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Ecuador: Aulas del terror

Aulas del terror

Más de 4.000 niñas y niños fueron víctimas de abuso sexual en las escuelas de Ecuador en los últimos seis años. Más de 2.000 profesores son acusados en la actualidad de haber cometido abusos en las aulas. Las víctimas, además, sufren revictimización y maltrato psicológico. Sólo el tres por ciento de estos abusos llega a judicializarse y menos aún tienen sentencia. Los abusadores intentan comprar la conciencia de los padres y la Justicia se convierte en un laberinto de burocracia que demora las investigaciones mientras los acusados, huyen. Por John Machado y Andrea Salazar para GK y CONNECTAS

Un día como hoy hace seis años, Julia alistó el desayuno para su hija Dame. La peinó, revisó que su uniforme esté limpio y la vio partir a su escuela. Hoy la niña toma pastillas para la ansiedad y la depresión, aquel día fue víctima de abuso sexual en su aula de clases.

Dame es una de las 4.066 víctimas que han sufrido abusos sexuales en las escuelas del Ecuador entre 2014 y 2019, según los datos del Ministerio de Educación.

Un total de 1.983 docentes son acusados por abusos sexuales dentro de las escuelas, según información oficial. Una base de datos elaborada por una investigación de GK Connectas en la que participaron periodistas de El Mercurio revela que al menos el 97 por ciento de casos de abusos sexuales que involucran a profesores siguen impunes.

Dramas como el que vivió Dame se ven agravados por un mal manejo de las denuncias desde las autoridades escolares. La comisión para tratar sobre abusos sexuales en la Asamblea Nacional, denominada Comisión Aampetra, tomó una muestra de 42 denuncias de abuso sexual infantil en escuelas del país y determinó que, en todos los casos las autoridades de las instituciones educativas incumplieron su obligación de denunciar.

Un día como hoy hace seis años, Julia alistó el desayuno para su hija Dame. La peinó, revisó que su uniforme esté limpio y la vio partir a su escuela. Hoy la niña toma pastillas para la ansiedad y la depresión, aquel día fue víctima de abuso sexual en su aula de clases.

Dame es una de las 4.066 víctimas que han sufrido abusos sexuales en las escuelas del Ecuador entre 2014 y 2019, según los datos del Ministerio de Educación.

Un total de 1.983 docentes son acusados por abusos sexuales dentro de las escuelas, según información oficial. Una base de datos elaborada por una investigación de GK Connectas en la que participaron periodistas de El Mercurio revela que al menos el 97 por ciento de casos de abusos sexuales que involucran a profesores siguen impunes.

Dramas como el que vivió Dame se ven agravados por un mal manejo de las denuncias desde las autoridades escolares. La comisión para tratar sobre abusos sexuales en la Asamblea Nacional, denominada Comisión Aampetra, tomó una muestra de 42 denuncias de abuso sexual infantil en escuelas del país y determinó que, en todos los casos las autoridades de las instituciones educativas incumplieron su obligación de denunciar.

La Contraloría General del Estado detectó –sobre una muestra de 1.182 casos- que menos de la mitad terminaron en la destitución de los presuntos abusadores, los demás prescribieron, se archivaron, terminaron en una suspensión temporal de labores, la reubicación de los docentes o una simple amonestación verbal. Sólo 16 terminaron en una sentencia judicial.

En otro informe emitido en enero del 2020 se indica que, al sur de Quito, las autoridades de educación archivaron sin justificación el 24 por ciento de las denuncias por abuso sexual de docentes entre 2015 y 2018.

El distrito de Educación de esa zona justificó las omisiones por “acumulación de trabajo, vacaciones de los abogados y cambios de funcionarios”.

“¿Qué hicimos mal?”, pregunta Fabián Salguero, padre de un niño de siete años de edad, víctima de abuso sexual. Una mañana su hijo llegó a casa con sangre en su ropa interior, sus padres acudieron de inmediato a la Fiscalía, pero los funcionarios tardaron diez horas en atenderlos mientras el niño “se retorcía de dolor”, recuerda Fabián.

Las demoras en el sistema judicial pasan factura. La Fiscalía informó, hasta el cierre de esta investigación, sobre 39 sentencias condenatorias en firme, esto es un 1,13 por ciento de las denuncias recogidas por el Ministerio de Educación. Esos pocos procesos, además, pueden demorar hasta nueve años en resolverse, según datos de Human Rights Watch.

Entre las razones para que esto pase está la falta de presupuesto. En Ecuador solo hay 29 cámaras de Gessel, nueve de ellas averiadas y no hay presupuesto para repararlas, por otra parte solo 74 de los 840 fiscales del país está capacitado para tratar temas de abuso sexual de menores, además, para atender la demanda de denuncias se requieren 136 psicólogos, pero se cuenta con menos de la mitad.

Ante las trabas del sistema judicial las familias de las víctimas deben pagar sus propios abogados con costos que van entre 800 y 2.000 dólares en promedio, dinero con el que no siempre cuentan. Esa condición económica puede ser usada por los abusadores para comprar conciencias.

Henry Calle, excoordinador (jefe) zonal del Ministerio de Educación, comenta que conoció acuerdos de reparación económica extra judiciales entre los abusadores y los familiares de las víctimas para que se retiren las demandas.

Juana Fernández, experta de la Fiscalía, señala que la institución combate estos problemas a través de la capacitación de sus funcionarios.

Hace un mes, la Fiscalía anunció la instalación de dos nuevas cámaras de Gessel en el país, y la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, insistió al Ministerio de Finanzas sobre la necesidad de contratar más personal. Se requieren al menos 540 investigadores adicionales de forma urgente.

El Ministerio de Educación también presenta falencias. En 2011 se emitió la orden de contar con un plan de erradicación de la violencia sexual en los centros educativos, pero este nunca se implementó según un informe de la Contraloría General del Estado.

Esa no es la única omisión ya que, según la Contraloría, un número indeterminado de procesos desaparecieron de los archivos del Ministerio de Educación.

Otra deficiencia es la falta de Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), encargados de recibir y encausar las denuncias. El Ministerio de Educación calcula que se requieren 7.446 de estas unidades, pero hay apenas 3.460.

Lourdes Cuesta, legisladora y parte de la Comisión Aampetra, apunta al Ejecutivo como cómplice de posibles reincidencias en casos de abuso sexual. De 448 casos revisados por la Contraloría, el 13 por ciento de los docentes denunciados por abuso sexual regresaron a las aulas.

La Corte IDH dio al país un año de plazo, a partir de agosto del 2020, para que se tomen medidas adicionales para la detección de casos de violencia sexual, su prevención y atención a

las víctimas. Mientras corre el tiempo las familias de las 4.066 víctimas de abuso sexual en las escuelas, un 2,4 % de ellas embarazadas por violación, siguen esperando por justicia.

Esta investigación fue realizada para GK y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.

Fuente de la Información: https://elmercurio.com.ec/2021/05/03/aulas-del-terror/

 

 

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Coronavirus: el presidente puso en funciones la Mesa de Salud en Argentinay Educación

El presidente Alberto Fernández puso en funciones la mesa de Salud y Educación nacional, que estará integrada por especialistas del área pediátrica y pedagógica y será el espacio que analizará los indicadores sanitarios de cada jurisdicción ante la pandemia de Covid-19.

“Nuestra mayor preocupación es que vuelvan a clases presenciales lo antes posible, y para eso hay que contener la suba exponencial de contagios”, dijo el mandatario acompañado el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Y añadió: “Estamos haciendo un enorme esfuerzo para tener la mayor presencialidad posible”,  al momento que señaló que  «las aulas no son el problema, el problema es la circulación”.

El mandatario nacional recordó que “de las 24 jurisdicciones, 20 tienen clases presenciales”, y remarcó que lo “que pasa en el Área Metropolitana de Buenos Aires no es igual al resto del país”.

Del encuentro participaron el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, Omar Tabacco; la jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Ángela Spagnuolo de Gentile; la jefa del Servicio de Control Epidemiológico e Infectología del hospital pediátrico Juan P. Garrahan, María Rosa Bologna; la embajadora especial de la OMS /OPS para América Latina y el Caribe, Mirta Roses, y la representante de Unicef en la Argentina, Luisa Brumana.

Los y las especialistas se pusieron a disposición para el trabajo conjunto. “Siempre pueden contar con nuestra contribución para pasar esta situación excepcional”, expresaron. Luego de evaluar diferentes escenarios internacionales,  afirmaron que en Alemania hubo que tomar “medidas estrictas, cortas y específicas” para contar con la mayor efectividad posible. Por ejemplo, abordaron lo ocurrido en Israel que para disminuir la circulación del virus aplicó una cuarentena estricta de un mes y medio, que incluyó el cierre de escuelas.

La instancia, que quedó constituida en una reunión encabezada este mediodía por el Presidente en la Casa Rosada, apunta a que se realice un trabajo conjunto entre las Mesas de Salud y Educación para poder volver a las clases presenciales en todo el país en el corto plazo.

También, asistieron las secretarias de Evaluación e Información Educativa, Gabriela Diker; y de Acceso a la Salud, Sandra Tirado; la secretaria general del Consejo Federal de Educación, Marisa Díaz, y la directora de salud perinatal y niñez del Ministerio de Salud, Gabriela Bauer.

Fuente: https://redaccionrosario.com/2021/04/30/coronavirus-el-presidente-puso-en-funciones-la-mesa-de-salud-y-educacion/

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Manifiesto Unitario de la Clase Trabajadora venezolana (documento descargable)

¡Que los capitalistas y los burócratas  corruptos paguen la crisis!

Este Primero de mayo, Día Internacional de Lucha de los Trabajadores y las Trabajadoras, cuando rememoramos las gestas históricas de la clase obrera en el mundo por arrancar mejores condiciones de vida y trabajo,  en procura de la erradicación de la explotación y de la opresión social, nos encontramos en medio de una prolongada y profunda crisis del sistema capitalista mundial, atizada por la pandemia que azota al planeta y que es aprovechada por las fuerzas del capital y los gobiernos a sus servicios, para imponer condiciones que le permitan maximizar sus ganancias al menor costo posible, estableciendo pleno control social para doblegar toda resistencia a sus pretensiones. Esta es la realidad dominante en todos los países capitalista, tanto en los industrializados como en los no desarrollados, como es e caso de Venezuela.

Lee más en: MANIFIESTO UNITARIO

Fuente: Clase Trabajadora venezolana

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Un país que teme a un campesino con lápiz

El proceso electoral actual que vive el Perú con miras a elegir al próximo Presidente del país, el 6 de junio, está develando todas las miserias intelectuales y morales del bicentenario Perú oficial. La oligarquía peruana, sus intelectuales, opinadores, empresarios evasores, religiosos, medios corporativos… todos en guerra desigual contra un campesino con lápiz.

Las circunstancias políticas colocan al electorado peruano en una disyuntiva inevitable: u optamos por la conocida corrupción pública u optamos por la dignidad promisoria. De eso se trata el próximo 6 de junio.

Kieko Fujimori quiere ser Presidenta para evitar la cárcel

Keiko Fujimori, candidata presidencial del Perú oficial que aglutina a la oligarquía nacional, y a la gran mayoría de los limeños obnubilados por las promesas neoliberales que nunca les llega, quiere llegar al Palacio de Pizarro para evitar entrar a la cárcel por delitos de corrupción. El Ministerio Público del Perú pide 30 años de cárcel para Keiko por delitos como organización criminal, obstrucción a la justicia, entre otros.

Keiko Fujimori, cuyo padre el dictador Alberto Fujimori (quien purga cárcel por delitos de lesa humanidad) privatizó los principales bienes comunes del país, y constitucionalizó el neoliberalismo en 1993, desde los 19 años de edad ejerce función pública con tufo a corrupción. Promete más neoliberalismo en un país que agoniza por los nefastos impactos de dicho sistema.

Pedro Castillo, un campesino con lápiz en mano promete revertir el neoliberalismo

Pedro Castillo, campesino, maestro rural y dirigente magisterial, desde las profundidades del Ande peruano, con sus 51 años de edad, materializa la promesa de la “reserva moral” y “orgullo/dignidad nacional” del Perú.

Promete revisar los contratos de privatización, nacionalizar el gas de Camisea, cobrar impuestos a las empresas, convocar a una Asamblea Constituyente Popular, renunciar a su salario presidencial…

Las encuestas electorales, que ahora sí hablan de Pedro Castillo, reiteran la imparable superioridad creciente de Castillo sobre Keiko. Por más que los medios corporativos pro Keiko se esfuerza por ocultar las plazas y calles abarrotadas por seguidores de Castillo, las redes sociales, como el Facebook, evidencian que en las redes sociales y en el interior del Perú Castillo ya ganó las elecciones.

Ilusos y corruptos disparan contra Pedro Castillo

En este contexto absolutamente incómodo para la oligarquía peruana, todos los empresarios evasores de impuestos que se enriquecieron con los procesos de privatizaciones, incluso las y los limeños clasemedieros ilusos que alardean honestidad intelectual y rectitud moral, ahora, cierran filas contra Pedro Castillo acusándolo de “radical”, “desestabilizador de la democracia” “terrorista”. ¡Incluso la izquierda neoliberal le exige a Castillo moderar su programa de gobierno!

¡Lima vive una histórica consternación colectiva jamás antes vista en su historia ante el crecimiento electoral imparable de un campesino con lápiz en mano!

¿Le temen al campesino o al campesino con lápiz?

En el Perú oficial actual, el campesino continúa siendo un “nadie”. Un NO ciudadano, condenado a cargar con la responsabilidad de alimentar al país sin disfrutar de ningún derecho, ni oportunidades. Mucho menos de derechos políticos.

Para la oligarquía y el peruano acriollado el campesino es un haragán. Un ser vicioso del que nadie debe fiarse. Por eso, ahora, cuando ven avanzar a un campesino hacia el Palacio de Pizarro, incluso los menesterosos limeños arengan: “Viene el comunismo, viene el terrorismo. Nos va a quitar todo”.

Esta reacción enfermiza contra el campesino Pedro Castillo es la externalización del pensamiento y sentimiento arcaico de la oligarquía peruana que jamás evolucionó ni tan siquiera al nivel del pensamiento lascasiano del siglo XVI que concedía el beneficio de la duda sobre la humanidad del indígena.

Perú, un país donde campesinos e indígenas son motivos de sospecha

En el intento de Estado moderno peruano, las y los campesino nunca fuimos, ni somos, ni seremos, ciudadanos. El Estado peruano y su aparato ideológico se funda y se sostiene en la negación y subordinación del campesinado.

Formalmente Ramón Castilla, allá por el siglo XIX, liberó de los tributos al campesinado. Y, en 1969, Velazco Alvarado, mediante la Reforma Agraria, emancipó formalmente a los campesinos del pongueaje. Pero, todo eso fue y es letra muerta. En los hechos, para el Perú oficial y para la ilusa limeñidad, indígenas y campesinos seguimos siendo la “músculos rudos a explotar laboralmente”.

La oligarquía le teme al campesino Castillo, no sólo porque, ahora, se proclama en las urnas como sujeto sociopolítico, decidido a gobernar un país quebrado moral e intelectualmente, sino porque este diabólico campesino se acerca a raudos al Palacio de Pizarro lápiz en mano para gobernar un Estado pensado y organizado por y para criollos colonizados.

Un campesino, lápiz en mano, viene a gobernar al Perú criollo. A ese país que alardeó superioridad cultural, por siglos, frente a sus vecinos como Bolivia, sólo porque tenía como sede de gobierno a la ciudad virreinal de Lima con aroma a naftalina. Esto es una derrota mental e intelectual para la oligarquía y sus acriollados limeños. Un ignorante campesino, un nadie, le viene a educar lápiz en mano. ¿Acaso la limeñidad y sus patrones no basaban su superioridad en su proyecto de civilizar al Perú profundo? ¿Cómo es que ahora, un incivilizado, un indeseado desde Los Andes, avanza proclamando civilizar y modernizar al país? Esto les duele hasta en el tuétano a los oligarcas y a sus siervos culturales.

El miedo, entonces, no es sólo al “insolente” campesino que avanza hacia el Perú criollo de la limeñidad, decidido a gobernar el país, sino el terror es ante todo al campesino que lápiz en mano acecha al feudo de la podredumbre corrupta del Perú oficial para emprender una prometida revolución intelectual y moral. Pedro Castillo, al parecer, ahora, es el Brujo de Los Andes que la oligarquía peruana y sus limeños temen.

Fuente: https://rebelion.org/un-pais-que-le-teme-a-un-campesino-con-lapiz/

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Uruguay: Clases presenciales se retomarán en forma gradual a partir del 3 de mayo

“Hemos resuelto retomar las clases presenciales paulatinamente el 3 de mayo, en distintas etapas”, informó el presidente Luis Lacalle Pou, tras la reunión del Consejo de Ministros. Ese día reanudarán los cursos las escuelas rurales con un solo docente, el 10 del mismo mes lo hará la educación de 0 a 5 años y el día 18 los alumnos de primero a tercero de escuela, en todo el país, a excepción de Montevideo y Canelones.

El Gobierno resolvió mantener hasta el domingo 16 de mayo todas las medidas de prevención contra la pandemia adoptadas en el anterior Consejo de Ministros, informó Lacalle Pou, en conferencia de prensa, en la noche de este miércoles 28, acompañado por el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, el titular de Salud Pública, Daniel Salinas, y el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva.

El otro tema abordado en la reunión entre el mandatario y los ministros fue el retorno a las clases presenciales en los distintos niveles de educación. “Hemos resuelto retomar las clases presenciales paulatinamente el 3 de mayo, en distintas etapas”, indicó.

Explicó que, aunque existe un cronograma tentativo que comprende hasta el 27 de junio, no hay una fecha de retorno para todos los grados educativos. “Desde nuestro punto de vista, es prematuro poner fechas”, dijo. Y agregó: “Nuestra ilusión es que la vacunación masiva haya dado resultado y poder adelantar el retorno a clases”.

También anunció, respecto a las personas que se agendaron y las que están inscriptas en lista de espera para inocularse: “Sobre el fin de la semana que viene, vamos a adjudicar una fecha de vacunación”, en virtud del arribo de una partida de 1 millón de dosis del laboratorio Sinovac.

Por su parte, Da Silveira detalló el alcance del cronograma de retorno gradual de la presencialidad en los diferentes niveles educativos. El 3 de mayo  reanudarán los cursos en forma presencial las escuelas rurales con un solo docente, lo cual abarca a unos 6.000 alumnos, precisó. El ministro de Educación explicó que esta decisión obedece a las menores posibilidades de conectividad a las que acceden estos alumnos que, a su vez, residen lejos de grandes concentraciones de población. “Por lo tanto, es un paso seguro”, remarcó.

Asimismo, el 10 de mayo retomarán la actividad presencial las escuelas rurales con hasta 50 niños, que incluyen séptimo, octavo y noveno grado. Además, lo harán los alumnos de entre 0 y 5 años de escuelas públicas y privadas de todo el país. Esto abarca a los centros de atención a la infancia y la familia (CAIF), los jardines privados y los centros iniciales de la ANEP, precisó Da Silveira, quien estimó que para esa fecha unos 200.000 alumnos asistirán a los centros educativos.

Finalmente, el 18 de mayo será el turno de las restantes escuelas rurales y de los estudiantes de primero a tercero de escuela de todo el país, con excepción de Montevideo y Canelones. En estos departamentos, solo reanudarán la presencialidad las escuelas del programa Aprender y de tiempo completo y extendido, agregó, lo cual implica el retorno de unos 112.000 alumnos

Da Silveira informó que las prioridades para el retorno son las mismas que se establecieron en 2020. En el caso de primera infancia y educación inicial, la decisión se basa en que la presencialidad es fundamental para la continuidad educativa, para generar un vínculo pedagógico y por los efectos que genera en las familias.

Por su parte, el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP sostuvo que el Gobierno defiende la presencialidad, pero que el retorno debe ser seguro y responsable. En ese sentido, aclaró que en algunos casos la apertura se puede posponer hasta que no estén cumplidas las garantías vinculadas con la seguridad, los temas sanitarios y el cumplimiento de protocolos. Asimismo, especificó que la ANEP tiene la potestad de dialogar con la autoridad sanitaria, nacional y departamental, con el fin de atender situaciones particulares vinculadas con la pandemia que ameriten decisiones específicas.

Disminución de casos de COVID-19 en el personal de la salud genera esperanza, señaló Lacalle Pou

El presidente de la República explicó que no hubo saturación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) debido a que se agregaron más de 1.000 camas en los centros de salud, en coordinación con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Ministerio de Salud Pública y las mutualistas. “No se ha saturado porque no llegaron los casos que algunos preveían y, además, tenemos un resto de camas mayor, por las camas que se agregaron tanto en el sistema público como el mutual”, complementó.

Consultado por los periodistas acerca del número de casos de contagios y fallecimientos, así como respecto a los avances en el proceso de vacunación, el presidente señaló que, mientras el 11 de abril había aproximadamente 32.000 casos activos, en la actualidad hay 5.000 menos.

“No estamos conformes. Tampoco estamos conformes con la baja de la movilidad, porque el Gobierno aspira a que sea mayor”, enfatizó. No obstante, aseguró que genera esperanza el descenso notorio de casos de contagios por COVID-19 en el personal de la salud. “Estamos en un escalón más abajo, no el que querríamos tener, por eso las medidas se extienden hasta el 16 de mayo y la educación retorna en etapas”, explicó.

Lacalle Pou dijo estar satisfecho con el proceso de vacunación y la compra de vacunas de Sinovac y Pfizer, pero no con el sistema Covax. También se analizan opciones de vacunación para los menores de 18 años o si habrá una tercera dosis o la compra de más vacunas. “Tenemos las vacunas para que el 70% se inocule este año, además de un sobrante, y después veremos cómo se continúan las compras”, informó.

El mandatario también expresó su preocupación por que el porcentaje de docentes vacunados no es el esperable y, por lo tanto, se analiza realizar tests aleatorios en centros educativos.

Salinas: Se está llegando a las 600.000 personas con dos dosis de la vacuna contra la COVID-19

El ministro de Salud Pública consideró vital el comportamiento de la población frente a la pandemia y destacó el impacto de las medidas adoptadas, porque cedió el aumento de los casos activos, pero, advirtió, aún no es posible hablar de un descenso global de las cifras.

Salinas agregó que, del 4% de las personas que se internan a causa de COVID-19, el 1% es derivado a centros de terapia intensiva (CTI). Atribuyó el alto número de fallecimientos a la letalidad de la variante P1 del virus, popularmente conocida como “la cepa de Manaos”, que genera gran cantidad de contagios.

Además, informó que se está llegando a unas 600.000 personas vacunadas con dos dosis. Asimismo, hay 108.000 personas con fecha asignada de grupos de mayor edad y más de 800.000 recibirán información sobre su día y hora de vacunación a partir del próximo fin de semana, según adelantó.

El ministro también valoró el alto porcentaje de vacunación entre personas mayores de 50 años y de 80, que llegó a un 78% con la primera dosis. Exhortó a la población a que se siga inscribiendo para vacunarse.

Dijo que el porcentaje de vacunación del personal docente y no docente, que incluye a CAIF, centros de Educación Primaria, Secundaria, terciaria, UTU y del Instituto del Niño y el Adolecente del Uruguay (INAU), se ubica en 72%.

La Dirección General de la Salud y la División de Medicina Ocupacional del Ministerio de Salud Pública analizan alternativas sobre la inmunidad completa pasados los 15 días de la segunda dosis. Unas 93.000 personas generaron anticuerpos e inmunidad celular, pero igualmente se las instó a vacunarse, luego de que se realizaran un test de coronavirus, a partir de los 90 días

Fuente: https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/conferencia-lacalle-pou-da-silveira-presencialidad

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Los «Padres Organizados» emergen en la política educativa de Argentina

Un nuevo movimiento social emergió en la política educativa de Argentina después del cierre de las escuelas que impuso el Gobierno en 2020 debido a la pandemia de covid-19: son los “Padres Organizados”, quienes desde fines del año pasado luchan por la vuelta a la educación presencial en los medios de comunicación, en las redes sociales y en la calle.

Comenzó con un grupo de seis padres, principalmente de la ciudad de Buenos Aires, entre julio y agosto del año pasado, que conversaban por Twitter y observaban que, mientras en el mundo se volvía a las clases presenciales, Argentina no avanzaba en ese sentido.

“La mayoría tenía hijos chicos y era muy difícil sostener la virtualidad”, dijo a Efe María José Navajas, una de las madres fundadoras, que tiene un hijo en el jardín de infantes y otro en la secundaria.

Comenzaron colocando placas sobre el derecho a la educación en Instagram y Twitter para intervenir en la opinión pública.

Y en septiembre del año pasado presentaron una carta pública a las autoridades fundamentando por qué “era urgente la vuelta a la presencialidad, no solo por la evidencia de que era posible, sino también por la salud emocional y psicológica de los chicos”, dijo Navajas, “más aún en un país como Argentina que tiene un nivel de pobreza y marginalidad” que empeoró el año pasado.

La educación pasó a estar en el centro del debate público, llevando incluso el tema más allá de la cuestión de la presencialidad.

“Si bien el eje es la presencialidad, nos pone ante un problema mayor, de años previos, de cuál es la situación de la educación argentina, sobre todo para mí, que soy egresada de escuelas públicas”, dijo Navajas.

“Supimos tener un pasado muy glorioso que nos enorgullece como argentinos de la educación pública como una vía de promoción social y eso ahora, en los últimos tiempos, se interrumpió”, agregó.

El movimiento se expandió a 21 de las 24 jurisdicciones del país, con cierta coordinación a nivel nacional, que a su vez se organiza espontáneamente en municipios.

MÁS QUE CLASES MEDIAS

Para la profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella Claudia Romero, “corresponde a un movimiento transversal, pero que se concentra, sin duda, en un cierto sector de las clases medias”.

Pero Romero indicó que “se equivocaría” quien lo viera como un asunto que no interesa al resto de las clases sociales: “Todos sabemos que la educación importa en los sectores más pobres”, pero que «ahora están con un agobio importante para sobrevivir y a veces no tienen herramientas culturales, la palabra, para salir a disputar en la arena pública”.

Recordó que la escolarización remota en 2020 profundizó las desigualdades y la pérdida de alumnos, ya que hacia octubre pasado un 10 % se había desconectado, lo que supera ampliamente el porcentaje de abandono (1 %) en condiciones normales.

Los «Padres Organizados» están aprendiendo a participar de la negociación en la política educativa, que solía estar en manos de funcionarios, gremios y especialistas.

La formación les dio un espectro de herramientas muy valioso para mostrar los argumentos de manera creativa: a Navajas, que es historiadora, con una red de contactos en otros países que le informaba cómo volvían los chicos a las aulas, la acompañan médicos, abogados, diseñadores gráficos y licenciados en educación.

A LA CALLE

Lograron modificar el discurso del Gobierno nacional, que empezó a sostener la presencialidad tomando como punta de lanza el inicio de clases en la ciudad de Buenos Aires, el 17 de febrero pasado.

Pero en medio de la segunda ola de contagios, el Ejecutivo de Alberto Fernández sorprendió volviendo atrás hasta el 30 de abril en la zona metropolitana de Buenos Aires, la zona más populosa del país.

La lucha de los padres por la presencialidad se volcó así a las calles con manifestaciones públicas, que desbordaron los grupos formales de #PadresOrganizados, y abrazos simbólicos a los colegios cerrados.

Algunos de ellos también se presentaron en la Justicia para frenar la vuelta a la virtualidad. Y miles firmaron una carta pública a la Corte Suprema, que debe dirimir en el tema.

Los padres viven “con mucha intensidad” las idas y vueltas de la política, cuando estaban pensando en una planificación a tres años para que los chicos pudieran compensar el déficit de aprendizaje que sufrieron el año pasado.

Para 2021, esperan lograr la mayor presencialidad posible y criterios claros de cierre. “Que realmente se cumpla la promesa que solo se cierre como último recurso y que ese cierre sea una cosa muy acotada”, cerró Navajas.

Fuente: https://www.swissinfo.ch/spa/argentina-educaci%C3%B3n–cr%C3%B3nica-_los–padres-organizados–emergen-en-la-pol%C3%ADtica-educativa-de-argentina/46569590

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Campaña “Creemos en las niñas” para promover la educación

Plan International lanza la campaña “Creemos en las niñas”, un movimiento regional y local que busca presentar información, visibilizar historias de vida y sobre todo motivar a la sociedad a que se una a esta causa.

Una de las consecuencias más graves de la pandemia COVID-19 es el limitado acceso a educación, la mayor interrupción en la historia y un retroceso de entre una y dos décadas en materia de género; muchas niñas y mujeres están sin acceso a educación, trabajo y servicios esenciales.

Según datos del INEC 2019, menos de la mitad de los hogares en Ecuador tiene acceso a internet, y en zonas rurales la cifra disminuye a dos de cada 10.

“La educación de calidad es un derecho fundamental y una de las herramientas más potentes para cerrar las brechas de acceso al conocimiento y a recursos, así como para derribar barreras que a lo largo de la historia han dificultado que las mujeres jóvenes alcancen la autonomía socioeconómica”, asegura Rossana Viteri, directora de Plan International Ecuador.

En el país la pandemia ha afectado a 4.4 millones de estudiantes, especialmente a niñas y adolescentes de los sectores más empobrecidos. Tener que dejar de estudiar ha afectado de manera profunda, la vida de las niñas y de las mujeres jóvenes. Además, que estar aisladas incrementa de manera significativa el riesgo a ser violentadas y disminuye sus posibilidades de buscar auxilio.

Plan International ha desarrollado varios proyectos que incluyen becas educativas para que las niñas y mujeres jóvenes se mantengan en el sistema educativo.

“Con la campaña ‘Creemos en las niñas’ queremos visibilizar las situaciones que están enfrentando las niñas y mujeres jóvenes en esta crisis. Sin embargo, también queremos dar un mensaje de esperanza para ellas, invitando a entidades públicas y privadas y sociedad civil a ‘Creer en las Niñas’ y a unirse a esta campaña para impulsarlas a tener un futuro mejor a través de la educación”, expresa Rossana Viteri.

La iniciativa fue lanzada este 26 de abril, en 11 países de América Latina y el Caribe (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana). Como parte de la campaña, se activará una plataforma que permitirá ayudar a las niñas y mujeres jóvenes que enfrentan esta situación y convertirlas en agentes de cambio.

De esta manera se destaca la importancia de invertir en educación de calidad para las niñas y mujeres jóvenes en Ecuador, sobre todo durante la crisis de la COVID-19.

Fuente: https://cronica.com.ec/2021/04/29/campana-creemos-en-las-ninas-para-promover-la-educacion/

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