El panorama educativo venezolano está en constante transformación, y uno de los aspectos más relevantes es el cambio en las edades de los estudiantes universitarios. Así lo revela el director del Observatorio de Universidades y sociólogo, Carlos Meléndez, quien en una entrevista para el circuito Unión Radio, aseveró que «el cuestionamiento sobre empezar la universidad luego de los 30 años ha cambiado, sobre todo en Venezuela».
Matrícula universitaria en Venezuela
Las estadísticas de OBU dibujan un panorama claro: el grueso de la población estudiantil se concentra entre los 20 y 24 años, con un 45%. Le sigue el grupo de 25 a 34 años, que en 2023 representaba un 31%, pero que se ha reducido al 18% en la actualidad, lo que podría indicar una deserción universitaria.
Factores que inciden en la transformación
Meléndez apunta a dos causas principales que confluyen en esta transformación: la crisis educativa y la dinámica del mercado laboral. La crisis, producto de la escasez de profesores y la pandemia, ha impactado negativamente en la calidad de la enseñanza.
Por otro lado, el mercado laboral actual exige una constante actualización de conocimientos y habilidades, lo que lleva a muchos jóvenes a posponer su ingreso a la universidad para adquirir experiencia laboral o formarse en áreas específicas.
Desigualdades de género según OBU
Según la Encuesta del Observatorio de Universidades (Enobu) 2023, publicado el pasado 8 de marzo, las desigualdades de género impregnan la vida universitaria en Venezuela. La falta de acceso a la salud y la precarización laboral son algunos de los principales problemas en las instituciones de educación superior.
OBU Venezuela compartió a través de las redes sociales los resultados de la encuesta, donde resalta que la infrarrepresentación en cargos de poder y la sobrecarga de las tareas de cuidado son solo algunos de los desafíos que enfrentan las mujeres en el ámbito académico.
La Ctera convocó a un paro nacional docente para este jueves 4 de abril. Amsafé se suma a la medida federal y no habrá clases en las escuelas santafesinas. La decisión en reclamo del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), de la paritaria y en defensa de la educación pública. Se realza en otro aniversario, el 4 de abril, del asesinato del maestro neuquino, Carlos Fuentealba.
Este paro nacional es “en reclamo del Fonid que el gobierno de Javier Milei quitó por decreto”, señaló la secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, y remarcó que “el Fonid es una conquista histórica de las y los docentes de todo el país, que peleamos en los 90 contra el ajuste menemista”. Ese logro histórico derivó en la ley de financiamiento educativo que destina fondos específicos a la educación.
Alesso dijo que el paro es también para pedir “por la actualización de las jubilaciones nacionales, el respeto por las jubilaciones y las cajas de jubilaciones de las provincias”.
“Nos solidarizamos con la situación que están viviendo todos los estatales en un momento que están despidiendo miles de trabajadoras y trabajadores, que no van a poder tener su sustento diario”, expresó la dirigenta del magisterio.
En esa lista de reivindicaciones subrayó además “la defensa de la escuela y de la universidad pública”, junto a la urgencia de que se restituyan “los programas de formación docente, los fondos para comedor y copa de leche, la infraestructura escolar”, entre otra larga lista de pedidos.
La advertencia de Alesso es que si se sostienen y profundizan estos ajustes las consecuencias serán muy graves para la escuela y la educación pública. “En homenaje a nuestro compañero Carlos Fuentealba, en este 4 de abril, paro nacional de Ctera”, destacó.
Convocatoria nacional
Ante la eliminación del Fonid y la no convocatoria de la Paritaria Nacional Docente, la Ctera llamó a un paro para el jueves 4 de abril. Es en reclamo de la “restitución del Fonid; la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente; la restitución de un piso salarial a nivel nacional y el envío de fondos para los programas educativos nacionales”, enumeraron en un comunicado que se conoció este martes por la noche.
La medida de fuerza de alcance nacional -tal como señaló Alesso- exige un aumento urgente para los haberes de las docentes y los docentes jubilados; el envío de los fondos nacionales para las Cajas Previsionales Provinciales y se solidariza con las trabajadoras y los trabajadores estatales.
“En este nuevo aniversario del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuentealba, el 4 de abril de 2007, la Ctera rechaza el Protocolo de Seguridad del Gobierno Nacional, que criminaliza la protesta social”.
Este jueves además lanzarán una campaña de firmas para demandar al Gobierno Nacional que garantice la educación pública en todo el país.
Para el paro nacional de este 4 de abril se realizarán conferencias de prensa y acciones en las provincias para visibilizar la grave situación educativa.
En la Ciudad de Buenos Aires, la Ctera participará de la marcha de la CTA al Congreso de la Nación, en defensa de las jubilaciones, contra el ajuste a la movilidad jubilatoria. en defensa de la jubilación.
En Neuquén, en el marco del nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba, se realizará una gran marcha contra el modelo represivo que lleva adelante el Gobierno Nacional.
“Este Paro Nacional es la continuidad del Plan de Acción que Ctera votó por unanimidad”, señalan desde la confederación.
Presentaron un nueva propuesta didáctica en Educación Artística
Realizado por la Coordinación de Educación Artística de Mendoza, este material didáctico recopila y aborda diversas temáticas
En una iniciativa presentada por el Gobierno de Mendoza, se presentó un nuevo material didáctico en Educación Artística. El mismo tiene como fin acompañar las trayectorias escolares de los estudiantes de diversos niveles y modalidades, a su vez podrá ser utilizado por los docentes en diversos espacios curriculares.
Más específicamente, bajo el área de Coordinación de Educación Artística, dependiente de la Dirección de Planificación de la Calidad Educativa, este material didáctico hace una recopilación y abordaje de diversas temáticas, a través del análisis crítico de producciones audiovisuales, realizadas durante las seis ediciones del Festival Audiovisual Latinoamericano SER VOZ.
El material SER VOZ, se trata una experiencia audiovisual cuenta con una guía de trabajo, con propuestas pedagógicas, que podrán utilizarse como insumos para el acompañamiento a las trayectorias escolares de estudiantes de diversos niveles y modalidades.
Una nueva propuesta en Educación Artística
Este surge como un recurso pedagógico que ser utilizado por docentes de diversos espacios curriculares, como insumos para el desarrollo de diversas temáticas, como disparadoras de actividades áulicas o interdisciplinarias y como desarrollo de producciones; a partir de las necesidades que sean de interés para los/as estudiantes, en sus diferentes contextos.
“El uso del lenguaje audiovisual se puede aplicar en diversos Niveles y Modalidades del sistema educativo; ya que además de motivar logra transmitir mensajes que fomentan la comprensión de procesos sociales, históricos, políticos y culturales. También estimula y promueve la reflexión crítica y la transformación de matrices”, expresaron en su comunicado de presentación.
Sin dudas, en las producciones audiovisuales, ya que es el lenguaje en el que niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos encuentran mayor expresividad y facilidad de comunicación de ideas, sentimientos y diversas percepciones del mundo.
Esta herramienta está dirigida a los siguientes niveles y modalidades:
Educación Primaria (Tercer ciclo)
Educación Secundaria, Orientada y Técnica
Educación Especial (EEI)
Educación de Jóvenes y Adultos
Educación Privada
Coordinación de Educación Artística (Escuelas Artísticas Vocacionales)
Entre el desguace del Estado y la precarización de la vida, La Libertad Avanza logró reducir al mínimo las políticas de sostenibilidad que hacían más vivibles las trayectorias de mujeres y disidencias. ¿El desfinanciamiento también puede verse con anteojos violetas?
Apenas pasaron cien días desde que Javier Milei asumió el poder al grito de “AFUERA” y bajo la muletilla de “no hay plata”. En estos tres meses y medio las áreas de género de ministerios, municipios y secretarías fueron licuadas, desjerarquizadas o directamente desfinanciadas, sin nombramientos a cargo ni tareas que ejecutar. Bajo el mote de “ñoquis”, “vagos” y «militantes», las y los trabajadores estatales fueron estigmatizados por el Ejecutivo y vapuleados por los medios de comunicación. Si bien ya comenzaron a ejecutarse los despidos, aún se esperan más para fines de marzo, momento en el cual se vencen aproximadamente 70.000 contratos.
El depredador gobierno anarcocapitalista, que habló en reiteradas ocasiones de la “sangrienta agenda del aborto” y nombró a las feministas como su enemigo, se hizo notar recortando con su motosierra todo lo que hacía más vivible la vida de mujeres y disidencias. Lo que se pudo construir en los cuatro años de la anterior gestión, con autocríticas y medidas perfectibles, va cayendo poco a poco como la arena en un reloj.
Según el informe de la organización ELA y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) -titulado “Un ajuste que agranda la brecha”-, el gasto en las políticas públicas que apuntan a reducir la desigualdad de género fue, en lo que va de 2024, un 33% más bajo en términos reales que el año pasado. Eso significa incluso 9 puntos más de lo que sufrió el presupuesto nacional (24%). “Hicimos este informe porque veíamos que de parte del Ejecutivo había una narrativa explícita que se traduce en medidas concretas de recortar el gasto público, cayendo fuertemente sobre el contenido social. Nos parecía importante hacer zoom en las políticas de género para publicar el informe el 8M y así reabrir la discusión”, explica Malena Vivanco, economista del programa Justicia Fiscal de ACIJ. “Los recortes se dan porque los montos se licuan. El problema es que no se realiza una actualización constante frente a estos niveles de inflación”, asevera.
Malena Vivanco
Entre estas políticas recortadas se encuentra la moratoria previsional que bajó un 38% desde el año pasado, a pesar de que gracias a ella se jubilaron 6 de cada 10 mujeres en Argentina. También hubo una caída del 45,5% en pensiones no contributivas para madres de 7 o más hijes. En el caso de la Asignación Universal por Hije, cobrada en un 95% por mujeres, la caída fue del 4%. “La desigualdad de género no es nueva, es histórica y estructural. Las estadísticas demuestran que las mujeres son las más afectadas por la pobreza y quienes asumen de forma desproporcionada las tareas indispensables para la sostenibilidad de la vida”, asegura el documento.
“El recorte de presupuesto afecta más a mujeres y diversidades porque todo lo que se achica en el Estado se agranda en responsabilidades en la casa, en todos los sentidos. Nosotras somos mayoría en las prestaciones ‘no contributivas’, que en realidad no lo son porque contribuimos muchísimo a la riqueza del país con nuestro trabajo no remunerado”, asegura la economista Lucía Cirmi Obón, Magister en Desarrollo y autora del libro «Economía para Sostener la Vida». “Cuando el Presidente dice que las moratorias para amas de casa no son sostenibles, se olvida que para que los hombres hayan podido salir a trabajar había alguien planchando, lavando y cocinando puertas adentro. El aporte de la economía del cuidado es del 25% del PBI y las jubilaciones se financian mayoritariamente con el IVA, que es el impuesto que más pagamos las mujeres. Para hablar de la sostenibilidad de las jubilaciones hay que hablar de la riqueza no grabada”, enfatiza Lucía.
Las políticas de prevención y asistencia a la violencia de género no fueron la excepción a la regla: en la Línea 144 se bajó un 12% el monto ejecutado. Según datos oficiales esta línea atendió, desde su creación en 2013, 125.000 comunicaciones por año. El programa Acompañar, que consta de un subsidio monetario para personas en riesgo de sufrir violencia de género, cayó en un 69% si se lo compara con el año pasado. La merma en este programa es clave a la hora de pensar los femicidios, crímenes de odio y travesticidios, ya que la autonomía económica es una pata fundamental para la salida de vínculos violentos. “Si dependes económicamente de tu agresor, no tenés posibilidad de salir de ese espiral de violencia”, subraya Cirmi Obón.
En cuanto a las políticas de cuidado, en los centros de primera infancia y los jardines casi no hubo presupuesto ejecutado, con una reducción que alcanza alrededor del 100% entre el año pasado y éste. Dichas decisiones no pueden verse escindidas de las consecuencias materiales que conllevan. El desfinanciamiento de las políticas de cuidado dificulta mucho más la tarea a la que las mujeres dedican el doble de horas promedio por día que los hombres, según el INDEC. “Consideramos que los recortes en las políticas de cuidado son una pérdida enorme porque son éstas las que van al núcleo del problema, las que ahondan en la base de la desigualdad que hay tanto en los hogares como fuera de ellos”, afirma Vivanco. Por su parte, Lucía explica: “En conjunto con el CELS hicimos el cálculo que de 43 políticas de cuidado 22 ya fueron derogadas, eliminadas o totalmente desfinanciadas, 15 están en alerta y solamente 7 en vigencia. Hay un retroceso muy grande en un periodo muy corto”. Ella fue quien se desempeñó durante cuatro años como subsecretaria de Políticas de Igualdad en el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
Lucía Cirmi Obón
El programa Registradas, que servía como incentivo para la formalización y permanencia en el empleo de las trabajadoras de casas particulares, se encuentra con las inscripciones cerradas desde el 31 de diciembre de 2023. Mediante este plan, el Estado nacional pagaba el 50% del salario de la trabajadora durante 6 meses, a cuenta del pago que realiza la parte empleadora. En lo que respecta al programa «Potenciar Trabajo», experimentó una reducción del 71% en comparación con el mismo período de 2023. Este programa contaba con un 63% de mujeres inscriptas a finales del año pasado. “Lo que está en peligro es la autonomía económica de las mujeres. Cuando dejamos todo librado al mercado nos damos cuenta que ese mercado prefiere varones porque piensa que nosotras somos más costosas”, continúa Cirmi.
Como si hiciera falta aclarar, otra de las medidas que fue borrada por el libertarismo fueron los análisis transversales del presupuesto y el presupuesto con perspectiva de género que había impulsado durante el gobierno anterior la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género perteneciente al Ministerio de Economía y encabezada por Mercedes D’Alessandro. Esto, lejos de ser una mera formalidad, “representa una herramienta de gran alcance para comprender las prioridades del gobierno en la resolución de urgencias que aún afectan de manera desigual a distintos sectores de la sociedad, entre ellos a las mujeres y personas LGBTI+”, especifica el informe antes citado.
“Que no existan análisis transversales del presupuesto con perspectiva de género es un problema para la transparencia del gobierno. Todo esto se enmarca en una política de acceso a la información y disposición de la información pública que ya no son tan accesibles. Desde ACIJ hacemos pedidos de información pero vemos que ya no está disponible para todos”, concluye Malena.
Luis Fernando Pumuy abre la llave del grifo que está fuera de su casa y moja casi todo su cuerpo para refrescarse del tremendo calor que hace en la comunidad indígena de Asunción del Quiquibey, donde confluyen las etnias mosetén y tsiname. El agua sale con buena presión a pesar de que las lluvias en este lugar, hasta diciembre de 2023, fueron solo una alegría pasajera. El agua escaseaba en muchas comunidades indígenas y los pueblos amazónicos sufrían por las sequías. Cuando las lluvias volvían el sufrimiento se debía a las inundaciones. Los pueblos indígenas amazónicos se debaten entre esos dos extremos, en la sequía es difícil encontrar agua para sobrevivir y en la época de fuertes lluvias, las crecidas del río amenazan con destrozar sus humildes casas.
Cuando el agua escasea o está contaminada, o cuando las personas tienen un acceso desigual o nulo, pueden aumentar las tensiones entre comunidades y países. Por eso, el lema que las Naciones Unidas estableció para el Día Mundial del Agua 2024 es “Agua para la paz”.
“Cuando cooperamos en materia de agua, creamos un efecto en cascada positivo, promoviendo la armonía, generando prosperidad y fomentando la resiliencia frente a los desafíos comunes”, argumenta Naciones Unidas en un comunicado.
Eso lo entendió muy bien Asunción del Quiquibey, que durante mucho tiempo sufrió por la falta de adaptación al entorno acuático que la rodea. Tuvo que trasladarse en cuatro ocasiones por las constantes crecidas del río Quiquibey que han azotado al pueblo en los últimos diez años. Esas desgracias dejaron a la comunidad sin escuela, sin posta de salud y sin casas. Hoy se reinventan y esperan no tener que soportar un traslado más. El último que hicieron fue solo hace dos años.
Las 36 familias de esta comunidad se han movido, poco a poco, a la zona más alta de su territorio, llevando en sus hombros sus pocas pertenencias, pero también la esperanza. A pesar de las desgracias, los comuneros no están tristes. El agua no es potable, pero valoran el líquido que llega a los grifos de cada una de sus humildes casas a través de tuberías desde una fuente de agua, localizada a hora y media de camino de esta localidad amazónica, que forma parte del municipio de Rurrenabaque, en el departamento de Beni.
Varios pueblos indígenas de la Amazonía boliviana solo tienen conexión a través de los ríos. Foto: Iván Paredes.
Entre agosto y septiembre la sequía llega a su peor momento: las aguas están bajas y la navegación se hace complicada. Para llegar al lugar se debe abordar una embarcación en el centro poblado de Rurrenabaque y navegar durante tres horas entre remolinos, fuertes corrientes, varias lomas de arena y un paisaje biodiverso.
Alejandro Caimani es el corregidor de la comunidad, su máxima autoridad indígena y habla de los embates del agua en la época de lluvias. Muestra su pequeña casa, dice que es nueva y que es la cuarta vez que traslada sus cosas porque Asunción del Quiquibey estaba ubicada en una zona que no era la adecuada. El líder relata que en dos ocasiones la crecida del río destruyó las canchas de la comunidad y las escuelas. Las desgracias también sucedieron porque, según él, la tierra no perdona y va cayéndose a las aguas tranquilas del río Quiquibey.
“El agua es muy importante para nosotros y tenemos la dicha de poder disfrutarla. La cuidamos porque es parte de nuestra familia. Con el agua cocinamos, nos bañamos, la hacemos hervir para tomarla. Imagínate la vida sin agua, eso no queremos nosotros. El agua es vida y acá hay mucha vida”, dice Caimani sentado en el tinglado donde hacen las reuniones en Asunción del Quiquibey.
Aunque el agua llega en exceso con las lluvias, el acceso al líquido es una de las principales vulnerabilidades que conlleva el cuarto traslado que están haciendo. Es paulatino, ya que algunas familias todavía viven en la zona expuesta a la crecida del Quiquibey. La antigua toma de agua corría riesgo por la erosión del suelo causada por el río. “Cada vez que el río inunda, nos afecta en la pérdida de nuestro territorio. Como comunidad estamos trabajando para mover la comunidad una vez más y ponernos a salvo”, relata Caimani.
En medio de este panorama, la comunidad indígena ha puesto manos a la obra: realizaron mejoras al sistema de agua que tienen, el cual incluye un tanque de 5000 litros de agua, reconstruyeron la toma de agua con una tapa que evita el ingreso de tierra y lodos, mejoraron la red de aducción —con 934 metros lineales de tubería— hasta la nueva comunidad y reforzaron el paso de quebrada de 85 metros con un cable de acero.
Las primeras casas de la comunidad de Asunción del Quiquibey que todavía están a orillas del río Quiquibey. El pueblo decidió trasladarse a un cerro más arriba. Foto: Practical Action.Los expertos de Practical Action y las autoridades del municipio de Rurrenabaque ayudaron en la instalación de tubos y conexiones para que el agua llegue a la comunidad de Asunción del Quiquibey. Foto: Iván Paredes.
La secuelas de una inundación
En poco más de dos meses Bolivia pasó de una dura sequía que redujo la superficie de los lagos y el caudal de los ríos, provocando inéditas olas de calor e incendios forestales, a un exceso de lluvias que, en febrero de 2024, superaron los registros normales de varias décadas. Las cifras oficiales dan cuenta de más de 40 fallecidos entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, decenas de evacuados, pueblos inundados y cuantiosos daños a la infraestructura.
Ana Mendoza, del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) de Bolivia, atribuye al cambio climático estos factores. La especialista explica que el fenómeno de El Niño normalmente trae sequía al occidente boliviano y parecía que se prolongaba, pero sucedió lo contrario. Es por eso que las lluvias, que generalmente llegan de la Amazonía brasileña, esta vez también llegaron de la Amazonía peruana y ecuatoriana, lo que no es habitual.
La historia de la comunidad Puerto Yumani, de la etnia tacana y que también pertenece al municipio de Rurrenabaque, es similar a la de Asunción del Quiquibey. Esta localidad, después de las inundaciones de 2015, decidió fortalecerse ante los eventos adversos del clima. Cada año sufren por las inundaciones y aunque hasta el momento no han tenido pérdidas humanas, han perdido sus sembradíos y animales. Por eso, en junio de 2023 construyeron un albergue en la altura. Esta localidad está a 274 metros sobre el nivel del mar y la infraestructura construida está cinco metros arriba del suelo.
Practical Action, una organización sin fines de lucro que tejió alianzas con comunidades indígenas de la Amazonía boliviana y la Alcaldía de Rurrenabaque, dieron los recursos para los materiales y la comunidad puso la mano de obra.
La construcción es conocida como el “Arca de Puerto Yumani” y su objetivo es poner a salvo a las 24 familias de la comunidad en caso de una nueva inundación, como la que los golpeó a inicios de 2015. Ese desastre natural los encontró muy vulnerables y les dejó hambre y enfermedades.
Para llegar a la comunidad de Asunción del Quiquibey hay que navegar por el río Beni. Los indígenas son expertos para dirigir sus botes. Foto: Iván Paredes.
Óscar Cabrera, exviceministro de Defensa Civil de Bolivia en 2015, recuerda que en esa época las inundaciones dejaron más de 1 000 familias damnificadas, sobre todo en el área rural de la Amazonía boliviana.
En Puerto Yumani, el agua llega a cada casa, todas construidas con madera del lugar. Oscar Libay Chamairo, perteneciente a la etnia tacana, es el presidente del Comité de Agua de Puerto Yumani y explica cómo todos los habitantes lograron tener acceso al agua.
“Antes nos quitábamos el agua entre las familias. El agua que teníamos era del municipio, nos llegaba en cisternas. Nos la cortaron desde hace dos años y ahora estamos empezando a utilizar el agua que viene de bombeo. Se hizo un pozo para poder sacar agua, aunque no es potable, es agua que nos ayuda mucho para lavar ropa, cocinar o también para asearnos”, relata Libay.
El “Arca del Puerto de Yumani” se convirtió en centro de reunión de la comunidad. Es como un refugio ante cualquier emergencia. Ruti Chao, una anciana del poblado, no se distrae. Anota todo lo que puede. En frente están los expertos que les asesoran en caso de que sufran un nuevo desastre. Ruti está sentada y a su lado está su nieta, quien juega con piedras y tierra. La niña no desconcentra a la anciana. “No queremos sufrir como hace años (en 2014), cuando la inundación nos dejó sin casas, sin nuestras cositas, nos dejó sin nada. Fue un año muy difícil”, dice.
A finales de 2014 e inicios de 2015, Bolivia enfrentó una de las peores inundaciones de su historia reciente, la cual afectó, sobre todo, a las comunidades amazónicas. Muchas localidades quedaron bajo el agua debido a las crecidas de los ríos y los pobladores no tuvieron tiempo para reaccionar. Ahora, Practical Action y otras organizaciones aliadas instalaron alertas en varios de los ríos que llegan a estas comunidades, como Asunción del Quiquibey, Puerto Yumani y Altamarani. Son aparatos tecnológicos que avisan sobre las crecidas de los afluentes.
En la comunidad Puerto Yumani construyeron edificaciones altas para colocar tanques de agua que almacenen el líquido vital. Foto: Iván Paredes.
León Lizón Romano, jefe de Proyectos de Practical Action, le explica a Mongabay Latam que se instalaron pluviómetros en varios puntos de los ríos cercanos a las comunidades, para medir la cantidad de lluvia que cae y así poder advertir si los ríos enfrentarán crecidas o no. El experto detalla que esta es una medida de alerta temprana y que este trabajo también va de la mano con capacitaciones con las comunidades indígenas y varias obras, como el Arca del Puerto Yumani.
“Todo esto es un reto, es difícil, pero no imposible. Hay varios desafíos y los proyectos requieren varios ajustes. Nosotros estamos felices de lograr sinergia entre autoridades, comunidades y nosotros, y eso es un logro, ya que mientras más unión haya, los resultados serán más grandes”, explica Lizón.
Muchos de los comuneros esperaban lo peor para inicios de este 2024, ya que calculan que las inundaciones fuertes vienen cada diez años. Tanto en Asunción del Quiquibey, Altamarani y Puerto Yumani tienen la misma percepción. No quieren predecir el mal, pero siguen los conocimientos de sus ancestros. “Lo más seguro era que a principios de 2024 hubiera muchos problemas por nuevas inundaciones. Nosotros conocemos nuestros territorios, y parece que es el tiempo. Pero ahora estamos más preparados para enfrentar las desgracias que son parte del comportamiento de nuestra Madre Tierra”, dice Libay.
Jesús Rivera, director de la unidad de Gestión de Riesgos de la Alcaldía de Rurrenabaque, también tiene temor por las inundaciones por alertas de organismos especializados porque recuerda la de 2014, cuando en su municipio murieron 11 personas y se desplomaron cerros que están muy cerca de la localidad amazónica.
“Se perdió el sistema de agua potable, que viene de la serranía, por 28 días. La gente tomaba agua de la lluvia, de algunos arroyos y muchas personas se refugiaron en las unidades educativas. Entonces, en esta unidad educativa (Germán Busch) la hemos elegido para que sirva como refugio para que las personas que lleguen puedan utilizar el sistema de cosecha de agua, y por medio del tinglado podamos reutilizar el agua”, destaca Rivera.
La cancha de fútbol y varias casas de la comunidad Asunción del Quiquibey ya se encuentran en terrenos altos debido a las crecidas del río Quiquibey. Foto: Practical Action.
El Fenómeno de El Niño causó inundaciones en Bolivia pero los indígenas amazónicos de estas comunidades se sienten satisfechos con los resultados de las acciones implementadas, ya que la época de lluvias intensas pasó sin causarles estragos. Esperan seguir teniendo el mismo éxito en el futuro.
El agua llegó a Altamarani
Altamarani también es una comunidad indígena de la Amazonía boliviana. Pertenece a la etnia tacana y al municipio de San Buenaventura del departamento de La Paz. En esta localidad, el agua también es un recurso preciado y cuidado. Norberto Buchapi es el presidente del Comité de Agua de la comunidad y recuerda que en su niñez y adolescencia no tenían acceso al líquido porque no había arroyos cerca. Sólo consumían agua del río Beni.
Hasta el 2005 utilizaron el agua del Beni para todas sus necesidades, a pesar de que estaban contaminadas. Sin embargo, un año después todo cambió: se instaló un tanque de agua elevado y se perforó un pozo de 26 metros de profundidad.
“Al principio el proyecto no funcionó. A los ocho metros de perforación se encontraron con terreno arcilloso. Tuvimos que parar. Pero luego se realizó una nueva perforación y tuvimos que profundizar para sacar buena agua, que no es potable, pero nos ayuda mucho”, relata Buchapi.
En Altamarani también se instalaron dosificadores de cloro para el mejoramiento de la calidad del agua. Además, se hizo seguimiento al trabajo del Comité de Agua, el cual está establecido dentro de la organización comunal y se encarga de la operación, mantenimiento, administración del sistema de agua y el consumo de cada usuario.
Roxana Áñez aprovecha el agua que llega a la comunidad Altamarani para realizar trabajos de producción. Ella produce harina de banano. Foto: Iván Paredes.
En esta comunidad también se instaló un sistema fotovoltaico para el bombeo del líquido y un biodigestor para el tratamiento de aguas negras de los baños de la escuela del pueblo. Practical Action, junto a otras organizaciones, desarrollaron estos proyectos.
“Después de realizar un análisis del agua en esta comunidad, descubrimos que las fuentes de agua contienen niveles altos de hierro y manganeso de origen natural. Esto era problemático para el consumo. Además, dañan los sistemas de distribución, como tuberías y grifos, a mediano y largo plazo”, remarca León Lizón Romano, jefe de Proyectos de Practical Action.
En Altamarani viven 25 familias, la mayoría se dedica a la agricultura y también tienen emprendimientos propios, como la producción de chocolate y harina de plátano. Roxana Áñez abre la llave del grifo que está fuera del centro de producción de harina. Lava su materia prima y también sus manos. Está feliz, es como si estuviera conociendo el agua por primera vez.
“Acá el agua nos sirve para todo. A mí me ayuda mucho para avanzar con el emprendimiento que tenemos con las mujeres de la comunidad. La familia también utiliza mucho el agua. Nos sirve para cocinar, para la higiene, para lavar ropa, la hervimos y sirve para tomar o para hacer una chicha (refresco). Tenemos la dicha de que nos organizamos y ahora podemos tener agua, no como antes, que teníamos que caminar al río Beni para tener un agua sucia y contaminada”, explica Áñez.
Norberto Buchapi es el presidente del Comité de Agua de la comunidad Altamarani, en plena Amazonía boliviana. Foto: Iván Paredes.
En la comunidad, 10 000 litros de agua duran tres días. Buchapi es el encargado de abrir la llave maestra para que el tanque vuelva a llenarse. Ese proceso, que antes duraba tres horas, hoy puede durar hasta cinco horas, lo que demuestra que cada vez es más difícil obtener agua para llenar el tanque. Cada familia de la comunidad paga por el servicio de agua, no más de 21 bolivianos (tres dólares). El dinero recaudado es utilizado para el mantenimiento del tanque y otros servicios que son parte del funcionamiento del sistema hídrico, como el pago de la energía eléctrica para que la bomba funcione.
Resiliencia es la palabra que ahora más se comprende en estos pueblos amazónicos. Las comunidades están superando las circunstancias traumáticas que vivieron debido al cambio climático, principalmente por la sequía y las riadas, fenómenos antagónicos que los han afectado por igual. Crecidas de ríos, desplazamientos, derrumbes, migración e inundaciones, son algunos de los desastres que sufrieron y que, paradójicamente, conllevaron a la escasez de agua. Buchapi recuerda que hace una década la crecida del río Beni dañó los sembradíos que tenían y algunas casas se derrumbaron. Nunca más volvieron a tener ese tipo de sufrimiento.
En la época de sequía la situación empeoraba y esto provocó la migración de muchos de los habitantes de Altamarani. Las familias se dispersaron y muchas decidieron irse a zonas urbanas a buscar una vida mejor. Los comuneros que se quedaron, después de mucho tiempo de esfuerzo, ahora tienen acceso al agua y tienen algunos emprendimientos que administran.
Michelle Vásquez, especialista en medio ambiente del Área de Gestión de Riesgos del Servicio de Hidrología y Meteorología (Senamhi) de Bolivia, explica que la sequía en la Amazonía no era un evento muy recurrente y que las inundaciones sí eran más frecuentes, pero en los últimos años, aproximadamente desde el 2016, las afectaciones por la falta de agua son más fuertes y recurrentes.
El cañón de El Bala en pleno río Beni. En épocas de lluvias estas aguas crecen y es difícil la navegación. Foto: Iván Paredes.
“En los próximos meses no tenemos un escenario favorable, las proyecciones que se tienen es que habrá menos precipitaciones, por tanto, es muy probable que la sequía continúe”, dice la especialista.
En las tres comunidades pasaron los meses más intensos del fenómeno de El Niño sin sobresaltos, a pesar de que Bolivia atraviesa un duro golpe por las intensas lluvias, lo que provocó desbordes de ríos e inundaciones. Desde Puerto Yumani, Altamarani y Asunción del Quiquibey no se escucharon desgracias, al contrario, midieron la resiliencia y también esperan enfrentar la crisis de la sequía con éxito, y más que con éxito, con agua propia.
*Imagen principal: Un niño de la comunidad Puerto Yumani bebe el agua que sale de un grifo. El recurso llega a los hogares gracias al trabajo de los comuneros. Foto: Iván Paredes.
La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa) detectó una cifra récord de incendios en Venezuela durante el mes de marzo, que no se veía en el país desde hace 21 años.
El sensor Modis (Espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada) del organismo estadounidense alertó sobre un número inédito incendios a principios de año en tiempos recientes, según publicó el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) de Brasil.
La cantidad de siniestros entre enero y febrero de 2024 sobrepasan los 9.000, más que cualquier otro enero o febrero desde el comienzo del registro Modis a principios del siglo XXI.
En marzo, el sensor reportó más de 11.000 incendios, siendo superado únicamente por el mes de marzo de 2003.
Otro sensor, conocido como Viirs (Visible IR Imaging Radiometer Suite), que es similar pero con la capacidad de detectar incendios más pequeños y de menor temperatura, también observó un número inusualmente alto de incendios en Venezuela en este inicio de año.
En una imagen publicada en “X” por la Nasa el pasado 26 de marzo, se observa como el sur del Orinoco se encuentra cubierto de una enorme nube de humo proveniente de estas llamas.
Según explican, la temporada de incendios en el país caribeño tiene lugar durante la estación seca de Venezuela, generalmente entre diciembre a marzo.
El súbito aumento de 2024 se debe al clima inusualmente seco y cálido de los meses anteriores a diciembre, causado por los cambios en los patrones de circulación y lluvias asociados con el fenómeno climático El Niño.
Drought and heat fueled an unusually high number of fires in Venezuela during the first three months of 2024. This image captured by @NASA’s Terra satellite shows large, smoky fires burning south of the Orinoco River on March 26. https://t.co/WgJanBK5Xcpic.twitter.com/DIodCE78VB
El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que el Gobierno notificó a alrededor de 5 mil trabajadores por vías informales y otros que se encuentran en «transición de despido». El sindicato realizará un paro nacional con «ingreso masivo» a las dependencias estatales el próximo miércoles.
La ola de despidos desatada por el gobierno de Javier Milei cayó hasta el momento sobre al menos 7 mil trabajadores de ministerios, secretarías, distintas dependencias y áreas descentralizadas del Estado. No obstante, el número es provisorio y no se descarta que para mediados de la semana próxima pueda duplicarse, tal como lo prometió la administración de La Libertad Avanza (LLA).
Los despidos dejan a la Anses al borde del colapso
«Me dijeron que no vaya más por altavoz»: fue el meteorólogo más joven del país y lo echaron por teléfono
La cifra de los despidos que ayer sacudieron a toda la administración pública nacional fue precisada a Página/12 por el monitor de despidos que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) elabora minuto a minuto sobre la base de la información que remiten delegados y delegadas de las distintas reparticiones del Gobierno y ya anunció un paro nacional con un “ingreso masivo y simultáneo” a todos los organismos estatales el próximo 3 de abril.
Los 7 mil casos provisorios se tratan de despidos fehacientes, es decir de personas que fueron notificadas a través de las vías informales que el Gobierno eligió para decirles que quedaron en la calle: whatsapp y mails.
Según el monitoreo, los que recibieron esos mensajes en los últimos días fueron 4.969 trabajadores. Otros 2 mil se encuentran en transición de despido, es decir que serían notificados en breve porque el cierre de las áreas donde se desempeñan ya fue anunciado, según aclaró a este diario el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
La razón por la que el gremio interpreta que esos números son provisorios tiene que ver con la aclaración que ayer hizo el vocero Manuel Adorni cuando corrigió la cifra de 70 mil despidos arrojada por el presidente Javier Milei.
El portavoz aclaró que, en rigor, los despidos serían el 20 por ciento de lo dicho por el mandatario y estimó que se despedirán a alrededor de 15 mil trabajadores. O sea que si hasta ahora hubo 7 mil despidos, la faena del Estado estaría a mitad de tránsito.
Pero la duda no está tanto en el número de despidos como en el porcentaje. “Al parecer, ese 20 por ciento es la ‘pauta’. Esta es la versión que está cobrando fuerza porque el Gobierno habría ordenado elaborar listados con una reducción de personal de entre el 20 y 30 por ciento. Si ese número de referencia fuera la premisa, sufriríamos entre 14 mil y 21 mil despidos”, alertó Aguiar.
Según el monitoreo provisorio hecho por ATE, algunas de las notificaciones que se produjeron hasta el momento son las siguientes:
Anses: 1.200
Secretaría de Agricultura Familiar: 900
Ministerio de Capital Humano: 800
Centros de Referencia de Desarrollo Social (CDR): 600
Secretaría de Trabajo: 517
Agencia Nacional de Discapacidad: 332
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf): 300
Personal Civil de las Fuerzas Armadas: 280
Secretaría de Comercio: 225
Secretaría de Cultura: 208
Nación ART: 200
INCAA: 170
Acumar: 120
Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo): 120
Subsecretaría de la Mujer: 150
Indec: 100
Secretaría de Derechos Humanos: 12
Administración General de Puertos: 185
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV): 89
Conicet: 87
Servicio Meteorológico Nacional: 80
Parques Nacionales: 79
Vialidad: 67
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP): 40
Ministerio de Economía: 26
COPREC (Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo): 25
Secretaría de Energía: 21
CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte): 2
En esa lista, hay algunas particularidades. Por ejemplo, en la Secretaría de Derechos Humanos, su titular Alberto Baños niega la información pero se conoce que tiene tomada la decisión.
En el Ministerio de Capital Humano hubo 800 despidos pero prácticamente se da por hecho que para la semana próxima habrá otros 1000 más.
En la Agencia Nacional de Discapacidad, entre los despedidos hay una veintena que son personas con distintas discapacidades, lo cual viola la ley de cupo que obliga al Estado a su contratación.
Lo último: los 900 despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar son parte de los 2 mil que están en transición de despidos, porque la efectivización del vaciamiento –según el decreto que lo ordena- es dentro de 90 días.
El Gobierno dijo que las bajas de contratos alcanzarán a personas incorporadas durante el último año. Sin embargo, esto no fue así. “Analizamos que no existió un patrón de antigüedad. No despidieron solo a quienes ingresaron en el gobierno anterior sino a personas con más de 20 años de antigüedad, es decir que ingresaron en la gestión de (Carlos) Menem”, subrayó Aguiar.
Además, el dirigente confirmó que el equipo jurídico nacional de ATE “se reunió de urgencia para definir criterios” de acción a fin de defender tanto los puestos de trabajos como el derecho a indemnización de estos trabajadores, si es que los ceses son definitivos. “Se está violentando la estabilidad en el empleo, algo que está garantizado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”, advirtió.
Pero la estrategia del gobierno de Milei para su achique del Estado no se detiene en los despidos. La licuación del salario, la magra paritaria y el congelamiento de sueldos es una forma indirecta de despidos de la que el Estado hace gala y que, inclusive, inspira a algunas empresas.
“El recorte del salario, que a marzo superará el 20 por ciento” equivaldría a (el costo de) 14 mil puestos de trabajo”, reveló a Página/12 Flavio Vergara, director del Departamento de Negociación Colectiva de ATE. Este ajuste también suma “al listado de trabajadores injusta y brutalmente despedidos”, añadió.
En total, la administración pública nacional tiene 140 mil trabajadores, 70 mil de los cuales son contratados. Esta es la cantidad que planea echar Javier Milei, tal como se ufanó el martes en su discurso en el IEFA Latam Forum.
Se trata de la tercera “reforma del Estado” neoliberal en los últimos 40 años de democracia. La primera fue durante el gobierno de Carlos Menem, con las devastadoras consecuencias que ya se conocen. La segunda fue con Mauricio Macri, con la insolvencia y el daño que ya se conoce.
Pero, como se sabe, reestructurar el Estado no es gratis ni es fácil. El entramado de leyes que lo sustentan y las estructuras que sostienen la administración son tantas que lo único que se logra es un daño temporal que a largo plazo le cuesta al Estado más de lo que un gobierno quiso “ahorrar” en el corto plazo.
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