América del Sur

A estas alturas, no caben dos opiniones: el proyecto de reforma a la educación superior presentado por el gobierno no es idóneo para alcanzar los objetivos que él mismo se plantea y deberá ser objeto de cambios sustantivos para permitir su aprobación en el Congreso. Las causas son varias: error o falta de diagnóstico de los problemas que se quiere resolver; mala técnica legislativa; escaso liderazgo y capacidad de diálogo del Ministerio de Educación; un inadecuado diseño institucional y falta de coherencia entre los medios y los fines que se quiere perseguir.

Lo anterior es extraño, dado que el actual gobierno se tomó dos años y medio para elaborar el proyecto y sus objetivos -formulados de modo general- son ampliamente compartidos en nuestra comunidad política. En efecto, el proyecto pretende: 1. “Consolidar un sistema de educación superior”; 2. “Dar garantías de calidad y resguardo de la fe pública”; 3. “Promover la equidad e inclusión”; 4. “Fortalecer la educación superior estatal”, y 5. “Fortalecer la Formación Técnico (y) profesional”.

Pero incluso el expresidente Lagos vaticina que la ley deberá ser concluida por el próximo Gobierno (que él, de paso, espera encabezar). El proyecto no consolida un sistema de educación superior (un conjunto articulado de instituciones que persiguen propósitos comunes), ni establece incentivos o mecanismos para la mejora de la calidad, ni asegura que los estudiantes más necesitados puedan acceder en mayor proporción a las IES acreditadas, ni tiende a fortalecer la educación pública (ni siquiera la estatal, que es la única a la que se refiere) o la formación técnica.

En lo que se refiere a la gratuidad, el proyecto fue calificado por el Rector Carlos Peña como el estreno de un nuevo tipo de ley: las “leyes contrafácticas”, que consisten en conceder algo (el derecho universal a la educación gratuita), bajo la condición de una realidad actualmente inexistente e improbable (cuando nuestro PIB sea equivalente al de Japón). Es muy difícil que todo esto pueda ser corregido –como anunció la ministra Delpiano- dentro del mes en curso (pero no sería la primera vez, en esta reforma, que los plazos no se cumplen).

Pero desde el Ministerio se insiste en que elaboran una indicación sustitutiva, que corregirá “sustantivamente” los defectos, descartando la división del proyecto para avanzar por capítulos, partiendo por aquellas materias que generan mayor consenso, como podrían ser ordenar la acreditación obligatoria y dar mayor transparencia al sistema de aseguramiento de la calidad; o asegurar la prohibición efectiva del lucro (en las universidades) y establecer una mayor regulación (vía superintendencia) con resguardo de la autonomía. El Ministerio niega lo que en realidad hace, y esta táctica es tanto más riesgosa para la institucionalidad del sector en cuanto puede resultar muy efectiva para el cumplimiento (parcial) de las “promesas” del programa.
Mientras todos los actores siguen discutiendo las falencias e inconsistencias del proyecto de ley, y proponiendo mejoras, el proyecto de ley de presupuesto del sector público sanciona el avance a la gratuidad, incluyendo ahora a (algunos) IP y CFT que no tienen o están en condiciones de transformarse en instituciones sin fines de lucro. La glosa respectiva repite, casi textualmente, los requisitos que el Tribunal Constitucional estimó contrarios a la Constitución (STC  2935-2015), a saber: Estar organizados como personas jurídicas sin fines de lucro y contar con acreditación institucional vigente, de acuerdo a la ley N° 20.129, por 4 años o más. Seguramente, el Gobierno confía en la aprobación previa de la llamada “ley corta” que permitirá la transformación de IP y CFT a entidades sin fines de lucro, ley que también podríamos calificar de “evangélica”, ya que –como advirtió Raúl Figueroa- les pide (a los dueños de los IP y CFT) que demuestren su vocación educacional abandonando su patrimonio, esto es, un “deja todo y sígueme”. Esto quiere decir que el próximo año podría haber un 25% de estudiantes del sistema con gratuidad y un conjunto de IP y CFT que acepten las condiciones de la gratuidad y se transformen en entidades sin fines de lucro. A eso se sumará la apertura de oferta en 2 nuevas universidades y 5 CFT estatales en regiones. Todo ello estaría sin duda cambiando la fisonomía del sistema.

El problema es que –otra vez la “negación”- esta fue, precisamente, la manera de hacer política pública en los gobiernos precedentes, ante la imposibilidad de vencer las “trampas” institucionales (el alto quórum de reforma de la LOCE) o de articular una agenda y un diseño global coherente para el sector. Y las reformas parciales, comandadas por el Ministerio de Hacienda vía ley de presupuesto, han generado tantas distorsiones como beneficios y no han logrado torcer la trayectoria del “modelo” privatista sino que la han terminado profundizando. Y eso es lo que ha venido ocurriendo con la gratuidad vía glosa. Las instituciones que más aumentaron su matrícula en 2016 fueron universidades privadas; no las estatales ni las entidades formadoras de técnicos. Justo cuando la matrícula y el número de titulados CFT e IP, había logrado superar los indicadores de las universidades. Al revés del objetivo que (se dice) se quiere perseguir.

De seguir avanzando la gratuidad vía glosa y la reforma bajo lógica financiera, el Gobierno de seguro podrá hacer cuentas alegres al final de su período, pero –desde la perspectiva de la consolidación de un sistema nacional de educación superior- no habrá, en verdad, muchos motivos para celebrar.

Fuente: http://www.latercera.com/voces/la-reforma-la-glosa/