Jubilados y pensionados protestaron la mañana de este jueves 14 en varios estados para reclamar al Ejecutivo un aumento del salario mínimo y las pensiones, que se mantienen fijas desde hace más de dos años. La consigna «No al exterminio» se repitió en las sedes del Seguro Social del país.
En Caracas, frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un grupo de pensionados y trabajadores activos protestó por las condiciones que enfrentan los dependientes de la administración pública.
Griselda Sánchez, sindicalista y presidenta de Fordisi, dijo que no hay políticas que permitan «una calidad de vida digna» a los adultos mayores.
Sánchez pidió a los representantes del PNUD que conversen con las autoridades venezolanas para conseguir mejoras en las pensiones.
«Entiendan que los trabajadores no pueden esperar a que se resuelva el tema político. Entendemos que necesitamos un cambio de modelo político, pero también necesitamos que se generen políticas para que nuestros jubilados y pensionados tengan un ingreso digno».
«¿Hasta cuándo tanta hambre, tanta miseria, tanto sufrimiento», expresó un jubilado frente a la sede del IVSS en San Juan de los Morros, estado Guárico.
#14Marzo Así transcurre la protesta de pensionados y trabajadores activos en Valencia, Carabobo, en demanda de salarios y pensiones dignas y tras la negativa gubernamental de aumentar el ingreso en medio del acelerado deterioro de la calidad de vida #AumentoDePensionesYapic.twitter.com/1pykjcemqR
El plan de lucha va a continuar y se comienza a preparar una gran marcha universitaria para abril, señalan docentes, no docentes y estudiantes.
Gremios y la federación de estudiantes realizaron este jueves una conferencia de prensa frente a la sede del Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en una jornada de paro dispuesta por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. A modo de visibilización de la protesta, instalaron bancos y banderas en la explanada del histórico edificio de bulevar Pellegrini 2750.
El Frente Sindical de las Universidades Nacionales es un espacio que forman a nivel nacional los gremios Fedun, Conadu, Conadu Histórica, Fagdut, UDA, Ctera y los No Docentes nucleados en Fatun. Llevó a cabo esta medida de fuerza ante «la profunda crisis salarial y presupuestaria que exige una respuesta de unidad estratégica con un plan de acción nacional que encauce el malestar, los reclamos y sea eficaz para lograr los objetivos».
«La convocatoria fue realizada en defensa de la universidad pública y gratuita, por la inmediata actualización del presupuesto universitario -dado que ahora estamos funcionando con un presupuesto reconducido de 2023- y la recuperación de los salarios», detalló Claudia Baigorria, secretaria general de CTA Autónoma Provincia de Santa Fe.
En Santa Fe, adhirieron los gremios Adul y Apul. La novedad también estuvo dada porque unieron fuerzas no sólo los sindicatos (estaban referentes enrolados en la CGT y en la CTA Autónoma) sino también con los estudiantes de la FUL. «El acatamiento al paro es de un 90%, y solo se conservaron guardias mínimas cuidando el patrimonio universitario», dijo Baigorria.
Reuniones infructuosas
Hasta el momento hubo dos reuniones con los gremios universitarios. La propuesta nacional fue un incremento salarial del 16% a cobrarse con el salario de febrero. El problema es que esa oferta absorbería un 10% de acuerdos paritarios precedentes. Por lo que los sindicatos aducen que el aumento 2024 sería sólo de 6 puntos, y rechazaron la oferta.
Norberto Cabanas, secretario gremial de UDA -designado como paritario universitario nacional- explicó que «el paro es en demanda especialmente de aumento salarial, que es el tema urgente. Pero también por mayor financiamiento para la educación y especialmente para el sector universitario, que hoy en día está funcionando con un presupuesto prorrogado, con valores nominales de hace un año. A este ritmo, podemos decir que en uno o dos meses más, las universidades nacionales ya no contarán con más fondos como para poder funcionar. Y cuando hablo de funcionar, me refiero a ni siquiera abrir sus puertas».
Al respecto, Baigorria aportó: «Hay un retraso, una pérdida del poder adquisitivo de los salarios que en tres meses es más del 50% para los trabajadores docentes y no docentes. También la medida es en defensa de los puestos de trabajo y por jubilaciones dignas, por la restitución inmediata del Fonid a los compañeros y compañeras docentes de las escuelas preuniversitarias, que ven recortada esa parte del salario tan importante. Y por supuesto, por la inmediata derogación del DNU 70-2023 del gobierno nacional».
Más acciones
La semana que viene se vuelve a reunir el día martes el Frente Nacional de Sindicatos Docentes y No Docentes de las Universidades Nacionales. También va a haber un encuentro con la Federación Universitaria de los Estudiantes (FUA), para ver cómo continuar. Se analiza la realización de un nuevo paro de 48 horas con fecha a definir y la construcción de una «gran marcha universitaria» para el mes de abril.
Oscar Vallejos, secretario adjunto de Adul, indicó que la jornada de paro tuvo el propósito de manifestar dos conflictos fundamentales que atraviesan a la universidad pública: «Por un lado, la crisis salarial que quienes trabajamos en la universidad estamos sosteniendo. No estamos pidiendo aumento, lo que estamos diciendo es que necesitamos recomponer el salario acorde a los procesos inflacionarios. Y por otro lado, la situación de la crisis presupuestaria que atraviesa la universidad y que también afecta las condiciones de trabajo de la docencia y pone en crisis la posibilidad misma de que la universidad esté abierta».
«Si bien el gobierno nacional, con una estrategia mediática, informó que iba a aumentar el 70% el presupuesto universitario destinado a gastos de funcionamiento, claramente ese porcentaje es insuficiente, en tanto y en cuanto los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), estaban planteando la necesidad de una actualización presupuestaria de más del 200%», reflexionó Vallejos.
«Este 70% claramente no alcanza a resolver la gran crisis de la universidad en cuanto a lo que se necesita para que la universidad funcione. Y eso significa cuestiones muy sencillas: tener fibrones para escribir en el pizarrón cuando se dan clases o insumos en los laboratorios para que las y los estudiantes aprendan química», fundamentó.
Si usted pasa por la calle La Marina 1220, comuna de San Miguel, Santiago, se topará con una casa de dos pisos que tiene un gran pendón que dice ‘Colegio Paulo Freire: Educación para Repensar y Transformar’. No cobran matrícula ni colegiatura, salvo una resma de papel para imprimir materiales educativos.
El profesor Marcos Moreno Pacheco explica que «nuestro establecimiento tiene 174 jóvenes y adultos en la actualidad, más de 600 egresados, y cuenta con tres niveles porque hacemos 2 años en uno: la jornada de mañana para séptimo y octavo básico, primero y segundo, tercero y cuarto medio, de las 9.00 a las 13.30 horas; la jornada tarde de las 14.00 a las 18.40 horas para primero y segundo medio, y tercero y cuarto medio; y la jornada vespertina de 18.50 en adelante para los cursos de primero y segundo, y tercero y cuarto medio», y agrega que «territorialmente los estudiantes provienen principalmente de Santiago centro, San Miguel y La Cisterna, El Bosque y San Bernardo, San Joaquín y Pedro Aguirre Cerda. Pero también llegan de Cerro Navia, Puente Alto, La Florida, entre otras».
– ¿Cuál es la orientación general del colegio y cómo se expresa en los contenidos curriculares y las relaciones sociales al interior del establecimiento?
«Creemos en las transformaciones personales y sociales. Nuestro empeño está puesto en que los estudiantes sean lo más autónomos posible, tanto en el colegio como en su vida fuera de él. Nuestra perspectiva tiene que ver con una educación crítica al sistema preponderante, para que quienes se forman con nosotros cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar el mundo. Por eso las relaciones de horizontalidad priman en toda la comunidad escolar, pese a que las experiencias educativas previas de nuestros estudiantes traen consigo la idea de que los docentes son seres intocables. Entonces, nos tratamos con nuestros nombres. Por ejemplo, a mí me llaman Jeremy que corresponde a mi segundo nombre. La cuestión es facilitar la cercanía, amabilidad y cariño entre todos y todas. Los estudiantes neurodivergentes y de la comunidad LGTBIQ+ tienen su espacio. Somos educadores sin tarima. En las salas las sillas no están una detrás de otra, sino que forman círculos. Y curricularmente, impartimos las asignaturas formales de Matemáticas, Lenguaje, Ciencias, Historia e Inglés. Más dos ramos instrumentales que van en la línea del autoconocimiento, el autocuidado, las miradas críticas al sistema. Y además, una vez al día, trabajamos en lo que hemos denominado ‘Aprendizaje Basado en Proyectos’ (ABP).»
– ¿Y en qué consisten los ABP?
«En ese ámbito las y los estudiantes deciden qué quieren aprender y de qué modo, proponiendo un proyecto a realizar conforme a un tiempo determinado. Por ejemplo, la producción de una revista de poesía, un huerto comunitario, instrumentos deportivos; publicaciones sobre astronomía, sesiones de peluquería, experimentos químicos y físicos, salidas a terrenos cercanos a Santiago, construcciones de radieres, etc. Lo ideal es que los estudiantes trabajen en equipo para incentivar las labores colaborativas. En los últimos años hemos tendenciado los proyectos hacia la solución de problemas. Los docentes sólo les brindamos las pautas iniciales para establecer sus proyectos libremente elegidos. Sobre los ABP, los iniciamos de manera piloto en el 2017, y ahora el Ministerio de Educación ha impulsado estas metodologías de manera oficial en el país, lo que quiere decir que fuimos pioneros en la implementación de los ABP, a pesar de no contar con los presupuestos adecuados del Estado, grave dificultad que debemos resolver mediante la autogestión de la comunidad.»
– ¿Por qué el colegio se llama Paulo Freire?
«Freire fue un educador que en la década de los 60 del siglo XX comenzó a cobrar relevancia internacional por el empleo que hizo de metodologías especiales de lecto-escritura con campesinos en Brasil. Sus ideas están inspiradas en la liberación del proletariado a través del conocimiento. Así, entre mediados y fines de los 60, Paulo Freire trabajó con los campesinos del país. Llegó hasta África con sus propuestas emancipadoras».
Por su parte, el educador del colegio, Jorge Reyes, complementó que en el Chile de los 70 y 80, «se ponen en práctica los saberes de Freire en las poblaciones en resistencia contra la dictadura militar, se levantan los preuniversitarios populares, las colonias urbanas. De allí emerge una corriente de educadores con la convicción de que bajo estos métodos es posible facilitar la toma de conciencia de las y los sujetos, con el propósito de liberarse de la opresión, más allá de solamente aprender a leer y escribir».
– Jorge, ¿cómo se inició la idea de imaginar un colegio como el que están construyendo?
«La iniciativa surgió del Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL) de la comuna de Peñalolén en Santiago, que en su desarrollo por la vivienda, comenzó a levantar nuevas estructuras, como las comunicaciones y la educación. Entonces, el grupo de profesionales de apoyo al MPL se planteó que hasta ese momento estaban preparando a la gente para rendir sus exámenes libres de escolaridad gratuitamente, y que ya era hora de crear un colegio propio. En consecuencia, se empezó a efectuar un conjunto de trámites para conseguir los recursos y materializar el colegio, bajo la figura de la subvención estatal para la regularización de estudios de jóvenes y adultos, y en medio del gran movimiento estudiantil del 2011. El 2012 se consiguieron los medios y el 2013 arrancó el funcionamiento del colegio».
– ¿Quiénes componen la cooperativa de trabajo del colegio y cómo operan internamente?
«Hemos funcionado de acuerdo al modelo cooperativo, pese a no serlo formalmente. De hecho, debimos acudir a herramientas jurídicas para funcionar, porque en Chile no es nada fácil que una cooperativa administre un colegio. Nos convertirnos en Fundación. Sin embargo, la distribución de tareas es de las 21 personas que participan en la entidad de trabajadores y trabajadoras de la educación. Los mismos 21 que nos reunimos todos los viernes en la mañana como asamblea general, lugar donde se toman las decisiones estratégicas democráticamente. Ahora bien, en lo cotidiano se desenvuelven diversos equipos con tareas específicas: administración (aspectos económicos y logísticos), la Unidad Transformación Pedagógica (UTP), Secretaría (tramitaciones); el Centro de Reflexión e Investigación (CRIN); Psicosocial; Apoyo Estudiantil; Aseo y el Kiosco. La mayoría de las 21 personas que hacemos el colegio llevamos a cabo dos funciones.»
Los trabajadores de la educación informan que el establecimiento se desenvuelve de lunes a jueves con estudiantes y el viernes se destina a las labores arriba señaladas. Asimismo, planificaron talleres abiertos a la comunidad los viernes por la tarde, desde el mes de abril, para desarrollar áreas ligadas a artes y oficios.
Los integrantes del colegio indicaron que la educación de adultos en Chile carece de una línea presupuestaria del Estado comparable a la educación convencional, o sea, su subvención es más baja. Por ejemplo, el curso de alfabetización para las personas adultas que no saben leer ni escribir es el que recibe los menores recursos de la cartera del ramo.
«Pero nosotros no preparamos a los estudiantes para los exámenes libres ni para la PSU u otras pruebas estandarizadas. Nuestro enfoque está concentrado en los procesos educativos. Eso es lo que evaluamos», aclara Jorge.
En el caso del Paulo Freire, la mayoría de la subvención estatal se gasta en sueldos, lo cual redunda en que para realizar los proyectos adicionales los miembros del establecimiento están obligados a buscar recursos por otras vías.
– ¿Y les alcanza para llegar a fin de mes con los ingresos que perciben de la subvención?
«No conozco a ningún trabajador o trabajadora de la educación del Paulo Freire que termine cómodamente el mes. No sólo porque los sueldos no son muy altos (montos que por hora trabajada son iguales para todos, indistintamente de la función que cumplamos), sino que sobre todo porque el costo de la vida es muy caro. De los 21 integrantes del colegio, un tercio debe tener un trabajo extra para sobrevivir con cierto decoro. Pero, por lejos, merece la pena desempeñarse y realizarse laboralmente en el Paulo Freire», termina Marcos Jeremy.
Este jueves pararán las federaciones de trabajadores de los claustros docentes y no docentes de las universidades públicas nacionales. La medida es respuesta a los fuertes recortes presupuestarios por parte del gobierno de Javier Milei. En Paraná se realizará una radio abierta para visibilizar el conflicto, confirmó a AIM la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria (Sitradu), Sofía Cáceres Sforza.
El paro “será muy importante, porque hace mucho tiempo que no había uno de todos los gremios y sindicatos de la docencia universitaria al que se plegaron, también, los no docentes”, indicó a esta Agencia Cáceres Sforza.
En ese sentido, la politóloga señaló que la medida “responde a la situación de emergencia y de crisis que está atravesando la universidad pública, donde aún seguimos sin respuestas en relación no sólo a lo salarial, sino, también, a lo presupuestario”.
En ese marco, confirmó que, en la capital entrerriana, como en otros puntos del país, habrá actividades, por lo que se realizará una radio abierta.
Plan de lucha
El viernes en el Congreso de la Federación Nacional de Docentes Universitarios Histórica (Conaduh) en Buenos Aires “se discutirá cómo viene la situación y la necesidad de construir un plan de lucha que efectivamente dé respuesta a la crisis y emergencia que tiene la universidad pública”.
Los detalles fueron presentados por la Universidad Católica Andrés Bello este miércoles 13 de marzo.
País.- Un total de 3 millones 984 mil 517 venezolanos, con edades comprendidas entre los 3 y los 24 años, no cursan ningún tipo de estudios, según la Encuesta de Condiciones de Vida(Encovi) del año 2023, cuyos resultados fueron presentados este miércoles 13 de marzo por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
El estudio demostró, tras hacer entrevistas en 16 mil 212 hogares del país, que la demanda potencial de estudiantes es de 11 millones 597 mil 754 personas, mientras que la población escolarizada es de 7 millones 613 mil 237, lo que deja a un 34 % de niños y adolescentes desescolarizados por múltiples motivos.
Entre las razones por las que estas personas abandonan los estudios, la encuesta reveló que el 19 % de las mujeres de entre 18 y 24 años que dejan de ir a clases lo hace por «embarazo, cuidar hijos o atender el hogar».
La cobertura global de educación alcanzó el 66 % en 2023, un 3 % más que en 2022, pero menos que en 2016, cuando el 76 % de la población en edad estaban escolarizados.
La Encovi, que se aplica en Caracas y en nueve de los 23 estados del país, remarcó que solo el 14 % de los hombres y el 21 % de las mujeres de entre 18 y 24 años continúan con sus estudios.
Asimismo, el estudio reveló que el 60 % de la población estudiantil asiste regularmente a clases «con cierta normalidad», mientras que un 40 % se ausenta de las aulas por motivos que incluyen la falta de comida en el plantel educativo, las huelgas del personal por mejoras salariales, los fallos en los servicios básicos y la inasistencia de docentes.
Además, el estudio concluyó que el 62 % de los estudiantes de primaria y bachillerato reciben alimentación gratuita en las escuelas y liceos, aunque solo algunos días por semana.
Según el Gobierno, unos 8,82 millones de estudiantes comenzaron en octubre pasado el año escolar vigente en más de 28 mil 300 centros educativos, lo que deja fuera a algunas universidades, especialmente del sector privado, que marcan sus propios períodos de manera independiente.
La educación sexual se debe trabajar con los niños y adolescentes de la mano de las familias y las instituciones educativas, según una psicóloga.
La semana pasada, la noticia de un caso de presunto abuso sexual a dos menores de edad conmocionó al país. Los agresores serían tres estudiantes de un colegio particular de Guayaquil, que habrían abusado de dos compañeras, utilizando escopolamina, durante un viaje a Punta Cana.
Y es así como se remarca una urgencia que no es nueva, pero que sigue siendo tabú en Ecuador: es necesario hablar de educación sexual y violencia de género en las escuelas, colegios y universidades del país.
Así lo considera la periodista Thalíe Ponce, directora y fundadora de Indómita Media, un portal de noticias con enfoque de género y derechos.
Estos casos, según Ponce, revelan el estado de la educación primaria y secundaria en Ecuador: “Evidentemente si esto está pasando en entornos educativos, así no haya sucedido dentro del colegio, significa que algo está fallando”, dijo la periodista en una entrevista con EL UNIVERSO. Ella también observó una falencia en los protocolos que tienen que ver con educación y con prevención y atención a la violencia sexual y citó el caso de Paola Guzmán Aberracín.
En Ecuador, el precedente más grande de abuso sexual cometido dentro de una institución es el caso del 2002 de Paola, la adolescente de 16 años que era abusada por el vicerrector de su colegio, y que, después de haber sido obligada a abortar, se suicidó con pastillas.
En el 2020, la Corte IDH sentenció al Estado ecuatoriano como responsable por la violencia sexual e institucional de la que Paola fue víctima, y ordenó que el Estado provea de asistencia, orientación y atención a víctimas de violencia sexual en el ámbito educativo, además de capacitación del personal educativo respecto a abordaje y prevención de situaciones de violencia sexual. Eso implicaría agregar la educación sexual a las mallas educativas en todo el país.
Entonces, ¿cómo se debe hablar de educación sexual en las escuelas y colegios?
De acuerdo a la psicóloga clínica Kathalina Urquizo, la educación sexual es un proceso que debe comenzar en la niñez y avanzar con la edad, adaptando el contenido a las nuevas necesidades e inquietudes de los estudiantes: “Los abordajes del contenido de la educación sexual deben ir creciendo hasta los adolescentes para un buen manejo de los cuestionamientos que tiene la sexualidad”, comentó a EL UNIVERSO.
Uno de los primeros pasos que ella propone es enfocarse en los factores normales del reconocimiento corporal, como enseñarle a los niños, desde pequeños, los nombres reales de las partes del cuerpo para que puedan identificarlos en caso de algún tipo de abuso sexual. Luego, enseñar también la autoprotección y lo que significan los abusos sexuales. Este es un trabajo que, según Urquizo, va de la mano de las instituciones, los niños y sus familias.
La educación sexual debe integrarse en las mallas curriculares de las escuelas y colegios. Foto: Unsplash
En preadolescentes, la educación que reciben se debería centrar más en los cambios físicos que están viviendo.
Sin embargo, la psicóloga ha notado que el nivel de educación sexual que reciben los niños depende en gran medida de su entorno familiar.
“Las familias son las que han elegido tener el abordaje de cómo se maneja el tema de la información sexual desde su propio discurso”, explicó Urquizo. “Por eso muy pocas instituciones tienen eso como una materia dentro del pénsum educativo”, agregó.
El entorno familiar es responsable de educar a los niños y adolescentes en temas de sexualidad, especialmente porque vivimos en lo que la psicóloga describe como “una cultura muy sexualizada”, pero si no se educa, las consecuencias podrían ser drásticas.
Algunos abusos sexuales, especialmente los cometidos por adolescentes, obedecen precisamente a esa combinación de falta de educación sexual en una cultura sexualizada, que glorifica la violencia y la agresión hasta en la música. A eso, Urquizo le suma el despertar sexual del adolescente y al ejercicio de poder que ejerce sobre su víctima.
Esto evidencia no solo una falla en los protocolos de prevención, sino también en el proceso de obtener justicia en Ecuador, algo que según Kathalina Urquizo es muy importante para las víctimas de abuso sexual.
Thalíe Ponce señala que un factor que sigue perpetrando la obstrucción de la justicia en casos de abuso sexual es que no se están ejecutando las políticas públicas que ayudarían a combatir la violencia basada en género. Y para ejecutarlas, se necesita de presupuesto estatal.
El 20 de febrero de 2024, el presidente Daniel Noboa anunció una reducción del 23% en el presupuesto destinado al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, reduciendo así el presupuesto para combatir la violencia de género desde esta cartera del Estado.
La ineficacia de la justicia continúa en el proceso de denunciar a los agresores, pues según Ponce, las mujeres “son sometidas a revictimización, a contar una y otra vez lo que les pasó, y muchas de ellas son también estigmatizadas por el propio sistema, por los propios jueces y fiscales que no les creen o dudan de sus testimonios”.
Foto: Pixabay
No todas las víctimas denuncian
“Los procesos de justicia en Ecuador son largos, son ampliamente largos y es desgastante. Para una víctima que ya ha vivido un acto de violencia, que vivió una situación atroz en su vida, tener que pasar por esto no es cosa fácil”, aseguró la periodista.
Y no es solo la impunidad legal la que condena Ponce, sino también la impunidad social: “Si no somos reconocidas como víctimas socialmente, es muy difícil que seamos reconocidas como víctimas legalmente. Eso tiene una parte de la responsabilidad la sociedad, de qué estamos entendiendo por violencia y cómo estamos actuando, y entendiendo a las víctimas”.
Según Ponce, tampoco es posible hablar de violencia basada en género sin reconocer el contexto de seguridad de Ecuador.
“El país está atravesando un contexto de profunda violencia, está asociada al narcotráfico pero esa violencia también tiene que ver con una violencia machista”, reconoció. “Estamos combatiendo la violencia con más violencia y eso hace que la terminemos normalizando”. (I)
El Gobierno responde que sólo financiará investigaciones que aporten “un beneficio directo a la sociedad”
El Conicet es el principal organismo de investigación científica de Argentina. Es además el más prestigioso de América Latina, según el ránking Scimago que evalúa a casi un centenar de instituciones del continente. Pero el trabajo de los más de 20.000 investigadores y becarios que lo integran está en riesgo por el recorte de fondos públicos aplicado por Javier Milei. Ajeno a las críticas de la comunidad científica local, el presidente argentino ha debido responder esta semana a las que han llegado desde el exterior.
“El sistema científico argentino se acerca al precipicio”, denuncian 68 premios Nobel en una dura carta dirigida este miércoles a Milei. “Vemos con preocupación la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el despido de empleados administrativos del Conicet y otros institutos en todo el país, y la terminación anticipada de muchos contratos el próximo mes. Tememos que Argentina esté abandonando a sus científicos, estudiantes y futuros líderes de la ciencia”, subrayan los firmantes, entre quienes figuran referentes mundiales en los campos de Medicina, Química, Física y Economía.
El organismo trabaja desde enero con el mismo presupuesto que en 2023, lo que significa que en términos reales dispone de sólo un tercio de los fondos que tenía el año pasado. El motivo es la inflación: mantener el presupuesto inalterado supondría un pequeño ajuste en las cuentas de una institución de los países vecinos —Brasil cerró el año pasado con un aumento de precios del 4,62%; Chile, del 11,9%; Uruguay, del 5,1%; Bolivia, 2,12%—, pero en Argentina, con una inflación desbocada del 211,4% en 2023, supone una catástrofe.
En el mensaje a Milei, los científicos internacionales destacan que el progreso económico y social en las sociedades modernas está estrechamente vinculado a una fuerte inversión pública en ciencia y tecnología y enumeran descubrimientos argentinos con influencia mundial, como aquellos vinculados a las causas y tratamientos del cáncer, la diabetes y enfermedades cardiovasculares.
El Gobierno de Milei ha expresado su “sorpresa” por la carta, pero mantiene la decisión de redirigir recursos y limitarlos a sólo algunas áreas prioritarias. “No se va a financiar la ciencia que no aporta un beneficio directo a la sociedad”, ha declarado este jueves el portavoz presidencial, Manuel Adorni. El portavoz ha pedido que se entienda que “Argentina es un país empobrecido, con la mitad de su gente viviendo por debajo de la línea de pobreza” y por eso el esfuerzo del Conicet debe dirigirse hacia “desarrollo de la bioeconomía o en la inteligencia artificial aplicada a la medicina y no en gastar tiempo y recursos en investigaciones de dudosa utilidad, como la que abordaba la orientación sexual de Batman”.
La viróloga Andrea Gamarnik critica las contradicciones de un gobierno que cuestiona ciertas investigaciones por inútiles, pero tampoco entrega fondos para las demás. “Nuestro grupo estudia al dengue, de gran utilidad para los argentinos y para el mundo. Sin embargo no otorgan becas para esto y no podemos comprar insumos desde diciembre”, ha denunciado Gamarnik en las redes. Para el químico especializado en nanotecnología Galo Soler Illia supone un gran error enfocarse en la ciencia “que permite mejoras concretas en la sociedad” porque significa confundir ciencia con aplicaciones cuando son caminos colaborativos: “Sin la teoría de la relatividad general, no hubiera aparecido el GPS 70 años después”.
La campaña de descrédito del Conicet lanzada por Milei comenzó antes de llegar a la Presidencia. Como candidato, cuestionó la productividad de los investigadores y se mostró partidario de cerrar el organismo o privatizarlo. Los ataques continúan ahora, incluso tras haber nombrado al frente a un científico de su confianza, Daniel Salamone, al que definió como “el gran clonador nacional” por su trabajo pionero con Pampa, la primera ternera argentina obtenida por clonado de célula fetal.
“A pesar de que en 20 años se ha triplicado la cantidad de investigadores en el Conicet, Argentina está sexto en el ránking de innovación de Latinoamérica por detrás de Brasil, Chile, México, Colombia y Uruguay”, argumentó Adorni. El índice al que hace referencia mide la innovación de toda la economía, no de la ciencia.
Fuga de cerebros
El Conicet fue creado en 1958 y tuvo como primer presidente al Nobel de Medicina Bernardo A. Houssay. En las últimas décadas, las sucesivas crisis económicas del país han golpeado la investigación científica y la inversión en este ámbito ha sufrido altibajos. En los noventa, por ejemplo, durante el Gobierno del peronista liberal Carlos Menem, hubo reducciones presupuestarias y cierres de centros e institutos, además de un éxodo de investigadores. Fue en esos años que el ministro de Economía, Domingo Cavallo, mandó a una científica del Conicet que reclamaba mejoras salariales a “lavar los platos”.
Con el kirchnerismo, el discurso cambió, aumentó la inversión y el número de investigadores pasó de 3.500 a más de 10.000. Pero desde la crisis económica de 2018, los salarios han sido cada vez más bajos y la estocada de Milei ha acelerado una fuga de cerebros que había empezado ya antes.
“Todos los doctorandos a mi alrededor están pidiendo recomendaciones y buscando becas para irse a otro lado”, asegura la socióloga e investigadora del Conicet Mariana Luzzi. Desde distintas áreas del Conicet confirman los movimientos para seguir las carreras científicas en el exterior.
La biotecnóloga Sandra Pitta afirma que “siempre fue difícil hacer ciencia en Argentina”, pero ahora “se visibiliza más y todo el sistema científico está en estado de incertidumbre”. Uno de los mayores problemas, apunta, es la falta de designación del titular de la Agencia nacional de promoción de la I+D+i. Cientos de proyectos dependen de una firma y, cuanto más se retrase, más se habrán encogido los presupuestos por la inflación. Pitta, una de las científicas más críticas en público con la gestión kirchnerista, cree que es necesario mejorar el Conicet, despolitizarlo y dejar atrás la mirada de “una ciencia estatista reacia al mundo productivo”, pero en ningún caso desfinanciarlo.
La Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), que agrupa a 89 sociedades formadas por más de 40.000 científicos y científicas de ese país, también se ha sumado a las voces contra el recorte del gasto en ciencia de Milei. La Cosce sostiene que la pandemia de covid fue la más reciente constatación de que los países que no invierten en ciencia no tienen futuro. A través de un comunicado, los científicos españoles han pedido que se reviertan todas las medidas que están ahogando el sistema argentino de ciencia y tecnología: “De no hacerse, tendrá consecuencias nefastas y probablemente irreparables para el desarrollo y la prosperidad de Argentina”. Milei por ahora desoye todos los llamados.
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