América/Costa Rica/01/03/2020/Autor y fuente: www.telesurtv.net
Los representantes de los pueblos originarios declararon que el Gobierno no los protege y permite que ocurran estos actos que atentan contra sus libertades.
Los pueblos indígenas de Brörán de Térraba y Bribri de Salitres, en Costa Rica, denunciaron este jueves la falta de acción por parte del Estado ante la violencia cometida contras sus comunidades y el asesinato de sus líderes.
Los representantes de los pueblos originarios declararon que el Gobierno no los protege y permite que ocurran estos actos que atentan contra sus libertades, una práctica recurrente en los últimos años, afirman.
El pasado lunes fue asesinado uno de líderes que luchaba por la recuperación de las tierras ancestrales, Jehry Rivera, quien se suma a la lista de otras victimas por las que los indígenas continúan reclamando justicia.
Los indígenas continúan exigiendo acciones para sanear sus tierras y detener la impunidad que genera una mayor inseguridad, por lo que reclaman que la comunidad internaciones y los ciudadanos se unan en función de demandar al Gobierno.
Por otro lado, aseveran que el Plan Nacional de Recuperación de los Territorios Indígenas promovido por el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) tampoco da las soluciones, pues están proponiendo medidas económicas cuando la verdadera respuesta debería ser expresada en voluntad política.
Fuente e imagen: https://www.telesurtv.net/news/costa-rica-indigenas-denuncia-inaccion-estado-asesinatos-20200227-0045.html
Centro América/ Costa Rica/ Fuente: semanariouniversidad.com.
arios sindicatos protestan contra la aprobación de la ley de huelgas (Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, expediente 21.049) en la avenida central, frente a la puerta de ingreso para particulares en la Asamblea Legislativa.
Desde antes de las 9 a. m., la Fuerza Pública mantiene cerrado el ingreso al bulevar por los costados de la avenida central y el parque Nacional.
La Asamblea Legislativa convocó a una sesión extraordinaria de plenario en la que votarán la ley de huelgas en su segundo debate; de aprobarse, la ley pasará al Poder Ejecutivo para recibir la firma del presidente Carlos Alvarado.
En la protesta, los sindicatos cargan carteles que dicen “Hoy los diputados matan la democracia”.
Los sindicalistas también llevan carteles con caras de algunos legisladores. A la diputada liberacionista Yorleni León la llaman “enemiga de la clase trabajadora” y, por el contrario, al diputado del Frente Amplio José María Villalta lo llaman “amigo de la clase trabajadora”.
Durante la concentración, los sindicalistas gritan “El pueblo no perdona y el pueblo no olvida”; “Con ley o sin ley, huelga es huelga”; “Hoy votan los diputados, en quince días vota el pueblo” y “En dos años el pueblo también votará”.
Entre los sindicatos asistentes figuran la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); la Asociación Nacional de Educadores (ANDE; Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU); Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca); la Unión Médica Nacional y la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud).
¿Qué reclaman los sindicatos?
Sindicatos afuera de Castillo, sobre avenida central. (Foto: Natalia Díaz).
El sindicalista Edwin Solano de la Unión Médica calificó el proyecto 21.049 como una “ley mordaza”.
“Creen que con eso nos van a callar. Cuando haya que manifestarse vamos a manifestarnos, cuando haya que hacer huelga vamos a hacer huelga. No vamos a permitir que una leyecita hecha por los liberales quiera callarle la boca al pueblo costarricense”, aseguró al micrófono, frente a los manifestantes.
“No importa si este segundo debate pasa, la clase trabajadora seguirá luchando en los movimientos de huelga, los regulen o no de una forma distinta. El ser humano no puede renunciar a su derecho a decir no. ¿Por qué les vamos a limpiar la calle para que nos quiten la educación, la salud y las pensiones”, aseguró en entrevista con UNIVERSIDAD el sindicalista de ANDE, Gilberto Barrantes.
“La mayor parte somos profesionales, somos educados y tenemos una condición de vida diferente, condiciones de salud distintas. Así que no nos va a preocupar que salga una ley, lo que me preocuparía, a mí, es que el pueblo no tenga conciencia cuando se incrementen las cosas y que sepan que uno, si sale a la calle, puede defender las cosas dignamente. Ellos hoy son diputados y mañana ciudadanos de calle”, dijo la sindicalista Xiomara Rojas del Sindeu.
¿Qué establece el proyecto de ley?
El proyecto de ley modifica 16 artículos del Código de Trabajo. En el caso del 371 que habla sobre el derecho a la huelga, el texto final del proyecto 21.049 dice que las huelgas legales serán las “contractuales”.
“Serán ilegales las huelgas políticas o aquellas que no tengan conexión directa con la relación de empleo o incumplimientos laborales imputables al patrono”, dice la reforma.
En la misma prohibición, el artículo especifica como excepción la “huelga que tenga por finalidad protestar contra políticas públicas, siempre que dichas políticas afecten de forma directa los intereses económicos o sociales de los trabajadores”.
No obstante, el proyecto de ley dice que este tipo de huelga “no podrá tener una duración superior a 48 horas, ni podrán reiterarse por el mismo motivo”.
La modificación también establece que “No se considerará pacífica ninguna huelga que conlleve bloqueos en vías públicas o que impida el acceso a las instalaciones o servicios públicos, la realización de sabotaje sobre bienes públicos, la perpetración de conductas que comporten un ilícito penal, o que imposibiliten el derecho a laborar de los trabajadores que no se encuentren en huelga”.
Prohibición en “servicios esenciales”
El proyecto añade al Código de Trabajo un artículo 375 bis que asegura que “La huelga en servicios esenciales es manifiestamente ilegal, por lo que no requiere del trámite de calificación previsto en este Código”.
Una modificación al artículo 376 del Código de Trabajo enumera los servicios esenciales: los servicios de salud “en todos sus niveles de atención”; los servicios de seguridad pública; los controladores aéreos y control migratorio en tierra, mar y aire; los servicios de transporte de “medicamentos, suministros o equipo médico y bienes perecederos, barcos tanqueros o naves de combustible u otras fuentes de energía”; los servicios de atención de desastres y emergencias (bomberos, búsqueda de desaparecidos, rescate y llamadas); los servicios de suministro de agua y alcantarillado; los servicios de energía eléctrica; servicios “indispensables para la importación, transporte, distribución y suministro de combustible”; y los servicios de comedores escolares y servicios de cuido para menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y otros, vulnerables.
Durante la gestación del artículo 376 se eliminó la prohibición de la huelga en servicios de educación y, por un voto de la Sala Constitucional, en diciembre, los diputados eliminaron la prohibición para los empleados del Poder Judicial.
Durante el primer debate, los diputados del Frente Amplio, José María Villalta, y la diputada oficialista Paola Vega, reclamaron que la redacción de la ley de huelgas respondió al contexto político de las huelgas contra la reforma fiscal (las cuales se extendieron a lo largo del segundo semestre del 2018 y provocaron pérdidas en diversos sectores comerciales, así como el atraso en el calendario de la educación pública nacional).
Suspensión del salario
Junto con Villata, la diputada socialcristiana Shirley Díaz opina que por estas razones políticas, el proyecto 21.049 limitará la huelga de empleados del sector privado.
Los diputados demostraron preocupaciones por la modificación del artículo 379 que dice los tribunales no podrán condenar “el patrono al pago de los salarios de los trabajadores que hubieran declarado una huelga en servicios esenciales”.
El mismo artículo dice que, durante la participación de la huelga, los patronos no estarán obligados “al pago de remuneraciones”. Los trabajadores recibirán sus salarios durante los días de huelga en retroactivo, no obstante, eso ocurrirá específicamente “Si en sentencia final se declara que los motivos de la huelga son imputables al patrono por incumplimientos graves del contrato de trabajo”.
Fuente de la noticia: https://semanariouniversidad.com/pais/sindicatos-de-educacion-salud-y-poder-judicial-protestan-contra-ley-de-huelgas-matan-la-democracia/
La iniciativa prohíbe las huelgas en servicios públicos esenciales como los de salud, seguridad, comedores escolares y suministro de agua y energía, y pone límites a los paros laborales en la educación.
El congreso costarricense aprobó este jueves en primer debate un proyecto de ley que regula el derecho a la huelga, mientras cientos de trabajadores del sector público protestaron frente a la sede legislativa.
La iniciativa fue impulsada por el diputado opositor Carlos Ricardo Benavides y contó con el apoyo del presidente Carlos Alvarado.
También permite suspender el pago de salario de los trabajadores en huelga e impone sanciones para quienes bloquean carreteras como parte de un paro laboral.
«Hoy hemos establecido (un proyecto) para que las huelgas sigan siendo legales, se mantiene el derecho de huelga pero sin abusar de la ciudadanía», comentó Benavides tras la votación.
El presidente Alvarado agradeció a la Asamblea Legislativa (parlamento) la aprobación del proyecto, y aseguró que «brindará una mayor certeza jurídica a todos los sectores y garantizará ese derecho (de huelga) sin afectar los servicios».
El proyecto fue impulsado poco después de que en 2018 Costa Rica se vio paralizada por una prolongada huelga del sector público contra una reforma fiscal impulsada por el gobierno.
La reforma fiscal fue aprobada por el legislativo en octubre de 2018 pese al rechazo sindical.
Mientras los diputados votaban la ley de huelgas, representantes de los sindicatos del sector público se manifestaron en rechazo al proyecto de ley, que requiere una segunda votación y la ratificación presidencial para entrar en vigor.
Los manifestantes ondearon banderas de los sindicatos y tocaron tambores en un clima festivo.
Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores, acusó al gobierno y el legislativo de impulsar iniciativas de interés para el sector empresarial, en detrimento de los trabajadores.
«Costa Rica tiene que saber que hemos estado hasta el final luchando, y si no se cambia ese pensamiento, este país se nos va a ir de las manos», advirtió Cascante.
Centro América/ Costa Rica/ 13.01.2020/ Fuente: www.elpais.cr.
Colegios de todo Israel han protestado este domingo contra las recientes declaraciones del ministro de Educación, Rafi Peretz, quien insinuó que la homosexualidad es antinatural.
El viernes se publicó una entrevista en el periódico ‘Yedioth Aharonoth’ en la que se le interrogaba por qué haría si uno de sus hijos se declarara homosexual: «Gracias a Dios, mis hijos han crecido de forma natural y saludable».
Peretz pertenece al partido ortodoxo y ultranacionalista Hogar Judío, integrado en el Gobierno de coalición en funciones que lidera Benjamin Netanyahu. Fue rabino jefe del Ejército israelí y tiene doce hijos.
El ministro de Justicia, Amir Ohana, gay declarado, ha criticado a Peretz y ha subrayado que su opinión no representa al Gobierno. «Yo he crecido en una familia saludable, buena y amorosa. También así han crecido mis hijos y los hijos de muchas familias LGTBI de todo el país que están a lo ancho de todo el espectro político», ha apuntado Ohana en Twitter.
Las autoridades educativas de varios municipios como Tel Aviv, Givatayim o Ramat Gan han instado al profesorado a abrir este domingo, primer día lectivo de la semana, con un debate en las aulas sobre igualdad, tolerancia y derechos de la comunidad LGTBI.
El pasado mes de julio Peretz ya generó polémica cuando declaró que creía posible cambiar la orientación sexual de homosexuales y lesbianas con ayuda de terapia.
En el mes de julio anterior, Peretz había expresado su apoyo a la denominada «terapia de conversión» para los homosexuales alegando que puede tener «resultados efectivos» y explicando que él mismo aplicó este método en el pasado.
Las personas en Costa Rica creen que el sistema político está en deuda con la protección de los Derechos Humanos pues apenas un 16,8% considera que los protege mucho.
El 94% de habitantes de Costa Rica está de acuerdo en incorporar la educación en Derechos Humanos como parte de los pro- grama de estudios en escuelas y colegios.
Así lo indicó la primera Encuesta Nacional de Derechos Humanos Costa Rica 2019 (ENDEHU 2019), desarrollada por la Defensoría de los Habitantes, el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP) y la Oficina de Naciones Unidas en Costa Rica.
Alice Shackelford, coordinadora Residente de la ONU destacó que estos resulta dos demuestran el gran compromiso de las personas en Costa Rica con la educación en Derechos Humanos.
“El apoyo a la educación en DD.HH en escuelas y colegios es prioritario. Las personas en Costa Rica son conscientes de la importancia de educar en derechos a nuestras niñas, niños y jóvenes desde edades tempranas. Esa es una clave para asegurar que las personas apoyen y disfruten de los Derechos Humanos durante todas sus vidas”.
Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, es clara en manifestar que la educación es una herramienta de transformación en toda la sociedad, de ahí que si se quiere reducir las brechas, la desigualdad y facilitar oportunidades con mirada inclusiva, el país debe apostar en fortalecer la defensa y promoción de los Derechos Humanos.
Enfatizó que el compromiso para la educación en derechos humanos de las Universidades públicas y privadas y la labor en comunidades es indispensable, pues estamos en un momento para construir una Política Nacional de Educación en Derechos Humanos que involucre una amplia consulta e incluir las necesidades de todas poblaciones.
Valoración de cumplimiento de derechos en el país
La encuesta también reveló que el Derecho al refugio (84,9% de valoración positiva), la Cultura (84,1%) y la Libertad de creencia y religión (83,7%) son los derechos que más se respetan en Costa Rica, mientras que la Justicia pronta y cumplida (32,2%), la Seguridad (54,3%) y la Igualdad ante la ley y no discriminación (59,9%) son los que menos se respetan.
Las personas en Costa Rica creen que el sistema político está en deuda con la protección de los Derechos Humanos pues apenas un 16,8% considera que los protege mucho; mientras que el 40,8% dice que los protege algo y el 33% afirma que se protegen poco poco.
La ENDEHU 2019 contó con 1178 entrevistas telefónicas entre el 31 de octubre y el 11 de noviembre de 2019 a a personas mayores de 18 años con líneas celulares. La encuesta tiene un margen de error de 2.85%.
La calidad de nuestra educación, un mito muy costoso
Miguel Ángel Rodríguez
Es generalizado el mito de que tenemos una extraordinaria educación. Ese es tal vez el mayor obstáculo para entrarle de lleno a la incapacidad de nuestro sistema docente para dotar a los jóvenes de las habilidades intelectuales, emocionales y sociales necesarias para afrontar con éxito las condiciones del siglo XXI. Este es, en mi opinión, el mayor desafío que debemos enfrentar para resolver nuestras deudas con la justicia y el progreso.
Hace pocos días, se dio a conocer el resultado de la prueba PISA, el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, que efectúa cada 3 años la OCDE desde el 2000, y que califica las habilidades de jóvenes alumnos de 15 años en lectura, matemáticas y ciencia. Costa Rica participa desde 2009.
De nuevo, los resultados son decepcionantes. A finales del siglo XIX nuestro alfabetismo era muy elevado comparado con los niveles prevalecientes en el mundo. La expansión de la educación secundaria fue muy exitosa en la segunda mitad del siglo XX hasta la crisis de la deuda externa. Pero con esa crisis sufrimos un grave deterioro en la escolaridad de secundaria y la calidad de nuestra enseñanza no ha mejorado al ritmo que han exigido los tiempos.
PISA señala que lectura tenemos un rendimiento de 426 puntos, 61 por debajo del promedio de la OCDE. En matemáticas de 402 con una diferencia en contra de 87 puntos, y en ciencia con 416 puntos Costa Rica está atrás por 73 puntos. Es como si los alumnos en Costa Rica tuvieran dos años de atraso.
La falta de capacidad de nuestro sistema educativo para crear las habilidades que el siglo XXI demanda se refleja en lectura con un 42%, en matemáticas con un 60% y en ciencia con un 48% de los estudiantes que no alcanzan el nivel mínimo aceptable para tener alguna capacidad de ejercer esas habilidades.
Entre los mejores estudiantes, en los países de OCDE un 16% de los quinceañeros que estudian alcanzan los niveles más altos de habilidad en al menos una de las tres materias. Entre nosotros apenas un 1% lo logra. Nuestros pobres resultados no se dan solo porque muchos alumnos no alcanzan los niveles mínimos.
Lo más grave es que no solo estamos mal, sino que además hemos empeorado.
En los tres campos de 2009 a 2018 ha descendido el nivel alcanzado.
En lectura y en ciencia la disminución ha sido continuada desde 443 y 430 puntos respectivamente en nuestra primera participación, hasta 426 y 416 en esta última prueba. En estos dos casos la disminución es estadísticamente significativa y aunque se puede señalar que se da al mismo tiempo que aumenta la escolaridad para jóvenes de 15 años, también se debe tomar en cuenta que esa escolaridad sigue siendo baja en relación con los países más desarrollados. Matemáticas es la materia en la cual desde 2009 hemos obtenido la más baja calificación con 409 puntos, y también en esta materia se ha venido disminuyendo la calificación hasta 402 en 2018.
Ese mal resultado y su deterioro se dan al tiempo que hemos aumentado inmensamente la inversión en educación. Hemos alcanzado la inversión acumulada por alumno de 6 a 15 años que PISA señala es el límite después del cual no hay relación entre mayor gasto y mejores rendimientos. De 2008 a 2018 el gasto en el Ministerio de Educación Pública respecto al PIB pasó de 5 a 7,6%, un incremento de 52%. El gasto por estudiante en términos reales de 2008 a 2016 (última cifra disponible) aumentó en un 110%. El aumento es inmenso en cada uno de los tres niveles de preescolar, primaria y secundaria. Pero no es simplemente gastar más, ni tener más horas sentados a los alumnos en los pupitres, ni nuevos programas.
No se puede lograr el mejor fruto de la educación si se sigue contratando docentes sin examinar sus conocimientos, enviándoles a enseñar sin apoyo inicial en el ejercicio de su arte (imagine a un médico sin pasar por el internado) y luego sin ninguna evaluación para recapacitarlos.
Tenemos una enorme y urgente tarea por delante a la que nos convocan la justicia, la obligación de generar igualdad de oportunidades, la necesidad de crecer aceleradamente y los retos del siglo XXI.
La violencia contra las mujeres tiene muchos rostros. Que la no violencia contra las y mujeres no sea asunto de un sólo día.
Gabriela
Gabriela estudia el noveno año en un colegio de la capital. Su profesor de “Religión y Valores” pidió que de forma individual escribieran su opinión acerca del aborto. Gabriela anotó que si una chica sufre una violación debe tener derecho de interrumpir su embarazo y que no se le debe obligar a dar a luz bajo esas circunstancias. A la semana siguiente el docente le devolvió la reflexión con una nota de desaprobación; seguidamente les dijo que la clase de hoy versará sobre la libertad de pensamiento y opinión como valores supremos de nuestra sociedad democrática.
Vera
Amubri, Talamanca. Hoy también amaneció lloviendo a cántaros, la cordillera arriba está cubierta por una densa neblina que no deja ver las puntas de los cerros. Vera ha puesto el aguadulce sobre el fogón de leña para calentar el estómago de sus tres hijas y de su hijito de 10 meses. El cielo se ha roto, ya son cuatro días seguidos y no para de llover. Piensa en su marido Francisco, quien salió hace una semana a trabajar en una piñera de Siquirres. Hoy Vera debe bajar al playón a dejar los cinco racimos de plátano porque entra el intermediario, el río está crecido, pero hay que cruzarlo como sea porque necesita las monedas que obtendrá para comprar las sandalias que sus niñas requieren para ir a la escuela.
Su vida está llena de incertidumbres, no hay certeza de que el intermediario llegue, no tiene idea de cuánto le pagará por sus racimos, no está segura de que podrá cruzar el río, no sabe si sus chiquitas podrán seguir en la escuela. Su vida trascurre entre limitaciones y esperanzas. En Talamanca las mujeres no tienen tiempo para esperar que el clima mejore. Vera y sus hijas se echan los racimos de plátano al hombro y salen bajo la lluvia en busca del sustento.
Vicenta
Vicenta trabaja desde hace cinco años como empleada doméstica de una familia acaudalada que vive en Escazú. Su salario no llega ni al mínimo establecido por ley, ella lo sabe porque se lo comentó una amiga nicaragüense que participa de la Asociación de Trabajadoras Domésticas. La jornada de Vicenta empieza a las cuatro y media de la mañana, una hora antes de que los hijos adolescentes de sus patrones se levanten para ir al colegio privado más caro de la localidad. Su día laboral termina a las nueve y media de la noche, después de lavar platos y cubiertos de la cena de la familia. Su patrona siempre le dice que debe estar agradecida, porque le dan casa y comida, además del salario.
Una mañana escuchó, en un programa de radio, que en Costa Rica se había establecido que la jornada de trabajo de las empleadas domésticas no podía superar las ocho horas al día. Ante la negativa de sus patrones de ajustar su jornada y pagarle el salario mínimo, Vicenta fingió que iba al centro de salud y se fue al Ministerio de Trabajo. Como llegó a las 9:00 a.m. no la atendieron, le dijo un funcionario que las citas para ese día se habían agotado y que tendría que llegar a las cinco de la mañana, hacer la fila afuera del edificio, para tratar de que le toque una ficha. Vicenta se retiró decepcionada.
Cristina
Cristina tiene 25 años de edad, trabaja como maestra en una escuela de barrio. Con su salario intenta mantener a sus dos niños pequeños, pues su ex marido se borró del mapa llevándose consigo la responsabilidad por los güilas. Como muchas mujeres, Cristina tiene la fuerza de una leona y además de trabajar duro estudia en las noches en la UTN. Ayer el doctor del EBAIS le notificó que debe verse urgentemente con un ginecólogo, pues le encontraron unos quistes en el útero que podrían ser malignos. Cristina salió corriendo al hospital de la CCSS y le dieron cita con el especialista para dentro de año y medio. Volvió a casa pensando qué sería de sus chiquitos si ella llegara a faltarles.
Juana
Juana es obrera industrial en una conocida zona franca del oeste del Valle Central. El gerente de producción le ha propuesto salir con él y a cambio puede influir con su amigo de Recursos Humanos para que le suban el sueldo. Juana no acepta la reiterada “invitación”, el gerente pasa a la amenaza: “si aceptas te puedo ayudar en la empresa, si me rechazas te quedas sin trabajo”.
La obrera lo denuncia en la oficina de personal, pero el jefe lejos de aplicar la ley y proteger a las “colaboradoras” (eufemismo) la devuelve a su trabajo. No hay sindicato al que recurrir, porque en Costa Rica el sindicalismo está proscrito de facto en las empresas privadas. Juana llora todo el camino a casa pensando en las necesidades de sus pequeños.
Maritza
Maritza vivía en la finca Chánguina, en Palmar Sur de Osa, provincia de Puntarenas. Ella y otras 100 familias construyeron ahí sus ranchitos donde albergan los sueños de una vida digna. Una mañana la paz del lugar se vio afectada por una horda de militares del gobierno y agentes privados contratados por el conocido terrateniente que reclama las tierras, que en arreos de combate invadieron la finca. Junto con los ranchos que la policía quemó, se esfumaron los anhelos de prosperidad que Maritza guardaba en su corazón. El gobierno ordenó la violenta represión. Ella y otras personas fueron detenidas y acusadas de resistencia a la autoridad y de usurpación de bienes.
Marielos
Marielos tiene una discapacidad para caminar y se desplaza en silla de ruedas. Como toda mujer, sale a realizar las actividades cotidianas, pero enfrenta barreras físicas y actitudinales de mucha gente con quienes interactúa. Espacios públicos y empresas privadas incumplen la Ley 7600. Una de las empresas que incumple reiteradamente, es el Supermercado Wallmart de Curridabat, que si bien tiene demarcados estacionamientos para vehículos que transportan personas con alguna discapacidad, los mismos pasan ocupados por clientes que no los necesitan.
Además de la falta de consciencia de algunos usuarios, pesa la negligencia de la gerencia del supermercado. Marielos ha preguntado a las oficiales de seguridad privada del estacionamiento (varias son mujeres) y ellas dicen que los gerentes del supermercado las regañan si tratan de aplicar la ley. Ha hablado con el gerente y nada cambia.
Claudia
Claudia vive con su pareja María desde hace doce años. Una vida plena, amorosa y pletórica de felicidad se vio truncada hace seis meses cuando a María le descubrieron una enfermedad en estado avanzado. Durante la hospitalización de su pareja, Claudia tuvo que soportar las burlas abiertas o sutiles de otros pacientes, familiares y hasta de miembros del personal al percatarse de su relación. Lejos de celebrar el cuidado amoroso que le brindaba a María, la intolerancia y la lesbofobia fueron un desafío adicional. María hoy está recuperándose en casa, pero ya hablan de las dificultades para heredar la vivienda que ambas construyeron si alguna faltara en el futuro, por el no reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.
Marlene
Marlene es una madre que cansada de la violencia física y psicológica de su marido, logró separarse y hoy vive sola con sus dos hijos y una hija. Es vecina de la comunidad de Laurel, en la zona sur del país. Ella trabaja media jornada en el plantel de una agroindustria y el resto del tiempo vende empanadas caseras en una ventana de su casa. La situación económica es asfixiante y tiene tres años de esperar una respuesta a su solicitud del Fondo Nacional de Becas del gobierno, para que su hija menor pueda estudiar. En ese lapso ha visto cómo dos familias cercanas que no la necesitan han recibido la ayuda y se pregunta si será porque los padres de esas familias pegaron banderas del partido del gobierno durante la última elección.
Genoveva
Genoveva es una migrante salvadoreña que vive en Los Hatillos desde 1982. Con mucho esfuerzo se ha dedicado a la confección de ropa y como es buena modista, su clientela ha crecido. Con el fruto de su trabajo dio estudios a sus hijos, ya la menor cursa el último año del bachillerato. El año pasado puso un rótulo en su ventana anunciando su microempresa. A los pocos días le llegó AyA a ponerle un medidor de agua comercial; después vino la Municipalidad (la de Johnny Araya) a reclamar el pago de patentes municipales y permisos; Tributación Directa no se hizo esperar y le aconsejó que pusiera en regla sus aportes al fisco; el ICE habló de un medidor de corriente que ya no podía ser domiciliar; y así desfilaron todas las instituciones con los mismos criterios como si fuera una empresa grande. Nunca apareció el Ministerio de Economía para preguntarle qué necesitaba y la banca de desarrollo es una fantasía.
Mientras esto ocurría la Asamblea Legislativa aprobaba amnistía tributaria para los millonarios evasores fiscales.
Genoveva quitó el rótulo y con él abandonó la idea de seguir creciendo como empresaria. Y con el buen humor que caracteriza a las mujeres trabajadoras, pensó: “si estuviera en El Salvador también tendría que pagarle el impuesto a la mara”.
Graciela
Graciela se cansó de los golpes y borracheras de su marido y logró separarse.
Sus sueños de una vida tranquila para sus hijos fueron arrebatados por los disparos de su ex pareja, un machista que mientras era esposado gritaba: «si no es MÍA no es de nadie».
Esperanza
Esperanza es el nombre con que podríamos denominar a tantas mujeres luchadoras que han cambiado la historia. Es un homenaje a las maestras que derrocaron a la dictadura de los Tinoco, a las que enfrentaron a los filibusteros, a las que pelearon el derecho al voto, a las que se movilizan contra las guerras, a las que exigen los derechos civiles aún negados, a las mujeres indígenas de Abya Yala, a las mujeres campesinas y de la clase trabajadora, a las que con sus manos construyen la historia cada día.
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