La conquista española en América encontró sociedades aborígenes en distintos grados de desarrollo. Los aztecas en Centroamérica y los incas en Sudamérica fueron las mayores civilizaciones. Abundan los estudios etnohistóricos sobre las comunidades nativas en ambas regiones, fundamentadas en vida y recursos comunes, bajo relaciones de reciprocidad. Los conquistadores, en cambio, buscaron constituir señoríos de tipo feudal, apropiándose de tierras y subordinando a las comunidades. Chocaron dos visiones culturales, pero finalmente triunfaron los “blancos”, tras librar una guerra brutal, destructiva y sin contemplaciones.

Durante la época colonial, la sociedad fue dividida en castas y los últimos estratos de la pirámide pertenecieron a los indios y a los negros esclavos. La vida comunitaria indígena logró mantenerse incluso porque sirvió para la sobrevivencia de todos sus miembros ante la continuidad y extensión de la toma de tierras, la apropiación de minas y el redoblamiento de distintos mecanismos de explotación del trabajo. Así quedaron marcados los cimientos de la diferenciación entre blancos dominantes, con una cúspide de familias terratenientes ricas, frente a la enorme masa de pobladores pobres, entre quienes los indígenas vivían en condiciones miserables.

Muy tempranamente se discutió sobre la naturaleza de los aborígenes y se concluyó que sí eran humanos. El problema, entonces, fue si la guerra y el sometimiento eran “justos”. La respuesta fue el Requerimiento (1512), documento que “legalizaba” la conquista si los aborígenes se resistían al cristianismo. Sin embargo, el fraile dominico Bartolomé de las Casas (1484*-1566), quien había pasado largo tiempo en tierras americanas, logró denunciar ante el rey las atrocidades de la conquista y la terrible condición de las poblaciones sometidas. Gracias a ello, en España se expidieron las Leyes Nuevas (1542), que regularon el trabajo indígena a fin de evitar abusos y, sobre todo, suprimieron la encomienda de servicios (asentada sobre las ancestrales relaciones de reciprocidad comunitaria de los indígenas), que permitía el aprovechamiento del trabajo en beneficio del encomendero, a cambio de su protección y evangelización. Esas Leyes ocasionaron el “general incendio” en América. El conquistador Gonzalo Pizarro levantó a los encomenderos (1544), desconoció al virrey Blasco Núñez Vela y con su ejército lo derrotó en Quito, en la famosa batalla de Iñaquito (1546). Por primera vez, los partidarios del “Gran Gonzalo”, su “caudillo libertador”, plantearon independizarse para formar un reino aparte. Sin embargo, llegó “el pacificador” Pedro de la Gasca, quien finalmente liquidó la “rebelión de los encomenderos”, derrotando a Pizarro en Jaquijahuana (1548).

La polémica sobre la conquista adquirió magnitud filosófica y teológica. Otro sacerdote, Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573) había opinado sobre la “guerra justa” para defender la conquista y sus ideas se difundieron. Escribió una obra titulada Democrates alter, sirve De justis beli causis contra indios, cuya publicación no fue autorizada en su época, de modo que se la conoció tan tarde como en 1892. De modo que en 1550 se convocó a la Junta o Controversia de Valladolid (se extendió hasta 1551) que, con la presencia de miembros del Consejo de Indias, del de Castilla, varios teólogos y un delegado papal, se realizó en el Colegio de San Gregorio. Su propósito fue el debate de las tesis de Las Casas y de Sepúlveda. Las Casas destacó la vida indígena, denunció ampliamente las barbaridades cometidas durante la conquista, la ruina en que habían quedado las poblaciones, los abusos, excesos y formas de explotación sobre el trabajo, la humillación y la miseria que agobiaba a estos seres humanos y la necesidad de protegerlos (su Brevísima relación de la destrucción de las Indias fue publicada después, en 1552). Sepúlveda, quien jamás estuvo en América, defendió la “guerra justa” sobre poblaciones idólatras, a las que era necesario imponer el evangelio; consideró que los sacrificios rituales y el canibalismo tenían que ser erradicados; que el sometimiento era benéfico para transformar las almas y desechar costumbres bárbaras, que no provenían de la perversidad sino de la falta de conocimiento sobre la verdadera religión; y que los indios debían ser tratados como menores de edad, a los cuales había que conducir y vigilar. Desde luego, es imposible resumir aquí la riqueza y magnitud de ese debate. Por primera vez un imperio colonial encaraba su propia expansión. Las Casas se constituyó en el primer defensor público de los indígenas, Sepúlveda en el gran defensor de la conquista y el coloniaje. Pero nunca se expidió un fallo o dictamen final, de carácter oficial.

Casi cinco siglos más tarde de aquellos acontecimientos, ante la movilización indígena que vivió el Ecuador desde el 13 de junio hasta el día 30 del mismo mes (2022), las expresiones de la vieja colonialidad (término empleado por un amplio sector de investigadores sociales), que se creían superadas por la vida republicana y el progreso contemporáneo de la democracia, han vuelto a hacerse presentes. Se trata de un fenómeno igualmente vivido en otros países latinoamericanos donde existen comunidades indígenas y particularmente en México, Guatemala, Bolivia y Perú. El clasismo y el racismo fueron manifiestos pocos años atrás, durante la crisis política (2019) que vivió Bolivia. Se produjeron escenas traumáticas, porque los “indios de mierda” (con esas palabras se les trató) fueron humillados, perseguidos y reprimidos con barbaridad conquistadora. Durante el paro nacional reciente en Ecuador (pero también mucho antes, en el de octubre de 2019 y aún más atrás, desde la primera marcha indígena de 1990) indígenas y pobladores movilizados recibieron furibundos ataques. Lo más grave es que también provienen de las esferas oficiales del Estado. Enfilaron contra los “vagos”, “violentos”, “terroristas”, “salvajes”, “manipulados”, “golpistas”, “mariateguistas”; se llegó a decir que el “narcotráfico” los financiaba, que los “correístas” les patrocinaban y que habían llegado a Quito para destruir, saquear e incendiar. En la ciudad hubo manifestaciones “por la paz” en las que se gritó contra “los indios hdp” y sus dirigentes. La “guerra justa” de la represión, quedó en manos del “uso progresivo de la fuerza”, que se lanzó en varios barrios populares y en forma desalmada contra indígenas y pobladores que demandan justicia económica y mejor vida (circularon numerosos videos en redes sociales), mientras sectores “blancos” clamaban porque les “metan bala”. Todos demostraron carecer de comprensión y conocimientos sobre el mundo indígena y su historia.

La conflictividad y la polarización social que ha ocasionado la cultura del privilegio en favor del bloque de poder hegemónico en Ecuador, y que ha sido cultivada por el fanático interés de quienes desde hace cinco años revivieron un modelo de economía empresarial-neoliberal y ahora plutocrática, que solo ha demostrado consecuencias nefastas en América Latina, no tiene perspectivas de solución en el largo plazo. Si bien se logró un acuerdo entre el gobierno y las organizaciones indígenas encabezadas por la CONAIE, el tema profundo del clasismo y del racismo entre elites ecuatorianas quedó intacto y se ha transformado en obstáculo para la edificación de una sociedad basada en los principios constitucionales de igualdad, democracia y Buen Vivir.

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