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Frank Andrade, secretario nacional de la oficina de Reclamo y Contratación del Colegio de Profesores de Venezuela, denunció que el magisterio venezolano ha sufrido una pérdida significativa de derechos sociales y una disminución de salarios a “niveles miserables” desde la firma de la segunda convención colectiva de trabajo en 2018. Esta situación ha afectado la calidad de la educación en el país.
Andrade destacó que el salario promedio de un docente que se ubica entre las categorías del uno al seis es de entre 40 y 50 dólares mensuales. “La gran mayoría de los docentes que está entre las categorías uno y cuatro no devenga un dólar diario”, expresó en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias.
El secretario nacional señaló que muchos educadores han tenido que complementar sus ingresos con otras actividades debido a los bajos salarios. Además, criticó las políticas neoliberales del Gobierno, como el reciente aumento en los pasajes, que han reducido aún más los ingresos de los docentes.
“Entonces, en la práctica el maestro, el docente está en pobreza extrema”, dijo Andrade. La falta de respuesta del gobierno a las demandas salariales de los educadores ha llevado a una crisis en el sector, con muchos educadores renunciando y migrando. “Más de 150 mil educadores se han ido del país”, destacó.
Andrade también denunció la persecución y amenazas del gobierno venezolano hacia los educadores, lo que ha llevado a un deterioro en la calidad educativa y a un aumento de la deserción escolar. “El gobierno ha manifestado que no permitirá que los pobres salgan de la pobreza”, señaló.
Según Andrade, el Gobierno ha dejado el tema salarial en un segundo plano, enfocándose en las elecciones del 28 de julio. Muchos educadores ven en un cambio político la única solución para sus problemas.
Finalmente, Andrade aseguró que el Colegio de Profesores de Venezuela sigue en pie de lucha y continuará reclamando sus derechos. “No nos rendiremos”, concluyó.
Con información de Radio Fe y Alegría Noticias
Crisis educativa en Venezuela: salarios “miserables” y derechos perdidos