Por: Claudia Romero.
Que la sociedad esté preocupada por el dólar y la inflación y atemorizada por la inseguridad y la pérdida del trabajo no anula el interés por la educación.
En Argentina las clases comienzan sin clases, al menos en la mayoría de las escuelas públicas del país. Una situación que no por reiterada debe asumirse como normal. El conflicto cíclico de cada comienzo de año ya se ha transformado en estructural y clama por soluciones que vayan más allá del arreglo de coyuntura entre gobiernos y sindicatos. La educación necesita de consenso y largo plazo y aunque ya lo sabemos, no lo logramos.
Los políticos que siguen las encuestas creen que a los argentinos no les interesa la educación escolar de sus hijos. Se equivocan. ¿Cómo pueden creer que madres y padres permanecen indiferentes ante el futuro de sus hijos?
Que la sociedad esté preocupada por el dólar y la inflación y atemorizada por la inseguridad y la pérdida del trabajo no anula el interés por la educación. Que no se tomen las calles reclamando mejor educación es porque hace rato que en Argentina se vienen resolviendo problemas colectivos con estrategias privadas, no sólo en educación, también en salud.
Qué mejor evidencia del interés que la fuga de matrícula pública hacia escuelas privadas en busca de clases todos los días o las filas de los más pobres, que no pueden fugarse, en la puerta de la mejor escuela pública del barrio para inscribir a sus hijos. También el sacrificio de los más vulnerables para comprar los guardapolvos y libros y el de las clases medias para pagar las cuotas.
Es, sin dudas, un ejercicio individual y modesto de acción ciudadana, ¿pero es que vamos a esperar que cada argentino se convierta en un estadista de la Educación? No es la ciudadanía la responsable de establecer políticas educativas de consenso y largo plazo; en las democracias es el Congreso la pieza clave.
Sin embargo, el debate educativo en el Congreso es infrecuente. Con excepción de las grandes leyes bisagras, como la Ley Federal de Educación de 1993 o la ley Nacional de Educación de 2006, los temas educativos no son prioritarios para los representantes del pueblo.
En la inauguración de sesiones de este año, el Presidente volvió sobre el tópico de su discurso del año pasado: el de acceso abierto a la información sobre los resultados de las evaluaciones de calidad educativa y la necesidad de que el Congreso modifique el artículo 97 que prohíbe su divulgación a nivel de escuela e individual. “Los padres merecen saber la verdad”, dijo el Presidente.
La verdad es que hoy cada padre o madre puede acceder a los puntajes obtenidos por la escuela de sus hijos en la prueba nacional de calidad Aprender, basta con acercarse a la escuela y exigirlos. Algunas escuelas, pocas por cierto sobre todo aquellas que tienen los mejores resultados, toman la iniciativa de informarlos a su comunidad.
Pero es cierto que como sociedad no hay acceso masivo a esa información y en este sentido el proyecto anunciado de cambiar la ley actual obedece a una política de transparencia y acceso a la información pública.
Sin embargo el acceso masivo a los resultados de cada escuela no garantiza por sí mismo mejor calidad ni equidad educativa. Para que eso ocurra no alcanza con la presión que pueda ejercer una ciudadanía informada, es necesario construir nuevas capacidades en el sistema educativo y eso es responsabilidad de las políticas educativas que sí disponen actualmente de la información detallada por escuela.
Más temas esperan mejores marcos legales, entre ellos y de manera urgente, las políticas docentes. Existe consenso internacional en que para el desarrollo de capacidades en el sistema educativo es clave el factor docente. Es mejorando la calidad de la enseñanza que se mejoran los aprendizajes. Pero las políticas docentes en la Argentina están estancadas aunque son estratégicas para la reconstrucción del prestigio docente y con él de todo el sistema educativo, algo imposible de liquidar en las negociaciones paritarias tensionadas entre la inflación y el oportunismo político.
El Congreso tiene aquí una tarea urgente e importante: la discusión y sanción de una nueva ley de Formación y Desarrollo Profesional Docente que asegure lineamientos nacionales sobre tres cuestiones básicas que hacen a la mejora docente: reclutar a los mejores aspirantes, formación de excelencia y carrera docente con nuevos incentivos y reconocimientos que privilegien el desempeño por sobre la antigüedad.
Esta ley deberá además redefinir el presupuesto asignado, porque sin más dinero no hay transformaciones serias en este punto. Chile, por ejemplo, acaba de establecer una nueva carrera docente, moderna y sofisticada, e invirtió para eso un punto del PBI. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿O seguiremos asistiendo a la disputa por la manta corta?
No es cierto que a la sociedad no le interese la educación. ¿Estarán el Congreso argentino y los representantes del pueblo a la altura del consenso y el largo plazo que la educación necesita y la sociedad espera?
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