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Guatemala y el lento tejido de la esperanza de un pueblo

Por: Alberto Miguel Sánchez

Amplios sectores de la sociedad guatemalteca se han sumado a las protestas junto a diferentes espacios políticos progresistas y revolucionarios.

Guatemala vive por estos días jornadas de protestas que se han ido agudizando ante la ausencia de respuestas oficiales a las demandas de amplios sectores de la sociedad. El reclamo es por la precaria situación socio-económica que sin dudas se ha visto agravada por los efectos de la pandemia global.

Los movimientos campesino aglutinados en CODECA (Comité de Desarrollo Campesino) han motorizado las movilizaciones con cortes de carreteras y un desarrollo en amplias regiones del país. Este movimiento exige la renuncia del presidente Alejandro Giammettei, la implantación de un gobierno transitorio y la convocatoria a una Convención Constituyente Popular y Plurinacional.

Amplios sectores de la sociedad guatemalteca se han sumado a las protestas junto a diferentes espacios políticos progresistas y revolucionarios. La intención es conformar un bloque desde el cual se puedan elaborar propuestas conducentes a superar el momento actual y avanzar en un sentido transformador y en favor de las mayorías postergadas.

Lo que está sucediendo ahorita en Guatemala es que la coyuntura sigue siendo la misma que comenzó hace unos años, que la provocó la CISIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala)” explica a PIA Global Pablo Soto Orantes, dirigente del Movimiento Progresista Tejiendo Pueblo, con amplia participación en las protestas actuales en toda Guatemala. “Esta fue una comisión creada como parte de los acuerdos de paz que lo que pretendía era desarmar y desarticular todas las organizaciones mafiosas y clandestinas del aparato del estado que habían sido creadas como parte de la lucha contrainsurgente. Sin embargo, fue realizada con el objetivo de una supuesta lucha contra la corrupción y para desbaratar todas las instituciones corruptas y mafiosas que estaban enquistadas en el estado guatemalteco. A partir de ahí se ha venido desarrollando la lucha contra la corrupción que apoyan amplios sectores políticos y sociales. Y el Estado, en esa alianza oligárquica y militar, ha cerrado filas, al ser ellos los que han tenido el control histórico del aparato estatal y al mismo tiempo los que han sido acusados y señalados como parte de una estructura corrupta en la administración de lo público”.

Soto Orantes analiza el contexto actual y hace una retrospectiva que permite comprender en profundidad la situación y las dificultades de los sectores populares para plantear una opción de transformaciones estructurales:

En Guatemala, la caracterización que tiene el movimiento popular, progresista y revolucionario, después de los acuerdo de paz y producto de errores que se cometieron en el momento de la firma de dichos acuerdos y posteriormente, es que hubo una separación de todo ese movimiento popular y social que estaba de algún modo articulado a la vanguardia revolucionaria de las organizaciones que componían la URNG, que eran las organizaciones armadas que dirigían la guerra en el país y lo que hubo en realidad, fue una dispersión, una fragmentación acompañada de una ONGización del movimiento popular y social”.

Pablo Soto Orantes es dirigente del Movimiento Progresista Tejido Pueblo.

En relación a la actual situación del país, Soto Orantes afirma sin titubear que “el gobierno es parte de una alianza militar con un sector de la oligarquía mafiosa, un capital emergente producto de la mafia y la corrupción, y las medidas que ha tomado el Estado en continuidad con lo que ha realizado el anterior gobierno es expulsar a la CISIG y desarmar toda esa institucionalidad que luchaba contra la corrupción y que se formó producto de la presencia de dicha comisión en el país. Ello ha generado un malestar muy grande y un rechazo muy fuerte en amplios sectores de la sociedad por los enormes niveles de corrupción que se han evidenciado fundamentalmente en relación a la situación sanitaria y la aceleración de la crisis general causada por la pandemia del Covid-19”.

El dirigente progresista afirma que la dispersión existente en los sectores populares y la carencia de un programa unitario de lucha con objetivos definidos, dificulta la acción de masas y facilita la acción reaccionaria del gobierno.

Soto Orante afirma que “hay una falta de liderazgo, ausencia de un planteamiento que aglutine. En estos momentos la lucha contra la corrupción es lo que unifica a todo el mundo, pero no deja de ser un planteamiento acéfalo que no trae una propuesta política por parte del conjunto de las organizaciones progresistas o revolucionarias. Lo más avanzado es el planteo de la creación de un nuevo Estado, cuando se habla de un Estado Plurinacional, sin embargo, tampoco existe un planteo profundo que explique la forma y el objetivo de ese estado y el modo en que se constituiría”.

La historia de los movimientos revolucionarios que desarrollaron la lucha durante décadas en Guatemala se mantiene viva en la palabra de Soto Orantes que afirma la importancia y el deber de mantener los ideales revolucionarios y poseer la capacidad de construir un programa político y de lucha que aglutine todo el malestar existente unificando las fuerzas para poder ofrecer una concreta opción de cambio. “Si se concluye en la idea de crear un Estado Plurinacional, eso debe ser desarrollado en profundidad, explicarlo y darle viabilidad mostrando a la gente que por ahí va la cosa, que sí es posible y que lo que se está planteando es una verdadera transformación en favor de los sectores postergados”, dice Soto Orantes .

Desde una perspectiva de autocrítica hacia los núcleos que conformaron las fuerzas insurgentes y de izquierda Soto Orantes establece una diferenciación: “Nuestra postura siempre fue acorde a mantener una posición opuesta al Imperio. En Guatemala, la izquierda en su conjunto, en general se ha plegado no solo a la CISIG sino a lo que ésta representa, que son principalmente los intereses geopolíticos del Imperialismo en la región. Entonces ven que a través de la injerencia norteamericana y el apoyo a la lucha contra la corrupción entre comillas, es que se puede resolver los problemas porque a quienes están atacando son a los que gobiernan y que son los enemigos históricos nuestros”.

Y agrega, para que no queden dudas de su mirada y de la postura del espacio del que forma parte: “Nosotros no nos oponemos a que se juzgue, ni que se ataque a ese enemigo, al contrario, pero si hemos señalado que no estamos de acuerdo en que se instrumentalice esa instancia de lucha contra la corrupción para la injerencia y los propósitos del Imperialismo en la región. Y ese es un elemento que esta también dentro de las fuerzas progresistas y democráticas, porque eso ha llevado a que muchas de estas organizaciones, ONG´s, incluso partidos, tomen una posición como ellos dicen “de centro”, alejándose de la Revolución Bolivariana, de Cuba, de Nicaragua a los que incluso los condenan como corruptos. En definitiva han sumado al discurso de la lucha contra la corrupción, porque ven que la ayuda que Estados Unidos ha prestado a la CISIG desde la Embajada pues, como tiene un efecto se montan sobre esa ola para tratar de lograr los propósitos de lo que ellos dicen la izquierda no ha sido capaz de lograr aquí. Es una situación compleja y difícil, pero creemos que ahorita hay elementos y una situación favorable de la cual puede surgir un movimiento social y popular fuerte, en la lucha contra la corrupción pero fundamentalmente por instrumentar transformaciones estructurales y convertir toda esa fuerza en lucha contra el neoliberalismo pero habría que inyectarle también el elemento de la soberanía”.

La existencia de movimientos campesinos que se fueron estructurando a partir de la defensa de los territorios, oponiéndose al modelo extractivista y monocultivador, conforman una fuerza que ha ido creciendo en los últimos años y que se ha venido expresando de diferentes formas aunque todas ellas de modo disperso y sin una articulación estratégica. Soto Orantes asegura que “ese movimiento tiene una característica de movimiento comunal, sobre todo en los pueblos originarios. Es un movimiento que nosotros valoramos, que ha crecido con fuerza y que es una nueva expresión de lucha en el país, la cual también es un elemento aglutinador. Sin embargo, sigue estando disperso y fraccionado, no hay todavía una vanguardia y un planteamiento que unifique a toda esa fuerza social en el territorio y en una fuerza política para la disputa del poder”.

Soto Orantes analiza los desafíos del movimiento popular guatemalteco y observa la necesidad imperiosa de vencer la fragmentación y construir pacientemente un programa político y de lucha que permita aglutinar a amplios sectores. Algo nuevo que deje atrás todas las diferencias y la división que se ha dado principalmente por intereses personales y un sectarismo muy fuerte.

En Guatemala lastimosamente ahorita la mayoría de la izquierda tiene una posición que la lleva incluso a atacar muy fuerte a los procesos revolucionarios profundos como el Bolivariano, la Revolución Cubana y ni hablar de la Revolución Sandinista y Daniel Ortega en particular. Las organizaciones de mujeres o de defensa del medio ambiente se han vuelto enemigas de las posiciones revolucionarias y acaban haciendo el juego a la injerencia imperialista en el país y en la región, a partir de planteos de la lucha contra la corrupción y los derechos humanos, pero alejándose de las posiciones transformadoras. En ese escenario estamos nosotros tratando de desarrollar un planteamiento distinto, nuevo, pero que sí mantenga los elementos revolucionarios de la soberanía y la no injerencia, contra el neoliberalismo y contra el imperialismo”.

En referencia a las protestas que se vienen sucediendo en las últimas semanas, Soto Orantes asegura que “hay un agotamiento de la paciencia de los pueblos, principalmente de la población más vulnerable, que se origina por toda la gestión del gobierno y la corrupción en torno a la situación económica que se ha visto agravada por la pandemia y las respuestas oficiales que han sido totalmente insuficientes y que en realidad han servido al poder para aprovechar la circunstancia y robar”.

En este sentido el dirigente guatemalteco especifica su mirada acerca de la corrupción enquistada en el poder y en relación a la actual pandemia: “Se han pedido sumas inmensas del presupuesto para ser usados en la lucha contra el Covid-19 y el país está cada vez en una situación más vulnerable. El alza de los precios de la canasta básica, se ha elevado el costo de la vida y la situación de salud es cada vez más precaria, más grave. El país hoy mismo está en rojo, un gran nivel de contagios y una mortalidad muy grande. La vacunación todavía sigue siendo una situación muy limitada por falta de una política del gobierno, primero de concientización, después de toda la corrupción que ha habido en torno a la vacunación. Se gastaron sumas inmensas de dinero supuestamente para la compra vacunas pero la mayoría de las vacunas que han venido al país son de donación ”.

Como es de conocimiento, el gobierno guatemalteco en su intento de protegerse de las investigaciones de casos de corrupción en el Estado, en los últimos meses destituyo a los fiscales Juan Francisco Sandoval y Clara Valenzuela. Ambos son miembros de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), contrariando con ello incluso los objetivos del gobierno norteamericano que tras el discurso de la lucha anticorrupción busca encubrir sus verdaderos objetivos geopolíticos en la región centroamericana.  Es necesario mencionar como constatación de los intereses en pugna, que Sandoval en febrero fue galardonado como uno de los “Héroes anticorrupción” por el Departamento de Estado estadounidense.

Para Soto Orantes, Estados Unidos acciona toda su presión “porque eso genera en el país una situación social conflictiva que estimula la migración ilegal a EEUU en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Ese es uno de los problemas que más afecta a EEUU, ya que dichos movimientos humanos se desarrollan bajo formas de grandes caravanas de familias creando un serio problema para la propia seguridad fronteriza que incluso ha llevado a crear cárceles de menores en la frontera, la deportación y la separación de familias enteras. Por eso, como prioridad ellos apuntan a la lucha contra la “corrupción” para presionar al gobierno nacional y que realmente haya mejoras y de ese modo detener la oleada migratoria”.

Para englobar los conceptos en relación al contexto actual y los objetivos de los espacios políticos revolucionarios guatemaltecos, Soto Orantes asevera que “el movimiento que se está desarrollando en estos días generando importantes convocatorias y convocado por CODECA junto a otras organizaciones entre las cuales nosotros estamos apoyando y participando activamente porque creemos que en este momento ellos incorporan un elemento que sí es unificador y que trasciende, más allá de la renuncia del presidente porque sí plantea la transformación del Estado y la creación de un nuevo Estado Plurinacional en Guatemala. Esto tiene una connotación más profunda porque habla de un nuevo estado, de un planteamiento que nace de la resistencia de las comunidades y de los pueblos originarios  y que si bien aún carece de un claro planteamiento político se está trabajando en ello”.

Nosotros creemos que ahorita el tema del Estado Plurinacional es un elemento movilizador de lucha y estamos planteando que esa unidad de acción debe ser programática para transformar verdaderamente el Estado, pero para ello hay que trabajar el concepto y los elementos de este estado plurinacional para que realmente sean incluyentes de todos los sectores, rescatar los planteamientos de los Acuerdos de Paz cuando definieron el nuevo estado que debía construirse y que fue derrotado por la manipulación. Nosotros creemos que en este momento, la creación de un Estado Plurinacional es un elemento que puede movilizar en torno a la ruptura y dar un paso por la lucha social de masas hacia un proceso de transformaciones más profundas. Las movilizaciones de los últimos días han sido bastante fuertes en torno a estos planteamientos y de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, popular y plurinacional. Nosotros, como Movimiento Progresista Tejiendo Pueblo estamos concentrados en esas líneas de acción, en la formación de nuestros cuadros y en la organización en vista a lo que consideramos esencial, que es la reconstrucción del movimiento revolucionario y queremos trabajar ese proceso acumulando fuerzas y reestructurando las bases, el músculo político, ideológico y social que rescate los planteamientos de soberanía, antiimperialismo y que permita desarrollar una acción política clara y con profunda inserción en las masas”.

*Alberto Miguel Sánchez es historiador y colaborador de PIA Noticias.

Fuente de la información e imagen: https://portalalba.org

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Guatemala: una historia de violencia

Por: Marcelo Colussi 

La violencia hace parte sustancial de la historia del país, y no se ve cómo encontrarle reales caminos para su superación.

Periodista: Dicen que usted mató a una persona en México.

Candidato presidencial: No una. ¡Dos! Si eso hice por defender a mi familia, ¿qué no haría por defender a mi patria?

Esas declaraciones sirvieron para que ese candidato ganara las elecciones presidenciales en el 2000.

¿Cultura de violencia?

La historia de Guatemala como Estado-nación moderno, desde la llegada de los conquistadores españoles a la fecha, está marcada brutalmente por distintas formas de violencia. Los más de cinco siglos transcurridos desde el contacto de los pueblos mayas con los invasores españoles terminaron generando una sociedad absolutamente asimétrica. En la misma, los descendientes de los conquistadores y las clases dominantes vernáculas que fueron desarrollándose, mantuvieron hasta la fecha enormes y desiguales beneficios sobre los pueblos originarios. Con el tiempo, esas irritantes diferencias no sólo no se achicaron, sino que se mantuvieron e incluso se agrandaron, haciendo del país uno de los más desiguales en el mundo, donde la renta nacional está más inequitativamente repartida. Esas enormes asimetrías estructurales se ampararon en un despiadado racismo.

La matriz de relación político-cultural que se fue imponiendo para todas las vinculaciones humanas –no sólo las económicas– estuvo dada por el autoritarismo (una de las tantas formas de la violencia). Así, las relaciones étnicas, las de género, las generacionales y, en general, las distintas modalidades de tratamiento entre grupos y/o individuos, están atravesadas por patrones verticalistas, autoritarios. Violentos, en definitiva. Quien manda, según esta ya asimilada cultura, tiene derecho de mandar sin atenuantes; y quien obedece, obedece sin mayores cuestionamientos.

Esa cultura autoritaria fue dando como resultado una particular forma de apreciar la vida del otro subestimado. De esa forma, desde el ejercicio de poderes siempre marcadamente asimétricos, la integridad física y psicológica del otro subestimado, el otro «inferior», quedó a merced del superior, lo cual estableció una matriz de impunidad generalizada: el dominador puede hacer casi lo que desea con el dominado o, al menos, puede imponerle sus criterios con total naturalidad, porque la normalidad aceptada es obedecer sin protestar.

Estas matrices autoritarias y violentas marcaron también los rasgos distintivos con que se organizó y se desenvolvió el Estado durante varios siglos. El Estado, lejos de ser una instancia destinada a armonizar las relaciones entre los distintos grupos sociales, fue una prolongación del dominio de las clases dominantes. Durante siglos funcionó con patrones racistas, excluyentes de las grandes mayorías, capitalino y desinteresado del interior del país, y sumamente deficiente en su función de llevar servicios y satisfactores que aseguraran el bien común para la totalidad de la población. En general el Estado estuvo puesto al servicio y beneficio solo de un determinado grupo de poder.

La falta de canales de expresión democrática para las grandes mayorías, su exclusión histórica y la insatisfacción dominante en las mismas, pasada la corta experiencia en que se intentó un nuevo modelo de sociedad entre 1944 y 1954, sumado a la represión violenta de que fue objeto desde siempre, pero más aún luego de ese período específico de mediados del siglo pasado, desató reacciones de violencia armada desde grupos populares como modos de respuesta a una situación que no encontraba espacios políticos. Terminada oficialmente la guerra interna en 1996, salvo algunos cambios puntuales bien acotados (por ejemplo: una mayor presencia maya en la agenda nacional, muy pequeña aún, pero mayor que en años atrás, o una discusión abierta sobre la crónica violencia de género, igualmente muy pequeña aún, pero mayor que en años atrás también), las causas estructurales de violencia y exclusión político-económica persisten.

Las poblaciones perciben, imaginan y procesan las violencias según circunstancias históricas concretas. Los imaginarios colectivos de violencia, por tanto, cambian en el tiempo, se reconfiguran. En la sociedad guatemalteca ha sido una constante el autoritarismo, el verticalismo patriarcal y el desprecio del otro diferente (siempre en la óptica de que quien desprecia es el que detenta una mayor cuota de poder). A través de los años, ese cambio fue grande, rápido, pero no dejó de presentar matrices comunes: la violencia no asusta, no conmueve, sino que está enraizada como hecho cultural. El conflicto armado y la militarización que se vivieron por casi cuatro décadas potenciaron la violencia a niveles y alarmantes en prácticamente todos los espacios de la vida nacional.

La segunda mitad del siglo XX estuvo marcada en muy buena medida por acontecimientos político-ideológicos que reproducían las matrices globales con que se movía la sociedad. Durante años Guatemala vivió y sufrió la Guerra Fría. La confrontación entre dos modos de vida (capitalismo y socialismo) se tradujo internamente en una lucha que no fue sólo ideológica sino que tuvo consecuencias materiales espantosas.

El «combate al comunismo» de la Guerra Fría viene marcando los diversos espacios públicos de la sociedad desde mediados del siglo pasado. Durante la época del gobierno revolucionario de Juan José Arévalo-Jacobo Arbenz, el imaginario de violencia dominante estuvo dado por esa pugna ideológica: comunismo-anticomunismo, articulada con la Guerra Fría que dominaba el panorama internacional. De todos modos, la violencia no era la preocupación dominante en el colectivo, en ninguna de sus expresiones. La lucha ideológica, que se transformó rápidamente en enfrentamiento político, derivando luego en acción militar abierta (obviamente, violenta por definición) fue una constante animada desde los sectores de poder que veían perder sus privilegios.

Caído el gobierno de Jacobo Arbenz, el imaginario de violencia que prevaleció estuvo ligado directamente a la militarización de la sociedad: con acciones militares concretas en la zona rural (el altiplano de presencia maya), con guerra sucia en la capital y las principales ciudades, con desaparición forzada de personas y hechos de tortura selectiva. La violencia, para estas cuatro décadas, estuvo ligada directamente al campo político, y por extensión: militar. Otras formas de violencia no dejaron marcas significativas en los imaginarios. La violencia delincuencial no contaba como problema. La cuestión que marcó el período era cómo sobrevivir en ese mar de tanta violencia: o evitarla no «metiéndose en nada» o, para quienes tenían algún nivel de compromiso político, cómo sortear la masividad de esa violencia que no dejaba alternativas.

Desde firmada la paz, y de allí en forma creciente hasta nuestros días, el imaginario social de la violencia liga ésta en forma casi exclusiva con la delincuencia. Producto de acciones mediáticas que, deliberadamente o no, ponen la violencia delincuencial como el principal problema de la sociedad, la población, en su amplia mayoría, identifica violencia con esta nueva «plaga» que pareciera atacar todo, sin distinciones de clase, de etnias, de género, etáreas. No es exagerado decir, a modo de síntesis de este nuevo imaginario, que la percepción generalizada afirma resueltamente que «la delincuencia nos tiene de rodillas». Esa violencia vivida como algo sin límites, omnipresente, mucho más dañina aún que la experimentada en los años de militarización y conflicto armado abierto, tiene como actores a nuevos personajes sociales: el crimen organizado, el narcotráfico, las pandillas juveniles (maras). En alguna medida, la delincuencia se une a pobreza, con lo que ésta es fácilmente criminalizable.

En todos los casos, el imaginario de violencia apunta a que «yo nunca soy el violento» (la violencia nunca se reconoce en primera persona), pero sí lo son otros grupos: durante la revolución del 44, según el punto de vista elegido, los violentos son o los «inditos que querían mandar y los comunistas de Arbenz que los agitaban», o los sectores conservadores que finalmente desataron la contrarrevolución con apoyo estadounidense. Durante los años de militarización, el imaginario dominante de violencia ligaba la misma a la figura del «delincuente subversivo que quería trastocar los valores de patria, familia, dios y propiedad privada» o, por otro lado, al Estado contrainsurgente, capaz de cometer cualquier acto, por más ilegal que fuera. Finalmente, en los años del post-conflicto, años que se van construyendo para el imaginario social como más violentos aún que los de la guerra interna, la violencia queda ligada a la delincuencia, y en buena medida a jóvenes pobres, provenientes de los sectores urbanos más excluidos: las maras. La violencia delincuencial es masiva, está en todas partes y a cualquiera le puede tocar. En ese sentido, puede tornar la vida cotidiana una verdadera pesadilla. En general, como imaginario muy desarrollado, una forma de afrontar todo esto es la salida punitiva: más armas, más seguridad, más alambradas, más casas amuralladas, desconfianza, no participación en nada más allá de lo estrictamente necesario, aprobación de la pena de muerte, asentimiento de los linchamientos. La sensación dominante es de miedo y parálisis ante la situación, y ninguna de estas conductas violentas contra el «otro indeseable» se reconoce como violenta.

La pandemia de COVID-19 que se ha instalado desde el 2020 no altera sustancialmente nada. En todo caso deja al desnudo –una vez más– la verdadera dinámica de la sociedad: una minoría que «se salva», pudiendo ir a vacunarse fuera del país (a Estados Unidos básicamente) y con acceso a sistemas privados de salud, con una más que minúscula oligarquía que sigue siendo el auténtico factor de poder financiando a la clase política que saca leyes a su medida, junto a sectores de nuevos ricos surgidos en los últimos años de represión contrainsurgente aunados a negocios de dudosa reputación (narcoactividad, contrabando, contratistas de Estado), sobre la base de una extendida masa paupérrima de trabajadores varios, pueblos originarios, asalariados y sub-asalariados, que continúa teniendo como una de sus pocas salidas el marchar a Estados Unidos en condición irregular. Pese a esa pandemia, la delincuencia callejera no ha bajado; disminuyó en el primer año de confinamiento, habiendo vuelto a subir en el 2021.

Como conclusión: la violencia hace parte sustancial de la historia del país, y no se ve cómo encontrarle reales caminos para su superación.

Fuente e imagen: https://www.alainet.org
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Guatemala: emigrar o morir, el dilema tras un deslave fatal

Por: Alberto Arce y Rodrigo Abd

El día antes de irse a Estados Unidos Víctor Cal estuvo muy ocupado recolectando dinero, de pariente en pariente, para comprar comida durante el viaje.

Su madre, desconsolada, no acababa de aceptarlo. “Le pedí que no se fuera porque podemos vivir aquí”, repetía una y otra vez, “pero él ya había tomado la decisión”.

Compartieron en silencio la poca comida que tenían, apenas un par de chiles con ajonjolí. La tristeza de su madre caía sobre Víctor como una losa. Lo mejor era moverse. Necesitaba encontrar un lugar en el que cargar su teléfono “para poder recibir llamadas del coyote. Tiene que decirme dónde y cuándo nos vamos a ver”.

Salió al camino de tierra repleto de baches que comunica su comunidad con el resto del país para que alguien le diera jalón hasta algún lugar con electricidad, a kilómetros de distancia. Se montó en una motocicleta y desapareció.

Esta historia es parte de una serie, Después del Diluvio, producida con apoyo del Pulitzer Center on Crisis Reporting.

A los 26 años, Cal no veía otra opción que irse. La aldea en la que vivía ofrecía un futuro de hambre y muerte. Para él, Estados Unidos se convertía en la única opción de futuro.

Otros 11 hombres de la aldea ya habían emprendido el camino en lo que va de año. Las autoridades estadounidenses han detenido a más 150.000 guatemaltecos en su frontera sur en 2021, cuatro veces más que en 2020.

Muchos de ellos se encontraban en la misma situación que Víctor Cal, empobrecidos y pasando hambre. Miembro del pueblo Pocomchí, no logró encontrar trabajo en Ciudad de Guatemala y cuando llegó la pandemia se sumó a miles de personas que abandonaron la capital para regresar a las montañas. Las tierras en las que su padre cultivaba café, cardamomo, maíz y frijoles sonaban entonces a lugar seguro. Al menos, pensó, allí, en Quejá, Alta Verapaz, habrá comida.

Se equivocaba.

Lo que se encontró fue su peor pesadilla. Nunca podría haber imaginado que la lluvia torrencial de un huracán lo destruiría todo. Su casa, sus tierras, la aldea entera. Toda la familia se encontró sin nada, desplazada y dependiente de la ayuda humanitaria de organizaciones internacionales en un asentamiento precario bautizado como Nuevo Quejá.

Así que ahora estaba a punto de abandonarlo. Una vez que logró cargar su teléfono, tras la puesta de sol, regresó. Un grupo de amigos le esperaba para la despedida. Evasivo, no quiso despedirse.

No tardó mucho en llenar su mochila amarilla: una camisa, un jersey, jeans y unas zapatillas de deporte. Ya lo había perdido casi todo en el deslave que sepultó su casa.

Llovió sin parar durante 25 días. La carretera de acceso estaba cortada e inundada. Los habitantes de Quejá llevaban 10 días atrapados en sus casas cuando sucedió el deslave.

Una mujer y su hijo caminan entre la devastación causada por un deslave provocado por el huracán Eta, en Quejá, Guatemala, el 7 de julio de 2021. Cincuenta y ocho personas desaparecieron en cuestión de segundos en esta aldea guatemalteca en noviembre de 2020. Cuarenta viviendas quedaron sepultadas bajo toneladas de lodo y docenas más quedaron sin acceso. (AP Foto/Rodrigo Abd)
Sin electricidad, los teléfonos se habían descargado. Nadie pudo avisarles de que corrían peligro porque aquel día había llovido cinco veces más de lo habitual en un mes entero y debían evacuar la aldea.

A la hora del almuerzo del 5 de noviembre, los árboles comenzaron a caer y la ladera de la montaña se derrumbó. Los habitantes de Quejá huyeron dejando la comida en el fuego.

“Los que tuvimos tiempo para huir sólo pudimos echarnos los niños a la espalda”, recuerda Esma Cal, una de las supervivientes. Articulada, enérgica y de discurso fluido, esta mujer de 28 años asumiría gran parte del liderazgo comunitario desde el momento de la tragedia. (Gran parte de los habitantes de Quejá comparten el apellido Cal aunque no siempre son familia directa)

En cuestión de segundos, 58 personas desaparecieron bajo la tierra. La mayor parte de los cuerpos no aparecerá jamás. 40 viviendas quedaron sepultadas bajo toneladas de escombros, decenas más son inhabitables.

Los supervivientes lograron tender cuerdas para cruzar los ríos nacidos del derrumbe y llegar caminando hasta la aldea más cercana. Sus habitantes compartieron con ellos la comida que les quedaba y ofrecieron las escuelas y el mercado para alojarlos. Debido al aislamiento provocado por el huracán, los camiones con suministros no podían llegar hasta allí. Esma Cal explica que cuando los helicópteros lo lograron, “algunas personas llevábamos casi dos días sin comer”.

Quejá no era un pueblo rico. Pero sí un lugar que, tras décadas de esfuerzo, había alcanzado algún progreso. Todo se perdió en un abrir y cerrar de ojos.

Erwin Cal, de 39 años, ubica su origen hace un siglo. Un grupo de familias logró acceso a la tierra de una gran plantación de café. “Mi abuelo era esclavo. Recogían la cosecha sin cobrar a cambio de permiso para construir sus chozas y usar algunos lotes para sus cultivos”.

Comenzaron con alimento para autoconsumo, maíz y frijol. Después llegaron el café y el cardamomo para la venta. Con el tiempo lograron ahorrar lo suficiente para comprar tierra.

Cacerolas con chile rojo y ajonjolí, o semillas de sésamo, sobre el fuego, parte de una comida compartida en silencio por Victor Cal y sus padres un día antes de partir hacia Estados Unidos, su casa en un asentamiento improvisado en Nuevo Quejá, Guatemala, el 8 de julio de 2021. La víspera de iniciar su camino hacia Estados Unidos fue un día ocupado para Cal, fue de familiar en familiar recolectando dinero para comprar comida en su viaje al norte. (AP Foto/Rodrigo Abd)

En la década de los 80 algunos de los hombres comenzaron a alistarse en el ejército de Guatemala. Al comenzar este siglo, la ola de violencia que invadió las ciudades generó empleo en el sector de la seguridad privada y muchos acabaron convertidos en vigilantes.

Con ese dinero comenzaron a levantar casas de cemento, suelos de azulejo, ventanas y electrodomésticos. Erwin Cal dice que tenía un ordenador personal, un equipo de sonido y televisión por cable. Todo lo perdió.

En enero, Esma Cal, Erwin Cal y Gregorio Ti, amigos desde la infancia, decidieron organizar un Consejo Comunitario de Desarrollo. En febrero ya habían fundado un nuevo asentamiento en lo que quedaba de sus tierras de cultivo, una tercera parte de la extensión previa, muy cerca de la aldea sepultada. El lugar no está a salvo de un nuevo deslave, pero es el único al que tenían acceso. Así nació Nuevo Quejá, donde viven hoy alrededor de 1.000 supervivientes.

Ti, de 36 años, dice: “sabemos trabajar”. Perdió a su mujer embarazada, a sus dos hijos de 2 y 6 años y a su madre. Hoy, las dos hijas que lograron salvarse no se separan de su lado.

Ofelia Cal Jom, de 14 años, con su hermana Dora, de 9, en brazos, mientras posan para una foto en el asentamiento improvisado de Nuevo Quejá, Guatemala, el 6 de julio de 2021. Ofelia y Dora son las únicas sobrevivientes de su familia, que falleció en el deslave provocado por el huracán Eta en noviembre de 2020. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Se rompen la espalda de sol a sol. No tienen animales de carga. Desde el amanecer, hombres, mujeres y niños cortan y cargan madera para cocinar y limpian tierra a machete.

Las viviendas que habitan están hechas a base de madera de los pinos que ellos mismos han cortado y láminas de zinc donadas por un cura. El suelo de muchas aún está repleto de piedras que no han logrado levantar. Llenas de agujeros, el agua de lluvia las inunda. Usan cualquier cosa para tratar de sellarlas, incluso banderas de Estados Unidos que aparecen dentro de los sacos de ropa de segunda mano donada que reciben.

Germán Cal, tío de Esma Cal, que regresó a los 37 años a Quejá tras dos décadas en la capital del país para montar una granja de pollos que desapareció sepultada por el deslave, es quien ahora trata de conseguir que llegue el tendido eléctrico al asentamiento.

Su tarea es casi imposible. Nuevo Quejá no existe, al menos para el estado. El gobierno, que nunca ha sido de gran ayuda, declaró el lugar inhabitable. Por eso, no va a ser fácil que se instalen postes de electricidad, se repare la carretera de acceso o se mejore el suministro de agua.

Esma Cal no tiene duda alguna. “Más allá de declarar este lugar como inhabitable, el estado de Guatemala no llega hasta aquí. Sin matices”.

Carmelinda Gualim observa mientras un enfermero pesa a su hija de 16 meses, Becky, durante un control en el asentamiento improvisado de Nuevo Quejá, Guatemala, el 9 de julio de 2021.Antes del huracán los niños estaban más sanos. “Hoy es raro el niño que presenta peso y altura correctos. Casi todos están en riesgo. Sus familias no viven en un sitio apto para la cosecha. Han perdido la sostenibilidad”. dijo el enfermero, César Chiquín. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Los habitantes de Nuevo Quejá han recibido ayuda de algunas organizaciones gubernamentales financiadas por la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID). Su utilidad varía.

Una organización les dio carretillas, picos y palas mientras dos psicólogas jugaban con los niños y les recordaban cómo lavarse los dientes. Otra recorrió las viviendas para comprobar que una donación previa de equipos de potabilización de agua funcionaba correctamente. Una tercera invirtió dos días a mediados de julio en realizar un censo de necesidades.

Pese a la precariedad y carencias del lugar, de todas las cabañas cuelga un espejo donado por USAID. Lo entregan, dicen, para elevar la autoestima.

Miembros de la Iglesia Baptista CrossPoint, la familia Leonardi, de Argo, Alabama, rezan sobre Ofelia Cal Jom y su hermana pequeña, Dora, tras instalar una cocina en su choza en el asentamiento improvisado de Nuevo Quejá, Guatemala, el 12 de julio de 2021. (AP Foto/Rodrigo Abd)

UNICEF donó una escuela a la comunidad. Pero lleva cerrada cinco meses. Nadie encuentra la llave. Resulta que UNICEF se la dio a una de las maestras que, al dimitir, no la devolvió. Otra copia fue para uno de los vecinos que dice que nunca la tuvo.

Así que tuvieron que levantar otra escuela a base de tablones y láminas. Pero como todas las construcciones de la aldea, se inunda cuando llueve y se llena de barro. El mobiliario se pudre.

Una alumna escribe en su cuaderno sentada contra la pared, sobre el piso embarrado de la choza que sirve de escuela, que se inundó por las fuertes lluvias de la noche anterior, en el asentamiento improvisado en Nuevo Quejá, Guatemala, el 6 de julio de 2021. UNICEF donó una nueva escuela para la comunidad, pero lleva cinco meses cerrada porque nadie puede encontrar la llave para abrirla. (AP Foto/Rodrigo Abd)

A esa escuela asisten 250 niños. De los 12 maestros que había antes del huracán, cuatro continúan impartiendo clases pese a que el Ministerio de educación no lo permite debido a la pandemia. Uno de los maestros explica, sin dar su nombre por miedo a represalias, que los materiales educativos son en español y los niños hablan Pocomchí.

“Ninguno llegará a la secundaria. Ya han perdido años. El fracaso escolar es total”, agregó el profesor.

César Chiquín es, a sus 39 años, el enfermero responsable de la zona. Visita Nuevo Quejá al menos una vez al mes. Las madres se dan cita en el patio de la única casa de bloques de la aldea y allí esperan a que mida y pese a los niños.

A los pequeños no les gusta que los pongan sobre los instrumentos. Lloran. Las madres miran en silencio a Chiquín, como si hiciera magia.

Residentes rezan en el interior de una iglesia en el asentamiento improvisado de Nuevo Quejá, Guatemala, el 11 de julio de2021. Los sobrevivientes de un deslave causado por el huracán Eta, que enterró su aldea, viven ahora en un asentamiento temporal levantado en un tercio de sus terrenos agrícolas, cerca de sus antiguas viviendas. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Los resultados son malos. “La malnutrición se ha multiplicado por dos. Uno de cada tres presenta retrasos”. No tiene muchas opciones. “Lo único que puedo hacer es darles vitaminas y consejos que no pueden seguir. Incluso si quisieran, no disponen de los recursos”.

Antes del huracán los niños estaban más sanos. “Hoy es raro el niño que presenta peso y altura correctos. Casi todos están en riesgo. Sus familias no viven en un sitio apto para la cosecha. Han perdido la sostenibilidad”.

Sergio David Jom, de 2 años, tendido sobre una báscula para medirse durante un control en el asentamiento improvisado de Nuevo Quejá, Guatemala, el 9 de julio de 2021. Al menos una vez a mes, un enfermero visita Nuevo Quejá. Los resultados son malos. “La malnutrición se ha multiplicado por dos. Uno de cada tres presenta retrasos”, dijo César Chiquín. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Esa es la petición recurrente de los habitantes de Nuevo Quejá. Hagan lo que hagan, no pueden cultivar la comida que necesitan para sobrevivir. Parte de ese problema nace de que la tierra no espera. Perdieron la cosecha del año pasado y “llegamos a Nuevo Quejá demasiado tarde para plantar como es debido”, explica Esma Cal.

Además sólo cuentan con un tercio de la tierra que cultivaban antes del huracán. Gran parte del suelo está degradado: las lluvias torrenciales “lavan” la capa de tierra negra más superficial y fértil y dejan al descubierto otra más arcillosa en la que es imposible plantar nada.

“Antes cosechábamos dos veces al año, ahora recogemos sólo una cosecha y mucho más pequeña que cubre una parte mínima de lo que necesitamos. Estamos comenzando de nuevo por debajo de cero”, dice Esma Cal. Los obstáculos se multiplican. Las semillas y los fertilizantes cuestan el doble. Las carreteras están muy dañadas y en cuanto llueve quedan cortadas. Pero sobre todo, la tierra. Ya no es buena. Eso es lo peor.

El Consejo Comunitario ha hecho los cálculos. Necesitan 75 acres más. Pero no tienen dinero para comprarla.

El gobierno cuenta con un fondo de tierras. Algún día podrían recibir la tierra que necesitan. Pero la ley no dice que eso tenga que suceder en la misma zona de la que son originarios. Y no se les pasa por la cabeza abandonarla. La mayoría no habla español. Irse lejos supondría el fin de su cultura.

“Nuestra comunidad ha colapsado y necesitamos una solución permanente. Este lugar no es apto para la vida, pero por ahora no tenemos una salida”, dice, frustrada, Esma Cal. “Nuestro problema está en que no tenemos tierra y somos dependientes. Vivimos de la tierra. Necesitamos tierra”.

Los habitantes de Nueva Quejá conviven con la muerte. Sobrevivieron a un deslave en el que fallecieron 58 de sus vecinos de modo instantáneo y saben que podría volver a suceder.

Pero necesitan madera para cocinar. Así que continúan deforestando el bosque, generando condiciones para más deslaves una vez que comience la temporada de lluvias.

Miembros de la familia Hualim Lem desayunan después de trabajar durante la noche matando a un toro para vender la carne a sus vecinos, en el asentamiento improvisado de Nuevo Quejá, Guatemala, el 13 de julio de 2021. La familia está entre los sobrevivientes del deslave causado por el huracán Eta que sepultó su aldea, y ahora vive en el asentamiento temporal levantado cerca de aquel lugar. (AP Foto/Rodrigo Abd)

“Por el momento, no podemos elegir”, se lamenta Gregorio Ti.

Julio Cal, de 46 años, es el responsable de vigilar el impacto de la lluvia sobre la montaña. Tienen un plan de evacuación. Sobre una colina, en un pinar, han levantado una construcción de madera con espacio para acoger a varios cientos de personas. Pocos creen que esa sea la solución definitiva a sus problemas.

“Sabemos que no podemos vivir aquí”, dijo Cal. “En cualquier momento esa montaña puede romperse y aquí nos morimos todos, somos conscientes. El gobierno tiene que reubicarnos permanentemente”.

Mientras tanto, la escasez y necesidad de este asentamiento continúa matando a sus habitantes. En julio, una joven de 17 años agonizaba en la cama. En su pierna derecha, un tumor del tamaño de una pelota de fútbol. Vomitaba continuamente entre lamentos de dolor, en un estado de desnutrición avanzada. Cuando meses antes la comunidad logró enviarla a visitar a un especialista, ya no quedaba más opción que amputar la pierna para salvarle la vida.

Flor Maribel Cal, de 17 años, tendida sobre su cama con un tumor del tamaño de una pelota de fútbol en su pierna derecha, en el asentamiento improvisado de Nuevo Quejá, Guatemala, el 8 de julio de 2021. Los médicos dijeron que la amputación en su única esperanza, pero su madre se negó porque no tenía fuerzas para cuidar de una hija que no podría valerse por sí misma. Flor murió el 22 de julio. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Su madre se negó. Había perdido a su marido y otros dos hijos en el deslave. Encerrada en el silencio de quien no tiene opciones, perdió la fuerza. No se sentía capaz de cuidar de una persona dependiente de por vida. Tuvo que dejarla morir. El 22 de julio, la menor falleció.

Se puede salir de Nuevo Quejá de dos modos. Uno es la muerte. El otro, la emigración a Estados Unidos.

Pregúntenle a cualquier hombre si quiere irse.

De quedarse, ganan 4 dólares diarios por una jornada completa limpiando tierra, recogiendo café o cortando madera. Según Víctor Cal con ese dinero, a duras penas se mantiene una familia. Ha escuchado que en Estados Unidos pueden ganarse hasta 80 dólares diarios.

Y mudarse a Ciudad de Guatemala ya no es opción porque allí ya no hay trabajo para ellos, Pocomchís con dificultades para manejarse en español.

Así que muchos explican que lo único que impide que emigren a Estados Unidos es que no tienen el dinero para hacerlo.

Víctor Cal contactó con un primo lejano que lleva años en Miami y aceptó prestarle los 13.000 dólares que necesitaba para invertir en un coyote. Por esa cantidad puede intentar el viaje al norte dos veces.

Es optimista. Cree que una vez allí podrá devolver el dinero.

A las cuatro de la madrugada, en plena noche, escribió dos números sobre un trozo de papel. El suyo y del coyote que lo llevaría hasta el desierto de Arizona.

Lo dejó sobre una mesa, uno de los pocos muebles en su cabaña de suelo de tierra. “Mi objetivo”, repitió, como convenciéndose a sí mismo, “es enviar dinero para que mis padres puedan volver a vivir en una casa de verdad y consigan algo de tierra”.

Tras despedirse brevemente de su familia, Victor Cal inicia su viaje hacia Estados Unidos desde su casa en el asentamiento improvisado de Nuevo Quejá, Guatemala, el 9 de julio de 2021. A sus 26 años, Cal sentía que no tenía más opción que marcharse. El asentamiento donde vivía, surgido del desastre, solo ofrece hambre y muerte. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Y antes de decir adiós sin mirar atrás, dijo: “Su tuviera opción, no me iría. Regresaré lo antes posible”.

Fuente: https://apnews.com/article/noticias-bae242c91583972e4ba841e4c10cab6e
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La soledad del Quijote

Por: Carolina Vásquez Araya

El fiscal Juan Francisco Sandoval ha perdido una batalla en medio del silencio.

Con una trayectoria impecable en su labor de investigador para esclarecer los casos más impactantes de tráfico de influencias, corrupción e impunidad, el fiscal Juan Francisco Sandoval –quien emprendía una lucha frontal contra los intentos de frenar sus investigaciones dentro del Ministerio Público- fue destituido de su cargo por la Fiscal General de Guatemala, persona quien en descarada alianza con las organizaciones criminales en el poder, ha saboteado todos los esfuerzos en pro de la justicia en ese país.

El fiscal Sandoval no solo ha contado con el respaldo de organizaciones sociales en su territorio, sino también ha recibido reconocimientos por parte de entidades internacionales en el ámbito de la justicia y los derechos humanos. Con su destitución, queda clara la posición de las autoridades guatemaltecas en su decisión de transformar de golpe a esa dependencia en un refugio para garantizar la impunidad de los delitos del presidente, sus ministros, sus allegados, de empresarios corruptos y de una buena parte de la asamblea legislativa y el organismo judicial, todos quienes actúan bajo la premisa del silencio y la complicidad.

La acción -presuntamente ilegal, según indican expertos en la materia- realizada por la máxima autoridad del Ministerio Público, constituye la piedra fundamental para el establecimiento de un sistema de gobierno cooptado por el narcotráfico y el crimen organizado, bajo la sombrilla oportunista de un sector empresarial cuyo único afán es perpetuar sus privilegios a costa de la seguridad y la vida del resto de la población. La ciudadanía, ajena a los entretelones de la mañosa estructura consolidada durante las pasadas administraciones y reforzada por un ambiente de excesiva tolerancia, no ha sabido reaccionar con la firmeza esperada después de este golpe artero a la justicia.

Entre las investigaciones emprendidas por la fiscalìa contra la impunidad liderada por Juan Francisco Sandoval, se encuentra una atingente al mandatario sobre el oscuro negocio de las vacunas y el cual, supuestamente, ha sido la causa primaria de la destitución de este fiscal. Resulta bastante obvio que su labor ha representado, más que una piedra en el zapato, una seria amenaza contra quienes violan las leyes amparados por el poder.

El miedo imperante entre quienes han abusado de manera descarada de los mecanismos legales para impedir la aplicación de la justicia, es hoy una real amenaza contra la débil estabilidad de los fundamentos institucionales en Guatemala. Ha quedado meridianamente claro que los corruptos –reunidos en un pacto perverso- son capaces de cometer cualquier violación a la Constitución y las leyes con tal de conservar sus bienes mal habidos y los privilegios conquistados a fuerza de abusos. Ellos no solo han entorpecido la labor de los investigadores, también han establecido un clima de terror y persecución contra jueces probos, periodistas éticos e independientes, activistas de derechos humanos y líderes de las distintas comunidades, quienes arriesgan su vida en la defensa de la justicia, sus territorios y sus derechos.

Como un Quijote solitario se despide de su cargo uno de los mejores fiscales que han pasado por el Ministerio Público, pero las manifestaciones de repudio por su destitución no son suficiente. Es urgente una toma colectiva de conciencia para comprender, en toda su magnitud, la catástrofe institucional a la cual ha conducido al país el pacto de corruptos y, por lo tanto, actuar en consecuencia.

El miedo de los corruptos es un peligro inminente contra la democracia.

Fuente de la información e imagen: https://insurgenciamagisterial.com/

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Guatemaltecos se movilizan en rechazo al presidente Giammattei

Los manifestantes se concentraran al final del día en la Plaza de la Constitución para exigir la renuncia del mandatario.

Organizaciones sociales, indígenas, campesinas y estudiantiles de Guatemala se movilizarán este jueves para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei.

Los guatemaltecos pedirán, además, la renuncia de la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, por la destitución de Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público.

En la capital del país, Ciudad de Guatemala, el punto de concentración será en los espacios de la Universidad de San Carlos y marcharán hasta la sede del Ministerio Público, con paradas en el Congreso y Casa Presidencial hasta llegar a la Plaza de la Constitución.

Fuera de la capital, se han convocado bloqueos de carreteras, caminatas, mítines y otras actividades en todos los departamentos del país para exigir la dimisión del mandatario guatemalteco.

Autoridades indígenas del país llamaron el miércoles a la población a apoyar la jornada de protestas y salir para mostrar su rechazo al Gobierno y contra la cooptación del Estado por parte de políticos y élites económicas.

En conferencia de prensa, advirtieron que la fiscal general Consuelo Porras y el presidente Alejandro Giammattei se han convertido en la cara pública de la corrupción, cooptación y mal manejo del Estado y la crisis sanitaria derivada de la Covid-19.

El pasado 24 de julio, durante una asamblea en la que estuvieron representantes de los pueblos maya, garífuna y xinca, así como de la sociedad civil y estudiantes, los dirigentes de los 48 Cantones se pronunciaron por ir al paro si Porras no presentaba su renuncia en dos días.

La protestas del 29 de julio ocurren a ocho meses de las jornadas de protestas de 2020 en contra de la aprobación del presupuesto 2021 por el Congreso y la negativa del mandatario Giammattei a vetarlo, a pesar del rechazo popular por los recortes en educación, salud y justicia.

Fuente de la información e imagen: https://www.telesurtv.net

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La deuda pendiente de Guatemala con su juventud, ¿en dónde debe invertir?

Por Ana Lucía Ola/Prensa Libre 

Guatemala es un país joven, con un bono demográfico que requiere inversión en educación, salud y empleo, pero las oportunidades son limitadas para este grupo de la población, y con ello se frena el desarrollo del país.

La tercera parte de la población guatemalteca tiene entre 13 y 30 años, es un bono demográfico que puede contribuir al desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida, pues este grupo representa la fuerza productiva del país. Sin embargo, el tiempo amenaza con reducir esta oportunidad, debido al sostenido descenso de la fecundidad y al aumento de la esperanza de vida que se ha registrado en las últimas décadas.

Actualmente nacen menos niños que tres décadas atrás, mientras que los adultos viven más. La base de la pirámide poblacional se hace cada vez más estrecha, es un efecto que para el 2025 será evidente, de acuerdo con el informe Juventudes en Guatemala, elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU).

El tema cobra relevancia en el contexto del Día Mundial de la Población que se conmemoró el pasado domingo 11 de julio, y que debe ponerse sobre la mesa.

Si en 1950 el número de hijos por mujer era de siete, y la esperanza de vida rondaba los 45 años, cuatro décadas después la fecundidad disminuyó a cuatro hijos y la esperanza de vida aumentó a 70 años. Ese ritmo continuará para el 2070 y en promedio serán dos hijos por mujer y la edad media que alcanzará la población será 90 años. Irremediablemente será una sociedad envejecida, para entonces.

El momento que recién vive Guatemala la ponen en una posición de ventaja ante otros países. Pero es menester garantizar a este bono demográfico educación, acceso a servicios de salud y empleo, de acuerdo con Pablo Salazar, representante de país del UNFPA.

Con ello, se abre una ventana de oportunidad para que la población en edad productiva genere recursos para contribuir al desarrollo del país, a través de impuestos, seguridad social, ingresos y ahorro.

No se tiene certeza a cuánto asciende la inversión que Guatemala hace en su juventud, si bien hay programas que alcanzan a este grupo, determinarlo resulta complejo.

Salazar menciona que trabajan en mediciones para establecer un gasto particular en la juventud, que podrían conocerse a finales del año, pero se prevé sea relativamente bajo, quizá más que otros países de la región, comenzando por el tema de educación.

El informe Pisa D- América Latina y el Caribe 2018 señala que Guatemala invierte US$6 mil 104 en un estudiante desde la preprimaria a la secundaria, mientras que en Costa Rica asciende a US$46 mil 531.

Realidad sobre expectativas

La población joven del país se enfrenta a grandes limitantes para desarrollar todo su potencial. En el tema de Educación hay un rezago evidente. El informe señala que hay un 6.8 por ciento de población entre los 13 y 30 años que es analfabeta.

Pero del grupo que sabe leer y escribir, el promedio de escolaridad es de 6.2 años, lo que únicamente alcanza para culminar la primaria, y coloca al país en las últimas posiciones en Centroamérica. La situación es desigual en el área rural y entre los pueblos originarios, pues alcanza los 5.7 y 5.3 años.

Sin embargo, la crisis generada por el covid-19 causará un atraso mayor en la educación. El Banco Mundial en un reciente informe refirió que en Guatemala hay riesgo de perder 1.5 años de escolaridad, debido al cierre prolongado de los centros educativos, ya que las clases presenciales permanecen suspendidas desde el 16 de marzo del 2020.

Otro reflejo de la escasa preocupación por que la educación llegue a la población joven es el descenso en la matricula estudiantil. En cuatro años suman 103 mil los estudiantes que quedaron fuera del sistema, y el mayor impacto ocurre en los niveles de básico y diversificado (88 por ciento), que precisamente debería cursar la población entre los 13 y 19 años, que es parte del bono demográfico.

Datos globales indican que siete de cada diez jóvenes están fuera del sistema educativo, según el Censo Poblacional 2018.

Salazar menciona que “la educación secundaria es el gran tema pendiente” en el país, pues la mayor inversión va al nivel primario, y se ha descuidado la transición hacia básicos y diversificado. En el largo plazo esto limitará las oportunidades de desarrollo.

“Hay una relación directa entre el nivel de productividad potencial que tiene la población y el nivel educativo. Se ve dentro del perfil de desarrollo de un país. La inversión extranjera ve mucho el nivel de escolaridad que tienen los países”, menciona.

Educación, estabilidad macroeconómica e infraestructura son tres pilares fundamentales en el tema de competitividad, pero sin una base sólida del capital humano, el país no conseguirá una mejor posición y el crecimiento económico será difícil.

“A largo plazo es un tiro en el pie el no tener esas oportunidades educativas que deberían ser claves”, agrega Salazar, pues solo cuatro de cada 10 adolescentes entre 13 y 15 años han completado el nivel básico, mientras que en la población entre 16 y 18 años es uno de cada seis. La brecha se reduce aún más al pasar del diversificado a la universidad.

Sin educación y sin las capacidades básicas, la posibilidad de un empleo formal y mejor remunerado son limitadas, y la opción es el trabajo informal.

En 2017, cerca de un 83% de los jóvenes de 15 a 24 años con bajos niveles educativos estaban ocupados en el sector informal y la tasa de desempleo alcanzó el 12 por ciento en este grupo, según el informe Bideconomics Guatemala, Crecer más y para todos, desarrollado por Banco Interamericano de Desarrollo.

Pero el gran reto en Guatemala, más que generar empleo está que el bono demográfico logre un nivel medio de escolaridad.

Esa falta de oportunidades empuja a que los jóvenes abandonen el país, cuatro de cada 10 migrantes oscila entre los 13 y 24 años, revela el informe del FPNU.

“Para tener esa mano de obra más educada, con más capacidad en el mediano plazo, tenemos que garantizar esa transición de los niños y niñas de primaria a educación media, no implica gran costo”, dice Salazar.

Otras aristas

El segundo tema a atender es la reducción del embarazo adolescente, que puede impedir a las mujeres no continuar con sus estudios, tener una participación adecuada en el mercado laboral y cuando les corresponda, formar una familia.

Dos de cada 10 mujeres en Guatemala son madres antes de los 19 años, mientras que niñas menores de 14 años enfrentan la maternidad forzada.

Cambiar esta realidad requiere voluntad política que no implica un alto costo sino de acuerdos que beneficien a esta población, que también necesita atención en la salud.

El censo revela que nueve de cada 10 jóvenes entre los 13 y 30 años no tienen acceso a ningún tipo de servicio de salud pública y privada. En este punto también es necesario asegurar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, poner fin a las uniones y matrimonios tempranos y forzados, garantizar la paz y la seguridad para la población adolescente y joven, refuerza el informe del FPNU.

La deuda pendiente de Guatemala con su juventud, ¿en dónde debe invertir?

 

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