América del Sur/Chile/30-08-2020/Autor(a) y Fuente: www.cronicadigital.cl
América del Sur/Chile/30-08-2020/Autor(a) y Fuente: www.cronicadigital.cl
América do Sul/Brasil/30-08-2020/Autor: Mário Junior/Fonte: sinasefe.org.br
Confira no vídeo acima a fala do coordenador geral do SINASEFE, David Lobão, feita na reunião virtual da Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Federais (IFs) realizada em 19 de agosto de 2020.
Em sua intervenção durante a reunião, Lobão falou:
Fonte de informação: https://sinasefe.org.br/site/intervencao-de-david-lobao-na-reuniao-da-frente-parlamentar-em-defesa-dos-ifs/
Uno de los factores necesarios para el desarrollo de cualquier sociedad es la existencia de un acuerdo de convivencia entre los distintos actores que la componen. Cuando un grupo se impone sobre los otros de manera violenta, este acuerdo se rompe, imposibilitando la mínima coexistencia y el bienestar común.
En nuestro país, la imposición de un esquema empobrecedor, criminal y autoritario, ha propiciado una crisis sistémica profunda de un costo humano imperdonable.
Los ciudadanos quedan en orfandad institucional y los cuerpos de seguridad y gubernamentales amenazan, hostigan o ignoran a las personas. A través de sistemas de control social el régimen instrumentaliza las necesidades básicas de alimentación, salud o vivienda para mantenerse en el poder.
Enfrentar esta realidad, ahora agravada a raíz de la pandemia de COVID-19, implica la búsqueda de nuevas formas de acción social y política, necesarias para este contexto de cooptación de vías democráticas y masivas violaciones de derechos humanos desde el Estado.
En el movimiento Caracas Mi Convive creemos que el cambio empieza por el restablecimiento de lazos convivenciales básicos en la sociedad civil.
Iniciativas como Alimenta la Solidaridad o Monitor de Víctimas, vinculan comunidades, organizaciones, aliados y voluntariado alrededor de graves problemas compartidos como la violencia o la crisis alimentaria. Quienes son afectados directamente por el problema se convierten en factores determinantes de su solución, generando procesos de vinculación y empoderamiento individual y colectivo. La generación de confianza y el trabajo mancomunado de comunidades y liderazgos locales se vuelve primordial.
En estas nuevas formas de organización los objetivos comunes de dar respuesta al colapso y la emergencia inmediatos, derrumban muros ideológicos o partidistas. En nuestras iniciativas participan personas de diferentes tendencias políticas y los modelos de trabajo son replicables en diversos ámbitos. Alimenta la Solidaridad, por ejemplo, funciona articulado con diferentes organizaciones y comunidades a nivel nacional, con una red que produce almuerzos diarios para más de 15.000 niños.
Este modelo convivencial se viene desarrollando en medio del agravamiento progresivo de la crisis venezolana y, ahora, en medio de la cuarentena mundial, con graves problemas de abastecimiento de electricidad, gas y combustible. Las iniciativas han seguido trabajando, asumiendo los complejos procesos de adaptación surgidos a partir de la nueva emergencia de COVID-19.
Estos logros muestran la posibilidad real de encuentro aún en medio del ambiente de conflictividad, incertidumbre y desconfianza que propicia el sistema fragmentador autoritario. Y también la importancia de la construcción de una nueva convivencia para una nueva Venezuela.
robertopatino.com
Fuente: https://www.elnacional.com/opinion/construyendo-una-nueva-convivencia-2/
América del Sur/Argentina/30-08-2020/Autor(a) y Fuente: www.diariodecuyo.com.ar
El sistema que utilizará la provincia para el nivel inicial, primario y secundario será el de promoción “acompañada”, pero sin dar detalles claros.
Al menos 33 jóvenes fueron asesinados en las últimas dos semanas. Masacres que Duque minimiza como «homicidios colectivos». Con esta actitud, no hará que el país sea más seguro que el de su predecesor, opina Uta Thofern.
Cinco amigos visitaban una plantación de caña de azúcar donde se les vio con vida por última vez. Sus padres los encontraron en los arbustos: tiroteados y apuñalados. Uno de ellos con la garganta cortada. Jair, la víctima más joven, tenía solo 14 años. Los cinco estudiantes vivían en una comunidad afrocolombiana al sureste de Cali. Sus padres son trabajadores comunes.
Ocho jóvenes fueron asesinados unos días después en una fiesta en Samaniego, a 500 kilómetros de distancia. Tenían un trasfondo completamente diferente: la mayoría eran estudiantes de clase media, hijos de maestros, comerciantes, médicos. No tenían nada en común con otros tres jóvenes que fueron encontrados muertos pocos días después en el mismo municipio de Nariño y que pertenecían al pueblo indígena awá.
Sobre las 17 víctimas de este fin de semana todavía se sabe menos. Cinco estaban en las cercanías del departamento de Arauca, no lejos de la frontera con Venezuela, seis en la comunidad de El Tambo, en el departamento del Cauca, y seis más en un pueblo cerca de Tumaco, en Nariño, en la frontera con Ecuador.
Lo que conecta a las 33 víctimas es la inexplicabilidad de sus muertes, la total falta de sentido de lo sucedido, y el hecho de que su juventud y la proximidad temporal de los hechos desencadenan más discusiones que los actos de violencia «habituales» a los que se ha acostumbrado Colombia en las últimas décadas. La ONU contabilizó 36 masacres el año pasado, es decir, en promedio tres al mes. Este año, el número ya es mayor.
En la mayoría de los casos, no está claro quiénes son los perpetradores. Los sospechosos habituales son los miembros del último grupo guerrillero que queda, el ELN, disidentes de las FARC que eludieron el desarme y el narcotráfico organizado, que ahora está controlado en gran parte por carteles mexicanos. Los grupos paramilitares, que también se cree son responsables de crímenes, generalmente no son mencionados por el gobierno actual. Se dice que el expresidente Álvaro Uribe tiene vínculos con estos grupos y en este contexto se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario por decisión de la Corte Suprema. Y Uribe es el mentor del actual presidente Iván Duque.
Independientemente de cuál de los diferentes grupos armados sea responsable de qué delito, el comportamiento y la elección de palabras del gobierno, y por cierto también de la oposición, muestran cuán altamente politizado está el debate sobre la violencia y la seguridad en el país. La postura sobre el proceso de paz con las FARC es decisiva para cada una de estas posiciones.
El anterior gobierno del ganador del Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, observó pasivamente cómo los diversos grupos armados se aprovecharon del vacío de poder dejado por las FARC. El lema parecía ser: mejor guardar silencio que dejar que surjan críticas al proceso de paz. Y ganar así las próximas elecciones. Pero con Duque, el ganador fue un pupilo del hombre que como ningún otro defendió una política de fuerza militar intransigente contra la guerrilla y luchó contra el proceso de paz. Hasta el día de hoy, no ha analizado las causas sociales tras el surgimiento de la guerrilla.
Por el momento, Duque es el responsable del destino de su país. Un presidente al que después del asesinato de 33 jóvenes lo primero que se le ocurre es decir que estos actos no deben calificarse como masacres, sino como «homicidios colectivos”. Y que en segundo lugar hace hincapié en las estadísticas de asesinatos casi igualmente malas de su predecesor. ¿Cómo ayuda esto a las madres y padres de los muertos? ¿Qué pasa con los padres cuyos hijos están planeando una fiesta el próximo fin de semana? ¿Mejorará esto la infraestructura y las economías de las muchas regiones que han sido abandonadas por el gobierno?
En Colombia el problema no se centra solo en la falta de seguridad. Pero una paz solo de papel no es suficiente. Para un futuro verdaderamente pacífico se necesita un gobierno capaz de actuar, que enfrente la gran desigualdad social e invierta en las regiones olvidadas. A Duque le quedan solo dos años para emanciparse, lo que difícilmente será suficiente. La comunidad internacional debe despedirse de la ilusión de que el acuerdo de paz resolverá el problema de Colombia.
M.H.: Se han producido cambios en el gabinete peruano y me gustaría que hiciéramos un análisis porque se han incorporado figuras militares. ¿Tiene esto algo que ver con situaciones como las que se viven en Brasil donde hay un fuerte componente militar en el gabinete de Bolsonaro?
R.N.: Vamos a seccionar tu pregunta en dos temas, el primero, efectivamente ha habido un cambio de gabinete. Pero sin meternos mucho en la vida política de Perú, solamente decir que en pocos días hubo dos cambios de gabinete, uno fue Cateriano que era un amigo íntimo de Vargas Llosa, que reemplazó a Vicente Zeballos que fue un ministro que acompañó al presidente Vizcarra desde que asumió la Presidencia después de Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018.
Este Cateriano, por la forma política de Perú tenía que presentarse al Congreso, que es hostil al gobierno, para que el Congreso le diera la autorización correspondiente para asumir, porque así lo señala la Constitución. El Congreso rechazó a Cateriano, ultra liberal de derecha, pero no lo rechazaron porque los otros congresistas fueran de centro o izquierda, sino por los intereses propios en relación a este nuevo personaje.
A los pocos días fue reemplazado por otro, esto es lo que estás señalando, que lo preside el General Walter Martos, que ya era ministro de Defensa. En Perú los ministerios de Defensa se los dan a los Generales, que un General sea ministro no quiere decir que las Fuerzas Armadas estén cogobernando de ninguna manera como en otros países, como insinúas tú que pudiera haber algo parecido a Brasil.
Por su lado, Zeballos había entrado como Primer Ministro en condiciones particulares, no solamente la crisis económica de Perú sino los efectos de la cuarentena. Perú es el sexto país del mundo con más casos de Coronavirus.
M.H.: Vos anticipaste esto en la última entrevista que hicimos, cuando todavía no se comentaba, dijiste que esto iba a suceder.
R.N.: Claro. El gobierno reconoce casi 20.000 muertos, pero los analistas dicen que debe ser mayor a 30.000 muertos la cifra. Estamos hablando de una situación dramática, en un país donde jamás hubo asistencia sanitaria. En la época en que yo fui Senador y miembro de la Comisión de Salud, el presupuesto no era mayor del 2% y nunca hubo servicio asistencial para los pobres que son un 60/70% de la población, por decir una cifra aproximada.
M.H.: Entonces Perú no es un modelo como dice López Murphy.
R.N.: Perú era un modelo como señalaron a Chile también, porque decían que crecía a tasas del 4.5% y que tenía una economía estabilizada. Pero yo siempre comenté que esos datos son falsos, porque en Perú el 70% de la población es marginal, tal es así, que un estudioso de fama mundial, Hernando de Soto, escribió un libro, El otro sendero, donde señalaba y demostraba fehacientemente que en el Perú la economía marginal era enormemente superior a la economía formal. Con ese dato real, hay que poder deducir los problemas sociales y políticos que se dedican a eso.
La economía informal es una economía de semi empleados y semi productores en un escalón hacia abajo. De tal manera que las estadísticas del gobierno señalaban que un vendedor de limones y un vendedor de ají era un semi ocupado, para decirte lo que hacían con los datos estadísticos. Es decir, los informes eran truchos en conveniencia de los que gobernaban el Perú para presentarse como modelo.
Pero agrego lo que siempre dije también, el truco estadístico en Perú de los gobernantes es este, el 30% de los dólares que se generan en Perú vienen del narcotráfico, del cual el gobierno hace la vista gorda, y el resto vienen de la minería, porque Perú es el cuarto país minero del mundo. Y la minería todavía no ha tenido la recesión como tienen otros productos, entonces la combinación entre los dólares que vienen por la exportación minera y los del narcotráfico hacen que Perú sea un país con abundancia de dólares.
No solamente hay estadísticas falsas respecto de la economía peruana, sino que hay una falsificación de los datos respecto de por qué Perú es un país dolarizado. Entonces aquí se revela la realidad de un país que con el Coronavirus se ha agravado en forma notable.
El Perú va a crecer el 1.5%. ¿Qué va a pasar si un país que crecía al 4.5% de golpe va a crecer el 1.5%? ¿Quién paga las consecuencias de la caída de la economía? Obviamente todos los marginales de la sociedad, el 60 o 70% de la población y solo el 30% privilegiado tienen un escalón de acceso a las posibilidades de supervivencia. Tenemos un país terrible que se asemeja mucho a Bolivia y a Ecuador, no solo en el cuadro del Coronavirus sino en el drama social y político.
M.H.: Te quería preguntar por Hugo Blanco. Leí que ha habido fuertes críticas en contra del dirigente campesino de la década de los 60. Luego fue compañero tuyo en el FOCEP también. ¿Qué ha provocado esta reacción en su contra?
R.N.: La reacción contra Hugo Blanco es de un sector de la clase dominante de Perú. Porque Blanco, que dirigió una toma de tierras y una rebeldía campesina importante en el país, amigos de él hicieron un film y esa película se propagandizó en varios países, sobre todo en Perú. Pero un sector de la derecha aprovechó esto para decir que el gobierno toleraba a un “castrista”, a un agente de Venezuela, un subversivo para buscar correlaciones de fuerza a su favor. De tal manera que el ataque fue esencialmente político por circunstancias de política interna del país y, sobre todo, por la relación del gobierno con ciertos sectores de la oposición. Lo cual no quiere decir que no aprovechemos para decir que Blanco sí es un personaje social y político importante en el país que intentó una rebeldía campesina importante en la década del 60.
Pero quisiera decirte sobre el General Martos que es un general en retiro que ya era ministro de Defensa, era uno de los dos ministros militares que normalmente hay en el ministerio, uno del Interior y el otro de Defensa, porque así es la tradición política en el Perú. Él ha sido puesto porque en medio de la pandemia hay obviamente reacciones populares en el sentido de los anti cuarentena, pero que en Perú tiene otra connotación. Los anti cuarentena no son como en Argentina con intención política y aprovecharse de eso para oponerse al gobierno por derecha. Sino que son esos miserables que no tienen otra cosa que buscar de qué vivir porque si no mueren. De ahí las estadísticas que indican que mueren como ratas.
Entonces ante el temor de un desorden social, porque hay protestas localizadas y más, el gobierno para controlar la situación porque ya no tiene posibilidades de cubrir sanitariamente todo lo que ocurre por la propagación del Coronavirus, tiene miedo al desborde social y el General ha sido puesto como una especie de hombre especializado en ser la autoridad. Tal es así que ya debutó con tres muertos. Acaban de morir tres indígenas de la Amazonía por la protesta porque el gobierno no los atendía ante el avance del Coronavirus. Hubo 17 heridos y se sospecha que hubo muchos más muertos. Esa es la tarea que tiene que cumplir el General.
Y no hay posibilidades en Perú que en este momento haya un cogobierno militar como en Brasil con Bolsonaro, porque por la cuarentena y las condiciones de la protesta social atomizada, no hay peligro social insurgente que ponga en peligro al gobierno. Y no hay tampoco otro sector político que esté interesado en derribar al gobierno, salvo los problemas puntuales que tiene, sobre todo la controversia entre el Congreso y el gobierno. Porque el próximo año ya hay elecciones, este Presidente que es un provinciano liberal muy amigo de EE UU, puntal del Grupo de Lima, quiere irse. Entonces no hay peligro de un gobierno militar en Perú.
La presencia militar es consuetudinaria, siempre ha sido así, desde mi época o antes, ha habido algunos militares en los gabinetes. Y termino la exposición para decirte que te recuerdo lo que siempre dije en mis intervenciones, Perú es este, que tiene cinco presidentes probadamente corruptos: Fujimori, Alan García, Ollanta Humala, Toledo y Pedro Pablo Kuczynski. Esta es la especificidad de este país, cuatro presidentes probadamente corruptos, uno que se suicidó, otro con pedido de extradición y que son ladrones no de diez millones sino de centenares y miles de millones de dólares. Ese es un hecho para demostrar qué cosa es la democracia peruana, qué cosa es la ética de la clase gobernante, qué clase de gobernantes tenemos y los Presidentes que durante 20 años permitieron que el 70% de la población sea marginal, vivieron de eso y se robaron miles de millones de dólares. Ese es el país actual.
Lo que no quiere decir que no haya resistencias populares, que no haya habido luchas y está abierta la frontera de cuál será el destino de este país tan particular en el cuadro general de América Latina donde obviamente la opresión del imperialismo y sus agentes liberal conservadores están garantizando la dominación de clase y permitiendo el intento de EE UU de la recolonización de América Latina, que no se ha producido aún pero que es la estrategia del imperialismo norteamericano.
Quién se va a oponer, gran pregunta sin respuesta en este diálogo, pero sí en el pensamiento político, en las ganas de buscar una salida, de saber qué nos va a pasar y responder al interrogante de los que se preguntan qué va a pasar luego del Coronavirus.
Estamos en un momento clave de la barbarie capitalista y es una incógnita qué alternativa podremos montar los de abajo, las rebeldías, las revoluciones y lo que venga, como contrapeso a un destino incierto donde se alejó la revolución y apareció la dominación capitalista en su forma de la barbarie con todos los elementos que conocemos de la misma.
Fuente: https://rebelion.org/peru-reconoce-20-000-muertos-por-el-coronavirus-pero-los-analistas-dicen-que-supera-los-30-000/
Los senadores también aprobaron el uso de los recursos del desayuno escolar en la provisión de canastas alimenticias para paliar la necesidades de la población durante la cuarentena sanitaria.
Por dispensación de trámite, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley para garantizar la continuidad de la educación inicial, primera y secundaria en las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio, además de las universidades.
Además, dispuso en la ley el pago del Bono Juancito Pinto y el uso de los recursos del desayuno escolares en la provisión de canastas alimenticias en los municipios del país. Esto último había generado conflictos entre padres de familia y alcaldías debido al sustento legal que eventualmente faltaba para cumplir con el beneficio en esta cuarentena nacional por la propagación del nuevo coronavirus en el país.
Las labores educativas están suspendidas desde el 11 de marzo debido a la propagación del COVID-19 en el país y el Gobierno intentó un plan alternativo a las clases presenciales a través del Decreto Supremo 4260, publicado el 6 de junio, que reguló la educación virtual.
Sin embargo, por desacuerdos con los magisterios rural y urbano del país, la norma no pudo ser aplicada y el Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunció el 2 de agosto anunció la clausura del año escolar en todos los niveles de las unidades educativas, fiscales, privadas y de convenio.
La medida creó confusión y protestas en razón de la eventual vulneración del derecho a la educación, aunque el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, aclaró que solo las labores administrativas fueron suspendidas y que la educación continuará.
El 19 de agosto, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a requerimiento de una acción pública presentada por la diputa Lidia Patty, del Movimiento Al Socialismo (MAS), anuló la resolución de clausura del año exigió al Gobierno que en un plazo de 10 días presente un plan alternativo para la continuidad de las labores educativas en el país.
Cárdenas respondió con acusaciones de actuación política de parte del MAS y de la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, a quien acusó de “disfrazada” y de prorrogarse en sus funciones. Al final, el Ministerio de Educación anunció con interponer una apelación a la decisión judicial, mientras las labores educativas se encuentran en la incertidumbre.
Fuente: https://www.la-razon.com/sociedad/2020/08/26/la-camara-de-senadores-considera-una-ley-para-garantizar-la-continuidad-de-clases/