América Central/ EL Salvador/17-05-2020/Autor(a) y Fuente: www.elsalvador.com
El Instituto de Derechos Humanos (Idhuca) dice que hubo un irrespeto a la familia y un error de parte del gobierno en no garantizar la salud del profesional y de otras víctimas mortales por el COVID-19.
La Universidad José Simeón Cañas, a través de su Instituto de Derechos Humanos (Idhuca), calificó el fallecimiento del ingeniero Carlos Henríquezcomo una profunda equivocación, un ejemplo claro de la improvisación y desorganización del gobierno para atender a las personas que ingresaron al país al inicio de la emergencia.
El Diario de Hoy publicó el martes 23 de abril, horas después de su muerte, cómo el profesional intentó someterse de buena fe a la orden del gobierno, cuando regresaba de Guatemala el 11 de marzo, y cómo rogó a las autoridades para que le brindaran atención médica.
El ingeniero se contagió de COVID-19 en el centro de contención de la Villa Centroamericana en Ayutuxtepeque, San Salvador, y murió el 22 de abril, sin una atención médica adecuada en el hospital San Rafael, según su familia.
En un informe reciente, el Idhuca detalla cómo el gobierno le negó al ingeniero su derecho a la salud y cómo irrespetó y ocultó información a la familia de la víctima.
“Los centros de contención y el sistema médico-hospitalario, más allá de las complicaciones de salud del Ingeniero, se equivocaron rotundamente en los procedimientos. Se puede entender que a un enfermo grave se le sustraiga el teléfono. Pero es incomprensible la falta de comunicación médica con la familia del enfermo, máxime si éste no puede comunicarse con sus allegados”, cuestiona el informe.
Según el Idhuca, el Estado “desde el momento que determinó de forma generalizada y arbitraria que toda persona debía someterse a cuarentena, en un centro de contención al entrar al país, debió velar por el derecho a la salud e integridad de las personas que estaban bajo su cuido”.
“En el caso del fallecido, la actuación del Estado difirió ampliamente en el estándar para dar atención médica. Al llegar al país, y pesar de ser conocedores que tenía 67 años y padecía de hipertensión, no se le hizo ninguna evaluación médica y mucho menos la prueba del COVID-19. Simplemente fue llevado de forma coercitiva a un centro de cuarentena junto con otras personas”, se concluye en el documento.
Agrega “que cuando su salud ya era grave después de haber pasado varios días en Villa Olímpica -Centroamericana-, en un primer momento se le negó la atención médica en un hospital. Con argumentos políticos y no médicos, lo remitieron a un hostal donde no se le brindó la asistencia sanitaria que requería”.
Cuando la familia del ingeniero presionó por su salud, se pidió que un doctor especialista le hiciera una evaluación médica, pero su estado de salud ya era grave.
“En esta línea, es cuestionable según especialistas médicos, el traslado a tres hospitales distintos en menos de un mes; y debe hacerse especial énfasis a la situación que vivió en el Hospital San Rafael, donde no se le pudo realizar hemodiálisis por falta de los instrumentos médicos necesarios”, indica el documento.
Línea de hechos
Agnes Callamard, Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, recientemente señaló la obligación que tiene el Estado ante las personas que tiene bajo su custodia y/o cuido. En este sentido, decía de forma literal que el Estado es responsable de su vida e integridad personal. La muerte resultante de la denegación de saneamiento, espacio adecuado, ventilación adecuada o atención médica adecuada es una muerte arbitraria de la que es responsable el Estado.
Para el Instituto de Derechos Humanos, el Estado desde el momento en que determinó de forma generalizada y arbitraria que toda persona debía someterse a cuarentena en un centro de contención al entrar al país, debió velar por el derecho a la salud e integridad de las personas que estaban bajo su cuido.
“Lamentablemente, tal y como ha quedado ejemplificado en la cronología de los hechos y con las fotos que se acompañan al presente informe, las condiciones de salubridad del albergue de Villa Olímpica-Centroamericana-, no eran las idóneas para tener a las personas que regresaban al país. Además, las personas pasaron hacinadas, medida totalmente contraproducente a la recomendación médica. Es decir, el Gobierno con estas medidas provocó un deterioro grave de la salud e integridad personal del ingeniero Henríquez”, se afirma en el informe del Idhuca.
El Idhuca afirma que el gobierno le mintió a la víctima, ya que estableció un protocolo de actuación con algunas excepciones a la cuarentena no domiciliar de treinta días; una de las excepciones era las personas mayores de 60 años. Esta información fue publicada en la cuenta oficial de Casa Presidencial en Twitter, y es la misma que la Embajada de El Salvador en Guatemala le compartió al ingeniero Henríquez el día 12 de marzo.
Por eso el profesional accedió a ingresar al país, según su familia, confiado en que se iría a su casa a mantener la cuarentena domiciliar, pero no fue así.
“Al ingeniero Henríquez entre las 12 y 24 horas de su llegada no se le hizo ninguna evaluación médica y mucho menos la prueba del COVID-19 -esta no se la hicieron hasta el 27 de marzo de 2020. Sin prueba ni atención especial por su edad y los padecimientos de salud que tenía -hipertensión- fue privado de libertad y sometido a internamiento forzoso donde convivió en hacinamiento, con personas que venían de Europa -vía Panamá- y de Guatemala”, sostiene el Idhuca.
Para esta institución, el caso de esta víctima no es el primero en que alguien muere durante la cuarentena y cuya muerte implica serias responsabilidades estatales.
“Reflexionar sobre las deficiencias de un sistema de cuarentena que funciona con desorganización, sin transparencia con las personas y con claros signos de autoritarismo y falta de ética médica es imprescindible para salvar vidas. Tener un poco más de humildad y reconocer errores es mucho más propio de un gobierno democrático que empeñarse de denigrar la gestión de otros países y ocultar las propias debilidades”, finaliza el pronunciamiento.
Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/uca-coronavirus-idhuca-ingeniero-villa-olimpica/714601/2020/
Cuba cuenta desde abril del 2019 con la primera Constitución en su historia y una de las pocas en el mundo que respalda de modo explícito los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBTI).
La nueva Carta Magna es el resultado de más de una década de activismo ciudadano e institucional por los derechos sexuales de las personas LGBTI, de una progresiva labor política y gubernamental en función de la educación integral de la sexualidad, y de la creciente superación de la homofobia y la transfobia entre la población cubana.
Varios son los artículos del nuevo texto constitucional que sostienen la base sobre la cual debe edificarse e interpretarse el ordenamiento jurídico en lo adelante, que impactarían directa o indirectamente en esta lucha por garantizar los derechos sexuales.
En el artículo 1 se habla de los principios fundamentales y se hace alusión a la igualdad, que en esta ocasión se acompaña de la equidad. Ello debe impactar en el resto del texto y la legislación que a partir de la misma se estructure. Como valores esenciales de nuestro contexto político – social, este será uno de los fundamentos que acompañe en primera instancia la modificación del Código de Familia.
Por primera vez, hay una alusión muy concreta y menos dispersa a la cuestión de los derechos y sus garantías. Nuestra Constitución habla de Derechos Humanos, un término que no es ajeno a nuestra realidad política, aunque por mucho tiempo lo manipularon quienes tienen el propósito de generar dificultades al desarrollo de nuestro proyecto social.
En este sentido, el artículo 40 contiene el fundamento utilizado en todos los contextos avanzados en temas de derechos sexuales, particularmente en cuestiones relativas al tema de la orientación sexual e identidad de género, que suelen ser los más controversiales unido a los temas reproductivos, como el caso del aborto. En él, nuestra Constitución reconoce como valor supremo la dignidad humana, para el reconocimiento del ejercicio de los deberes y derechos consagrados en el texto.
El artículo 41 incorpora además un grupo de principios como el de progresividad –que no estaba en el texto anterior-, y es un límite claro al legislador u autoridades que generan normas jurídicas. Indica que nunca puede haber retrocesos en el reconocimiento de derechos: los que están, se quedan; y lo que debe suceder es que se amplíe dicho catálogo.
A la progresividad también se le conoce como “efecto escalera” en materia de derechos humanos: siempre ascendente, nunca descendente. Esto genera una seguridad jurídica importante porque fija límites a la producción legislativa en temas de derecho.
Por otra parte, el artículo 42 tiene un amplio impacto y alcance. Introduce el principio de no discriminación por razones de sexo, género —esto es un asidero constitucional para atender las realidades intersexuales, utilizando el sexo con la implicación biológica que tiene—, orientación sexual e identidad de género.
Esto no tiene precedentes en el área y a nivel mundial, somos pocos los países – específicamente hay 10 – que proscriben la discriminación por orientación sexual e identidad de género, elevándolo al rango constitucional.
Este acápite obligará al legislador a revisar todas las normas jurídicas que en nuestro país resulten inconstitucionales, si generaran alguna discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Discriminación en una norma no es necesariamente que se denigre, subvalore o se prohíba el acceso a algún servicio a un grupo de personas; es también cuando se omite, no se es claro, cuando solo se reconoce a un grupo de personas y se omiten a otros grupos y/o cuando no se regulan determinadas realidades o necesidades.
Habrá que repasar entonces también nuestro Código Penal para incorporar, con la fórmula más atinada, una protección a las personas cuyos derechos resultan lesionados por motivo de su orientación sexual e identidad de género.
A la luz de este artículo habrá que echarle un vistazo también a la Ley de salud y todo lo que las investigaciones en el país están revelando con respecto a las desigualdades, inequidades y brechas en el acceso a servicios de salud.
Habría incluso que diseñar mecanismos para que las personas que sientan no tener acceso al servicio puedan generar las quejas pertinentes y obtener las respuestas necesarias, así como los procedimientos en caso de que se necesiten por vía judicial.
Se debe revisar además, todas aquellas normas en los procesos de enseñanza y aprendizaje que generan brechas de discriminación y estereotipos de género.
Igualmente se ha de trabajar en la Ley de registro civil y su reglamento, que actualmente veda la posibilidad – sobre todo por la interpretación de la norma – de que las personas transgénero puedan modificar su nombre por vía administrativa, y quede como único camino la cirugía de readecuación genital para entonces acceder a estas modificaciones.
Otro de los elementos estrechamente vinculado al reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales en el texto constitucional y que deben hallar una necesaria expresión en las leyes complementarias es el derecho a formar una familia, a tener hijos e hijas o no tenerlos.
Nótese que el capítulo III habla de las familias, en plural. Las normas no solo buscan retratar una realidad social particular y organizarla, ordenarla y regularla; también tienen una vocación educativa, modificar el contexto que están regulando.
El artículo 81 establece que “Toda persona tiene derecho a fundar una familia. El Estado reconoce y protege a las familias, cualquiera sea su forma de organización, como célula fundamental de la sociedad y crea las condiciones para garantizar que se favorezca integralmente la consecución de sus fines”.
Estos fines no fueron colocados en el texto constitucional, una interesante decisión, porque se desmarca la procreación como fin último de la familia, algo armónico con la idea de comprender las distintas regulaciones de las familias.
Este artículo es reconocimiento y garantía de manera directa de un grupo de derechos sexuales consagrados a nivel internacional, como el derecho a formar una familia sin importar la configuración de estas y a tener hijos o hijas o no tenerlos.
El artículo 82 destierra toda distinción o alusión al binarismo hombre-mujer en lo relativo a la relación jurídica matrimonial y habla solo de cónyuges. Define el matrimonio de manera sintética y remite a una ley de desarrollo. Reconoce las uniones de hecho, estables, singulares, que antes no estaban consagradas en el texto constitucional y habla de las uniones en términos generales.
Falta personal y recursos. Esta es una de las claves que la pandemia ha hecho que mucha gente viera con claridad. Otras ya lo habían hecho y llevaban tiempo denunciando algunas situaciones. Es el caso de Save the Children. La ONG acaba de hacer público un documento en el que repasa la situación que ha dejado a la vista el estado de alarma, como la orilla cuando baja la marea.
El cierre de centros educativos en todo el país y la puesta en marcha de un sistema de enseñanza a distancia (en línea o no) ha supuesto y supone enormes retos y abre, aún más, algunas de las brechas que el sistema educativo presencial podía, cada día, intentar salvar: la falta de recursos materiales de muchos alumnos, la brecha de estudios de las familias, la falta de personal de atención a la diversidad, de orientación, de trabajadores sociales… La lista es larga y no solo afecta a los centros.
Save the Children también se centra en los problemas que provocará la crisis económica que ya muchas familias están padeciendo en relación a la posible o efectiva pérdida de ingresos en estas semanas y en las venideras, así como las condiciones de vida de muchas de ellas. La falta de espacios o el hacinamiento en muchas viviendas, por ejemplo. También, la propia situación de confinamiento, de aislamiento en la que se encuentran muchas niñas y niños en todo el país.
Pero, además de señalar las brechas que se van abriendo, la ONG pone sobre la mesa una completa batería de medidas que cree imprescindibles para recuperar la situación, no solo ahora, también durante los meses de verano y a partir del próximo curso.
Y cifra en 4.200 millones de euros las inversiones que el Gobierno y las comunidades autónomas deben poner sobre la mesa para hacerlo. Un dinero que habría que invertir, por ejemplo, en la contratación de más personal de apoyo, de orientación y PTSC para evitar, en buena medida, las dificultades en el seguimiento del curso, en el afrontamiento del próxmo y ante el riesgo de desenganche de mucho alumnado que, fácilmente, podría llenar las estadísticas de abandono y fracaso escolar en un futuro relativamente cercano.
Álvaro Ferrer, técnico de incidencia política y equidad educativa de la ONG tiene claro que «estamos en un momento difícil» económicamente hablando, pero hay que planificar «con lógica a largo plazo». Catalina Perazzo, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia en Save the Children es más directa: «La educación necesita un plan Marshall».
Propuestas
Debe haber una potente inversión, «contracíclica», señala Perazzo, que ponga en el centro de la recuperación, también, a la educación con la visión puesta en la equidad. Al menos, así lo cree Andrés Conde, director de Save the Children. «Sin inversión hay un riesgo muy importante de que paguemos cara la brecha de desigualdad educativa que se va a generar en términos de repetición, de trayectorias educativas desiguales, abandono escolar. Tenemos que invertir ahora en recursos», asegura Álvaro Ferrer. Insiste Conde en que el Gobierno debe liberar recursos para que las comunidades autónomas puedan acometer las inversiones.
Entre ellas, la puesta a disposición del alumnado con más dificultades de recursos tecnológicos suficientes, en préstamos, para que puedan hacer frente a una posible vuelta a las aulas en un sistema mixto, presencial y a distancia. A esto, habría que poner dinero sobre la mesa para ofrecer la formación suficiente al personal docente para adecuarse a esta forma de enseñanza ya que la ONG ha detectado, en los centros donde desarrolla su labor en España, una gran escasez de formación pedagógica en el uso de las tecnologías.
También se apuesta por la recuperación de los programas PROA que estuvieron funcionando hasta 2011, con especial foco en el refuerzo inversor en recursos personales y materiales para los centros que escolarizan al alumnado con mayores dificultades socioeconómicas. Que, recuerda Andrés Conde, ya estaba antes infrafinanciado en muchos territorios.
Save the Children defiende, de cara al próximo curso, la puesta en marcha de proyectos curriculares en horario extraescolar para grupos pequeños de alumnos que estén en mayor riesgo de desconexión y futuros fracaso y abandono escolares, retomando también los PROA. También, la urgente revisión de los currículos de las materias para acercarse a un enfoque más competencial, agrupados también por áreas de conocimiento frente a las materiasl encapsuladas.
Y de cara al verano, propone, a expensas de la situación sanitaria en el territorio, la puesta en marcha de una gran cantidad de campamentos de verano, de cuatro o ocinco semanas de duración, con grupos nno mayores de 15 chicas y chicos, en los que deben tratarse contenidos curriculares de manera clara. «Son los criterios que sabemos que funcionan en este tipo de intervenciones», asegura Ferrer.
En este sentido, el técnico de Save the Children, mira hacia programas como Educació 360 en Cataluña que ya desde hace algún tiempo intentan alinear los aprendizajes formales con los informales, el dentro y fuera de la escuela.
Otra de las necesidades que quiere cubrir la organización tiene que ver con el bienestar psicoemocional de la infancia en este confinamiento y después. De ahí su apuesta por refozar los equipos de orientación de los centros, así como la apuesta por la contratación de más PTSC (profesor técnico de servicios a la comunidad) que puedan ayudar al alumnado con más dificultades a no desengancharse de los centros, de su profesorado y del resto de estudiantes.
En Marzo 2020 la UNESCO celebró una reunión virtual de representantes de los ministerios de ciencias de todo el mundo. Participaron en ella 77 ministros, comprendidos secretarios de Estado, en representación de un total de 122 países, así como la Sra. Mariya Gabriel, Comisaria Europea de Investigación e Innovación, la Sra. Sarah Anyang Agbor, Comisaria encargada de las ciencias de la Unión Africana, el Sr. Moisés Omar Halleslevens Acevedo, ex Vicepresidente de Nicaragua y el Dr. Soumya SWAMINATHAN, Director Científico de la Organización Mundial de la Salud.
El propósito de la reunión era debatir acerca de la importancia de la cooperación internacional en materia de ciencias y de una mayor inversión en esos ámbitos en el contexto de la COVID19.
Se trató ampliamente la importante cuestión de la ciencia abierta, sobre la que la UNESCO ha estado preparando una recomendación internacional desde noviembre de 2019.
La Directora General de la UNESCO, Sra. Audrey Azoulay, hizo un llamamiento a los gobiernos para que intensificaran la cooperación científica e integraran la ciencia abierta en sus sistemas de investigación a fin de prevenir y atenuar las crisis mundiales.
“La pandemia de COVID-19 nos sirve para tomar conciencia de la importancia de la ciencia tanto para la investigación como para la cooperación internacional. Esta crisis también pone de manifiesto la necesidad urgente de mejorar el intercambio de conocimientos a través de la ciencia abierta. Ha llegado el momento de que todos nos comprometamos”, dijo la Sra. Audrey Azoulay.
Según la Sra. Swaminathan (OMS), “la colaboración es fundamental para el conocimiento y el intercambio de datos, así como para lograr avances en la investigación sobre la COVID-19. En un momento en el que las barreras comerciales y los obstáculos logísticos impiden la circulación de bienes esenciales, es importante destacar que se deber permitir que la ciencia dirija la respuesta mundial a esta pandemia”
Por su parte, la Sra. Anyang Agbor (Unión Africana) subrayó que “África necesitaba una empresa de investigación más sólida que pudiera movilizar al mundo universitario y a los sectores público y privado. La Unión Africana reconoció a finales del pasado año que la ciencia abierta podía cambiar la situación en la lucha contra las desigualdades”.
Durante las últimas semanas, la comunidad científica internacional se ha movilizado para responder a la emergencia, compartiendo y poniendo a disposición gratuitamente los resultados de las investigaciones, y mediante una reforma sin precedentes de sus métodos (apertura del repertorio de virus a todos por parte de las principales publicaciones científicas, publicación de más de 1 000 artículos de investigación científica de libre acceso en respuesta al llamamiento de la OMS y creación de consorcios internacionales de investigación en pocos días, lo que permite un rápido progreso y la secuenciación del ADN del virus en pocas semanas).
“Todos dependemos de la ciencia para sobrevivir”, concluyó el Sr. Marcos Pontes, Ministro de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicación del Brasil.
Por lo que se refiere a la ciencia abierta, en la reunión se trataron los siguientes aspectos:
· La puesta en común de los conocimientos y de las iniciativas en apoyo de la investigación científica y la reducción del déficit de conocimientos entre los países.
· La movilización de los encargados de la adopción de decisiones, los investigadores, los creadores de innovaciones, los editores y la sociedad civil para posibilitar el libre acceso abierto a los datos científicos, los resultados de las investigaciones, los recursos educativos y las infraestructuras de investigación.
· El fortalecimiento de los vínculos entre la ciencia y las decisiones políticas para satisfacer las necesidades de la sociedad.
· La apertura de la ciencia a la sociedad incluso cuando las fronteras se cierran.
Gigantes tecnológicos como Facebook, Google, Apple o Microsoft, entre otros, se han unido más que nunca para luchar contra las fake news. Con la crisis del coronavirus, circulan muchas noticias falsas a través de diferentes plataformas sociales, lo que les ha llevado a tomar medidas para luchar contra los bulos.
La crisis de la COVID-19 ha provocado la unión de empresas tecnológicas con el mismo fin: acabar con la circulación de las noticias falsas. Desde hace semanas, las diferentes plataformas han anunciado medidas con las que limitar y poner trabas aquellas informaciones no veraces.
La alianza histórica entre Google y Apple
Una de las grandes sorpresas que está dejando esta crisis mundial es la alianza entre Google y Apple. Ambos han acordado una lucha conjunta mediante el rastreo de datos a través de una aplicación. Podrán ofrecer al usuario la forma exacta de saber si ha estado en contacto con alguna persona contagiada y, por ende, tomar las medidas para no propagar el virus.
Google también ha llegado a un acuerdo con otros gigantes tecnológicos como Facebook, Microsoft o Twitter. A través de un comunicado, han anunciado el acuerdo con el que planean crear nuevas medidas desde sus plataformas para frenar la circulación de informaciones falsas. Pero no son los únicos en aunar fuerzas, pues cada día más plataformas sociales se unen a esta ‘moda’ y establecen más medidas de control con las fake news.
Las redes sociales establecen nuevas medidas para frenar las informaciones falsas
Instagram, Twitter o Facebook, entre otras, también se hacen valer de su búsqueda personalizada para recomendar cuentas oficiales. Cuando los usuarios buscan «coronavirus», la plataforma indica aquellas fuentes oficiales de referencia a las que acudir para recibir información contrastada y fiable. Así como limitar el alcance y la visibilidad en publicaciones falsas o de contenido dañino para el usuario.
Además de las medidas contra las noticias falsas, muchas de estas empresas también están haciendo aportaciones económicas a diferentes entidades para apoyar proyectos. Por ejemplo: TikTok ha hecho una donación a Europa para profesionales del sector sanitario y educativo.
El contenido audiovisual, en alza durante el confinamiento
Empresas y medios de comunicación tienen por delante un reto muy importante: buscar el interés del público joven. Su interés prima por el contenido audiovisual, por lo que, herramientas como TikTok o YouTube pueden ayudar a acercar informaciones de calidad de una forma atractiva para ellos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha abierto su propio perfil en TikTok para ofrecer información veraz acerca de la pandemia.
Las plataformas de contenido audiovisual se han convertido en una herramienta imprescindible durante esta cuarentena. Son muchas las páginas que ofrecen entretenimiento o recursos educativos para continuar aprendiendo desde casa y recibir información de calidad. Cada plataforma, y a su manera, está ofreciendo diferentes medidas para que el contenido que el usuario reciba sea fiable por fuentes oficiales, tal y como se resume en esta imagen interactiva:
Liderazgo, firmeza, elocuencia y empatía por los más vulnerables están entre las de las carácterísticas de presidentas y primeras ministras que se han enfrentado con todo su ingenio al COVID-19 para proteger a su población. A pesar del éxito de las mandatarias, actualmente solo 20 de 193 países miembros de la ONU están liderados por una mujer. Noticias ONU conversó con la presidenta de la Unión Interparlamentaria sobre los retos de igualdad de género que aún enfrenta el ámbito político.
En las últimas semanas, medios de todo el mundo han publicado artículos en los que se destaca el trabajo de varias mujeres jefas de Estado durante la pandemia del coronavirus.
Países dirigidos por mandatarias como Nueva Zelanda, Islandia, Alemania, y Dinamarca, entre otros, han sido reconocidos por iniciativas que han resultado efectivas en el manejo de la crisis del COVID-19, algo que es significativo cuando se tiene en cuenta que menos del 10% de todas las naciones del mundo están lideradas por mujeres.
“Las mujeres líderes han tenido una particular disciplina, sensibilidad y capacidad de respuesta frente a esta pandemia, y por ello han podido desarrollar mejores políticas para ahora y para el futuro”, asegura Gabriela Cuevas, diputada federal mexicana y la actual presidenta de la Unión Interparlamentaria, la única organización que representa a la rama legislativa de los gobiernos en una escala mundial y promueve la cooperación.
Según Cuevas, las mujeres que están en cargos de decisión tienden a enfocarse en los bienes más esenciales como la salud y la educación, y en proteger a las personas que más lo necesitan, particularmente los niños.
“Por ejemplo, veíamos a la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, hablando de considerar como un trabajador esencial al Conejo de Pascua. Yo pienso que cuando un jefe de Estado es capaz de comunicarse incluso al nivel de los niños, es un ejemplo muy elocuente de las preocupaciones que tiene por los más vulnerables, que son a quienes más está afectando la crisis de salud, y que también probablemente afectará la crisis económica que apenas empieza”, dice.
ONU/Loey Felipe
Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Unión Interparlamentaria.
Sus afirmaciones son respaldadas por los datos. Según el más reciente Mapa de las Mujeres en el Poder de la Unión Interparlamentaria y ONU mujeres, los portafolios de las mujeres en puestos políticos alrededor del mundo manejan en su mayoría las siguientes prioridades:
Familia, niños, jóvenes, adultos mayores, y discapacitados
Problemas sociales
Medio ambiente, recursos naturales, energía
Trabajo y educación
Igualdad de género y cuestiones de mujeres
Se trata de temas que durante la emergencia actual son de especial motivo de preocupación para todo el mundo. El sistema de las Naciones Unidas y sus agencias, así como organizaciones a lo largo y ancho del planeta, han advertido que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado desafíos como la desigualdad, el desempleo y han puesto en peligro los derechos humanos de los más vulnerables.
Lo que hacemos las mujeres es priorizar a aquellos que son más vulnerables.
“Yo quiero destacar que también se trata de mujeres muy preparadas, la canciller alemana Ángela Merkel, por ejemplo, no solo ha demostrado sensibilidad si no también una gran capacidad técnica. Por su misma formación es alguien que es muy buena para comunicar sobre la pandemia y sus efectos, pero también las soluciones y haciendo un llamado muy específico y claro a su población, y por eso vemos como Alemania está teniendo muy buenos resultados”, agrega Cuevas.
Entre la respuesta de las jefas de Estado y Gobierno que han recibido elogios a nivel internacional se encuentra una actuación rápida a través de medidas para proteger a la población, incluidas el confinamiento, el rastreo de casos y el control de fronteras con apenas pocos casos de COVID-19; la comunicación clara y constante con los ciudadanos, a veces con información y conferencias de prensa exclusivas para niños; la disponibilidad de test para toda la población y el uso de las tecnologías; así como las alianzas con influenciadores digitales para promover los buenos hábitos de higiene.
“Lo que hacemos las mujeres es priorizar a aquellos que son más vulnerables y me parece que estas jefas de Estado han demostrado una gran determinación, son mujeres valientes, son mujeres inteligentes que no solamente han llegado a un cargo público si no que han demostrado un gran liderazgo, y que han logrado que su población siga los consejos del Gobierno”, expresa Gabriela Cuevas.
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ONU/Kim Haughton
La canciller alemana Ángela Merkel conversa con la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, en la Asamblea General de la ONU en 2019.
El panorama de las mujeres en la política
Actualmente solo 20 de los 193 Estados miembros de la ONU están liderados por una mujer. ONU Mujeres y la IPU aseguran que el progreso en la representación sigue siendo lento, pero hay avances: en 2005, solo ocho mujeres estaban el poder.
Más de la mitad de las mujeres jefas de Estado y de Gobierno están en Europa. Casi todos los gobiernos de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega) están encabezados por una mujer, con la excepción de Suecia.
En las Américas, hay tres mujeres líderes, la mitad de las que estaban en el poder en 2015. La región experimentó una disminución significativa en 2017, cuando el número cayó bruscamente a uno.
Tres mujeres se desempeñan como jefas de Estado o de Gobierno en Asia (Bangladesh, Nepal, Singapur), una en África (Etiopía) y una en el Pacífico (Nueva Zelanda). Ningún país de la región de los Estados Árabes ha tenido una mujer Jefa de Estado o de Gobierno.
En cuanto a los parlamentos y gabinetes ministeriales el progreso es mayor: las mujeres ahora representan el 50% de los puestos ministeriales en 14 países, frente a nueve en 2019. Otros 16 países tienen más del 40% de ministras.
Europa y las Américas son los líderes cuando se trata de tener paridad de género en los gabinetes. En dos países, España y Finlandia, las mujeres ocupan más del 60% de los escaños ministeriales. Finlandia se destaca además como el único país que tiene paridad de género en el gabinete y una mujer jefa de Gobierno.
ONU
Sanna Marin, primera ministra de Finlandia, durante la celebración del Dïa Internacional de la Mujer en la sede de la ONU.
¿Cómo lograr la igualdad?
“Me parece que, si bien hemos alcanzado de 1995 a ahora, pasar del 11% a casi el 25% de mujeres en parlamentos en todos los países y llegar ahora casi el 20% de mujeres ministras, no podemos pensar que nos tomará otros dos siglos para tener igualdad de género. Yo creo que la única forma de tener sistemas plenamente democráticos es con la inclusión de las mujeres. Eso es lo único que le va a dar legitimidad y efectividad a nuestras instituciones”, asegura Gabriela Cuevas.
Para la presidenta de la Unión Interparlamentaria la legislación de cuotas de género es indispensable para avanzar hacia la igualad.
La única forma de tener sistemas plenamente democráticos es con la inclusión de las mujeres.
“Porque muchos países se escudan en que así es la cultura, pues necesitamos cambiar la cultura para generar igualdad, y no va a haber un cambio de cultura a menos que haya un cambio institucional, es decir, leyes de cuotas de género. Me parece fundamental que tengamos instituciones políticas, leyes, presupuestos, que nos permitan avanzar. Si esperamos a que se trate de un cambio cultural, pues probablemente tengamos que esperar siglos. Y me parece que no podemos darles esa respuesta a nuestras hijas, a nuestras nietas, a las mujeres que hoy demandan y merecen plena igualdad”, afirma.
Para Cuevas, uno de los mayores retos que enfrentan las mujeres para llegar a cargos de poder es la falta de una red de servicios para apoyarlas a tener una vida integral.
“La forma en la que existen y viven nuestras sociedades condena a las mujeres a que sean ellas las únicas responsables del cuidado de los niños o de nuestros ancianos. O, por ejemplo, en mi país, en México, uno de cada cuatro hogares depende completamente del ingreso de una mujer. Pero no tenemos ni las guarderías ni las escuelas de tiempo completo que requerimos o no existen en muchos países derechos de propiedad para las mujeres o acceso a servicios financieros, a subsidios, apoyos e incluso en términos fiscales. Entonces creo que debemos trabajar, además de la legislación de cuotas, en generar un ambiente mucho más propicio para el involucramiento de las mujeres”, explica.
Otro factor fundamental para lograr la equidad de género tiene que ver por supuesto con la educación.
“Muchos de los estereotipos de género siguen siendo heredados por las madres, a sus hijos e hijas, o en muchos casos vemos a hombres que nunca fueron educados para la igualdad de género y que hoy se encuentran en importantes posiciones de poder. Entonces, creo que parte de la estrategia tiene que ser forzosamente trabajar en la vertiente educativa. También me parece fundamental explicarle muy claramente a la gente por qué es importante votar por mujeres”, asegura.
Mujeres que protegen mujeres
Gabriela Cuevas fue diputada federal de México apenas a los 21 años, cuando solamente el 11% de la cámara de 500 personas, estaba compuesta por mujeres. Hoy en día, después de un proceso de dos décadas, México es uno de los países donde la constitución establece que el 50% de las candidaturas debe ser obligatoriamente para las mujeres.
“Hoy en día en México es muy poca la gente que ya cuestiona por qué una mujer está en política o por qué son candidatas y cuando existen las cuotas de género, eso es forzar a los partidos políticos a que recluten, capaciten y apoyen más a las mujeres. Pero hay una segunda parte que es también una responsabilidad. Una vez que las mujeres llegamos a estos cargos de poder a una cámara de diputados o al senado, o un parlamento, es nuestra obligación ver por más y más mujeres. No podemos darnos el lujo de disfrutar el cargo, sino que tenemos la responsabilidad de utilizarlo para brindar las oportunidades a las mujeres que no han tenido la misma suerte que nosotras”, enfatiza la presidenta de la IPU.
ONU/Mark Garten
Maria Fernanda Espinosa, ex presidenta de la Asamblea General, junto a la primera ministra de Islandia y las presidentas de Estonia, Trinidad y Tobago. (izq a der)
Y es que, según los estudios, las mujeres líderes son además mucho más dedicadas a generar políticas públicas para proteger a otras mujeres, incluido en medio de la pandemia del coronavirus.
“En temas por ejemplo de violencia doméstica, en salud reproductiva, y también en entender lo difícil que es tener una vida profesional como mujer y al mismo tiempo cuidar de la familia, de los hijos de un entorno en nuestras comunidades. Entonces creo que esa sensibilidad que ellas han demostrado también las ha llevado a tomar decisiones muy importantes”.
La pandemia de COVID-19 tiene importantes dimensiones en materia de género ya que las mujeres se encuentran al frente de la respuesta, desde los hospitales hasta los hogares, donde también son más vulnerables a la violencia.
“Allí están las mujeres como una mayoría en el sector salud, en sectores de la limpieza, de la agricultura, de servicios. Y por supuesto cuando hablamos de servicios esenciales, los que nos mantienen vivos al día de hoy, tienen a una mayoría de mujeres atrás. Y además de todo este servicio público que están desempeñando, pues las mujeres tienen que seguir trabajando con sus familias, con sus comunidades, cuidando de sus niños y de nuestros ancianos. Si nosotros no vemos por las necesidades de esas mujeres que están proveyendo servicios esenciales y manteniendo el tejido esencial, pues nos vamos a colapsar”, advierte Cuevas.
Además, aparte de la discriminación sistémica que de por sí las mujeres enfrentan en tiempos normales, la pandemia exacerba las injusticias.
“Por ejemplo, los temas de ingresos y seguridad laboral, la falta de seguridad social o de cobertura en los servicios de salud y todo esto afecta de manera desproporcionada a las mujeres porque la mayoría trabajan en el sector informal. Y son quienes tienen muchas veces un salario menor, o incluso no reconocido. También se están enfrentando a la violencia dentro de los hogares, lo que es una tragedia a veces muy difícil de visualizar, allí también tenemos una deuda con las mujeres más vulnerables”, explica la diputada.
Los Gobiernos y los parlamentos están llamados a redefinir las prioridades para responder a la crisis, asegura la máxima de la IPU.
“Es decir, cuáles son los servicios esenciales que necesitamos que se mantengan, cómo podemos dar un mayor apoyo financiero, si tenemos que modificar las leyes o ajustar los presupuestos, o cómo podemos también vigilar que el Gobierno tenga una correcta aplicación del presupuesto y una correcta respuesta frente a esta pandemia, y lo que no podemos perder de vista es la visión de género, entender que la voz de las mujeres debe estar presente en cada una de nuestras decisiones”.
Spotlight Initiative/Agostina Chiodi
Protesta de mujeres en las calles de Argentina contra la violencia machista.
La igualdad como parte de la democracia
Para Cuevas, aún existen resistencias importantes que quieren frenar el avance de las mujeres.
“En mi propio país, todos los días 10 mujeres en promedio son asesinadas en manera de un feminicidio, es decir, con violencia propia de género. Yo, insisto, tenemos que educar a los hombres. No podemos seguir tolerando que los hombres agredan a las mujeres porque aprendimos a alzar la voz, porque aprendimos a decir lo que queremos y a luchar por nuestros sueños”, asegura, añadiendo que mantener sociedades democráticas durante y después de la pandemia es uno de los mayores factores que influye en el avance de la equidad.
“Este miedo que tenemos al COVID-19 y que es claramente justificado por su rápida propagación y por las miles de personas que mueren todos los días, puede ser utilizado por algunos gobiernos para querer implementar medidas completamente autoritarias, restrictivas de libertades, violatorias de derechos humanos y que probablemente tengan la tentación de querer que esas medidas se implementen después de la pandemia. En la medida en que entendamos que los gobiernos democráticos son gobiernos mucho más incluyentes, mucho más equitativos donde se puede respetar mucho más a las mujeres y a los derechos humanos, también entenderemos que será fundamental defender la democracia después de esta pandemia”, explica la presidenta de la IPU.
Para Cuevas, hay mucho que se puede aprender del ejemplo que están dando algunas jefas de Estado durante la situación actual.
“Todos debemos entender que debemos votar por más mujeres, el mundo tiene más del 50% de población como mujeres, y solo 1 de cada 4 lugares de los parlamentos son para una mujer. Y si tomamos en cuenta que 1 de cada 10 jefes de Estado es una mujer, eso nos deja ver que tenemos que tomar decisiones distintas como sociedad”.
Según la presidenta, estudios realizados por la Unión Interparlamentaria y las Naciones Unidas han concluido que las mujeres en posiciones de poder hacen de las sociedades espacios mucho más seguros, propicios para la paz y el desarrollo sostenible.
“Y, por supuesto, obtienen mejores respuestas para las crisis, no sólo en términos de COVID-19, pero, por ejemplo, también lo podemos ver en temas de cambio climático. Creo que hay que aprender de su determinación, y de su capacidad para sensibilizar, priorizar a los grupos más vulnerables, y por supuesto de su liderazgo”.
Reportaje: Laura Quiñones
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Centroamérica/Panamá/14 Mayo 2020/eldigitalpanama.com
La Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá (Apudep), denunció la tarde de este miércoles 13 de mayo, que la Universidad de Panamá sufrió el recorte presupuestario por varios millones de dólares.
El profesor José Álvaro, dirigente de la Apudep explicó que se trata de 25 millones de dólares menos, en concepto de inversión y funcionamiento.
Audio:
Álvaro agregó que entre el 2019 y el 2020 la casa de estudios sufrió un recorte de 34 millones de dólares.
La Universidad de Panamá fue fundada en 1935 y tiene una población estudiantil de 73 mil 203 alumnos.
Un cuerpo docente de más de 4 mil 756 docentes y tres mil administrativos y cuenta con de 311 carreras.
Fuente e imagen tomadas de: https://eldigitalpanama.com/docentes-de-la-universidad-de-panama-denuncian-recorte-en-el-presupuesto/
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