La OCDE difundió el «informe PISA», en el que se destacaron los países asiáticos y Chile y Uruguay en Latinoamérica.
China y otros países asiáticos arrasaron en un ranking global sobre educación, manteniendo los buenos resultados que muestran desde los últimos años. Se trata del “Informe PISA”, que cada trienio la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publica respecto a la calidad educativa en ciencias, matemáticas y comprensión lectora.
Los resultados de 2018, difundidos recién este 3 de diciembre, dejaron a cuatro ciudades de China (Beijing, Shanghai, Jiangsu y Zhejiang) como las mejor colocadas en el ranking global. La suma de ellas permite que el país chino arrase en los tres ítems evaluados. Luego, se posiciona Singapur, otra ciudad china como Macao, y el territorio de Hong Kong.
El primer país que aparece en el informe y no está ubicado en la zona de Asia oriental es Estonia. Luego están Canadá, Finlandia e Irlanda y posteriormente el ordenamiento vuelve a Asia con Corea del Sur. Estados Unidos, por su parte, es el 13º , aunque tiene una falencia en matemáticas respecto a las ciencias y la comprensión lectora.
En América Latina, Chile obtiene el primer lugar con el puesto 43º a nivel global. Muy cerca se ubica Uruguay (48º), Costa Rica, un lugar después, y México, que está 53º. El triunfo chileno a nivel regional repite lo mostrado en el anterior informe de 2015, aunque su índice aumentó. No obstante, ninguno de ellos logró alcanzar el promedio establecido por la OCDE como parámetro mundial.
1⃣ élève sur 4⃣ dans les pays de l’OCDE ne parvient pas à effectuer les tâches les plus simples en compréhension de l’écrit, ce qui signifie qu’il/elle aura probablement du mal à réussir dans un monde de + en + instable & numérique.
Para realizar el informe, se establecieron una serie de ejercicios unificados que en mayo de 2018 se le realizaron a 600.000 alumnos de 15 años en 79 países. Como conclusión, el organismo evaluador lamentó que uno de cada cuatro estudiantes “no pueden completar las más básicas tareas de lectura. Esta situación se ve aún más agravada en los países más pobres, ya que como informó El Intransigente América, la UNESCO estimó que hay 12 millones de chicos que no pueden ir a la escuela primaria.
Fuente de la noticia: https://elintranews.com/mundo/2019/12/03/tifon-kammuri-deja-la-primera-victima-fatal/
Para celebrar los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, especialistas analizaron los desafíos y propuestas para la garantía del derecho humano a la educación de niñas y niños de 0 a 8 años en América Latina y el Caribe. Se señaló que las políticas de educación y cuidado para esta etapa de vida son desiguales y están fragmentadas.
El último miércoles, 20 de noviembre, se celebraron 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU (CDN). Adoptado en el 1989, este tratado internacional reúne al mayor número de ratificaciones en el mundo – 196 Estados miembros de la ONU – y fue el primero a reconocer los niños y niñas como sujetos de derecho, convirtiendo a las personas adultas en sujetos de responsabilidades.
Con el objetivo de debatir y reflexionar sobre los desafíos y propuestas para la garantía del derecho humano a la educación y al cuidado en la primera infancia en América Latina y el Caribe, este diálogo fue el primero de una serie de encuentros virtuales que abordarán este tema, organizados por CLADE, OMEP y EDUCO. El evento, además, marcó el lanzamiento de la campaña “Derechos desde el principio: educación y cuidado en la primera infancia”.
“Lo que queremos con este conjunto de webinarios es dialogar con autoridades de los distintos países de América Latina y el Caribe. Invitamos a participar autoridades de los Ministerios de Educación, de los parlamentos, así como de institutos especializados en temas de niñez, justamente para pensarmos en la práctica como se puede dar un mayor empuje a la realización del derecho humano a la educación en la primera infancia”, afirmó Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, durante el diálogo.
Al lado de Camilla Croso, participaron en el evento, compartiendo datos, recomendaciones y análisis sobre la situación de la educación y del cuidado en la primera infancia en la región: Adrian Rozengardt, especialista en políticas públicas para la primera infancia de Argentina; Mauricio Castillo, de Fundación Educación y Cooperación EDUCO, y Mercedes Mayol Lassalle, vicepresidenta Regional para América Latina de OMEP, quien se hizo cargo de moderar el diálogo. Víctor Giorgi, director general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, no pudo participar en vivo, pero envió un vídeo con sus análisis y aportes sobre el tema.
Grabación del diálogo virtual:
Disputa, reconocimiento y tensiones
Para el especialista Adrián Rozengardt, el mundo del cuidado y de la educación en la primera infancia es muy complejo y está en construcción, siendo un campo en disputa. “No es un tema que tiene una sola forma de acercarse o de mirarse. Hay una disputa ideológica, una disputa metodológica y una disputa institucional”, afirmó.
De acuerdo al experto, estamos todavía en el proceso de reconocer a la primera infancia y todo lo que está alrededor. “Todos los procesos de reconocimiento de campos específicos, de lo social, están atravesados por tensiones y por complejidades. (…) Tuvimos que vivir dos guerras mundiales y un montón de otros conflictos más localizados para poder descubrir los derechos de los hombres y de las mujeres”, explicó.
La aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el 1989 fue otro momento de tensión, según Adrian Rozengardt. “Fue un proceso de reconocimiento que se dio en el marco de la expansión de la globalización de la economía y la instauración del modelo neoliberal en todo el planeta. Reconocemos derechos, pero a la vez perdimos capacidad de acceder a esos derechos por la concentración de la riqueza, que se da en ciertos sectores de la sociedad”.
Adrián Rozengardt:”Aunque la aparición de los servicios del cuidado y de educación en la primera infancia ha hecho que la cuestión de la crianza se transforme en un problema de la política pública, aún persisten tensiones importantes”
Añadió que una tensión que atraviesa el mundo del cuidado y de la educación en la primera infancia es la puja entre el ámbito privado, de la família, y el de la participación estatal. “Acá esto no ha sido superado. Aunque la aparición de los servicios del cuidado y de educación en la primera infancia ha hecho que la cuestión de la crianza se transforme en un problema de la política pública, aún persisten tensiones importantes, por ejemplo, lo que tiene que ver justamente con el rol del Estado, con su capacidad de redistribución de la riqueza para sostener esto que antes tenía que resolver la família, y ahora lo debe resolver la sociedad. Por ejemplo, también – y es muy actual – la cuestión de la religiosidad, de las creencias, la cuestión de las culturas, que atraviesan la disputa entre mundos privados y el mundo público”, destacó.
Heterogeneidad, fragmentación y desigualdad
Según Camilla Croso, la educación y el cuidado en la primera infancia en América Latina y el Caribe se encuentran fragmentados y dispersos. “Hay distintos enfoques dependiendo de la edad, de cero a tres años, y después en la etapa obligatoria – de cuatro a seis años – y en la etapa siguiente: la primaria. Hay una fragmentación etaria”, dijo. Para ella, es necesario que las políticas de educación y cuidado para la primera infancia sigan una misma lógica y tengan una coherencia entre sí. “Eso implica un enfoque integral de la primera infancia desde el nacimiento hasta los ocho años, enfatizando su valor inherente”, explicó.
Para Adrian, las experiencias de cuidado y educación en la primera infancia en América Latina deben ser analizadas desde tres esferas, la heterogeneidad, la fragmentación y la desigualdad. “Este universo es básicamente heterogéneo porque conviven miles y miles de experiencias que se dan en todo el territorio de América Latina. Son formatos vinculados al sistema educativo formal, escolarizado y no escolarizado, experiencias vinculadas a iniciativas no formales. Esa heterogeneidad es fundamental para entender la complejidad de este mundo”, subrayó.
Adrián Rozengardt: “Hay que reconocer que es buena la heterogeneidad, que es valiosa porque surge de la demanda y de la necesidad de distintos momentos de la historia, que se han consolidado en experiencias muy ricas”
Por otro lado, también señaló que el gobierno de este mundo heterogéneo también está muy fragmentado. “Está fragmentado desde el punto de vista de la política, de lo normativo, de los responsables de la aplicación de la política, de la metodología, de las formas de construir los ámbitos donde se desarrollan estos intercambios entre los niños y los adultos, de la mirada sobre las famílias. Hay una fragmentación que se da en el interior de los países y en la región”.
Agregó que otra tensión en este campo es la mirada segmentada que propone apenas políticas dirigidas a los sectores vulnerados, o con menos acceso a la infancia y a sus derechos. “Eso termina construyendo políticas pobres para pobres y rompe con la mirada universal, que la sociedad ha ido construyendo durante los años, de superar modelos focalizados y adoptar modelos universalistas, de acceso igualitario para toda la sociedad”, afirmó.
Explicó también que este mundo heterogéneo y fragmentado de las experiencias de la educación y del cuidado en la primera infancia está atravesado por la desigualdad en la calidad, la cobertura y el financiamiento. “Si algo diferencia América Latina de otras regiones del planeta es su profunda desigualdad, reproducida también en el mundo de la primera infancia. Hay que reconocer que es buena la heterogeneidad, que es valiosa porque surge de la demanda y de la necesidad de distintos momentos de la historia, que se han consolidado en experiencias muy ricas. La fragmentación hay que limitarla al máximo, hay que intentar resolverla, pero también depende de modelos de Estado, de políticas sectoriales, de disputas presupuestarias, y por supuesto, hay que disminuir significativamente la desigualdad”, analizó.
Mirada instrumental: presente x futuro
Durante su presentación, Camilla Croso también criticó las políticas para la primera infancia que piensan solamente en el futuro. “De manera general, cuando observamos los marcos internacionales y las políticas que emanan desde un debate más global, observamos que muchas veces la educación en la primera infancia es planteada apenas como una preparación para el futuro. Esta perspectiva de que cada etapa prepara hacia el futuro nos parece que está fundamentalmente equivocada y no en línea con una perspectiva de educación como derecho humano. La educación como un derecho humano tiene un valor en sí mismo en cada una de las etapas, a comenzar por la educación en la primera infancia”, enfatizó.
Camilla Croso: “Observamos que muchas veces la educación en la primera infancia es planteada apenas como una preparación para el futuro. Esta perspectiva de que cada etapa prepara hacia el futuro nos parece que está fundamentalmente equivocada”
Adrian igualmente se opuso a la mirada instrumental de la primera infancia. “Está claro que hay una fuerte tendencia a criterios meritocráticos, de preparar la primera infancia para la adultez, la famosa ventana de oportunidades que es ‘ahora o nunca’, con el capital social, que está por detrás de todo este discurso. La aparición con una fuerza desproporcionada de la neurociencia, cuando hay muchas ciencias que aportan a la identificación de saberes de la primera infancia, inclusive aquellos que dicen que hay que invertir en la primera infancia por la tasa de retorno, o para que, cuando sean grandes, los niños no roben, no se droguen…Esa instrumentalidad de la primera infancia atenta contra la experiencia en sí que significa vivir los primeros años de vida, sin ninguna intencionalidad posterior, sin ninguna mediación para….”, afirmó.
Evaluación estandarizada
La evaluación de programas y políticas de educación en la primera infancia también fue un tema destacado en el diálogo virtual. Según Camilla Croso, la evaluación debe respetar las características de la primera infancia y los objetivos del derecho humano a la educación, tal como expresa la Convención sobre los Derechos del Niño.
“Otra tendencia que estamos observando a nivel regional y mundial es que las pruebas estandarizadas que observamos en primaria, secundaria y en la universidad, empiezan a proponerse también desde la primera infancia. Eso nos preocupa profundamente porque va en un sentido justamente contrario a lo que nos parece fundamental, que es respetar la infancia, reconocer y respetar las características de esta edad, subrayando la importancia del juego, de la cultura y de la creatividad, que son expresados en la Convención sobre los Derechos del Niño, y que de hecho deberían influenciar todas las demás etapas educativas”, enfatizó.
Video: El reconocimiento de las niñas y los niños pequeñas/os como sujetos de derecho
Durante el diálogo virtual, se presentó un video con análisis, aportes y recomendaciones de Victor Giorgi. Mira a continuación:
Desafíos: cobertura y calidad
En el cierre del diálogo virtual, Juan Mauricio llamó la atención para los actuales desafíos del cuidado y de la educación en la primera infancia en América Latina y el Caribe. Destacó especialmente la problemática de la cobertura y la calidad en esta etapa educativa.
“Todavía a nivel de la región y a nivel de los países tenemos muchas limitaciones, sobretodo muchos desafíos en los cuales podemos trabajar. Necesitamos establecer programas educativos que sean diseñados, que tengan objetivos claros y estén adecuados a la realidad comunitaria, a la realidad del entorno donde se está desarrollando el niño y la niña”, destacó.
Añadió que los programas para esta etapa educativa deben tener una perspectiva de desarrollo integral de las personas. “Cuando hablo del desarrollo integral, estoy hablando de lo físico, de lo emocional, de lo cognitivo, en el cual toda la sociedad, todo el entorno del niño debe tener una corresponsabilidad”, explicó.
Subrayó también como obstáculos a superar, la falta de inversión y cobertura en la educación infantil. “La franja de edad con menor cobertura educativa es la primera infancia”, afirmó.
Fuente de la reseña: https://redclade.org/noticias/el-reconocimiento-de-derechos-de-la-primera-infancia-vive-una-disputa-ideologica-metodologica-e-institucional/
En 1955, Rosa Parks tenía 42 años. Afroamericana, natural de Montgomery, Alabama, e hija de un carpintero y una maestra de escuela, de profesión costurera, además se desempeñaba como secretaria y ayudante en la Asociación Nacional para el Avance del Pueblo de Color.
En aquellos años, los negros sufrían en los Estados Unidos la humillación -especialmente en el sur- de no poder compartir con los blancos los mismos lugares públicos: escuelas, restaurantes, salas de espera. La segregación llegaba a tal punto que en los baños se mostraban letreros de “sólo blancos” o “negros no”. Las leyes Jim Crow, heredadas de la esclavitud del siglo XIX, fueron diseñadas para que los afroamericanos se sintieran inferiores y así mantenerlos marginados de la sociedad.
El 1 de diciembre de 1955, Parks se subió a un autobús público para volver a su casa. Por entonces, los vehículos estaban señalizados con una línea: los blancos adelante y los negros detrás. Ella se sentó en los asientos del medio, que podían usar los negros si ningún blanco lo requería. Cuando se llenó esa parte, el conductor le ordenó, junto a otros tres negros, que cedieran sus lugares a un joven blanco que acababan de subir. Los demás se levantaron, pero ella permaneció inmóvil.
“Mientras más obedecíamos, peor nos trataban”, asegura Parks en sus memorias. “Aquel día estaba fatigada y cansada. Harta de ceder”. Rosa pasó la noche en el calabozo, acusada de perturbar el orden público y pagó una multa de catorce dólares.
El caso trascendió y acabó por dar voz a los movimientos por el fin de la segregación que ya habían comenzado a hacerse notar. Un joven pastor bautista de nombre Martin Luther King organizó una oleada de protestas contra la segregación en los autobuses públicos de Montgomery que duró 382 días. Los treinta mil afroamericanos que participaron hicieron marchas de hasta nueve kilómetros, y cuando les preguntaban cómo se sentían, algunos respondían: “Mis pies, cansados. Mi alma, liberada”.
Cinco años más tarde, en 1960, el Tribunal Supremo de Estados Unidos terminó declarando inconstitucional la ley que regulaba la segregación racial en el transporte público. Esa segregación terminó siendo totalmente anulada en 1964, con la Ley de Derechos Civiles que la desterró, al menos oficialmente, aunque en la práctica tardó algo más en ser efectiva en otros ámbitos como las escuelas o los lugares de trabajo.
Fuente de la reseña: https://www.clacso.org/rosa-parks-una-afroamericana-que-hizo-historia/
¿Cómo hacer para que las escuelas enseñen a pensar? Melina Furman tiene una propuesta muy concreta que puede generar cambios profundos en las escuelas y los docentes actuales.
Fuente del documento: https://www.youtube.com/watch?v=jGMsgjFieao
En los últimos años la tensión política y las dificultades económicas se han agudizado en Venezuela, lo que ha propiciado un repunte de los problemas que nos tocan directamente a las mujeres, como es el caso de la violencia, señalado así en el informe CEPAZ (2017). A pesar de los avances que se han producido en nuestro país en los últimos quince años en materia de reconocimiento de derechos humanos y en especial a los de las mujeres a vivir una vida sin violencia, es común que las instituciones y autoridades vinculadas a esta problemática, declaren como como fin último el alcance de la igualdad formal entre hombres y mujeres y que se obvie el reconocimiento de la desigualdad y la discriminación estructural como problemas que impiden a las mujeres alcanzar la plena vigencia de sus derechos humanos. Esto es fundamental para contextualizar la posible eficacia y eficiencia de la administración de justicia pues nos mantiene, según nuestro juicio, en un rezago institucional (legislativo, judicial y hasta mediático) que se ha instaurado en el sentido común.
Cierto es que los avances han aportado considerablemente a las políticas públicas, aunque no lo suficiente; al respecto hay que insistir en que el marco cultural sigue siendo sin duda una gran limitación para la consolidación de los derechos de las mujeres. Ello no solo por los prejuicios y estereotipos albergados en la población en general, sino especialmente en el funcionariado adscrito a las instituciones encargadas de legislar, de atender los casos en las instancias judiciales y policiales, así como del trato y la mediación comunicacional que ha prevalecido apegado a los estereotipos tradicionales.
Aunque nuestro país ha suscrito tratados, pactos y convenciones internacionales sobre la materia, como la Convención Interamericana sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW) y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, entre otros, (lo que hace que su articulado tenga rango constitucional en nuestro país, según lo señala el artículo 23 de la carta magna), podemos identificar como problema la falta de la debida diligencia para prevenir la violación de los derechos o para tratarla en los términos que estas Convenciones plantean; lo que acarrea responsabilidad directa del Estado como quedó establecido desde 1992, por el propio Comité de la CEDAW; mismo que en su artículo 5 (a) establece como obligación:
modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
En este sentido, queda claro que el deber de prevención incluye la obligación de transformar los estereotipos de género, como puede leerse en la misma norma, artículo 2(f) y que es referido por el Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (en adelante MPLA) con intención de dinamizar las legislaciones de los Estados para que adopten “todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer” (MPLA; s/f. pag 39).
Otro importante escollo que identificamos es la persistente creencia de que atender a mujeres víctimas de violencia de género supone tratar un asunto doméstico que seguramente se resolverá de manera “natural” con la dinámica de la propia pareja y que, por tanto, es una pérdida de tiempo que involucra a las autoridades receptoras de la denuncia en asuntos “menores” en lugar de dedicar su tiempo a otras situaciones que considerarían más importantes. Así que, es frecuente que se cuestione la credibilidad del testimonio de la víctima, no se tome en serio e incluso se intenten mecanismos de conciliación como alternativas de resolución de un “supuesto” episodio de violencia; lo que, como sabemos agrava el riesgo de femicidio. De manera análoga, esta realidad es reflejada en cita del informe de la CIDH-OEA (2015) para el caso de personas LGBTI a quienes se les rechaza la denuncia de entrada “…y con frecuencia reciben malos tratos, abusos sexuales, hostigamientos o incluso son atacadas físicamente por oficiales de la policía y otros agentes estatales.” (:261).
Tan arraigada está en el imaginario colectivo la idea de que la violencia contra las mujeres en el espacio doméstico debe resolverse como un asunto de pareja en la intimidad, como que las mujeres que hacen vida política, son merecedoras de la violencia porque usurpan espacios destinados exclusivamente a los hombres. Por tanto, esta, entre otras formas de violencia no se condenada socialmente, por lo que se dificulta su prevención y erradicación, así como la investigación, sanción y reparación.
Sobre esta particular forma de violencia, hay que advertir que no está tipificada en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV), -parcialmente reformada en 2014- e instrumento legal más completo del que disponemos en nuestro país para afrontar la violencia de género.
En el informe elaborado por la Comisión para la Verdad la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública (2017), Violencia y Acoso Político contra las Mujeres en Venezuela en el período 1999-2017) se reporta que: “La violencia contra las mujeres en número de víctimas fatales y heridas ha venido aumentando durante el período 1999-2017, producto del aumento de la violencia política en general, y también de la mayor virulencia y agresividad de la misma.” (p.5). Puede leerse también que se cuentan 44 femicidios y 105 víctimas heridas y lesionadas por esta causa durante los últimos 18 años estos y que la violencia:
… fue dirigida especialmente a mujeres líderes comunitarias y mujeres que luchan por sus derechos en la vida cotidiana, son crímenes de odio fundamentados en motivos sexuales, de poder y de discriminación. Es importante no verlos como hechos aislados sino dentro del patrón de violencia contra las mujeres. Un aspecto muy claro es el de la indefensión, no solamente la mayoría de estos asesinatos están impunes, sino que se producen contra mujeres que están en graves situaciones de vulnerabilidad y precariedad, pero que aún en esas circunstancias han sido capaces de sobreponerse y realizar una tarea que las hace visibles y le da sentido a su existencia. En estas muertes se entrecruzan las desigualdades de género y clase. (p. 89)
A ello hay que agregar, como expone Aponte Élida (2014), que en lugar de observar el fortalecimiento de la eficacia de la ley, lo que podemos deducir es que algunos criterios fiscales y judiciales se debilitan, aparece la inobservancia y vaciamiento de los principios que la informan. Por ello no sorprende que la impunidad ronde el 94 % en este tipo de delitos. Adicionalmente, las mujeres no sólo no reciben asistencia y acompañamiento por parte del Estado, sino que además son escasas las ONG y otros grupos organizaciones autofinanciados los que se encargan de hacerlo contra la reacción objetora de los mismos órganos encargados de la aplicación de la ley; como comenta nuestra autora al cerrar.
Para las manifestaciones de violencia antes descritas se entiende que se permean las subjetividades de quienes participan en el equipo encargado de la administración de justicia así como de la opinión pública y su complejo proceso de creación y comunicación de lo que consideran “la verdad” de los acontecimientos. De allí que, como expresa el MPLA, siguiendo a Turvey (1999), termine por imponerse la moral personal de quienes investigan, así como la apatía, en el caso de la violencia doméstica, o la justificación para la violencia política en contra de las mujeres: para la primera de estas formas, la víctima termina por ser envilecida y para la segunda, deificada como propone nuestro autor, con indeseables consecuencias para ambos casos.
De este modo es lógico que la jurisprudencia internacional haya señalado que la aplicación injustificada de estereotipos de género en la administración de justicia, ha afectado severamente a mujeres y niñas. Ello nos permite afirmar sin duda que las agresiones son el producto de los prejuicios machistas y patriarcales que imperan en nuestra sociedad.
2.-Tres medidas concretas
a) Legislativa:
Visto que Venezuela es uno de los pocos Estados en donde la violencia política contra las mujeres no está tipificada como delito, proponemos que se incorpore la violencia política como delito tipificado en la LOSDMVLV, en el entendido de que en el año 2016, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) junto al Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) crearon la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, la cual pretende ser una guía para que los Estados legislen, protejan y garanticen el ejercicio de sus derechos políticos. Se reconoció que la violencia política que se ejerce contra las mujeres constituye una grave violación de sus derechos humanos y es una amenaza principal para la democracia.
b) Institucional:
Sabemos que las prácticas sociales se construyen y constituyen con la acción de quienes vivimos en sociedad. En Venezuela, ciertamente la institucionalidad es considerada como débil, por lo que es muy difícil legitimar las acciones de las principales instituciones que conforman el Estado. No obstante, creemos que hay de alguna manera, consenso en que cumplir las leyes fortalece la democracia, justicializar los crímenes de violencia contra las mujeres y niñas ayudará a disminuirlos, formar en todos los contextos permitirá transformar nuestras actitudes frente a la violencia, etc. Así que tomar parte como activistas, docentes, en fin, como ciudadanas/os siempre aporta a la reconstrucción de alguna institucionalidad.
c) Comunicacional:
Con miras a erradicar los estereotipos contra la mujer, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (LRSRT) ha establecido, entre otros, la necesidad de promover valores éticos orientados a disminuir la discriminación y la subordinación a las que han estado sometidas las mujeres, suprimiendo las imágenes estereotipadas y violentas contra la mujer,
respetando el horario establecido e incluyendo programas educativos con perspectiva de género. No obstante, como ocurre con otras leyes tan bien concebidas como escritas, éstas han terminado cediendo terreno a una cotidianidad que legitima los estereotipos en los que el cuerpo de las mujeres es solo mercancía.
Por otro lado, en afirmación de Aponte Élida (2014): Las mismas mujeres no se han apropiado masivamente ni de la Constitución ni del resto del ordenamiento jurídico aplicable, por la falta de una campaña de concientización que el Estado debe llevar adelante y por esa domesticación a la cual han sido sometidas por generaciones.
Así como es menester aportar a la educación de las mujeres en cualquiera de los ambientes en que hace vida, también interesa crear conciencia en los niveles decisorios pues la idea de neutralidad que reviste el discurso de los derechos, forma un criterio técnico que nos resulta al menos irracional al negar el contexto androcéntrico en el que se concibieron las normas y leyes. Todo en la esperanza de la reparación como estrategia remedial que es siempre un aliciente y una señal de compromiso de los Estados, así como la de asignación de responsabilidades.
América del Sur/ Argentina/ 03.12.2019/ Fuente: es.aleteia.org.
A pesar del revés parlamentario, es previsible que esta ley y la del aborto vuelvan al Parlamento el próximo año
El proyecto para reformar la Ley argentina de Educación Sexual Integral – ESI- perdió el sábado estado parlamentario pese a haber sido aprobado en comisiones y, si ha de llegar a las cámaras para ser debatido, deberá nuevamente ser presentado y obtener dictamen. El proyecto reforzaba la obligatoriedad de una ley que tiene 13 años en el país a partir de forzar a colegios e instituciones con ideario propio a dar los contenidos según los provee el Estado.Mientras que la ley vigente señala la Educación Sexual Integral articulando aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, el proyecto caducado, que probablemente vuelva a ser presentado en 2020, explicita que los conocimientos en la materia deben ser “científicos y laicos” y se articula con leyes sancionadas con posterioridad como la Ley de Identidad de Género y Matrimonio entre personas del mismo sexo.
El otro cambio importante que introducía el proyecto tenía que ver con la modificación al apartado que aclaraba que cada comunidad educativa puede incluir en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, “en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”.
La propuesta de modificación eliminaba esta facultad de los colegios, desconocía la importancia de los idearios con los que los colegios son fundados, aunque sí permitía la participación en la aplicación de los contenidos de “centros de estudiantes, sindicatos docentes, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual y de género, de las personas con discapacidad y de los pueblos originarios”. Es decir, religiones occidentales no, pero corrientes aborígenes, por más que sus contenidos no sean laicos, sí.
La obligatoriedad regía para todo tipo de educación, pública, subvencionada o privada, indistintamente.
Hubo manifestaciones en contra del intento parlamentario, muchas silenciadas por medios de comunicación. Tanto la Conferencia Episcopal Argentina como la Alianza Cristiana Evangélica de la República Argentina – ACIERA- emitieron comunicados.
El documento de los obispos renovó el Sí a la Educación Sexual que ya había sido proclamado recientemente, aunque aclaró que “la educación sexual integral debe respetar la libertad religiosa de las instituciones, y la libertad de conciencia, derecho sagrado e inalienable que debe ser siempre custodiado”. Y reiteró: “son los padres los primeros educadores de sus hijos, y que a la escuela y al Estado le corresponde un papel subsidiario en esa tarea”.
Según lo anunciado por los afines al nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre, y según la insistencia de algunos de los nuevos parlamentarios más sonantes, este proyecto, así como el de legalización del aborto, acaso los más teñidos de ideología de género aún sin sancionar en la Argentina, serían tratados en la futura composición del Congreso. En ambos, además de los temas de fondo, emerge la imposibilidad de educar y obrar colectivamente de acuerdo a conciencia y convicciones personales que lleven a fundar colegios u hospitales.
Las personas tienen “la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”, dice la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El proyecto de reforma de la ESI desconocía abiertamente las ideas con las que a lo largo de la historia democrática argentina miles de cristianos fundaron y al día de hoy fundan y dirigen colegios, así como padres que en función de los enfoques eligen estos colegios, sean cristianos o no. Los discriminaba con respecto, por ejemplo, a grupos feministas o incluso de religiones aborígenes.
Vida, familia y libertad, de la mano, se anuncia, volverán a ser protagonistas en la agenda parlamentaria argentina 2020.
Fuente de la noticia: https://es.aleteia.org/2019/12/02/argentina-cayo-el-proyecto-que-obligaba-a-los-colegios-a-educar-con-perspectiva-de-genero/
América del Sur/ Colombia/ Fuente: www.telesurtv.net.
El Comité Nacional del Paro prevé que la movilización del 4 de diciembre sea muy similar o superior a las del 21 y 27 de noviembre pasados, y está encaminada a fortalecer la movilización social en el país.
El Comité Nacional del Paro de Colombia convocó este domingo a una nueva movilización para el día 4 de diciembre, en el marco de las jornadas de protestas que se han sucedido desde el pasado 21 de noviembre.
Este llamado es el tercero que hace la organización durante los últimos días, la cual presentó hace poco los 13 puntos de su pliego de peticiones al presidente colombiano Iván Duque.
El fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, quien forma parte del comité organizador, aseguró que las movilizaciones se llevarán a cabo en todo el país, y contarán con la participación de la Minga indígena del Cauca, que se trasladó a la capital para participar de las marchas.
#Video ����
Desde el Comité Nacional de Paro convocamos a todos los colombianos a movilizarnos masiva y pacíficamente el próximo 4 de diciembre.
El gobierno de @IvanDuque debe establecer una mesa de negociación donde abordemos los 13 puntos que le hemos prestado al país. pic.twitter.com/q3qcTDnBxN
El paro del 4 de diciembre, que se vaticina sea muy similar o superior a los acaecidos el 21 y 27 de noviembre, está encaminado a fortalecer la movilización social en el país.
Esta vez, según Arias, habrá un ingrediente especial para la negociación con el Gobierno: darle más fuerza al movimiento social.
El punto final del paro aún no se ha definido, debido a que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunciara que no permitiría que se realizaran concentraciones en la Plaza Bolívar, por el montaje del alumbrado navideño.
En contraposición, Arias señaló su rechazo a la decisión del alcalde de restringir el paso a este emblemático sitio de la capital colombiana para la concentración prevista por el CUT.
“Nosotros reclamamos nuestro legítimo derecho a la protesta y, obviamente, la utilización de espacios tan representativos y simbólicos en la protesta social en Colombia como la Plaza de Bolívar”, expresó el vocero.
Hasta el próximo 10 de diciembre el Comité Nacional del Paro ha previsto una serie de actividades entre las que figuran un cacerolazo intercontinental, un encuentro nacional de organizaciones, el concierto Enciende tu voz: Un canto por Colombia y la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos.
Agenda Comité Nacional de Paro ��
Vamos todos al Gran #CacerolazoLatinoaméricano por la dignidad y contra el neoliberalismo en nuestras naciones.
�� 1 de diciembre de 2019
�� 6:00 p.m
�� Toda Colombia
La situación interna de Colombia se tensó luego de los ajustes económicos y tributarios de la administración de Iván Duque, y el Comité Nacional de Paro, que agrupa a las principales organizaciones civiles movilizadas, demanda un mayor presupuesto para áreas como las educación, así como que se implementen los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC.
Fuente de la noticia: https://www.telesurtv.net/news/continuan-jornadas-paro-nacional-colombia-diciembre-20191201-0008.html
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