El Frente Sindical de Universidades Nacionales y la FUA resolvieron convocar a una Marcha Federal Universitaria. Desde las bases comunicaron “ratificamos conjuntamente las 48 horas de lucha y visibilización los días miércoles 10 y jueves 11 de abril en todo el país”.
En Aire Nacional conversaron con Emiliano Diez, Secretario General de FADIUNC Mendoza (Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creativos Universitarios), que describió esta medida de lucha docente para defender “la universidad pública y los salarios docentes, no docentes y de investigadores”.
El docente universitario expresó «ayer se reunieron autoridades universitarias y se logro consensuar que la gran marcha universitaria a Plaza de Mayo sea el martes 23 de abril, un acuerdo entre rectores, con todas las federaciones docentes y no docentes y la Federación Universitaria Argentina que nuclea a los estudiantes» y agregó «hay un grave conflicto universitario en todo el pais, tenemos muchas actividades miércoles y jueves en todo el pais, incluso hoy hay clases publicas y mañana participamos de una gran marcha educativa por la tarde del jueves».
Además, desde el gremio expresaron que es necesario resolver cuestiones como las becas, el boleto educativo y aquellas condiciones que hacen posible para la mayoría del estudiantado sostenerse dentro de la universidad como la reincorporación ya de los despedidos en el Estado.
Frank Andrade, secretario nacional de la oficina de Reclamo y Contratación del Colegio de Profesores de Venezuela, denunció que el magisterio venezolano ha sufrido una pérdida significativa de derechos sociales y una disminución de salarios a “niveles miserables” desde la firma de la segunda convención colectiva de trabajo en 2018. Esta situación ha afectado la calidad de la educación en el país.
Andrade destacó que el salario promedio de un docente que se ubica entre las categorías del uno al seis es de entre 40 y 50 dólares mensuales. “La gran mayoría de los docentes que está entre las categorías uno y cuatro no devenga un dólar diario”, expresó en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias.
El secretario nacional señaló que muchos educadores han tenido que complementar sus ingresos con otras actividades debido a los bajos salarios. Además, criticó las políticas neoliberales del Gobierno, como el reciente aumento en los pasajes, que han reducido aún más los ingresos de los docentes.
“Entonces, en la práctica el maestro, el docente está en pobreza extrema”, dijo Andrade. La falta de respuesta del gobierno a las demandas salariales de los educadores ha llevado a una crisis en el sector, con muchos educadores renunciando y migrando. “Más de 150 mil educadores se han ido del país”, destacó.
Andrade también denunció la persecución y amenazas del gobierno venezolano hacia los educadores, lo que ha llevado a un deterioro en la calidad educativa y a un aumento de la deserción escolar. “El gobierno ha manifestado que no permitirá que los pobres salgan de la pobreza”, señaló.
Según Andrade, el Gobierno ha dejado el tema salarial en un segundo plano, enfocándose en las elecciones del 28 de julio. Muchos educadores ven en un cambio político la única solución para sus problemas.
Finalmente, Andrade aseguró que el Colegio de Profesores de Venezuela sigue en pie de lucha y continuará reclamando sus derechos. “No nos rendiremos”, concluyó.
A modo de ejemplo, digamos que la última movilización popular fue en contra de la dictadura. La penúltima, fue el proceso que llevó a Salvador Allende al gobierno popular. Que ambos procesos fueron traicionados, es harina de otro saco.
Durante años se ha dicho y escrito acerca de los movimientos sociales para referirse a una indeterminada cantidad de organizaciones con diversos rasgos y propósitos, que reúnen a personas de buena voluntad, más o menos enojados con el sistema y con el desconcierto a flor de piel, que intentan reunir a cuanta gente tenga algo en común para de vez en cuando salir a las calles a protestar y exigir derechos.
Es gente buena, muchas con historias, casi todos maltratados por el paso del tiempo, los bajos sueldos, los políticos malditos o las policías.
Pero, en rigor, en Chile no existe un Movimiento Social.
Esta afirmación de tono radical podría contradecir lo que durante decenios se ha visto en las calles: centenares de miles de mujeres y hombres, millones en otras veces, exigiendo justicia, democracia y derechos sociales conculcados puntualmente por los gobiernos que sucedieron a la dictadura.
Pero al otro día el mundo ha seguido girando sin inmutarse.
Sucede que desde hace mucho se confunden los desfiles callejeros, las marchas y protestas con un concepto mucho más complejo e interesante que es de la movilización. Como se ha visto y vuelto a ver, esos desfiles con batucadas y permisos de la gobernación, lo único que han logrado cambiar ha sido el sentido del tránsito. Y por algunas horas. Al otro día el neoliberalismo sigue anclado en lo más profundo de la cultura chilensis.
La movilización popular, es decir, el pueblo movilizado, hace referencia a una acción continua, masiva, que utiliza diversos e imaginativos mecanismos y formas de lucha, que despliega una política clara, goza de dirigentes prestigiados y se ordena por una estrategia sólida y construida por muchos, por todos o casi.
Pero, por sobre todo, el pueblo movilizado debe ser el portador/creador de una mística de tal envergadura humana, de tal profundidad legitimadora y de tal calado emocional, que seduzca en lo de muy adentro a la gente víctima del sistema, al extremo de decidirse por hacer los mayores esfuerzos y sacrificios por el triunfo.
La movilización popular es un proceso, un movimiento incesante que va, viene y vuelve a venir, que se articula con otros, que se propone metas y desafíos, que es capaz de generar una mística y que pone en el centro la lucha por los derechos de las personas, impulsado por un Movimiento Social asentado en una legitimidad capaz de vencer hasta el más incrédulo. Y al más sectario.
A modo de ejemplo, digamos que la última movilización popular fue en contra de la dictadura. La penúltima, fue el proceso que llevó a Salvador Allende al gobierno popular. Que ambos procesos fueron traicionados, es harina de otro saco.
Digámoslo: un Movimiento Social es ante todo un movimiento político que se propone una resistencia transformadora, contrario a la hegemonía; que se articula a partir de sus propias experiencias, aprendizajes y errores; su estrategia es superar el orden dominante con el protagonismo inevitable del pueblo, el que, desde abajo y horizontalmente, debe ser capaz de gestar un pensamiento y una acción, una acción y un pensamiento, que proponga una nueva manera de vivir. Otro país. Otro mundo.
En pocas palabras, se trata de incursionar en la política, el dominio en donde las cosas concretan el cambio, con una estrategia que ordene, proponga el paso y ritmo, pensando con propia cabeza y caminando por propio pie, superando las formas tradicionales de hacer política.
Un Movimiento Social es ante todo una expresión política transformadora a partir de asumirse como sujetos de la transformación y no como simples herramientas de otros, para abrir camino hacia una sociedad que descarte al capitalismo y sus lacras inhumanas. Ya vemos que el fracaso de este orden es el que tiene a la humanidad al borde de la locura y de la muerte porque para intentar sobrevivir aumenta la rapiña, el genocidio y la depredación.
En nuestro país esta mecánica necesaria de los pueblos, no se ha visto ni por asomo. Quizás en algunos colectivos, marginales aun cuando valiosos y empeñosos, que hacen esfuerzos por mostrar caminos novedosos, pero, en general, ha dominado el egoísmo y el interés de grupos que no quieren perder sus prerrogativas.
Prácticamente todas las organizaciones gremiales, sindicales, estudiantiles, campesinas, obreras y de cualquier otra índole u origen, han sido puntual y metódicamente arrasadas por la políticas neoliberales sin que sus dirigentes hubiesen tomado debida cuenta del suceso.
Y, en muchos casos, se puede sospechar que esta debacle generalizada ha sido con su anuencia.
Desde que el tiempo es tiempo, se ha entendido que los llamados a hacer política son los partidos y que los sindicatos, gremios u otras agrupaciones de trabajadores y del pueblo llano, solo deben confiar en el cometido de sus representantes en el gobierno, Congreso y todo lo demás.
Pero un genuino movimiento social, empoderado con la fuerza del pueblo organizado, con todas las razones de la moral y la historia, con una propuesta que seduzca, tiene el derecho y la obligación de asumirse como sujeto del cambio y no como un grupo de personas sometidas a la buena voluntad de los partidos, por muy populares que sean o que hayan sido.
El movimiento social debe poner en juego la cuestión del poder, es decir, debe llevar su gestión mucho más allá de lo meramente reivindicativo, y trazar sus propia estrategia y formas de lucha, armados con la fuerza de una articulación tejida horizontalmente, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo y de un lado hacia el otro.
A esta mecánica democrática y democratizadora, se han opuesto sistemáticamente los partidos de izquierda al mismo tiempo que sus orgánicas han tendido a desparecer. Su influencia en el mundo popular ha ido menguando en proporción directa al grado de institucionalización que han aceptado en un orden que ha perfeccionado y profundizado el neoliberalismo.
A las organizaciones de trabajadores, pobladores, campesinos, Centrales, Confederaciones, federaciones, sindicatos nacionales y gremios, el sistema les quitó el oxígeno asfixiándolas, sin prisa, pero sin pausa, mediante leyes con ocultos incisos contrainsurgentes.
Un día despertamos y esas otrora grandes organizaciones de trabajadores ya no tienen ninguna importancia. Para qué decir la CUT. Se quedaron en alguna parte inofensiva de la historia, al amparo del poder.
Lo que ha faltado para resolver la contradicción entre neoliberalismo y democracia ha sido, precisamente, la irrupción de un vasto Movimiento Social que se proponga disputar el poder en cada uno de los espacios en que este se expresa, poniendo sobre la mesa su propio proyecto de economía, educación, cultura, municipio, región y lo que sea.
Resulta alarmante y vergonzoso que la gente víctima de la economía, de la represión, que ha puesto el pecho a las balas y el lomo al apaleo, que ha sido perseguida, maltratada, ninguneada, despreciada, no tenga nada qué decir, ni sepa cómo hacerlo si tuviera, cuando arrecia en su expresión más descarnada e infame un orden corrupto, ladrón y homicida.
Los sucesos del octubre de 2019 dejaron muy claro que lo que faltó fue, precisamente, esa construcción hecha por la gente, esa cercanía que desordene ordenadamente, una inteligencia colectiva que se proponga metas de rango estratégico, una decisión que tercie en la política y dispute el poder allí donde les duele a los dueños de todo.
Por sobre todo, que sea capaz de seducir al pueblo y le dé una razón profunda para desplegar su amor y su odio.
Fuente de la Información: https://rebelion.org/movimiento-social-sin-amor-y-sin-odio/
Nueva capacitación virtual en alfabetización para docentes de Río Negro
Este curso para docentes busca acompañar el proceso de alfabetización, revisando y fortaleciendo las estrategias de enseñanza
Esta propuesta del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, llamada “Caminos alfabetizadores: la lectura y la escritura en la Unidad Pedagógica”, es una nueva capacitación virtual para docentes de Río Negro. A lo largo de esta formación, se brindarán las herramientas necesaria para trabajar y reforzar este área en el aula junto a los estudiantes.
La misma es una iniciativa que se da a través de la Dirección de Superior, y la formación virtual no solo está destinada a docentes de Río Negro, sino también a supervisores/as, equipos directivos, de Orientación Técnica, referentes TIC, y educadores que se desempeñen en el Nivel de Educación Primaria de Río Negro.
Capacitación en alfabetización para docentes de Río Negro.
Este curso para docentes busca desarrollar y acompañar el proceso de alfabetización de los/as estudiantes, revisando y fortaleciendo las estrategias de enseñanza que se utilizan en el aula durante el desarrollos de aprendizajes fundamentales de lectura y escritura.
Además, actualmente, la heterogeneidad del aula desafía diariamente las prácticas pedagógicas. Por ello, es necesario analizar la práctica educativa es un ejercicio que permite andamiar con mayor precisión y soltura los diversos caminos alfabetizadores que se entraman en nuestro espacio de clase.
En este sentido, se pone a disposición una experiencia de aprendizaje no estructurada organizada en Ejes de Indagación donde los/as docentes investiguen la alfabetización inicial en su contexto didáctico y desde los marcos teóricos del Diseño Curricular de la Provincia, a través de material bibliográfico, actividades de producción y orientaciones.
El periodo para anotarse se extenderá hasta el lunes 11 de abril y la fecha de inicio de la formación es 12 de abril.
Las inscripciones se realizan mediante el siguiente link.
Fuente de la Información: https://aptus.com.ar/nueva-capacitacion-virtual-en-alfabetizacion-para-docentes-de-rio-negro/
Con muy pocos alimentos y bajo una campaña de descrédito lanzada por el gobierno, cocineras comunitarias y luchadoras sociales sostienen las ‘ollas populares’
BUENOS AIRES – “Muchas familias vienen a los comedores, personas que no están trabajando y que antes no venían. Hay ancianos, mujeres embarazadas y muchos chicos”, dice Alicia Casimiro, que coordina un comedor comunitario en la Villa 31, un barrio hacinado en el centro de Buenos Aires, justo al lado del distrito más exclusivo de la capital argentina. “Lo único que logramos hacer es un guiso sin la suficiente verdura”.
A unos 31 kilómetros de allí, Griselda Burgueño dice: “El pan es cada vez menos; no alcanza”. Ella coordina otro comedor, u olla popular, en Gregorio de Laferrère, ciudad del partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. “Estábamos acostumbrados a llenar el táper para que la familia tenga para comer al mediodía y noche, y ahora no lo podemos hacer porque si no las de atrás quedan sin comer”.
Casimiro y Burgueño son luchadoras sociales. Y son también parte de un contingente de unas 140.000 mujeres que suman a sus rutinas y preocupaciones cotidianas la carga de pelear contra el hambre, cocinando a lo largo de todo el país para más de 10 millones de personas que van a las ollas en busca de un plato de comida.
En los últimos meses, la carga se hace insoportable porque en Argentina, tradicional productora de alimentos, la comida escasea para cada vez más gente.
El gobierno de Javier Milei, el presidente libertario de derecha que asumió el cargo en diciembre, suspendió la distribución de pasta, arroz, yerba y otros alimentos no perecederos que entregaba a las ollas populares, citando la necesidad de hacer “auditorías” para frenar la presunta “extorsión” de grupos que administran una parte de los comedores – las comunidades organizadas de las ‘villas miseria’ (como despectivamente se conoce a estos barrios) y los piqueteros, movimientos de desocupados que protestan cortando calles.
“¿Por qué el gobierno nos pone a las cocineras como enemigas?”, cuestiona María Claudia Albornoz, dirigenta de La Poderosa, uno de los movimientos villeros más grandes de Argentina que funciona en asambleas barriales desde 2004 y gestiona 158 comedores en todo el país, también el de la Villa 31. “La organización comunitaria es lo que nos permite vivir en las villas”.
“Nos encantaría que cada uno tenga un plato de comida en su casa y esa contención de familia que uno necesita para salir adelante y superarse”, dice Casimiro, también integrante de La Poderosa. “Pero la realidad es esta”.
Tradición villera
La Villa 31, tiene su origen en la década de 1930 cuando inmigrantes y obreros provenientes de Paraguay, Bolivia y del norte de Argentina se instalaron en la zona para aprovechar la cercanía del puerto de Buenos Aires y las oportunidades laborales que ofrecía. Luego del asesinato en 1974 del sacerdote Carlos Mugica, quien impulsó el movimiento de curas villeros para el trabajo pastoral y social en el barrio, la villa fue renombrada en su honor.
Hoy tiene más de 40.000 habitantes y ocupa 46 hectáreas entre la zona portuaria, las vías ferroviarias, la estación central de trenes y la terminal de autobuses Retiro, de un lado, y Recoleta, uno de los barrios más caros de la ciudad, del otro. Por arriba la atraviesa una autopista enrejada.
Aquí no entran taxis y colectivos – ni ambulancias sin custodia policial –, tampoco personas extrañas no acompañadas.
Sobre viviendas de ladrillos huecos y chapas, taperas y pasajes estrechos sin veredas se despliega un tendido eléctrico caótico. Hay capillas, escuelas, plazas y canchitas de fútbol con rejas. Aquí y allá, personas grises se reúnen, pese al calor, alrededor del fuego encendido en algún tanque de lata y se balancean al ritmo de la cumbia villera.
Y en lo que podría ser el mismísimo margen de la vida, florece la mirada cómplice, agotada pero servicial de las 11 cocineras del comedor ‘Gustavo Cortiñas’ – el nombre es un homenaje a un joven militante desaparecido en la última dictadura militar – que sirven los últimos platos del día. Trabajan entre seis y ocho horas diarias cocinando, sirviendo, limpiando y administrando los alimentos. Ahora también venden hielo en busca de más recursos para un número de comensales en aumento.
En 2016 se organizaron ante la necesidad de alimentarse y convirtieron el esfuerzo individual en provecho colectivo. “Las vecinas no tenían con quién dejar a sus hijos para trabajar o no conseguían trabajo. Entonces, viendo la necesidad propia y la de las demás, se arma una comunidad”, explica Casimiro, madre de ocho. Así lograron alquilar una pequeña vivienda con una sala amplia al frente y cocina detrás, para instalar el comedor. “Vimos que un plato de comida te ayuda a economizar un poco más los gastos”.
Además de trabajar para la comunidad, se ocupan de los cuidados y del trabajo doméstico en sus casas y algunas también tienen empleos informales, por lo que se autodenominan “trabajadoras de la triple jornada”.
A mediados de 2023 La Poderosa presentó un proyecto de ley, hasta ahora no debatido en el Congreso, para que las cocineras comunitarias reciban un salario mínimo, cobertura médica, vacaciones, licencia por maternidad y aguinaldo.
Las ollas sirven asimismo de espacio de contención para vecinas y vecinos que acuden en busca de apoyo, y como “una línea de defensa” ante el narcotráfico.
“Por más que el padre y la madre salgan a trabajar, no llegan a alimentar a la familia. Y, como salen, no tienen tiempo para darle atención a los hijos”, dice Casimiro, que conoce profundamente la villa en la que ha vivido 33 de sus 49 años. “Y por la misma preocupación a veces (tanto padres como hijos) se ponen a consumir o a vender para otro, para que entre una moneda más a la casa. Para poder llevar un plato de comida uno agarra lo que haya”.
La capital argentina alberga 49 villas en las que viven unas 80.000 familias hacinadas, sin acceso regular a electricidad, agua, calefacción y saneamiento; 73% de ellas tienen de jefa de familia a una mujer. Como en muchos de los 6.500 barrios populares que hay en todo el país, las mujeres llevan décadas trabajando codo a codo para alimentar a sus comunidades.
“Acá todo genera violencia”, dice la cocinera.
Cuando caen lluvias torrenciales, como en marzo, el agua sobrepasa las rodillas, moja colchones, roperos y electrodomésticos, y deja a la gente sin luz por varios días – el temor a electrocutarse usando una instalación eléctrica irregular y empapada puede más que la necesidad.
Pero la huella de años de inundaciones no se va con el sol: cloacas explotadas por falta de infraestructura para abastecer a una población creciente, calles llenas de barro y bichos. “Vivir con olor a humedad en todas partes no es vida”, dice Casimiro.
Gracias al trabajo meticuloso y constante de las villeras, La Poderosa organiza donaciones de ropa, electrodomésticos y mobiliario. También brinda asistencia a personas que sufren violencia de género, talleres de oficios y educación popular en los barrios. Además, amplifica la voz cultural de las villas en una revista mensual que, entre otros fines, busca contrarrestar el estigma de las villas, vistas como lugares donde solo hay droga, delincuencia y miseria.
“La situación de pobreza es tan desesperante, la violencia callejera es tan tremenda que no se puede vivir, pero si no estuviéramos organizadas nuestros barrios estarían en peor condición de la que están”, reflexiona Albornoz.
El lujo de alimentarse
Parada en el centro de la villa, Casimiro señala a unas 30 personas que se acercan a la olla a preguntar si sobró algo de comida. “Antes de la pandemia de Covid-19 preparábamos unas 120 raciones al día; durante la pandemia llegamos a dar 500, y ahora estamos en más de 420 raciones, todo depende de si nos alcanza la mercadería”.
Un menú habitual incluiría mate cocido y tortas fritas para comenzar el día. Para el almuerzo, un guiso de arroz o fideos con calabaza, cebolla y, cuando hay, salsa de tomate, alitas o menudos de pollo. O apenas pimentón con mucha agua, siempre mucha agua. De merienda té con leche y pastelitos. Pero, ante el corte de suministros, muchas ollas y merenderos cerraron sus puertas o redujeron la frecuencia y cantidad de comida ofrecida.
Como en otros países latinoamericanos, la inseguridad alimentaria es mayor en mujeres que en hombres, pero Argentina tiene en este terreno la mayor brecha de género.
“No hay ingreso en pesos que aguante”, dice la economista Candelaria Botto, directora de la asociación civil interdisciplinaria Economía Feminista, que busca visibilizar las desigualdades de género en el mundo del trabajo y el mercado. “La situación de emergencia es muy grande, sobre todo en los barrios populares”.
La inseguridad económica también se refleja en la drástica reducción del consumo de medicamentos. Entre diciembre de 2023 y comienzos de marzo, los precios aumentaron 100%, y se registró una caída descomunal en las ventas y el acceso a tratamientos médicos. En ningún país del mundo las medicinas subieron tanto en tan poco tiempo.
“Venimos insistiendo en hablar de violencia económica, porque el gobierno está aplicando de forma sistemática violencia y terror económico sobre la población”, dice a openDemocracy la investigadora Lucía Cavallero, de la Universidad de Buenos Aires e integrante de Ni Una Menos, un movimiento que lucha contra la violencia de género.
Comer para organizarse
La Poderosa y múltiples organizaciones sociales, civiles y religiosas que sostienen unas 44.000 ollas del país, recibían periódicamente alimentos secos del gobierno nacional, más donaciones de carne y verduras de empresas, vecinas y vecinos. En algunos casos, los comedores también recibían donaciones de gobiernos provinciales e incluso dinero del estado o fondos de programas internacionales de Naciones Unidas. Ese dinero, más lo recaudado en actividades como bingos o reciclaje de cartón y vidrio, permitía pagar el alquiler de los locales donde funcionan los comedores, el gas o la leña.
El nuevo gobierno fundamenta sus drásticos recortes en que existía un uso “discrecional y extorsivo” de los recursos y alimentos por parte de agrupaciones que manejan las ollas, y asegura que más de la mitad de los 44.000 comedores registrados no funcionan. En cuanto a las denuncias públicas de dirigentes sociales por falta de alimentos, las autoridades contestan que son expresión de “la disputa por el reparto sin control ni rendición de esa comida”.
Albornoz, de La Poderosa, contestó estas acusaciones en una entrevista radial: “Les haría un dibujito del recorrido de la mercadería a ver si entienden”.
El extinto Ministerio de Desarrollo Social, eliminado por el gobierno de Milei, “compraba las partidas (de alimentos) y las entregaba con un camioncito a los comedores registrados”, explicó Albornos. “Nosotras bajábamos la mercadería del camión, la guardábamos y nos servía para uno o dos meses, según la cantidad de viandas que entregáramos. La figura del intermediario no existe”.
“Tomas” y resistencia piquetera
Gabriela De la Rosa, del movimiento piquetero Polo Obrero, afiliado al trotskista Partido Obrero, afirma que “las mujeres son las primeras que se organizan cuando hay una crisis… y por lo tanto son las que más copan las organizaciones en las barriadas populares”.
De hecho, no han dejado de hacerlo en las últimas décadas, en particular desde la crisis económica y social que estalló en 2001 – cuando Argentina se declaró en cese de pagos. Entonces, las piqueteras se organizaron para llevar alimentos a los barrios más vulnerados. Ahora administran unas 3.000 cocinas comunitarias y brindan talleres de oficios en todo el país.
La necesidad y la ausencia del estado hizo que decenas de vecinos se organizaran y montaran ollas en 70 puntos de La Matanza, cuenta Lilián Rojas, dirigenta del Polo Obrero en la provincia de Buenos Aires y precandidata trotskista a concejal por La Matanza en 2023. “A nosotros el hambre no nos va a matar”.
En el comedor Villa Unión de Gregorio de Laferrère una treintena de personas sirven a 250 familias unas 1.000 porciones que se acaban en menos de 40 minutos. Cada vez es más frecuente que la comida no alcance siquiera para alimentar a las propias cocineras.
Cerca de allí, también en Villa Unión, unas 600 familias piqueteras se instalaron en terrenos públicos baldíos en los que hasta 2017 solo había campo, basura y escombros; los “tomaron”, puntualiza Rojas. En esos terrenos ocupados funcionan tres ollas, cada una con su nombre: Sector 3, Nueva Unión y Río Cuarto.
“Tenemos tanta experiencia con el hambre y la miseria que nos revolvemos con lo que hay, con lo baratito. Sabemos construir una cacerola popular y salir a pedir comida. Así funcionamos y así seguiremos. Ese es nuestro método, la organización”, dice Rojas.
Richard Marelo, habitante de la toma y encargado de la olla Sector 3, explica: “Los vecinos colaboramos para comprar cables, poner postes, abrir las calles”. Viven en constante disputa con las autoridades locales, que quieren erradicar el asentamiento. “Ahora la policía ya ni siquiera nos deja que vengan los camiones a hacer los pozos” para las cámaras sépticas y para extraer el agua, lamenta Marelo.
Sin mujeres, las familias no podrían ocupar los terrenos, según Rojas. “Son lo principal para aguantar la toma, donde no hay nada, a medida que aumenta la represión”.
Los comedores son la clave.”Nosotros trajimos desde un principio la cacerola para que todas las personas que fueran a tomar esa tierra pudieran comer con sus hijos”, explica la militante en un entorno desolador.
Ranchos de lona, madera, cartón, chapa, goma y bloques con aberturas tapadas o cerradas con láminas de metal o otro material disponible, pisos de tierra, o en su mejor versión, de cemento; baldes que sirven para lavar los trastos; parrilla, leña y fuego para cocinar cuando no hay gas; mesas, sillas, estanterías y alacenas improvisadas.
Los robos son constantes. “El hambre hace que nos roben tomas de luz, bombas de agua y las verduras de la huerta. No podemos tener porque nos roban hasta los zapallos”, comenta.
Pese a la hostilidad, el trabajo colectivo alimenta a decenas de miles. “Empezamos debajo de una carpa, mandábamos todo al fuego. No teníamos nada, solo hambre y miseria”, dice María Zárateu, de 37 años, en la olla Nueva Unión, donde miden la cantidad de arroz a cocinar en asaderas mientras los niños hacen fila con un táper abrazado al pecho.
“De a poco fuimos consiguiendo el gas, la cocina, y hace cinco años estamos cocinando para 200 familias todos los días”, agrega.
En la olla de Río Cuarto, Antonia Cáceres, de 34 años, cuenta que están usando el poco dinero que tienen en sus bolsillos para comprar alimentos. “Cada vez necesitamos más ayuda y el gobierno sigue sin bajar un kilo”, dice. Aquí sirven a unas 50 familias. Su compañera Rocío Fernández, de 23 años, dice que acuden muchos jubilados y cada vez más chicos.
“Las mujeres estamos sosteniendo los barrios de una manera muy difícil”, dice Albornoz, de La Poderosa. “Estamos muy pero muy cansadas, venimos de procesos de muchísimo agotamiento, pero así y todo podemos organizarnos”.
*ALERTA* | *Sabías que en* *Ecuador profesores, estudiantes y padres de familia iniciarán este sábado 7 de abril una nutrida marcha que parte desde Santo Domingo a la capital (Quito)* . Los educadores y estudiantes marcharán 150 km hasta llegar a Carondelet el martes 9 de abril para exigir al Gobierno de Noboa declaré en emergencia al Sistema Nacional de Educación. Invitamos a la comunidad nacional e internacional a estar vigilantes y expresar su solidaridad.
Fuente: Andrés Quishpe, presidente Unión Nacional de Educadores UNE.
La guerra es incompatible con la democracia, la justicia social o la libertad. Apoyarla, contribuir a que se cronifique, también. Al igual que la inacción, el silencio cómplice o incluso el apoyo al genocidio en Palestina. Al igual que la existencia y ampliación de la OTAN. Al igual que los llamados a prepararnos para una tercera guerra mundial de dirigentes europeos. Lo mismo que el aumento de presupuestos para la guerra. Lo mismo que las inversiones en armamento y en destrucción cuyo retorno, mediante deuda, será exigido a los pueblos que sufran esas guerras y que establecerán “gobiernos a distancia” de esos pueblos en manos de los países, la banca y los fondos financieros que detentan esas deudas (como se hace en Latinoamérica, África, etc.).
Los discursos bélicos “patrióticos”, narrativas de salvación a través de la guerra y el genocidio, solo contribuyen al auge de los neofascismos. Como estamos viendo en el régimen sionista de Israel (gobernado por ultraderechistas) o en Estados Unidos (poca diferencia real hay entre Bush y Trump) o en la vieja Europa (con cada vez más gobiernos en manos de la extrema derecha o la derecha extrema).
Frente a la deslegitimación permanente de la democracia por parte del neofascismo y la derecha extrema, excepto cuando les sirve a ellos para llegar al poder y seguir controlándolo, debemos dar ejemplo por parte de la comunidad social y educativa, empezando por los centros educativos públicos (ya sabemos que los concertados tienen dueños e ideología “propia”), de una práctica educativa democrática radicalmente coherente. Una pedagogía democrática que se oriente a la formación de ciudadanía crítica que sea capaz de defender la actual democracia representativa existente, pero que también sea capaz de imaginar y avanzar hacia una democracia participativa real.
Por eso, consolidar las débiles democracias que tenemos pasa inexorablemente por exigir a nuestros dirigentes, que han sido elegidos en democracia, que detengan las guerras o los genocidios como el de Palestina o el Congo. Para que las futuras generaciones crean realmente en la democracia esto es hoy un objetivo tan urgente como necesario, que no solo salvará vidas y el inmenso sufrimiento de millones de personas, sino que apuntalarán las democracias existentes y la democracia como valor y derecho fundamental. No hay democracia sin justicia social, sin igualdad y sin paz.
Sin embargo, los dirigentes europeos, en su loca deriva autoritaria, nos anuncian que nos preparemos para una tercera guerra mundial con el epicentro en Europa, como ha declarado la ministra de la guerra española, Margarita Robles. En su loca deriva antidemocrática, frente a las inmensas manifestaciones de sus pueblos, siguen permitiendo e incluso alentando el genocidio en Gaza, haciendo oídos sordos ante el genocidio en el Congo (no vaya a ponerse en peligro la extracción del coltán para nuestros teléfonos), ampliando la OTAN y aumentando la financiación militar con nuestros impuestos, con los impuestos de los pueblos a quienes quieren mandar a matarse entre ellos. ¡Qué vayan sus hijos e hijas! Si quieren la guerra, ¡que sean ellos y ellas quienes se maten entre sí!
Por eso debemos educar en los centros educativos en y para la democracia, desde el compromiso inequívoco de una educación para la paz. Una educación democrática para la paz desde una Pedagogía de la Desobediencia ante el rearme militarista y genocida.
Una pedagogía democrática exige la práctica de la desobediencia civil activa contra un sistema injusto que permite el genocidio (como ha documentado la relatora de la ONU, Francesca Albanese) de más de 32.000 palestinos por un régimen que se sabe impune ante la comunidad internacional, que mata de hambre a la población y justifica el apartheid en Israel por intereses económicos y geoestratégicos. Un sistema que extrae recursos del Congo a costa de otro genocidio silenciado. Que aumenta obscenamente los presupuestos para la guerra mientras una de cada cinco familias no puede pagar la calefacción de su casa en España y el 26,5% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social.
No podemos seguir siendo “indiferentes” ni “obedientes” ante un modelo social, económico, ideológico y político que justifica y conduce a la violencia, la desigualdad, la insolidaridad, el saqueo del bien común, el ecocidio del planeta, el odio al indiferente, la intolerancia y el fanatismo. La verdadera munición de este modelo no son solo las balas de goma o el gas lacrimógeno; es nuestro silencio y nuestra indiferencia cómplice.
Como dice Howard Zinn la desobediencia civil no es nuestro problema. Nuestro problema es la “obediencia civil”. Nuestro problema es que multitud de personas en todo el mundo han obedecido los dictados de los líderes de sus gobiernos y han ido a la guerra, donde millones han muerto por causa de esa obediencia… Nuestro problema es que en todo el mundo la gente es obediente ante la pobreza y el hambre, ante la estupidez, la guerra y la crueldad. Nuestro problema es que la gente es obediente mientras las cárceles están llenas de ladronzuelos y los grandes ladrones rigen el mundo. Éste es nuestro problema.
Debemos convertir los centros en auténticas escuelas de democracia para cuestionar este modelo social tan absurdamente injusto y para construir alternativas pacíficas, justas y en pro del bien común sean una estrategia habitual que corresponsabiliza al alumnado, no solo en la dinámica democrática de los centros, sino en la construcción de otra sociedad e implica a toda la comunidad educativa en la convivencia y la defensa de la paz de forma radical.
En estos días todas las materias, todas las asignaturas, todo el profesorado debería incluir en sus clases, en su temario, las raíces del genocidio palestino, las causas del genocidio en el Congo, la historia del conflicto en Ucrania, las consecuencias del aumento de los presupuestos para la guerra, el cuestionamiento de los llamados de dirigentes europeos a una tercera guerra mundial en suelo europeo… En matemáticas, en lengua, en conocimiento del medio, en música, en educación física, en todas y cada una de las materias.
La mejor democracia que se aprende en la escuela pública es la que se vive en ella. Educar en y para la democracia, como una manera de aprender a convivir en igualdad, en paz, en justicia social y en libertad, implica que las propias escuelas sean un ejemplo de democracia y de convivencia. Porque de los jóvenes que hoy se están formando dependerá la democracia del mañana. De su implicación en la resolución de los conflictos y de su compromiso con la paz y la democracia dependerá avanzar y consolidar una democracia fuerte y asentada y la construcción de una sociedad más justa y cuya prioridad sea el bien común.
Como plantean Nichols & Berliner (2007): “Deberíamos ser el número uno en el mundo en porcentaje de jóvenes de 18 años que están política y socialmente implicados. Mucho más importante que nuestras puntuaciones en matemáticas y nuestras puntuaciones en ciencia es la implicación de la generación siguiente en el mantenimiento de una democracia real y en la construcción de una sociedad más justa para los que más la necesitan: los jóvenes, los enfermos, los ancianos, los parados, los desposeídos, los analfabetos, los hambrientos y los desamparados. Se deberían identificar las escuelas que no pueden producir ciudadanía políticamente activa y socialmente útil y divulgar sus tasas de fracaso en los periódicos”.
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