos de supresión de las indemnizaciones por despido arbitrario sino de criminalización de las medidas de acción sindical.

Los proyectos presentados por los diputados del Frente de Todos Claudia Ormaechea –secretaría de género e igualdad de la Asociación Bancaria– y Hugo Yasky –secretario general de la CTA de los Trabajadores– que plantean la reducción de la jornada de trabajo, sin reducción salarial, el primero a seis horas diarias o 36 semanales, y el segundo ocho horas diarias o 40 semanales, tanto en el ámbito público como el privado, ni siquiera han sido tratados en el Congreso de la Nación.

La reducción de la jornada, sin reducción salarial, constituye una necesidad social impostergable a fin de crear más puestos de trabajo, distribuir el trabajo de forma más homogénea entre la población, reduciendo el malestar asociado al desempleo, a las largas jornadas y al escaso o nulo control de los trabajadores sobre el tiempo de trabajo.

No obstante el tiempo transcurrido desde la sanción de la ley 11.544, el avance tecnológico y el crecimiento de la productividad de las empresas, la jornada máxima de trabajo en nuestro país sigue siendo la misma. El tiempo efectivamente trabajado suele ser mayor, uno de los más extensos del mundo. Estamos muy por encima de los promedios anuales de los países más desarrollados, como consecuencia de la generalización de los turnos rotativos, de los turnos de 12 horas en determinadas actividades, las horas extras, el desconocimiento de los descansos diarios y semanales, entre otros factores.

La resistencia de las clases dominantes a cualquier reducción de la jornada laboral ha sido sistemática y permanente. Ningún convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) referente al tiempo de trabajo posterior a los Convenios 1 y 30 han sido ratificados por nuestro país. El Convenio 47 (de 1935) sobre las 40 horas semanales tampoco fue ratificado.

La Recomendación 116 sobre Reducción de la Duración del Trabajo, aprobado en 1962 por la Conferencia General de la OIT, no ha merecido ninguna atención por parte de los sucesivos gobiernos de nuestro país. Cabe destacar que dicha Recomendación –que hace referencia en su Preámbulo a la semana de 40 horas como “una norma social que ha de alcanzarse, por etapas si es necesario”– determina: “a) que la duración normal del trabajo debería reducirse progresivamente, cuando sea apropiado, con el objeto de alcanzar la norma social indicada en el Convenio 47, sin disminución alguna del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo” [1].

El carácter autoritario del neoliberalismo

El oligopolio mediático más importante del país, el que participa con mayor entusiasmo en esta campaña contra la clase trabajadora, acaba de materializar la violencia simbólica que despliega habitualmente mediante el despido de al menos 48 trabajadores. Cuatro años antes, en 2019, el grupo Clarín había despedido a otros 65. Se negó durante casi dos días a acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, conforme a la cual debió retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto, reincorporándose a los despedidos y cesando las medidas de fuerza. No permitieron el reingreso de los despedidos a las instalaciones del multimedio, por lo que se realizaron asambleas y un acto frente al edificio. El grupo no parece dispuesto a retroceder en este ejercicio de violencia del poder privado, que no responde a razones económicas sino a su voluntad de disciplinar a los trabajadores.

La voluntad de disciplinar a los trabajadores y sus organizaciones a través de métodos legales e ilegales es uno de los objetivos fundamentales de la derecha local, tanto la nucleada en Juntos por el Cambio como la de los fascistas “libertarios”, para hacer posible la transformación regresiva de las condiciones socio-económicas.

La realización de estos objetivos requiere necesariamente el establecimiento de un régimen político de carácter autoritario, que tiene como el ejemplo más cercano el de la dictadura de Pinochet, quien gobernó con una pléyade de asesores de la Escuela de Chicago encabezada por Milton Friedman.

Cabe recordar que el régimen de Mussolini –elogiado por Von Hayek y otros economistas de la escuela neoclásica– puso en marcha en sus comienzos profundas reformas que promovían la austeridad fiscal, monetaria e industrial. Estos cambios impusieron duros esfuerzos y sacrificios a las clases trabajadoras y garantizaron los intereses del gran capital.

Se ha dicho al respecto que “entre las reformas que consiguieron acallar cualquier impulso de cambio social podemos mencionar la drástica reducción de los gastos sociales, los despidos de funcionarios (más de 65.000 sólo en 1923) y el aumento de los impuestos sobre el consumo (el IVA de la época, regresivo porque lo pagaban principalmente los pobres). Todo ello junto a la eliminación del impuesto progresivo sobre las herencias, acompañado de un aumento de los tipos de interés (del 3 al 7% a partir de 1925) así como de una oleada de privatizaciones que estudiosos como el economista Germà Bel han calificado como la “primera privatización a gran escala en una economía capitalista”. “Además, el Estado fascista aplicó leyes laborales coercitivas que redujeron drásticamente los salarios y prohibieron los sindicatos. La derrota final de las aspiraciones de los trabajadores llegó con la Carta del Trabajo de 1927, que cerró cualquier vía de conflicto de clase. La Carta codificó el espíritu del corporativismo cuyo objetivo, en palabras de Mussolini, era proteger la propiedad privada y ‘reunificar dentro del Estado soberano el pernicioso dualismo de las fuerzas del capital y del trabajo’, que se consideraban ‘ya no necesariamente opuestas, sino como elementos que debían y podían aspirar a un objetivo común, el más alto interés de la producción’”[2].

Consideraciones finales

Frente a los desafíos de esta etapa, las organizaciones sindicales de los trabajadores, más allá de sus diferencias, no pueden adoptar una posición meramente defensiva. Creemos que se imponen algunos objetivos:

• Reformular los ejes de acumulación política y organizativa sobre la base de la lucha por el trabajo, los convenios colectivos, el aumento de salarios: por suma fija, aguinaldo y paritarias, sin perjuicio de un nuevo aumento del salario mínimo, vital y móvil.
• La mejora de las condiciones de trabajo, los sistemas de prevención de accidentes y enfermedades, la obligatoriedad en todo el país de las comisiones mixtas de salud y seguridad en el trabajo.
• La reducción de la jornada laboral sin reducción salarial y la participación de las organizaciones sindicales en el control del proceso de trabajo.
• Defensa de los puestos de trabajo, contra los despidos y suspensiones. Luchar por el reconocimiento de la estabilidad en el empleo de todos los trabajadores, estatales y privados.
• Contra toda discriminación en el empleo y contra la violencia en el trabajo.
• Por la regularización de los contratados en el Estado nacional, provincial y municipal; contra la utilización abusiva de las pasantías.
• Conformar intersindicales y coordinadoras regionales; y fortalecer la organización sindical dentro y fuera de las empresas.
• Abolición del secreto comercial y bancario; y ejercicio del derecho al control de la producción, administración y comercialización por parte de los trabajadores en las empresas.
• Re-estatización de las empresas privatizadas. Nuestro país –con sus riquezas naturales, la capacidad de sus trabajadores, técnicos e intelectuales– está en condiciones de superar la dependencia, el hambre y la desocupación si los recursos ayer privatizados y aún no recuperados, fundamentalmente el comercio exterior y los puertos, son puestos bajo el control del Estado.

Notas:

[1] Elizondo, Jorge, “La reducción del tiempo de trabajo y el control del proceso productivo”, publicado en www.jurisbibliotecadigital.com

[2] Mattei, Clara E, “Cuando los liberales se enamoraron de Benito Mussolini”, 13/11/22.

Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/desafios-de-un-1o-de-mayo/