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Cierra el 2023 con muchas novedades en cuanto a la regulación de la implementación de sistemas de inteligencia artificial (IA). En esta columna, repasamos un poco de la trayectoria normativa latinoamericana: desde las estrategias de IA, hasta la revisión de algunos de los proyectos de ley que se discuten actualmente en algunos países de la región.
Alineada con las tendencias internacionales, América Latina ha hecho esfuerzos significativos por desarrollar principios y reglas para la inteligencia artificial (IA). En un primer momento, múltiples gobiernos desarrollaron instrumentos regulatorios a partir de la creación de estrategias, planes, o la adhesión a principios internacionales como los Principios de IA de la OCDE o los Principios de la Ética de la IA de UNESCO. Sin embargo, cambios de gestión gubernamental interrumpieron algunas de estas iniciativas, dada su relativa institucionalidad.
De manera paralela a la elaboración de estos instrumentos, la región también comenzó procesos para legislar sobre la implementación de IA a nivel parlamentario. Tales procesos no involucran prerrogativas emanadas desde el poder ejecutivo. En cambio, al estar en manos del poder legislativo, demandan un debate entre parlamentarios y, con ello, la creación de consensos políticos que estén en sintonía con los entramados normativos nacionales.
A continuación, repasamos la trayectoria normativa latinoamericana: desde las estrategias de IA de algunos países, hasta la revisión de algunos de los proyectos de ley que se discuten actualmente.
Estrategias de IA
Uno de los hitos que marca el inicio del proceso de regulación de la IA se encuentra en las estrategias y planes de IA publicadas entre 2019 y 2021 por gobiernos como los de Argentina, Brasil, México y Uruguay. Estas acciones fueron impulsadas desde los poderes ejecutivos de la región y buscaron dar un marco de referencia para el uso de este tipo de tecnologías.
Aun cuando, en varios casos, dichas políticas contemplaron una etapa de consulta pública, hemos identificado algunas falencias de los Estados en garantizar una discusión plural e inclusiva de forma efectiva al definir prioridades estratégicas en IA. Entre ellas están la falta de inclusión efectiva de grupos históricamente marginalizados y de mecanismos de transparencia que permitan comprender de qué manera se consideraron los comentarios presentados.
Algunas de estas iniciativas no encontraron continuidad para su implementación y, además, fueron criticadas por su falta de rumbo por defectos en la coordinación o ausencias de líneas de acción claras como para llevar el título de “estrategias”. Es que estas políticas, pese a basarse en procesos participativos y antecedentes internacionales como los Principios para la IA de la OCDE, fueron plasmadas en resoluciones administrativas –en buena parte de los casos– con una solidez institucional relativa. Además, carecían de métricas claras que permitieran el monitoreo de su implementación.
Así, estas limitaciones otorgaron mayor relevancia al debate legislativo. A la vez, y contando sus imperfecciones, la discusión y la posterior formulación de estas estrategias sentaron un precedente para los debates parlamentarios.
Discusiones legislativas para la regulación de la IA
Brasil
Desde 2019, han sido presentados muchos proyectos de ley en materia de IA. Los principales fueron los PLs 5.051/2019, 21/2020, y 872/2021. En 2021, la Cámara de Diputados brasileña aprobó el PL 21/2020, que contiene disposiciones sustentadas más en principios que en prerrogativas específicas, y que ha sido motivo de críticas por parte de la sociedad civil. A contar de la llegada de este proyecto en el Senado Federal, fue establecida una comisión de juristas para lograr un proyecto unificado, en conjunto con otros ya en tramitación en esta casa legislativa.
El extenso reporte final presentado por la comisión resultó en el desarrollo de un cuarto proyecto de ley, el PL 2338/23, presentado por el presidente del Senado y actualmente en discusión paralela a los demás proyectos sobre IA. Pese a que fue ideado como una continuidad de las discusiones previas, el PL 2338/23 guarda importantes diferencias con relación al proyecto aprobado por la Cámara.
Influenciado por los debates alrededor del AI Act europeo, el PL 2338/23 presenta un enfoque fundamentado en riesgos, en función de una tipología establecida en el proyecto mismo, además de crear derechos y determinar la creación de una autoridad centralizada de IA que debería ser apuntada por el Poder Ejecutivo y trabajada en conjunto con las demás autoridades sectoriales. Sobre el modelo de riesgos, el PL determina que, a mayor riesgo, mayores las obligaciones que corresponden a quien implemente este tipo de tecnologías. El proyecto es apoyado por la Coalición de Derechos en la Red, que lo considera un paso importante hacia el equilibrio entre el establecimiento de derechos y herramientas de gobernanza.
Chile
La discusión parlamentaria se centra en el Boletín 15869-19: un proyecto de ley que regula los sistemas de IA la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación. El mismo ingresó en la Cámara de Diputados durante abril de 2023 y se encuentra en “primer trámite constitucional”, que es la forma en la que Chile denomina el proceso de discusión de un proyecto de ley donde fue presentado originalmente, sea en la Cámara de Diputados o en el Senado.
Tal como señala el texto en sus “considerandos”, el proyecto adopta un sistema de riesgos basado en la discusión existente en el parlamento de la Unión Europea. El proyecto contempla la creación de una Comisión Nacional de Inteligencia Artificial, y establece obligaciones para desarrolladores, proveedores y usuarios de sistemas de IA. Además de este proyecto, hay dos iniciativas, de orden punitivo, que buscan modificar el Código Penal. Se trata de los boletines 15935-07, para sancionar el mal uso de la inteligencia artificial (ingresado el 15 de mayo de 2023) y el 16021-07, que busca incorporar, como circunstancia agravante de la responsabilidad, el uso de inteligencia artificial en la comisión de un delito (ingresado el 13 de junio de 2023).
Costa Rica
El proyecto costarricense, que tomó cierta notoriedad en distintos medios por comenzar con una introducción realizada por ChatGPT, se encuentra en discusión en la Comisión de Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, órgano unicameral del Poder Legislativo. Este proyecto, en trámite bajo el Expediente 23771, afirma desde su primer artículo su foco en la “protección y promoción de la dignidad, los derechos humanos y el bienestar de la persona humana”.
Si bien el proyecto habla de la existencia de riesgos, su abordaje no establece una tipología como los proyectos mencionados anteriormente. Su Capítulo VII se enfoca particularmente en la “Protección de los Derechos Humanos en la Regulación de la Inteligencia Artificial”, donde se establecen disposiciones sobre no discriminación, privacidad y protección de datos personales, transparencia y explicabilidad, acceso a la justicia, entre otras. El proyecto obliga a desarrolladores y usuarios de sistemas de IA a realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos antes de su implementación. Estas evaluaciones, afirma el proyecto en su artículo 16, “deberán identificar y mitigar los posibles riesgos y efectos negativos en los derechos fundamentales de las personas”.
Rumbos posibles
La existencia de estos proyectos de ley no implica que vayan a ser aprobados tal como fueron formulados, o que presenten una continuidad en el debate parlamentario con regularidad. Sin embargo, presentan instrumentos que pueden modificar la gobernanza de estas tecnologías, como la creación de autoridades específicas o la obligación de generar evaluaciones de impacto.
También cabe resaltar la influencia que tienen en el debate parlamentario iniciativas internacionales como el proyecto de ley de Inteligencia Artificial del parlamento europeo, la IA Act, cuyo enfoque basado en riesgos sirvió de inspiración para la creación de algunos de los proyectos mencionados. La sanción de esta ley, aún en discusión, puede modificar el panorama y sentar un precedente de gran influencia para otros países latinoamericanos.
Por último, es necesario destacar que, más allá de estrategias y proyectos de ley específicos, la gobernanza de la IA incluye un conjunto de normas e instituciones que abarcan, incluso, el acceso a la información y la protección de datos, entre otras, que son cruciales para garantizar transparencia en su implementación y el respeto a los derechos de las personas potencialmente afectadas negativamente por ella. En ese sentido, es llamativo que países que aún no cuentan con marcos de protección de datos adecuados intenten legislar sobre IA.
Frente al avance de las discusiones internacionales sobre la regulación de IA, es fundamental que legisladores y legisladoras de América Latina estén atentas a las recomendaciones emitidas por autoridades y órganos de derechos humanos. Probablemente, 2024 sea un año donde estas discusiones avancen de la mano los avances tecnológicos en la potencialidad de estas tecnologías, sobre las que vemos novedades día a día. Estaremos atentos, monitoreando la evolución de los debates a nivel nacional.
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