Page 137 of 1238
1 135 136 137 138 139 1.238

Activistas denuncian violencia contra mujeres por motivos políticos en Cuba: “Sufren mayores niveles de represión que los hombres”

América Central/Cuba/21-12-2020/Autor(a) y Fuente: www.cibercuba.com

Activistas cubanos publicaron una declaración en que alertan sobre la violencia desatada por el Estado y sus aparatos represivos contra las mujeres, particularmente aquellas que se oponen de alguna forma a la ideología gubernamental en la Isla.

En un largo texto, destacan las acciones que durante estas últimas semanas se han producido a raíz de los sucesos de San Isidro y la protesta pacífica del 27 de noviembre frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana.

Seguidamente, reproducimos de manera íntegra la declaración en defensa de las mujeres cubanas, vulneradas con la anuencia del Estado y las instituciones gubernamentales que, en teoría, deberían ampararlas.

Feministas cubanas y aliades pretendemos con esta carta contextualizar y pronunciarnos en contra de recientes y reiterados episodios de discriminación, exclusión y violencia promovida y/o ejercida por el Estado contra las mujeres cubanas.

Señalando que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (1994) define que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar dentro de la familia, comunidad, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, en cualquier lugar donde ocurra.

Partiendo de la Convención sobre la eliminación de todo tipo de violencias contra la mujer, presentada en las Naciones Unidas y en vigor desde el 3 de septiembre de 1981, que Cuba se precia de ser el primer país en ratificar. Según el Artículo 7 de este documento de carácter internacional: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a (…) participar en organizaciones y en asociaciones NO GUBERNAMENTALES que se ocupen de la vida pública y política del país.”

Recordando que la sociedad civil cubana no puede articularse de manera orgánica en sus propias asociaciones que representen otros modelos de pensamiento de naturaleza diversa, pues estas no son reconocidas legalmente.

Reconociendo que estamos en un momento en que la solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba, impulsada por activistas feministas, luego de ser discutida con miembros del Parlamento cubano no fue incluida en el Cronograma  Legislativo a ejecutarse hasta 2022.

Activistas feministas y antirracistas, así como del colectivo LGBTIQ+, son víctimas de ciberacoso desde cuentas falsas que responden a lógicas de vigilancia y deslegitimación, un comportamiento que es frecuentemente utilizado por cuentas anónimas presuntamente asociadas al Estado cubano. A feministas cubanas se les disminuye y minimiza abiertamente desde publicaciones oficiales. La criminalización del activismo feminista es de larga data en el período llamado revolucionario, que comenzó con el ostracismo y desconocimiento de feministas de la etapa anterior como Mariblanca Sabás Alomá (1901-1983), continuó con la desactivación de la Asociación de Mujeres Comunicadoras Magin en 1996 y se ha mantenido con escarnios públicos, desconocimientos y amenazas a feministas que han mantenido una postura crítica hacia las autoridades cubanas sobre la defensa de los derechos de las mujeres.

Sin embargo, hoy vivimos en un escenario diferente porque el acceso a internet permite mayor visibilidad de los problemas y causas pendientes que urge abordar: acoso y violencia machista en la calle, en centros laborales y de estudio, en la intimidad; feminicidios; necesidad de refugios; violencia obstétrica; violencia institucional y política. Los datos acerca de feminicidios y hechos de violencia machista son conocidos gracias a medios independientes y activistas que mantienen una red transparente y efectiva de observación y estadística, y no a una labor estatal implicada o interesada por estos procesos.

Se dispone de varios informes preparados por la organización no gubernamental Cubalex, incluyendo el informe sombra a la CEDAW presentado en 2013, que alerta que la violencia institucionalizada contra la mujer en Cuba es ejercida por el Estado de diferentes formas y con manifestaciones que los hombres que participan en activismo político no padecen. Este sesgo de género se evidencia en el intento de descrédito a través de la exposición de su vida íntima; el uso de expresiones misóginas, sexistas, racistas, homofóbicas y transfóbicas; en la instrumentalización de la seguridad de las y los integrantes más vulnerables de su familia para presionarlas; e incluso en violencia sexual. Cubalex ha documentado también varios casos de amenazas por parte del Estado de quitarles a madres activistas las custodias de sus hijes. Estas violencias sistemáticas se ven muchas veces atravesadas por otras formas de discriminación: racial, religiosa, económica, etc.

La brutalidad de los agentes policiales y de la Seguridad del Estado, incluidas las mujeres integrantes de estos órganos, contra las mujeres disidentes, es avalada por el Estado. Las mujeres que disienten con el sistema político en Cuba sufren mayores niveles de represión que los hombres. A pesar de que la cantidad de mujeres activistas es menor, ellas denuncian mayor cantidad de actos de hostigamiento y detenciones arbitrarias, así como eventos de vigilancia policial fuera del domicilio para restringir su derecho a la movilidad: estos son métodos recurrentes para impedir el ejercicio de sus derechos a expresarse, asociarse y manifestarse. En los centros de detención los agentes utilizan la violencia física y psicológica, la ofensa y el agravio sexual como medios de represión. Se registran testimonios de encierros en calabozos sin condiciones higiénicas, con servicios sanitarios sin privacidad o sin condiciones apropiadas para las mujeres, llegando incluso a compartir celdas con hombres. Algunas denuncian haber sido forzadas a desnudarse, a hacer cuclillas para verificar si tienen objetos en sus genitales, e incluso que les han introducido un bolígrafo en la vagina, a pesar de tener en ese momento su período, bajo la justificación de la búsqueda de objetos de grabación.

Entre las prácticas represivas más comunes que afectan especialmente a las mujeres migrantes internas está la expulsión de las casas donde se encuentran alquiladas a través de la presión policial sobre los dueños de la vivienda, con argumentos fabricados por agentes de la Seguridad del Estado que equiparan el hecho de alojar a activistas políticos con ser cómplices de mercenarismo y “contrarrevolución”. El Decreto Ley 217 restringe la libertad de circulación a cubanos entre La Habana y otras provincias y les exige solicitar permiso a autoridades administrativas para residir en la capital. Aunque no es delito la estancia en la capital, la policía arresta y “deporta” a su lugar de origen a quienes incumplen el decreto.

Además, el Estado cubano ha impedido a mujeres, por causa de su actividad política, el acceso al mercado laboral. Igualmente,  ha expulsado a estudiantes y a profesoras de centros de estudios superiores.

El Estado organiza en centros laborales las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida (BRR) con la misión de participar de actos de repudio que atentan contra el orden público y promueven el odio entre cubanes. Las mujeres cubanas disidentes han sido víctimas de estos eventos. Esta violencia ha sido ejercida recientemente incluso a través de la Federación de Mujeres Cubanas, organización a la cual todas las mujeres cubanas pertenecemos por mandato del Estado desde los 14 años de edad y a la cual cotizamos, por lo que rechazamos la participación de la organización y el uso de su estandarte en estas acciones violentas.

A todo lo anterior, se suman los medios de comunicación, con campañas para desacreditar a estas mujeres, que no tienen oportunidad para ejercer su derecho a réplica. Los medios estatales han lanzado hacia estas personas acusaciones graves, sin respaldo, de mercenarismo, penado con las penas más graves bajo la Ley No. 88 “Ley de Protección a la Independencia Nacional y la Economía de Cuba”.

Afirmamos que existe actualmente en Cuba un clima de evidente hostilidad hacia un segmento amplio y diverso de la ciudadanía que se encuentra en disenso con el estatus quo, y demanda un proceso de revisión y restauración de daños ocasionados. En este sentido, advertimos sobre importantes eventos recientes de discriminacion, violencia y exclusión protagonizados por instituciones estatales, fuerzas policiales y militares, y servidores públicos, motivados especialmente por las acciones más recientes de protesta pacífica del Movimiento San Isidro (MSI), creado en 2018 en respuesta al Decreto Ley 349, que institucionaliza la censura a la creación artística en Cuba.

Feministas cubanas y aliades denunciamos públicamente la situación de varias mujeres, que han padecido, documentado o dado testimonio de acciones violentas por parte del Estado cubano en los últimos tres meses en La Habana:

– Anamely Ramos, curadora, crítica de arte y miembro del MSI: Acto de repudio y detención arbitraria el 10 de octubre. Detenciones arbitrarias los días 13, 14 y 15 de noviembre durante averiguaciones por el caso de Denis Solís. Detención arbitraria durante todo el día 27 de noviembre, luego de ser desalojada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26, donde se encontraban sitiados los huelguistas desde el día 18. Vigilancia policial desde el día 28 de noviembre hasta la fecha en la casa de Omara Ruiz Urquiola, a excepción del día 3 de diciembre. Detención arbitraria el 15 de diciembre. Previo a esta ola de represión, Anamely fue expulsada de su puesto como profesora del Instituto Superior de Arte, expulsada del apartamento donde estaba alquilada y se vio obligada a separarse de su hijo para evitar que fuese constantemente expuesto al acoso policial.

– Omara Ruiz Urquiola, historiadora de arte: Detención arbitraria con agresión física el 13 de noviembre durante averiguaciones por el caso de Denis Solís. Desalojada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26, donde se encontraban sitiados los huelguistas desde el día 18. Vigilancia policial desde el día 28 de noviembre hasta la fecha en su casa, a excepción del día 3 de diciembre cuando fue al hospital a recibir tratamiento. Difamación en la TV nacional. En 2019 fue expulsada de su puesto como profesora del Instituto Superior de Diseño y desde entonces sufre fuerte acoso policial.

– Iliana Hernández, activista y reportera de CiberCuba: Detenciones arbitrarias los días 12, 13, 14 y 15 de noviembre durante averiguaciones por el caso de Denis Solís. Su madre fue detenida el 19 de noviembre mientras intentaba visitarla en la sede del MSI. Desalojada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26. Vigilancia policial fuera de su casa desde el 28 de noviembre hasta la fecha. Detención arbitraria el 2 de diciembre. Acto de repudio encabezado por la Federación de Mujeres Cubanas el 8 de diciembre luego de ser difamada en la TV nacional. Detención arbitraria el 15 de diciembre cuando se dirigía a una cita en la Embajada de España en La Habana (Iliana es ciudadana española).

– Daylys Bandera, vecina de la sede del MSI: El 18 de noviembre agentes de la Seguridad del Estado le decomisaron suministros de comida y dinero que llevaba a Damas 955. Este evento motivó el inicio de las huelgas de hambre de algunos integrantes del MSI.

– Rosmelis Hernández y Jade Castillo, pareja e hija de Maykel (Osorbo) Castillo: La hija de 4 años del rapero fue agredida físicamente por supuestos agentes de la Seguridad del Estado el 21 de noviembre mientras accedía junto a su madre a Damas 955. Rosmelis ha recibido amenazas de retirarle la custodia de su hija, por parte de la Dirección de Menores del Ministerio del Interior, con los argumentos de que no le enseña “los conceptos reales de la Revolución” lo cual puede derivar en “un trastorno en la conducta”.

– Tania Bruguera, artista y fundadora del Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR): Detención arbitraria y acto de repudio el 10 de octubre. Detenciones arbitrarias e interrogatorios el 2, 4 y 6 de diciembre. Vigilancia policial desde el día 6 de diciembre hasta la fecha frente a su casa. Desde el 15 de noviembre tiene deshabilitado el servicio de telefonía móvil y el acceso a internet por datos.

– Katherine Bisquet, escritora: Detención arbitraria y acto de repudio el 10 de octubre. Detenciones arbitrarias los días 13, 14 y 15 de noviembre durante averiguaciones por el caso de Denis Solís. Sacada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26, donde se encontraban sitiados los huelguistas desde el día 18. Detención arbitraria el 29 de noviembre por intentar visitar a Maykel Castillo. Vigilancia policial desde el 2 de diciembre hasta la fecha fuera de la casa donde reside. A pesar de que amenazaron al propietario de la vivienda para que fuera desalojada, la policía le impidió efectuar la mudanza. Katherine ha tenido que cambiar de sitio por el mismo motivo en diez ocasiones anteriores.

– Camila Ramírez Lobón, artista visual: Detención arbitraria y acto de repudio el 10 de octubre. Luego de su participación en la reunión en el MINCULT el 27, vigilancia policial desde el 4 de diciembre hasta la fecha fuera de la casa donde reside Katherine Bisquet, a donde se trasladó para ayudar con la mudanza que nunca ocurrió.

– Claudia Genlui, curadora de arte y miembro de MSI: Detención arbitraria el 25 de noviembre por intentar acceder a la sede del MSI. Acto de repudio fuera de INSTAR durante reunión de la plataforma 27N y detención arbitraria el 29 de noviembre por intentar visitar a Maykel Castillo. Detención arbitraria el 2 de diciembre junto a Luis Manuel Otero Alcántara (su pareja sentimental), cuando intentaba reunirse con él luego de ser dado de alta del hospital. Inhabilitación de servicio de telefonía móvil  el 11 de diciembre.

– Aminta De Cárdenas, productora: Detención arbitraria el 10 de octubre. Luego de su participación en la reunión en el MINCULT el 27, vigilancia policial el día 5 de diciembre y desde el día 10 hasta la fecha, fuera de su casa.

– Luz Escobar, periodista de 14yMedio: Detención arbitraria el 22 de noviembre por intentar cubrir la protesta convocada en el Parque Central de La Habana. Vigilancia policial y arresto domiciliario arbitrario el 25 de noviembre y desde el 4 al 10 de diciembre, impidiéndole recoger a sus dos hijas de la escuela.

– Yoani Sanchez, bloguera y directora de 14yMedio: Inhabilitación de servicio de telefonía móvil y vigilancia policial los días 11 y 12 de diciembre.

– Anyell Valdés, trabajadora en el hogar y activista: Sacada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26. Su papel durante las huelgas fue de cuidados. Recibió una visita de agentes de la Seguridad del Estado el 2 de diciembre y fue detenida arbitrariamente el día 5 y nuevamente el día 10, en la vía pública cuando llevaba a sus hijos a la escuela.

– Iris Ruiz, actriz y coordinadora del MSI: Detención arbitraria el 10 de octubre, y el 29 de noviembre por intentar visitar a Maykel Osorbo. Inhabilitación de servicio de telefonía móvil y vigilancia policial desde el día 10 de diciembre hasta la fecha fuera de su casa, donde viven también sus 6 hijes.

– Camila Acosta, periodista de Cubanet: Detención arbitraria el 10 de octubre, durante la cual tuvo que orinar dentro de la patrulla de policía porque le impidieron ir al baño. Participó del diálogo en el MINCULT la noche del 27 de noviembre. Vigilancia policial desde el día 5 de diciembre hasta la fecha fuera de la casa donde ha sido acogida temporalmente. Entre marzo y octubre de este año, ha sido detenida en cuatro ocasiones, ha tenido que mudarse 10 veces y reponer tres veces su teléfono celular, que han roto agentes de la Seguridad del Estado. Ha sido amenazada con ser procesada por presunta “usurpación de funciones públicas” y multada bajo el decreto Ley 370 por sus publicaciones en redes sociales.

– Miryorly García Prieto, historiadora de arte: Luego de su participación en la reunión en el MINCULT el 27 de noviembre, ha sufrido detención domiciliaria arbitraria y vigilancia policial los días 4 y 5 de diciembre.

– Solveig Font, curadora de arte independiente: Luego de su participación en la reunión en el MINCULT el 27 de noviembre, ha sufrido vigilancia desde el 4 hasta el 6 de diciembre fuera de su casa, por hombres vestidos de civil. Inhabilitación del servicio de telefonía móvil el 10 de diciembre.

– Marthadela Tamayo, activista antirracista y por los derechos de la mujer: Detención arbitraria el 19 de noviembre, y el 22 de noviembre por asistir a la protesta convocada en el Parque Central de La Habana, donde fue agredida físicamente durante el acto de repudio permitido por el Estado. Vigilancia policial el 10 de diciembre fuera de su casa.

– Kirenia Yalit, psicóloga y activista: Acto de repudio y detención arbitraria el 10 de octubre. Vigilancia policial entre el 18 y el 22 de noviembre fuera de su casa.

– María Matienzo, periodista de Cubanet: Vigilancia policial entre el 18 y el 22 de noviembre fuera de su casa.

– Maylin Alonso, periodista de Agence France-Presse (AFP): Agredida durante el acto de repudio permitido por el Estado el 22 de noviembre, mientras cubría como parte de su trabajo la protesta convocada en el Parque Central de La Habana.

– Diasniurka Salcedo, activista del proyecto comunitario Casa a Casa: Detención arbitraria el 20 de noviembre por sospechas de que intentaba acercarse a San Isidro, durante la cual asegura que sufrió abusos sexuales por parte de los oficiales. Detención arbitraria el 28 de noviembre en los alrededores del Hospital Manuel Fajardo, donde se encontraba retenido Luis Manuel Otero. Fue liberada en horas de la madrugada en una zona desierta a 14 kilómetros de su casa. Vigilancia y arresto domiciliario arbitrario los días 4, 5 y 10 de diciembre fuera de su casa.

– Bertha Soler, coordinadora de las Damas de Blanco y Premio Sárajov del Parlamento Europeo: Detención arbitraria el 22 de noviembre por intentar asistir a la protesta convocada en el Parque Central de La Habana en apoyo al MSI. Detención arbitraria el 6 de diciembre cuando salía de la sede de la UNPACU. Vigilancia policial los días 9 y 10 de diciembre a la sede nacional de las Damas de Blanco. Detención arbitraria el 10 de diciembre antes de participar en una Reunión Extraordinaria del Parlamento Europeo. Inhabilitación de servicio telefónico los días 11 y 12 de diciembre.

– Lourdes Esquivel, integrante de las Damas de Blanco: Detenciones arbitrarias los días 6 y 10 de diciembre.

– Dayana Zerquera: Detención arbitraria el 28 de noviembre durante una protesta por el cierre de las tiendas en MLC (monedas libremente convertibles) frente a la sede del Ministerio del Comercio Interior (MINCIN), convocada por madres cubanas. Estas tiendas, donde se venden productos de primera necesidad en una moneda con que no se remunera a trabajadores cubanes, generan segregación económica y exclusión social violando derechos consagrados en la Constitución de la República de Cuba. También asistió a la sentada fuera del MINCULT.

– Rossane Carmona, estudiante de Comunicación Social y activista feminista: Detención arbitraria el 29 de noviembre en camino a una manifestación pacífica convocada en el Capitolio de La Habana.

– Yeilis Torres, ex fiscal e integrante de UNPACU: Detención arbitraria el 10 de diciembre.

– Ketty Méndez, activista: Secuestrada por agentes vestidos de civil el 14 de diciembre, en presencia de su hija menor, mientras se dirigía a una manifestación pacífica por el cierre de las tiendas en MLC y en contra de las medidas económicas anunciadas recientemente. Se ha manifestado en las redes sociales por el desamparo que sufre su hija de 22 años, que padece autismo y desnutrición.

Esta lista incluye solamente a quienes han hecho pública su denuncia y autorizado su divulgación. Además nos consta que al menos una mujer que se acercó a llevar comida a las personas sitiadas en San Isidro, ha recibido citaciones y amenazas de la policía. Tenemos conocimiento de que varias mujeres que participaron de la sentada fuera del MINCULT han recibido amenazas directas o a través de familiares, pero no están preparadas para denunciar públicamente. Algunas fueron gaseadas con spray pimienta por la policía cuando trataban de acercarse a la sentada frente a esta institución la noche del 27 de noviembre. La firma de peticiones o la adhesión a declaraciones como esta, en apoyo a quienes han sido víctimas de estas formas de violencia recientemente, ha sido también causa de acoso y amenazas por parte de autoridades.

La mayoría de estas mujeres lleva meses o incluso años sufriendo estas formas de persecución, acoso y represión. Las parejas, madres, hermanas, hijes de los activistas, artistas, o periodistas hombres vinculados a estos eventos también son víctimas secundarias de la violencia ejercida por el Estado.

La organización Human Rights Watch advirtió recientemente que el gobierno ha usado normas relativas a la covid-19 para intensificar la represión, en forma de detenciones, multas y acoso a disidentes, incluso antes de los hechos de las últimas semanas.

Consideramos importante llamar la atención sobre el caso de Keilylli de la Mora Valle, del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, detenida por la policía el 12 de abril en la ciudad de Cienfuegos por el uso incorrecto de la mascarilla. En la estación de policía, De la Mora Valle comenzó a quitarse la ropa a modo de protesta. Un policía la tomó del cuello, la llevó a una celda y comenzó a darle puntapiés en el muslo y en la rodilla. Después de un juicio que tuvo lugar el 7 de mayo, en el cual no contó con representación legal, De la Mora Valle fue condenada a un año y medio de prisión por “desacato”, “resistencia”, “desobediencia” y “propagación de epidemias”. Hasta la fecha continúa detenida. De la Mora Valle ha intentado quitarse la vida en dos oportunidades a causa de amenazas y acoso por parte de guardias carcelarios. Estos cargos han sido utilizados para juzgar a otras mujeres integrantes de la UNPACU y de las Damas de Blanco, de las que al menos dos continúan en prisión a pesar de la crisis de la Covid-19, durante la cual el Estado cubano ha excarcelado a más de 10 mil personas bajo las figuras de ‘libertad condicional’ y ‘licencia extrapenal’. Las activistas políticas Aymara Nieto Muñoz y Martha Sánchez González han denunciado maltratos físicos, incomunicación y privación de atención o tratamiento médico dentro de los centros penitenciarios.

Considerando todo lo cual, feministas cubanas y aliades nos sentimos compelidas a manifestar nuestro desacuerdo con las prácticas discriminatorias, excluyentes y violentas que el Estado cubano ejerce, estimula y normaliza, en contra de mujeres y ciudadanxs en general, cuyo pensamiento y actuar cívico o político disienta de las formas de ordenamiento social admitidas según el discurso ideológico promovido por el Partido Comunista de Cuba, único e inapelable órgano rector de las políticas públicas e institucionales del país. Las violencias ejercidas desde el Estado cubano son una manifestación de un orden patriarcal político que busca perpetuarse en el poder por todas las vías. La supuestamente alta representatividad de las mujeres en cargos públicos se ve anulada por el mandato de tipo patriarcal que ellas representan y reproducen. El Estado ha vaciado de significado las instituciones cubanas, que reproducen los valores ideológicos del Partido Comunista de Cuba y son inflexibles e inoperantes en su capacidad para representar la pluralidad de la sociedad civil cubana, cada vez con más actores.

Solicitamos apoyo internacional de colectivos feministas y organizaciones defensoras de derechos humanos, a la vez que insistimos en posicionarnos en contra de la injerencia de gobiernos extranjeros en los asuntos de Cuba, y ratificamos nuestro interés en que estos conflictos sean resueltos de una manera justa para todos sus implicados, incluyendo a cubanes que residen fuera del país. Nos pronunciamos en contra del uso de expresiones y de acciones misóginas, sexistas, racistas, homofóbicas y transfóbicas, independientemente de quien las utilice, así como de señalamientos a cubanos de “marginales”, “enemigos al servicio de entidades mercenarias”, “alienados”, “manipulados” o “confundidos”, inmerecedores de la condición de ciudadanos. No admitiremos, como ha venido aconteciendo recientemente, que el Estado desplace el diferendo interno con una parte de la sociedad cubana hacia el conflicto con los Estados Unidos, haciendo uso de un ejercicio retórico reductivista y arbitrario.

Desde nuestras prácticas feministas diversas promovemos el activismo pacífico y decimos NO A LA VIOLENCIA en todas sus manifestaciones. El Estado cubano debe cumplir con las convenciones internacionales de las que es signatario, y comprometerse con la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en especial en lo concerniente a la participación en la vida política y pública del país independientemente de nuestra orientación política o ideológica. El Estado debe permitir nuestra organización al margen del Estado mismo, sin ser por causa de ello víctimas de acoso policial o violencia institucional.

Convocamos a las autoridades a entablar un diálogo nacional, sin discriminación de actores o posturas, sin represalias para quienes participen, y del cual emerjan acuerdos vinculantes que permitan la implementación de soluciones a los reclamos urgentes de la sociedad civil y a la actual crisis política que atraviesa el país.

A los 15 días del mes de diciembre.

Firman,

Salomé García Bacallao, conservadora de arte e investigadora

Anaeli Ibarra Caceres, investigadora

Marta María Ramírez, periodista y feminista autónoma. Coordinadora del Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR)

Juliana Rabelo, coordinadora de INSTAR

Camila Ramírez Lobón, artista visual y coordinadora de INSTAR

Kirenia Yalit Núñez Perez, psicóloga y activista

María Matienzo Puerto, narradora y periodista

Simone García Bacallao, artista

Laura Rodríguez Arango, creadora escénica

Ana Victoria Pérez, cineasta

María Gabriela Sánchez Álvarez, diseñadora de vestuario

Fernanda Montalvo, creadoræ escénico independiente y acompañante corporal holístico

Katia Gato Rimbau, abogada

Lisandra Castro López, filóloga

Ena Lucía Portela, escritora

Frida Alejandra Lobaina Pérez, teatróloga

Yanelys Nuñez Leyva, activista y productora cultural

Ileana Álvarez, directora de la revista Alas Tensas

Danae Diéguez, investigadora y experta en temas de género

Hector Luis Valdés Cocho, periodista independiente

Ricardo Sarmiento Ramírez, dramaturgo

Mara Karla Sanchez, psicóloga

Karla Perdomo, psicóloga

Laura Verdecia, Marketing Manager

Geisy Guia Delis, periodista independiente

Elaine Díaz Rodríguez, directora de Periodismo de Barrio

Ismario Rodríguez Pérez, periodista en Periodismo de Barrio

Yasmín S. Portales Machado, escritora, crítica literaria y activista LGBTIQ+

Maykel González Vivero, director de Tremenda Nota

Laritza Diversent, abogada

Adria Valdés Peyrellade, arquitecta

Thais Milanés, autónoma

Liz Peláez, archivista

María de los Ángeles Bonet Hevia, asistente

Lia Villares, artista

Aminta de Cárdenas Soroa, productora

Karla María Pérez González, periodista y editora en la revista ADN Cuba

Claudia Genlui Hidalgo, curadora de arte

Fabiana Salgado Bernal, realizadora audiovisual

Ariadna Del Carmen Kott, actriz y músico

Virginia Ramírez Abreu (LA POLAKA), Directora/fundadora y profesora titular de Antropología de la Cultura e Historia del Arte de la Escuela Superior de Artes Cinematográficas de Galicia. Guionista, productora y directora audiovisual.

Maielis González Fernández, escritora e investigadora literaria

Janet Batet, curadora independiente, crítica de arte y ensayista

Lynn Cruz, actriz y productora independiente

Daleysi Moya, curadora y crítica de arte

Diana Carmenate Castellano, comunicadora visual y docente

Claudia Padrón Cueto, periodista en Tremenda Nota

Laura N. Díaz Ravelo, diseño escénico

Maria Carla Rodríguez, vedette

Laura Kaila López Duarte, historiadora del arte

Clara González, feminista

Hilda Landrove Torres, investigadora

Iris Ruiz Hernández, actriz y coordinadora del MSI

Elena Larrinaga de Luis, Presidenta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y Directora Ejecutiva de la Red Femenina de Cuba

Dunia Medina Moreno, Comité Ciudadanos Integración Racial (CIR) y Red Femenina de Cuba

María Elena Mir Marrero, Secretaria General de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba (CONIC) e integrante de la Red Femenina de Cuba

Yanela Reyes, activista por los Derechos Humanos, Red Femenina de Cuba

Marthadela Tamayo, Comité Ciudadanos Integración Racial (CIR) y Red Femenina de Cuba

Lázara Eumilla Ayllon  Reyes, Comité Ciudadanos Integración Racial (CIR) y Red Femenina de Cuba

Tania García Hernández, Red Femenina de Cuba

Zelanda de la Caridad Perez Abreu, Red Femenina de Cuba

Yacqueline Madrazo Luna, Red Femenina de Cuba

Mileisis Vigoa Marrero, Centro Democracia Proactiva y Derechos Humanos “José de la Luz y Caballero”

Maribel Isidra Hernández, Mujeres Democristianas Cuba

Rocinante Sotolongo Cruz, Mujeres Democristianas Cuba

Maritza Concepción Sarmiento, Mujeres Democristianas Cuba

Lázara María Dorrego, Mujeres Democristianas Cuba

Evelyn Pineda Concepción, Mujeres Democristianas Cuba

Yusleidy Valero Concepción, Mujeres Democristianas Cuba

Anai Penalba Subit, Mujeres Democristianas Cuba

Delices González Dorrego, Mujeres Democristianas Cuba

Mimi Onel, Mujeres Democristianas Cuba

Sara Cuba Delgado, Alianza Cubana por la Inclusión

Aimara Peña González, Directora de Somos Nueva Cuba, activista feminista y YouTuber

María Cristina Labrada Varona, Consejo de Dirección de las Damas de Blanco

Marisel Nápoles González, periodista de Diario de Cuba y coordinadora del grupo Mujeres Esperanza

Adriana González Téllez

Olivia Blanco Martín, psicóloga forense (España)

Roberto Garcés Marrero, investigador

Luis Alberto Dieguez Albelo, informático de Habana Verde

Yudith Vargas Riverón, curadora e historiadora de arte

Linet Cums Yumar, editora de Rialta

Ibrahim Hernández, editor de Rialta

Carlos Aníbal Alonso, director de Rialta

Camila Cabrera Rodríguez, investigadora y gestora cultural

Leticia Ramos Herrería, activista por los Derechos humanos

Miriam Herrera Calvo, Licenciada en Enfermería

Sheyla Pool, cineasta

Lidia M Romero Moreno, jurista y activista por los derechos humanos de las personas LGBTIQ y de las mujeres

Organizaciones, colectivos y medios que se adhieren a esta carta:

Revista Alas Tensas

Cubalex

ONG de Derechos Humanos José de la Luz y Caballero

Candela Review

Mujeres Democristianas Cuba

Red Femenina de Cuba

Habana Verde

Alianza Cubana por la Inclusión (ACI)

YoSíTeCreo en Cuba

Fuente e Imagen: https://www.cibercuba.com/noticias/2020-12-16-u1-e185759-s27061-activistas-denuncian-violencia-contra-mujeres-motivos

Comparte este contenido:

A pesar de represión, prosiguen protestas juveniles en Panamá

América Central/Panamá21-12-2020/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

Las manifestaciones juveniles se producen en contra del retiro gubernamental a la ayuda para personas menores de 25 años.

Diversas organizaciones y personalidades panameñas calificaron este jueves de «violencia policial» las acciones contra jóvenes universitarios que protestaron frente al parlamento local en contra de la eliminación gubernamental a la ayuda solidaria para personas menores de 25 años.

Las reacciones llegaron tras un mensaje publicado en Twitter por parte de la Policía Nacional mediante el cual informó que «por alteración de la convivencia pacífica, 27 personas, entre ellas cuatro menores de edad, serán remitidas al Juzgado de Paz, por nuestras unidades policiales. Los mismos se mantienen en la subestación policial de San Miguel en el corregimiento de Calidonia».

Poco después, sin embargo, uno de los oficiales mostró a la prensa un listado con 23 personas, entre las cuales aparece una estudiante acusada por «agredir a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones», pero un vídeo difundido por medios de prensa locales muestra a la detenida cuando recibe una golpiza de un policía.

Sobre el tema se pronunció el rector de la Universidad de Panamá (UP), donde estudia la joven, quien repudió «la agresión física por parte de la policía antimotines contra la estudiante Ileana Correa; y exijo que se retire el absurdo cargo que le hacen a la estudiante de agresión física contra la policía».

Varias organizaciones civiles y gremios estudiantiles exigieron, de igual manera, la liberación inmediata de los 27 detenidos, incluidos cuatro menores de edad, una de las cuales, gritó ante las cámaras que en el registro personal fue abusada sexualmente.

Este jueves fue el segundo día de protestas juveniles contra el Decreto Ejecutivo que elimina la ayuda financiera por el equivalente de 100 dólares mensuales durante la pandemia de Covid-19 a los menores de 25 años dependientes económicos de la familia.

Tags

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/protestas-panama-jovenes-represion-20201217-0022.html

Comparte este contenido:

Incierto regreso a clases en las aulas en El Salvador, dicen profesores

América Central/El Salvador/20-12-2020/Autor(a) y Fuente: www.elsalvador.com

En las escuelas públicas no solo están preocupados por el nivel de contagios sino por la disponibilidad de recursos.-

Gremiales y especialistas del sector educativo apuntan que, frente a la debilidad del sistema educativo nacional y el actual comportamiento de la pandemia, es poco probable que la totalidad de escuelas estén listas para retomar la actividad académica semipresencial durante las primeras semanas del primer trimestre 2021; tampoco lo ve como algo conveniente.

Daniel Rodríguez, secretario general de Simeduco, explica que si bien el Ministerio de Educación (MINED) abrió el 7 de diciembre el portal en línea “Crecer Juntos”, para que todas las instituciones educativas se registren, de cara a obtener aval de regreso a clases presenciales, es un hecho que la mayoría no tiene instalaciones ni recursos adecuados.

“Yo estoy seguro que muchos centros escolares no calificarían (a los requisitos establecidos) por las condiciones que tienen, pero como usted sabe que en nuestro país siempre han utilizado los datos solo para llenar requisitos, posiblemente para no recibir críticas como gobierno, como lo han hecho otros gobiernos de turno, pues muchas veces pasan los procesos”, matizó.

Ante esto considera que el MINED debe valorar muy bien el regreso, sobre todo ante los reportes de que los casos de COVID-19 van a la alza.

En la circular No. 23, la última emitida por el MINED, la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, deja claro que aunque los centros de enseñanza oficiales logren permiso para retornar siempre deberán esperar el llamado que hagan los titulares.

“En las escuelas lo que vamos a hacer es digamos la separación de pupitres (como parte del protocolo) pero eso no genera condiciones (suficientes), como en otros países en donde para recibir a los estudiantes han puesto separadores de acrílico con la finalidad de que no haya contagio del COVID”, explica.

Rodríguez, quien funge como director en un centro escolar de Panchimalco, San Salvador, destaca que incluso hay escuelas que no calificarían no solo porque no tienen infraestructura adecuada, sino porque además carecen de acceso a agua potable y el equipo necesario para evitar contagios masivos.

El docente afirma que en su escuela están haciendo todo hasta lo imposible para cubrir lo que se les está pidiendo en la plataforma, de ahí que esperan que no haya retraso y en enero tengan claro si cumplen los requisitos y cómo va a ser el proceso, sobre todo porque eso implicará una inversión.

Según explica, en su escuela solo han podido destinar $350.00 para comprar insumos que se requieren para poner en marcha los protocolos de bioseguridad, pero han tenido que asignar menos fondos para otras necesidades de mejora de las instalaciones, así como la compra de material didáctico.

Óscar Martínez, secretario general de la gremial SEDESA, sostiene que el punto clave está en que les depositen a las escuelas el bono de operación y funcionamiento en tiempo.

Martínez, también director del Centro Escolar Anselma Sánchez de Mancía, de El Congo, Santa Ana, subraya que ellos han recibido ya el segundo depósito de presupuesto de operación de este año pero de ahí tendrán que comprar recursos para 22 secciones, entre alcohol gel, mascarillas por aquello de que algún estudiante no lleve, lejía, bandeja con alfombra, termómetros.

“No considero oportuno que vuelvan en enero los niños, ni en grupos, ni divididos, ni semipresencial y virtual, que un grupo va a ir un mes, que un grupo otro mes”, señala el representante de SEDESA.

El profesor Hugo Canjura, director del Instituto Nacional Francisco Menéndez (Inframen), manifestó que en esa institución, con la asistencia de una enfermera y cinco médicos que laboran como docentes del bachillerato en salud ya elaboraron el protocolo para cuando el MINED de aval para retornar a clases, pero están esperando el presupuesto para la adquisición de los recursos, en lo que han calculado tendrán que invertir cerca de $500.00 mensuales.

En el caso del Inframen ya tienen planificado que 50 % de la atención de los alumnos será virtual y el otro 50 % presencial, pero están a la expectativa de cómo se comporte la pandemia.

“Nosotros les dijimos a los compañeros dependiendo cómo se comporta la pandemia, así es como vamos a actuar”, añadió Canjura. Eso, según indicó, implica que si ven incremento y ven que Educación no reacciona pronto le pedirán la autorización para trabajar totalmente virtual.

Paz Zetino Gutiérrez, secretario general de Bases Magisteriales, señaló que como no se puede tener certeza si todas las escuelas públicas cuentan con los recursos necesarios y suficientes, es necesario que el MINED y el Ministerio de Salud suscriban un mecanismo de colaboración para que este último se los provea, especialmente los aparatos para la toma de temperatura, alcohol gel y desinfectantes que requerirán en grandes cantidades.

El especialista educativo, Óscar Picardo Joao, ve poco probable que las escuelas estén listas para un temprano retorno a clases en el 2021, ni tampoco que la situación de contagios esté controlada como para que eso pueda suceder.

“Ni están preparados y el contagio será significativo en enero” apunta Picardo Joao, en alusión a que en la actualidad hay una sobre exposición de la gente en centros comerciales, reuniones de todo tipo, eventos masivos.

Javier Hernández Amaya, presidente de la Asociación de Colegios Privados (Acpes) no descarta que el regreso a clases semipresenciales se vea dificultado por el aumento de casos: “Ya hemos previsto que esto pueda suceder, por lo cual hemos promovido que los padres de familia acepten el inicio de las primeras diez semanas del año escolar 100 % virtual; es la oferta que le estamos haciendo al matricular al estudiante”.

Hernández Amaya, quien también se desempeña en el sector público, sostiene que de igual forma ve complicado el retorno en las escuelas oficiales, porque eso depende del tema financiero y del hecho que la curva epidemiológica de contagios sigue subiendo.

Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/regreso-a-clases-ministerio-de-educacion/786993/2020/

Comparte este contenido:

Organizaciones sociales dominicanas exigen despenalizar aborto

Organizaciones sociales dominicanas exigen despenalizar aborto

Las organizaciones sociales también convocaron a un Pañuelazo de Esperanza virtual.

El Foro Feminista de República Dominicana, junto a otras organizaciones sociales del país caribeño ha lanzado este miércoles una jornada verde por la vida, la salud  y la dignidad de las mujeres, demandando a su vez un código penal que tipifique violencia contra las mujeres,  feminicidio y que incluya las tres causales del aborto violencia.

Los movimientos feministas dominicanos convocaron además a un Pañuelazo de Esperanza virtual, en el cual plantearán como tres causales para ejercer el aborto cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, cuando hay malformación del feto que impide la vida después del nacimiento o cuando el embarazo es producto de una violación sexual o incesto.

A través de diferentes estudios publicados con anterioridad, el Centro de Investigación para la Acción Feminista (Cipaf) ha respaldado la petición de las féminas. De ese modo el Cipaf expresó  su preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas mujeres en el país.

Por ello, esta organización de la sociedad civil, inició el pasado noviembre una campaña de concientización dirigida a la ciudadanía, actividades las cuales tendrán promoverán la despenalización del aborto.

República Dominicana es uno de los cinco países que prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia, incluidos los casos de menores abusadas. Por ello la entidad defensora de los derechos de la mujer considera que el tema pone en evidencia la falta de protección y garantías por parte del estado a incluir derechos que respeten y valoren a las mujeres.

A su vez, el senado de la República Domincana aprobó este miércoles, en primera lectura, el proyecto de ley del código civil dominicano que elimina el matrimonio infantil y que llevaba varios años siendo discutido en el Congreso Nacional. La moción formaba parte de las luchas consecutivas de los grupos sociales que se han manifestado este día.

Fuente de la Información: https://www.telesurtv.net/news/organizaciones-sociales-dominicanas-exigen-despenalizar-aborto-20201216-0051.html

 

Comparte este contenido:

Guatemala: La vacuna de la discordia

La vacuna de la discordia

Por Carolina Vásquez Araya |

Fuentes: Rebelión

Una puerta hacia la normalidad, esa es la promesa de la vacuna.

Asumido el hecho de estar todos bajo la amenaza del contagio, surgen otras decisiones.

Entre promesas y dudas, datos comprobados y especulaciones, opiniones científicas y ofertas políticas, la vacuna hace su aparición y abre de pronto la puerta hacia un hipotético regreso a lo que considerábamos “la normalidad”: esto es, un cierto estado de libertad en un ambiente desprovisto de la amenaza viral a la cual estamos expuestos. Los debates sobre la efectividad, los riesgos y la postura ética de laboratorios conocidos por su orientación mercadológica, han rebasado la capacidad de absorción de tanta información contradictoria, y el público permanece a la espera de obtener respuestas claras y garantías mínimas.

El mundo científico está dividido frente a este recurso de emergencia y su incertidumbre comienza a infiltrarse hacia una población lega, ansiosa de creer en el remedio mágico de una vacuna cuyos efectos de mediano y largo plazo aún no han sido probados. Pero las dificultades no paran ahí. Uno de los mayores obstáculos presentados a los países comprometidos a iniciar las vacunaciones entre sus habitantes es la complicada logística en el almacenamiento, distribución y aplicación de la vacuna en forma masiva.

La desarrollada por el laboratorio Pfizer, por ejemplo, requiere de una cadena de frío inexistente en la mayoría de países del mundo. Es decir, para mantener el producto en perfectas condiciones, necesita una infraestructura que le garantice su conservación a -70 grados Celsius, un nivel de frío semejante a la temperatura del ártico. Sin embargo, aseguran los expertos que esta exigencia tampoco es insuperable, ya que en la República Democrática del Congo se pudo inmunizar contra el ébola a más de 300 mil personas con una vacuna que exigía requerimientos de temperaturas semejantes a las de Pfizer contra el Covid19.

Antes de cantar victoria con un recurso de emergencia como las vacunas desarrolladas en tan corto tiempo, es preciso comprender que los obstáculos presentados por las comunidades alejadas de los centros urbanos –los cuales tampoco poseen los recursos necesarios, sobre todo en países en desarrollo- en donde predominan la pobreza, la falta de agua y de infraestructura sanitaria, colocan a sus habitantes en una situación de riesgo extremo. Y es importante señalar que este segmento de población vulnerable es la inmensa mayoría de la población mundial. Por tal motivo, además del tiempo requerido para crear un sistema suficientemente eficaz para inmunizar a un porcentaje mayoritario, las esperanzas de un freno efectivo a la pandemia se reducen a ciertos núcleos urbanos favorecidos por su acceso a los beneficios de un mayor nivel de desarrollo.

Aun cuando la discusión sobre la efectividad y la seguridad de las vacunas desarrolladas por los más importantes laboratorios está planteada -tanto en círculos científicos como políticos- la realidad es que la población está ansiosa por aceptar como buena una solución que le permita retomar sus actividades normales y le prometa brindarle un efectivo parapeto contra el virus. La gente está cansada de vivir una realidad incómoda, limitante y precaria. Está, además, razonablemente temerosa por la pérdida de sus derechos civiles ante decisiones arbitrarias de ciertos gobiernos que se aprovechan de la crisis para adoptar medidas dictatoriales.

Es importante tomar en cuenta, de paso, que los países más ricos se adjudicaron ya la provisión prioritaria de vacunas, por lo cual los más pobres deberán esperar varios meses antes de obtener la cantidad suficiente para asegurar la inmunización de un porcentaje mayoritario de su población.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/la-vacuna-de-la-discordia/

Comparte este contenido:

Guatemala, a dos siglos de la República fallida, Asamblea Constituyente Plurinacional

Guatemala, a dos siglos de la República fallida, Asamblea Constituyente Plurinacional

Por Itzamná Ollantay

El sistema neoliberal atrofió a los bicentenarios estados naciones de Abya Yala a tal grado que en pleno festejo oficial de los “agasajos bicentenario” de éstos, los pueblos y sectores excluidos plantean desde las calles y plazas la urgente necesidad de nuevos procesos de asambleas constituyentes plurinacionales para consensuar y fundar nuevos estados. Ocurre en Perú, Chile, Guatemala… Bolivia tomó la delantera.

¿Cómo y dónde nace la demanda de la Asamblea Constituyente Plurinacional en Guatemala?

En el caso de Guatemala, la propuesta del proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional (ACPP) surgió en 2012, cuando el entonces Presidente Otto Pérez Molina intentó impulsar una reforma constitucional que no prosperó.

En aquella oportunidad, comunidades indígenas y campesinas organizadas en resistencia, y articulados en el movimiento sociopolítico Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), salieron a las calles bajo la consigna: “No a la reforma constitucional, Sí a una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional”.[1]

En ese entonces, incluso opinadores progresistas, dirigentes de las izquierdas políticas y sociales…, con cierto desprecio, catalogaron a CODECA de ilusos, radicales… “No hay condiciones subjetivas, ni objetivas para una Asamblea Constituyente. No tenemos correlación de fuerzas políticas a favor…”, fueron algunos de los “argumentos” en contra de la Constituyente. ¡Ni pensar en una Constituyente Plurinacional![2]

Meses después, CODECA, bajo los árboles de cacao, en Costa Sur, de manera inédita, sorprendió al país con la aprobación, en una multitudinaria asamblea plurinacional, de su propuesta titulada: Vamos hacia un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional.[3]

Como nunca antes en la bicentenaria historia republicana del país, indígenas y campesinos proponían 14 ejes temáticos para el debate en la próxima Asamblea Constituyente Plurinacional. Incluso, con propuestas básicas de metodología y la conformación del sujeto constituyente plurinacional.

En 2015, cuando la “sociedad civil” protestaba en contra de la corrupción, las comunidades de CODECA también salieron a las calles exigiendo y convocando a la ciudadanía movilizada a acuerpar la propuesta del proceso de ACPP.[4] Pero, la “efervescencia ciudadana” se acabó cuando el gobierno norteamericano llamó al “orden democrático electoral” a la sociedad civil movilizada y al país.

Propuestas de reformas al Estado de Guatemala

Las ONG y asociaciones aglutinadas en Waquib’ kej, en 2015, con el apoyo del PNUD, publicaron y presentaron una propuesta de reformas al Estado.[5] El Concejo del Pueblo Maya (CPO), publicó un documento sobre la necesidad de construir un Estado Plurinacional en Guatemala.[6] Si bien estos documentos planteaban reformas al Estado, pero aún no mencionan la Asamblea Constituyente Plurinacional para conseguir dichas reformas.

Para acelerar el proceso constituyente plurinacional indígenas y campesinos crean su propia organización política

Para el 2018, las comunidades y pueblos en resistencia de CODECA, MRRP, CNOC… sorprenden nuevamente al país al crear, por vez primera en la historia de dos siglos de República, una organización política con sello y aroma indocampesina (Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP) con la finalidad de acelerar el proceso de ACPP.[7] Nunca antes, indígenas y campesinos habían logrado constituirse en sujeto sociopolíticos. Apenas, si acaso, se les había permitido como folclóricos sujetos culturales.

Desde el 2012, CODECA, y ahora, con su brazo político MLP, no ha parado en su apuesta por la construcción ascendente y asamblearia del sujeto constituyente plurinacional en diferentes territorios y pueblos del país. Las propuestas para los contenidos de la nueva Constitución Política Plurinacional se ha convertido en el horizonte teórico que moviliza la voluntad colectiva de las comunidades y pueblos en resistencia

Y allí, van, (como les dijera, en 2014, Otto Pérez Molina) como un “cáncer social” contagiando la idea/demanda de la ACPP, ya no únicamente en el área rural del país, sino también en el relato de las organizaciones de la sociedad civil y estudiantes movilizados en estos tiempos.

Está más que claro que Guatemala no necesita únicamente destituir gobernantes para que nuevos administradores perversos asuman el gobierno como si fuese una finca. El país necesita debatir ¿por qué Guatemala debe funcionar como finca? ¿Por qué no consensuar el diseño de un Estado Plurinacional?… Y, este debate se hace en el marco de un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional originario (con poder absoluto).

Fuente: Telesur

Fuente de la Información: https://comandorojosocialista.ga/?p=2643

Comparte este contenido:

Puerto Rico: Contraloría señala adiestramientos cobrados a Educación nunca ofrecidos

América Central/Puerto Rico/13-12-2020/Autor(a) y Fuente: www.metro.pr

La corporación presentó información falsa a Educación para cobrar $60,500 en servicios no prestados.

La Contraloría de Puerto Rico publicó el resultado de la investigación de una querella relacionada con la facturación de servicios de talleres y adiestramientos no ofrecidos en el Departamento de Educación (DE).

La investigación revela que una corporación contratada del 2014 al 2015, para ofrecer talleres sabatinos y adiestramientos a maestros del Plan de Trabajo 14-22-Aprendizaje Matemático en el Contexto de la Sociedad del Siglo XXI, presentó documentos con firmas alteradas e información falsa para justificar el cobro de $60,500 por servicios no prestados. La prueba documental y testifical evidencia que 39 maestros y facilitadores indicaron no haber tomado los adiestramientos y 37 no recordaban haberlos tomado.

Además, tras la verificación de las facturas y mediante declaración jurada, dos entrenadores indicaron que no ofrecieron los 61 servicios de adiestramiento del proyecto de matemáticas Mathcloud; otros dos entrenadores validaron que no ofrecieron los 118 servicios de adiestramiento del proyecto educando matemáticos, Edumat; cuatro entrenadores expresaron desconocer que la corporación había utilizado sus nombres para facturar 179 servicios de adiestramiento, y uno de ellos indicó que no cualificaba para ser entrenador.

La profesora proponente del proyecto, quien certificó las facturas de la corporación, dijo que se seleccionó dicha corporación del catálogo de licitadores elegibles y designó una encargada para preintervenir las facturas. Sin embargo, la profesora afirmó que no preintervenía ni revisaba las facturas y tampoco corroboraba que los servicios facturados se hubiesen ofrecido, salvo alguna ocasión que visitó los adiestramientos.

La encargada de preintervenir las facturas le comentó a los auditores de la Contraloría, que su trabajo era voluntario, que verificaba la documentación requerida por la Oficina de Asuntos Federales, que no participó en la selección de la corporación y que tampoco corroboraba si los servicios facturados fueron ofrecidos.

Estas situaciones se refirieron al Negociado Federal de Investigaciones, al Departamento de Justicia Federal y a la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación de los Estados Unidos, el 26 de julio de 2019.

El Informe concluye que la exdirectora del Programa pudo haber incurrido en negligencia al no verificar y permitir que una persona sin autoridad de ley certificara las facturas objeto de esta investigación. Además, se pudo haber configurado los delitos de apropiación ilegal agravada, fraude, falsedad ideológica y negligencia en el cumplimiento del deber, entre otros, tipificados en la Ley 146-2012 del Código Penal de Puerto Rico.

Fuente e Imagen: https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/12/09/contraloria-senala-adiestramientos-cobrados-educacion-nunca-ofrecidos.html

Comparte este contenido:
Page 137 of 1238
1 135 136 137 138 139 1.238