También informó que la reunión acordó formar una nueva organización nacional de maestros y buscar que sea oficialmente reconocido, en reemplazo del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación de Perú (Sutep), cuya dirigencia nacional no participó en la protesta.
Los sindicatos regionales, añadió, encargaron al Comité de Lucha que dirigió la huelga iniciada el 15 de junio por el de la región surandina de Cusco, a la que en forma individual se sumaron paulatinamente las demás bases.
Cuatro de los sindicatos en huelga negociaron hace casi un mes un acuerdo con mejoras salariales parciales y otras concesiones que fue rechazado por el Comité de Lucha.
Esta junta exigió negociar con el Gobierno, el que aceptó, aunque vetó a varios dirigentes, como su líder, Padro Castillo, por sospechas no probadas de vínculos con facciones ligadas al antiguo grupo armado Sendero Luminoso.
Tal veto derivó en negociaciones indirectas, con la mediación de un grupo de parlamentarios, en las que el Gobierno hizo nuevas concesiones menores, pero no hubo acuerdo para acabar la huelga por la negativa oficial a aceptar que las evaluaciones a los docentes no generen despidos.
El movimiento de protesta estuvo acompañado de marchas, bloqueos de calles y carreteras y otras protestas y en varias regiones hubo paros generales de la población en respaldo a las demandas salariales y laborales de los profesores.
La huelga conmovió a todo el país, por la precaria situación salarial que tenían los docentes y puso en serios aprietos al gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski.
La aprobación ciudana al mandatario cayó de 32 a 19 por ciento en un mes, en opinión generalizada por el mal manejo de la paralización, aunque Kuczynski negó credibilidad al sondeo.
En las últimas semanas miles de maestros llegados a Lima para reclamar atención a sus demandas realizaron protestas a diario hasta que en días pasados la policía les impidió el acceso a la céntrica plaza San Martín, usada para sus concentraciones y los expulsó de otros espacios.
Dos maestros provincianos, Eder Ramos y Diego Asto, fueron detenidos esta semana en esos incidentes y son acusados de agredir a policías por lo que aguardan ser juzgados y el Ministerio del Interior pide que sean condenados a ocho años de cárcel.