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Indígenas en Brasil organizan sus propias patrullas de vigilancia contra la explotación ilegal de recursos

América/Brasil/04/03/2020/Autor : Luna Gámez/fuente: actualidad.rt.com

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quiere legalizar las actividades extractivas en áreas indígenas, lo que tendría consecuencias nefastas para los modos de vida de sus habitantes y la protección del medio ambiente.

Diversas comunidades indígenas en Brasil se ven obligadas a organizar sus propias redadas y mecanismos de defensa contra los invasores que pretenden extraer ilegalmente recursos naturales de sus tierras. El actual gobierno de Jair Bolsonaro, que viene ignorando estas amenazas contra los pueblos originarios y contra la destrucción del medioambiente, ha presentado un proyecto de ley para legalizar ciertas actividades económicas en las áreas indígenas oficialmente demarcadas y protegidas.

«Espero que este sueño (…) se concretice porque el indio es un ser humano exactamente igual a nosotros«, declaró Bolsonaro el día 5 de febrero tras firmar el proyecto de ley para legalizar las actividades extractivas en áreas indígenas. La medida prevé que tanto los habitantes de estas comunidades como agentes externos puedan desarrollar actividades de extracción de petróleo, gas, minerales o explotación del potencial hidráulico.

En caso de aprobarse esta medida, 177 tierras indígenas se verían directamente afectadas, además de seis grupos ancestrales que viven todavía aislados, según advierte la organización internacional Survival. Los Yanomami serían uno de los grupos más afectados por la legalización de la minería en tierras indígenas, ya que existen 678 solicitudes de extracción de minerales en esta tierra al norte de Brasil y fronteriza con la Guayana. Al margen de la aprobación de estas demandas, numerosas actividades de extracción minera ilegal tienen lugar constantemente en áreas indígenas y otras reservas ambientales. Las poblaciones invadidas sufren tanto la invasión de los extractores como las consecuencias de la contaminación producida por esta actividad.

«Este agua sucia está trayendo muertes y enfermedades a nuestro pueblo. Nuestros peces están llenos de mercurio», declaró Alessandra Korap Munduruku, una de las más activas líderes en defensa de su pueblo en diciembre, en Brasilia, donde fue a denunciar la contaminación del río Tapajós como resultado de la minería.

Autogestión frente a las invasiones para extraer recursos en tierras indígenas

Las invasiones -en muchas ocasiones respaldadas por grupos armados- tienen como objetivo emprender actividades ilícitas de minería, plantaciones o extracción de madera en estas reservas. Además, en algunos casos, los terratenientes ocupan pedazos de terreno para disputar la propiedad del lugar con los pueblos indígenas aunque haya un reconocimiento oficial del Estado concluido o en proceso a favor de las comunidades ancestrales.

La demarcación geopolítica de una Tierra Indígena (T.I.) tiene como finalidad reconocer el vínculo ancestral de estos pueblos con un cierto territorio así como asegurar sus modos de vida de interdependencia y protección del medio ambiente. Cuando este proceso de reconocimiento se culmina, la tierra delimitada pasa a pertenecerles colectivamente. Tienen derecho al usufructo sustentable de los recursos que allí se encuentran, excepto las riquezas del subsuelo que no pueden ser extraídas así como tampoco pueden desarrollar actividades de monocultivos intensiva. A pesar de que tanto la Constitución brasileña como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recoge el derecho de las poblaciones ancestrales de acceso a la tierra, el Gobierno brasileño ha hecho oídos sordos en muchos casos históricos de invasión de propiedades.

Frente a esta situación, hoy acentuada por el presidente Bolsonaro, que incentiva la explotación de recursos naturales principalmente de la Amazonia y desprestigia las formas de vida tradicionales de las poblaciones indígenas, estas comunidades organizan sus propias redadas de vigilancia para impedir la extracción ilegal de recursos en sus tierras.

«Cuando el gobierno dice que no va a demarcar más tierras indígenas lo que está haciendo es declarar nuestra muerte», explica Alessandra Korap, miembro de la etnia Munduruku. Ella argumenta que un territorio oficialmente demarcado y gestionado por una forma de vida ancestral está más salvaguardado que las áreas de selva vacías y vulnerables a la expoliación. «La selva se mantiene gracias a las poblaciones que hemos vivido siempre dentro de ella para defenderla. Cuando el presidente dice que va a legalizar la minería o la agropecuaria en las áreas reservadas estimula que lleguen más invasores que se sienten respaldados por el Gobierno«, añade esta líder indígena, y enfatiza: «Bolsonaro se inventa leyes para matarnos a los indígenas y para darles beneficios a los terratenientes».

Actualmente, una gran parte de las actividades de minería ilegal de la Amazonia están concentradas en los límites entre el estado de Mato Grosso y Pará, más específicamente entorno al río Tapajós, de acuerdo con las informaciones del Instituto Chico Mendes de Conservación para la Biodiversidad (ICMBio). Una parte de estos emprendimientos clandestinos están en territorio de la etnia Munduruku -con una población que ronda las 14.000 personas distribuidas en 130 aldeas- motivo por el que este pueblo ha puesto en marcha sus propias expediciones de vigilancia y de expulsión de invasores a pesar del peligro implícito en estos enfrentamientos.

«Nunca hemos recibido ninguna ayuda institucional para protegernos», relata Korap, que explica que la organización de sus grupos de vigilancia autogestionada es de extrema confidencialidad por motivos de seguridad de las propias comunidades indígenas. «En julio de 2019 encontramos unos extractores de madera en nuestra tierra, tras las negociaciones se retiraron, se llevaron las máquinas y nosotros creamos nuevas aldeas para proteger esa parte», detalla. Esta etnia indígena, que organiza redadas de vigilancia con cierta asiduidad, también ha desarrollado otros proyectos autónomos como el Mapa de la Vida Munduruku, donde ubicaron sus lugares sagrados amenazados por la construcción de varias hidroeléctricas en el río Tapajós. Este trabajo fue posteriormente difundido por Greenpeace.

Korap explica que su pueblo siempre estuvo alerta y movilizado para denunciar las violaciones de sus derechos, aunque hasta ahora no recibieron respuestas. «Por eso ahora vamos con nuestras propias manos y cuerpos a defender la tierra, no podemos esperar ni al gobierno ni a ninguna institución porque ya esperamos demasiado», afirma esta líder. «Estamos denunciando desde hace más de 20 años los madereros y mineros pariwat (blancos invasores) y siempre tenemos que acabar actuando solos. Pero no nos vamos a rendir», relata el comunicado de este pueblo ancestral, titulado ‘El desgobierno de Brasil no habla por el pueblo Munduruku’, que circula desde finales de septiembre en un intento desesperado de pedir ayuda ante la amenaza institucional.

Las patrullas indígenas autogestionadas también se enfrentan a madereras y a incendios criminales

La extracción ilegal de madera continúa siendo otro de los principales motivos de invasiones contra las que los grupos indígenas deben enfrentarse, en muchos casos con el precio de la muerte, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), que mapea la deforestación ilegal y los incendios en áreas protegidas, como las tierras indígenas. En un reciente enfrentamiento donde madereros ilegales respondieron a tiros frente a la llegada del grupo de vigilancia autogestionado de la etnia Guajajara -conocido como ‘Guardianes de la Naturaleza’-, falleció un joven de esta comunidad, Paulinho Guajajara.

Este episodio es una amenaza recurrente para la gran mayoría de pueblos ancestrales de Brasil, que cada vez están más decididos a defender sus tierras y los ecosistemas que los rodean. «Las invasiones no paran. El año pasado crearon un nuevo asentamiento ilegal en nuestra tierra, dicen que la tierra es de ellos y el gobierno local (del municipio de Brasnorte) les apoya», explica Marta Tipuici, indígena de la etnia Manoki, que también cuentan con sus propias patrullas de vigilancia.

La Tierra Indígena Manoki, también conocidos como indígenas Irantxe y localizados en el estado de Mato Groso, fue oficialmente demarcada en 2008 y tiene una extensión de 206.000 hectáreas donde viven 250 personas. No obstante, y según explica Tipuici, los Manoki sufren las invasiones desde la dictadura militar (1964-1985) debido a una antigua disputa de linderos. Este área, situada en una región amenazada por la deforestación para la instalación de actividades agrícolas intensivas de soja y ganado, entre otras, sufrió además las crueles consecuencias de los incendios de 2019.

Entre enero y septiembre de este año, el INPE registró 186 focos de incendio solo en la Tierra Manoki. «Los incendios los provocan los invasores», relata Tipuici, que especifica que una gran parte de selva virgen que rodea sus aldeas desapareció bajo las llamas. «Los productores que ocupan nuestra tierra están ahora más valientes que nunca porque confían en lo que promete el actual Gobierno».

Los Manoki, al igual que los Munduruku y los Guajajara, también cuentan con un sistema propio de vigilancia contra invasiones. Cuando encuentran alguna actividad ílicita o campamentos clandestinos en sus tierras, contactan con los órganos gubernamentales de fiscalización ambiental, entre los que destaca el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), con la esperanza de que los funcionarios de la institución consigan expulsarlos. «A finales de agosto conseguimos pillar por sorpresa a algunas personas quemando en nuestra tierra, hicimos fotos con un dron que tenemos para denunciarlos, el fuego acabó siendo enorme y todavía no se ha castigado a los culpables», declara Tipuici, reconociendo que no siempre reciben respuesta de las instituciones a las que reportan las intervenciones criminales.

A pesar de las dificultades, los Manoki realizaron en 2019 seis grandes expediciones de vigilancia que duraron varios días por su extenso territorio. En tres de ellas se encontraron con invasores y debieron negociar por sí solos, sin ningún amparo de las autoridades. «Está claro que tanto el Gobierno municipal como el nacional no quieren que cuidemos de nuestra tierra», exclama Tipuici, que afirma que existen altos riesgos de que los grupos de terratenientes continúen provocando incendios clandestinos para deforestar y ocupar parte de sus tierras con actividades extractivas o de producción agropecuaria.

Fuente e imagen: https://actualidad.rt.com/actualidad/344674-indigenas-brasil-patrullan-tierras-explotacion-bolsonaro

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Fe y Alegría ofrece a Venezuela su corazón

Por: Antonio Pérez Esclarín.

El 5 de marzo, Fe y Alegría cumple  65 años sirviendo con dedicación y pasión a Venezuela. Desde su nacimiento en 1955, optó por la educación por considerarla el medio más idóneo para combatir la miseria y hacer de las personas sujetos dignos, productivos, solidarios. La carencia de este bien lleva a las sociedades al fracaso.

Desde sus inicios, Fe y Alegría comprendió que, para que la educación fuera un  medio de superación y dignificación,  debía ser de calidad.  “La educación de los pobres no puede ser una pobre o superficial educación”; “buscamos la mejor educación para los que están en condición peor”, fueron consignas que han iluminado siempre los esfuerzos y búsquedas de Fe y Alegría. Sin educación o con una pobre educación sólo lograremos un pobre país.

Por ello, en estos tiempos en que Venezuela está  siendo golpeada por una profunda crisis, Fe y Alegría reafirma su compromiso de seguir  trabajando por una educación de calidad. Como lo ha demostrado a lo largo de toda su historia y en los 22 países donde está presente, Fe y Alegría no se amilana ante los problemas  sino que se crece ante ellos. Las carencias y dificultades avivan su compromiso  y su creatividad. Por ello, hoy trabaja con renovado ahínco para responder adecuadamente a la situación de emergencia educativa que estamos viviendo. En consecuencia, se esfuerza por convertir sus   centros y programas  en lugares de vida, de defensa de la vida y de convivencia solidaria.  Ello  le exige el esfuerzo permanente  por  mitigar  los efectos más inhumanos de la crisis como son el hambre y la escasez de medicinas, articulándose con los organismos e  instituciones que tienen una rica experiencia en enfrentar problemas semejantes. Son tiempos de alianzas y de estrechar lazos con las familias y comunidades para enfrentar juntos los graves problemas  que vivimos. Hoy, Fe y Alegría entiende que debe ser una prioridad educativa, como parte esencial de su propuesta, garantizar a los alumnos un plato de comida y los recursos imprescindibles para garantizar su aprendizaje.

Tras sufrir también las consecuencias de la  marcha de numerosos docentes que han abandonado las aulas e incluso el país en busca de mejores oportunidades de vida, Fe y Alegría sigue insistiendo  por todos los medios a su alcance, en su vital importancia, pues no hay educación sin educadores, y no será  posible la educación de calidad sin educadores de calidad. Por ello, muy consciente de las graves dificultades que viven los educadores y educadoras y del valor que hace falta hoy para seguir educando con entusiasmo y sin rendirse,  no sólo trabaja y levanta su voz para que sean remunerados como se merecen, sino que privilegia por todos los medios a su alcance su formación humana, pedagógica y espiritual, que fortalezca su resiliencia y su capacidad de resistencia. Junto a ello, se esfuerza también por brindarles apoyo para que puedan enfrentar alguna de sus carencias fundamentales como el hambre y la falta de transporte.  Para suplir las ausencias y abandonos, viene incorporando a jubilados, desempleados o personas  formadas de las propias comunidades y así evitar los problemas de movilización, a los que brinda la adecuada formación y el acompañamiento humano y pedagógico necesarios.

Una vez más, Fe y Alegría le ofrece hoy a Venezuela con humildad y generosidad  ese corazón que durante sus 65 años ha latido incansablemente amor hecho servicio, especialmente a las poblaciones más excluidas y carentes.

Fuente del artículo: https://versionfinal.com.ve/opinion/antonio-perez-esclarin-fe-y-alegria-ofrece-a-venezuela-su-corazon/

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Libro: Toda educación es sexual

Por: salutsexual.

En este libro reunimos los resultados del proyecto “Presencia y ausencia de las sexualidades femeninas y masculinas de los/as jóvenes estudiantes en la escuela media”, realizado en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y dirigido a relevar las condiciones institucionales de posibilidad para la implementación de una educación sexual con enfoque de género y derechos humanos. La investigación2 se propuso indagar los discursos hegemónicos y subordinados sobre las sexualidades femeninas y masculinas en escuelas medias de la ciudad de Buenos Aires. En esa dirección hemos trabajado sobre las visiones de autoridades y profesores/as de escuela media acerca de las posibilidades y límites de la tematización escolar de las sexualidades juveniles, identificando contenidos y enfoques acerca de las sexualidades femeninas y masculinas presentes en la enseñanza en la escuela media. Hemos indagado también los procesos informales de circulación de saberes acerca de las relaciones de género y las sexualidades entre jóvenes estudiantes.

FICHA BIBLIOGRÁFICA

Año de publicación:
2011
Publicación:
Buenos Aires : La Crujía
Colección:
Docencia
Descripción física:
208 p.
Formato:
Libro

 

Link del libro: http://salutsexual.sidastudi.org/resources/inmagic-img/SU6295.pdf

Fuente del documento: http://salutsexual.sidastudi.org/es/registro/a53b7fb35d5a09ba015f5932e0ae07b6

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CLADE: Fernanda Saforcada, El 55% de la educación superior en América Latina pertenece al sector privado

Por: Thais Iervolino.

En entrevista a la CLADE, investigadora habla sobre cómo América Latina y el Caribe es hoy una de las regiones del mundo con más estudiantes en universidades privadas

América Latina y el Caribe (AL&C), junto a la Asia Meridional Sur, es de las regiones del mundo con más privatización en la educación superior. Más del 50% de las matrículas de AL&C están en las universidades privadas. Eso significa que la mayor parte de estudiantes en la región no tiene acceso a la educación superior pública. 

Fernanda Saforcada: El incremento de las matrículas en el sector privado, en términos numéricos, viene muy de la mano con la profundización de los sistemas de selectividad en el acceso a la educación pública. Foto: conadu.org.ar

Esta constatación está presente en “Formas de privatización y mercantilización de la educación superior y el conocimiento en América Latina”, investigación elaborada por el Instituto de Estudios y Capacitación de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) de Argentina, en alianza con Internacional de la Educación (IE).

De autoría de Fernanda Saforcada, Daniela Atairo, Lucía Trotta y Aldana Rodríguez Golisano, la investigación analiza las tendencias regionales hacia la privatización y mercantilización de la educación superior en América Latina y el Caribe.

La CLADE conversó con una de las autoras, Fernanda Saforcada. Dividida en dos partes, la entrevista aborda algunos de los motivos por los que la región de América Latina enfrenta un contexto de “hiper privatización” de la educación superior. Así mismo, trae a la luz los conceptos que distinguen privatización de mercantilización, los acercamientos y alejamientos entre el proceso de privatización de la educación básica y el que afecta a la enseñanza superior y, sobre todo, la disputa de sentidos sobre la educación y cómo la privatización es política e ideológica, más allá de las cuestiones económicas.

En esta primera parte, el diálogo se enfoca en los motivos, trayectoria y concepciones del proceso de privatización y mercantilización de la educación superior en la región.

¡Buena lectura!

La investigación afirma que América Latina, junto con Asia meridional, es de las regiones del mundo con más privatización en la educación universitaria. ¿Cuáles son las principales razones para este escenario? 

Fernanda Saforcada – Asia Meridional Sur y América Latina y el Caribe son efectivamente las dos regiones más privatizadas, son las dos que superan el 50% de matrículas en el sector privado. Es decir, tienen más estudiantes en la educación superior privada que en la educación superior pública.

Esto toma dimensión cuando vemos números de otras regiones. En Europa, por ejemplo, solo el 13,7% de estudiantes están en el sector privado, en América del Norte solo el 28%. Ello nos da la dimensión de lo que implica pensar en más de 50% de estudiantes en el sector privado.

Las razones por las cuales se da esa hiper privatización tienen que ver con dos cuestiones comunes a nivel global. Por un lado, la educación superior se expandió muy notoriamente entre los 1990 y la actualidad. Por otro lado, hubo un decrecimiento de los recursos públicos en algunos casos, y de congelamiento de estos recursos, en otros casos.

Cuando digo que hubo una expansión de la matrícula, estoy hablando que la matrícula triplicó: alcanzó el 300%, en números globales, el incremento de las matrículas de la educación superior en América Latina.

Los motivos, en principio, son dos. Uno tiene que ver con los propios procesos sociales de crecimiento de escolaridad y distinción social o de prestigio, de búsqueda de certificaciones de mayor nivel. Es lo que han llamado inflación de títulos. Es decir, las personas buscan el título de educación superior porque esto supuestamente les hace una diferencia. La otra cuestión es que en los años 1990 hubo una expansión de la escolaridad secundaria muy notoria por el crecimiento de la matrícula y que luego se consolidó con la sanción de leyes que establecen la obligatoriedad de la escuela secundaria en la mayor parte de los países, en los primeros años de este siglo. Eso también generó un volumen mayor de jóvenes que terminan la secundaria y buscan acceder a la educación superior.

Esta presión por mayor acceso a la educación superior convivió con políticas neoliberales en los 1990, que generaron un desfinanciamiento de la educación superior pública. Claramente, la curva de financiamiento a la educación superior, si en los 1990 era decreciente, en este siglo fue creciente con muchas diferencias de un país a otro.

Sin embargo, este crecimiento de fondos no llegó a cubrir lo necesario en términos de reconstruir lo debilitado en los 1990 por falta de recursos. Tampoco alcanzó para responder al crecimiento de la demanda.

Esta tensión entre mayor demanda por educación superior y recursos insuficientes se resolvió de dos maneras. Por un lado, se incrementaron o profundizaron los procesos de selectividad en el ingreso a la universidad. Es decir, frente a la mayor demanda, lo que se hizo fue poner más barreras para el acceso.  Por el otro, la introducción o el aumento de aranceles.

En esto, Argentina fue una excepción. No generó procesos de selectividad y sostuvo la gratuidad de la universidad pública. Sin embargo, respondió a esta mayor demanda y menor cantidad de recursos con la precarización del trabajo de las y los docentes.

Otra cuestión fue lo que muchos autores llaman mercantilización de lo público. La situación de falta de recursos forzó a las universidades públicas a desarrollar modalidades de auto-financiamiento, que pueden darse a través, como dije, del incremento de aranceles a las y los estudiantes, o de la introducción de aranceles donde no había. También, a través de la venta de servicios para sectores privados, para el sector productivo, como forma de buscar otros modos de captación de recursos, dado que el Estado no llegaba a cubrir lo necesario.

“Fundamentalmente, el incremento de las matrículas en el sector privado, en términos numéricos, viene muy de la mano con la profundización de los sistemas de selectividad en el acceso a la educación pública”

Este es un paquete en relación a la tensión entre más demanda y menos recursos – o recursos no proporcionales a esa demanda. La otra pata es que las y los estudiantes, en la medida que no acceden al sector público o que el sector público se debilita mucho, van al sector privado.

Fundamentalmente, el incremento de las matrículas en el sector privado, en términos numéricos, viene muy de la mano con la profundización de los sistemas de selectividad en el acceso a la educación pública. Esta situación es concomitante al proceso de expansión de las universidades privadas de relativamente bajo costo.

En las universidades privadas de bajo costo, hay matrículas bastante más económicas que en las privadas más tradicionales. Así, concentran una gran cantidad de estudiantes que quieren ingresar a la educación superior y no logran acceder al sector público porque los procesos de selectividad son muy severos. Generalmente, para poder pasar por esos procesos, hay que acceder a algún tipo de curso pre-universitario que es pago y no lo pueden pagar. O, inclusive, porque no pueden hacerse cargo de los aranceles cobrados por la educación pública.

Por otro lado, en la medida en que las universidades públicas aparecen debilitadas de alguna manera, hay estudiantes que van a las universidades privadas de élite o tradicionales porque piensan que allí van a recibir una mejor formación.

Esta situación produce el fenómeno de la privatización enmarcado en un contexto de hegemonía neoliberal. Estos impulsos se dieron muy fuertemente en los 1990, en un contexto neoliberal en el cual, además, había políticas públicas educativas científicas y culturales que construyeron simbólicamente el imaginario de que lo privado era mejor.

En el contexto de los gobiernos post-neoliberales, si bien es cierto que hubo políticas activas de fortalecimiento de lo público, no lograron frenar la tendencia al crecimiento absoluto y relativo del sector privado. Entonces, en los países con gobiernos populares, progresistas, hubo un gran fortalecimiento de lo público y políticas fuertes de expansión y de fortalecimiento de lo público, pero el sector privado también siguió creciendo.


El estudio analiza la privatización y la mercantilización de la educación universitaria. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los conceptos de mercantilización y privatización? 

Fernanda Saforcada – En términos generalescuando hablamos de los procesos de privatización de los servicios públicos, hablamos de cómo empresas públicas pasan a ser gestionadas y usufructuadas por el sector privado. Es decir, se habla de pasar a manos particulares o a la esfera privada, instituciones del sector público.

En el caso educativo, es diferente. Si bien eso se observa en algunos casos, no es lo más común. Las formas más comunes de privatización han sido, por un lado, el crecimiento de lo privado porque el Estado se achica en su oferta de educación pública y eso genera el terreno para el crecimiento del sector privado, tanto en cantidad de instituciones como en cantidad de estudiantes. A veces, inclusive se impulsan políticas que estimulan de alguna manera la expansión del sector privado.

Cuando hablamos de privatización, hay que mirar quién financia y quién ofrece la educación. En los formatos tradicionales privados, quien financiaba era la família, y quien ofrecía educación era una institución privada o particular. A partir de los 1990, esa unidad se rompe y lo que aparecieron son formas de privatización que combinan el financiamiento público con la gestión privada, o el financiamiento particular con gestión pública.

A eso también agregamos el currículo y su privatización, la cual se da cuando, por ejemplo, se contrata una empresa para definir un diseño curricular. Puede ser que la escuela sea pública, financiada con fondos públicos, pero en este caso quien define los contenidos que se enseñan es una institución privada.

“Hablamos de privatización en la expansión del sector privado, en que hay más graduadas/os en el sector privado. A su vez, hablamos de mercantilización cuando la universidad pública tiene que gestionarse y funcionar como si fuera una empresa. En términos del derecho a la educación, las dos cosas son preocupantes”

Cuando hablamos de mercantilización, hablamos sobre cómo ciertos aspectos, dimensiones, procesos y procedimientos del ámbito público empiezan a funcionar con lógicas mercantiles. Un ejemplo muy claro es cuando se introduce la modalidad de competencia dentro del sector público para distribuir fondos públicos, pero con una lógica que es poner a competir las instituciones entre sí. Eso es introducir una modalidad del mercado para regular un aspecto de lo público.

En el caso de las universidades, hablamos de privatización para referir a la expansión del sector privado: hay más instituciones privadas, más estudiantes en instituciones privadas y más personas graduadas en el sector privado. A su vez, hablamos de mercantilización para referirnos a cómo cuestiones de lo público funcionan con lógicas del mercado, como por ejemplo, la situación de que las universidades públicas venden servicios y se gestionan o funcionan como si fueran empresas. En términos del derecho a la educación, las dos cosas son preocupantes.

“Garantizar el derecho a la educación como un derecho social implica pensar en la educación pública con toda la amplitud, radicalidad y complejidad que entraña una educación pública e igualitaria para todas y todos. Una educación que albergue las pluralidades y las diferencias, y que garantice y se oriente por el bien común”

Cuando pensamos el derecho a la educación como un derecho individual, formal, jurídico, que puede ejercerse o no, puede ser que se tramite a través de la educación privada. Ahora, si pensamos que el derecho a la educación es un derecho social, que debe ser garantizado al conjunto del colectivo social, y que debe ser definido en términos del bien común, la única forma de responder a ese derecho es a través de la educación pública y del sentido de lo público. El sentido de lo público, no como espacio abierto a cualquiera, como una plaza o un café, sino en la manera en la que históricamente se configuró el sentido de lo público en la educación, que es de pensar lo público como el bien común.

En ese sentido, garantizar el derecho a la educación como un derecho social implica pensar en la educación pública con toda la amplitud, radicalidad y complejidad que entraña una educación pública e igualitaria para todas y todos. Una educación que albergue las pluralidades y las diferencias, y que garantice y se oriente por el bien común.


¿Hay algún país de la región que se destaca en términos de privatización universitaria en la región? ¿Por qué?

Fernanda Saforcada – Hay algunos países que claramente se destacan. Chile, por supuesto, pues tiene el 85% de las matrículas universitarias en el sector privado. Brasil es uno de los que tiene índices más altos también, con el 73% de las matrículas universitarias en el sector privado. En seguida, vienen: Perú con 72%, y Puerto Rico y El Salvador, con 70%. Estos cinco países son los que tienen una situación de mayor profundización de la privatización.

Tenemos muy instalada la idea de que lo justo es cuando las cosas son equivalentes, entonces pareciera que es justo hablar de un 50% de las matrículas en el sector privado, y el otro 50% en el sector público. Pero, cuando hablamos de educación y derechos, eso no es lo justo.

En términos de garantía de derechos, igualdad, justicia social y de construcción del bien común, uno esperaría que la gran mayoría de estudiantes e instituciones estuviera en el sector público. Como decía, hay cinco países en nuestra región que tienen el 70% o más de sus estudiantes en el sector universitario privado, y esa situación es la más extrema de la privatización. Pero tenemos también países en los que el 40% de estudiantes, o más, están en el sector privado, lo que también es muy preocupante.

A su vez, en Cuba, el 100% de las instituciones universitarias son públicas. Le sigue Uruguay, donde el 86% de las instituciones pertenece al sector público.

Fuente de la entrevista: https://redclade.org/noticias/fernanda-saforcada-el-55-de-la-educacion-superior-en-america-latina-pertenece-al-sector-privado/

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Argentina: El presidente Alberto Fernández anuncia la legalización del aborto en Argentina

América del Sur/ Argentina/ 03.03.2020/ Fuente:

 

Argentina se dirige hacia la legalización del aborto, un tema que divide profundamente a la sociedad, pero cuenta con un gran apoyo entre los jóvenes y la mayoría de las mujeres.

El presidente Alberto Fernández inauguró este domingo el año legislativo ante el pleno del Congreso con un anuncio que se esperaba, aunque no por ello fue menos impactante: «El aborto sucede, es un hecho. Un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y a las mujeres en particular. Presentaré en los próximos 10 días un proyecto que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo».

Las palabras de Fernández fueron recibidas con una ovación y gestos de emoción por la multitud reunida frente al Congreso Nacional, en el centro de Buenos Aires.

El peronista Fernández hizo el anuncio flanqueado por Cristina Kirchner, su vicepresidenta, que en los ocho años que estuvo como jefa de Estado no impulsó el tema. El gobierno anterior, del social-liberal Mauricio Macri, habilitó en 2018 por primera vez en 36 años de democracia el debate de la ley del aborto en el Parlamento, pero dio libertad de voto a sus legisladores. Tiempo después, durante la campaña electoral, Macri se declaró antiabortista.

«La legislación vigente en materia de aborto no es efectiva, desde 1921 Argentina penaliza el aborto en la mayoría de los casos», enfatizó Fernández, que optó por ir más lejos de lo que algunos estimaban: dejó de lado la despenalización y decidió apostar por la legalización.

El proyecto tiene buenas posibilidades de ser aprobado en la Cámara de Diputados, tal como sucedió en 2018, pero previsiblemente tendrá dificultades en el Senado, un cuerpo mucho más conservador.

«Simultáneamente lanzaremos un contundente programa de educación sexual integral y de prevención del embarazo no deseado», dijo Fernández.

El jefe de Estado argentino habló de «una ley que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando tomen la decisión de abortar».

«En el siglo XXI, toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos», añadió.

PLAN DE MIL DÍAS

Fernández anunció también un «plan de los mil días», que contempla asistencia por dos años a aquellas mujeres de bajos recursos que decidan dar a luz a sus hijos. La oposición recibió con leves reparos el anuncio: «Para la despenalización debería haber un apoyo unánime. La legalización, en cambio, requeriría de mayorías populares, de un plebiscito», dijo Alfredo Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), parte de la coalición opositora Juntos por el Cambio.

Sobre otros aspectos, Fernández aseguró que recibió «un país profundamente dañado» al asumir el poder en sustitución de Macri el 10 de diciembre de 2019, con «inflación récord» y «deuda pública récord». El presidente argentino destacó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) comprende sus dificultades.

«El propio FMI ha aceptado que la deuda no es sostenible, de ese modo, nos ha dado la razón».

Tras destacar un «creciente entendimiento mutuo» con el FMI, dejó un mensaje a los acreedores: «Preferimos una solución ordenada a la situación de la deuda y estamos caminando en esa dirección».

Fernández anunció además una «profunda reforma de la justicia federal» y de los servicios de inteligencia, así como la desclasificación de los testimonios secretos y la documentación reservada en torno al caso AMIA, la voladura de la mutual israelita en Buenos Aires que en 1994 dejó 85 muertos, y por la que la justicia argentina señala a Irán como responsable.

Fuente de la noticia: https://www.elmundo.es/internacional/2020/03/01/5e5c0e68fdddffec508b46b2.html

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El rol de los maestros en la innovación educativa por Juan Manuel Lopera

Por: TEDx Talks.

 

Juan Manuel Lopera nacido y criado en Medellín durante 23 años, nos cuenta como a pesar de que la violencia de su barrio le arrebato la vida a varios familiares durante su niñez y estuvo a punto de desviarlo del camino de la paz varias veces, también le dio la perspectiva que hoy lo convierten en el líder de un proyecto que transforma la educación del mundo con tecnología. Junto a su equipo de más de 250 personas y presencia directa en países como Colombia, México, Ecuador, Argentina e India, Juan Manuel ha decidido creer que puede dejar una huella en la educación aun cuando por razones económicas debió abandonar la universidad cuando recién la comenzaba para ser luego reconocido como Bellanita Ilustre durante los 100 años del municipio, empresario modelo cámara de comercio de Medellín, declarado joven empresario más sobresaliente de Antioquia, TOYP Cámara Junior Internacional, premio a la empresa más innovadora del país dos años consecutivos, reconocido con la orden de caballero del congreso de la República, TR35 de la Universidad MIT como innovador del año y otros importantes reconocimientos internacionales a la innovación y la educación.

Fuente de la reseña: https://www.youtube.com/watch?v=YsSfm8OYDz8

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Uruguay: docentes de secundaria se solidarizan con el alumnado

En el marco de la Emergencia Sanitaria desatada por el virus Covid-19 y el cierre de los centros de estudio, distintas filiales de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria de Uruguay (FeNaPES) están llevando adelante emprendimientos solidarios.

En el marco de la Emergencia Sanitaria desatada por el virus Covid-19 y el cierre de los centros de estudio, distintas filiales de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria de Uruguay (FeNaPES) están llevando adelante emprendimientos solidarios.

La medida de cierre de las escuelas y liceos de todo el país sudamericano trae aparejados múltiples inconvenientes a resolver, entre los que se encuentran la asistencia a los estudiantes, sobre todo la alimentaria, debido a que muchas escuelas brindaban este servicio. Por otra parte, muchas familias están perdiendo sus fuentes de ingresos debido al aislamiento social recomendado.

Por esta razón FeNaPES, afiliada a la Internacional de la Educación (IE), a través de sus filiales está emprendiendo acciones solidarias, destinadas a colaborar y acompañar en esta difícil situación.

Los colectivos de Rivera, Paysandú y Colonia Zona Este fueron los primeros en planificar un reparto de alimentos para los estudiantes de sus localidades, mientras que los profesores del Liceo de Playa Pascual iniciaron el miércoles 25, con la presencia de José Olivera y Marcel Slamovitz -Presidente y Vicepresidente de FeNaPES-, una olla popular que funcionará tres veces a la semana. Asimismo, compañeras y compañeros de todo el país están participando en acciones similares que se pondrán en marcha a lo largo de la semana.

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En el contexto de cierre de escuelas y liceos, FeNaPES ha invitado a docentes de todo el país «a recomendar y compartir contenidos para disfrutar en estos días sin clases”.

“Desde la FeNaPES queremos colaborar en lo que sea posible para que las y los estudiantes y sus familias pasen estos días de emergencia sanitaria de la mejor manera”, expresó la organización en su página web.

“Reafirmamos que es imposible suplantar la relación estudiante-docente-aula, sin embargo, con creatividad y apelando a las nuevas tecnologías podemos mantenernos activos y con el espíritu crítico siempre alerta”, señala la nota que incluye los aportes docentes en materias como Historia, Educación musical, Biología y Matemáticas, entre otros.

Fuente: https://www.ei-ie.org/spa/detail/16703/uruguay-docentes-de-secundaria-se-solidarizan-con-el-alumnado

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