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Argentina: Próxima a cumplir 18 años en vigencia, la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) está en riesgo

Por: Celeste del Bianco

Si bien el Decreto de Necesidad y Urgencia y la Ley Ómnibus que impulsó fallidamente el gobierno de Javier Milei no se refieren específicamente a la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), el ajuste a las políticas públicas de género y los dichos previos del presidente indican que la aplicación está en peligro. 

La ley exige que todas las escuelas argentinas ofrezcan educación sexual adecuada a la edad para enseñar a los alumnos los “aspectos biológicos, psicológicos, sociales, emocionales y éticos” de la sexualidad, promover “actitudes responsables hacia la sexualidad” y asegurar “la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres”. En la práctica, los temas abarcados van desde el consentimiento y la anticoncepción hasta la identificación de instancias de abuso sexual y la equidad de género.

A lo largo de los años, la norma tuvo una implementación dispar en las distintas provincias del país según los gobiernos locales, pero se convirtió en una herramienta clave, por ejemplo, para detectar abusos sexuales en la infancia. Según cifras oficiales de la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2020 el 80% de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron abuso sexual lo hicieron después de tener una clase de ESI en la escuela.

Los datos confirman la necesidad de mantener esta ley: un estudio de Casa FUSA de 2021 realizado en personas de entre 16 y 24 años de las provincias de Salta, Jujuy, Buenos Aires, Córdoba y Río Negro, muestra que la ESI ayudó a identificar y actuar en casos de violencia de género propias o del entorno familiar. También se refleja en el descenso de los embarazos adolescentes. Para el 2021, la tasa de fecundidad adolescente en la Argentina había bajado un 57% con respecto al 2005.

Sin embargo, el presidente Javier Milei la considera parte de “la agenda postmarxista” vinculada a “la destrucción del núcleo social más importante dentro de la sociedad, que es la familiar”. Según el primer mandatario, la ESI, que fue sancionada en 2006, “está vinculada con otras cosas, que tiene que ver con la discusión del ecologismo”.

El desfinanciamiento es una de las vías para que pierda impulso y dependerá de los gobiernos provinciales la calidad de su permanencia. Esta actitud de las máximas autoridades conlleva también la habilitación de discursos violentos que atacan a la ESI en distintos sectores de la sociedad. 

En este contexto difícil, educadoras y educadores de distintas regiones se organizaron para preservar la ley en un contexto complejo en el que la máxima autoridad del país la considera como “adoctrinamiento” que “deforma la cabeza de la gente”.

¿Vaciamiento en puerta?

“Sabemos que no le van a dar presupuesto, además existe el artículo 5 que es un respaldo para quienes no quieren aplicarla”, sostuvo Ana María Vega, especialista en Promoción y Educación para la Salud, diplomada y formadora en ESI, en diálogo con elDiarioAR. Si bien la norma establece que las jurisdicciones nacional, provincial y municipal deben garantizar la implementación obligatoria de la ESI, el artículo 5 indica que cada institución educativa puede adoptar los lineamientos de la ley de acuerdo a sus valores, lo que significa que, por ejemplo, una escuela católica puede brindar una educación sexual que refleje sólo el ideario católico.

“El secretario de Educación de Nación (Carlos Torredel) viene de la educación privada y siempre se respaldó en el artículo 5 para la no aplicación. No van a derogarla, pero sí van a vaciar el programa. Ya lo han hecho: despidieron a un montón de gente a la que no se le renovó el contrato. Con poca gente y poco presupuesto se aletarga la aplicación de la ESI porque no hay una política pública que le siga dando impulso”, agregó la especialista que trabaja en la provincia de Mendoza.

“Nos preocupa con dolor”, afirmó la psicóloga y psicóloga social Eugenia Otero a elDiarioAR. Ella es coordinadora del Postítulo de Especialización en Educación Sexual Integral en el Instituto “ Joaquín V. González” de la Ciudad de Buenos Aires y cotidianamente interactúa con educadores y educadoras. “Un gobierno como el de Milei viene a poner en cuestión un montón de cosas que veníamos intentando pensar y revisar para un mundo mejor, menos desigual. Cuando escuchamos a las personas que estudian en el postítulo y nos cuentan los padecimientos de aquellos con quienes trabajan, lo que aparece es la necesidad de transformarlo. Y duele un montón que la transformación vaya en el sentido contrario. Estábamos en un mundo cruel que había que transformar y lo que vemos ahora es algo más cruel”, agregó.

“Vemos con enorme preocupación que en lugar de una gestión que pueda mejorar algo las situaciones profundas de violencia y desigualdades, lo que recibimos desde el Estado son ideas, discursos y acciones que tienen que ver con cancelar derechos, con dejar de cuidar a las personas para cuidar las cosas. En nombre de una supuesta libertad niega y visibiliza la existencia de desigualdades muy profundas, cancela la posibilidad de pensar el encuentro con otro”, sostuvo. A pesar de este panorama, Otero sostiene que hay que mantener la esperanza y defender las conquistas obtenidas.

El pánico moral

La referente nacional en ESI y vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Graciela Morgade, sostiene que la idea de “adoctrinamiento” busca manipular a las familias con la instalación del “pánico moral”. “Es tratar de inculcar terror a las familias respecto de que van a decirles o hacer a sus hijas, hijos e hijes. Es una estrategia para manipular a las familias y personas. No estoy diciendo que no haya familias para las cuales la ESI sea una mala noticia porque tienen una mirada respecto de las relaciones de género y consideran que no hay que respetar a las disidencias, sino educarlas o criminalizarlas. Pero también sabemos que en estos años la ESI tuvo una fuerte validación. Les niñes y les jóvenes quieren hablar de cuestiones que tienen que ver con su sexualidad, con su proyecto de vida, con sus temores, con sus falta de conocimiento, de cuestiones de violencia. Todos los estudios muestran que, sobre todo en las chicas, la ESI es una oportunidad para hablar de lo que incomoda y duele”, explicó.

Además, Morgade agregó: “Es muy difícil discutir con alguien que habla de las ‘ideas de la libertad’ y no piensa que eso forma parte de una doctrina. Además, no se visualiza que hay otra forma de pensar los cuerpos y las sexualidades. Las formas tradicionales también son ideológicas y doctrinarias”.

¿Qué pasa en las escuelas?, ¿Qué actitudes tienen las familias ante un escenario creciente de discursos de odio?, ¿Cómo repercute el discurso oficial? Las especialistas coinciden en que esto habilitó la proliferación de discursos que atacan y critican la Educación Sexual Integral.

Otero contó que eso se puede ver en uno de los ejercicios que cada año hacen en el profesorado desde que se inició en el 2009. Le piden a las y los docentes que piensen una escena temida y muchas veces apareció la idea de madres y padres indignados por trabajar con ESI. Cuando preguntaban si eso efectivamente pasaba en la escuela, la respuesta era negativa.

Sin embargo, en los últimos años eso cambió. “Dejó de ser una fantasía. Hoy hay discursos en las comunidades de las escuelas y hay familias que cuestionan. No desde que llegó Milei, sino desde antes que empezó a aparecer algo de la reacción a la ESI. No lo miramos de manera inocente, no es una reacción de esas familias porque están viendo algo en sus hijos o sus hijas que les preocupa sino que tiene que ver con una reacción organizada, con una bajada de línea desde sectores como algunas iglesias o espacios que tienen mucho poder y que responden. Preocupa pensar como tergiversan la ESI”, detalló.

Una causa federal

En el mismo sentido se expresó Morgade que lo enmarcó dentro de una reacción más general. “Desde antes de que asumiera Milei, antes de las elecciones, lo que empezamos a observar es una especie de ‘permisos’ para decir cualquier cosa. Empezó a haber mayor permiso para expresar, para cuestionar a la ESI, a las políticas de género, a los feminismos y al movimiento de mujeres y LGTBIQ+. Empezábamos a ver ciertas formas violentas en las familias. Es por eso que constituimos el Movimiento Federal por más ESI para apoyarnos, alertar sobre esos procesos de resistencia violenta, para aportarnos materiales porque efectivamente lo que se empezó a habilitar es la expresión de discursos violentos y de odio”, describió.

Es por eso que en este contexto se vuelve central la acción de los gobiernos provinciales para mantener con vigor la ESI. “Con una situación así en lo macro, en lo micro va a depender de qué posicionamiento tenga cada provincia: su ministro de Educación, también desde el ámbito presupuestario que en todas está todo muy disminuido. Para muchas personas no parece ser prioritaria la ESI aunque resuelve muchos otros problemas”, afirmó Vega.

Asimismo, recordó los vaivenes que tuvo la ley a nivel federal según los signos políticos de cada gobierno. “El compromiso político a nivel nacional también ha influido. Todos los gobiernos progresistas han tenido para el programa nacional de ESI un presupuesto importante, con gente con posibilidad de extender la capacitación a muchas provincias. Pero en la época del expresidente Mauricio Macri se despidió a gran cantidad y solo se sostuvo el programa y se le dió una impronta vinculada solo con la salud sexual reproductiva limitando todos los otros enfoques como son la perspectiva de género, de derechos humanos y diversidad”, agregó.

Diputados del bloque de La Libertad Avanza presentaron a mediados de febrero un proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada en diciembre de 2020 después de un extenso debate y con la prensa de miles de mujeres y diversidades conocida como “la marea verde”. Pocas horas después de conocida la propuesta, voceros del Poder Ejecutivo aclararon que habían actuado de manera inconsulta y que el oficialismo no consideraba que fuera el momento propicio para ese debate. Ese intento de retroceder en los derechos adquiridos se suma a otros como la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (creado en 2019 por el expresidente Alberto Fernández). Se trata de un gobierno que no solo minimiza estas cuestiones sino que también las desprecia ( en Davos, Milei habló de la “agenda sangrienta del aborto”). Ante este panorama, el futuro de la Educación Sexual Integral es preocupante. Quizás no deroguen la ley, pero sí pueden desfinanciarla y reducirla a su mínima expresión.

CdB/M

https://www.eldiarioar.com/sociedad/proxima-cumplir-18-anos-vigencia-ley-educacion-sexual-integral-esi-riesgo_1_10980367.html

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Venezuela: ¡Entre otras propuestas! Especialistas proponen destinar el 10% del PIB del país a la educación.

Por: Angelo Gallardo

Destinar el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país a la educación es una propuesta de Benjamín Scharifker, doctor en fisicoquímica, exrector de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Metropolitana y Carlos Fernando Calatrava, director de la Escuela De Educación de la Universidad Católica Andrés Bello.

Estas declaraciones fueron emitidas, la mañana de este martes 5 de marzo, en entrevista para el circuito radial @mundourweb, donde Scharifker comentó que este monto es lo que se invierte en otros países, sin embargo, “al no tener cifras claras en Venezuela, se hace muy difícil conocer montos exactos”.

Detalló que con esta cifra se incluye a todo el país con esfuerzo tanto del sector privado como del público, e indicó, además, que “se debe resolver la valoración de la educación por parte de la sociedad», insistiendo en que «mientras no se establezca el valor de la educación, no se podrá atender el segundo problema, el financiamiento de esta actividad que es costosa”.

“En Venezuela no tenemos a la educación como un tema de importancia nacional en el ámbito político. En el área empresarial tampoco se ha hecho este esfuerzo que los beneficia. Para valorar la educación, los profesores deben tener una compensación acorde al trabajo que hacen”.

Por otra parte, a través de distintas investigaciones, Calatrava determinó que con 75 mil millones de dólares; en 5 años se pueden construir alrededor de 24 mil escuelas, formando más de 250 mil educadores y llevando el salario de los profesores al promedio de Suramérica, aproximadamente 957 dólares mensuales.

“Si se ve como un gran pacto social para la educación, los ciudadanos pagarán felizmente los impuestos y las empresas estarían cómodamente alegres de invertir en educación”, explicó.

La falta de respaldo social, de voluntad política y ciudadana al tema educativo para darle el lugar que se merece, es lo que más duele, dijo. También advirtió que se debe avanzar en la municipalización de las escuelas, asegurando que al gobierno municipal le corresponde el preescolar y la primaria.

¡Entre otras propuestas! Especialistas proponen destinar el 10% del PIB del país a la educación #5Mar

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Perú: Año escolar 2024: ¿huelga de maestros del Sutep podría afectar el inicio de clases? Esto dice Minedu

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) realizaría una huelga de docentes a nivel nacional. Conoce en esta nota si las clases se verían afectadas.

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) indicó que evalúa realizar una huelga nacional de docentes entre los meses de abril y mayo debido a que el Gobierno incumplió acuerdos, tales como el pago del bono de escolaridad o el incremento del salario de los maestros.

«Hay un acuerdo que hemos adoptado en la última asamblea nacional de delegados en el sentido de que, ante la desatención de parte del Gobierno y el incumplimiento del convenio colectivo, se acate una huelga nacional. Todo depende de la voluntad y atención que el Gobierno ponga, si tiene una voluntad de conversar y encaminar esos temas», declaró el secretario del Sutep, Lucio Castro, a Exitosa.

«Me refiero, por ejemplo, a aquellos maestros que trabajan en el Vraem o zonas rurales y no están considerados. Docentes nombrados, más de 75.000, no hay la escolaridad, que es un derecho de los trabajadores en general, e igualmente no se ha considerado el incremento de remuneraciones que se ha venido dando todos los años y como parte de una política nacional», sostuvo.

Ante dichas declaraciones, varios padres de familia desean reconfirmar la fecha de inicio de clases y si dicha manifestación podría afectar el desarrollo de etas.

¿La huelga de maestros podría afectar el inicio de clases?

La huelga de docentes anunciada por el Sutep podrían afectar las clases; sin embargo, la ministra de Educación, Miriam Ponce, pidió a los maestros ser responsables y comprometidos con su labor.

«Estamos abiertos a conversar, pero no estamos de acuerdo con que se afecte a terceros, como son los niños y adolescentes. El tema de anunciar (la huelga) cuando ni siquiera hemos empezado las clases es una falta de respeto, inclusive, a nuestras niñas, niños y adolescentes, y a las familias», señaló.

¿Qué dijo Dina Boluarte sobre la huelga de docentes?

La presidenta de la República, Dina Boluarte, indicó que los profesores no pueden «amenazar» con realizar huelgas y que el Poder Ejecutivo está dispuesto a dialogar con los maestros para conocer demandas.

«No podemos amenazar, como cierto sector va diciendo, que en abril va a empezar con las huelgas (de docentes). Este Gobierno tiene las puertas abiertas para poder conversar las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 30 o 31 días del mes. Creo que nuestra niñez, nuestros alumnos ya perdieron mucho tiempo durante la pandemia», indicó la jefa de Estado, Boluarte Zegarra.

«No sería justo que por no conversar en paz ellos tengan que seguir perjudicándose. En las regiones también la situación es más crítica que acá. No por ello tenemos que buscar justificaciones para no hacer las cosas», agregó.

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2024/02/29/ano-escolar-2024-huelga-de-maestros-del-sutep-podria-afectar-el-inicio-de-clases-esto-dice-minedu-828994

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Uruguay: Los docentes de Montevideo paran por 24 horas la primera semana de clases el 5, 6 y de marzo

La Asociación de Maestros del Uruguay aprobó por votación la medida de fuerza y los días 5, 6 y 7 de marzo habrá paros según la jurisdicción.

 

El sindicato de maestros de Montevideo analiza paro de 24 horas rotativo la primera semana de clases

Problemas para el regreso a clases: docentes amenazan con un paro

Los docentes de Montevideo paran durante la primera semana de clases en Uruguay.

Los docentes de Montevideo paran durante la primera semana de clases en Uruguay.

 

La Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) resolvió por una votación realizar tres jornadas de paro rotativo durante la primera semana de clases en Montevideo, en reclamo por la sanción a tres docentes.

 

La medida, tal y como había sido anunciado previamente, se implementará por jurisdicciones, y afectará a las escuelas públicas de la zona oeste el martes 5; a las del centro el miércoles 6; y, finalmente, las escuelas del este pararán el jueves 7. En todos los casos, la suspensión de tareas será por 24 horas.

 

Informate más

Fenapes convocó al paro docente de 24 horas.

Comenzó el paro docente de 24 horas contra la reforma educativa

La Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) realiza un paro este mar

Paro docente en Montevideo tras la agresión a un maestro

La decisión fue sometida a voto durante el viernes y, tras el conteo en la asamblea sindical, la moción de frenar las actividades consiguió la mayoría de las adhesiones, con 1.551 votos a favor, 884 en contra y 488 abstenciones.

 

Los paros rotativos estarán acompañados, además, por actividades de propaganda por “violencia institucional” y un recurso para que las autoridades de la educación den un revés a las sanciones a las tres docentes damnificadas.

 

¿Por qué paran los docentes?

Las medidas de fuerza responden a la sanción de tres docentes de la capital: a dos de ellas, de la escuela 35 de Buceo, se las que se las suspendió por 30 días con retención de haberes por haber leído una proclama sindical contra la reforma educativa en marzo del año pasado; y a una tercera maestra, de la escuela 407, se la suspendió por 10 días con retención de haberes.

 

Para Ademu, las sanciones son un “ataque a las libertades sindicales”. Además, cuestionaron los plazos que tuvo la investigación administrativa contra estas dos docentes —el hecho ocurrió hace casi un año—, así como que fueran notificadas de la sanción en enero, cuando están haciendo uso de su licencia reglamentaria.

 

Por su parte, desde Primaria entienden que la lectura de la proclama sindical fue una violación de la laicidad de la educación pública.

 

«Todo ciudadano tiene derecho a la libertad de expresión. En este caso, no podían manifestarla dentro del recinto escolar porque era una proclama que las docentes saben que era la manifestación personal, que pueden tener el gremio, que tiene derecho a tener, en contra de la reforma curricular», había justificado la sanción la directora de Primaria, Olga de las Heras.

 

En los últimos días, el consejero del Codicen, Juan Gabito, había calificado de «error grave» la medida sindical y dijo que le «extrañaba» porque consideraba que Magisterio es un «núcleo muy profesional».

 

“Todos decimos querer fortalecer a la educación pública pero estas medidas la desprestigian, porque los privados no van a parar por esto. Y después todavía, el día (viernes) 8, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, otro paro más”, cuestionó Gabito en diálogo con Canal 10.

Fuente: https://www.ambito.com/uruguay/los-docentes-montevideo-paran-24-horas-la-primera-semana-clases-n5952949

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Marina Jaureguiberry, del sindicato de Docentes Privados: «La educación no es un servicio esencial». Argentina

La Ley de Educación Nacional claramente establece que la educación es un derecho humano y un bien público social que debe ser garantizado por el Estado nacional y las provincias», explicó la secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados.

Marina Jaureguiberry aseguró que el Gobierno nacional planteó en la reunión paritaria que sean las provincias quienes traigan propuestas de salario mínimo docente y criticó la baja del FONID, el fondo nacional que fortalece el salario de los trabajadores de la educación. “No solamente no nos ofrecieron nada, sino que tampoco tenemos expectativas para la próxima reunión”, denunció en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Marina Jaureguiberry es secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados y consejera nacional del Partido Justicialista.

Alejandro Gomel: Algunos gremios docentes anunciaron un paro para el próximo lunes 4 de marzo. ¿Es así?

Sí, así es. Ayer hemos anunciado esta decisión de los cuatro sindicatos docentes de CGT que integramos la paritaria, ante la inexistencia de propuestas y respuestas a los planteos, y ante una definición fuerte por parte del Gobierno, anunciada por el secretario de Educación en la mesa de negociación, que es que el Gobierno ha decidido no continuar con el FONID.

El FONID es directamente salario en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras de la educación en todo el país. Es el aporte que el Estado nacional hace a la composición del salario docente desde hace más de 20 años, y que hoy implica concretamente $28.700 por cargo, que se traduce en porcentajes que varían entre un 10 y un 20% del salario.

Lejos de dar respuestas a cualquier expectativa mínima de mejoramiento salarial frente al escenario inflacionario, lo que se nos comunica con total contundencia es una reducción salarial.

AG: ¿Hay alguna propuesta con respecto al salario mínimo de los docentes a nivel nacional?

No hay absolutamente ningún avance. Es importante señalar que, tanto el piso salarial docente como el FONID son producto de una larga lucha docente después de los 90, que nos llevó a esta definición lograda en la mesa de la paritaria, que tiene que ver con que el Estado nacional, como responsable de la educación en todo el país, contribuya estableciendo estos parámetros. Hoy el piso está en $250.000, que incluyen el FONID.

A su vez no hubo ninguna oferta. Lo único que se dijo es que los Gobiernos provinciales, a través de sus ministerios de Educación, tienen que traer a la próxima reunión las propuestas que las provincias consideren que tendrían que alcanzar ese mínimo. Así que no solamente no nos ofrecieron nada, sino que tampoco tenemos expectativas para la próxima reunión.

AG: Es decir, lo que hizo la secretaría de Educación nacional fue tirarle la pelota a las provincias, para que sean ellas las que propongan el salario mínimo, ¿es así?

Totalmente. Esto guarda coherencia con un posicionamiento que se viene sosteniendo, que se planteaba también en el articulado de la Ley Ómnibus en referencia a la educación, que es esta idea de que la educación tiene que depender de las provincias. Pero nosotros tenemos toda una normativa vigente, pero fundamentalmente la Ley de Educación Nacional, que ha sido el consenso máximo alcanzado en este país por todos los actores del sistema, claramente establece que la educación es un derecho humano y un bien público social que debe ser garantizado por el Estado nacional y las provincias.

Gremios docentes ofrecen una conferencia de prensa en la CGT para anunciar un paro nacional para el próximo lunes 4 de marzo.

AG: El Gobierno busca declarar la educación como servicio esencial con el fin de recortar lo que tiene que ver con paros y medidas de fuerza. ¿De esto también se habló?

No. Ahí corresponde aclarar dos cosas. La verdad es que los docentes y las docentes no es que queremos parar, queremos estar en la escuela dando clases, con el compromiso absoluto que hemos demostrado siempre, pero que en la pandemia ha quedado absolutamente demostrado, y con el rol central que tenemos en el sistema educativo.

Después, que en el Gobierno de De la Rúa, siendo Patricia Bullrich ministra de Trabajo, se declaró como servicio esencial la Educación, los sindicatos docentes fuimos a la justicia, y hay sentencias firmes que dicen lo contrario. Además se expidieron organismos internacionales, como la OIT y otros, no solamente reconociendo el derecho de huelga, sino también especificando que la educación no es un servicio esencial.

También hay que recordar que tenemos una normativa vigente, la Ley de Ordenamiento Laboral, 25.867, que expresamente dice cuáles son los servicios esenciales y reglamente cómo deben ser garantizados, y la educación no está ahí.

Simplemente decimos que hay un marco normativo y un andamiaje jurídico que da sustento a nuestras posiciones, solamente queremos que se respete.

AG: ¿Cómo termina esto? ¿Cómo imagina el mediano plazo?

Bueno, la primera cuestión es que no podemos dejar de pensar que se necesita una reflexión y que necesitamos que se abran las instancias de diálogo.

También hay un movimiento que quiero señalar. En la reunión de la paritaria está el Consejo Federal de Educación, con las voces de todas las provincias a través de los ministros y ministras que representan las regiones. Allí hubo una voz unívoca en el sentido de peticionar al Gobierno nacional que claramente determine la liquidación de los fondos que se adeudan en materia educativa y además que sostenga los programas y cuestiones tales como el FONID, que son necesarias para definir las mesas salariales.

Fuente: https://www.perfil.com/noticias/modo-fontevecchia/marina-jaureguiberry-la-educacion-no-es-un-servicio-esencial-modof.phtml

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Sindicatos docentes argentinos anuncian una nueva huelga

Sindicatos docentes de Argentina anunciaron una nueva huelga en todo el país para el próximo lunes, que podría extenderse y hacer peligrar el inicio del ciclo escolar en varias provincias.

En Argentina, trabajadores del sector educativo la recomposición salarial con otras medidas

“De no reflexionar el Gobierno nacional, nos obligan a tomar medidas, que se van a extender a lo largo y ancho del país”, anunció en una rueda de prensa Sergio Romero, titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), que cuenta con el apoyo de la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central sindical del país.

Romero aseguró que en caso de no tener respuesta por parte del Gobierno de Javier Milei, los maestros extenderán el “plan de lucha” en reclamo de una recomposición salarial “con otras medidas”.

La medida de fuerza anunciada es la segunda huelga docente en lo que va de este año.

La primera, concretada el lunes último, fue llevada adelante por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y afectó a la ciudad de Buenos Aires y a las provincias de Corrientes, San Luis, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Formosa y Mendoza en el inicio del ciclo escolar en esos distritos.

Recortes en el gasto público

En su política para llegar al ‘déficit cero’, el Gobierno argentino ha llevado a cabo drásticos recortes del gasto público, eliminando el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), recursos que eran aplicados por las provincias para fortalecer los salarios de los maestros.

“El Gobierno está tirando la responsabilidad a las provincias, pero ha quitado el aporte del Fonid, que significa entre un 15% y 20% del salario de los trabajadores. No nos han hecho propuestas o mejoras para el sector”, indicó Romero.

Según los últimos datos oficiales disponibles, el salario promedio -a nivel nacional- de un maestro de escuela primaria con 10 años de antigüedad es de unos 230.000 pesos (273 dólares).

“La CGT está en alerta y movilización. Es vergonzoso, lamentable y doloroso, que un tipo esté todo el día tuiteando y peleándose, en vez de resolver los problemas de la gente”, expresó sobre Milei, el líder de la CGT, Pablo Moyano.

Moyano: “No nos pueden intimidar”

Por otra parte, Moyano aseguró que su gremio no se dejará intimidar por nadie: “Puede apretar a los gobernadores y legisladores, pero a la CGT no la aprieta nadie, no pudieron los militares, no pudo el expresidente Mauricio Macri, menos este cachivache de las corporaciones internacionales”.

El Ejecutivo de Milei se encuentra desde hace semanas enfrascado en una pelea con casi todos los gobernadores provinciales por la eliminación de distintos fondos que el Estado nacional debía girar en concepto de tributos federales o transferencias no automáticas para gastos en educación, salud, seguridad, transporte y obras públicas.

Los recortes obedecen al intento de Milei por obtener superávit fiscal este año, a costa de ajustes severos dentro de un país con retracción en la actividad económica, inflación del 254,2% interanual y niveles de pobreza del 57,4%.

Fuente: https://elsiglo.com.ve/2024/02/29/sindicatos-docentes-argentinos-anuncian-una-nueva-huelga/

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María Mónica Monsalve S: “La esperanza de nuestra cultura se está yendo al mar”: el grito de los wayuu desplazados por la erosión costera llega a Washington

Tres miembros de la Cachaca III, cerca de Riohacha, pusieron una acción de tutela contra el Gobierno ante el avance del mar sobre su territorio que ha desplazado a cinco familias. Este jueves serán escuchados por la CIDH

Los primeros signos evidentes empezaron en 2005. La comunidad wayuu Twuliá, ubicada en un lugar conocido como la Cachaca III, a un kilometro de distancia desde Riohacha, La Guajira, empezó a ver cómo el mar se iba comiendo su costa. La situación empeoró en 2007, después de que en Riohacha se construyeran seis espolones para controlar la erosión costera de la capital. Lo que fue una solución para unos, se convirtió un problema para los habitantes de la Cachaca III, quienes tras esa construcción vieron al mar llegar con más fuerza, con más sedimentos y, de nuevo, comerse la costa ante sus ojos. “En solo dos meses – noviembre y diciembre- la comunidad pudo registrar que se perdieron cinco metros”, cuenta la periodista Angie Serna, que ha acompañado el caso y relató lo que vive la comunidad en un podcast sobre pérdidas y daños del cambio climático.

El mar, hasta el momento, se ha llevado dos viviendas, una alberca, una caseta comunitaria, varios árboles, un cementerio de ancestros y ha destruido la zona de desembarco de las lanchas pesqueras, su principal medio de subsistencia. Y a pesar de que el Gobierno, a través del subdirector para el Conocimiento del Riesgo de la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), Luis Carlos Barreto, se comprometió a hacer un estudio sobre el tema que diera pistas sobre cómo mitigar la situación, pasaron meses sin que pasara nada. Un hecho que motivó a tres personas de la comunidad a poner una acción de tutela – figura legal en Colombia – en diciembre de 2023 contra el Gobierno y otras entras entidades, y que, tras vencimiento de plazos, aún no ha sido respondida por el Consejo de Estado.

“Hasta el momento, cinco familias enteras se encuentran en situación de desplazamiento en Bogotá; el progresivo avance de la erosión costera los puso en peligro al dejarlos sin medios de vida para sobrevivir”, explican en la tutela los líderes wayuu Pedro Fonseca Epiayu, Clarena Fonseca Uriana y Edwin Fonseca Redondo. A través de esta acción, en la que apelan a la violación de 12 derechos, entre ellos el de la salud, el mínimo vital de agua y “la vulneración de derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana en contextos de cambio climático”, le piden al Consejo que le exija al Gobierno principalmente dos cosas. Que como medida cautelar, en los siguientes cinco días se lleve personal de salud y agua a la Cachaca III. Y que se les informe del estatus estudio que prometió la Ungrd, así cómo cuál es el presupuesto asignado.

El caso será escuchado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Mientras esperan respuesta, este jueves, 29 de febrero, más de 30 organizaciones de América Latina y el Caribe hablarán frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante una audiencia pública, sobre un problema que, cada vez más, está afectando a la región: el desplazamiento humano asociado al cambio climático. Representando a Colombia y de la mano del Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales (Celeam), Clarena Fonseca Uriana, líder de la Cachaca III, expondrá su caso. A través de un video —ya que no tuvo tiempo suficiente para poder obtener la visa para ir a Washigton— ella expondrá cómo la erosión costera en su comunidad ha generado que cinco familias abandonaran su hogar y, cómo, si la situación se agudiza, el escenario se podría repetir para ella y varias familias.

El mar, hasta el momento, se ha llevado dos viviendas, una alberca, una caseta comunitaria, varios árboles, un cementerio de ancestros y ha destruido la zona de desembarco de las lanchas pesqueras, su principal medio de subsistencia. Y a pesar de que el Gobierno, a través del subdirector para el Conocimiento del Riesgo de la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), Luis Carlos Barreto, se comprometió a hacer un estudio sobre el tema que diera pistas sobre cómo mitigar la situación, pasaron meses sin que pasara nada. Un hecho que motivó a tres personas de la comunidad a poner una acción de tutela – figura legal en Colombia – en diciembre de 2023 contra el Gobierno y otras entras entidades, y que, tras vencimiento de plazos, aún no ha sido respondida por el Consejo de Estado.

“Hasta el momento, cinco familias enteras se encuentran en situación de desplazamiento en Bogotá; el progresivo avance de la erosión costera los puso en peligro al dejarlos sin medios de vida para sobrevivir”, explican en la tutela los líderes wayuu Pedro Fonseca Epiayu, Clarena Fonseca Uriana y Edwin Fonseca Redondo. A través de esta acción, en la que apelan a la violación de 12 derechos, entre ellos el de la salud, el mínimo vital de agua y “la vulneración de derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana en contextos de cambio climático”, le piden al Consejo que le exija al Gobierno principalmente dos cosas. Que como medida cautelar, en los siguientes cinco días se lleve personal de salud y agua a la Cachaca III. Y que se les informe del estatus estudio que prometió la Ungrd, así cómo cuál es el presupuesto asignado.

El caso será escuchado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Mientras esperan respuesta, este jueves, 29 de febrero, más de 30 organizaciones de América Latina y el Caribe hablarán frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante una audiencia pública, sobre un problema que, cada vez más, está afectando a la región: el desplazamiento humano asociado al cambio climático. Representando a Colombia y de la mano del Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales (Celeam), Clarena Fonseca Uriana, líder de la Cachaca III, expondrá su caso. A través de un video —ya que no tuvo tiempo suficiente para poder obtener la visa para ir a Washigton— ella expondrá cómo la erosión costera en su comunidad ha generado que cinco familias abandonaran su hogar y, cómo, si la situación se agudiza, el escenario se podría repetir para ella y varias familias.

“Los daños que hemos vivido con la afectación costera son varios”, explicará a través del video. “Hay también personas en riesgo de perder la vida. Alguna vez un barranco, de unas mil toneladas, casi le cae encima a un pescador estando en la faena”. Y continua: “Toda la esperanza de nuestra cultura se está yendo en el mar”.

“Hay que recordar que una audiencia pública ante la CIDH no es una acción judicial, ni una demanda”, comenta Andrés Aristizábal Isaza, director de litigio estratégico de Celeam y miembro del Movimiento de Laderas. “Así que lo que esperamos es que la Corte escuche este caso, así como los que traen las otras 30 organizaciones para elevar el relato y las discusiones sobre migración, desplazamiento e inmovilidad asociadas a cambio climático”. Es decir, a diferencia de la tutela presentada ante el Consejo de Estado, no se espera que haya una sentencia o fallo, sino que la Comisión los escuche para ir generando un precedente de que en la región y a nivel jurídico y político se tiene que empezar a hablar sobre este tema.

Un caso icónico de litigio sobre erosión costera de Colombia

Unos pequeños pasos, el cambio climático se ha venido colando en el mundo del derecho colombiano. “El pronunciamiento que, esperamos, dé el Consejo de Estado, es un hito que estará abriendo camino”, cuenta Aristizábal. “Cuando empezamos a litigar derechos relacionados con el cambio climático, lo que buscamos es que el Estado genere políticas públicas al respecto, porque actualmente no hay una legislación actualizada. Queremos que las instituciones y políticas no actúen de manera reactiva, sino preventiva”.

 

El experto recuerda que, en los últimos seis años, según datos de Unicef, en América Latina la erosión costera ha afectado a 2,3 millones de personas y que, en los próximos 30 años, 4,6 millones de personas podrían verse afectadas solo por inundaciones. Además, datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, determinaron que, en el año 2023, 9.850 personas se habrían tenido que desplazar en el país por temas asociados al cambio climático.

Por esto, el caso de la Cachaca III podría convertirse en un hito. “Ellos han logrado visibilizarse”, agrega Sierra. “Pero en realidad hay más de 180 comunidades wayuu que están a lo largo de zonas costeras y que están viviendo las mismas condiciones”. Lo que se aplique para la Cachaca III, sería una especie de prueba piloto sobre lo que vendrá para todos ellos.

Fuente: https://elpais.com/america-colombia/2024-02-29/la-esperanza-de-nuestra-cultura-se-esta-yendo-al-mar-el-grito-de-los-wayuu-desplazados-por-la-erosion-costera-llega-a-washington.html

 

 

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