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Venezuela: El Centro Internacional Miranda (CIM) autorizado para dictar cursos de postgrado

América del Sur/ Venezuela, 27 de enero de 2017.

La emergencia de instituciones educativas que gozan de una plataforma investigativa, organizativa, formativa y se cimentan sobre  debates permanentes, asegura un inicio prometedor, comprometido, además, con las necesidad y problemáticas del país, pero también con la evaluación de los logros y la posibilidad de resaltar los avances sociales, comunitarios, educativos, en salud, cultura, etc.

En este sentido, el  Centro Internacional Miranda (CIM), generó una propuesta ya aprobada  a través del Centro de estudios Avanzados (CESAV)  para contribuir a la inclusión educativa en los estudios de postgrado,  formar investigadores para cumplir con la meta país de alcanzar, como en países de referencia, el 1% de investigadores por 100 habitantes. Cabe resaltar que  según cifras de MPPEUCT, se tiene el  0,75% alcanzado.

Dicha propuesta se concretó con el acuerdo del Consejo Nacional de Universidades, en su sesión ordinaria, a través de resolución No. 074 publicada en  fecha 25/01/2017, para autorizar al  CIM a ofrecer y dictar cursos de Postgrado conducentes a grados académicos.

Se aspira que  esta autorización al CIM cristalice múltiples posibilidades de constituirse en órgano asesor en materia política, social, comunitaria, educativa y en cualquier otra área a partir del conocimiento y los debates generados  lo que a su vez permitirá consumar el germen que le dio nacimiento al CIM, según Gaceta oficial (Nro. 382244).

Los planes y programas de estudios de Postgrado del CESAV- CIM así como el desarrollo, ejecución y evaluación de los mismos se  regirán por las siguientes líneas generales de acción:

  1. Articulada con los distintos organismos rectores MPPEUCTy su organismo matriz CIM.
  2. Relevancia social del conocimiento. Con métodos y didácticas ajustados a propósitos sociales.
  3. Articulación activa con el contexto. Calidad vinculada a la pertinencia y al desarrollo sostenible de la sociedad.
  4. Indagación constante de la problemática para la vinculación con los procesos investigativos en aras crear espacios de acción y transformación.
  5. Divulgación con el propósito de crear nuevos procesos de reflexión y acción. La divulgación como plataforma de transformación y de trabajo continuo.
  6. Innovación y fomento de modelos pedagógicos no convencionales, interacciones, autonomía, autogestión del aprendizaje, enfoque social del conocimiento.
  7. Trabajo cooperativo tanto a nivel nacional como latinoamericano para dar fuerza al saber propio, a lo que nos define en contraposición a la occidentalización.

 Se dispone desde ya de una potente plataforma de formación académica-investigativa que contribuirá a generar respuestas sustanciales para los procesos de cambio y cooperación educativa en la región desde los aportes de la formación pertinente, crítica, permanente y emancipadora que coadyuven a la transformación educativa, venezolana, latinoamericana  y caribeña.

Fuente: Documentos de creación del CIM-CESAV

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Chile:Ministra de Educación apoya idea de dividir el proyecto de Educación Superior en dos partes

 

America del Sur/Chile/Enero 2017/Noticias/www.biobiochile.c

De a poco se comienza despejar la idea de separar el proyecto de Educación Superior, para que el acuerdo entre el Gobierno y la Nueva Mayoría de fortalecer las universidades del Estado y destrabar la iniciativa, se comience a concretar a partir del mes de marzo como concordaron en el oficialismo.

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, si bien sostuvo que la separación del proyecto fue un tema que ‘se trató pero que no se zanjó’, también dijo que la decisión de fragmentar el proyecto de Educación Superior es algo que resolverá el comité político, pero que la idea es tramitar primero lo que concierne a los planteles estatales.

A pesar que varios parlamentarios aseguran que el proyecto será dividido, la diputada del Partido Comunista Camila Vallejo, aseguró que aún faltan garantías de parte del Gobierno para apoyar esa idea, puesto que tras la reunión no concretó ningún documento que avalara estos consensos en torno a los planteles del Estado.

Sánchez confirmó además que durante la primera semana de marzo serán recibidos por la Presidenta Michelle Bachelet, instancia en la que esperan conocer más detalles de este fortalecimiento a los planteles estatales, pero también los alcances que tendrá el reconocimiento que el Gobierno anunció para las instituciones del G9.

Fuente:

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/01/25/ministra-de-educacion-apoya-idea-de-dividir-el-proyecto-de-educacion-superior-en-dos-partes.shtml

Fuente imagen:

 

https://lh3.googleusercontent.com/lOBM7GY65wrhp1vwmqh33kwedtTTA2o8prpFe2XSoO21_gMAyBziyje6utli2lHF8wUX=s85

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Venezuela: Debemos sentirnos orgullosos de nuestra educación pública y de calidad.

América del Sur/Venezuela/Enero 2017/Noticias/http://www.panorama.com.ve/

El presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que debemos sentirnos orgullosos de tener una educación pública, gratuita y de calidad en Venezuela.

“Debemos sentirnos orgullosos de tener una educación pública, gratuita y de calidad para todo nuestro pueblo, para nuestros niños y niñas, para nuestra juventud”, dijo este viernes durante el acto de entrega de nuevas titularidades a maestros y maestras del país.

«Hoy estaré compartiendo y gobernando con los maestros entregando titularidades y afinando acciones para seguir fortaleciendo la educación», escribió el Jefe de Estado más temprano a través de la red social Twitter, @NicolasMaduro.

En Venezuela, 92 % de los maestros son titulares de sus cargos y están dentro del sistema de protección social diseñado por el Estado venezolano para todos los trabajadores.

Para cumplir esta meta, el Ministerio para la Educación dispuso de un plan de revisión de la situación laboral de los docentes y se planteó la entrega de 45.000 nuevas titularidades con las cuales se alcanzó 92 % de inclusión, con el objetivo de mantener la política hasta llegar a 100 %.

En 2016, a pesar de la coyuntura económica por la baja en los precios del petróleo y la guerra no convencional contra Venezuela, el Estado destinó 73 % del total de su presupuesto para inversión social, lo que hace posible que el Gobierno nacional continúe su apoyo a derechos fundamentales como salud, educación y vivienda.

En este contexto, el presidente Maduro aprobó recientemente 25.000 millones de bolívares para cancelar prestaciones sociales de los maestros jubilados entre 2014 y 2015 e igualmente anunció que la Gran Misión Vivienda Venezuela prevé construir este año 27.000 viviendas a maestros del país, como parte de estas políticas de protección social al sector.

Fuente:

http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Maduro-Debemos-sentirnos-orgullosos-de-nuestra-educacion-publica-y-de-calidad-20170127-0044.html

Fuente imagen:

https://lh3.googleusercontent.com/jqOYA3V3BVqDxkL_QRqbgB5FDW8KLTMufH92eja055VgyiYCyx5JuZcC9uET49KeQkoG=s85

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América Latina y El Caribe: Declaración del Encuentro de Movimientos Sociales y Fuerzas Políticas “POR LA PAZ, LA UNIDAD Y LA INTEGRACIÓN DE NUESTRA AMÉRICA”

Centroamérica/República Dominicana, 27 de enero de 2017. Fuente: CLADE. Autor: Jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños –CELAC-
Encuentro de Movimientos Sociales y Fuerzas Políticas
“POR LA PAZ, LA UNIDAD Y LA INTEGRACIÓN DE NUESTRA AMÉRICA”.
DECLARACIÓN DE  SANTO DOMINGO
 
Los movimientos sociales y las organizaciones políticas  de América Latina y el Caribe, reunidos los días 23 y 24 de enero del 2017 en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, suscribimos el presente documento de ferviente apoyo a la V Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños –CELAC-, junto a la esperanza de que contribuya aún más a la consolidación y el fortalecimiento de ese importante mecanismo de concertación y acción mancomunada de nuestros países, en defensa de los intereses y derechos de las naciones y los pueblos.
 
La CELAC representa un rayo de esperanza para los países latinoamericanos y caribeños que debemos coordinar esfuerzos para juntos combatir los grandes males que nos aquejan, como son:  la pobreza, el hambre, el desempleo, la falta de acceso a servicios de salud, educación y a viviendas dignas, la desigualdad de género y violencia contra las niñas y mujeres, la violación de los derechos más elementales, la guerra cultural y mediática, la inseguridad ciudadana, el flagelo de las drogas, las políticas neoliberales, las acciones ilegales y depredadoras de las empresas multinacionales, la destrucción del medio ambiente, el intercambio desigual y los obstáculos para una comunicación contra hegemónica, entre otros males.
 
Sumamos nuestro esfuerzo militante a la lucha común por la soberanía nacional, la democracia, el desarrollo sostenible y la garantía de todos los derechos humanos para todos nuestros ciudadanos. Esto se torna más indispensable cuando la ofensiva de la derecha en el continente y el reciente ascenso al poder del presidente estadounidense, aumenta el riesgo de que, junto a sus prédicas hegemonistas, misóginas, racistas, xenófobas e imperialistas, se multipliquen y ejecuten las amenazas de agresión características de la vieja política del gran garrote y el intervencionismo, que tantas tragedias han causado a nuestros pueblos a lo largo de la historia.
 
Denunciamos militantemente esas graves amenazas, llamamos a la alerta, la solidaridad más decidida y la unidad de nuestros pueblos, y reclamamos espacios de diálogo entre los gobiernos y los movimientos sociales para enfrentar esos y otros desafíos.
 
Respaldamos la Proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, como fuera acordado en 2014 por los Jefes de Estado y Gobierno en la Segunda Cumbre de la CELAC.
 
Rechazamos la implantación de bases militares por países y organizaciones ajenos a la región, la reactivación de la IV Flota, la implementación de un nuevo Plan Cóndor, los ejercicios militares conjuntos con potencias y organizaciones extranjeras, como la OTAN, y demandamos el retiro de la MINUSTAH de Haití, primer país en alzarse contra la dominación colonial y con el cual nos solidarizamos permanentemente.
 
Condenamos la criminalización de la protesta social y la persecución por grupos paramilitares contra gobiernos, organizaciones y líderes progresistas. En ese sentido, exigimos la libertad de la diputada Milagro Salas y del luchador político Simón Trinidad, y reclamamos justicia para el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
 
Apoyamos la resistencia y la lucha de Puerto Rico por su independencia, aún ausente de la CELAC, y celebramos el indulto de Oscar López Rivera, fruto de la batalla de su pueblo y de la solidaridad internacional por su liberación.
 
Respaldamos firmemente la soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
 
Nos unimos al reclamo mundial por el levantamiento inmediato e incondicional del bloqueo genocida contra la hermana República de Cuba por parte del Gobierno de los Estados Unidos y la devolución del territorio ocupado por la Base Naval de Guantánamo.
 
Expresamos nuestro apoyo incondicional a la Revolución Bolivariana y al legítimo gobierno liderado por el presidente Nicolás Maduro. Exigimos la derogación de la injerencista Orden Ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos que califica a Venezuela como una amenaza a su seguridad nacional.
 
Saludamos la reciente victoria electoral del Frente Sandinista en Nicaragua y la reelección del Presidente Daniel Ortega. Alertamos sobre el intento de socavar la estabilidad del gobierno de El Salvador.
 
Reclamamos la urgente necesidad de erradicar la pobreza, el hambre y la desigualdad social, para construir sociedades justas e inclusivas, que garanticen el acceso para todos a la salud, la educación pública, gratuita y de calidad, a una vivienda digna sin desalojos forzosos, el trabajo digno y el respeto a las conquistas y derechos laborales, el fomento de la cultura y la identidad, las oportunidades para los jóvenes y estudiantes, y la participación efectiva del pueblo. Nos solidarizamos con las luchas de los maestros y los estudiantes en toda la región, incluyendo las reformas educativas.
 
Apoyamos los esfuerzos del pueblo colombiano por alcanzar la paz con justicia social, luego de cinco décadas de cruenta guerra, en el marco de los acuerdos logrados entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, y del inicio del diálogo con el Ejército de Liberación de Nacional. La paz de Colombia es la paz del continente.
 
Nos guía la convicción inequívoca de que el más efectivo recurso es la unidad de las naciones y los pueblos, y en ese ánimo reiteramos nuestro compromiso militante de hacer cuantos esfuerzos sean precisos para poner esa fuerza popular en pie, y así formar una barrera infranqueable contra las pretensiones del imperialismo estadounidense y sus aliados. Avanzar hacia la conquista de nuestra definitiva liberación nacional y social, que desde la inmortalidad nos siguen señalando los guías y precursores de esa causa, nos anima a adoptar la presente Declaración y suscribrirla con el más alto espíritu de solidaridad latinoamericana y caribeña, con eterno compromiso al legado de los  invictos Comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez e inspirados en la heroica resistencia de mujeres como Mamá Tingó, las Hermanas Mirabal y todos nuestros héroes y mártires de la Patria Grande.
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Los huérfanos de la globalización neoliberal

Por: Emir Sader
 Era el camino inevitable, que superaba todo lo que la historia había vivido hasta entonces. El libre comercio, la apertura de los mercados nacionales, el fin de los Estados nacionales, la libre circulación de los capitales, la desterritorialización de las inversiones: en la globalización neoliberal desembocaba inexorablemente el movimiento histórico de universalización de las relaciones capitalistas, iniciado hace varios siglos.

Vivíamos ese momento privilegiado de mercantilización del mundo, frente al cual desaparecían las alternativas, todas restringidas, nacionales, anti-mercantiles, desaparecerían las regulaciones que obstaculizaban a la libre expansión del capital. Países de América Latina habían actuado a contramano de esa tendencia global irreversible, hasta que en Argentina y en Brasil se retomaba el camino de la globalización neoliberal y el futuro volvía a abrirse para esos países.

La elección de Hillary Clinton venía a coronar ese futuro, con un neoliberalismo renovado, teniendo a Macri y a Temer como protagonistas. Todo estaba listo para que la historia de América Latina retomara el camino equivocadamente abandonado por la vía del populismo. En este momento Hillary Clinton estaría desfilando por las pasarelas políticas de la región usando su look neoliberal sacado del closet y celebrada por los gobiernos de Macri y de Temer. Chile había declarado que el TPP (Acuerdo Transpacífico) era el acuerdo del siglo. México había jugado todo su destino en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

De repente, el voto de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea anunciaba que algo estaba fuera del orden mundial previsto.

Enseguida, Donald Trump gana y anula la participación de EE.UU.en el TPP, así como desiste del Tratado de Libre Comercio con Europa y cuestiona el Tratado con México y Canadá.

La brújula de los neoliberales se atasca. El futuro ya no es lo que sería. Justo quienes les habían vendido ese futuro, lo niegan y vuelven al proteccionismo, que decían que estaba superado definitivamente. Salen de los acuerdos de libre comercio que anunciaban que era el destino obligado. Retornan a la defensa de los empleos dentro del país, cuando explotaban mano de obra barata de afuera como el camino de mejorar la concurrencia.

Total, el futuro ya no es lo que fue. Volvió a estar abierto. Lo que se decía que era superado vuelve con fuerza. Lo que se prometía como el destino inexorable, dejó de ser.

Los que han atado su destino a la globalización neoliberal, se quedaron huérfanos. El canciller José Serra prometía llevar a Brasil al TPP, que ahora no existe más. Argentina y Brasil trataron de debilitar los espacios de integración regional, en función del retorno a la subordinación a los EE.UU. Ahora, al igual que a México, se les cierran las puertas. (A Argentina ya le costó el amargo cierre de la exportación de limones. A México le cuesta todo: inversiones, empleos, remesas desde EE.UU.)

No hay destino obligatorio para la humanidad. El futuro está abierto, será decidido por las vías que los pueblos decidan, democráticamente. ¿Por qué no Argentina, Brasil y México, con gobiernos soberanos, deciden próximamente reencauzar sus políticas externas y ampliar y reforzar los procesos de integración latinoamericana, estrechamente articulados a los Brics? ¿Por qué no?

Fuente de la Imagen: https://www.google.co.ve/search?q=Los+hu%C3%A9rfanos+de+la+globalizaci%C3%B3n+neoliberal&espv=2&biw=1024&bih=445&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTiZzhw-LRAhXMdSYKHZWyDO4Q_AUIBigB#imgrc=tQ92wtS1UzZFTM%3A

 Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=222157
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CLACSO: Premio Mercosur en Investigación sobre Políticas Sociales

América del Sur, 27 de enero de 2017.  Fuente y Autor: CLACSO.

Organización: Instituto Social del MERCOSUR | Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Alto Representante General del MERCOSUR.

PREMIO MERCOSUR EN INVESTIGACIÓN SOBRE POLÍTICAS SOCIALES

«Paraguay: la dimensión social y ciudadana en el MERCOSUR»

El Premio está dirigido a nacionales y residentes de los Estados Parte del MERCOSUR y contará con tres categorías: estudiantes de grado, de postgrado y profesionales de Ciencias Sociales

Los trabajos deberán basarse sobre la realidad social paraguaya con temáticas asociadas a la dimensión social del MERCOSUR, en particular el Plan Estratégico de Acción Social, el Estatuto de Ciudadanía o la Declaración Socio-laboral.

Tema:
Paraguay: la dimensión social y ciudadana en el MERCOSUR

Objetivos generales del concurso
El Instituto Social del MERCOSUR (ISM), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y el Alto Representante General del MERCOSUR (ARGM) anuncian el lanzamiento de la primera edición del Premio MERCOSUR en Investigación sobre Políticas Sociales. Esta iniciativa procura promover el desarrollo de capacidades investigativas en el campo de las políticas sociales regionales, alentando la presentación de trabajos de investigadores/as sociales residentes en el MERCOSUR (Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela).

Inscripción hasta el 14 de abril de 2017.

Bases: www.clacso.edu.ar | www.ismercosur.org/premiomercosur

Consultas: premiomercosur@clacso.edu.ar

Apoyo: Secretaría de Acción Social (SAS) | Instituto de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Asunción, Instituto de Ciencias Sociales de Paraguay (ICSO) | Centro de Investigación para el Desarrollo (Id) | Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR (TPR)

www.clacso.org
Secretaría Ejecutiva
Estados Unidos 1168 | C1101AAX | Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel. [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | clacsoinst@clacso.edu.ar

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Observatorio de Derechos de Infancia y Adolescencia EDUARDO BUSTELO comparte su postura sobre la pretensión de «bajar la edad de punibilidad»

América del Sur/Argentina, 27 de enero de 2017.  Fuente y Autor: Observatorio de Derechos de Infancia y Adolescencia EDUARDO BUSTELO
Adhesiones al Comunicado “Menos derechos para la infancia, mas violencia institucional para la sociedad” del Observatorio de Derechos de Infancia y Adolescencia EDUARDO BUSTELO.
El Observatorio de Derechos de Infancia y Adolescencia EDUARDO BUSTELO comparte su postura sobre el proyecto del Gobierno de CAMBIEMOS sobre la pretensión de «bajar la edad de punibilidad» a 14 años.Acceder al Comunicado desde:
http://observatorioinfanciabustelo.blogspot.com.ar/2017/01/menos-derechos-para-la-infancia-mas.html

Comunicado

Menos derechos para la infancia, más violencia institucional para la sociedad.

“La infancia y la adolescencia como categorías sociales, tienen una limitación constitutiva ya que no pueden auto representarse. Así en la mesa de negociaciones los niños, niñas y adolescentes no tienen muchas veces quien los defienda. La infancia no “ocupa” ningún rol social, ni productivo estratégico, ni puede organizar piquetes para tomar un determinado espacio público para reclamar por sus postergadas necesidades. Como los niños, niñas y adolescentes no tienen “poder”, el destino de sus derechos es frecuentemente un dramático silencio. Y es por esa “fragilidad” constitutiva de la infancia como actor social y por lo que la misma representa que necesita ser colocada en un lugar político central, para proteger y promover sus derechos”

                                                                    Eduardo Bustelo

Los abajo firmantes sostenemos que la ausencia de políticas destinadas a la protección de la infancia de parte del gobierno de Macri en su primer año de gestión, se agrava aún más con su iniciativa de bajar la ¨edad de imputabilidad¨, por la que se pretende que los pibes de 14 años puedan ser perseguidos y encarcelados.

Este retroceso legal expone a la Argentina, al descrédito, la condena y las sanciones internacionales, como ya ha sido advertido claramente este Gobierno en los últimos meses por diversos Organismos Internacionales de protección de Derechos Humanos.

El Estado Argentino está obligado por imperativo constitucional y convencional, al rechazo a la baja de la edad mínima penal, sustentado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en especial en la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU con rango Constitucional desde el año 1994.

El Comité de Derechos del Niño postula que la edad mínima de responsabilidad penal se fije en el nivel más alto posible –los 14 o 16 años-; y por imperio del principio de no regresividad, deben evitarse bajas como surge de la propuesta veraniega que de modo “espasmódico” emite el gobierno nacional a raíz de un hecho doloroso al comenzar un año electoral.

Y por si esto fuera poco, el gobierno de CAMBIEMOS con la iniciativa que analizamos, desconoce los consensos alcanzados de los que también fueron partícipe en su oportunidad entre la Nación, las Provincias y la CABA en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia de Julio de 2015. Aquella Acta Acuerdo destaca que la política estatal para una nueva ley penal juvenil, entre otros criterios señala que, “la edad de punibilidad no podrá establecerse por debajo de los 16 años, en respeto al principio de no regresividad y de progresividad en la garantía de los derechos”.

Frente a estos antecedentes, el Ministerio de Justicia pone en evidencia su carencia de autoridad política para impulsar debates de tal envergadura, debido al profundo desconocimiento de los antecedentes históricos que la Argentina registra en este tema.

Denunciamos la contradicción con el principio del ¨interés superior del niño¨ que esconde la propuesta del Ministro de Justicia Germán Garavano, que generaría una arquitectura institucional basada en la penalización de niños, niñas y adolescentes que roza lo inconstitucional.

Sabemos que no son hechos aislados, quieren terminar con la construcción política de esta década basada en la ampliación de los derechos sociales y ciudadanos para imponer un modelo de ajuste económico neoliberal. La vulnerabilidad no es un efecto no deseado del ¨sinceramiento¨ del mercado sino una condición del control y la represión al servicio del poder concentrado.

Alertamos a la sociedad sobre este nuevo intento de la derecha conservadora argentina de imponer una agenda pública que asocia delito y adolescencia, buscando aplicar el Código Penal a personas menores de 16 años.

Nuestra historia social es rica en políticas, herramientas y construcciones sociales destinadas a abordar problemáticas infanto-juveniles. No es que no debe hacerse nada con los menores de 16 años involucrados en comisión de delitos, sino que las intervenciones deben estar organizadas en el marco de un sistema de políticas públicas que privilegie las medidas socio-educativas alternativas al encierro; que sea especializado como requiere un adolescente en proceso de desarrollo; que ponga su prioridad en la prevención, para evitar las transgresiones penales y promover la reintegración de aquellos que cometieron infracciones. Es imperioso contar con una norma que, además, no permita imponer castigos en nombre de la protección.

Consideramos que el Régimen Penal Juvenil vigente debe ser modificado. Coincidimos con lo señalado por los organismos de Derechos Humanos, lo ordenado por la Corte Suprema de la Nación y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ningún organismo de Derechos Humanos, tampoco UNICEF, mucho menos quienes trabajan con chicos y chicas reclaman o concuerdan con reducir la edad de punición penal.

Sabemos que la idea de un crecimiento exponencial del delito juvenil y del supuesto impacto en la “inseguridad” no tiene bases verificables. Tampoco existen argumentos racionales que indiquen que para salir de la “tutela” del actual Régimen Penal Juvenil se deba necesariamente “bajar la edad de imputabilidad”. Existe en ese razonamiento –enarbolado algunas veces desde una supuesta perspectiva progresista- algo de extorsivo: el costo de obtener un régimen legal respetuoso de garantías para los chicos y chicas -dejando atrás la Ley Nº 22.278 de la Dictadura. El jurista chileno, Julio Cortés Morales, lo describió con lucidez: “Hoy en día el Estado es capaz de otorgar más garantías a la vez que incrementa los niveles de punición, resolviendo con eso dos exigencias contradictorias, o a lo menos difíciles de conciliar”.

Nuestra experiencia histórica enseña que el gobierno está haciendo exactamente lo contrario de lo que se necesita para reducir la violencia social y el delito. No confrontar claramente esta política regresiva y represiva que postulan Macri y Garavano allana el camino de la violencia institucional y nos aleja de la paz en nuestra patria, donde las víctimas además son también los niños y niñas de los sectores populares.

El cinismo de esta propuesta hacia el “piberío pobre” es un reflejo de la concepción económica neoliberal de un Estado desertor y otra cara es la desidia que han demostrado en la sub-ejecución presupuestaria en áreas de salud, empleo, políticas sociales y educación; que pone en evidencia la absoluta ausencia de compromiso del Gobierno de Macri con los derechos de niños, niñas, adolescentes y sus familias. La reciente desarticulación de políticas y programas destinados a la inclusión desde el Ministerio de Educación es una evidencia de lo señalado.

Un proyecto de país sensible a los intereses populares, jamás debería privar a la infancia de sus derechos, ni incrementar la violencia estatal contra la adolescencia que el propio modelo excluye.

Con este Comunicado expresamos nuestra posición e invitamos a colegas, especialista, organizaciones sociales y colectivos comunitarios a sumar sus voces e ideas.

Macri…., con los pibes no.

 

 

Integrantes del Observatorio de Derechos de Infancia y Adolescencia «EDUARDO BUSTELO»

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